El director ejecutivo de The Washington Post, Will Lewis, dimitió este sábado, días después de que el rotativo iniciara un amplio proceso de centenares de despidos que llevaría a recortar puestos en las áreas de deportes e internacional, según recoge EFE.

"Tras dos años de transformación en The Washington Post, ahora es el momento adecuado para dejar mi puesto. Quiero agradecer a Jeff Bezos (fundador de Amazon) su apoyo y liderazgo durante mi gestión como director ejecutivo y editor. (El periódico) no podría tener un mejor propietario", apunta Lewis en una breve nota enviada al personal y recogida por la prensa estadounidense.

Lewis, contratado por Bezos a principios de 2024 para hacer frente a las pérdidas financieras del rotativo, subrayó que, durante su mandato, se han tomado "decisiones difíciles para garantizar el futuro sostenible del Post" y permitir "publicar notas imparciales de alta calidad para millones de clientes cada día".

El actual director financiero del Post y exdirector ejecutivo de la red social Tumblr, Jeff D'Onofrio, asumirá "con efecto inmediato" el cargo de editor y director ejecutivo interino tras la salida de Lewis, según comunicó el periódico.

Los despidos llevarán a recortar puestos en las áreas de deportes y a reducir considerablemente la de internacional, eliminando corresponsalías y enviados especiales en todo el mundo después de años de pérdidas de suscriptores e ingresos.

La empresa despedirá a aproximadamente el 30% de sus empleados, según informó The New York Times, y los recortes afectarían al área comercial y a más de 300 de los aproximadamente 800 periodistas de la redacción.

Los recortes en el periódico se esperaban desde hace semanas cuando el rumor de que se iba a desmantelar el área de deportes se había intensificado tras conocerse que el Post habría informado a los periodistas que debían cubrir los Juegos Olímpicos de Invierno en Italia y que no lo harían.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) ha confirmado una sentencia dictada en junio de 2025 que consideró procedente el despido de un encargado de un centro ocupacional de Burlada por acoso sexual a tres trabajadoras, dos de ellas con discapacidad intelectual y la otra con discapacidad sensorial auditiva, informa EFE.

El recurrente, que prestaba sus servicios para la empresa desde del 3 de julio de 2014, tenía la categoría profesional de responsable de turno de grupo.

Fue despedido el 31 de octubre de 2024 por la comisión de una falta muy grave. En la carta de despido se describían los actos de acoso sexual respecto de tres empleadas subordinadas.

Previamente, se había llevado a cabo una investigación a cargo de la comisión contra el acoso sexual creada en el centro y regulada por un protocolo de actuación. Dicha comisión concluyó que existían indicios de acoso sexual.

En este sentido, una de las víctimas, la que padece discapacidad sensorial auditiva, interpuso una denuncia, que concluyó con una condena al responsable despedido de 2.400 euros de multa, como autor de un delito de acoso sexual en el ámbito laboral, dictada por el Juzgado de lo Penal el 9 de junio de 2025. Se le impuso, además, la prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima durante dos años.

En la jurisdicción laboral, el Juzgado de lo Social desestimó en junio de 2025 la demanda del trabajador. Declaró procedente su despido disciplinario y rechazó, por tanto, la indemnización de 25.575 euros que reclamaba por daños y perjuicios.

El recurso interpuesto por el demandante ha sido desestimado en su integridad por la Sala de lo Social del TSJN en una sentencia dictada el pasado diciembre.

El demandante se aprovechó de su posición de superior jerárquico y de la vulnerabilidad de las trabajadoras, resalta el Tribunal.

“Y es que la conducta sancionada no solo es grave, sino que también es culpable y absolutamente reprochable", ya que el demandante "ha tratado de valerse de todas estas circunstancias que hacían que sus víctimas, por miedo a perder su trabajo, aguantaran la penosa situación a las que las venía sometiendo”, subrayan los magistrados.

Hoy en la SER en una crónica un periodista se felicitaba porque por lo menos esta noche “el ruido se desvanecería”: los despidos en Profand, en Alcampo, en Amazon, en Getronics, los ERES en Telefónica, en Arcelormittall, en Cruz Roja, la lista no es exhaustiva… ¿Es a ese ruido al que se refería? Esta noche, como las siguientes, continuarán los ataques de la patronal contra la clase trabajadora, las bombas continuarán cayendo en las regiones en guerra, la hambruna continuará en Gaza y en los países que la padecen ya desde hace tiempo. Ese ruido solo se desvanecerá esta noche en los medios de comunicación.

¿Quizás se refería al ruido provocado por Albiol en Badalona? Seguramente que los desalojados de Badalona estarán pensando en este instante qué receta de pavo utilizarán para complacer a sus invitados. Como los más de cuatro millones de personas que viven con 644 € al mes o los 12,5 millones de personas en el umbral de la pobreza.

En donde no habrá ruido, no siendo el que harán al abrir las botellas de champán, es en casa de los Botín, de los Ortega y de los accionistas que vieron sus dividendos dispararse.

Y ya no hablo con qué placer acogerán las trabajadoras y trabajadores los discursos de felicitación pronunciados aquí o allá, por los que están ocupando la palestra representando los intereses de la gran burguesía, seguro que sus discursos tendrán un impactante efecto sobre los explotados y explotadas, no solo en nuestro país sino en todos aquellos en donde el gran espectáculo navideño intenta mostrar que la felicidad chorrea por las calles de sus países respectivos.

En el siglo XXI, en donde nada es igual ni comparable al siglo XX, según algunos intelectuales, la clase obrera ya no existe, el marxismo es una herramienta anticuada, los partidos tienen que ser transversales (tiendas de ultramarinos en donde hay de todo), hasta incluso el socialismo del siglo XX tiene que cambiar de versión y pasar a la del XXI… todo sigue igual e incluso peor que en el siglo XX.

Aprovechemos estas fiestas para recargar las pilas y prometerles a la patronal y a sus vasallos un mal año 2026.

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Mario Diego Rodríguez es socio de infoLibre.

Telefónica ha rebajado el 20% las salidas mínimas del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para Telefónica SA, la filial de Global Solutions y la de Innovación, en una oferta que es la definitiva por parte de la compañía y que "valoran" los sindicatos, que "actuarán con responsabilidad", según ha informado EFE.

En un comunicado conjunto, CCOO y UGT han asegurado que analizarán la propuesta "con el fin de adoptar una posición definitiva, valorando de forma realista el contexto y las consecuencias que se derivan de cada una de las posibles opciones".

Este planteamiento definitivo de Telefónica contempla una mejora para las prejubilaciones y que las bases reguladoras integren los salarios fijos y el total del variable para los meses en activo en los que sigan trabajando.

Con esta nueva propuesta, las salidas para las filiales negociadas este martes son: 112 para Telefónica Global Solutions, 186 para la filial de Innovación y 301 para Telefónica SA.

Asimismo, Telefónica elimina el criterio de 'performance' de los requisitos de adhesión al ERE, mientras que ha aumentado el porcentaje de base reguladora un 1% anual, de cara al segundo tramo de rentas.

Telefónica también permitirá las salidas de áreas críticas a personas prejubilables y un 10% adicional en el resto de áreas, con un 35% en global respecto a salidas en Telefónica Innovación Digital.

Al mismo tiempo, el grupo plantea una antigüedad mínima de trece años en el grupo, mientras que establece primas de voluntariedad en función de antigüedad de hasta 18.000 euros y mantener el seguro de salud privado.

En un comunicado conjunto, CCOO y UGT han reivindicado que siguen existiendo "alternativas" a este ERE "que deberían haberse explorado con mayor profundidad y que el ajuste de empleo no puede convertirse en una herramienta recurrente de gestión".

El pasado mes de noviembre, la compañía anunció a los trabajadores la implantación de expedientes de regulación de empleo en las tres filiales principales -Telefónica de España, Telefónica Móviles y Telefónica Soluciones- y Movistar+.

Posteriormente, a principios de diciembre Telefónica propuso que estos ERE tuvieran las mismas condiciones que el que se efectuó el año pasado, sin descartar la posibilidad de despidos forzosos. Además de las filiales mencionadas en el primer anuncio, también se verían afectadas Telefónica S.A, Telefónica Global Solutions y Telefónica Innovación Digital.

Concretamente, se estimaba que afectaría a 6.088 trabajadores, un 35% de la plantilla total de las filiales implicadas. Sin embargo, los sindicatos que participan en el proceso negociador criticaron la oferta.

Telefónica ha planteado reducir otro 5% la afectación por el expediente de regulación de empleo (ERE) en tres de las siete compañías del grupo, Telefónica Global Solutions, Telefónica Innovación Digital y su matriz, Telefónica SA, ha informado UGT en un comunicado.

La dirección ya planteó el pasado día 4 reducir el número de despidos en un 5%, lo que, unido a este 5%, permitiría que la afectación fuera del 10%. Inicialmente, la medida afectaba a 6.088 trabajadores, un 35% de la plantilla total de las filiales implicadas.

Según el sindicato, Telefónica ha propuesto que el ERE rebaje 38 despidos respecto a la propuesta presentada por la dirección la semana pasada, que ya planteaba reducir en 38 personas la primera cifra del ERE para estas tres empresas.

Con esta nueva oferta, la multinacional plantea que los despidos en la matriz sean 359, mientras que en Telefónica Innovación Digital propone 221 salidas y 133 en Telefónica Global Solutions, lo que elevaría 713 despidos en estas tres filiales. En total, el cambio que proponen es reducir los despidos a 5.961 en el total del grupo.

