Sevilla, 28 de febrero de 1978. Poco más de dos años después de la muerte del dictador, cinco agentes con inquietudes políticas de izquierdas –Guillermo Gómez, José Osorno, José López, Manuel Tapada y Carlos Jiménez– se reúnen en un piso de la calle Madreselva para conformar una célula clandestina que reivindique la desmilitarización y la democratización de la Policía desde dentro. Es el germen del Sindicato Unificado de Policía (SUP), que sería legalizado seis años después, en el otoño de 1984. Una organización policial a la que históricamente se situó en la órbita progresista y que acaba de sucumbir a los cantos de sirena de Club Desokupa, la firma vinculada al ultra de Desokupa Daniel Esteve, con quien acaba de firmar un acuerdo para la formación en defensa personal de sus afiliados.

"Ha provocado una indignación total, tanto dentro como fuera del sindicato. Es una barbaridad que no se puede aceptar de ninguna de las maneras", desliza al otro lado del teléfono un viejo agente. Él estuvo, durante años, vinculado a este colectivo policial que en noviembre cumplirá cuatro décadas de vida. Un sindicato que desde su nacimiento se había regido por "principios progresistas y democráticos". Algo que, asegura, se mantuvo hasta hace más o menos una década, cuando Mónica Gracia cogió las riendas de la organización. "A partir de entonces, el SUP empezó a cambiar", sostiene el agente, que se desvinculó del sindicato hace años. Ahora bien, completa, "no creo que nadie esperase" que fuera a vincularse con un "grupo de extrema derecha".

Algunas voces dentro del cuerpo interpretan este movimiento como parte del pulso que se mantiene por la hegemonía del sindicalismo policial. Durante décadas, la había tenido el Sindicato Unificado de Policía. Pero de pronto, y al calor de las protestas por la equiparación salarial, nació Jupol, la marca electoral de Jusapol, a quien la derecha y la ultraderecha no han dudado en utilizar para agitar la calle contra el Gobierno. Y en las elecciones de 2019 se hizo con ocho de los catorce puestos del Consejo de la Policía, convirtiéndose en el sindicato mayoritario. Ahora, cinco años después, las fuerzas en el órgano colegiado de participación de los funcionarios del Cuerpo se han equilibrado: tanto el SUP como Jupol tienen cuatro vocales cada uno.

Es en medio de esta pugna interna cuando el Sindicato Unificado de Policía, el mismo que mantiene un acuerdo de colaboración con CCOO, acaba de apostar por Club Desokupa para la formación en defensa personal de sus afiliados. La compañía está liderada por Daniel Esteve, habitual difusor en redes sociales de los postulados de la extrema derecha y jefe de Desokupa, la plataforma ultraderechista dedicada al desalojo extrajudicial de viviendas que a pocos días de las elecciones generales del 23J desplegó una lona gigante en el centro de Madrid incitando a expulsar a Marruecos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "Hay mucha gente que quiere hacer cursos voluntariamente. Yo no le he preguntado a este hombre por su ideología", sostenía Gracia a El Confidencial.

La firma del acuerdo se difundió a través de un vídeo en redes sociales. "Tenemos un problema en las calles. Hay una violencia desmedida, la autoridad se ha perdido, los compañeros están cada vez más en riesgo y lo que queremos con esto es que se sientan más seguros", apuntaba la secretaria general del sindicato. Pero, ¿cuánto hay de cierto en dicha afirmación? En 2023, según los datos recogidos en los Balances de Ciminalidad del Ministerio del Interior, se registraron 953.495 delitos de diez tipos –homicidios, lesiones, secuestros, contra la libertad sexual, robos con violencia, robos con fuerza en domicilios y establecimientos, hurtos, sustracciones de vehículos o tráfico de drogas–. Una cifra que un lustro antes se situaba, para esas mismas infracciones, en el millón.

Han disminuido en comparación con 2018 los robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones, que han pasado de 150.579 a 122.444. También se han reducido los hurtos: de 705.249 a 663.370. Y ligeramente las sustracciones de vehículos. Mientras, los robos con violencia e intimidación se han incrementado ligeramente –unos cuatro mil más en todo el país–. Un aumento que sí resulta más pronunciado, por ejemplo, en el caso de los delitos contra la libertad e indemnidad sexual –quizá porque ahora se denuncian más que antes– o los homicidios: los consumados han pasado de 289 a 336 y aquellos en grado de tentativa casi se han duplicado respecto a los datos registrados hace un lustro.

No obstante, los últimos datos de Eurostat, correspondientes a 2022, tampoco indican que nuestro país soporte una tasa de asesinatos descontrolada: 0,69 homicidios por cada 100.000 habitantes, frente al 0,72 de Portugal, 0,74 de Alemania, 0,76 de Grecia, 0,81 de Países Bajos, 0,87 de Irlanda o 1,21 de Francia. Y lo mismo ocurre con los robos: 383,04 de España frente a los 1.254,1 de los germanos, los 1.431,39 de los italianos o los 1.964,18 de los galos.

El SUP ha intentado atajar este lunes la polémica. Carlos Prieto, su portavoz y secretario de riesgos laborales, ha asegurado que la formación no la impartirán "matones", sino agentes de la Policía y la Guardia Civil en activo. "No queremos manchar la imagen de la Policía ni que se piense que son policías formados por matones. Son policías que forman a policías a los que pretendemos darles formación complementaria a la ya muy buena de la División de Formación y Perfeccionamiento de la Dirección General de Policía", ha aseverado Prieto, quien ha incidido en que las técnicas que se impartirán "respetan el ordenamiento jurídico y los principios de congruencia, proporcionalidad y oportunidad en el uso de la fuerza" y en que ellos no avalan "técnicas ilegales".

Cuando anunciaron el acuerdo, tanto el SUP como el propio Esteve aseguraron que el curso que se pretende impartir sería "homologado y baremable". Sin embargo, desde Interior no tardaron en desmentir dicho extremo. "La formación impartida en el marco de ese acuerdo no es homologable ni baremable y no cuenta con ningún respaldo por parte de la Dirección General de la Policía", apuntó la DGP, al tiempo que recordó que es la División de Formación y Perfeccionamiento de la Policía la que dirige "la formación para el ingreso, la promoción y la especialización" de los agentes. Interior, además, ya ha anunciado que estudiará la apertura de un expediente para analizar la "posible impugnación del convenio" y estudiar si el mismo "conculca los valores democráticos".

Un acuerdo contra el que también han cargado el resto de sindicatos policiales. "No necesitamos a nadie de fuera que nos enseñe a hacer nuestro trabajo. Tenemos instructores profesionales y cualificados y nos sobran porteros buscando negocio", han señalado desde la Confederación Española de Policía. "La formación es algo muy serio. No es un juego, es nuestro prestigio policial", han dicho desde la UFP. Desde la Agrupación Reformista de Policías, por su parte, han deslizado que la "formación" a través de una "organización de extrema derecha" puede "introducir sesgos y prejuicios en la actuación policial" y han criticado la "bipolar acción sindical" de un SUP creado en su día por "valientes y abnegados policías defensores de la libertad".

El movimiento tampoco ha gustado en CCOO, que tiene desde 2015 un acuerdo con el Sindicato Unificado de Policía. Aunque desde la organización que lidera Unai Sordo aseguran que en los últimos años dicho convenio se encuentra "prácticamente inactivo", reconocen que se están replanteando la continuidad del mismo en el futuro. "El acuerdo con Desokupa nos parece muy peligroso porque en democracia no se puede tontear con grupos escuadristas", señalan a infoLibre fuentes del sindicato.

El músico Nacho Cano ha matizado sus declaraciones en la rueda de prensa que ofreció el martes tras ser detenido por contrataciones irregulares en su espectáculo Malinche. "No me refería al Cuerpo de la Policía Nacional, ni mucho menos a toda la Policía, sino a los responsables de este caso, es decir, a algunos integrantes de la comisaría de Leganitos comandada por Alberto Carba", ha afirmado.

En un comunicado, recogido por Europa Press, el exmiembro de Mecano ha afirmado que fue detenido y "tratado de delincuente" cuando, a su juicio, no lo es. "En cualquier caso, tendrá que ser un juez quien lo decida. Lo exagerado y desproporcionado de la actuación y la filtración a medios del Gobierno apuntan a otros motivos", ha subrayado.

En este sentido, Nacho Cano considera que los delincuentes "son los que abusan de su uniforme para montar campañas por cuenta del Gobierno". "Unos pocos que acaban pasándose de frenada porque se creen impunes e intimidaron y amedrentaron a los becarios mexicanos, intentando sacarles informaciones que perjudicaran de forma irreparable mi reputación y el proyecto, que es el objetivo de todo el montaje", ha subrayado.

"Todo eso, para fabricar una noticia que, junto a la de mi 'detención', distrajera a la opinión pública de lo que en ese momento era la principal historia, todas las referentes a las imputaciones Begoña Sánchez y el hermano del presidente", ha manifestado el músico.

Según ha asegurado el empresario, le ha llegado el "respaldo de muchos miembros" de los cuerpos de seguridad, con los que "siempre" tuvo "cariño y proximidad". "Se lo agradezco mucho. Incluso un sindicato de la Policía ha denunciado los hechos y a las manzanas podridas que ejecutaron el montaje", ha agregado.

No obstante, Nacho Cano ha aclarado que no era su intención "dar la impresión" de que sus palabras se referían a todo el Cuerpo de Policía. "Pido disculpas si así se entendió", ha apostillado, para después añadir que "siempre" ha sido un "defensor de los Cuerpos de Seguridad del Estado".

"Hasta hice en Malinche un homenaje a la Guardia Civil creada por el Duque de Ahumada descendiente directo de Moctezuma, algo que no es muy habitual en los teatros españoles", ha argumentado el músico, que ha reiterado que él y "los policías españoles saben, que este modo de operar desproporcionado no es normal, y que no se respetaron las garantías habituales".

Por eso, Cano espera que, "como resultado de las denuncias interpuestas por estos jóvenes mexicanos, que ante todo son personas que merecen un trato digno" en España, "con la denuncia de los padres de una menor española de 15 años, que también sufrió un tratamiento ilegal en la redada, se abran las investigaciones pertinentes para dirimir responsabilidades de una actuación que mancha el buen nombre" de la Policía.

Nacho Cano fue detenido el pasado martes en el marco de una investigación policial a raíz de varias denuncias de trabajadores del espectáculo musical Malinche, por presuntas irregularidades en la contratación de artistas mexicanos. El empresario y productor quedó en libertad tras prestar declaración en comisaría.

Por su parte, Inspección de Trabajo está investigando este asunto a petición de la Policía, pero no se informará del resultado hasta que no culminen las actuaciones, según aseguró la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. "La Inspección de Trabajo es un organismo autónomo y no trabaja siguiendo directrices, y por tanto, cuando culminen las investigaciones, como siempre hacemos, se rendirán cuentas", explicó el jueves Díaz en los pasillos del Congreso de los Diputados a preguntas de los periodistas.

Los agentes de la Policía Nacional podrán utilizar Dispositivos de Grabación Unipersonal (DGU) durante sus intervenciones a partir de este lunes, 8 de agosto. En principio, estas cámaras adquiridas por el Ministerio del Interior se destinarán a los efectivos en misiones de seguridad ciudadana.

En un oficio al que ha tenido acceso Europa Press, la Subdirección General de Logística e Innovación del Ministerio del Interior informa de la adquisición de Dispositivos de Grabación Unipersonal -Modelo AB3- destinados a la Dirección General de la Policía (DGP), cuyos agentes podrán hacer uso durante sus funciones orientadas a "garantizar la seguridad ciudadana".

En este sentido, la asignación de dichos dispositivos se realizará "de forma colectiva" a las diversas unidades y servicios, y, según informa Interior, tendrán un carácter de "elemento de dotación policial, de carácter colectivo y de empleo unipersonal".

Las cámaras se activarán manualmente por el personal que requiera su empleo, o bien de manera automática cuando "estos dispositivos estén vinculados con otros dispositivos de dotación policial".

Eso sí, se dará la "oportuna publicidad" para difundir a la ciudadanía la implantación del uso de estos instrumentos como nueva herramienta de uso policial, así como para informar de la posibilidad de ejercer el "derecho de acceso, rectificación, supresión y limitación de tratamiento".

Tras la información facilitada por el Ministerio del Interior, el sindicato Jupol ha expresado a Europa Press que valora "con buenos ojos" que "de una vez por todas" la Dirección General de la Policía dote de cámaras personales a los agentes destinados en áreas de seguridad ciudadana.

El sindicato ha recordado que es una petición que lleva realizando desde hace tiempo y que "una vez tras otra" había sido pospuesta por la DGP, lo cual, según ha afeado, "demuestra una vez más la escasa capacidad de diálogo" que tiene la Dirección General con las organizaciones sindicales. "Por ello que JUPOL ha tenido que presentar el Conflicto Colectivo ante el Ministerio del Interior", ha subrayado.

