Sesión del pleno del Congreso de los Diputados, martes por la tarde. La diputada portavoz de Igualdad el Grupo Parlamentario Socialista, Laura Berja, presenta la proposición de ley para que se penalice el acoso y el hostigamiento que sufren las mujeres cuando acuden a abortar. Defiende el libre ejercicio de un derecho aprobado por mayoría en las Cortes en 2010. No se debate sobre el aborto, porque el aborto ya es ley. Se debate, y se termina aprobando por mayoría, que no queden en la impunidad acciones violentas y coercitivas frente a las clínicas a las que acuden las mujeres que deciden, por diferentes motivos, interrumpir su embarazo en los plazos legalmente estipulados. Vox insulta a la diputada llamándola reiteradamente “bruja”. El insulto como argumento. El Partido Popular vota en contra de la iniciativa del PSOE. Los acontecimientos que en sede parlamentaria se suceden a renglón seguido del insulto a la diputada, incluido el desacato del grupo de ultraderecha a la presidencia de la Cámara Baja, son gravísimos y ofrecen un deplorable ejemplo al conjunto de la ciudadanía que se comporta, en general, de manera ejemplar.

Pocos días antes, el Parlamento Europeo había debatido la consideración de la violencia de género como eurodelito, como un crimen europeo. Hasta la fecha, ni en todos los países miembros tiene la violencia contra las mujeres la misma consideración ni se cuenta con leyes homogéneas que aborden este problema que afecta a los derechos humanos de las mujeres. El Partido Popular se abstuvo en la votación.

Casi a la vez, los populares presentan en el Congreso de los Diputados una enmienda a la totalidad del Proyecto de Ley Orgánica de Garantía Integral de la libertad sexual, una ley que obedece a un mandato del Pacto de Estado que suscribió el PP. Lejos de optar por enmendarla en su articulado, la rechazan de plano. Todos estos acontecimientos se suceden sin solución de continuidad y revelan una falta de voluntad del principal partido de la oposición en el combate contra la violencia machista, muy alejado de compromisos adquiridos, al menos formalmente, no hace demasiado tiempo.

La ultraderecha toma el insulto, la descalificación y la mentira como argumento, por costumbre, por hábito y por idiosincrasia y el Partido Popular se lava las manos como Poncio Pilatos cuando se debaten cuestiones que afectan a los derechos y a la seguridad de las mujeres. Es más, cuando se pone sobre la mesa el libre ejercicio de un derecho reconocido por la legislación vigente. No está ni se le encuentra cuando se intenta un frente común europeo contra la violencia de género, que continúa cobrándose vidas. En España, al menos sabemos cuántas. En España al menos, y no es poco, tenemos desde hace cerca de dos décadas una Ley Integral y desde hace cuatro años un Pacto de Estado político, social e institucional contra la violencia de género. En otros países de esta Europa de la que formamos parte, ni siquiera han llegado a ese estadio, ni tan solo le han puesto nombre, no han identificado como tal el terrorismo machista que se ejerce contra las mujeres por el hecho de serlo. Una directiva europea obligaría a unos mínimos en el ámbito penal, acabaría con la disparidad en la recogida de datos y facilitaría una respuesta política al unísono.

Estos días, con ese ruido de fondo, estamos reflexionando en el Congreso y en el Senado sobre los cuatro años del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que se aprobó el 28 de septiembre de 2017. Su vigencia era, de entrada, para cinco años, pero nació con vocación de continuidad y renovación. La reedición de ese pacto político es imprescindible y los hechos y comportamientos relatados son solo una prueba más de esa urgencia. Blindar la acción conjunta, y el compromiso social e institucional a partir de un pacto político resulta más que necesario para continuar y mejorar en el abordaje de la violencia machista en todas sus manifestaciones. El título de las jornadas organizadas por el grupo socialista con motivo del cuarto aniversario del Pacto lo dice todo: “Mantener nuestro compromiso. Renovar el Pacto de Estado contra la Violencia de Género”.

Y combatir la violencia es también no tolerar esas formas cargadas de testosterona que aún vemos y padecemos en nuestro trabajo las parlamentarias que, como Laura Berja, subimos a la tribuna para defender aquello en lo que políticamente creemos y que no es otra cosa que la libertad de las mujeres para vivir y para ejercer sus derechos libremente. Ahí, más allá de diferencias ideológicas, tenemos que alinearnos todos los y las que estamos del lado de la democracia.

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Lídia Guinart Moreno es portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Seguimiento y Evaluación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género del Congreso. Secretaria de Políticas Feministas de la Federación del Barcelonès Nord del PSC.

El Pleno del Congreso ha rechazado este jueves la moción del PP que proponía reprobar al vicepresidente segundo y líder de Podemos, Pablo Iglesias, por ser, el "primer instigador" de los "ataques a la Corona" y pedía la "destitución inmediata" del ministro de Consumo y coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, por "sus groseras afirmaciones en relación" con Felipe VI, al que acusó de "maniobrar" contra el Ejecutivo.

La moción ha sido derrotada por una amplia mayoría, 188 votos, por encima de la mayoría absoluta, ya que el PSOE y Unidas Podemos han contado con la ayuda de los socios de investidura.

La iniciativa, que ha sido respaldada por PP, Vox, Ciudadanos, Foro Asturias y Unión del Pueblo Navarro, era consecuencia de la interpelación que la portavoz del PP, Cuca Gamarra, dirigió hace tres semanas al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo.

El primer partido de la oposición incluía en su moción otro punto para el Congreso instase también al Gobierno a "poner fin a sus agresiones institucionales".

Los 'populares' alertaban de que "la tala de las vigas maestras del Estado de Derecho y el asedio a la independencia de las instituciones ha sido el pan de cada día de la vida pública" desde la investidura de Pedro Sánchez, al que reconocen su "victoria democrática en las urnas", pero recriminan que después decidiera "libérrimamente echarse en brazos de todos los enemigos de la España constitucional".

Someter a los poderes del estado 

Según el PP, nunca como ahora "la división de poderes y los contrapesos constitucionales habían sido objeto de una amenaza tan intimidante trascendencia" que considera "innimaginable" en nuestro entorno democrático.

Como ejemplos de esta situación citaba en el texto "el cortocircuito del Ministerio Fiscal en manos de una comisaria política", en referencia a Dolores Delgado; las "presiones" para "colonizar y someter a vasallaje político a los organismos del Estado" o los "desmedidos improperios lanzados contra órganos judiciales por parte de Iglesias", al que retrata como "líder de un partido abiertamente negacionista del pacto constitucional y recientemente imputado por financiación ilegal".

Álvarez de Toledo realizará esta petición para la comparecencia del presidente del Gobierno en la reunión de la Junta de Portavoces, que tendrá lugar durante este mediodía en la Cámara Baja.

La solicitud de los 'populares' ya ha sido avalada por varios de estos grupos, según confirmaron las mismas fuentes, puesto que consideran que es necesario que el Ejecutivo informe en sede parlamentaria sobre el avance de la epidemia y las medidas a tomar.

El PP, Vox y Ciudadanos han pedido este miércoles que el Congreso reorganice su funcionamiento tras la decisión del Gobierno de reunir al Consejo de Ministros los martes, un cambio que, a su juicio, perjudica a los grupos parlamentarios, especialmente a los de la oposición. Los tres han pedido más margen para poder interrogar al Gobierno sobre las medidas que adopte cada semana y, en concreto, el PP y Vox apuestan por mover de fecha los Plenos de control.

Tanto el PSOE como Unidas Podemos han destacado que la decisión del Ejecutivo de reunirse los martes no tiene por qué afectar al trabajo parlamentario, si bien el secretario general del Grupo Socialista, Rafael Simancas, ha ofrecido cierta flexibilidad para ampliar los plazos para registrar preguntas orales al presidente y los ministros, según informa Europa Press.

El tema ha salido a colación en las reuniones que han celebrado este miércoles la Mesa del Congreso y la Junta de Portavoces y la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, se ha comprometido a estudiar las propuestas que hagan los grupos en próximas citas de estos dos órganos.

Una "afrenta" al control parlamentario

La más crítica con el traslado de las reuniones del Gabinete ministerial de los viernes a los martes ha sido la portavoz del Grupo Popular, Cayetana Álvarez de Toledo, quien la ha definido como "una afrenta" al funcionamiento ordinario del Parlamento con la que el bipartito de PSOE y Podemos busca "degradar" al legislativo "opacando" su labor tanto legislativa como de control.

Desde Vox, su portavoz, Iván Espinosa de los Monteros, ha señalado que este cambio "diluye" el control parlamentario, mientras el portavoz adjunto de Ciudadanos, Edmundo Bal, lo interpreta como "una falta de respeto" a la oposición porque es precisamente los martes cuando se discuten en el Pleno las iniciativas de los grupos parlamentarios.

Ante esta nueva situación los tres partidos han puesto ya algunas recetas sobre la mesa para reorganizar el trabajo parlamentario, especialmente en lo relativo a las sesiones de control, que actualmente se celebran los miércoles por la mañana. Hasta ahora, las preguntas a los ministros deben registrarse los jueves por la tarde de la semana anterior pero con opción a introducir cuestiones de última hora los lunes, 48 horas antes del Pleno, en función de lo aprobado el viernes por el Gobierno.

Pero, si no hay cambios, cuando los Consejos de Ministros sean los martes no habrá tiempo para poder llevar a la sesión de control lo que el Ejecutivo haya aprobado la víspera y la oposición sólo podrá pedir explicaciones por las medidas aprobadas por el Gobierno ocho días antes, casi una eternidad en términos políticos.

Por ello, Ciudadanos es partidario de ampliar hasta el martes por la tarde el plazo para que los grupos puedan modificar sus preguntas orales, mientras que el PP y Vox apuestan directamente por cambiar los Plenos de control. En concreto, los de Pablo Casado quieren pasarlos al miércoles por la tarde –como se hacía hasta 2008 cuando el entonces presidente del Congreso, el socialista José Bono, los trasladó a la mañana– y los de Santiago Abascal, al jueves por la mañana.

El PP quiere cambiarlo todo

Pero el PP va más allá y plantea rediseñar el resto de días de Pleno. Según su propuesta, las sesiones plenarias se seguirían celebrando entre el martes y el jueves, pero con contenidos distintos a los actuales.

Ahora los martes por la tarde se debaten las proposiciones de ley de los grupos (también un día al mes de parlamentos autonómicos), las proposiciones no de ley y las mociones. El PP denuncia que, con los Consejos de los martes, el Gobierno quiere "quitar el foco" de esas iniciativas que la oposición utiliza para orientar la actuación gubernamental. Por eso, reclama que los martes por la tarde pasen a discutirse los proyectos de ley del Ejecutivo que hasta ahora se debaten los jueves y que ese día por la mañana se reserve para tratar lo que ahora se discute y vota los martes por la tarde.