UGT considera que la reducción es "totalmente insuficiente" y continúa "muy alejada" de un posible escenario de acuerdo, al tiempo que reclaman explorar alternativas como la movilidad funcional dentro del grupo. Así, han destacado que no existe "posibilidad de acuerdo real" en estas condiciones y urgen a acelerar la negociación porque los avances "siguen siendo claramente insuficientes".

Asimismo, Telefónica ha propuesto actualizar los tramos de renta para las prejubilaciones, con un 68% del salario para los trabajadores hasta los 63 años y un 38% a partir de entonces, aunque UGT pide mejorar "todavía más los márgenes", que son, a su juicio, poco atractivos. El sindicato también exige ampliar la edad mínima para poder inscribirse como salida voluntaria a aquellas personas nacidas en 1971, y años anteriores. 

Amazon, la tecnológica HP y ahora Telefónica. La lista de expedientes de regulación de empleo (ERE) que añaden a sus justificaciones técnicas la coletilla de “automatización de procesos” o “implantación de la Inteligencia Artificial (IA)” empieza a repetirse y a aparecer como una causa para la reducción de plantillas. “El automatismo a través de inteligencia artificial está llegando a campos donde antes no estaba presente y esta transformación puede provocar que quienes puedan, inviertan en tecnología antes que en empleo o salarios”, explica Javier Lorente, economista y profesor de EAE Business School.

Aunque en los últimos años los ERE que más empleos han costado en España vinieron de las fusiones en la banca —el más grande fue el de CaixaBank con 6.400 afectados en 2021—, las tecnológicas han sumado recientemente unos cuantos despidos a la lista en todo el mundo. “Seguimos implementando nuestra estrategia para el futuro del trabajo. Estamos acelerando la innovación con dispositivos basados ​​en IA”, decía abiertamente Enrique Lores, presidente de HP, que recientemente ha planteado un ERE. Otro de estos expedientes, este exclusivo de España, es el de Telefónica, que también apelaba a la “automatización” para justificar su decisión.

“Los procesos de ERE no se entienden con un único factor, pero lo que más nos preocupa de toda esta transición tecnológica es que se pueda dar la participación de los trabajadores desde el inicio para evitar llegar a los despidos: con formación, con diálogo sobre la forma de organizar nuevos modelos laborales o con participación en la digitalización”, explica Raquel Boto, responsable del ámbito digital en Comisiones Obreras.

Los despidos de Amazon afectarán a 1.200 personas a nivel nacional y hace unas semanas la tecnológica HP anunció que alrededor de 6.000 empleados, un 10% de su plantilla, saldrían de la compañía por la incorporación de la inteligencia artificial a muchos de sus procesos. Esta última empresa cuenta en nuestro país con más de 2.000 trabajadores que se podrían ver afectados.

El caso de Telefónica es el más reciente. La compañía planteó un expediente de despido para 6.088 personas, un 35% del total de las filiales afectadas. La empresa justificaba el proceso, según apuntaban fuentes de la negociación, en “la competencia del mercado, la reducción de márgenes y la automatización de procesos mediante inteligencia artificial (IA)”.

Un fantasma que recorre las previsiones económicas y que está suscitando un debate entre quienes afirman que sus efectos en el empleo serán devastadores y quienes, en un tono más contenido, piden tiempo. Para estos últimos, las evidencias aún no permiten hacer una correlación estricta en la que no intervengan otros factores, como la reducción de costes o las correcciones de la burbuja financiera que rodea a la IA.

“Aquí se mezclan dos cuestiones. Una, la burbuja financiera que rodea a la IA y que puede producir correcciones; y otra, la cuestión de si el uso generalizado de esta tecnología nos va a dejar sin trabajo”, explica el profesor. La segunda es el punto que más preocupa, de hecho, el Informe sobre el futuro del empleo 2025, publicado por el World Economic Forum, señalaba que un 41% de las empresas planeaban reducir su plantilla a medida que incorporaban nuevas funcionalidades con IA.

En España, un estudio de la compañía de recursos humanos SD Worx señalaba que tres de cada diez empleados estaban preocupados por la injerencia de la IA en sus profesiones, aunque también constataba que la implantación de esta tecnología a nivel nacional no estaba extendida: solo un 37% reconocía haber invertido en este campo.

Sin embargo, para Lorente, en economías como la estadounidense, con una mayor implantación digital, se están viendo algunos cambios y no precisamente para bien. “Hay una estadística que compara el crecimiento en valor de las principales empresas del índice S&P500 con el número de puestos vacantes que ofertan. Se está viendo que ambas variables se empiezan a separar, es decir, las compañías aumentan su valor, pero el número de vacantes no crece”. Algo que puede apuntar a que las empresas están optimizando procesos mediante tecnología y sin ampliar sus plantillas.

Otro punto crítico, explica el economista, está en los perfiles junior. Quienes desempeñan las actividades más básicas, alejados de la gestión y centrados en tareas concretas, son quienes más riesgo afrontan. De hecho, un artículo publicado esta misma semana en el Financial Times aludía a que en el ámbito de la consultoría, las contrataciones de jóvenes se estaban congelando en PwC o McKinsey debido a las “expectativas de incremento de productividad gracias a la IA”. Para Lorente aquí puede darse un problema de fondo: “¿Si yo no contrato a júniors, cómo consigo trabajadores séniors y con experiencia? Se rompe el proceso de formación”, advierte.

Por su parte, desde Comisiones insisten en que el rol del trabajador debe cambiar e integrarse en el proceso de creación del nuevo modelo productivo. “Las empresas son reacias a que los trabajadores entremos en la organización del trabajo, pero es urgente, porque es la única manera de que la automatización sea productiva para los dos partes”, apunta Boto.

La euforia que rodea a todo lo que tiene que ver con la IA generativa ha llevado a que se hable de una burbuja en lo que tiene que ver con estas empresas. Un polo que atrae dinero y que podría sufrir una corrección que llegue a alcanzar también al empleo. “Todas las innovaciones tecnológicas pasan por un momento de hype (como se denominan en la jerga económica las expectativas infladas) para luego caer y llegar a una valoración razonable”, señala el economista. Para él, las empresas de IA están en ese punto donde la euforia comienza a caer.

De ahí, que se hable de AI washing, una variante del término greenwashing, que alude a cómo las empresas que se ponen “IA” como apellido, atraen —algunas veces sin respaldo real— grandes cantidades de dinero. Un caso paradigmático de este espectacular engaño lo protagonizó la empresa británica Builder.ia, que prometía a sus usuarios desarrollar aplicaciones de forma automatizada y sin ningún tipo de intervención humana. Sin embargo, ese “IA” no tenía detrás una gran tecnología, sino a más de 700 ingenieros contratados en Asia para picar código. Llegó a estar valorada en más de 1.000 millones de dólares para después terminar solicitando la bancarrota.

El aura y la incertidumbre que despierta la tecnología va desde las finanzas al empleo y espolea análisis que tratan de anticipar lo que va a pasar. “Habrá cambios cuantitativos en el mercado laboral, pero también cualitativos que van a llevar a nuevas formas de trabajar y quizá a un nuevo contrato social”, concluye el profesor.

Telefónica ha propuesto que los expedientes de regulación de empleo (ERE) tengan las mismas condiciones que el efectuado en 2024, que afecten a empleados nacidos en 1971, o con anterioridad, sin descartar despidos forzosos, según han informado fuentes sindicales.

El plan, que lleva negociándose con sindicatos este último mes, afectará a las tres empresas que forman la operadora en España -Telefónica de España, Telefónica Móviles, Telefónica Soluciones- y también a las unidades de Telefónica S.A, Telefónica Global Solutions, Telefónica Innovación Digital y Movistar+. En total, afectaría a 6.088 trabajadores, un 35% de la plantilla total de las filiales implicadas.

Según han informado los sindicatos, la multinacional ha negociado este lunes las condiciones para sus tres filiales principales: Telefónica Móviles, Telefónica Soluciones y Telefónica España, en las que contempla 5.040 salidas. Ha planteado que los nacidos entre 1969 y 1971 cobren el 68% del salario hasta los 63 años (el 38% entre 63 y 65); los nacidos entre 1965 y 1968, el 62% hasta los 63 años (34% entre 63 y 65 años); y los nacidos en 1964 y anteriores, el 52% hasta los 63 años (el 34%, entre los 63 y 65 años).

En las condiciones ofrecidas, se incluye una actualización anual del 1% del salario en el tramo entre los 63 y 65 años; la posibilidad de que la familia mantenga el cobro si el empleado fallece; el pago de la seguridad social y el seguro médico; una aportación extra al plan de pensiones; y asumir las cotizaciones mientras el trabajador esté en desempleo. 

La oferta de Telefónica ha sido criticada por UGT y CCOO, quienes han rechazado que la compañía no descarte cubrir las 5.040 bajas con despidos forzosos y que elimine la posibilidad de que afecten estas salidas a áreas no excedentarias y críticas.

Según han recordado a EFE fuentes sindicales, en el ERE de 2024 Telefónica incluyó un margen de voluntariedad en áreas críticas, a diferencia del actual. Sí reconocen que, en el ERE de 2024, se mantuvo la posibilidad de que hubiera ERE forzosos, una situación que aceptaron porque creían que se iban a cubrir las plazas de forma voluntaria, según han asegurado. Esta situación es distinta a la actual, según han explicado, porque el número de afectados es mayor en la actualidad y entran en los ERE empleados nacidos en varios años. 