No obstante, la decisión de implantar los DGU ha sido acogida con "satisfacción" en Jupol, desde donde han destacado el aumento de seguridad, "tanto física como jurídica", que van a dar estos aparatos a los policías en sus intervenciones.

"Hasta el momento eran muchos los agentes que ya portaban este tipo de cámaras, adquiridas por ellos, y que les permitían grabar sus actuaciones en las calles y poder valerse de las imágenes recogidas en caso de que existiera alguna complicación durante el servicio", ha recordado el sindicato.

El Tribunal Supremo ha anulado el requisito de tener una estatura mínima de 1,60 metros exigido a las mujeres para ser admitidas en las pruebas de ingreso en la Policía Nacional al considerarlo una discriminación indirecta respecto de los hombres, a quienes se requiere una estatura mínima menos exigente, según informa Europa Press.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo, en una sentencia recogida, explica que a los hombres se les requiere una estatura mínima menos exigente, de 1,65 metros, ya que es mucho mayor el porcentaje de mujeres (25%) que el de hombres (3%) que no alcanzan la altura exigida. El Tribunal Supremo señala que la discriminación indirecta que se produciría al fijar las mismas alturas para mujeres y hombres, que ya proclamó el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en octubre de 2017, no se salva con el mero hecho de fijar estaturas mínimas diferentes si no se atiende, como ocurre en el caso, a las acreditadas diferencias de estatura media, según sexo, de la población española.

Con esta sentencia, el Supremo estima el recurso de una mujer que fue excluida en 2017 del proceso selectivo de ingreso en la Escala Básica de la Policía Nacional al incumplir el requisito de la estatura mínima. La afectada recurrió el acuerdo del tribunal del proceso selectivo ante el Consejo de Ministros, quien desestimó su petición por silencio administrativo, por lo que planteó un recurso ante el Supremo, reclamando además la anulación del requisito de estatura mínima establecido en el artículo 7.c del Reglamento de los procesos selectivos y de formación del Cuerpo Nacional de Policía.

Excluida por medir 1,56, la mujer argumentaba que era mucho mayor el porcentaje de mujeres que no alcanzaban la estatura requerida que el de hombres, de modo que sólo con una estatura mínima de 1,54 metros para las mujeres habría igualdad.

Para ella, la discriminación se produce porque los límites fijados no concuerdan con los estándares de estatura media actuales de los hombres (1,74) y mujeres (1,63) entre los 20 y los 49 años. Los magistrados, que estiman el recurso, subrayan en primer término que atañe a la Administración demostrar la existencia de razones objetivas y legítimas para una diferencia de trato que no sea discriminatoria. Ninguna justificación se ofrece en este caso, según el Supremo, en el preámbulo de la norma reglamentaria.

Sobre el posicionamiento del abogado del Estado de que los funcionarios de policía, con independencia de su sexo, deben poseer unas características que permitan valer para diferentes puestos en función de las necesidades, los magistrados responden que nada dice la Administración, sin embargo, "sobre la justificación de la diferente estatura mínima en relación con esa polivalencia y su influencia en el mantenimiento de la seguridad ciudadana".

Asimismo, el TS apunta que la alegada finalidad de la norma, de permitir la participación plena de ambos sexos en las funciones que son propias de dicho Cuerpo de Policía, "en nada se relaciona con ese requisito de estatura mínima diferente que es en sí mismo discriminatorio por restrictivo para el acceso de la mujer".

También subraya la Sala de lo Contencioso-Administrativo que dentro del proceso selectivo hay pruebas físicas y médicas que garantizan por sí la idoneidad física y médica para el desarrollo de las funciones atribuidas a la Policía, y que, como señala la recurrente, dentro de la estructura del Cuerpo policial existen muchas áreas funcionales que no necesitan ninguna condición física especial, "y mucho menos tener una estatura más o menos elevada".

La sentencia recuerda, además, que otros cuerpos policiales requieren una estatura mínima por debajo de la exigida por el Cuerpo Nacional de Policía, como la Guardia Civil (Escala de Cabos y Guardias), donde es de 1,60 m. para hombres y 1,55 m. para mujeres.

El Supremo también anula la exclusión de la mujer del proceso selectivo, al reconocer su derecho a realizar las pruebas. En caso de superar dicho proceso, los derechos económicos y administrativos que le correspondan, incluidos la antigüedad y el escalafonamiento, surtirán efectos desde el mismo momento que lo hicieron para los aspirantes nombrados en la convocatoria de la que fue excluida.

En febrero, el Ministerio del Interior anunció que la Dirección General de la Policía Nacional suprimirá el requisito de estatura mínima para ingresar, una medida que podría estar implantada en la próxima convocatoria de pruebas prevista para el año 2023.

El Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, destacó que la medida sirve para romper "uno de los techos de cristal" que torpedeaba el acceso de la mujer: "La actual regulación es más restrictiva para la mujer. Su límite está solo dos centímetros por debajo de la estatura media de las mujeres, mientras que en el caso de los hombres el margen llega hasta los nueve centímetros".

La comisaria jefe de Pontevedra, Estíbaliz Palma, ha sido cesada por la Dirección General de la Policía tras afirmar durante un homenaje a un compañero herido en los disturbios por la sentencia del procés que "ya les gustaría a algunas que las violase un antidisturbios", según han confirmado a Europa Press fuentes del Ministerio de Interior.

Los hechos se produjeron el pasado 11 de marzo durante el homenaje al agente que se vio obligado a jubilarse por las secuelas de las heridas recibidas durante los disturbios registrados en otoño de 2019. En el acto, en el que se proyectó un video del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, dirigido al agente, la comisaria se refirió a las críticas que recibió la Policía por su papel en estos incidentes.

"Hubo 48 horas en que parecía que la Policía Nacional se había transformado y, de repente, violaba, maltrataba y no sé qué cuántas cosas hacía más, que ya les gustaría a algunas que las violara un UIP (antidisturbios)", afirmó tal y como adelantó este lunes elDiario.es.

Tras difundirse en las últimas horas estas palabras, la Dirección General de la Policía procedió al cese de la comisaria, una medida que fue adoptada en la tarde de este lunes.

PP y Vox dan alas a la protesta organizada por los sindicatos policiales y las asociaciones de guardias civiles contra la reforma de la ley mordazaanunciada por PSOE y Unidas Podemos en cumplimiento del pacto de Gobierno que suscribieron hace dos años y de sus respectivos programas electorales. Y no sólo eso: las dos principales formaciones de la derecha han asumido el discurso sindical que afirma que los cambios en la ley van a desproteger a los agentes.

No es cierto. Basta con leer las enmiendas presentadas conjuntamente hace unos días por socialistas y morados —también las que defiende en solitario Unidas Podemos— para advertir que ninguna de ellas supone desprotección para los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

Al frente de la protesta, Jusapol, la plataforma que defiende la equiparación salarial con mossos y ertzainas y cuyas versiones sindicales se han convertido en pocos años en hegemónicas en los órganos de representación de la Policía y de la Guardia Civil. Y a la que diversos medios sitúan en sintonía con la extrema derecha. Jusapol ha convocado, con el apoyo de otros sindicatos, una gran manifestación en Madrid el próximo 27 de noviembre en la que pretende visibilizar la oposición de policías y guardias civiles a la reforma que pretende deshacer los cambios que el PP introdujo unilateralmente en 2015 en la Ley de Seguridad Ciudadana. Vox y PP participarán con sendas delegaciones en la manifestación. Está por ver si esta vez coincidirán, como en la Plaza de Colón, Pablo Casado y Santiago Abascal. Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de Madrid, ya ha confirmado su asistencia.

Los sindicatos policiales y las asociaciones de guardias, y junto a ellos los partidos liderados por Casado y Abascal, critican diferentes aspectos de la reforma, pero especialmente uno: que los cambios reducen la protección legal de la que gozaban hasta ahora. Pero en realidad ninguna de las enmiendas promovidas por PSOE y Unidas Podemos hace eso.

Los cambios legales de los que recelan (y lo que en realidad establece la reforma) son los siguientes:

1. El tiempo máximo de retención de una persona para ser identificada pasa de seis a dos horas. Pero, a diferencia de lo que dicen los sindicatos, que consideran que ese tiempo puede ser insuficiente y dificultar su trabajo, la enmienda presentada aclara que “excepcionalmente y por razones justificadas, verificables y comunicadas a la persona afectada, se podrá prorrogar hasta un máximo de seis horas”.

2. Las personas desplazadas para ser identificadas “tendrán derecho a que se les devuelva o facilite su retorno al mismo lugar donde no pudo realizarse la identificación por los agentes”. Los sindicatos se oponen a esta medida porque, aseguran, los agentes no son taxistas e irá en detrimento del trabajo policial. Pero la enmienda añade que esto sólo se aplicará “cuando la dependencia policial a la que se ha trasladado a la persona se encuentre en localidad distinta a la del requerimiento de acompañamiento y siempre que el traslado no afecte gravemente al funcionamiento efectivo de los servicios”.

3. Las diligencias de identificación “habrán de ser motivadas y proporcionales y, en los casos de identificación en dependencias policiales, registro y comprobación, deberá quedar constancia de la motivación y la identificación del agente que las adoptó”. Algunos sindicatos creen que el hecho de que la identificación deje de ser anónima les desprotege. Sólo sería así si la identificación no se ha hecho correctamente, esto es: si no se ha realizado de forma “motivada y proporcional”.

4. Los sindicatos sostienen que a partir de ahora perderán la presunción de veracidad. Es “un ataque al concepto de agentes de la autoridad que protege a guardias civiles y policías”; pasará a ser una “ley de rendición y sumisión del Estado de Derecho”, sostienen. Tampoco es cierto. Las enmiendas de PSOE y Unidas Podemos reafirman que las actas policiales seguirán gozando “de presunción de veracidad de los hechos en ella consignados salvo prueba en contrario”. Solo ponen una condición nueva: que el acta “resulte coherente, lógica y razonable”. Es decir: que no sea arbitraria.

5. Serán legales, en determinados casos, las manifestaciones que carezcan “del trámite previo de comunicación”. La reforma dice que “aun pudiendo considerarse infracción leve, no será motivo para impedir el ejercicio de las libertades de reunión y manifestación” cuando “el ejercicio pacífico de tal derecho precise de una rápida expresión ante un acontecimiento de indudable repercusión social que no admita demora, siempre que no se cause violencia o alteración del orden público”.

Esta posibilidad, en opinión de los sindicatos, dificultará el trabajo policial, “provocará graves disturbios y limitará el tiempo de reacción de los agentes, lo que podrá ser utilizado por grupos antisistema para causar el caos en las vías públicas”. Los promotores de esta reforma sostienen que el objetivo es adaptar la legislación para facilitar la protesta espontánea en la calle, tal y como ya sucede con normalidad, siempre que sea pacífica. Las enmiendas mantienen además la posibilidad de sancionar a quienes la promuevan si en ella se producen infracciones de la seguridad ciudadana.

6. Algunos sindicatos y varios dirigentes políticos, entre ellos el propio Pablo Casado, aseguran que la reforma prohibirá las pelotas de goma. Las enmiendas nada dicen sobre el uso de estos proyectiles pero sí proponen incorporar a la ley lo siguiente: “Las autoridades competentes deberán desarrollar protocolos específicos, de acuerdo con los estándares internacionales, sobre el uso de la fuerza y la utilización de material antidisturbios, en orden a utilizar siempre los medios menos lesivos para las personas y evitando aquellos que causen lesiones irreparables”. Sólo en el caso de que ese protocolo establezca que las pelotas de goma causan “lesiones irreparables”, algo que defienden numerosas organizaciones políticas, sociales y de derechos humanos, podrá decidirse que dejen de usarse.

7. La reforma quiere también poner fin a la prohibición de grabar a los agentes de policía y guardias civiles en su trabajo profesional, una demanda unánime de los medios de comunicación. Una vez aprobada la reforma “no constituirá infracción la mera toma de imágenes en lugares de tránsito público y manifestaciones, o su mera difusión”. Los sindicatos sostienen que esto les pone en peligro porque “cuando los guardias civiles y policías sean reconocidos en su esfera personal por esas grabaciones, o se ponga en duda su presunción de veracidad, originará, además de una indefensión en su esfera personal, un bloqueo administrativo de consecuencias muy graves que tardarán en subsanarse”.

En realidad, la reforma es muy cauta en este punto, porque establece que será “infracción grave el uso de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad cuando genere un peligro cierto a su seguridad personal o familiar o la de las instalaciones protegidas o ponga en riesgo el éxito de una operación”. Eso sí: “La situación de peligro o riesgo cierto generada, deberá reflejarse en el acta o en la denuncia con el mayor detalle que sea posible”. Es decir: la difusión de esas imágenes seguirá prohibida si pone en peligro a los agentes o a sus familias.