Además, el PP plantea que la Mesa y la Junta de Portavoces, que se celebran los martes por la mañana, se adelanten al lunes, y que desde esa misma tarde se convoquen comisiones para recibir a los miembros del Gobierno que ya no podrán comparecer los martes. Asimismo, defiende celebrar sesiones de comisión también los martes por la mañana para la tramitación de iniciativas.

Todas estas propuestas se estudiarán tanto por la Mesa como por la Junta de Portavoces en las próximas semanas pero el PSOE ya ha avanzado que sólo atenderá las que considere "sensatas" para facilitar el trabajo de los grupos. Y es que, según Simancas, llevar al martes el Consejo de Ministros "en modo alguno afecta negativamente, opaca o degrada" la labor del legislativo. "El Consejo de Ministros no va a tapar nada", ha sentenciado, rechazando las críticas de la oposición.

De este modo, el dirigente socialista daba a entender que no respaldarán el rediseño de los Plenos propuesto por el PP y que sólo podrían abrirse a ampliar el plazo para el registro de las preguntas de las sesiones de control.

Uno de los deseos del PP para el nuevo año es que el Diario de Sesiones del Congreso deje de recoger las acusaciones de "corruptos" que diputados de otros grupos hacen a los parlamentarios conservadores en algunos de sus discursos. Así lo anunció el pasado martes su portavoz parlamentaria, Dolors Montserrat, que aseguró que "ninguno de los 134 del PP" es "corrupto" y llamárselo es una falta de "respeto" que debería retirarse de la publicación que refleja el desarrollo de los plenos. La decisión de retirar o no una palabra del Diario de Sesiones es de la presidenta de la Cámara, Ana Pastor, aunque lo cierto es que si un diputado llama a otro "corrupto", ese término quedará registrado para la posteridad y, como mucho, estará acompañado por el reproche de Pastor.

La retirada de expresiones malsonantes, insultantes o agresivas por parte de la Presidencia del Congreso de los discursos de los diputados que recoge el Diario de Sesiones es relativamente habitual, y en la última legislatura los ejemplos son múltiples. La mayor fragmentación parlamentaria y la tensión de algunos debates relativos a la crisis territorial en Cataluña han provocado varias polémicas, la última a finales de diciembre, cuando un cruce de exabruptos entre los parlamentarios de Ciudadanos y ERC terminó con el diputado republicano Gabriel Rufián expulsado del pleno y con los términos "golpista" –empleado por el partido naranja– y "fascista" –utilizado por Rufián– retirados del Diario de Sesiones.

Entonces, Pastor explicó que "todo lo dicho en el pleno del Congreso queda en el Diario de Sesiones para siempre" y señaló que las palabras retiradas no desaparecen, "pero sí aparece al lado su retirada y que recibió el reproche de la Presidencia". De hecho, en el registro del pleno del 21 de diciembre de 2018, los términos "fascistas" y "golpistas" aparecen incluidos y no se censura ninguna parte del intercambio dialéctico que mantuvieron los diputados. La única diferencia con el resto del acta es que estas palabras aparecen escritas en cursiva y que, en una nota al pie, se señala que fueron "retiradas por la Presidencia de conformidad con el artículo 104.3 del Reglamento de la Cámara".

Y es que ese Reglamento concede a Pastor la prerrogativa única de decidir sobre esta clase de términos, y da a la presidenta del Congreso un gran margen para interpretar qué es y qué no susceptible de ser retirado. La normativa establece que los diputados serán amonestados verbalmente "cuando profirieren palabras o vertieren conceptos ofensivos al decoro de la Cámara o de sus miembros, de las instituciones del Estado o de cualquiera otra persona o entidad". Cuando esto ocurra, señala el Reglamento, la Presidencia debe pedir al diputado que "retire las ofensas proferidas" y, asimismo, debe determinar que no consten en el Diario de Sesiones. Pero el Reglamento no incluye un baremo o una descripción que ayude a determinar qué es un concepto "ofensivo", por lo que la retirada de los mismos depende de cómo los valore Pastor.

Se retira "cobardes", pero no "responsable de un golpe de Estado"

Lo cierto es que esta última legislatura ha sido muy prolija a la hora de retirar expresiones del Diario de Sesiones, y no hace falta ir mucho más lejos para encontrar otro ejemplo. El pasado 9 de octubre, el diputado de En Comú Podem Joan Mena criticó a Ciudadanos por ser "el andamio de los corruptos" en las instituciones, y puso como ejemplo de estos dirigentes a "Rajoy, Susana Díaz, Cifuentes, Casado" o "Pedro Antonio Sánchez". La inclusión de la presidenta en funciones de la Junta de Andalucía en esta lista soliviantó a los diputados socialistas, que pidieron a través del secretario general de su grupo, Rafael Simancas, que Mena retirase sus palabras relativas a Díaz. El parlamentario accedió, pero se negó a hacer lo mismo con los dirigentes del PP, por lo que tuvo que ser la presidenta Pastor quien ordenara retirar estas otras alusiones, tal y como refleja el Diario de Sesiones de ese día.

Pero no solo las acusaciones de corrupción han provocado que, durante esta legislatura, se hayan retirado palabras de las actas. Buena parte de los rifirrafes más tensos se han vivido a tenor de la situación en Cataluña, y es en esos debates donde se han concentrado buena parte de los términos que Pastor ha decidido reprochar por escrito a los parlamentarios. El pasado 30 de mayo, por ejemplo, Gabriel Rufián tachaba de "ladrones" y "carceleros" a los integrantes del Gobierno que lideraba entonces Mariano Rajoy, unas palabras que la presidenta del Congreso decidió retirar, pese a que no confirmó en el pleno que fuera a hacerlo.

Exactamente una semana antes, el 23 de mayo, Pastor también decidía incluir un reproche por escrito a la acusación de "cobardes" que la portavoz del PDeCAT, Míriam Nogueras, realizó contra PP y Ciudadanos. Mirando más atrás, en octubre de 2017, la presidenta del Congreso decidió retirar del Diario de Sesiones el calificativo "falangista", utilizado por el diputado nacionalista Carles Campuzano para definir un discurso del líder de Ciudadanos, Albert Rivera. Y en junio de ese mismo año fue el insulto "miserable", que dedicó Rufián al entonces ministro Juan Ignacio Zoido, el que recibió el reproche de Pastor.

No obstante, no todas las palabras duras pronunciadas al calor del debate sobre Cataluña han sido retiradas del Diario de Sesiones por parte de la presidenta del Congreso, que ha sido mucho más permisiva con el líder del PP, Pablo Casado. En una de sus intervenciones más duras desde que es presidente de los conservadores, realizada el pasado 24 de octubre, Casado acusó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de ser "partícipe y responsable de un golpe de Estado que se está perpetrando ahora mismo en España", y se negó a retirar sus palabras –de hecho, se reafirmó en ellas– cuando Sánchez se lo pidió. A diferencia de lo que hizo el presidente del Gobierno, Pastor en ningún momento pidió a Casado que retirase sus palabras, y el Diario de Sesiones tampoco recoge reproche alguno a la polémica expresión utilizada por el líder del PP.

Polémicas en anteriores legislaturas

Pero los malos modos de sus señorías no son algo exclusivo de esta legislatura, y tampoco las amonestaciones por parte de la Presidencia del Congreso; de hecho, la decisión de retirar algunas palabras o acciones del Diario de Sesiones han sido muy polémicas en legislaturas anteriores. Es el caso, por ejemplo, del reproche que recibió Sabino Cuadra, diputado de Amaiur, en 2015, cuando arrancó en el estrado las páginas de la Constitución que incluían las referencias a la indivisibilidad de España. Tras consultar con los servicios jurídicos del Congreso, el entonces presidente, Jesús Posada, decidió censurar el gesto de Cuadra, pero en esta ocasión el registro de lo que ocurrió realmente sí que quedó borrado: en el Diario de Sesiones del 16 de septiembre de 2015 únicamente puede leerse que un "gesto" fue "retirado por el señor presidente de conformidad con el artículo 104.3 del Reglamento".

Los anteriores presidentes del Congreso también han hecho uso de su prerrogativa, en varias ocasiones para reprochar insultos directos a otros diputados. En el año 2009, el entonces presidente José Bono decidió retirar del Diario de Sesiones las acusaciones de "ladrones" y "indigno" que profirió la parlamentaria del PP Celia Villalobos contra los socialistas. Otro buen ejemplo se produjo en 1999, cuando Federico Trillo, que por aquel entonces presidía el Congreso, recriminó a la diputada Enedina Álvarez que llamara "marrano" al entonces presidente del Gobierno, José María Aznar, y aseguró que "en modo alguno figurará en el Diario de Sesiones". Pese a todo, ambas intervenciones pueden seguir leyéndose íntegras en las actas.

El periodo de incertidumbre abierto en Cataluña tras las elecciones del pasado 21 de diciembre afronta su recta final. Si el próximo 22 de mayo, en 19 días, la Generalitat sigue sin tener presidente, habrá nuevos comicios. Serían los quintos en poco más de siete años. La primera fecha clave hasta entonces tiene lugar este jueves, cuando está convocado en el Parlament la primera de dos jornadas de pleno para abordar la propuesta de JxCat, la candidatura en la que se integran los herederos de la antigua Convergència, de reformar la Ley de la Presidencia para posibilitar la investidura a distancia a Carles Puigdemont. 

Sin embargo, esa es una vía muerta dado que el Tribunal Constitucional ya ha decretado que el expresident no puede ser investido de forma telemática. Precisamente hace una semana el pleno del tribunal admitió a trámite la impugnación que el Gobierno había presentado en enero contra su candidatura a distancia y la convocatoria de un pleno para elegirle y advirtió de que un nuevo intento de "reproducir" esta investidura supondría contravenir esta suspensión y tendría consecuencias penales.

Además, el Consejo de Garantías Estatutarias, cuyos dictámenes son preceptivos pero no vinculantes, también ha dicho que la investidura a distancia contraviene la Constitución, el Estatuto y el reglamento del Parlament porque ese es un acto "de naturaleza esencialmente personal y presencial". No se espera que ni JxCat ni ERC vayan a actuar contraviniendo estas resoluciones pues ambas formaciones se han mostrado contrarias a tomar cualquier decisión que implique la desobediencia, algo que sí reclama la CUP. 

La realidad es que buena parte de las miradas estarán puestas a más de 1.800 kilómetros de distancia del Parlament, en Berlín, donde Puigdemont ha citado el sábado a los diputados de JxCat con los que quiere valorar los "pasos a seguir" en la formación del Govern, según información de la agencia de noticias ACN.

Sobre la mesa está la posibilidad de que sea en esa cita en la que comunique el nombre de un cuarto candidato que desbloquee la situación tras los intentos de frustrados de él mismo, Jordi Sànchez y Jordi Turull. En esta ocasión se trataría de un candidato que esté en España y en libertad, pues JxCat ha descartado sobrepasar nuevas líneas rojas que pongan en peligro a más dirigentes independentistas. 