Con estos condicionantes, no tienen tan claro que se cubran las salidas solo con voluntarios, motivo por el que quieren que se elimine esta posibilidad de la propuesta.

Este martes ha tenido lugar la segunda reunión entre los representantes sindicales de Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT) y Telefónica, después de que la compañía de telecomunicaciones plantease un expediente de regulación de empleo (ERE) que, según las informaciones conocidas hasta la fecha, afectaría a 6.088 trabajadores, un 35% de la plantilla total de las filiales implicadas en el proceso. Tras constituirse las primeras mesas de negociación, fuentes sindicales señalan a infoLibre que la empresa ha justificado el proceso “por la competencia del mercado, la reducción de márgenes y la automatización de procesos mediante inteligencia artificial (IA)”.

Cuestiones como “los menores márgenes por venta de fútbol” o la transición del cobre a la fibra óptica también aparecen entre las causas que alega la empresa. “Esto se ha llevado muchos puestos de trabajo, sobre todo en operaciones, porque antes teníamos muchas averías todos los días —si hacía mal tiempo mucho más— y ahora la fibra es prácticamente inmune a cualquier acontecimiento climático y no tiene averías”, señalan fuentes de la negociación.

En cuanto a su negocio audiovisual, la operadora compró recientemente los derechos de la Champions para emitir el fútbol hasta 2031, aunque pagará un 14% más por ellos respecto al contrato actual. Otros puntos que también aparecen son la competencia de las empresas low cost o una reducción de sus márgenes por los rivales en el mercado.

La digitalización de los procesos y la irrupción de la inteligencia artificial son dos de los puntos que abordan. “Lo que alegan es que les sobra personal. Además, estiman que en el corto plazo, van a poder hacer muchas otras tareas con inteligencia artificial”. De hecho, a este punto se ha referido UGT en la nota de prensa publicada en la mañana de este miércoles: “reclamamos a Telefónica apostar por estrategias que permitan abrir nuevas oportunidades de negocio aprovechando la IA, no utilizarla para hacer despidos”, señalaban.

Por su parte, desde CCOO, afirman que la información que han recibido es “incompleta y contradictoria en algunos casos”. Solicitan más datos relativos a las personas afectadas y que se aclaren unos plazos de salida que no son claros: “Si bien se establece que la mayoría de ellas se realizará en 2026, también mencionan el año 2027 y hasta diciembre de 2028”, concluyen.

“No compartimos en absoluto que una empresa que tiene beneficios y que está participada con recursos públicos despida a más de 5.000 trabajadores”, ha dicho la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Además, ha calificado la operación de “indecente”, alegando que “el dinero público no está para despedir a nadie”. Desde la cartera de Economía, el ministro Carlos Cuerpo se ha limitado a señalar que estarán “encima” para que el proceso se haga “de la mano de los sindicatos”.

Telefónica es una de las empresas españolas consideradas como estratégicas y está participada por el Estado. Entre su accionariado, una parte importante, el 10,06% es público y está en manos de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). A continuación aparece Criteria Caixa, con un 10,05%; Saudí Telecom, con 10,03%; BBVA Asset, con el 5,05% y el fondo de inversión estadounidense Black Rock, con un 3,6%.

El despido afecta a siete filiales de la compañía y aunque los números suelen bailar en las primeras fases de estas negociaciones, las más golpeadas serían tres: Telefónica España, con 3.649 puestos afectados; Telefónica Móviles España, con 1.124 afectados, y Telefónica Soluciones, con 267 afectados. Todas estas sociedades, que suman 5.040 trabajadores, están unidas bajo un convenio conjunto (CEV) que les permite negociar como un bloque, pero además hay otras cuatro filiales más afectadas.

Telefónica Sociedad Anónima, Telefónica Global Solutions, Movistar Plus y Telefónica Innovación Digital suman a la cuenta 1.048 personas más, hasta llegar a la cifra propuesta por la empresa de 6.088. Desde la compañía, han declinado hacer declaraciones mientras tiene lugar el proceso de negociación.

La empresa es un gigante del sector de las telecomunicaciones, con una capitalización bursátil que supera los 21.000 millones, según los datos del gestor de bolsa BME. La multinacional emplea a nivel internacional a una plantilla de 100.800 trabajadores y opera en 10 países, aunque recientemente se desplomó en bolsa un 13%, su tercera mayor caída de la historia en una jornada. Las causas: una menor retribución a los accionistas y un plan estratégico que busca ahorrar hasta 3.000 millones de euros anuales en costes.

En esta primera ronda de contactos apuntan a que han comenzado a tantear la forma de reducir “el volumen de despidos” y buscar acuerdos en lo que tiene que ver con las indemnizaciones. “Todo esto nos llevará hasta Navidad”, señalan fuentes sindicales. Entre las peticiones está que no haya ninguna adhesión forzosa y que no se produzca “discriminación en relación con el sesgo de edad”.

Además, piden que algunas salidas se enlacen con la jubilación y que para ello se tenga en cuenta que la edad de jubilación va a subir en España. “Hay que tener en cuenta el impacto de la ley que actualiza el sistema de Seguridad Social elevando la edad a 66 años y 10 meses en 2026 y a 67 años en 2027, lo que condiciona cualquier medida que pretenda vincularse a la jubilación anticipada”, concluyen desde CCOO.

Además, piden que el plan de salida se vincule a medidas para mejorar las condiciones laborales: revisiones salariales, incremento del importe para dietas y kilometraje, permisos retribuidos, aumentar el teletrabajo, jornadas flexibles bonificadas, mejorar las pólizas de salud o los avales de vivienda, entre otras.

No es la primera vez que la compañía pasa por un proceso de despidos tan amplio. En el periodo 2023-2024, bajo el mandato de José María Álvarez‑Pallete, la multinacional pactó con los sindicatos un ERE que supuso la salida de 3.421 trabajadores. Un plan que costó a la compañía 1.300 millones, pero que estaba destinado a ahorrar en costes de personal. De hecho, la sospecha de un nuevo expediente de regulación de empleo ya llevaba sonando un tiempo, desde que en la presentación de su plan estratégico deslizaran que ahorrar y simplificar la estructura de la firma serían los objetivos primordiales y que estimaban una reducción del 25% en costes operativos.

Telefónica plantea la salida de 6.088 trabajadores de siete de sus filiales, Telefónica de España, Telefónica Móviles, Telefónica Soluciones, Movistar+, Telefónica S.A. y Telefónica Global Solutions, en el arranque de la negociación de los expedientes de regulación de empleo (ERE), según han apuntado este martes fuentes sindicales.

El pasado lunes tuvo lugar la primera reunión en la que se comunicó el número de despidos en Telefónica de España, Telefónica Móviles y Telefónica Soluciones, las tres filiales principales, donde la cifra ascendió a 5.337 personas, siendo estas sedes las más afectadas por el ERE.

Este martes se ha constituido la mesa de negociación para Telefónica Global Solutions, donde se verán afectados inicialmente 140 personas, un 21,94% de una plantilla de 638 trabajadores; así como para Telefónica Innovación Digital, donde la empresa plantea 233 salidas, lo que supondría un 23,46% de la plantilla de 993 trabajadores de dicha filial. En el caso de Telefónica S.A. se han comunicado 378 bajas en la constitución de la mesa de negociación para una plantilla de 1.160 trabajadores, lo que supondría un 32,58% de la misma. Estas 751 salidas de dichas filiales se suman a las planteadas por la empresa el lunes.

UGT y CCOO señalan que existen alternativas viables, tanto en materia de empleo como en la organización del trabajo, que consideran deben ser exploradas antes de aceptar la pérdida de empleo. Por lo tanto, no comparten ni consideran justificada la necesidad de recurrir a despidos colectivos como vía de ajuste organizativo. Así, apuntan que su prioridad será preservar el empleo y las condiciones de quienes hoy forman parte de la empresa. También exigirán que sean procesos voluntarios, basados en prejubilaciones y universales.

En el mismo comunicado señalan que no aceptarán acuerdos parciales y apuntan que las siete mesas de negociación sobre los procesos de despido colectivo, así como las prórrogas que afectan a los convenios colectivos de las distintas empresas del grupo deben avanzar de forma coordinada y cerrarse simultáneamente para garantizar acuerdos que puedan respaldar. 

El plan estratégico de Telefónica, presentado el 4 de noviembre, pretende llevar a cabo, entre otras medidas, una reducción del 25% de sus costes operativos del centro corporativo y de sus unidades globales (Telefónica Tech, Telefónica Infra y su unidad de Innovación), lo que supone una estimación de unos 2.010 millones en un horizonte de 2030.

La multinacional tecnológica Amazon planea despedir hasta 30.000 empleados esta semana, en lo que supondría el recorte más grande en la historia de la compañía, según informa EFE.

De acuerdo con la cadena CNBC, que cita fuentes cercanas al asunto, la empresa despedirá al 10% de los empleados corporativos que tiene en plantilla actualmente como parte de un plan de recortes que se inició en 2022.

Durante los últimos tres años, Amazon ha eliminado alrededor de 27.000 puestos de manera progresiva y nunca había recortado tantos puestos de trabajo de forma conjunta.

El recorte afectará principalmente a departamentos como los de recursos humanos, personal de servicios, operaciones, dispositivos y otras áreas. Este lunes los gerentes de diferentes equipos afectados comunicaron que durante la semana enviarán correos de despido.

Diferentes sitios especializados en tecnología, como Layoffs.fyi han advertido que durante 2025 se han perdido unos 98.000 empleos de 216 empresas del sector en Estados Unidos.