No son estos todos los cambios que PSOE y Unidas Podemos quieren introducir en la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ley mordaza desde que el PP introdujo en ella medidas como la prohibición a los medios de comunicación de grabar acciones policiales, pero sí todas las que sindicatos, PP y Vox citan para denunciar la supuesta desprotección en la que quedarán los agentes si acaba aprobándose.

La portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, fue este martes aún más lejos en sus acusaciones y después de participar junto a Casado en una reunión con responsables sindicales y de asociaciones de la Policía y de la Guardia Civil llegó a afirmar que la reforma consagrará “la impunidad” de quienes cometan delitos. Díaz Ayuso también se pronunció en la misma línea, pero en un tono más elevado: “Quieren que el terror impere en las calles”.

Gamarra ve además oscuras intenciones por parte de PSOE y Unidas Podemos: “Pudiera parecer”, aseguró, que buscan “armarse políticamente para la vuelta a la oposición y tener un escenario perfectamente preparado para calentar las calles cuando allí los vuelvan a situar los ciudadanos, buscando la impunidad para ello a través de estas reformas legislativas”.

En rueda de prensa, la portavoz del PP anunció que su partido recurrirá la reforma, una vez aprobada, al Tribunal Constitucional porque su partido observa en ella algunos elementos de “dudosa constitucionalidad” que no precisó. Y declaró la intención del PP de aprovechar la reforma de la ley para prohibir los actos de homenaje y bienvenida a los presos condenados por terrorismo que cumplen condena y salen en libertad y para tomar medidas contra la ocupación ilegal de viviendas.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, acudirá a la manifestación convocada el próximo 27 de noviembre en contra de la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, la conocida por sus detractores como Ley Mordaza, según han confirmado fuentes del Gobierno regional.

Con su asistencia al acto, la presidenta regional quiere además mostrar su apoyo a las Fuerzas de Seguridad del Estado ante una reforma de la ley que prepara el Ejecutivo de Pedro Sánchez y que desde los sindicatos policiales y de las asociaciones de la Guardia Civil ven como una amenaza al principio de autoridad de estos Cuerpos, según informa Europa Press.

Ayuso se ha reunido este viernes en la Real Casa de Correos con representantes de sindicatos y asociaciones de Policía Nacional y de la Guardia Civil para mostrar su "reconocimiento y apoyo" a la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y ha asegurado que los cambios en la Ley de Seguridad Ciudadana planteados por el Gobierno central "socavan el Estado de Derecho, la protección del más débil y el principio de autoridad".

Los partidos que forman el gobierno de coalición, PSOE y Unidas Podemos, han registrado un conjunto de enmiendas pactadas a la proposición de ley del PNV para derogar la denominada Ley Mordaza, aprobada por el PP en 2015, en las que, entre otras cuestiones, se propone la obligación de los agentes de avisar "de manera verbal claramente audible" antes de intervenir para disolver concentraciones.

Además, se ahonda en que los protocolos de uso de la fuerza y utilización de material antidisturbios, que es el "último recurso" en caso de registrarse incidentes en manifestaciones, deben emplear los medios "menos lesivos" que causen "lesiones irreversibles", aunque no se hace mención específica a las pelotas de goma.

Unas medidas que han sido acogidas con beligerancia por parte de los sindicatos policiales y asociaciones de la Guardia Civil, que creen que esta reforma "destruirá el principio de autoridad que sustenta la paz social". Tras una reunión con el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, JUPOL, el sindicato mayoritario en el Consejo de la Policía Nacional, ha anunciado la convocatoria de una "gran manifestación en unión con todos los cuerpos policiales de España" en contra de la reforma, que se ha fijado para el próximo día 27.

Un rechazo que también comparten AUGC y SUP, organizaciones de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, que han emitido un comunicado conjunto anunciando un "frente común" contra la reforma, mientras que la CEP ha rechazado la tramitación "a espaldas" de los policías de las enmiendas.

Carles Guillot lleva un parche en el ojo derecho. Tenía 29 años cuando el impacto de una pelota de goma disparada por la Policía Nacional le causó una hemorragia en el globo ocular que tuvo que ser extirpado horas más tarde en el hospital. Era el 17 de julio de 2001. Cuando se enteró de que estaban desalojando la casa okupada Kan Nyoqui, en el barrio de La Salut (Barcelona), se solidarizó con sus compañeros y se dirigió hasta allí. A su llegada, el impacto de un proyectil disparado a escasos metros por un agente lo dejó inconsciente, provocándole múltiples fracturas en la cara y la nariz. “Inmediatamente noté un impacto terrible en la cabeza y me desplomé en el suelo”. Veinte años después sigue sin haber sido indemnizado y a pesar de identificar al presunto policía que supuestamente efectuó el disparo —el agente 77.804 declaró que él era el único que disponía de una escopeta con pelotas de goma y que hizo uso de ella— el Juzgado de Instrucción número 21 de Barcelona dictó un auto en el que se acordó el sobreseimiento provisional por la inexistencia de autor conocido. Nunca se llegó a celebrar el juicio.

En la actualidad no existe ningún registro oficial de víctimas de balas de goma en España que dé cuenta de la totalidad de personas muertas o heridas a causa del impacto de estos proyectiles. Eso conlleva a que hayan sido los ciudadanos organizados los que de manera independiente han llevado a cabo estos registros. En 2009 Carles y varios compañeros empezaron a contactar con las víctimas que iban surgiendo en Cataluña para realizar un primer rastreo y eso los llevo a crear la plataforma Stop Bales de Goma. “Uno de los documentos que se estudiaron en la Comisión fue el informe que nosotros realizamos, era el más completo que habían visto nunca los parlamentarios”, matiza Guillot haciendo referencia a la Comisión de Estudio de 2013 sobre Modelos de Seguridad Pública y Uso de Material Antidisturbios, en la que quedó aprobada la prohibición de las pelotas de goma por parte de la policía autonómica catalana. El caso de Ester Quintana, una mujer que perdió el ojo izquierdo en el contexto de una huelga general en 2012, y la muerte de Juan Andrés Benítez a manos de varios agentes de Mossos d’Esquadra a finales de 2013 en Barcelona, fueron decisivos para la creación de la Comisión y la aprobación de sus conclusiones finales.

El miércoles 21 de julio, el Parlament volvía a abrir las puertas para repensar el modelo policial de orden público. Esquerra Republicana, Junts per Cataluña, la CUP y En Comú Podem aprobaron crear una nueva comisión para que en el plazo de un año se discuta con expertos cómo abordar los pasos hacía una policía más transparente y respetuosa con los derechos humanos. A raíz de la actuación de los Mossos el pasado 16 de febrero, cuando una joven perdió el ojo por el impacto de una bala de foam, Amnistía Internacional (AI), junto al Centro de defensa de Derechos Humanos Irídia, hicieron llegar a los grupos políticos la necesidad de abrir un debate parlamentario para buscar herramientas de control que garanticen el derecho a la verdad, justicia y reparación a las víctimas de malas praxis policiales. Eduard Martínez, responsable de relaciones institucionales de AI, señala que ya en la legislatura pasada ambas organizaciones recogieron esta propuesta en una moción y que llega ahora, tras un preacuerdo que ERC y la CUP hicieron en plenas negociaciones para formar gobierno.

“El documento que se ha aprobado es un calco de la propuesta que nosotros hicimos y recoge la mayor parte de nuestro contenido”, señala Martínez mencionando la Resolución 50/XIV del Parlament, donde queda aprobada la nueva Comisión de Estudio. “Nosotros no entramos en el debate de qué modelo de gestión del orden público es mejor porque todos tienen sus riesgos y ventajas, lo que queremos son mecanismos de control y rendir cuentas de las malas praxis policiales”. Desde Amnistía Internacional proponen que se establezcan las bases para la creación de un organismo público independiente de investigación —así lo recomienda el Consejo de Europa— , como ya ocurre en otros países como en el Reino Unido, donde existe una Oficina Independiente de la Conducta Policial en Inglaterra o el Defensor del Pueblo para Asuntos Policiales en Irlanda del Norte.

Amnistía Internacional propone un organismo público independiente de investigación, como ya ocurre en otros países como en el Reino Unido

Marc Parés, diputado de los comuns, cree que la rendición de cuentas tiene que ser el elemento central que debe abordar la Cámara catalana y que podría ser un punto de encuentro entre los diferentes grupos parlamentarios. “La mayoría de los agentes no tienen ningún problema en que sus actuaciones estén supervisadas por un órgano externo. Al fin y al cabo es un mecanismo preventivo, si tú haces bien el trabajo no tienes ningún inconveniente”. En esta línea está la propuesta de Manuel Soler, fundador y coordinador legal del sindicato Agrupación Reformistas de Policías (ARP), que plantea un nuevo órgano procesal administrativo para el Cuerpo Nacional de Policía. Su objetivo es sustituir las actuales unidades de régimen disciplinario, encargadas de la instrucción de los expedientes sancionadores, por funcionarios no policiales licenciados en Derecho administrativo. “De esta manera, se conseguiría una independencia necesaria y le brindaríamos al cuerpo la posibilidad de una instrucción limpia y transparente para que fuera este organismo y no la Unidad de Asuntos Internos el encargado de trasladar estas investigaciones a nivel judicial cuando se trate de hechos punibles de delito”, detalla. “En la instrucción de muchos expedientes se designa a funcionarios que no tienen capacidad jurídica para evaluar estos asuntos”, añade.

Desde el sindicato se trasladó esta propuesta al titular del Ministerio del Interior, Fernando Grande-Marlaska, el 14 de julio de 2020, y la respuesta fue que se estudiaría y se adecuaría en el caso de realizarse una posible reforma. “Se agradece que te contesten en estos términos, pero ahora hace falta voluntad política, sino acaba siendo papel mojado. No hay más avances porque actualmente a los grupos políticos tampoco les interesa reformar la Policía”.

Un debate amplio

Parés mantiene que el debate debe de ser muy amplio y pone encima de la mesa las armas policiales. “Nosotros creemos que las herramientas altamente lesivas, como son las lanzadoras de foam, no se deberían de utilizar por parte de la policía democrática”. Desde En Comú Podem se ha propuesto una moratoria —a la fecha de publicación de este reportaje aún no ha sido votada— para prohibir su uso hasta que se emitan las conclusiones finales de la Comisión. Núria Picas, diputada del Parlament por Esquerra Republicana, añade: "Hay que revisar a fondo el uso de estos proyectiles. Existen casos que no nos han gustado nada, está claro". "El debate del Parlament nos tiene que permitir escuchar la voz de expertos y ver hacia dónde ir: si eliminarlas o si restringir su uso". Una discusión que ya se vivió en 2013 con las pelotas de goma, pero que ahora tras la presentación de un último informe se ha vuelto a poner a la luz la dimensión de los efectos que provocan estos proyectiles.

El impacto de las pelotas de goma

Desde el inicio de la Transición, en 1976, hasta la actualidad, al menos 23 personas murieron por las lesiones que producen los impactos de las balas de goma. La última víctima mortal del Estado español, Iñigo Cabacas, ocurrió en Bilbao en abril de 2012 en el marco de un evento futbolístico. Estas cifras incluyen los 14 migrantes que buscaban alcanzar a nado las costas del Tarajal (Ceuta), que fallecieron de manera indirecta después de recibir los disparos de la Guardia Civil para impedir que llegasen a territorio español. Este es el balance que recoge el último informe Stop Balas de Goma 2020 presentado por las organizaciones Irídia y Novact (Instituto Internacional para la Acción Noviolenta) el pasado mes de junio.

"El problema es que las investigaciones judiciales no son ni inmediatas, ni exhaustivas, ni independientes"

A pesar de que su uso está prohibido por los Mossos d’Esquadra (abril 2014), la Ertzaintza (abril de 2015) y la Policía Foral de Navarra (mayo de 2017), en los últimos veinte años 40 personas se vieron afectadas gravemente por el impacto de estos proyectiles. Sin embargo, lo que llama la atención es que en ninguno de los 40 casos documentados se ha condenado al autor material del disparo. Solo en una ocasión, el de Cabacas, se ha responsabilizado a un mando de la Ertzaintza con dos años de prisión y cuatro de inhabilitación por un delito de homicidio imprudente. En el caso de El Tarajal, la Audiencia de Cádiz decretó el sobreseimiento libre de la causa abierta contra 16 agentes de la Guardia Civil. En la actualidad el recurso de casación todavía no ha sido resuelto. “El problema es que las investigaciones judiciales no son ni inmediatas, ni exhaustivas, ni independientes. Los agentes continuamente están trabajando en los juzgados como policía judicial. Cuando se produce una denuncia contra algún funcionario del cuerpo la investigación queda influenciada por la relación que tienen estas dos instituciones”, especifica Martínez. Según el informe de Irídia sobre violencia institucional de 2020 existen 122 agentes investigados en Cataluña, 42 de ellos pertenecen al cuerpo de los Mossos d’Esquadra.