Vía abierta  

La posibilidad de elegir a un nuevo candidato que ponga fin a la parálisis que se arrastra desde hace meses en Cataluña ha resultado favorecida por la decisión de la Mesa del Parlament de aprobar la delegación del voto tanto de Puigdemont como del exconseller Toni Comín, huido en Bruselas. En su momento, ni el Gobierno ni los grupos no soberanistas decidieron dar la batalla legal contra la posibilidad de que el expresident votara a distancia, una facultad de la que hizo uso por primera vez el pasado 5 de abril.

Sin embargo, en los últimos días el Gobierno, por boca de Mariano Rajoy, sí ha anunciado que estaba estudiando "acciones legales" contra la delegación de voto de Comín. En el caso de que el Ejecutivo llevara esta cuestión al Tribunal Constitucional, supondría su suspensión inmediata y el parlamentario no podría votar a distancia.

Por su parte, Ciudadanos se adelantó este miércoles al anunciar su líder en Cataluña, Inés Arrimadas, que este mismo jueves recurrirá ante el citado tribunal las delegaciones de voto tanto de Comín como de Puigdemont. En todo caso, al promover ese recurso diputados de una formación y no el Gobierno, la suspensión no es automática. 

La posibilidad de voto a distancia de ambos diputados permite a los independentistas cuadrar los números, pues sumarían 66 votos frente a los 65 del resto. Eso sí, sería necesaria la abstención de los cuatro parlamentarios de la CUP, algo que se da por hecho dado que esta es la posición que han mantenido desde las elecciones del 21-D. Los anticapitalistas han insistido en que sólo se plantearían votar a favor de una hipotética investidura de Puigdemont pues, a su juicio, es el único que podría plantear un "embate democrático al Estado". De hecho, ya frustraron con su abstención la investidura de Turull, en la que no pudieron votar ni Puigdemont ni Comín. 

Candidatos 

No obstante, este escenario de mayoría parlamentaria para JxCat y ERC podría cambiar en el caso de que hubiera novedades en las causas judiciales abiertas contra Puigdemont y Comín. Si se levantaran las medidas cautelares impuestas a ambos podrían decaer las actuales delegaciones de voto, pues ambas se basan en que no pueden acudir en persona al Parlament porque están sometidos a la jurisdicción de otros países. En consecuencia, los independentistas podrían encontrarse con menos diputados y, por tanto, con menos votos de los que cuentan en la actualidad. En ese caso, el sí de la CUP se haría imprescindible para desencallar la situación. 

Respecto a los hipotéticos candidatos, uno de los nombres que más suenan en los últimos días es el Elsa Artadi, portavoz de JxCat y mano derecha de Puigdemont. La diputada cuenta también con el aval de ERC, cuyo adjunto a la presidencia, Pere Aragonès, dijo este miércoles en una entrevista en Catalunya Ràdio que lo importante es "formar Gobierno lo antes posible". También Jordi Sànchez, expresidente de la ANC, mostró su respaldo a Artadi. "Ella sabe que tiene todo mi apoyo", dijo en una entrevista a ACN contestada por escrito desde la cárcel de Soto del Real, donde está internado desde el pasado 16 de octubre. 

Otra de las incógnitas abiertas es si Puigdemont pretende seguir adelante con la idea de mantener el cargo simbólico de president desde el extranjero aunque sea elegido otro candidato. El pasado febrero ya propuso seguir ostentando el poder desde Bruselas a través de la puesta en marcha de un sistema institucional paralelo en ese país, pero esta propuesta se acabó diluyendo tras la negativa de la CUP, que estimó que era un planteamiento de "sumisión a la legalidad española". 

El PP ha rechazado este martes la petición de Unidos Podemos para que se convoque un Pleno extraordinario que debata una proposición no de ley para instar al Gobierno a convocar el debate sobre el estado de la nación y ha garantizado que esta cita parlamentaria se celebrará "con normalidad" antes del mes de junio, aunque no ha fijado una fecha concreta, informa Europa Press.

Unidos Podemos ha llevado su solicitud a la Diputación Permanente del Congreso, el órgano que sustituye al Pleno en los periodos no ordinarios de sesiones, con la intención de que el asunto se debatiera en una sesión plenaria antes de que acabe enero.

La petición ha sido rechazada con los únicos votos en contra del PP y sus socios asturianos de Foro. Unidos Podemos ha recabado el apoyo de Ciudadanos, ERC, PDeCAT y Compromís, mientras que PSOE y PNV han optado por la abstención, ya que, aunque consideran urgente que se celebre el debate sobre el estado de la nación, rechazan que haya que convocar ya un Pleno extraordinario para debatir sobre este tema.

El último fue hace tres años

Durante la defensa de su iniciativa, la portavoz de Unidos Podemos, Irene Montero, ha recordado que esta cita parlamentaria, que puso en marcha Felipe González en 1983, lleva sin celebrarse desde febrero de 2015, una circunstancia que, a su juicio, demuestra que Rajoy ha optado por "ningunear" al Parlamento.

"El Gobierno dice que lo va a convocar, llamennos locos, pero nosotros no nos fiamos", ha indicado Montero, incidiendo en que la Cámara debe poder debatir con el presidente sobre la situación del país porque, en contra del discurso oficial, "de la crisis sólo han salido los que no han entrado".

La portavoz socialista, Margarita Robles, ha incidido en algunos de los argumentos expuestos por Montero, como el empeño del PP y Ciudadanos en paralizar la actividad legislativa, y ha recordado que Rajoy no ha comparecido en lo que va de legislatura para dar cuenta de los consejos europeos.

Robles ha subrayado que, después de tres años sin él, es "absolutamente imprescindible" que Rajoy ponga fecha ya al debate sobre el estado de la nación, pero su grupo se ha abstenido en la petición porque quiere "un debate con seriedad y no deprisa y corriendo".

No hacer más debates sobre el debate

Y lo mismo ha hecho el portavoz del PNV, Aitor Esteban, quien a instado a Rajoy a convocarlo sin tardar mucho, pero se ha opuesto a debatir continuamente de la conveniencia de que así sea. "No nos volvamos locos", ha comentado, invitando a Unidos Podemos a presentar su proposición no de ley en un pleno ordinario en febrero.

"Sólo quien carece de proyecto puede temer este debate", ha apuntado de su lado el portavoz de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta, cuyo grupo ha apoyado la iniciativa al igual que han hecho ERC, el PDeCAT y Compromís, aunque estos tres partidos no han intervenido en la discusión de la iniciativa.

Por contra, el portavoz del PP en la Comisión Constitucional del Congreso, Francisco Martínez, ha definido la iniciativa de Unidos Podemos como un "ejercicio de postureo dialéctico artificial y estéril" porque busca "polemizar sobre un asunto que no es polémico" por mero "afán de protagonismo".

Tras recalcar que el Gobierno ya ha garantizado que el debate se celebrará con normalidad, ha justificado que no se hiciera en 2016, por la legislatura fallida, ni en 2017, porque ese año tuvo lugar el debate de la moción de censura que precisamente el líder de Podemos, Pablo Iglesias, impulsó para intentar sustituir en La Moncloa a Mariano Rajoy, con su consiguiente "fracaso".

Rechazo a celebrar un Pleno para investigar la muerte de un inmigrante en la cárcel de Archidona

El Congreso ha rechazado además este martes la propuesta de Unidos Podemos de celebrar una sesión plenaria extraordinaria para debatir la creación de una comisión de investigación específica destinada a aclarar, entre otros sucesos, la muerte del inmigrante Mohamed Bouderbala durante su estancia en el centro penitenciario de Archidona (Málaga) que el Gobierno habilitó entre noviembre de 2017 y enero de 2018 como Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE).

La portavoz adjunta de la formación morada en la Cámara Baja, Ione Belarra, ha recordado que la situiación de los inmigrantes en Archidona "era ilegal" porque "contraviene la Ley de Extranjería, el reglamento de los propios CIE y la jurisprudencia previa que dice que estos centros no son penitenciarios". "Pero sobre todo, es ilegal porque se ha sometido a esta gente a unas condiciones inhumanas", ha declarado.

Durante su intervención en la sesión de la Diputación Permanente, Belarra ha denunciado que los internos no tenían agua potable, ni ropa limpia ni de abrigo. Además, ha señalado que en lugar de Policía Nacional o agentes específicos, Archidona estaba vigilada por miembros de la Unidad de Intervención Policial (UIP), lo que, a su juicio, provocó que, tras las protestas de los inmigrantes, "se produjeran situaciones de peligrosidad".

"Esta no es la bienvenida que se le da a unas personas que han hecho una travesía a través del Estrecho en una patera", ha lamentado la diputada, quien ha señalado que a aquellos internos que generaron las protestas se les llevó a aislamiento "sin ningún juez que acordara esta decisión".

"Y en este marco se produjo el suicidio de Mohamed Bouderbala", ha señalado Belarra, para narrar después que el aislamiento de este inmigrante provocó que "nadie pasara por su celda en 18 horas" a pesar de que ya se había autolesionado con anterioridad. "No se aplicó el protocolo antisuicidios, porque no había protocolo", ha criticado.

El PP asegura que se cumplió con los servicios

Pero además, Belarra pide investigar por qué se deportó a los testigos de los sucedido con Bouderbala y, en general, cómo se está aplicando en España la política migratoria en los CIE, los Centros Temporales de Inmigrantes (CETI) y en los centros para Menores Extranjeros No Acompañados (MENA).

Algunas de las afirmaciones de la dirigente morada han sido desmentidas por el portavoz del PP en este debate, Carlos Rojas. El conservador ha asegurado en Archidona había atención sanitaria, asistencia jurídica, asistencia cultural, sistema de calefacción o servicio de lavandería, entre otros que ha enumerado durante si discurso. A su juicio, esta petición de Unidos Podemos busca, "una vez más, hacer política de confrontación" y "aprovechar este tema para desgastar al Gobierno".

"No ha lugar a una comisión de investigación", ha insistido Rojas, quien ha recordado que el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, comparece este miércoles en el Congreso para informar sobre el suceso de Archidona. Además, ha defendido que internar a los inmigrantes en una prisión fue un caso "excepcional" como consecuencia de la llegada masiva de pateras al país y que "cuando se pudo, se cerró".

Explicaciones de Zoido

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Por su parte, el PSOE ha decidido abstenerse en la votación, alegando, precisamente, que no habían oído a Zoido explicarse todavía sobre esta materia y que quería esperar a escucharlo en Comisión. El portavoz socialista, Felipe Jesús Sicilia, ha reconocido que lo ocurrido en la prisión malagueña "rezuma ilegalidad" y ha dado cuenta de las denuncias realizadas por el Defensor del Pueblo y diferentes ONG sobre esta materia, pero considera necesario un primer paso para "interpelar y exigir responsabilidades" al ministro.

También el portavoz de Interior de Ciudadanos, Miguel Gutiérrez, ha abogado por escuchar primero a Zoido a pesar de que ha criticado la "dejación" y "mala gestión" de Interior en materia de Inmigración y ha asegurado que el suicidio registrado en Archidona de veía venir. "Los que estuvimos en el centro ya suponíamos que podía pasar lo que pasó", ha señalado en relación a una visita realizada por las comisiones de Interior del Congreso y del Senado.