La empresa de Seattle tiene previsto presentar resultados para el tercer trimestre este jueves, y los analistas prevén un incremento de la facturación de en torno al 11% interanual y una ligera caída del beneficio neto motivada por los costes de la inversión en inteligencia artificial (AI) o logística, así como por los costes de la actual reestructuración.

Cruz Roja Española ha comunicado formalmente al comité de empresa su intención de iniciar un nuevo expediente de regulación de empleo (ERE), el tercero en menos de dos años, que afectará a 118 trabajadores en todo el territorio. 

La decisión llega cuando apenas han pasado cuatro meses desde que la Audiencia Nacional declaró nulo el anterior proceso de despido colectivo, el segundo que la Justicia tumba en menos de dos años. La organización registró en 2024 un excedente —el equivalente a beneficio en las entidades sin ánimo de lucro—  de 30,69 millones de euros. Sumando los cuatro últimos ejercicios, el excedente asciende a 93 millones de euros. 

Según la información trasladada al comité de empresa, el nuevo ERE se plantea por causas organizativas y de producción, los mismos motivos que el expediente anterior, anulado por la Audiencia Nacional el pasado junio. El tribunal ordenó la readmisión de los trabajadores al considerar que la documentación aportada por la entidad era insuficiente, desordenada e incongruente, lo que impidió a los representantes de la plantilla conocer las causas reales del ajuste. 

Antes, en junio de 2024, ya había anulado el primer intento de despido colectivo —y obligado a la readmisión de los afectados— al concluir que los 149 ceses ejecutados entre octubre y diciembre de 2023 constituían en realidad un ERE encubierto sin negociación ni periodo de consultas. 

El nuevo expediente incluye a los trabajadores de la oficina central despedidos y readmitidos por sentencia judicial dos veces desde diciembre de 2023, que, hasta hoy, siguen cobrando sus nóminas sin poder acceder a sus puestos de trabajo, a las plataformas internas ni al edificio, en lo que califican de “readmisión en falso”. La entidad mantiene que esos puestos “están amortizados y no son necesarios en el funcionamiento diario”.

El comité de empresa de la oficina central considera el nuevo intento de despido colectivo “una irresponsabilidad y un desprecio hacia la plantilla, hacia los fondos públicos con los que se sostiene gran parte de la actividad de Cruz Roja Española y hacia los valores que la organización dice defender”. Los representantes sindicales exigen la retirada inmediata del procedimiento y que la organización abra “un espacio de diálogo real” en lugar de “insistir en un camino que ya ha demostrado ser un fracaso jurídico, económico y humano.”

Mientras tanto, sigue pendiente el recurso presentado por Cruz Roja ante el Tribunal Supremo contra la última sentencia de la Audiencia Nacional. Como publicó infoLibre, la dirección había asegurado inicialmente que no recurriría la resolución, pero lo hizo el último día del plazo.

“El terremoto de Vicente es la falta de empleo digno”. Así arranca la última campaña publicitaria de Cruz Roja Española, Catástrofes del día a día, que recuerda que también existen desastres invisibles como la soledad, la precariedad o la falta de oportunidades. Según el vídeo, la entidad ayudó a 274.579 personas a encontrar trabajo en el último año.

Para Alberto —nombre ficticio— el terremoto no fue una metáfora. Llegó en diciembre de 2023, cuando Cruz Roja le despidió tras más de veinte años en la institución. Recibió la comunicación de despido una mañana cualquiera, y en cuestión de minutos su usuario corporativo fue desactivado. “Ni siquiera pude llegar a enviar el documento en el que estaba trabajando ni despedirme de mis compañeros”, recuerda.

Como él, otros catorce trabajadores de la oficina central en Madrid se vieron fuera de una organización que muchos de ellos conocían como su casa. Lo que ninguno imaginaba entonces era que ese despido sería el primer eslabón de una cadena. En los dos años siguientes, ellos y decenas de empleados más serían despedidos (de momento) dos veces, readmitidos (que no reincorporados) otras dos, y vivirían un conflicto judicial cuya solución aún no se ve cercana.

El primer temblor de este terremoto tuvo lugar cuando la organización se negó a aplicar la subida del 8,5% pactada en el convenio de su oficina central, pese a haber cerrado el ejercicio anterior con más de 25 millones de euros de excedente. En lugar de cumplir lo firmado, advirtió a su plantilla de que, si debía asumir ese coste, habría “ajustes” de personal. Y los hubo: quince trabajadores de la oficina central, algunos con décadas de antigüedad, fueron despedidos en diciembre de 2023, a los que se sumaron más de un centenar en otras sedes provinciales.

Los sindicatos denunciaron y la justicia ratificó que, a pesar de tratarse de centros de trabajo diferentes, no eran despidos aislados, como defendía la organización, sino un despido colectivo encubierto. La Audiencia Nacional anuló los despidos y ordenó la readmisión de todos los afectados, pero el conflicto no había hecho más que empezar. 

La organización recurrió la sentencia, para unos meses más tarde retirar el recurso y readmitir a los afectados. Sin embargo, esa readmisión nunca fue completa: los trabajadores volvieron a estar en nómina, pero no regresaron a sus puestos, sino que se les obligó a coger sus vacaciones, y una vez terminadas, pasaron a situación de permiso retribuido. 

En febrero de 2025, cuando aún seguían en ese limbo, la entidad volvió a despedirlos, esta vez sí, mediante un expediente de regulación formal. La Audiencia Nacional volvió a tumbar el proceso y a ordenar la readmisión, al concluir que la organización había dificultado la negociación entregando documentación incompleta, desordenada y en algunos casos incongruente, lo que impidió a los representantes de los trabajadores conocer las causas reales de los despidos. 

Cruz Roja aseguró entonces por escrito a los trabajadores que acataría la sentencia y que no recurriría, pero solo cumplió la mitad: convocó una reunión formal de readmisión, les dio de alta de nuevo y les citó para firmar la documentación —sin permitirles volver a sus puestos ni devolverles sus funciones—, pero el último día del plazo, y contraviniendo lo anunciado, presentó otro recurso ante el Tribunal Supremo. 

Ahora, los trabajadores readmitidos cobran mensualmente sus nóminas, aunque no pueden consultarlas porque no tienen acceso a las plataformas internas, ni al edificio —en la reunión de readmisión se les facilitaron tarjetas de visitante—, ni tareas asignadas. El sentir general del grupo de la oficina central es de profunda decepción con la institución: “Hemos tenido que hacer un proceso de duelo respecto a nuestras carreras y nuestra vinculación con la entidad”, señalan. Todos hacen el esfuerzo de separar la Cruz Roja y su labor humanitaria de sus actuales dirigentes y modo de operar, pero la “disonancia de valores” entre los promovidos y los puestos en práctica es imposible de ignorar para ellos. 

Tras la segunda “reincorporación en falso” han interpuesto una denuncia ante la Inspección de Trabajo por lo que consideran un incumplimiento de la sentencia que obliga a Cruz Roja a devolverles sus empleos. La organización, por su parte, traslada que sus puestos están amortizados y ya no existen, a pesar de que, según señalan los trabajadores, en la mayoría de los casos simplemente los están ocupando otras personas. 

Ante la pregunta de si la entidad planea un tercer proceso de despidos, la respuesta de Cruz Roja en la última reunión con los trabajadores fue que no lo sabe, pero “el que quiere leer entre líneas, que lea”. Los trabajadores dan por hecho que habrá un tercer intento, y algunas fuentes apuntan a que la dirección ya habría iniciado los preparativos.

El enfrentamiento entre Cruz Roja Española y la plantilla de su oficina central comenzó con un incumplimiento por parte de la organización. El artículo 40 de su convenio colectivo, firmado en 2014, establece que los sueldos deben subir cada año el mismo porcentaje que las pensiones públicas, en lugar de ir ligados a la inflación. Durante años, esa fórmula jugó a favor de la organización: las pensiones crecían —si lo hacían— menos que el IPC y la medida permitía contener los costes salariales.

Pero en 2023, tras la revalorización de las pensiones en un 8,5%, la dirección de Cruz Roja decidió que no aplicaría la subida íntegra. Alegó que el incremento era “inasumible” para la organización y propuso un aumento alternativo del 3%, que tras las negociaciones con los sindicatos se elevó al 5,7%. El comité de empresa rechazó la propuesta y defendió que la entidad debía cumplir lo firmado.

Ante la tensión, el 24 de febrero de 2023, la dirección envió una carta a toda la plantilla de la oficina central en la que advertía que, si debía aplicar la subida del 8,5%, “se produciría un conflicto laboral” y serían necesarias “medidas de ajuste que incidirían en la plantilla”.

Los sindicatos llevaron el desacuerdo ante la Comisión Consultiva de Convenios Colectivos de la Comunidad de Madrid. En noviembre, la resolución fue clara: no existían causas económicas que justificaran el incumplimiento. La organización, que en 2022 había presentado un excedente de 25,69 millones de euros en sus cuentas, debía aplicar la subida pactada en el convenio.

Pocas semanas después, en diciembre, la advertencia se materializó. Quince trabajadores de la Oficina Central, muchos de ellos con una larga trayectoria en la institución, fueron despedidos por “causas organizativas”. A ellos se sumaron decenas de despidos más en otras sedes autonómicas y provinciales. En total, 149 extinciones de contrato en apenas tres meses, todas firmadas bajo el mismo CIF de Cruz Roja Española.