Clara Calderó, técnica investigadora de NOVACT y una de las redactoras de dicho informe, comenta que, tras la prohibición del uso de las pelotas de goma por parte de la policía autonómica de Cataluña, Euskadi y Navarra, en los tres casos se sustituyeron por una lanzadora de 40 mm de foam. Calderó detalla que este proyectil recibe su nombre por el tipo de espuma con el que está fabricado y que, a diferencia de las pelotas de goma, sigue un recorrido específico cuando es disparado. A priori deberían de ser menos peligrosas, pero matiza: “Se supone que el foam haciendo un buen uso, según los protocolos y las normativas internacionales, desde la distancia adecuada y disparando a las piernas, provocaría un grado de lesiones que se considera asumible, pero esto es un debate”. No obstante, no se ha demostrado que sea menos lesivo que la bala de goma. A la fecha de cierre del informe se han identificado al menos dos casos de mutilación del ojo por la utilización de este tipo de proyectil. Laura Medina es abogada especializada en Derecho penal y Derechos humanos, y la responsable del área de Derecho a la protesta de Irídia. En los últimos años ha vivido de cerca la opacidad que existe cuando hay que pedir pruebas a los Mossos d’Esquadra. “Es una práctica casi sistemática que no se identifiquen a los agentes. Cuando el juzgado les pide información para concretar los hechos, es habitual que respondan que no la tienen recogida o que directamente no la pueden dar. Muchos casos acaban archivados porque la vía penal necesita reconocer al autor y, es aquí donde empieza una misión imposible”.

Los supuestos de uso de este armamento se recogen en procedimientos normalizados de trabajo, circulares e instrucciones administrativas. Pero este conjunto de disposiciones es de difícil acceso a ojos del público. La Circular de 2013 sobre el Empleo de Material Antidisturbios de la Policía Nacional establecía que estas armas —las escopetas Franchi SPS 350 son las que emplea la Policía Nacional para disparar pelotas de goma— podrían ser utilizadas en ‘los términos recogidos en el protocolo de empleo progresivo de medios’ y contra individuos ‘cuya actitud entrañara un riesgo para policías u otros ciudadanos, o causaran daños materiales’. En cambio, en 2014 la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, constataba que no existe el ‘protocolo de empleo progresivo de medios’ al que se refiere la Circular de 2013. “Nuestra sospecha es que no había un protocolo como tal, sino recomendaciones de los fabricantes de cómo hacer uso”, apunta Martínez.

Una de las consecuencias de la visión monocular es la incapacidad de integrar las imágenes que recibimos a través de cada uno de los dos ojos en una sola en tres dimensiones

En cuanto al disparo, en la circular citada existe poca información detallada de cómo deben efectuarlo los agentes. Así lo especifica Calderó: “Sabemos por lo que manifestaron varios funcionarios de las Unidades de Intervención Policial en el marco de un procedimiento judicial, que la policía tiene instrucciones de disparar las pelotas de goma rebotando en el suelo. En contra de lo que marca la legislación internacional que lo prohíbe de manera explícita por el riesgo que supone la inexactitud y aleatoriedad de su trayectoria”. Además, “al tratarse de bolas fabricadas en caucho natural vulcanizado” sostiene que cuando son disparadas adquieren una forma más puntiaguda y una mayor capacidad de penetración si golpean partes del cuerpo delicadas como los ojos. Es significativo que en 18 casos, más de la mitad (69%), los individuos recibieron el impacto de una bala de goma en la zona de la cabeza, siendo el perímetro ocular el especialmente dañado, con 13 de 18 casos, según los datos facilitados en el informe. Esto contradice lo que marca la Guía sobre armas menos letales de la ONU que prohíbe disparar a la cabeza, el cuello, el pecho y la ingle.

Secuelas psicológicas

Las consecuencias de una visión monocular son muy extensas, más allá de las físicas. Entre ellas destaca la pérdida de visión estereoscópica, la capacidad de integrar las imágenes que recibimos a través de cada uno de los dos ojos en una sola imagen en tres dimensiones, con relieve y en profundidad. Eso conlleva importantes dificultades en la realización de tareas cotidianas, como expone Carles Guillot: “Ponerme agua en un vaso se convierte en un estorbo, así como subir o bajar las escaleras porque no veo a qué distancia exacta están los escalones ni los objetos”. Además de las secuelas psicológicas: “Yo me miro en el espejo y no veo a la misma persona. Esto te acaba afectando en las relaciones sexo afectivas al tener una sensación constante de si gustarás o no”.

Los proyectiles de foam

Medina recalca que en los últimos años han podido acceder a estas instrucciones gracias a los procedimientos judiciales de las víctimas, a preguntas parlamentarias de los diputados y por “filtraciones” de los sindicatos policiales cuando han escaneado estas disposiciones y las han subido a internet. Para la realización del informe, desde Irídia enviaron “una batería enorme de preguntas” en la que solicitaban al Ministerio del Interior las características de la escopeta de balas de goma, del proyectil, del reductor de energía, así como pruebas e informes realizados sobre los impactos. La abogada subraya que la respuesta de Interior fue de un solo párrafo: “se trata de documentos cuya divulgación puede acarrear un perjuicio grave tanto para la seguridad nacional como la seguridad pública”. “La transparencia es una herramienta de rendición de cuentas, pero es preventiva, solo si conoces la norma sabes lo que pueden hacer y lo que no”, añade Martínez. En la actualidad se desconoce si el Ministerio del Interior está trabajando en la prohibición del uso de este proyectil por parte de los efectivos de la Guardia Civil y la Policía Nacional. La última vez que se pronunció fue en 2019, cuando Marlaska trasladó al entonces consejero de Interior de la Generalitat, Miquel Buch, la intención de erradicar este armamento cuando finalizará el contrato público de su suministro. Para la realización de este reportaje se envió un cuestionario a Interior en el que se le preguntó expresamente si estaba estudiando la posibilidad de sustituir estos proyectiles. A la fecha del cierre de este reportaje aún no se ha obtenido respuesta.

En cuanto a la instrucción completa de las lanzadoras de foam que hacen uso los Mossos, Martínez señala que llevan “dos años sin conocerla” y que ahora por una “filtración periodística” de elDiario.es (mayo) han podido tener acceso a ella. El documento completo de 14 folios se ha subido un año y medio más tarde a la web de la Conselleria de Interior desde que lo reclamara el Parlament, y además fue en plenas negociaciones para formar gobierno en Cataluña. Entre la información que Interior ocultó a los grupos parlamentarios destaca el punto 5.4 de “Daños no deseados”, en el que se indica que el disparo se tiene que efectuar del “abdomen hacia abajo” y que únicamente podrá dirigirse contra la “extremidad superior” de una persona que muestre “un objeto arrojadizo [que no precisa], contundente o arma blanca”. Un elemento que podría ser significante en la investigación judicial abierta de la joven que perdió un ojo durante las protestas por el encarcelamiento de Pablo Hasel.

El marco normativo del uso de la fuerza

El uso legítimo de la fuerza por parte del Estado a través de los órganos de naturaleza policial carece generalmente de una adecuada regulación y en la actualidad no es objeto de discusión. Así lo sostiene Luis Ramón Ruíz, profesor Titular de Derecho Penal de la Universidad de Cádiz y director de la sección de Cádiz del Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología. “En España no existe una normativa general sobre el uso de la fuerza sin la utilización de elementos considerados como armas. Las intervenciones físicas y con armamento por parte de la policía se supeditan a una serie de principios abstractos recogidos en el artículo 5 de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (LOFCS), vigente con pocas reformas desde 1986, y sin la regulación que sería necesaria”. Ruíz explica que, para cubrir esta ausencia de reglas escritas, los Tribunales de Justicia evalúan el uso de la fuerza mediante la eximente de cumplimiento de un deber. Pero lo hacen a partir de estos preceptos generales y sin tener en cuenta los manuales de formación que han recibido los agentes. “Si solo existe una doctrina imprecisa que gira alrededor de los principios de proporcionalidad, congruencia y oportunidad, el ciudadano que reclame o solicite una indemnización está a expensas de que un tribunal interprete de manera más amplia o estricta la aplicación de estos principios”. “La Policía Nacional incumple muchas disposiciones por la falta de su desarrollo normativo, esto no es una novedad”, añade Manuel Soler representante del sindicato Agrupación de Reformistas.

Una dinámica judicial que se cristaliza en casos como el de Carles Guillot, en que el Juzgado objetó que no se podía identificar al autor del daño ocasionado y que, en caso de poder hacerlo, habría que eximirlo de responsabilidad por valorar que el agente intervino adecuadamente. “Cuando solicito en la vía administrativa una indemnización patrimonial, me la deniegan alegando que yo formo parte del movimiento okupa y los desalojos generan disturbios. Por tanto, si yo he ido de manera voluntaria a un desalojo, queda aceptado que a mí me pase lo que me sucedió. Esta es la valoración final que hace el Estado”, ilustra Guillot.

El modelo de gestión del orden público

La gestión del orden público conlleva un fuerte impacto social y económico, además de un elevado coste y desgaste tanto para la ciudadanía como para la propia organización policial. Esta es la conclusión a la que han llegado los expertos consultados para este reportaje. Solo en Cataluña entre 2017 y 2019 se han producido 18.200 movilizaciones, casi 17 de media por día. Así lo recoge el Infome d’Avaluació i Propostes de Millora en la Gestió de l’Ordre Públic presentado por los Mossos d’Esquadra en junio de 2020. Esta oleada de demandas sociales que ha vivido los últimos años Cataluña, con la utilización del espacio público como escenario de las protestas, ha sido aprovechada como una oportunidad para mejorar la gestión del orden público y adaptarlo hacia un modelo donde la mediación tiene un peso cada vez más importante. Asimismo, la nueva comisión de estudio será clave para redefinir el modelo catalán.

Jesús Rodríguez, periodista y editor de Directa, ha cubierto en los últimos años gran parte de las movilizaciones en Cataluña. “Los Mossos han optado por un modelo basado en la distancia con los manifestantes y que tenga pocos agentes”. En ese sentido, los policías argumentan que necesitan utilizar un abanico de armamento para poder asegurar ese espacio y evitar el contacto físico con los asistentes, señala Rodríguez. Este es el punto más conflictivo, a lo que Marc Parés añade: “Nos preocupa la respuesta policial con el modelo que tenemos actualmente, ya que tiende a generar una espiral de violencia. En lugar de frenar los episodios de desorden público, lo que hacen es acentuarlos por el uso de la fuerza”. Jacinto Soler, secretario general de la Federación de las Unidades de Intervención Policial (UIP), del Sindicato Unificado de Policía (SUP), sostiene que en general se actúa correctamente y que los protocolos son adecuados en las manifestaciones. “Se debería avanzar en endurecer las penas por delitos contra el orden público y sobre todo agravar la reincidencia”, apunta.Francesc Guillén Lasierra es profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y durante varios años ha sido el responsable de Investigación de la Escuela de Policía de Cataluña. Eso le ha permitido estudiar de cerca los modelos policiales que conviven en Europa y España. “El modelo es el ánima del cuerpo, son los valores y la filosofía que lo sustentan. Si tienes un modelo policial gubernativo tendrás un modelo de orden público normalmente contundente”. Para Lasierra, el cuerpo de los Mossos obedece a un modelo híbrido que incorpora diferentes elementos según la jerarquía y el área donde actúe. “Hay un modelo gubernativo, pero también te puedes encontrar con uno de proximidad en las zonas rurales o, el profesional en las categorías intermedias del cuerpo que son más independientes del poder político”. No obstante, señala que las últimas reformas para dar paso a la mediación lo han convertido en un modelo que se acerca más al comunitario, orientado al servicio público.

En Alemania se aplica una estrategia que equipara agentes y manifestantes con el objetivo de sacar únicamente de la concentración al grupo violento

Por otra parte, Lasierra cree que el problema de las últimas manifestaciones en Cataluña reside en que los antidisturbios trabajan muchos días sin descanso y con presión. “Empezaban a las cinco de la tarde y hasta la una de la madrugada aún tenías a gente en la calle”. A lo que agrega: “Cualquier agente que trabaje en la gestión del orden público debe tener mucho autocontrol. Cuando no has comido ni ido al baño durante horas, controlas mucho menos tus reacciones”. Solo en la semana del 14 al 20 de octubre de 2019, coincidiendo en el anuncio de la sentencia del procés, se registraron 877 movilizaciones en toda Cataluña.