Sin embargo, cree que, "si cada vez que hay un suceso puntual o una mala gestión del Gobierno hay que crear una comisión de investigación, no habría tiempo material para legislar". "Hace falta un debate profundo" sobre "lo que está pasando con las personas que llegan a las fronteras españolas", ha reconocido, pero prefiere que se realice dentro de la propia comisión de Interior.

El PNV ha compartido esta situación y ha criticado que se haya ido directamente a pedir la investigación cuando no se conocen las explicaciones del Ejecutivo. "No podemos apoyar esta iniciativa sin pasar previamente por un trámite de información que debe facilitar el ministro del Interior. En este momento es prematuro", ha concluido el portavoz vasco en esta materia, Mikel Legarda.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, defendió en el Pleno del Congreso que su Ejecutivo trabaja para atender las necesidades y problemas de los catalanes, los "temas más importantes" para los ciudadanos, dijo, a lo que el portavoz adjunto de ERC en la Cámara Baja, Gabriel Rufián, le respondió invitándole a usar el servicio de Cercanías, los Rodalies: "Igual se hace independentista".

En la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso, recogida por Europa Press, Rajoy se mostró convencido de que el Ejecutivo "da pasos en la buena dirección" con Cataluña, empezando por la creación de empleo –"y poco a poco se va recuperando"– y siguiendo por pagar los servicios básicos de educación, sanidad y servicios sociales, mediante instrumentos de financiación como el FLA y el Plan de Pago a Proveedores.

El presidente también defendió la reforma de la financiación autonómica, a cuyo debate ha invitado a la Generalitat de Cataluña, que no ha querido participar; y también el plan para convertir trabajos públicos interinos en fijos, que serán unos 30.000 en Cataluña.

Eso "se cura"

Rufián le respondió que ese convencimiento a su juicio equivocado tiene "cura". "Creer que satisfacer a los catalanes es hacer el Corredor Mediterráneo que pasa por Madrid se cura leyendo; cree que satisfacer a los catalanes es pagarle a Florentino Pérez 1.350 millones de euros por el 'Castor', se cura no teniendo según qué amigos", ha dicho.

El portavoz de ERC continuó que también tiene "cura" el situar a "militantes" del PP al frente del Tribunal Constitucional, la alianza con Ciudadanos, o la construcción de estaciones del AVE en localidades de 100 habitantes, dijo.

"Se cura cogiendo el Cercanías en Cataluña cualquier día a cualquier hora. Le invito yo, que soy catalán; igual se hace independentista", añadió Gabriel Rufián, que retó a Rajoy a verse "en las urnas".

El presidente del Gobierno replicó al portavoz de ERC que "confunde sus necesidades con las de todos y eso es muy peligroso, corre uno el serio riesgo de situarse fuera de la realidad". Y volvió a defender que el Gobierno busca la creación de empleo, el sostenimiento de los servicios públicos, avanzar en el Corredor Mediterráneo y mejorar los Cercanías. "Son temas que le importan a la gente. Probablemente, a usted no y por eso habitualmente no pregunta por esos asuntos", concluyó.

El mes de enero será de escasa actividad parlamentaria. El calendario aprobado por los grupos parlamentarios no contempla que se celebre ningún pleno en el Congreso hasta el 1 de febrero, y únicamente algunos diputados tendrán que asistir a las comisiones que siguen activas durante este periodo vacacional. De esta forma, cuatro proyectos de ley (iniciativas legislativas presentadas por el Gobierno) y medio centenar de proposiciones de ley (planteadas por los grupos parlamentarios) verán retrasada su tramitación, y este parón afecta a normas tan controvertidas como la ley mordaza o la Lomce.

La Constitución establece en su artículo 73 que el período de sesiones de las Cortes se distribuya en dos etapas –una entre septiembre y diciembre y otra entre febrero y junio–, y así lo recoge, igualmente, el reglamento del Congreso. El último pleno celebrado en la Cámara baja es el del pasado 21 de diciembre, por lo que cuando vuelva a reunirse la totalidad del hemiciclo –el 31 de enero– habrá transcurrido casi un mes y medio. Por el contrario, sí habrá reuniones en enero tanto de la comisión de sanidad como de la comisión de seguimiento del Pacto de Toledo. Los diputados, además, seguirán trabajando en sus circunscripciones.

Estas circunstancias se van a dejar notar en la tramitación de las normas que se encuentran ahora mismo pendientes de seguir su tramitación parlamentaria. El caso de la Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana, la polémica ley mordaza aprobada en marzo de 2015, es paradigmático. El pasado 30 de noviembre, PSOE, Unidos Podemos, ERC, el PDeCat, PNV y Bildu sumaron sus fuerzas en el Congreso para iniciar la tramitación de una nueva ley de seguridad ciudadana –propuesta por los socialistas– que sustituya a la actual norma. Ahora, el Gobierno tiene hasta el próximo 23 de febrero para expresar su criterio sobre el cambio.

En el mismo pleno en el que el Congreso aprobó iniciar la derogación de la ley mordaza también salió adelante el inicio de la reforma de la Ley de Secretos Oficiales, impulsada por el PNV. La iniciativa pretende que sólo se pueda restringir el acceso a documentación sensible por un máximo de 35 años en lugar de establecer un veto indefinido, como ocurre en la actualidad, y fue aprobada con los votos de PSOE, Unidos Podemos, ERC y PDeCat. La modificación de la norma, que abriría la puerta a conocer documentos sobre episodios como el 23F o la entrada de España en la OTAN, está en plazo de enmiendas en la comisión constitucional del Congreso, pero durante el mes de enero no podrá seguir avanzando su tramitación en el pleno.

Algo similar ocurre con la paralización del calendario de aplicación de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, la polémica Lomce que impulsó el exministro de Educación José Antonio Wert y que recibió una fuerte contestación de la comunidad educativa. El Congreso aprobó en su pleno del día 15 de noviembre iniciar los trámites para detener la aplicación de la norma, y desde el pasado 15 de diciembre la iniciativa se encuentra en plazo de enmiendas para que los grupos parlamentarios puedan proponer sus retoques al texto. Este plazo de enmiendas ha sido ampliado en dos ocasiones, la última el 27 de diciembre, cuando se decidió extenderlo hasta el 7 de febrero, dado que enero no será un mes hábil.

Iniciativas sociales y sobre justicia

También se verán afectadas por este parón algunas iniciativas de carácter social, como la proposición de ley de Unidos Podemos relativa a la subida del salario mínimo. La iniciativa aboga por una reforma el Estatuto de los Trabajadores para que el salario mínimo se revalorice anualmente en función del IPC previsto para ese año, y propone que su cuantía sea de 800 euros mensuales a partir de 2018. Como el resto, la tramitación de la iniciativa en el pleno quedará paralizada durante este mes de enero, si bien su aprobación no reviste tanta urgencia porque no afecta al salario mínimo de 2017, que el Gobierno ha elevado hasta los 707 euros mensuales tras un pacto con el PSOE.

Más acuciante a nivel social es una proposición de ley del PSOE que comenzó a tramitarse en el último pleno, que pretende igualar las condiciones laborales de los trabajadores subcontratados a los de las empresas matriz y que fue aprobada con los votos de la izquierda y los nacionalistas. La proposición de ley pide la modificación del artículo 42.1 del Estatuto de los Trabajadores para que los empleados que prestan servicios en un mismo sector tengan garantizado "el mismo salario y las mismas condiciones de trabajo", pero su tramitación en el pleno –actualmente está en fase de enmiendas en la comisión de empleo– quedará paralizada hasta que se retomen las sesiones.

Asimismo, en el ámbito de la justicia también hay iniciativas cuya tramitación se verá retrasada un mes por el parón vacacional. Es el caso, por ejemplo, de una proposición de ley del PSOE para modificar la ley que regula el ejercicio del indulto, que actualmente está a la espera de ser votada por el pleno del Congreso para su toma en consideración y que no podrá seguir su tramitación al menos hasta febrero. La iniciativa pretende que el Gobierno esté obligado a motivar los indultos que conceda y también busca prohibir que se beneficien de la medida de gracia los condenados por corrupción y por violencia machista.

El PSOE y Unidos Podemos están de acuerdo en su intención de promover la reprobación de la presidenta del Congreso, Ana Pastor, si esta se niega a convocar con urgencia el Pleno que el pasado jueves aprobó la Junta de Portavoces, con el apoyo unánime de la oposición, para que Luis de Guindos, ministro de Economía en funciones, dé explicaciones sobre el frustrado nombramiento de José Manuel Soria para ocupar un cargo en el Banco Mundial, según ha informado Europa Press.

Por su parte, Ana Pastor reitera a los medios su intención de convocar el Pleno ordenado por la Junta, pero siempre supeditándolo a la "disponibilidad" y agenda del ministro. Aegura además que la semana pasada ya comunicó al Gobierno la decisión adoptada por la Junta de Portavoces.

Por el momento, el Gobierno no ha contestado formalmente a la comunicación remitida por Ana Pastor y no está claro que vayan a hacerlo.  Este lunes, en una conversación informal con periodistas, Ayllón, secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, ha comentado que él tiene por costumbre responder al Congreso cuando se convoca formalmente un Pleno, dando a entender que no tiene por qué hacerlo si lo que recibe es una especie de 'preaviso'.

La respuesta no se ha hecho esperar por parte del PSOE. Su portavoz en el Congreso, Antonio Hernando, ha advertido de que si Pastor no convoca este mismo lunes el Pleno recabará las firmas de los grupos de la oposición para exigírselo una vez más y, si aún así continuara sin convocarlo, impulsarán una iniciativa para reprobarla que implicaría censurarla públicamente.

"No vale la excusa de que el Gobierno ha dicho que no (comparecerá) porque no es el Gobierno el que tiene que tomar la iniciativa, sino la presidenta", ha reiterado. Opinión que han esgrimido en la reunión de la Mesa los representantes del PSOE en este órgano. 

"No es posible que Pastor haya dejado de ser la presidenta del Congreso para convertirse en la delegada del Gobierno en las Cortes. No lo vamos a consentir", afirmó. 

Los representantes de Unidos Podemos en la Mesa del Congreso, como Gloria Elizo, se han expresado en términos similares, acusando a Pastor de "blindar y proteger" al Gobierno, y han afirmado también su intención de reprobarla si no convoca el Pleno urgentemente.

Sin embargo, Ciudadanos no contempla por el momento reprobar a Pastor ya que, según ha explicado José Manuel Villegas,  consideran al Gobierno el responsable directo al no acudir al Congreso. "Tenemos claro que el Gobierno no va a venir y la presidenta debería convocar ese Pleno que aprobó la Junta", ha remarcado, tras volver a denunciar que el Ejecutivo insista en "declararse en rebeldía" rehuyendo el control parlamentario.