El golpe fue especialmente duro en la oficina central, el corazón administrativo y operativo de Cruz Roja Española. Algunos de los despedidos llevaban más de veinte años en la casa y ocupaban puestos de responsabilidad, otros habían sido contratados recientemente tras pasar años trabajando para Cruz Roja a través de empresas de trabajo temporal. Ninguno había recibido advertencias ni evaluaciones negativas.

En paralelo, en sedes provinciales y autonómicas se sucedía también “un goteo de despidos”, según definen los sindicatos. En total, 149 personas perdieron su empleo entre octubre y diciembre de 2023. Las cartas de extinción se firmaban con el mismo CIF, el de la Cruz Roja Española, pero procedían de distintos departamentos y territorios.

Para los sindicatos UGT y CCOO, aquello no podía considerarse una suma de despidos individuales: era un despido colectivo de hecho, un ERE encubierto sin negociación ni periodo de consultas. El 14 de enero de 2024 presentaron una demanda ante la Audiencia Nacional, alegando que la entidad había vulnerado el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores.

El 27 de junio de 2024, la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional les dio la razón. En su sentencia, el tribunal declaró la nulidad del despido colectivo y ordenó la readmisión de todos los trabajadores, estableciendo que Cruz Roja había superado los umbrales legales de despido colectivo sin seguir el procedimiento exigido por ley.

La resolución fue contundente. La Audiencia consideró además que parte de las bajas alegadas como “no superación del periodo de prueba” eran fraudulentas, y que las extinciones debían contarse a nivel de toda la empresa, no por centros de trabajo, dado que Cruz Roja opera bajo un único CIF y estructura.

Los sindicatos denunciaron que la organización usara “fondos públicos y donaciones” para “despedir de forma ilegal e injusta” y advirtió que recurrir la sentencia podría suponer “un ingente desembolso económico que comprometería los programas sociales de la entidad”. Aun así, la dirección anunció que recurriría ante el Tribunal Supremo, retrasando la readmisión a la que la sentencia le obligaba. 

Fuentes cercanas al proceso y a la entidad explican la importancia de esta sentencia: por primera vez, la Audiencia Nacional reconocía la unidad de todos sus trabajadores, independientemente de la delegación o el territorio en el que prestaran servicio. La resolución desmontaba así uno de los argumentos centrales de la organización, que defendía que los despidos debían computarse por centros de trabajo y no a escala global.

Según explican fuentes sindicales, los despidos colectivos sin recurrir formalmente a un ERE llevaban tiempo siendo una práctica habitual dentro de la entidad. Sin embargo, esta vez los sindicatos decidieron denunciar. En primer lugar, porque, aunque Cruz Roja suele funcionar por proyectos —y algunos tienen una fecha de fin que justifica extinciones de contrato concretas—, en este caso los despidos afectaban a puestos estructurales de la oficina central, sin relación con ningún programa temporal.

En segundo lugar, según las mismas fuentes, porque la organización había utilizado tradicionalmente la temporalidad como herramienta de control sobre la plantilla. “Si te llamaban un domingo y no ibas, ya sabías que ese año no te renovaban”, resume gráficamente una persona conocedora de los procesos internos. Con la reforma laboral y la desaparición del contrato temporal, explican, la dirección ha buscado mantener esa capacidad de presión mediante los despidos colectivos. La negativa rotunda a reincorporar a los trabajadores despedidos de la oficina central responde precisamente, según interpretan ellos mismos, a “no querer perder autoridad ni sentar un precedente favorable a la plantilla”. 

Tras la primera sentencia, Cruz Roja anunció que acataría el fallo y que procedería a readmitir a los despedidos. La noticia, recibida con alivio por los afectados, pronto se convirtió en desconcierto. La “readmisión” nunca llegó a materializarse: los trabajadores fueron dados de alta en nómina, pero sin recuperar sus puestos, su correo ni sus funciones. Algunos fueron citados para firmar su reingreso y, acto seguido, pasaron a disfrutar sus vacaciones pendientes. Al concluirlas, la organización los mantuvo en casa bajo la fórmula de “permiso retribuido”.

Durante meses, la situación volvió a quedar suspendida en ese limbo. Nadie les asignaba tareas ni confirmaba su regreso, pero seguían figurando como empleados, aunque sin acceso a formación, promoción, o beneficios laborales como el Fondo Social que Cruz Roja ofrece a sus trabajadores. A comienzos de 2025, cuando aún esperaban una reincorporación efectiva, la entidad comunicó la apertura de un nuevo expediente de regulación de empleo que afectaba a 168 personas de 35 centros de trabajo distintos, incluidos los despedidos en 2023 de la oficina central.

El procedimiento, que pretendía dar forma legal al despido anterior, tuvo el mismo resultado. La Audiencia Nacional concluyó que la documentación aportada era incompleta, confusa y, en algunos casos, se presentaba tarde, lo que impedía a los sindicatos evaluar las causas reales del ajuste. Por ello, el pasado 30 de junio el tribunal declaró de nuevo la nulidad del despido colectivo y ordenó la readmisión de todos los trabajadores. El jurista Eduardo Rojo, catedrático de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), que ya había analizado la primera resolución, tituló su comentario sobre esta segunda sentencia con ironía: “Tropezar dos veces en la misma piedra”. 

Pese a asegurar por escrito que acataría el fallo y no recurriría, la organización volvió a hacerlo el último día del plazo. Los trabajadores, que ya habían firmado su readmisión, se enteraron por los sindicatos de que el caso volvería al Supremo. A día de hoy, siguen cobrando sus nóminas sin acceso al edificio, al correo o a sus puestos, en una situación que califican de “readmisión en falso”.

Varias personas consultadas, tanto dentro como fuera de la organización, explican que les resulta difícil reconocer en la dirección actual muchos de los valores que la entidad dice defender: la estabilidad, la dignidad en el empleo y el cuidado de quienes atraviesan situaciones vulnerables.

La sucesión de despidos y readmisiones incompletas, la opacidad y la impersonalidad en las comunicaciones, y lo que en ocasiones los sindicatos han considerado una falta absoluta de voluntad negociadora, dibujan un relato difícil de comprender e impropio de una organización de carácter humanitario. 

Desde un punto de vista económico, los sindicatos han señalado en varias ocasiones a lo largo de ambos procesos el enorme desembolso que estos han supuesto para la organización. La situación se agrava, a juicio de los sindicatos, al tratarse este dinero de fondos públicos o de donaciones de ciudadanos, que deben dirigirse a sufragar programas sociales y no lo que, según los afectados, constituye una “guerra personal” de la entidad contra una parte de su plantilla. 

La entidad no ha hecho pública una cifra del gasto provocado por este proceso, pero Mar Echenique, exresponsable del Área de Salud Mental de la organización, y parte del grupo de trabajadores despedidos, calcula que el importe puede estar en torno a los cinco millones de euros, solo en salarios de tramitación y cotizaciones, sin contar los honorarios legales asociados al proceso.  

Para los trabajadores afectados resulta además especialmente doloroso que el conflicto se iniciara por razones económicas, cuando Cruz Roja se negó a asumir la subida salarial reflejada en el convenio alegando falta de fondos —a pesar de su abultado resultado económico ese año, en línea con los anteriores y con los siguientes—, para que la entidad acabara gastando más dinero en sendos despidos y readmisiones que el que pretendía ahorrar negándose a llevar a cabo la subida pactada. 

Por otro lado, desde el punto de vista social, las mismas fuentes manifiestan su incredulidad ante el comportamiento de la dirección de Cruz Roja. Mientras parte de la plantilla que continúa dentro de la organización refiere un clima de miedo y desconfianza en la cúpula, a la que acusan de actuar mediante criterios mercantiles y no humanitarios, los trabajadores afectados hablan de un “daño moral” más allá del económico: “La función de Cruz Roja es proteger y socorrer al vulnerable, no crear más vulnerabilidad”, resume uno de ellos. 

A comienzos de este año se hizo pública una sentencia de un juzgado de lo Social de A Coruña que condenaba a Mercadona por el despido nulo de una trabajadora tras volver de una baja, al considerarlo "discriminación por enfermedad". La empresa recurrió y ahora el Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG) le da parcialmente la razón y rebaja el despido de nulo a improcedente. El cambio supone que Mercadona ya no tiene que readmitirla de forma obligatoria y además indemnizarla con 5.000 euros, sino que puede elegir entre la readmisión o despedirla con una indemnización de 15.000 euros.

Pero la sentencia sí considera que la forma en que se produjeron los hechos, con un sistema de control de bajas por parte de Mercadona que permite a las coordinadoras de tienda conocer el diagnóstico sanitario de las trabajadoras, podría infringir la normativa vigente en materia de protección de datos, por lo que el TSXG acuerda deducir testimonio y remitir el caso a la Agencia Española de Protección de Datos una vez la sentencia sea firme.

La trabajadora en cuestión, que contaba con el apoyo del sindicato CIG, estuvo de baja por un trastorno de ansiedad. En los meses previos a la baja, un psiquiatra vinculó su “trastorno ansioso-depresivo” a la “presión laboral” y, cuando ya estaba en situación de incapacidad temporal, el tratamiento psicológico al que acudió voluntariamente concluyó que esa presión laboral tenía como "raíz" la pandemia de la covid. Al regresar de la baja, la mujer pasó del puesto de cajera que venía desempeñando al de encargada de la sección de frutería, con la posibilidad de "ser requerida para prestar servicio en el horno o en las cajas" si sus superiores lo ordenaban.

Apenas medio año después de regresar al trabajo, la empresa la despidió alegando diversos errores en su labor, una medida disciplinaria que el Juzgado de lo Social número 1 de A Coruña consideró nula hace unos meses al estimar que el despido era realmente una "discriminación por razón de enfermedad".