Una mirada puesta en Europa

En otros países europeos como el Reino Unido, prima un modelo de proximidad que utiliza la fuerza en el menor grado posible y centra sus actuaciones bajo el lema Policing by consent (vigilancia policial por consentimiento). Esto viene a decir que la policía basa su legitimidad en tener la confianza del público, en lugar de imponer el orden por pura fuerza, esclarece Lasierra. “En el modelo inglés prima la contención, si hay un grupo muy violento lo rodean, y no dejan que entre o salga nadie hasta que la situación se calme”. Por el contrario, en Alemania se aplica una estrategia que implica la equiparación numérica de agentes y manifestantes con el objetivo de sacar únicamente de la concentración al grupo violento y permitir el derecho a la protesta del resto de ciudadanos. Aunque el experto en modelos policiales advierte: “Para poder hacer una intervención técnicamente correcta se necesitarían más agentes. Porque no es solo entrar y coger a los individuos violentos, es detenerlos, tomarles declaración y llevarlos a una comisaría. Y mientras haces todo esto, no estás delante de la manifestación”. Actualmente hay 500 antidisturbios en la Brigada Mòbil (BRIMO) y 1.000 en el Área Regional de Recursos Operatius (ARRO), según declaró el exconseller de Interior Miquel Buch en una entrevista para el diario ARA el pasado mes de marzo.

Aunque es difícil hacer una radiografía precisa de las estrategias de control policial que se están utilizando en España debido a la escasez de estudios en esta materia, Lasierra sugiere que predomina la incapacitación estratégica y que el uso de la fuerza vendrá determinado por el modelo de fondo. Una técnica de control de masas que tiene su origen en Estados Unidos y que ha sido desarrollada por varios autores, entre ellos, los académicos Patrick F. Guillham y John A. Noakes. En la incapacitación estratégica se distingue entre manifestantes convencionales y transgresores. En el caso de los segundos, la policía aplica selectivamente tácticas más duras y minimiza el riesgo para el propio cuerpo, al tratarse de un perfil de manifestante que usa formas de protesta impredecibles y a menudo ilegales al no negociar con la policía. En más de un 55% de los casos, las personas convocantes no comunicaron a las autoridades la voluntad de manifestarse en el periodo entre 2017 y 2019, según los datos facilitados por el informe de los Mossos.

“Cuando hay manifestaciones de sindicatos convencionales como UGT o Comisiones, el uso de la fuerza policial se tolera bastante, pero se si trata de grupos antimonárquicos o antisistema la cosa cambia”, expone Francesc. Desde una posición distinta Soler subraya que existe siempre un mismo patrón: “En varias manifestaciones hay un grupo violento que se escuda en la masa para atacar a la policía y así alterar el orden”. Sin embargo, el número de movilizaciones con incidentes entre 2017 y 2019 fue de un 10%, que disminuyó hasta un 5% en 2018. Asimismo, de las 877 concentraciones que se celebraron en la semana post-sentencia solo en el 19% de los casos (169 casos de 708), se registraron actos de vandalismo como quema de contenedores o corte de carreteras. Unas cifras que distan cuando se trata del número de detenidos, que en el mismo período (2017-2019) se registraron un total de 472 detenidos, la mayoría de ellos (74,5%) por delitos de desorden público. Además, se incrementaron en un 118% en 2019 con respecto al año anterior.

En los últimos diez años, el cuerpo de los Mossos ha ido incorporando reformas que lo han acercado hacia un modelo policial más próximo a países como Alemania, Reino Unido o Suecia. La llegada del Àrea de Mediació en 2011 fue clave para avanzar hacia una mayor proximidad con la ciudadanía y rebajar la escalada de violencia durante las manifestaciones. La mediación permite encuadrar un clima de confianza y diálogo entre los manifestantes, cómo sostiene Lasierra: “En muchos casos no te pones de acuerdo, pero sí puedes dejar claro hasta qué punto llegará la actuación de la policía. Y eso siempre acaba teniendo alguna influencia positiva”. La estrategia se desarrolló principalmente en Suecia a raíz de los disturbios de los grupos antiglobalización en la Cumbre de Gotemburgo de 2001.

Un cuerpo en continua mejora

Aunque es difícil conocer el funcionamiento interno de esta área, el cuerpo de los Mossos decidió no participar en este reportaje por la “sensibilidad” del tema, desde el gabinete de prensa explican que todas las unidades diarias del cuerpo —unidades de proximidad, de seguridad ciudadana y de orden público— incorporan esta “formación en mediación” y que se trata de “una herramienta policial más”. También indican que este diálogo se puede trabajar días antes de que se celebre una manifestación, y que su objetivo principal es “evitar el uso de la fuerza, priorizando la mediación”. No obstante, no se ha podido entrar en más detalle debido a que se trata de un asunto en el que “la discreción y el silencio” son la base clave de su éxito, sostienen desde el gabinete. Laura Medina, explica por la experiencia que ha tenido, que normalmente aparecen dos agentes vestidos de paisano o con el uniforme que buscan a una tercera persona que haga de interlocutora antes de que actúen los antidisturbios. “A veces no están y lo que hacemos nosotros es llamarles por teléfono para hacer la mediación cuando hay protestas de alta tensión”, aclara Medina.

Por otra parte, Eduard Martínez valora positivamente las comunicaciones entre Amnistía Internacional y los últimos gobiernos catalanes. “Ha sido una relación constructiva”, aunque matiza “en los últimos años nos hemos reunido con todos los directores generales de la Policía y con los consejeros de Interior, pero claro estos encuentros no siempre se han trasladado en cambios”. Sin embargo, destaca como fruto de este trabajo el nuevo número operativo policial (NOP), que identifica a los agentes de la Brigada Mòbil (BRIMO) y que se ha reducido de 9 a 6 dígitos, además de tener una visibilidad de 360º (aparece grabado con letras claras en los laterales del casco, y en las partes delantera y trasera de los chalecos que utilizan los antidisturbios). De esta forma, podrá ser memorizado con mayor facilidad. “Ahora faltaría completar la homogenización de esta identificación en todas las unidades de gestión del orden público”, matiza Martínez haciendo referencia a los agentes del ARRO. Además, destaca como otro punto clave la introducción en 2014 de las cámaras de videovigilancia en las salas de detención y de interrogatorio. “Es algo que beneficia tanto a la posible víctima como a los propios agentes de las denuncias falsas. Al principio mostraron muchas reticencias, pero en la actualidad sacan pecho y lo propagan en conferencias que tienen con otros cuerpos policiales”, concluye Martínez.

Desde otro ángulo, Núria Picas cree que se debe avanzar hacia un modelo policial basado en la "confianza mutua" entre "los cuerpos de seguridad, los servidores públicos y la ciudadanía". Además, que garantice que los casos de malas praxis policiales no pongan en duda todo el cuerpo. "Hay que potenciar la mediación y los trabajos de inteligencia, sobre todo en los casos que tengan una dimensión social muy grave". Sobre si hubiera que dotar al cuerpo de la BRIMO de más agentes responde que habría que ampliar la plantilla de los Mossos y afrontar la jubilación anticipada del cuerpo, pero no especifica si este aumento de agentes debería destinarse a las unidades de antidisturbios. "No le puedo responder esta pregunta ahora mismo", afirma. Carles Guillot va más allá y sentencia: “Desde Stop Bales de Goma y Ojo con tu Ojo creemos que es imprescindible que haya debates sociales sobre el modelo policial más allá de Cataluña, y que nunca más se sustituyan las balas de goma por las de foamfoam”. En la actualidad son cada vez más países los que deciden prohibir este armamento (pelotas de goma). Solo en Europa destacan Austria, Dinamarca, Finlandia, Irlanda, Noruega, Rumanía y Suecia, así como la gran mayoría de Estados de Alemania. "Si un policía sale con una pistola y dispara, y después puede ir a juicio, mi pregunta es: "¿A la próxima que salga preferirá coger la escopeta o la porra?", finaliza Guillot.

No es fácil fotografiar un fenómeno en movimiento, más aún cuando es múltiple y se presenta lleno de aristas difusas. Así ocurre con este agosto de botellones incívicos. ¿Qué hay en esa indiferencia hacia las medidas anti-covid? ¿Y en esos desenlaces con destrozos y disturbios, en ocasiones con vasos y botellas volando hacia la policía?

Una síntesis de los puntos de vista de los expertos consultados, de los campos de la psicología y la sociología, quedaría así. No cabe en absoluto asignar a la juventud en su conjunto una inclinación anímica por el incivismo o hasta la violencia por un ramillete de episodios, por más que su coincidencia haya sido llamativa. Eso sí, hay que tomar muy en serio el hecho de que a la urgencia "ocupar el espacio público" y "derrochar adrenalina", fenómenos propios de la juventud pero exacerbados ahora por las restricciones de la pandemia, se suma un "caldo de cultivo" perfecto para la "rabia". Es una rabia que no se expresa con fines políticos –aunque pueda ser defendida con coartadas políticas a posteriori–, pero que es indisociable de un oscurecimiento de las perspectivas de futuro. A ello se suma la grave herida psíquica infligida por la pandemia, acreditada por numerosos estudios, y un sistema de valores que prepara poco a los individuos para aceptar la "frustración".

Botellones incívicos

Veamos primero el fenómeno de los botellones que acaban en altercados. No es homogéneo. Presenta especificidades en cada ciudad. En Barcelona, el edil de Seguridad, Albert Batlle, ha lamentado una "explosión de incivismo" en las fiestas de Sants, donde hubo peleas y uso de potentes altavoces inalámbricos en plena calle. Quedó suciedad por todas partes, como constataban los vecinos cada mañana por el olor a orín. Las celebraciones acabaron con enfrentamientos entre jóvenes y policías durante el desalojo del botellón, en el que por supuesto la prevención ante el covid-19 brilló por su ausencia con masas apelotonadas y pocas mascarillas.

El País Vasco ha dejado estampas similares. Más de 40 jóvenes han sido detenidos en Sebastián durante las no-fiestas, es decir, durante los días de la suspendida Semana Grande. Hubo ataques a comercios y choques con la Ertzaintza. A lo largo del mes de agosto, se ha dado un fenómeno similar en San Sebastián, Hernani, Gorliz y Portugalete: grupos de jóvenes lanzando objetos a la Ertzaintza. "Vemos día tras día que hay atentados contra agentes de la autoridad. Hay una posición de agresividad que no habíamos visto", ha denunciado Roberto Seijo, secretario general del sindicato mayoritario del cuerpo policial vasco. En Euskadi, hechos así sobresaltan aún más, por su negro historial de violencia callejera. Pero tanto el lehendakari, Iñigo Urkullu, como su consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, han desvinculado los altercados de la "kale borroka" y los encuadran en un problema de "valores". "Son muestras de hedonismo insolidario e irresponsable", según Erkoreka.

Urkullu, para ilustrar que no es una cuestión de "ideologías", ha insistido esta semana en que fenómenos similares se dan en otros puntos de España. Y tiene razón. Ha ocurrido en lugares donde, a diferencia de Cataluña y País Vasco, no existe una asentada subcultura de enfrentamiento con la policía. En Noja (Cantabria) un macrobotellón derivó en un enfrentamiento de chicos de entre 16 y 21 años con la Guardia Civil, con al menos 18 detenidos. Los más resistentes, tras lanzar a los policías todo lo que tenían a mano, incluso intentaron cortar la carretera de acceso a la playa con contenedores de basura.

En Logroño también se torció el desalojo de un botellón cuando la Policía Local tuvo que detener a tres jóvenes por lanzarles vasos. La escena ha sido parecida, más grave y multitudinaria aún, en Pamplona. Las fiestas mayores de San Sebastián de los Reyes también han acabado con enfrentamientos contra agentes policiales. Es sencillo rastrear noticias del mismo tenor en diversas ciudades y poblaciones medianas y pequeñas. En Valencia, en junio, los altercados adquirieron la forma de vandalismo contra los chiringuitos.

La secuencia en torno a estos hechos suele seguir un guión previsible. Noticias impactantes. Declaraciones de condena. Protestas de los cuerpos policiales, que exigen más medios. Autoridades que –sin restar importancia a lo ocurrido– recuerdan que los violentos son una minoría. La oposición apañándoselas para culpar al alcalde. De fondo, dos discursos atraviesan el debate. Uno abunda en la crisis de valores y falta de respeto a la autoridad. Otro pone el énfasis en escasez de expectativas y la precariedad. Ya decíamos: es difícil fotografiar fenómenos en movimiento, sobre todo cuando –como señala una portavoz de la Policía Nacional a infoLibre– aún no hay datos que acrediten si se está dando o no un repunte de este tipo de violencia, al encontrarnos ante sucesos que pueden no salir de la contabilidad local.

"Es difícil dimensionar, saber si hay más disturbios o sólo son más noticiables. Hay que hilar fino", señala Bárbara Scandroglio, doctora en Psicología Social y profesora de la Universidad Autónoma de Madrid.

Así que tratemos de hilar fino para encontrar respuestas.