Además, Antonio Hernando ha señalado que, debido a la actitud "obstruccionista" que continúa mostrando el Gobierno en esta legislatura al negarse a someterse al control parlamentario, el Tribunal Constitucional debería actuar "con la máxima celeridad" sobre el conflicto de atribuciones que se planteó hace unos cinco meses y sobre el que el alto tribunal aún no ha resuelto.

"Si alguien cree que vale con el anterior, se equivoca. Los número de la Cámara han cambiado", ha dicho. "El Gobierno del PP, que ha perdido la mayoría absoluta, tiene que tener muy claro que tiene que respetar al Congreso y no pisotearlo", ha apostillado.

El portavoz del PSOE en el Congreso, Antonio Hernando, advirtió de que si la presidenta de la Cámara, Ana Pastor, no convoca este mismo lunes un Pleno para que esta semana el ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos, dé cuenta del caso Soria, recabará las firmas de los grupos de la oposición para exigírselo una vez más y, si aún así persiste en su actitud, impulsará una iniciativa para reprobarla.

En rueda de prensa en el Congreso, Hernando señaló que después de que la semana pasada la Junta de Portavoces acordara la convocatoria de un Pleno urgente para las explicaciones de De Guindos, Pastor debería haber puesto ya fecha a esa sesión plenaria. "No vale la excusa de que el Gobierno ha dicho que no (comparecerá) porque no es el Gobierno el que tiene que tomar la iniciativa, sino la presidenta", recalcó.

Por tanto, insistió en que si Pastor no pone fecha a ese Pleno este mismo lunes, al término de la reunión de la Mesa del Congreso, el PSOE pedirá a la oposición que firme una exigencia para que la presidenta de la Cámara proceda a cumplir con lo que le demandan todos los grupos parlamentarios, a excepción del PP.

Y avisó de que si persiste en su decisión de no fijar esa sesión para esta misma semana, el PSOE promoverá una iniciativa para reprobarla. "No es posible que Pastor haya dejado de ser la presidenta del Congreso para convertirse en la delegada del Gobierno en las Cortes. No lo vamos a consentir", dijo.

Una diputada de la oposición en Kosovo, Donika Kada Bujupi, ha lanzado este jueves gas lacrimógeno en el Parlamento contra el pacto de Serbia y la UE, lo que ha echado por tierra el debate en la Cámara por tercera vez en dos semanas.

La oposición está en contra del acuerdo negociado entre la UE y Serbia, de la cual Pristina se independizó en 2008, y de otro que delimita la frontera de Kosovo con Montenegro.

"Continuaremos resistiendo hasta que los dos acuerdos sean cancelados", ha afirmado Bujupi, de la Alianza para el Futuro de Kosovo, tras lanzar la granada de gas lacrimógeno en la Cámara.

La oposición asegura que el acuerdo con Serbia, el cual otorga a la etnia serbia en Kosovo mayores poderes locales y la posibilidad de recibir fondos de Belgrado, representa una amenaza para la independencia del país balcánico.

El presidente del Parlamento ha suspendido la sesión durante una hora, dado que los diputados huyeron del gas. Debía continuar más tarde, pero los partidos de la oposición amenazaron con causar un nuevo incidente.

Es la tercera vez que la oposición actúa de esta forma y la segunda que lo hace Bujupi. La Policía la ha convocado para que dé testimonio pero ella se ha negado a ir. Cientos de partidarios de la oposición han rodeado los edificios del Parlamento y el Gobierno ante la presencia de la Policía antidisturbios.

Daños a la economía

El director de una misión de visita del Fondo Monetario Internacional (FMI), Jacques Miniane, ha asegurado que su institución está preocupada por los últimos sucesos en el Parlamento y ha sostenido que dañan la confianza de los inversores.

"Esto está retrasando la aprobación de importantes leyes, algunas de las cuales son fundamentales para la agenda de reforma económica del Gobierno y para dar viabilidad al programa de apoyo del Fondo a Kovoso", ha explicado Miniane. En junio, Kosovo alcanzó un acuerdo con el FMI para recibir 185 millones de euros.

Estados Unidos, el mayor apoyo del joven Estado, ha asegurado que los últimos acontecimientos disminuirán la ambición de Kosovo de unirse a la Unión Europea. "A aquellas personas que traen armas a la Asamblea de Kosovo, les doy un mensaje: estáis hiriendo la economía de Kosovo, estás arriesgándoos a un Kosovo aislado de la comunidad euroatllántica", ha destacado el embajador de Estados Unidos en el país, Greg Delawie.

Kosovo se dividió de Serbia en 1999, cuando la OTAN bombardeó objetivos serbios durante más de 11 semanas para detener la matanza y la expulsión de civiles albanos llevada a cabo por las fuerzas serbias para intentar aplastar la insurgencia que combatía en el país desde hacía dos años.

Después de casi una década como miembro observador de Naciones Unidas, el territorio de mayoría albana declaró la independencia en 2008 y ha sido reconocido por más de 100 países, entre los que se incluyen muchas de las potencias occidentales, aunque este no es el caso de Serbia o su aliado Rusia, ni tampoco de España.

Este escenario a lo Blade Runner sin naves espaciales es Orwelliano en mas de un sentido: el autor de 1984 sirvió de policía imperial en Birmania y criticó sus esperpénticos personajes coloniales (que perviven hasta hoy de un modo u otro). El atasco refleja también la escena política actual. La transición abierta en el 2011 está atrapada por una constitución que da a los militares un 25 por ciento de los escaños del parlamento e impide a la carismática Nobel Aung Sang Su Kyi acceder a la presidencia (la constitución prohibe tal cargo a personas con familiares extranjeros y los hijos de la Nobel son ingleses). Por desgracia, reformar la constitución es imposible como el sueño de un replicante. La reforma requiere mas del 75% de los votos del congreso (es decir, al menos un improbable voto del ejército) y un referéndum aprobado por la mayoría de los votantes registrados.

Una familia en motocicleta y chanclas espera el semáforo: el niño y la niña sonríen. Sus caras están decoradas con rayas y espirales de pasta blanca de Thanaka, una planta con propiedades medicinales. Su padre lleva un casco de plástico barato. La madre, flores de jazmín en el pelo. Él sujeta con una mano el manillar y con la otra el paraguas abierto. La mujer está sentada de lado en la parte de atrás, única posición posible dado lo largo de su longyi (falda). La imagen es tierna y bella –al menos hasta que el escupe la pasta roja de la nuez de betel que mastica–.

De hecho, ofrecen una foto perfecta para cualquiera de los turistas occidentales que vienen en busca de su corazón de las tinieblas particular. Buscan un sueño oriental en las espectaculares pagodas de Bagan, los Pescadores que reman con sus piernas el lago Inle o los palacios de Mandalay. Pocos visitantes son conscientes del régimen y las crueles realidades que merodean mas allá de la tiendas de souvenires o las sonrisas amables de camareros, masajistas y maestros de marionetas.

En realidad, la divertida familia acoplada a la moto muestra la vulnerabilidad de un pueblo vapuleado, desprotegido. No hay salvavidas en caso de accidente. Las próximas elecciones al parlamento del 8 de noviembre son en este sentido un momento delicado en el que mucho esta en juego. Los críticos de la Constitución española del 78 pueden consolarse si la comparan con la decepcionante carta magna Birmana del 2008: sus artículos son una muestra de golpes bajos a la democracia. La amnistía por los crímenes del pasado régimen tiene rango constitucional.

Mientras tanto, tres de los 17 grupos étnicos armados existentes continúan sus guerras particulares. En las regiones-estado de Kachin y Shan se agitan los flecos de una guerra civil inmemorial. El proceso de paz que pretende poner fin a la guerra civil mas larga del mundo (seis décadas) sigue en vilo. También hay otras crisis. Las recientes inundaciones monzónicas reavivaron el trauma del ciclón Nargis, que engulló a decenas de miles de personas en el 2008 y dio paso a la entrada de ayuda humanitaria tras años de cerrazón militar. Los miles de musulmanes que escapan en barco del estado de Rakhine –800.000 de ellos son apátridas– en busca de una vida mejor en Malasia, Indonesia y Tailandia acaban en prisiones y campos de refugiados Birmanos o trabajos semiesclavos y prostíbulos en esos países vecinos.

Ahora llueve mas fuerte, el semáforo sigue en rojo y la familia de la moto, el paraguas y las chanclas se impacienta frente al cruce. ¿Qué camino tomará este país entre China e India que tantas esperanzas y preocupaciones despierta? ¿Se encenderá una luz verde primaveral o se eternizará el amarillo Orwelliano? ¿Funcionarán los frenos?

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Chema Arraiza es especialista en derechos de las minorías.

La senadora de Podemos Maribel Mora, la primera parlamentaria nacional de la formación morada, asistió a todas las votaciones que se celebraron durante el Pleno del Senado de esta semana, si bien prefirió no posicionarse sobre ninguno de los puntos debatidos por "sentido común" y "prudencia", ya que acaba de llegar, según explicó a Europa Press.

Así, Mora dejó constancia de su presencia en el hemiciclo en cada una de las votaciones que se celebraron desde el martes hasta este jueves, pero no votó ni a favor, ni en contra ni se abstuvo en ninguno de los casos.

Según explicó Mora, decidió, "por sentido común, coherencia y prudencia", profundizar en las iniciativas que se están tramitando en estos momentos en el Senado antes de posicionarse en un sentido u otro. No obstante, sí quiso dejar constancia de su presencia en el Pleno.

Asimismo, desde Podemos explicaron que Mora tiene intención de conformar un grupo de trabajo con los próximos senadores de Podemos que desembarcarán en la Cámara alta desde la Comunidad de Madrid y Valencia.

Entre los asuntos que se debatieron esta semana en el pleno del Senado figuran, entre otras, una moción de la Entesa que pedía al Gobierno la adopción de determinadas medidas para facilitar el acceso a la documentación y la desclasificación de documentos históricos –que fue rechazada– o el proyecto de Ley Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

La Cámara alta implantó en junio de 2013 un nuevo sistema de votación, a petición de Amaiur, que permite dejar constancia de que se asiste a la sesión, pero no se participa en las votaciones. Los senadores vascos solicitaron esta novedad con el objetivo de que quedara claro que asisten a los plenos y siguen las sesiones, pero que hay asuntos en cuya votación no participan porque consideran que no incumben al País Vasco.

En esta ocasión, la primera parlamentaria nacional de Podemos hizo uso de este sistema al considerar que, en su primera semana, todavía no tuvo tiempo de ponerse al día de todos los asuntos a debate lo suficiente como para emitir un voto razonado.

En el imaginario político, los cien primeros días de un mandato presidencial constituyen el periodo de gracia que ciudadanos y adversarios políticos otorgan al mandatario en cuestión para que este ponga en marcha su agenda. En el caso de la presidenta brasileña Dilma Rousseff, los cien primeros días de su segundo mandato están siendo convulsos. Los problemas se suceden: recesión económica, manifestaciones en las que se reclama su destitución, falta de diálogo con el Parlamento.