Entre otras consideraciones, aquella sentencia ponía el foco en el “hecho acreditado” de que las “coordinadoras de zona” de los supermercados Mercadona “requerían a las coordinadoras” de cada tienda “cierta información acerca de las bajas de las gerentes en situación de baja de larga duración”, como era el caso de esta trabajadora, “incluyendo si había previsión de reincorporación”. Ese proceso, detallaba la sentencia, incluía “un formulario que debían cubrir las coordinadoras de tienda titulado "Bajas médicas", en cuyo pie de página se advertía de la necesidad de incluir, en la denominada "columna de bajas KO y posteriores", aquellas con las que la coordinadora y el médico de empresa no estaban de acuerdo”.

La sentencia decía que las normas internas de Mercadona no contemplan esa recogida de información sobre las bajas por parte de las coordinadoras de las tiendas, porque la información concreta de la incapacidad “ya la tiene el departamento de recursos humanos” y, sobre todo, porque supone manejar por parte de las encargadas “datos protegidos” de la salud de las trabajadoras, “información que puede obtenerse preguntando a la trabajadora”, pero también por “conocimiento de los compañeros”, y que “vulnera no solo el derecho fundamental a la integridad física”, sino también el derecho fundamental a la intimidad personal”, ambos protegidos por la Constitución.

Aquella sentencia fue recurrida por Mercadona y ahora el TSXG le da parcialmente la razón y rebaja de nulo a improcedente el despido. Lo hace porque considera que no se probó “que el motivo del despido fue exclusivamente la situación de incapacidad temporal”, lo que llevaría a su nulidad. Según el tribunal, en todo caso tampoco había motivos para un despido disciplinario, y hasta ese momento “la trabajadora había sido valorada con buenas puntuaciones”, por lo que debe ser considerado improcedente.

Para el TSXG, no está probada una discriminación de la trabajadora respecto de sus compañeras porque el “protocolo” de la empresa para las incapacidades temporales “se aplica a todos los trabajadores de baja médica”. El tribunal también dice que en el caso de la mujer, lo que se decidió con la aplicación de ese protocolo fue retirarle un complemento, pero “no consta acreditado que se decidiese su despido”.

“Aunque el sistema implantado por la empresa para el control de las incapacidades temporales sea poco ortodoxo, toda vez que se manejan datos sensibles, eso no quiere decir que dicha circunstancia acredite que el despido de la trabajadora obedeciese únicamente a la circunstancia de estar en situación de incapacidad temporal”, argumenta el tribunal. Así que el despido, para el TSXG, no es nulo sino improcedente, y la empresa puede escoger entre readmitirla o despedirla con una indemnización de 15.000 euros.

Pero la sentencia no se queda ahí. “Lo anteriormente expuesto no quiere decir que bendigamos el mencionado protocolo, que pudiera infringir la normativa vigente respecto a protección de datos, motivo por el que acordamos deducir testimonio de la presente resolución para su remisión a la Agencia Española de Protección de Datos, una vez sea firme”, concluye el TSXG.

El Tribunal Supremo ha acordado este miércoles que la indemnización por despido improcedente no se puede incrementar en vía judicial, según informa el alto tribunal en una nota a la que no acompaña la sentencia, que se conocerá en los próximos días, según informa EFE.

Con esta decisión el Supremo aborda de nuevo la indemnización por despido improcedente y llega a la misma conclusión que en una sentencia de diciembre de 2024, pero ahora añade que tampoco la Carta Social Europea avala que los trabajadores puedan conseguir en los tribunales aumentar sus indemnizaciones.

En la nota de este miércoles, el Supremo explica que dicha indemnización no puede verse incrementada en vía judicial con cuantías adicionales justificadas en las circunstancias concretas de cada caso y que ello no vulnera el artículo 10 del Convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ni el artículo 24 de la Carta Social Europea, "en los que solo se indica que la indemnización debe ser adecuada".

El alto tribunal considera que la expresión "derecho a una indemnización adecuada" incluida en la Carta Social Europea resulta "literalmente inconcreta", por lo que concluye que no son mandatos directamente aplicables, sino declaraciones programáticas de abierta interpretación.

La doctrina constitucional, añade, ha manifestado que la indemnización tasada que nuestra legislación ha establecido es una indemnización adecuada, y se trata de una fórmula legal que ha venido ofreciendo seguridad jurídica y uniformidad para todos los trabajadores que, ante la pérdida del mismo empleo, son reparados en iguales términos.

También aclara que las decisiones del Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) "no son ejecutivas ni directamente aplicables entre particulares", ya que, a diferencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), no es un órgano jurisdiccional ni sus resoluciones son sentencias.

De hecho, las decisiones del CEDS ni siquiera vinculan al Comité de Ministros del propio Consejo de Europa, ni tampoco a los tribunales internos de cada estado, reiterando en este punto las conclusiones a las que ya han llegado el Tribunal Supremo francés y el Tribunal Constitucional italiano.

El pasado mes de diciembre, el Supremo ya se pronunció sobre el particular, y rechazó que la indemnización por despido improcedente, establecida en 33 días por año trabajado, pudiera aumentarse en los juzgados "con otras cuantías que atiendan a las circunstancias concretas del caso". En aquella ocasión, el alto tribunal decidió por unanimidad que esa indemnización, -establecida en el artículo 56 del Estatuto de los Trabajadores (ET)- no supone una vulneración del artículo 10 del Convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo, en el que tan solo se indica que la indemnización debe ser adecuada.

Acciona ha despedido a Justo Vicente Pelegrini, hasta la fecha director de Construcción para España, después de que haya sido vinculado con la trama del caso Koldo, y apunta a una falta de diligencia en el ejercicio de sus responsabilidades de dirección, según informa EFE.

Igualmente, y según ha detallado este lunes en un comunicado, ha decidido iniciar los trámites para la resolución de los contratos y acuerdos de asociación vigentes que relacionan a la compañía, y eventualmente a cualquiera de sus filiales, con Servinabar 2000 S.L., empresa objeto de investigación en la causa instruida en el Tribunal Supremo dentro de las supuestas irregularidades de licitación pública.

En su escrito, remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el grupo de infraestructuras dice tomar esta medida en relación a las informaciones públicas que vinculan a un ex empleado de Acciona Construcción con supuestas irregularidades en procesos de licitación pública relacionados con el caso Koldo.

Acciona señala que la medida responde al incumplimiento por parte de Servinabar 2000 de los compromisos contractuales adquiridos con Acciona Construcción de "respeto y sujeción a los estándares más exigentes de cumplimiento normativo, transparencia y debida diligencia".

"En la medida en que este incumplimiento revela una falta de diligencia en el ejercicio de sus responsabilidades de dirección, ha decidido poner fin a la relación laboral con Justo Vicente Pelegrini, hasta la fecha director de Construcción para España", apunta el texto. El directivo aparece citado en las escuchas de la UCO sobre la citada trama.

Asimismo, la empresa señala que esta medida no "prejuzga eventuales responsabilidades legales ni responde a conclusión alguna de la investigación interna, aún en una fase inicial".

Este comunicado se suma al emitido el pasado jueves por Acciona, en el que aseguró desconocer los hechos investigados por el Tribunal Supremo, que relacionaba a la empresa con supuestas contraprestaciones económicas al dimitido secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, a cambio de contratos públicos.

En aquel comunicado, la empresa señaló que había abierto una investigación interna para aclarar lo sucedido y depurar responsabilidades.

Concretamente, el grupo de infraestructuras expresó su "total desconocimiento, sorpresa y preocupación" por haber sido incluida su filial Acciona Construcción entre las empresas que, según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, pudieron haber abonado esas contraprestaciones.

Los sindicatos llaman a salir a la calle en este Primero de Mayo para conmemorar el Día del Trabajo con varias reivindicaciones, especialmente la reducción de la jornada laboral máxima legal a las 37,5 horas semanales. Los dos mayores sindicatos, CCOO y UGT, han convocado más de 50 manifestaciones en todo el país, siendo la principal la que encabezarán en Madrid sus secretarios generales, Unai Sordo y Pepe Álvarez, que recorrerá desde el mediodía la Gran Vía de la capital terminando con un mitin en la Plaza de España.

Bajo el lema "Proteger lo conquistado, ganar futuro", saldrán a la calle con el objetivo de poner en valor lo conquistado para fortalecer las propuestas de presente y futuro, entre las que se fijan la reducción semanal de la jornada y la reforma del despido. CCOO y UGT emplazan al Gobierno a aprobar el proyecto de ley para reducir la jornada, algo que estaba previsto se llevara a cabo esta semana pero que finalmente se ha aplazado al próximo martes tras el apagón eléctrico. Asimismo, ambas centrales advierten a los grupos parlamentarios que "impidan o limiten" su aprobación en las Cortes de que sentirán la presión de la calle.

También clamarán este Primero de Mayo por la modificación del régimen de despido, para lo que piden una mesa de diálogo social acomodando la legislación española a la europea de forma que despedir sea "el último recurso de las empresas" y llamaban a la CEOE a negociar para evitar así la inseguridad jurídica.

La Unión Sindical Obrera (USO) ha elegido este año la ciudad de Cáceres para su manifestación central del Primero de Mayo, donde su secretario general, Joaquín Pérez, encabezará una manifestación bajo el lema "más empleo, más salario, mejor vida". La comitiva saldrá a las 12.00 horas de la Plaza de Hernán Cortés y recorrerá varias calles de la ciudad culminando en la Avenida de la Hispanidad, donde Pérez se dirigirá en un discurso a los asistentes, con reclamos a favor de la reducción de jornada y la ley de familias.