"Diversión" con "rabia"

Hay que empezar por delimitar. Como coinciden los expertos consultados, estas explosiones de conflictividad nocturna se encuentran aprisionadas entre dos fenómenos distintos, también de fuerte repercusión mediática y que complican su observación individualizada:

1) Las protestas con objetivo político, como las de febrero en apoyo al rapero encarcelado Pablo Hasél, que a menudo terminaban también con disturbios. Scandroglio destaca que, en las explosiones de este mes de agosto, se ve sobre todo un "derroche de adrenalina", que sólo "a posteriori" se justifica con "razones políticas" que en realidad no son determinantes.

2) Los ataques en grupo, en ocasiones con resultado mortal, cometidos en entornos de ocio juvenil pero que nada tienen que ver con una resistencia a un desalojo policial de un botellón. Aquí la doctora en Psicología Social puntualiza: "Es muy diferente el jóvenes contra jóvenes que el jóvenes contra policía. En el primer caso, hay una defensa el estatus del grupo y de sus miembros, un repliegue sobre los míos en defensa de la identidad grupal. Ahí sí veo una relación importante con la pandemia, que ha desdibujado el horizonte para muchos jóvenes, que vienen a decir: 'Me interesa menos el mundo, porque es un desastre, y me repliego sobre los míos'. Cuando el choque es con la policía, en cambio, el vínculo con la identidad es menor".

¿Qué hay entonces en esos botellones interrumpidos en seco por la policía que acaban como el rosario de la aurora? Scandroglio apunta dos respuestas. Una, "adrenalina". Es decir, pura "diversión", que luego puede ser justificada con otras coartadas. Dos, "rabia". Ganas de desahogo. Detrás de esa rabia, hay mucho.

Herida psicológica

La psicóloga afirma que le faltan datos para saber si hay una generación más violenta, extremo que pone en duda. "Es una hipótesis que siempre surge y nunca prospera", dice. De lo que sí está convencida es de que hay base de sobra para concluir que la reclusión por la pandemia ha cristalizado en las generaciones jóvenes en una mayor "necesidad de ocupar el espacio público". "No se trata de jóvenes pirados, sino de que hay un momento socialmente condicionado. Si te fijas, en las noticias de los altercados es difícil encontrar a un mayor de 25 años. Creo que las circunstancias ayudan a entenderlo. Hay una fuerte tensión psíquica en adolescentes y jóvenes, un sufrimiento psicológico acreditado ya por estudios".

En efecto, hay estudios. Los jóvenes entre 18 y 29 años son los que reflejan más fatiga pandémica de todos los grupos de edad, con un peor estado de ánimo, según el Estudio Social sobre la Pandemia Covid-19 presentado en febrero por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). La Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD) presentó en mayo un informe que desgrana conclusiones elocuentes. La reclusión ha provocado en los jóvenes un aumento de "emociones negativas", como la ansiedad: del 12,1% en marzo de 2020 al 22,6% cuatro meses después (+10,5 puntos). También suben el desánimo (+9,6 puntos) y ligeramente la incertidumbre, que es la emoción más común (28,9%). Las emociones que más se reducen son positivas: curiosidad (-20,2 puntos), entusiasmo (-11,3) y motivación (-6,8). Los padres también han notado un enrarecimiento del ambiente con la pandemia. Un estudio de Amalgama 7 y la Fundación Portal detectó un fuerte incremento del porcentaje de familias que han escuchado de sus hijos "malas contestaciones" (del 30,1% al 58,3%) e "insultos" (del 3,8% al 11,9%):

Ha habido más investigaciones a lo largo de la pandemia que muestran que el golpe psicológico sobre la juventud es mayor que sobre el resto de capas. El estudio Las consecuencias psicológicas de la Covid-19 y el confinamiento, elaborado por seis universidades, indica que los jóvenes se encontraban más irritados y angustiados que el resto. Y advertía el informe: “Los efectos psicológicos del confinamiento y la crisis sanitaria pueden aparecer demorados en el tiempo y presentar tendencia a cronificarse”. La herida psíquica ya se refleja en el sistema sanitario. Un dato: entre 2019 y de 2021 ha subido un 50% el número de ingresos psiquiátricos de adolescentes en el Hospital Universitario de Basurto, como hizo público en agosto el Observatorio Vasco de la Juventud. Profesionales de distintos hospitales y comunidades comparten una impresión similar, como en el caso de Madrid.

De modo que es innegable la huella psicológica de la pandemia, que además resulta difícil de disociar de los problemas socioeconómicos que aquejan a la juventud. La Enquesta sobre l'impacte de la Covid-19, elaborada en 2020 por el Centre d'Estudis d'Opinió, concluyó que los jóvenes eran los más pesimistas sobre su futuro y el de la economía. Otro estudio de la FAD de diciembre de 2020, en este caso junto la Fundación Pfizer, concluye que casi un 60% de jóvenes hasta 29 años cree que van a empeorar sus oportunidades de futuro. El 54% cree que tendrá que trabajar "en lo que sea", sin margen de elección. No parece el estado anímico más adecuado para mezclar con alcohol y masificación, tras un largo periodo de restricciones. Un cóctel perfecto.

"Caldo de cultivo"

Existe, en palabras de Ana Sanmartín, subdirectora del Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud de la FAD, un "caldo de cultivo" hecho de problemas sociales, falta de perspectivas y fatiga pandémica. E inmediatamente puntualiza: "Lo que vemos es llamativo, escandaloso. Puede asustar. Pero pensemos que los que protagonizan altercados son pocos". El problema, añade, es que la repercusión de la violencia eclipsa el problema de fondo, y es que "los que están frustrados no son pocos, son muchos, y tienen motivos". Martín cree que los jóvenes han sido los grandes olvidados de la pandemia y sólo se ha puesto el foco en ellos ante conductas violentas e incívicas.

"Estamos viendo una especie de profecía autocumplida. Llevamos toda la pandemia leyendo que los jóvenes son insolidarios, que se portan mal. En realidad, no ha sido así en la inmensa mayoría de los casos, pero esa idea ha servido para tratar la cuestión de los jóvenes únicamente como un problema de seguridad y orden público, ignorando que hablamos de generaciones entre dos crisis, que no han visto otra cosa que crisis, que no se pueden emancipar y tienen trabajos precarios, con lo que de los pocos especios que les hemos dejado son los de ocio", señala Martín, que anima "buscar respuestas" y no "culpabilizar". "No tengo una bola de cristal que diga si estos altercados van a ir a más, pero sí creo que tenemos que estar atentos y observar, por ejemplo, si ahora sube el consumo de drogas", concluye.

El sociólogo Mariano Urraco, especializado en juventud, advierte del riesgo de "confundir las imágenes con la realidad" y de sacar las conclusiones sobre generaciones enteras por comportamientos puntuales. A su juicio, en línea con la visión de Sanmartín, una cosa es la "frustración", enormemente extendida, y otra la violencia, minoritaria y cuyos protagonistas "utilizan torticeramente la coartada" de la pandemia y la falta de futuro. "Si ves las imágenes de los botellones con disturbios, no se puede concluir que sean los jóvenes más precarizados, en absoluto", dice.

Entre algunos jóvenes se está dando –razona Urraco– una recuperación "desaforada" de libertades que no han podido disfrutar durante meses, lo que en ocasiones deriva en actos violentos. El sociólogo sitúa el fenómeno en un sistema de valores que da "prioridad total a la satisfacción", sin preparar para la encajar la "frustración". Eso no significa, incide Urraco, que haya que minusvalorar las causas objetivas de frustración y malestar psíquico de los jóvenes. Pero a nada conduce, a su juicio, analizar las explosiones de violencia frente a la interrupción de un botellón como si fueran el síntoma evidente de la precariedad. "La generación entera está frustrada y no todos queman contenedores", dice.

"Se desprenden disfunciones e irregularidades en la gestión y el control de estos fondos reservados que habrían permitido su utilización ilícita, propiciando tanto la financiación de una operación policial intrínsecamente ilegal como el presunto enriquecimiento de altos mandos policiales". Así lo explica el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón en el auto en el que da por finalizada la investigación de la operación Kitchen, el operativo parapolicial puesto en marcha en 2013 para sustraer al extesorero del PP Luis Bárcenas documentación que podía afectar al partido conservador en la causa judicial que se había abierto sobre su financiación ilegal. Una trama en la que sitúa en el "vértice" al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y al que fue su número dos, Francisco Martínez, responsables de repartir ese dinero público.

Las palabras "fondos reservados" son una constante en el auto del magistrado. Las menciona no pocas veces para exponer la gravedad que supusieron los hechos investigados y para exponer el por qué del delito de malversación por el que propone juzgar a once imputados, todos ellos funcionarios públicos o cargos políticos que tuvieron responsabilidad sobre millones de euros de dinero público que en teoría debían financiar operaciones policiales que pueden afectar a la seguridad del Estado, no para satisfacer los intereses particulares de un partido político, intereses que, además, eran ilegales porque se pretendía sustraer pruebas de una investigación judicial. 

El magistrado no llega a cuantificar una cifra aproximada de cuántos fondos reservados se gastaron ilícitamente en la operación Kitchen, ya que el espionaje implica medios personales –los agentes que se destinaron, las horas que echaron, etc.– y materiales –vehículos, por ejemplo– que son muy difíciles de calcular. Sï explica que lo que ha quedado acreditado son los 2.000 euros al mes, más gastos, que estuvo percibiendo el chófer de Bárcenas, Sergio Ríos, por hacer de confidente para los comisarios que estaban liderando el operativo. Esto es, al menos 53.000 euros. A esto habría que añadir los 700 euros que costó la pistola que le facilitó el exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía Nacional Enrique García Castaño, más el material informático que éste habría cargado a esos mismos fondos.

Los sucesivos escándalos de uso fraudulento de fondos reservados que se hicieron públicos en la primera mitad de los noventa llevaron al Gobierno de Felipe González a promulgar en 1995 una nueva Ley reguladora de la utilización y control de los créditos destinados a gastos reservados, así como una posterior orden ministerial del entonces jefe de Interior, Juan Alberto Belloch, con las normas internas de gestión, documentación que obra en el sumario de la operación Kitchen. En esa orden se deja muy claro que “toda la información relativa a los créditos destinados a gastos reservados, así como la correspondiente a su utilización efectiva, tendrán la calificación de secreto”.

Nadie duda de que operaciones como las que se sufragan con gastos reservados no deben ser de dominio público, pues se trata de operativos antiterroristas o relacionados con la seguridad del Estado. Sin embargo, lo que la Kitchen ha revelado es que la orden ministerial no ha servido para evitar que personas concretas manejen irregularmente unos fondos que en 2020 alcanzaron los 27,86 millones de euros, cantidad que se mantiene en los Presupuestos de 2021. Según la investigación de la trama parapolicial, Sergio Ríos habría cobrado los 2.000 euros al mes justificados con recibís rellenados y firmados a mano, un modo de hacer no poco sorprendente teniendo en cuenta que hablamos de un ministerio tan sensible, una documentación que la Fiscalía Anticorrupción constata que "no se ajustaba a la normativa legal que regulaba esos fondos desde 1995".

Se daban los fondos antes de comprobar para qué

En el auto que pone fin a la instrucción, el juez García Castellón destaca que la normativa reguladora de los fondos reservados "atribuye las funciones de su control al ministro del Interior y por delegación a la Secretaría de Estado de Seguridad". Y su conclusión de todo lo investigado es que la documentación que se remitía a la Secretaría de Estado para sufragar la operación Kitchen "no se ajustaba a la normativa legal" por varios motivos. En primer lugar, desde el departamento que dirigía Francisco Martínez "se libraban los fondos antes de comprobar la documentación que se remitía desde la Dirección Adjunta Operativa" (DAO) que en aquel momento gestionaba Eugenio Pino.

Asimismo, se abonaban fondos reservados mensualmente al comisario jefe de la UCAO, que "en ningún caso era una unidad autónoma receptora de fondos reservados, con independencia de los fondos que podía recibir su unidad en la Comisaría General de Información". El dinero que recibía García Castaño, que tenía una cuantía fija, "no estaba vinculado a ninguna necesidad operativa concreta y el uso de estos fondos nunca fue justificado documentalmente por su destinatario". Las entregas estaban autorizadas "verbalmente" por Eugenio Pino. El descontrol, por tanto, era total.

García Castaño ha manifestado en varias ocasiones ante el juez que Martínez conocía estos hechos. El instructor reconoce que no se ha podido acreditar este extremo –que el ex número dos de Interior niega–, pero sí relaciona al ex secretario de Estado con "otro gasto directamente vinculado con la operación ilegal", la compra de un ordenador y de una pistola para Ríos "con cargo a fondos reservados", por un recibí en el que constan "1.905,82 euros, compra material informático para S.E." y "700 euros, compra pistola para cocinero", aparte de los 2.000 euros mensuales.