La fragilidad del Gobierno ha puesto de manifiesto un fenómeno que cada vez tiene mayor auge en Brasil: el aumento del conservadurismo. Una parte de los manifestantes que se echaron a la calle para protestar en contra del Gobierno del Partido de los Trabajadores (PT), en marzo y en abril pasados, se declaraba partidaria ¡de una intervención militar! No obstante, donde más se nota el aumento del conservadurismo es en el Parlamento. Si bien es cierto que los brasileños llevaron a la izquierda al poder en las últimas cuatro elecciones presidenciales, no es menos real que en octubre de 2014 eligieron al Parlamento más conservador desde 1964, fecha en la que los militares orquestaron un golpe de Estado.

La pasada semana, los diputados flexibilizaron la legislación laboral, pese a los esfuerzos del Gobierno por evitarlo. El rechazo del Gobierno fue claro, pero el texto salió adelante con 324 votos a favor y 137 en contra. Una vez aprobado el texto en la Cámara, las empresas pueden subcontratar cualquier servicio, incluidos aquellos que suponen el núcleo central del negocio. Es decir, mientras hasta la fecha una empresa de informática podía subcontratar los servicios generales –pero nunca los servicios informáticos–, con la nueva ley es posible dejar toda la actividad del negocio en manos de empresas externas.

La nueva legislación enfrenta a las centrales sindicales –que históricamente han sido la base política del PT– a los máximos representantes de las empresas, vinculados en su mayoría al Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB, de centroderecha) y al Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), de centro, y principal miembro de la coalición de Gobierno. Según la central sindical CUT, la mayor de Brasil, este cambio terminará por generalizar la precarización laboral. “Los trabajadores de subcontratas ganan alrededor del 25% menos y trabajan un 7% más que los asalariados del régimen tradicional”, acusa Graça Costa, secretaria de Relaciones Laborales de la CUT. Según la patronal, la medida, al rebajar el coste por asalariado, permitirá crear más empleo.

La “flexibilización” de la legislación laboral no es el único ejemplo de derechización de Brasil. La Cámara de Diputados ha sacado adelante un proyecto de ley dirigido a rebajar la edad penal de los 18 a los 16 años (el proyecto de ley todavía debe ser sometido a votación). Una vez más, el Ejecutivo fue derrotado por los conservadores que justifican su postura en la tasa de homicidios de Brasil y que es de 32,4 asesinatos por cada 100.000 habitantes, la 11ª posición en el mundo. Según los diputados, considerar a los adolescentes criminales como si fuesen adultos es la respuesta dirigida a combatir el aumento de la violencia y el 87% de la población aprobaría esta medida, según un sondeo reciente. Sin embargo, Unicef mantiene que sólo el 1% de los asesinatos son cometidos por adolescentes. Por su fuese poco, el sistema brasileño ya es uno de los más estrictos del mundo, ya que concede prerrogativas al Estado para actuar contra adolescentes a partir de 12 años.

Los dos proyectos de ley son recurrentes desde los años 90, pero todos los Gobierno anteriores al de Dilma Rousseff lograron impedir que se votaran. Su aprobación ofrece es una demostración de fuerza de los grupos políticos de derecha. El actual presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, enemigo declarado de Dilma Rousseff, es uno de los principales representantes del conservadurismo en el Parlamento. Miembro de dos iglesias evangélicas neopentecostalistas, se opone al matrimonio homosexual y al derecho al aborto. Con respecto a este último, todavía ilegal en Brasil, durante su elección al frente de la Cámara baja llegó a decir: “¿Votar el derecho al aborto? ¡Antes la muerte!”.

La actitud de Cunha no es ni nueva ni extraña en la sociedad brasileña. Pese a la idea extendida internacionalmente de país liberal, Brasil es un país muy conservador. Un sondeo del instituto brasileño Ibope de septiembre de 2014 muestra que el 79% de los brasileños está en contra de la legalización del derecho al aborto, el 53% contra el matrimonio homosexual y el 46% es favorable a la pena de muerte.

Pero, si la sociedad es tan conservadora, ¿por qué las leyes sometidas a votación en las últimas semanas no se habían aprobado hasta la fecha? “Desde la restauración de la democracia, la derecha, comprometida con los generales, había quedado estigmatizada. No encontró su espacio durante el Gobierno de Lula merced a la situación económica favorable. Con la crisis y la recesión actuales, las condiciones son favorables a los adversarios al Gobierno del PT”, explica el politólogo Carlos Melo.

En el contexto de crisis, con una inflación del orden del 8% y el aumento previsible del paro, ante los numerosos casos recientes de corrupción, el discurso en contra el PT va ganando fuerza. En marzo, 2 millones de personas salieron a las calles para pedir la destitución de la presidenta de la República. A mediados de abril, se celebró otra ola de manifestaciones contra la corrupción en 400 comunas, menos numerosas, pero más virulentas. Los eslóganes de los nostálgicos del régimen militar no eran tan escasos.

El giro hacia el conservadurismo también es fruto de un cambio religioso

Para el politólogo Claudio Couto, de la Fundación Getulio Vargas, las denuncias de corrupción no son el motor de las manifestaciones. Se trata más bien del rechazo a las políticas sociales de Lula. Según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, las rentas del 10% de los más pobres de Brasil aumentaron un 70% entre 2003 y 2013. Entre el 10% de los más ricos, la progresión sólo ha sido del 12%. “Brasil siempre ha sido un país desigual. Y una de las marcas de esta diferenciación entre las clases es el poder de compra. Cuando los pobres acceden a los mismos productos, las élites se sienten atacadas. Lo que observamos es la reestructuración de los sectores que habían perdido su sitio en el panorama político. El argumento de la corrupción es sólo un instrumento de legitimación del discurso porque los mismos personajes que denuncian al PT hoy ya han estado en el sitio de los acusados”, analiza Couto.

El Gobierno de Lula, del Partido de los Trabajadores, puso en marcha durante ocho años una política redistributiva, pero de centroderechas. Con la ascensión social de una “nueva clase media”, el expresidente terminó su mandato con una tasa de aceptación del 80%. El PSDB, en sus orígenes un partido de centroizquierda, se cayó del tablero político. Durante los 12 años que se mantuvo en la oposición, el partido se fue reorientando hacia la derecha. Basta con analizar el comportamiento de sus candidatos durante las cuatro últimas presidenciales, en las que se impuso el PT.

En 2002, José Serra, exlíder estudiantil en los años 60, tenía una agenda de izquierdas, muy similar a la de Lula. Cuatro años más tarde, el candidato del PSDB, Geraldo Alckmin, presentaba ideas de izquierdas con un discurso duro en materia de seguridad pública y reclamaba el endurecimiento del sistema penal. En 2010, José Serra se presentó nuevamente con un discurso basado en la defensa de los valores religiosos y cuestionando a Dilma Rousseff, entonces candidata, en la defensa del derecho al aborto.

Por tanto, fue las elecciones presidenciales de 2014 fue cuando el PSDB asumió un posicionamiento más a la derecha. Al contrario que el PT, el candidato Aécio Neves, hasta la fecha hombre de centroderecha, se alió con los grupos religiosos más conservadores para formar coalición. La reducción de la edad penal fue uno de los ejes básicos de su programa de campaña.

Durante las pasadas elecciones, los discursos del PT y del PSDB se radicalizaron. Los ataques de los candidatos –tanto en los anuncios de campaña como en los debates televisados– marcaron distancias y tuvieron continuidad tras la segunda vuelta, habida cuenta de los buenos resultados obtenidos por la oposición. Dilma Rousseff venció las elecciones, pero con el margen más pequeño de la historia brasileña, el 3% de los sufragios. Reelegida, pero debilitada.

El resultado obtenido por la derecha reactivó a los diputados conservadores del Parlamento. En un claro desafío al Ejecutivo, el diputado del PMDB Eduardo Cunha optó a la Presidencia de la Cámara de los diputados. Su plataforma –para recabar votos– se sustentaba, en dos elementos principales: presupuestos más generosos para los gabinetes de los parlamentarios y la defensa de la agenda conservadora, impidiendo que temas como el aborto o los derechos de los homosexuales estuvieran en el orden del día. Elegido en la primera vuelta, Cunha tiene el control indiscutible de la Cámara.

Este resurgir de la derecha permite que se fusionen dos partidos vinculados con el régimen militar, los “demócratas” y el PTB (es decir, no sin ironía, el Partido de los Trabajadores de Brasil). De cara a 2018, las dos familias políticas prevén la candidatura, a la Presidencia de la República, del senador Ronaldo Caiado. Se trata de la personalidad más influyente del frente parlamentario “ruralista”, Caiado se dedica a la defensa de los intereses de los propietarios de tierras y combate cualquier tentativa de reforma agraria. Esta candidatura no perseguirá la victoria. Servirá sobre todo para presentar la agenda de esta élite terrateniente, ahora poderosa, pero limitada a grupos de influencia que operan de forma opaca.

La fortaleza actual del conservadurismo en Brasil no es sólo fruto de la recuperación política de las derechas, sino también consecuencia de un cambio religioso. En 1980, el 89% de la gente se declaraba católica. Ahora bien, el catolicismo brasileño siempre ha estado marcado por su carácter moderado y bastante tolerante hacia las religiones de origen brasileño. Pero desde hace 30 años, el país asiste a un crecimiento exponencial de las iglesias evangélicas neopentecostalistas. A principios de los 90, sus fieles representaban el 9% de la población brasileña. Actualmente, un brasileño de cuatro es evangélico no neopentecostalista.

Esta parte de la sociedad es más conservadora que los católicos brasileños. Y más organizada. Los evangélicos están en los medios de comunicación y numerosos pastores son dueño de radios o de cadenas de televisión. Un ejemplo, la Rede Record, segunda cadena de Brasil, pertenece a la Iglesia universal del Reino de Dios. Esta presencia mediática da a los pastores “televangelistas”, un notable poder de movilización. El mejor ejemplo es Silas Malafaia, presidente del Consejo de Pastores de Brasil. Él solo participó en la campaña de 500 candidatos a la diputación en octubre pasado.

En 2011, Malafaia organizó una manifestación en Brasilia, tras haber reunido un millón de firmas en contra de un proyecto de ley para acabar con la discriminación sexual. Tomando como argumento que la ley va en contra de la libertad religiosa, Malafai y los parlamentarios evangélicos, sobre todo Eduardo Cunha, amenazaron al Gobiero con crear una comisión de investigación contra el principal ministro que a la época se encontraba en el centro de un caso de corrupción. Finalmente, el Senado ha desestimado el proyecto y el derecho de los pastores a predicar contra la homosexualidad ha quedado en suspenso. Justo a tiempo. No en vano, un miembro de la comunidad LGTB muere cada día asesinado en Brasil.

Gustavo Ribeiro es un periodista brasileño, que ha trabajado para el principal semanario del país, Veja. VIve en París donde tiene un blog (en francés) sobre su país de origen, Parlons Brésil . Este es el primer artículo que publica en Mediapart.