CSIF, por su parte, este año tampoco ha organizado ningún acto específico y celebrará el Día Internacional del Trabajo abogando "por un empleo digno para tod@s" y reclamando una jornada de 35 horas semanales, más conciliación, la igualdad real entre mujeres y hombres y mejoras en las condiciones de jubilación. CSIF recuerda que "el Gobierno retiene más de 1.500 millones de euros a los empleados públicos por la congelación salarial, retrasa la negociación de la oferta de empleo público y merma el derecho a la jubilación parcial".

Los sindicatos CNT y CGT, junto a otras organizaciones, han organizado el jueves una manifestación, bajo el lema "contra la guerra y el capital, organización de clase interseccional", que saldrá a las 11.30 horas de la Plaza Mayor y terminará en el parque de las Vistillas con un gran mitin fin de fiesta. Ambos se muestran en contra la guerra y la inversión en armamento, un gasto que supondrá aumentar la deuda pública con elevados intereses que afectan a las partidas sociales, al tiempo que reclaman responsabilidades ante las políticas que agravan las crisis ambientales y desastres ecológicos.

La Casa Blanca despidió a tres funcionarios del Consejo de Seguridad Nacional (NSC, en inglés), oficina de asuntos militares y de exteriores de la Casa Blanca que se encuentra en el origen del caso llamado Signalgate, en el que miembros del Gabinete compartieron información sobre una ofensiva en Yemen en una app de mensajería, según informaron medios locales y recoge EFE.

Según detalló la cadena CNN, citando fuentes anónimas cercanas al asunto, los tres trabajadores despedidos son Brian Walsh, un director de inteligencia, Thomas Boodry, un director senior de asuntos legislativos, y David Feith, un director senior que supervisa tecnología y seguridad nacional.

El NSC es un órgano dependiente de la oficina presidencial estadounidense que cumple un rol de asesoramiento y se encarga de la coordinación estratégica de asuntos de política exterior y seguridad nacional, con el consejero de Seguridad Nacional al frente, un cargo para el que Donald Trump designó tras su victoria electoral al exmilitar y excongresista por Florida Mike Waltz.

En declaraciones a la prensa a bordo del avión presidencial Air Force One, Trump reconoció que se ha despedido a "algunos" miembros del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. "Siempre estamos prescindiendo de personas, personas que no nos gustan o que creemos que no pueden hacer el trabajo, o personas que puedan tener lealtades hacia alguien más", afirmó Trump, quien, sin embargo, no concretó cuántas personas fueron despedidas.

Los ceses llegan después del vergonzante caso Signalgate, cuya exposición pública es responsabilidad de Waltz, ya que fue él quien invitó, aparentemente por error, al editor jefe de la revista The Atlantic, Jeffrey Goldberg, a una sala de chat que había creado su asesor adjunto, Alex Wong. En esa sala de chat, creada en la aplicación Signal, Goldberg pasó desapercibido durante cuatro días en los que miembros del Gabinete Trump compartieron información sensible sobre un ataque en Yemen.

Tal y como publicó Goldberg, en el chat el secretario de Defensa, Pete Hegseth, acabó revelando información sensible, incluyendo objetivos, activos militares desplegados y, con dos horas de antelación, el cronograma del ataque sobre rebeldes hutíes en Yemen. Tras conocerse el episodio, el más embarazoso para el segundo Gobierno de Trump hasta la fecha, el propio Waltz asumió la responsabilidad por haber invitado a Goldberg, aunque el presidente aseguró que lo mantendría en su puesto.

De acuerdo con CNN y otros medios que hablan de los despidos, la decisión de llevar a cabo los tres ceses en el NSC se habría producido después de que Trump se reuniera con la activista de extrema derecha Laura Loomer.

Loomer, conocida por dar alas a la teoría de la conspiración sobre los atentados del 11 de septiembre de 2001 y por tener cierta influencia sobre el presidente estadounidense, habría instado al neoyorquino a deshacerse de varios miembros del NSC a raíz del Signalgate. Según apunta a su vez la CNN, el principal asesor adjunto de Seguridad Nacional, Alex Wong, que fue el que creó el chat, podría también ser despedido, ya que la activista lo habría señalado directamente.

Aunque ni la Casa Blanca ni los medios han confirmado que exista una relación directa entre los despidos y la filtración, Axios, uno de los portales que ha confirmado la noticia, ha señalado que los ya exempleados del NSC habían sido etiquetados como anti-neocon (abreviatura en inglés de neoconservadores).

La Comisión de Trabajo ha aprobado este jueves con competencia legislativa plena el proyecto de ley que elimina como causa automática de extinción de contrato el reconocimiento de la incapacidad permanente, con 34 votos a favor y 3 abstenciones, informa EFE.

Tras debatir el informe de la ponencia, el texto ha salido adelante para pasar ahora al Senado, tras haber sido rechazadas las enmiendas mantenidas por los grupos mixto y popular y haberse incorporado correcciones técnicas.

La norma pretende garantizar, de una manera más eficaz, el derecho a la igualdad en el empleo de las personas con discapacidad, dice el texto del proyecto.

El pasado 23 de julio, el Gobierno aprobó el proyecto de ley que modifica el Estatuto de los Trabajadores para eliminar la incapacidad permanente -total, absoluta o 'gran invalidez'- como causa automática de extinción de contrato.

Con la nueva norma, el trabajador decidirá voluntariamente si desea la extinción del contrato o prefiere que la empresa le adapte el puesto para continuar trabajando o le busque uno nuevo, siempre que esto no suponga un coste excesivo.

Así, el trabajador podrá solicitar, en un plazo de un mes desde la notificación del reconocimiento de incapacidad permanente, el mantenimiento de su puesto y, a partir de entonces, la empresa tendrá tres meses para adaptarlo a las nuevas necesidades, cambiarlo a otro puesto o extinguir el contrato si se dan las condiciones requeridas.

En las empresas que empleen a menos de 25 personas trabajadoras se considerará excesiva la carga cuando el coste de adaptación del puesto de trabajo, sin tener en cuenta ayudas o subvenciones públicas, supere la cuantía de la indemnización o la de seis meses de salario del trabajador.

La persona trabajadora dispondrá de un plazo de diez días naturales desde la fecha en que se le notifique la incapacidad, en tanto que la empresa dispondrá de un plazo máximo de tres meses para realizar los ajustes razonables o el cambio de puesto de trabajo y, en caso de que eso no sea posible, tendrá otros tres meses para proceder a la extinción del contrato.

La portavoz socialista en la Comisión de Trabajo, Elisa Garrido, ha valorado una ley "trascendente socialmente y demandada por el sector de la discapacidad", al tiempo que ha añadido, que, además, "acata las sentencias que ya estaban obligando a las empresas a hacer este tipo de adaptaciones".

Desde el grupo parlamentario popular, la portavoz en la Comisión, Irene Garrido, ha puesto en valor la enmienda transaccional pactada con PSOE y Sumar para que el Gobierno, en el plazo de un año y en el marco del diálogo social, presente una propuesta de modificación del régimen del personal de la guardia civil, cuerpo nacional de policía y fuerzas armadas.

El objetivo, ha dicho, es garantizar la posibilidad de adaptar el puesto de trabajo de estos colectivos en caso de incapacidad permanente, absoluta, total o gran incapacidad.

Un juez federal para el Distrito de Maryland ordenó este jueves la reincorporación de trabajadores despedidos en 18 agencias estadounidenses por parte de la Administración Trump, inmersa desde su inicio en un plan de recorte de empleados públicos, según informa EFE.

Así, el juez federal James Bredar -designado en su momento por el expresidente Barack Obama- revirtió los despidos de empleados en período de prueba en los Departamentos de Agricultura, Comercio, Educación, Energía, Salud y Servicios Humanos, Seguridad Nacional, Trabajo, Estado, Transporte y Tesoro, entre otros.

La orden de Bredar es incluso más amplia que una sentencia emitida este mismo día por otro juez federal, quien ordenó a seis departamentos a recontratar a sus trabajadores de prueba.

Ambos jueces concluyeron que la Administración Trump utilizó falsas acusaciones de problemas con el "desempeño" de los empleados como pretexto para justificar los despidos e ignorando así los procedimientos legales obligatorios para reducir la plantilla.

El fallo de Bredar, que tiene una duración de 14 días, pero podría extenderse, se produjo tras una demanda interpuesta por fiscales generales estatales del Partido Demócrata y sigue a otra presentada por sindicatos de trabajadores federales.

Ambos fallos surgieron el mismo día en que la Administración Trump instó a la Corte Suprema a restringir la autoridad de los jueces de distrito para emitir mandatos judiciales que bloquean las políticas federales.

Con el lema Stand up for science (Levantarse por la ciencia), se ha celebrado en Estados Unidos el viernes 7 de marzo una primera movilización contra la administración Trump: los científicos protestan así contra los numerosos despidos de investigadores de las agencias federales, especialmente las dedicadas a la salud o al medio ambiente.

Muy afectados por la suerte que corren sus colegas, científicos franceses han llamado a manifestarse en apoyo, el mismo día, en toda Francia. El epidemiólogo Dominique Costagliola, uno de los primeros firmantes del llamamiento, quiere mostrar la magnitud internacional del terremoto que afecta a la ciencia.

Un solo ejemplo: el domingo 9 de marzo comienza en San Francisco la Conferencia Anual sobre el VIH, un tema en el que los científicos americanos suelen ser “los primeros”, explica Dominique Costagliola, que ha dedicado gran parte de su carrera a la lucha contra la epidemia.