El exjefe de la UCAO es uno de los principales investigados en la macrocausa Tándem y su patrimonio y cuentas bancarias ha sido escrutado por los investigadores por supuestamente ser uno de esos mandos policiales que se habrían enriquecido ilícitamente. Pero no sólo por los fondos reservados de la operación Kitchen, sino por participar activamente en los negocios privados de Villarejo por los que habría percibido comisiones. En un informe del año pasado incorporado al caso, se le atribuyen ingresos en efectivo durante más de una década que suman más de medio millón de euros.

No sólo el exjefe de la UCAO aparece relacionado en la operación Kitchen con el gasto de este dinero público para fines ilícitos. En el desarrollo de la operación ilegal, prosigue el juez, "al menos en una primera fase habrían participado funcionarios de la Unidad de Asuntos Internos, bajo el mando del comisario Marcelino Martín Blas, quien, al parecer, sabría de los verdaderos objetivos de la operación y habría dispuesto de fondos reservados autorizados para uso de la Unidad de Asuntos Internos para el pago del colaborador Sergio Ríos, entregándoselos materialmente y sin ningún control ni resguardo documental a José Manuel Villarejo". Posteriormente, Martín Blas "habría dejado paso a García Castaño, quien habría encomendado a la unidad especial de Seguimientos de la UCAO las vigilancias y los seguimientos".

Permitido por Martínez, cono conocimiento de Fernández Díaz

Según García Castellón, "una vez desclasificada la documentación relativa a los pagos efectuados a Ríos, se ha podido comprobar que la solicitud mensual de asignación de fondos reservados se elevaba desde la Dirección Adjunta Operativa a la Secretaría de Estado de Seguridad". Las peticiones "no cumplían con la normativa interna del Ministerio del Interior sobre gestión y control de los fondos reservados, que exigía que se tenían que adjuntar una serie de documentos acreditativos del uso de los fondos asignados en la mensualidad anterior, y que en esos documentos constaría la designación de la operación policial concreta para la cual se solicitan fondos de carácter reservado extremos que no se cumplía en este caso". 

Así, lo que concluye el magistrado es que la Secretaría de Estado que dirigía Martínez libraba los fondos reservados antes de comprobar y verificar la documentación que se remitía desde la Dirección Adjunta Operativa, pese a que no se ajustaba a la normativa legal que regulaba la gestión de estos fondos a partir de 1995". "Esta irregular entrega de fondos reservados era permitida por el secretario de Estado de Seguridad, con el conocimiento del ministro del Interior", afirma en el auto, razón por la cual propone juzgar a los dos por malversación, entre otros delitos.

Sobre este modo de actuar fueron muy reveladoras las declaraciones en calidad de testigos que prestaron en sede judicial José Manuel Benavides, secretario general de la Dirección Adjunta Operativa (DAO) a lo largo de siete años hasta el otoño de 2013, y su sucesor, Enrique Lacasa. Una forma de trabajo, y aquí está lo preocupante, que no enmarcaban en la operación Kitchen, sino en el quehacer general de esos años en la DAOoperación Kitchen.

Según Benavides, “las unidades operativas comunicaban a la secretaría general la cantidad que necesitaban para el mes siguiente” y ese dinero era el que él solicitaba a la Secretaría de Estado de Seguridad. El que entregaba los fondos era el director del Gabinete de Coordinación y Estudios, cargo que desempeñó el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos durante parte del tiempo en el que se extendió la operación Kitchen. Los fondos se entregaban en metálico y el propio Benavides firmaba el “recibí”, tras lo cual los repartía a las unidades que los habían reclamado para sus operaciones. Pérez de los Cobos gestionaba los seis millones de euros que aproximadamente maneja Interior –según cifras del propio coronel–, pero aseguró al juez que no conocía el pormenor de las operaciones. Declaró como testigo en noviembre de 2020 y en el auto de cierre de la causa no aparece por ninguna parte en el relato de hechos.

De la explicación de Benavides y Lacasa se desprende que nunca tenía el detalle del destino del dinero. Lo que hacía era justificar lo solicitado en un libro de contabilidad, pero sin especificar para qué. Los dos subrayaron este detalle: “Ni quería saber ni preguntaba para qué era ese dinero”, dijo el segundo. Lo que se pedía, lo que se recibía de Interior y lo que se gastaba era apuntado en un libro de contabilidad con conceptos genéricos que impiden saber si el dinero reclamado era gastado en el desarrollo de las operaciones para las que en teoría iba destinado.

Miguel Ángel Bayo, asesor jurídico de la DAO durante más de treinta años que declaró como testigo, confirmó este modo de hacer: “Te dan cuarenta y tienes que responder de cuarenta. Y que cada palo aguante su vela”, dijo sobre el funcionamiento de la salida y entrada de fondos reservados, que gestionó durante un tiempo tras la jubilación de Lacasa, en referencia a que no se daban detalles del destino del dinero.

La trama en la cárcel y el falso cura

Esto es lo que ha permitido revelar una investigación que ha estado abierta casi tres años. En los últimos meses, se descubrió también que el operativo parapolicial llegó hasta la cárcel de Soto del Real en la primera etapa en la que Luis Bárcenas pasó entre rejas tras la apertura de la causa de la contabilidad irregular del PP en 2013. La finalidad era seguir la pista de una grabación que tendría Bárcenas escondida y en la que se escucharía al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y al ex secretario general del partido Javier Arenas hablando de esa caja b, para lo cual los mandos policiales implicados habrían seguido el rastro de presos con los que habría contactado el extesorero en la prisión. A uno de ellos, Bárcenas le encargó supuestamente que destruyera esos audios, ya que en aquel momento el PP y él mantenían un pacto de no agresión en los tribunales.

García Castellón ve acreditado que a principios de 2014, Sergio Ríos informó de que un preso llamado Isidro Sánchez Suárez "podría tener en su poder las claves que facilitarían el acceso unos archivos a los que pretendería acceder siguiendo instrucciones de aquel". Con la "coordinación activa del secretario de Estado", y gracias a la información facilitada por Ríos, García Castaño y Villarejo "lograron impedir este acceso".

La Fiscalía Anticorrupción había solicitado al magistrado que alargara el plazo de instrucción para, entre otras cosas, tratar de determinar cuánto de los fondos reservados se destinó a esta parte de la trama, sobre todo a saber a qué otros colaboradores se habría recurrido en la prisión y si se les pagó por ello. Pero García Castellón considera que ya se han acometido las diligencias necesarias para ello y no han llevado a una conclusión.

Tampoco ve necesario seguir indagando en el asalto al domicilio de la familia de Bárcenas de Enrique Olivares, conocido como el falso cura, que cumple pena de prisión por el secuestro. Por un lado, el juez recuerda "no se encuentra en condiciones psíquicas" para declarar y considera que el planteamiento de los fiscales de que podría haber estado “bajo el control de otros servicios de seguridad" es de una "amplitud y generalidad" que "impiden un pronunciamiento específico, dado que parece referirse a acontecimientos que ni son objeto de esta pieza ni parecen guardar vinculación alguna con la misma".

Enero de 2013, publicación en el diario El País de los papeles de Bárcenas. Después, apertura de diligencias en la Audiencia Nacional que llevaron a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional a elaborar un informe al respecto. Al frente de estas pesquisas, el inspector Manuel Morocho, que acaba de revelar toda clase de "presiones" y maniobras de sus superiores para que borrara de ese informe los nombres de altos cargos del PP que aparecían en la documentación de la caja b que había elaborado el extesorero del partido. El policía, entonces, optó por incluirlos en un anexo que también entregó al juez instructor, entonces Pablo Ruz. En el informe principal apenas aparece el nombre del expresidente Mariano Rajoy; en el anexo, un total de 44 veces.

Este fue sólo uno de los numerosos ejemplos que Morocho relató al juez Manuel García Castellón esta misma semana dentro de una estrategia más parecida a obstaculizar la investigación de la caja b del PP que a facilitarla. Y detrás de estas maniobras, el inspector citó varios nombres, algunos de sus entonces jefes en la UDEF, incluido el comisario principal José Luis Olivera, quien había sido máximo responsable de la unidad policial. Estas revelaciones han llevado a la imputación de Olivera, a quien el magistrado que investiga la operación Kitchen sitúa como uno de los comisarios a quien el ex director adjunto operativo (DAO) Eugenio Pino habría encomendado en 2013 "el desarrollo de labores operativas para obtener" del chófer de la familia Bárcenas, Sergio Ríos, "información que les permitiera sustraer de algún lugar cerrado documentación comprometedora para el PP y para altos cargos del mismo". Las agendas del comisario jubilado José Manuel Villarejo revelan que previamente habría participado en una estrategia del PP para "salvar" en 2012 al extesorero en el caso Gürtel.

Primero había que "salvar al tesorero". Meses después se puso en marcha un "plan contra LB" (Luis Bárcenas), según los apuntes de Villarejo que llevaron a García Castellón a citar como testigo a Morocho. En más de tres horas de comparecencia, reveló la imposición de sus jefes para que no incluyera en el informe que debía entregar a Ruz los nombres de altos cargos del PP como Mariano Rajoy, María Dolores de Cospedal, Ángel Acebes o Javier Arenas: "Simplemente se puso que había personas vinculadas a la formación política, no se expresó quienes eran, no me dejaron que se pusiera". El inspector, según explicó, optó por incluirlos en el anexo V, un documento de 40 páginas titulado "Análisis correlacional con la documentación contable de la formación política", en el que figuran las anotaciones de Bárcenas con las entradas y salidas de dinero de la contabilidad b que manejó durante casi veinte años.

"Mariano se infiere que es Mariano Rajoy Brey"

En ese anexo, consultado por infoLibre, el nombre de Mariano Rajoy se repite un total de 44 veces, incluidas las alusiones que hizo Bárcenas y la explicación que dan los investigadores. Por ejemplo, el extesorero apuntó en una entrada "1º semestre Mariano" y a continuación, en la casilla de "salidas" anotó "12.600". Después, la UDEF recalcaba que “Mariano se infiere que es Mariano RAJOY BREY"Mariano. Así en todas las ocasiones en que el nombre del expresidente sale a relucir en los papeles de Bárcenas.

El informe data de 2013 y años después la caja b del PP ha sido acreditada por sentencias tanto de la Audiencia Nacional como del Tribunal Supremo, pero a día de hoy el expresidente del Gobierno sigue negando su existencia. Como Rajoy, también se desmarcan de los papeles de Bárcenas otros exdirigentespapeles de Bárcenas como José María Aznar, Cospedal, Arenas, Acebes o Álvarez-Cascos. Los tres últimos también aparecen en el anexo V: Arenas, un total de doce veces; Acebes, catorce, y Álvarez-Cascos, cinco. 

"A mí se me conminó a que no pusiera en el cuerpo del informe ningún nombre de responsables políticos, concretamente se me expresó el nombre de Mariano Rajoy, no querían que apareciera en el cuerpo del informe su mención", aseguró Morocho al juez García Castellón en su declaración del pasado lunes en la Audiencia Nacional, a la que ha tenido acceso infoLibre de forma íntegra. De ahí que se decantara por incluirlos en el anexo: "Se trató de que en ningún momento estableciera una vinculación entre los pagos a dirigentes políticos del PP y esas salidas de fondos anotadas en esa contabilidad. Aspectos sustantivos que tuvimos que limar, buscar la manera en la que pudiéramos aportar esos resultados de una manera menos directa, pero sin permitir que dejaran que aflorar".

Pero no sólo eso. Se le "conminó" además a que "desvalorara los documentos que sacó El País" y que plasmara en sus informes la estrategia que estaba exponiendo el PP ante la opinión pública, que la única financiación del partido era la aportada al Tribunal de Cuentas y que los papeles de Bárcenas eran del extesorero, no del partidopapeles de Bárcenas. La misma maniobra que han desplegado en el reciente juicio por el pago en negro de la sede central del PP en la calle Génova tanto el abogado de la formación como los ex altos cargos que han comparecido como testigos. "Yo dije que no", explicó Morocho.

Eliminar la relación con el delito de cohecho

El informe tras la publicación de los papeles de Bárcenas es de los primeros que el equipo de Morocho ha elaborado en la causa sobre la caja b del PP que aún sigue instruyéndose en el Juzgado Central de Instrucción número 5 que ahora dirige Santiago Pedraz. En este marco, el magistrado tomará declaración al propio extesorero el próximo 16 de julio a raíz de que éste enviara un escrito hace pocos meses en el que aseguraba que Rajoy era "perfecto conocedor" de la contabilidad opaca. La caja se nutría, según Bárcenas y según sospechan también los investigadores, de donativos que procedían de "personas relacionadas con empresas beneficiarias de importantes adjudicaciones públicas".

En esta causa se investiga un posible delito de cohecho, pero en 2013 al inspector de la UDEF se le indicó por parte de sus superiores que "eliminara aquellos elementos que metodológica e indiciariamente pudieran relacionar las adjudicaciones de obras públicas a las empresas que aparecían como donantes".