Traducción: Mariola Moreno

Leer el texto en francés:

Sin sorpresas pero con sobresalto. El Parlamento de Andalucía resultante de las autonómicas del pasado 22 de marzo se constituyó este jueves sin que el PSOE, el partido ganador de las elecciones, se encontrase con ningún susto en las votaciones. Eligió como nuevo presidente de la Cámara a Juan Pablo Durán, secretario general de los socialistas cordobeses y vocal de la ejecutiva federal. Fue en segunda vuelta, al no lograr en la primera la mayoría absoluta. También logró su objetivo de lograr una vicepresidencia y una secretaría. Eso sí, la sesión quedó envuelta en una monumental bronca, la primera de esta legislatura, entre el presidente de la Mesa de Edad, el socialista Luis Pizarro, y los diputados del PP. 

Durán (Córdoba, 1964) era la propuesta que la presidenta de la Junta en funciones, Susana Díaz, había guardado con el máximo celo hasta este mismo 16 de abril. Fiel a su estilo de no anticipar nombres y enemiga de las quinielas. Durán, también coordinador del Consejo Territorial del PSOE andaluz, es uno de los dirigentes de la confianza de la baronesa andaluza. Durán fue uno de los 38 exconsejeros de CajaSur, entidad cordobesa intervenida en 2010, y fue condenado por la Audiencia Nacional al pago de una multa de 64.000 euros que le impuso el Ministerio de Economía en 2012, informa Efe.

El nuevo presidente salió elegido en segunda ronda con los 47 votos de su grupo, y su nombre fue anunciado exactamente a las 13.02 horas. El PP, a su vez, propuso al diputado por Huelva Manuel Andrés González Rivera, que sólo logró los 33 apoyos de su partido. También se registraron 29 blancos. Al final, no cuajó ninguna maniobra para arrebatar al PSOE el puesto principal del órgano de gobierno de la Cámara. En la primera vuelta, el resultado fue exactamente el mismo: 47-33-29. El hemiciclo se compone de 109 escaños. 

A continuación se eligió a los tres vicepresidentes y a los tres secretarios. Las tres primeras plazas las ocupan Teresa Jiménez (secretaria general del PSOE granadino), como vicepresidenta primera; la malagueña Esperanza Oña (PP) como su segunda y al diputado por Sevilla Juan Moreno Yagüe como vicepresidente tercero. La secretaría primera recae en Verónica Pérez –líder de los socialistas sevillanos–, la segunda en Julio Díaz (Ciudadanos) y la tercera en José Antonio Castro (IU). Es decir, la composición final es de tres puestos para el PSOE y uno para el resto de partidos. Todos los integrantes de la Mesa fueron investidos con los únicos votos de sus respectivos grupos. 

Amenaza de recurso al TC

Cuando el presidente de la Mesa de Edad estaba leyendo los nombres de los secretarios elegidos, el portavoz del PP, Carlos Rojas, pidió insistentemente la palabra, con la intención de que no se llegasen a proclamar como secretarios a Díaz y Castro, que pese a tener menos votos que la propuesta por los conservadores, Patricia del Pozo, tenían reservada plaza dado que el reglamento de la Cámara garantiza presencia en el órgano de gobierno a todos los partidos con representación parlamentaria.

Rojas denunció que se estaba "conculcando" un derecho constitucional, al "hurtar" el puesto de la Mesa a Del Pozo, y atacó a Pizarro por "interpretar" las normas de la Cámara pese a no ser él el presidente elegido. Podría "incurrir en un ilícito perseguible penalmente", le lanzó. El socialista se defendió alegando que le tocaba ejercer de presidente del Legislativo "hasta que el elegido [Durán] tome posesión". "No tiene legitimidad. No puede fabricarse una mayoría absoluta en la Mesa. Vamos a recurrir al Tribunal Constitucional este atropello, este despropósito", chilló el portavoz de los conservadores.

También Del Pozo protestó a gritos e intentó que Pizarro le diera la palabra, pero no se la concedió. Superada la tensa refriega, los diputados elegidos ocuparon sus puestos en la Mesa y se procedió a la jura o promesa de la Constitución y del Estatuto de Autonomía. La presidenta de la Junta en funciones, por ejemplo, optó por jurar. 

A la sesión de constitución del nuevo Parlamento andaluz se llegó sin acuerdos, pese a que el resultado de las urnas –47 escaños el PSOE, 33 el PP, 15 Podemos, 9 Ciudadanos y 5 IU– apelaba, precisamente, al consenso. Los socialistas dejaron claro desde el principio que querían tres puestos en la Mesa, porque eran los que les correspondías por sus resultados. Y también porque el sistema de votación del órgano de gobierno del poder legislativo les favorecía, ya que según el reglamento, hay tres votaciones consecutivas –primero, se elige al presidente de la Cámara; luego, a los tres vicepresidentes y, por último, a los tres secretarios–, en las que quien primero sale nombrado es el que tiene un mayor número de votos. Además de exigir que todos los grupos estén representados (y ello permite que se sienten los representantes de C's e IULV-CA), las normas del Parlamento obligan a que se respete la paridad, y se cumple: hay cuatro hombres y tres mujeres.

Garantía por los resultados

Que no haya acuerdo y que no haya sido posible tejer una extraña alianza entre los partidos de la oposición garantizaban al PSOE esos tres puestos. El PP, que quería dos –a lo que el PSOE se negaba–, se queda con uno, igual que Podemos, Ciudadanos e IU. Los socialistas habían ofrecido a los conservadores una vicepresidencia de mayor rango, pero estos sólo aceptaban dos plazas. Otra posibilidad que se exploró era ampliar la Mesa a ocho miembros –como ocurrió en la VIII Legislatura, entre 2008 y 2012–, pero Podemos se negó.  

La sesión comenzó a las 12 horas con la conformación de la Mesa de Edad, integrada por Luis Pizarro (PSOE), el diputado mayor en la Cámara, como presidente, y los dos parlamentarios más jóvenes, los también socialistas María Márquez y José Latorre, en calidad de secretarios. 

Durán: "Altura de miras, honradez y trabajo"

Durán, en su primer discurso como presidente del Parlamento, subrayó que la presencia de cinco fuerzas en la Cámara muestra la "pluralidad, riqueza y diversidad" de la sociedad andaluza, por lo que pidió a los grupos una política "más cercana y comprensible" basada en el diálogo. Los andaluces, dijo, esperan de sus representantes "altura de miras, honradez y trabajo", y que sean "útiles, transparentes, ejemplares en sus actitudes y comportamientos". 

El nuevo presidente del Parlamento andaluz, Juan Pablo Durán (izqda.), con Susana Díaz y su número dos en el Ejecutivo, Manuel Jiménez Barrios, este 16 de abril | EFE

El diálogo será la piedra angular de esta X Legislatura, entre los partidos y también con los ciudadanos, en un Parlamento "lleno de sensibilidades". "Queda camino para mejorar y profundizar en esa necesaria proximidad y cercanía" con los andaluces, así que hay que tapar "cualquier hueco a la corrupción", potenciar la transparencia y fortelecer el pluralismo, la participación y la "claridad". "Hay que dialogar siempre, confrontar lo que haga falta y no desdeñar ningún espacio de acuerdo posible", apremió. La centralidad del Parlamento como corazón de la vida política en Andalucía es "más necesaria que nunca" porque se viven "momentos de cambio" a los que las instituciones tendrán que "saber adaptarse". 

La necesidad de "diálogo, negociación y  consenso" también estuvo presente en la intervención de Pizarro. Estas son las tres palabras "claves" de esta complicada X Legislatura, en la que se sientan cinco partidos (y, a diferencia del mandato anterior, a todos sus líderes), lo que conforma un hemiciclo "más plural" que el de etapas anteriores, aunque "con igual legitimidad democrática", la que recibe de las urnas. Ese consenso ha de ser el objetivo de este nuevo tiempo, "sin renunciar al papel de Gobierno u oposición". El presidente de la Mesa de Edad confió en que la Cámara siga siendo "una herramienta institucional útil", y el foro donde puedan canalizarse "las demandas y problemas de los andaluces". 

Investidura sin despejar

Arranca una legislatura en la que sigue sin despejarse la principal incógnita: cuándo logrará Susana Díaz ser reelegida como presidenta de la Junta. Porque la investidura sigue totalmente empantanada. Podemos y Ciudadanos incluyen entre sus exigencias que los dos expresidentes andaluces imputados por el caso de los ERE, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, abandonen sus escaños de diputado en el Congreso y senador. Ambos ya han declarado ante el Supremo, pero el juez instructor no se ha pronunciado aún. El PSOE asume que una posibilidad nada descartable es que la investidura se produzca tras las elecciones del 24 de mayo. Si a los dos meses de la primera votación aún no hubiera logrado el nombramiento, Díaz tendría que disolver el Parlamento y convocar nuevas elecciones. 

El fracaso de las negociaciones para la constitución de la Mesa preludia una legislatura complicada y en la que los pactos, la palabra estrella, se antojan muy cuesta arriba. Al menos hasta que termine la maratón electoral de 2015. 

Ni un modelo excelente ni un fracaso clamoroso. Más bien un término medio entre los cielos y el infierno. Así define Bonifacio de la Cuadra (Úbeda, 1940) la Constitución española de 1978 y, por ende, todo el periodo conocido como transición que el autor de este libro prefiere escribir en minúscula. “La Constitución”, señala uno de los periodistas que más intensamente cubrió aquella etapa, “marcó unas reglas del juego, pero los jugadores debían jugar limpio y caminar hacia una democracia más avanzada. Pasado el tiempo, la esclerosis de los partidos mayoritarios ha impedido el fomento de la participación popular, las listas abiertas, el impulso de una iniciativa popular más ágil…”

Desde las páginas del diario El País como corresponsal jurídico y también como editorialista, Bonifacio de la Cuadra, Boni a secas para todos sus compañeros, contó con un observatorio privilegiado para seguir la política y la judicatura de las últimas cuatro décadas. Este libro está basado en esa larga experiencia profesional. Siempre a partir de una actitud muy razonada, De la Cuadra rechaza que la izquierda, los socialistas y los comunistas, hicieran amplias concesiones a la hora de redactar la Constitución y de consensuar la salida de la dictadura con los sectores que venían del franquismo. “La izquierda no se bajó los pantalones en la Transición”, manifiesta el periodista con rotundidad para añadir que “la llamada ruptura democrática, en contraposición con la reforma pactada, no fue posible porque ni el PSOE ni el PCE tuvieron la fuerza suficiente para imponer una alternativa más progresista y radical. De todos modos y en honor a la verdad, la Constitución incluyó un catálogo de derechos y libertades que se correspondía más con una ruptura que con una reforma”.