Pero en San Francisco, la conferencia en el país anfitrión estará en gran parte desierta. Los numerosos investigadores que trabajan para las agencias federales, en particular el Instituto Nacional de Salud (NIH), no podrán asistir.

Por un lado, porque 1.200 funcionarios del NIH, muchos de ellos científicos, han sido despedidos por la Oficina de Gestión de Personal (OPM) a petición de Elon Musk. Y los que quedan no pueden viajar a California: su tarjeta de crédito corporativa, que les permitía financiar sus viajes, ha sido limitada a 1 dólar.

Y si por suerte consiguen llegar a San Francisco este fin de semana, no saben qué temas abordar. Porque el gobierno de Donald Trump ha impuesto una velada censura. Es pues un jarro de agua para aquellos que abordan todo lo relacionado con el “wokismo”, según la extrema derecha americana (ver último apartado). Todos los temas cruciales en la lucha contra el VIH se verán afectados: la prevención entre hombres que tienen relaciones sexuales con hombres o personas trans, o la desigualdad racial en el acceso a la atención sanitaria.

A la climatóloga francesa Valérie Masson-Delmotte le viena a la cabeza una imagen, “el oscurantismo”: “Quieren barrer la libertad académica, que es un legado de la Ilustración”.

Sobre el cambio climático, los científicos americanos también son imprescindibles, pues firman una cuarta parte de las publicaciones internacionales, añade Valérie Masson-Delmotte, que fue presidenta del IPCC de 2015 a 2023. Ella mantiene un intercambio muy regular con sus colegas de Estados Unidos: “Los que permanecen en sus puestos nos confían su miedo y su desconcierto. Pero no dicen nada públicamente, por miedo a convertirse a su vez en objetivos”.

Las consecuencias ya son tangibles a nivel internacional: “En la última sesión del IPCC la semana pasada estuvieron ausentes los americanos. El próximo informe debe publicarse en 2028. En tales condiciones, podría retrasarse. Muchos Estados lo desean, como Arabia Saudí “ y, sin duda, también los Estados Unidos de Donald Trump. “El vicepresidente J. D. Vance ha dicho en el pasado que las universidades y los profesores son enemigos. Es una guerra cultural”, estima la climatóloga.

Masson-Delmotte menciona, no sin emoción, a algunos de sus colegas despedidos. Por ejemplo, Zack Labe, un climatólogo especializado en la modelización del cambio climático, en particular en el Ártico. También tiene un blog de divulgación de su trabajo. “Es un científico brillante. Lleva a cabo sus investigaciones en la Universidad de Princeton [en Nueva Jersey, ndr] en un laboratorio pionero que trabaja en la predicción de fenómenos climáticos extremos. Su trabajo estaba financiado en gran medida por la NOAA [Agencia Nacional Atmosférica y Oceánica]. Fue despedido, al igual que otros 800 funcionarios federales de la NOAA”.

También una científica muy involucrada en el último informe del IPCC es víctima de esta gran destitución: “Sarah Cooley es especialista en la acidificación de los océanos y en métodos de captura de carbono”. La climatóloga francesa no se lo puede creer: “La despidieron brutalmente”.

La censura se aplica de manera no explícita: “No hay una lista oficial de temas censurados”, cuenta Sarah, una investigadora del NIH que trabaja en justicia medioambiental. “No tengo ni idea de quién toma estas decisiones: ¿Trump, Musk? En cualquier caso, nuestra jerarquía se encarga de transmitirlo. Estoy escribiendo un artículo basado en un año y medio de investigación. He tenido que eliminar los pasajes sobre las desigualdades raciales frente al cambio climático, un término también prohibido. Podemos hablar de meteorología, de eventos extremos, pero no del clima o del papel que juega el hombre”.

La lista es larga y sutil: “Todo esto es extraño, arbitrario”, dice Sarah. El sábado 1º de marzo, por ejemplo, todos los funcionarios federales recibieron un correo electrónico de la OPM pidiéndoles que enumeraran “cinco tareas realizadas durante la semana”. Fecha límite: “El lunes siguiente a medianoche”. “Nos dijeron que seríamos despedidos si no respondíamos”, explica la investigadora. “Pero también nos advirtieron que no podíamos comunicar información sensible. Así que no sabemos qué contestar”.

En sus conversaciones informales, en la cafetería o tomando una cerveza al final de la jornada, los científicos se preguntan: “¿Estamos asistiendo a un cambio de régimen?”, dice la investigadora del NIH. “Estamos atónitos”. ¿Pasarán a la acción? Sarah ve cómo sus colegas se reúnen y discuten cada vez más, señal de que algo se está cociendo. Pero no ha podido convencer a nadie para que fuera a la manifestación Stand up for Science del viernes.

La brutalidad del procedimiento utilizado por el dúo Trump/Musk sigue asombrando a sus víctimas. El 27 de febrero a las 15:46, Penélope fue informada por teléfono de que estaba despedida. A las 16:38, recibió un correo electrónico informándole de que al final del día, es decir, dos horas más tarde, debía devolver su tarjeta de acceso, su ordenador y su teléfono. No le dieron ninguna justificación.

En solo una hora, perdió todo acceso a su trabajo. “Es una pérdida de conocimientos enorme. Y no pude transmitir nada”, lamenta. Su trabajo consistía en asistir a los investigadores para aumentar la eficacia de su trabajo, un tema que, irónicamente, está en sintonía con la visión de Elon Musk, quien mueve los hilos de este gran despido.

No oculta su profunda conmoción, sobre todo porque sus condiciones materiales de vida están amenazadas: “Inmediatamente perdí mi salario. Me inscribí en el paro. En unas semanas recibiré dinero, pero muy poco, y solo durante 12 semanas”. También perdió inmediatamente su seguro médico. Se siente especialmente vulnerable, porque es “una mujer sola, sin apoyo financiero”. Ya está buscando trabajo, pero sabe que cada vez habrá más científicos buscando empleo a medida que se sucedan las oleadas de despidos.

John trabaja en el Instituto Nacional de Ciencias de la Salud Medioambiental (National Institute of Environmental Health Sciences, NIEHS). Su puesto no ha sido eliminado aún, pero cree que podría serlo en breve. “El gobierno está haciendo todo lo posible para que los funcionarios federales se vayan”. En su opinión, es una cuestión ideológica: “Se dirigen a todos aquellos que buscan regular el capitalismo”. Si pueden permitirse arruinar carreras, perder habilidades poco comunes y conocimientos valiosos, es porque “se ha afianzado en Estados Unidos y pronto en todo el mundo una poderosa corriente anti-científica”, advierte John.

Según John, no hay ninguna racionalidad en la elección de los puestos eliminados: “Primero empiezan por los contratos más precarios, sin siquiera mirar lo que hace la gente”. Investigadores brillantes, premiados por su trabajo, han sido despedidos “con el pretexto de su incompetencia o falta de rendimiento. No saben lo que hacemos”.

¿Esperaban tal violencia contra la ciencia? Para Penélope, “cuando alguien te dice quién es, y Trump nos lo dijo, hay que creerle. En cuanto fue elegido, empecé a buscar trabajo”. John, por el contrario, todavía no se lo cree: “El sector público puede ser más eficiente, en eso estamos todos de acuerdo. Pero no esperaba algo tan drástico. ¡Hasta van a despedir a los guardas nacionales de los parques naturales!”

Los drásticos recortes en los presupuestos de las agencias sanitarias afectan de rebote a las grandes universidades. “Cuando los equipos de investigación solicitan financiación federal, entre el 25 y el 60 % de la suma se destina a financiar las estructuras”, explica Dominique Costagliola, es decir, las oficinas, la secretaría y la informática. Esa financiación de las universidades se limitará a partir de ahora al 15 %, lo que supone una pérdida de financiación.

La matemática francesa Claire Mathieu, también firmante del llamamiento a manifestarse en Francia, ha viajado en numerosas ocasiones entre universidades francesas y americanas. Tenía que trabajar unos meses en una de ellas: “No puedo dar el nombre de esa universidad porque temen represalias. Han suspendido todas las contrataciones, incluidas las de estudiantes investigadores, porque se ha congelado su financiación federal. Ya no tienen asignación presupuestaria en 2025”. Teme que “se pierda una generación de investigadores, ya que se verán obligados a buscar trabajo en otro lugar”.

“Europa debe convertirse en un refugio para los científicos estadounidenses”, defiende Valérie Masson-Delmotte. De hecho, muchos de ellos están recurriendo al extranjero, como Penélope, que se ha puesto en contacto con “universidades noruegas y suecas”. Pero sabe que las plazas serán caras.

Durante su campaña, Donald Trump se distanció de las 900 páginas del Proyecto 2025, redactado por la Heritage Foundation, un think tank de la extrema derecha estadounidense. Pero todas las medidas aplicadas a las agencias científicas federales están claramente inscritas en él. El think tank ultraconservador apunta a las “políticas woke” del Instituto Nacional de Salud. También se centra en todas las investigaciones más o menos relacionadas con el aborto. El escepticismo climático también está presente en el Proyecto 2025. Pide, en particular, el “desmantelamiento” de la NOAA, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, que debe ser “desmantelada, y muchas de sus misiones eliminadas, transferidas a otras agencias, privatizadas o puestas bajo el control de los Estados federados”.

Todos los investigadores americanos con los que hemos hablado solicitaron permanecer en el anonimato.

Traducción de Miguel López