Dicho esto, el autor de Democracia de papel (Catarata), que lleva por ilustrativo subtítulo Crítica al poder, desde la Transición hasta la corrupción niega airado que la crítica periodística o ciudadana estuviera ausente en aquel periodo entre 1975 y 1982, Democracia de papel Crítica al poder, desde la Transición hasta la corrupción tal como mantienen ahora algunos historiadores o algunos líderes de partidos emergentes. “A comienzos de los años 80”, recuerda Boni de la Cuadra, “muchos periodistas, profesores e intelectuales ya denunciamos la instrumentalización de la judicatura, los riesgos del bipartidismo, la falta de democratización de las instituciones del Estado o el excesivo peso de la Iglesia católica, por citar algunos aspectos. Es muy injusto que ahora vengan algunos a decirnos que fuimos sumisos o acomodaticios en aquella época”.

Al volver la vista atrás hay que recordar que la Constitución otorgó un poder muy amplio a los partidos políticos en un intento de reforzar la democracia tras una larguísima dictadura. Ahora bien, las tornas han cambiado porque en la actualidad una amplia mayoría social reclama más participación popular de todo tipo y menos privilegios de los aparatos de los partidos. A juicio del autor del libro, “aquello explica también que se bloqueara de forma muy severa una posible reforma de la Constitución para impedir una involución democrática como estuvo a punto de ocurrir con el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981”.

Pocos periodistas han seguido tan de cerca los avatares de la Carta Magna y del Tribunal Constitucional, durante las pasadas décadas como Bonifacio de la Cuadra. Desde esa perspectiva está de acuerdo con todos aquellos que optan por una reforma de la ley de leyes. Sin embargo, la obligatoriedad de que cualquier reforma de calado deba contar con un amplísimo consenso de las fuerzas políticas convierte esa operación en un objetivo casi inalcanzable, al margen del color de los distintos gobiernos. “Está claro”, opina el periodista y analista, “que aspectos como la estructura del Estado, la monarquía, el Senado o las formas de participación democrática necesitan una revisión. La dificultad radica en que los mecanismos de reforma de la Constitución son muy complicados”.

Licenciado en Derecho y periodista, cronista jurídico y parlamentario, el autor de Democracia de papel es uno de los expertos que mejor conoce el mundo de los jueces en España. Democracia de papel Después de criticar en su libro la politización partidista que se ha adueñado del Tribunal Constitucional (TC) o del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) De la Cuadra propone un sistema en el que la sociedad entera pudiera votar una parte de los órganos que representan a los jueces. “Podría”, apunta, “utilizarse una vía mixta entre la elección popular y la elección parlamentaria de estas instituciones para evitar las cuotas de partido. Es algo que permite la Constitución. De este modo, se evitaría también el corporativismo de los jueces que siempre daría un sesgo conservador a sus instituciones representativas. A la hora de la verdad, el Parlamento ha prostituido con su práctica la elección de los órganos jurisdiccionales. Es una práctica que hay que combatir y eliminar".

No llevaba ni dos minutos de intervención en el debate del estado de la nación cuando el diputado de Compromís-Equo, Joan Baldoví, anunció a la vicepresidenta primera del Congreso, Celia Villalobos, que se encontraba mal. Acto seguido, se sentó junto a la tribuna de oradores mientras algunos diputados se acercaban a él, como la secretaria segunda de la Cámara, la socialista Carmela Silva. También lo hizo la ministra de Fomento, Ana Pastor, que es facultativa. Villalobos reclamó la presencia de un médico y suspendió la sesión por cinco minutos. Transcurrido este tiempo, fue retomada pero sin presencia del diputado. Según anunció la vicepresidenta, Baldoví se encontraba recuperándose en manos de los servicios médicos de la Cámara.

Tras ser atendido unos minutos en la planta primera del Congreso, donde se ubica el departamento médico y la enfermería, Baldoví fue trasladado en ambulancia a un hospital madrileño para ser sometido a una revisión.

Poco tiempo había tenido el parlamentario de dirigirse a Rajoy en su turno de intervención como integrante del Grupo Mixto.

Desmayo de Baldoví

Baldoví había arrancado señalando de forma irónica que todavía no se había recuperado del episodio del “caloret” caloretde la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá. Y continuó con el “abecedario de los olvidos” del Gobierno del PP. Iba por la E cuando empezó a sentirse mareado.

Tras la reanudación de la jornada, subió a la tribuna Enrique Álvarez Sostres, parlamentario de Foro Asturias.

El portavoz en funciones del Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid, Tomás Gómez, presentará su renuncia al acta de diputado la semana que viene, según anunció este jueves el portavoz adjunto de la formación, José Quintana, en declaraciones a los medios a su llegada al pleno.

Quintana explicó que mantuvo una conversación esta mañana con Gómez en la que le comentó "que no podía acercarse hoy por la tarde" a la Asamblea y le pidió que se retirara su pregunta al presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, sobre educación, tal y como fue trasladado a los miembros del grupo en su reunión previa al pleno. Sin embargo, fuentes del PSM consultadas por infoLibre precisaron que Gómez está a la espera de que se resuelva el recurso que ha presentado contra su destitución ante la Comisión Federal de Garantías del PSOE, y si decide en su contra, dejará el escaño. No hay plazo para que el órgano dependiente de Ferraz dictamine. 

Sobre la posibilidad de que haya más diputados del grupo que renuncien a su acta dijo que "puede ser que sí, puede ser que no", ya que "son decisiones personales". Por su parte, señaló que tomará la decisión cuando llegue el momento.

Ante la pregunta de quién podría sustituir a Gómez como portavoz, respondió que eso se decidirá "la semana que viene", tal y como anunció el presidente de la gestora, Rafael Simancas, esta mañana en Ferraz.

Rosa Alcalá también falta al pleno

Maru Menéndez, mano derecha de Gómez y hasta ahora secretaria de Organización del PSM, presentó también su renuncia a su acta de diputada en la Asamblea de Madrid, informarán a Europa Press fuentes parlamentarias. Esta renuncia se produce un día después de que la Comisión Permanente de la Ejecutiva Federal haya decidido disolver la dirección del PSM y crear una gestora, una decisión contestada por los socialistas madrileños.

Tomás Gómez no tenía previsto asistir este jueves al pleno de la Asamblea de Madrid y nadie formulará su pregunta, según informaron a Europa Press fuentes del grupo parlamentario. Aparte de Gómez y Menéndez, tampoco acudió a la Cámara regional Rosa Alcalá, muy afín al ex secretario general y presidenta de la gestora que gobierna el partido en Parla. 

El Grupo Parlamentario del PSOE de Andalucía propuso este lunes la inclusión de tres de los diputados preimputados en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE), Carmen Martínez Aguayo, Antonio Ávila y Francisco Vallejo, como nuevos miembros de la Diputación Permanente del Parlamento, lo que les permitirá seguir siendo aforados tras el adelanto electoral en la comunidad. adelanto electoral

Así lo dio a conocer, en declaraciones a los periodistas, el vicepresidente segundo del Parlamento y diputado de IULV-CA, Ignacio García, a su salida de la Mesa de la Diputación Permanente, órgano en el que los socialistas formularon esta propuesta, que cuenta con el rechazo de PP-A e IULV-CA.

No obstante, según explicó García, la iniciativa ha salido adelante en el pleno del Parlamento con los únicos 47 votos a favor de PSOE, dado que los grupos sólo pueden votar afirmativamente o en blanco, y no cabe la posibilidad del voto en contra, tal y como establece el Reglamento de la Cámara para este tipo de designaciones.

Tanto PP-Andalucía como IULV-CA criticaron en los últimos días la posibilidad de que el PSOE pudiera incluir a los diputados preimputadosen el caso de los ERE para que estos pudieran seguir siendo aforados pese al adelanto electoral.

Indignación de IU

Cabe recordar que otro de los preimputados por este caso, el diputado y exconsejero Manuel Recio, ya forma parte en estos momentos de la Diputación Permanente como vocal suplente.

IULV-CA mostró su rechazo en las redes sociales y protestó contra lo que entiende como "pleno estafa", ya que también se vota la renovación de la Cámara de Cuentas, pactada por socialistas y PP. 

En definitiva, según el resultado de la votación –que se ha realizado con papeleta en urna, a petición de PP-A e IULV-CA–, Martínez Aguayo, Ávila y Vallejo sólo contaron con los votos afirmativos del PSOE-A. El resto de nuevos miembros de la Diputación Permanente sometidos a votación –Micaela Navarro, Raquel Arenal y María Luisa Bustinduy, por parte del PSOE-A, y Rafael Carmona, del PP-A–, contaron con el apoyo de los tres grupos parlamentarios.

Momentos antes de iniciar la votación en el pleno del Parlamento, se produjo un rifirrafe entre el presidente del Parlamento, Manuel Gracia, y el portavoz del PP-A, Carlos Rojas, quien pedía la palabra para explicar el posicionamiento de su grupo, ante un asunto que tildado de "grave y de auténtica vergüenza".

Gracia le negó la palabra argumentando que en las votaciones secretas no está permitido según el Reglamento de la Cámara que los grupos ofrezcan una explicación de su voto. "Su voluntad va a quedar expresada con su votación", añadía el presidente del Parlamento ante la insistencia de Rojas y también de la secretaria del grupo parlamentario, Macarena O'Neill, quien también pedía sin éxito la palabra.

El PP acusa a Díaz de "tapar la corrupción"

Previamente, en declaraciones a los medios de comunicación en los pasillos de la Cámara antes de entrar al pleno extraordinario, Rojas calificó de "auténtica vergüenza" y de "impresentable lo que está haciendo el Gobierno de Susana Díaz", que en su opinión es "tapar la corrupción desde el primer minuto hasta el último".

A juicio de Rojas, el PSOE-A y la presidenta de la Junta están "utilizando la Diputación Permanente del Parlamento como burladero para los señalados socialistas en el asunto de los ERE" y están, asimismo, intentando "tapar la corrupción con un acto lamentabilísimo que, desde luego, nos produce lo que a todos los ciudadanos, vergüenza". "Desde el primer minuto están quebrando la dignidad de las instituciones andaluzas y, desde luego, ofreciendo un auténtico espectáculo del que es responsable la señora Díaz, que tendrá que responder ante los andaluces de este escarnio que se está haciendo a las instituciones andaluzas para un servilismo político sin precedentes", recalcó.

También el portavoz parlamentario de IULV-CA, José Antonio Castro, en declaraciones a los periodistas a su llegado al pleno, criticó el orden del día aprobado para este pleno extraordinario, "donde encontramos esos nombramientos en la Diputación Permanente que nos parecen que, desde el punto de vista político, moral y ético, que dejan mucho que desear".

Castro también acusó a PP-A y PSOE-A de convertir esta sesión plenaria "en un esperpento donde se utilizan los graves problemas que ha habido en las urgencias hospitalarias [también se programó para que compareciera la consejera de Salud, la socialista María José Sánchez Rubio] y, lo que es más grave, a todos los enfermos de hepatitis C como una coartada para montar un pleno donde al final encontramos un blindaje de la Cámara de Cuentas". "No es de recibo ni con los enfermos de hepatits C ni con los miles de usuarios de las urgencias", concluyó.