Debido a todas estas órdenes que iba recibiendo Morocho, el informe estuvo "más de veinte días" retenido en la UDEF sin poder entregarlo al juez Pablo Ruz. No obstante, éste estaba "permanentemente informado" de lo que ocurría y en todo momento le transmitió al inspector la directriz de que su trabajo "no podía ser sometido a cambios" que pretendieran modificar la "carga indiciaria", tan sólo que obedecieran a instrucciones técnicas". "Se me incidía sobre elementos nucleares de la investigación, pero yo no construyo cosas que no existen", afirmó el policía.

La intención en todo momento, concluyó Morocho ante la estupefacción del juez García Castellón por lo que estaba escuchando, era que "la autoridad judicial", esto es, la Audiencia Nacional, no tuviera conocimiento de los resultados de la investigación de la UDEF y así "le impidiera adoptar decisiones sobre los hechos". ¿Y quiénes le hacían todos estos requerimientos? "Toda la cadena de mando", que iba desde el comisario general de Policía Judicial José García Losada al que fuera jefe de la UDEF Manuel Vázquez y a sus superiores directos.

Las negativas del inspector a cumplir las indicaciones de sus superiores sobre este informe fueron reflejadas por el comisario jubilado José Manuel Villarejo en uno de sus cuadernos en los que apuntaba escrupulosamente encuentros, conversaciones o información que le llegaba. "Aviso de problemas sobre el último informe de MOROC", anotó el 29 de abril de 2013 tras, supuestamente, hablar con José Luis Ortiz, el entonces jefe de gabinete de Cospedal. 

Agentes adscritos al Grupo de Delitos Tecnológicos de la Policía Judicial de la Jefatura Superior de Policía de la Rioja, alertan de un tipo concreto de Estafa, a través de la aplicación de Bizum. La clave de su éxito está en la inmediatez y la sencillez de los pagos, por ejemplo entre particulares se puede pasar dinero en 3 segundos. Cuando la cantidad es pequeña o la persona a la que se le pasa dinero es habitual, hay bancos que no solicitan ningún pin extra. Pero si en grandes cantidades. Lo habitual es que Bizum envíe un mensaje con un código al interesado que tiene que introducir para poder cerrar la operación.

La cantidad máxima que se puede enviar al día es de 1.000 euros, pero se puede recibir hasta 2.000 euros. Precisamente la rapidez en los envíos y estas pequeñas cantidades han hecho de Bizum un blanco fácil y ahora se ha visto envuelto en diferentes modalidades de estafa.

Una de las modalidades más extendidas de estafa, denunciada esta misma semana en la Jefatura Superior de La Rioja, es el procedimiento mediante el cual un supuesto comprador, en este caso de un vehículo, se puso en contacto con el vendedor del mismo, manifestándoles que estaba interesado en su compra, indicándole que le pagaría en "concepto de reserva" la cantidad de 400 euros a través de la aplicación Bizum, Bizumaceptando el vendedor el procedimiento, si bien el supuesto comprador en vez de realizar el pago, en su lugar envía una solicitud de dinero con el objetivo de que su víctima sea quien envíe dicho importe, aceptándolo el vendedor y transfiriendo la cantidad de 400 euros al comprador.

Posteriormente el vendedor al darse cuenta del error intenta contactar con el comprador y éste no da señales por lo que no tiene forma de que se le devuelva el dinero, acudiendo a estas dependencias policiales con el objetivo de interponer denuncia.

Otro de los ejemplos más extendido es en que las víctimas reciben una llamada de teléfono desde su compañía telefónica (supuestamente) para rebajarles la factura u ofrecerles regalos. Si aceptaban la oferta, tienen que facilitar sus cuentas bancarias o tarjetas. Después los estafadores asocian esas tarjetas o cuentas a Bizum. Como se necesita un número PIN para hacer las operaciones tiene que conseguir que las víctimas se lo faciliten de manera inconsciente, creyendo que es un código para activar la oferta de la operadora. Una vez que disponen del número de teléfono, cuenta o tarjeta y el PIN, se realizan las transferencias.

Los estafadores persuaden a los clientes para que se les facilite sus credenciales bancarias, "abusando de su buena fe". Y con ellas, posteriormente, operan en su nombre, haciendo transferencias desde sus cuentas o con Bizum según el caso.Bizum

Consejos para evitar caer

Es muy fácil seguir ciertas recomendaciones para que los criminales no te engañen: Si se han facilitado datos bancarios, se debe contactar directamente con el banco para tomar las medidas de seguridad que correspondan y así evitar que se realicen cargos adicionales.

Vigilar regularmente qué información existe en Internet sobre uno mismo para detectar si los datos privados podrían ser utilizados sin consentimiento.

En caso de haber instalado algún programa por indicación del supuesto operador, es aconsejable desinstalarlo y analizar el dispositivo con herramientas de desinfección para evaluar que realmente no existe ningún riesgo. Presentar una denuncia en la Jefatura del Cuerpo nacional de Policía más cercana.

Estafa del envío del paqueteenvío del paquete

"Buenos días, estimado cliente: Su pedido se entregó el xxx en el punto de recogida. Consulte donde puede recoger sus paquetes: Enlace." Se recuerda desde la Jefatura Superior que nuevamente se está recibiendo la estafa consistente en recibir un SMS en el que avisan de la recepción de un paquete suplantando a una empresa logística e invitan al receptor a instalarse una app para saber dónde, supuestamente, está el paquete. (Correos, FedEX, DHL, etc).

Una vez que este troyano infecta los terminales, se establece como aplicación por defecto para SMS para así poder controlarlo, acceder a la agenda de contactos y provocar el reenvío automático de mensajes de tipo SMS. Las personas que son infectados con este tipo de malware, envían sin que se percate el titular del teléfono, un SMS a todos los contactos de su agenda un mensaje simulando una empresa de paquetería con un enlace. Los receptores reciben el mensaje a su nombre (con el que figura en los contactos del infectado) y si proceden a introducir los datos requeridos a través del enlace, quedan también infectados, existiendo la posibilidad de que, dependiendo del mensaje, los datos que ha introducido sean bancarios y sufran, a posteriori, algún cargo en tarjeta o accesos a su banca online.

Otra modalidad, muy similar a la anterior, es la de envío de un SMS falseados enviados a los teléfonos móviles de los ciudadanos sobre un paquete pendiente de recogida, que contiene un enlace cuya consulta desencadena la descarga de una aplicación maliciosa destinada a acceder a los datos del terminal.

En este caso, el mensaje advierte que el receptor tiene unas horas para confirmar el envío a través de un mensaje de móvil, ya que de lo contrario, se devolverá al remitente. Tras ello, se recibe un supuesto código que habrá que enviar a una supuesta dirección de correo electrónico. Finalmente, resulta ser una suscripción ilícita a servicios Premium de pago en diversas webs que se traducen en cargos fraudulentos en las tarjetas bancarias o recargos en las facturas de telefonía por recepción de mensajes SMS premium.

La Policía Nacional ha detenido en Granada a tres personas por su presunta relación con el terrorismo de corte yihadista en una nueva operación bajo la coordinación de la Audiencia Nacional, han informado a Europa Press fuentes policiales.

La operación, según ha avanzado El Ideal de Granada, se desarrolló con el apoyo de los especialistas del Grupo Especial de Operaciones (GEO) y está vinculada con la organización terrorista de Estado Islámico (Daesh). Según ha adelantado por este diario, las detenciones se han efectuado en dos domicilios situados en el norte de la ciudad durante a madrugada con la presencia de efectivos del Grupo Especial de Operaciones (GEO) de la Policía Nacional, y los investigados son árabes sin permiso de residencia.

Los tres supuestos terroristas residentes en Granada pasarán a disposición del Juzgado Central número 5 de la Audiencia Nacional en las próximas horas. Se trata de una operación de la Comisaría General de Información que continúa abierta, según señalan las citadas fuentes.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha dado un plazo máximo de 10 días al Govern catalán para reanudar la vacunación contra el covid-19 a policías y guardias civiles y alcanzar "la misma proporción" de agentes vacunados que en el cuerpo de Mossos d'Esquadra.

En un auto consultado por Europa Press, la sección III de la Sala Contenciosa estima las medidas cautelares que reclamaron los sindicatos Jupol y Jucil para que la Conselleria de Salud incluya a los agentes de Guardia Civil y Policía Nacional en el plan de vacunación. "No parece razonable que a estas alturas, habiéndose vacunado el grueso de los cuerpos policiales catalanes, se siga relegando a los miembros del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil con destino en Cataluña", reprochan los magistrados en el auto.

También ordenan que, dos días después de acabar el plazo de 10 días, la Conselleria de Salud —que puede recurrir esta decisión los próximos cinco días— le envíe un informe sobre el cumplimiento de esta medida.

El tribunal considera que el hecho de que los agentes de entre 60 y 65 años ya hayan sido vacunados —por su edad y no por su empleo— no afecta a los motivos del recurso, en el que Jupol y Jucil alegaron vulneración del derecho a la igualdad y a la no discriminación, que la Generalitat negó en su escrito.

Resalta los "elocuentes datos" sobre la vacunación a cuerpos policiales en Cataluña: el 24 de marzo, se había vacunado al 77% de los mossos, al 68,9% de agentes de policías locales y al 77,9% de efectivos de la Guardia Urbana de Barcelona; frente al 3,6% de policías nacionales y al 2,8% de guardias civiles en Cataluña.

"No son necesarias demasiadas pruebas para entender que la demora en la vacunación de los funcionarios de los cuerpos y fuerzas de seguridad que están en activo puede situar a tales funcionarios en una situación de riesgo para su salud (incluso de riesgo grave o irreparable) superior a otros grupos de población", dicen los magistrados al justificar esta medida cautelar.

Señalan que, a la espera de estudiar el fondo del asunto en la sentencia, aprecian "una apariencia de discriminación en perjuicio de los funcionarios de la Policía Nacional y de la Guardia Civil", basándose en los porcentajes de vacunación en cada cuerpo policial.

Los jueces afirman que esta medida "no tiene por qué traducirse en un perjuicio para otros grupos de población", teniendo en cuenta la llegada de nuevas remesas de vacunas y que en Cataluña hay un contingente reducido de Policía Nacional y de Guardia Civil.+

El Govern critica la interferencia del TJSC y niega "discriminación" 

La consellera de Salud de la Generalitat en funciones, Alba Vergés, ha lamentado este martes que TSJC "interfiere" en la estrategia estatal de vacunación del covid-19. "Una vez más los tribunales interfieren en la gestión de la pandemia", ha criticado Vergés, que ha argumentado que la estrategia de vacunación es estatal y que ahora está focalizada en la administración de dosis por edades.

Vergés ha recordado que se empezó a vacunar con AstraZeneca a los colectivos esenciales pero se paró tras la suspensión cautelar de dicha vacuna y, cuando se retomó, pasó a ser a mayores de 60 años.

"No lo hemos decidido sólo nosotros, qué se paraba y de qué manera se paraba", ha insistido la consellera, que ha añadido que han parado la vacunación de todos los colectivos esenciales menores de 60 años y, a su juicio, esta excepción con los policías nacionales y guardias civiles no es adecuada.

La portavoz del Govern en funciones y consellera de Presidencia, Meritxell Budó, ha negado que haya habido "discriminación" alguna en la vacunación de policías y guardias civiles en Cataluña, y ha explicado que están estudiando cómo dar cumplimiento al auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para vacunar en los próximos diez días estos colectivos en la misma proporción que mossos.

En rueda de prensa telemática posterior al Consell Executiu, ha apuntado que se genera una "contradicción" entre lo que establece el auto del TJSC y lo que marcan las directrices estatales en materia de vacunación según las franjas de edad, y por ello la Conselleria de Salud estudiará como compatibilizar ambas cuestiones.

Según Budó, sí se inició un plan de vacunación para agentes de la Policía Nacional y de Guardia Civil en Cataluña, aunque se hizo "un poco más tarde que la de los Mossos porque se dispuso antes" de los datos de la policía catalana.

"No es Cataluña quien frena la vacunación, es el Estado quien frena toda vacunación con Astrazeneca. Y cuando se retoma la vacunación con Astrazeneca sólo se hace para los colectivos que tienen entre 60 y 69 años", ha recalcado.

Por ello, asegura que no ha habido "discriminación" y que la decisión de parar la vacunación con Astrazeneca afectó a todos los colectivos esenciales. "No se vacuna a maestros, mossos, a agentes rurales, a guardias civiles ni a policías nacionales. No hay ninguna discriminación. Cuando se autorice esta vacuna para estos colectivos, la podremos retomar", ha destacado.

Tras indicar que el Gobierno fija los criterios de vacunación, Budó ha asegurado que la Generalitat no puede gestionar a quién y de qué manera administra las vacunas.

Sindicatos de Policía agradecen que "se haga justicia" 

La secretaria regional del sindicato de Jucil de la Policía Nacional y la Guardia Civil, Milagros Cívico, ha agradecido que "se haga justicia" y que el TSJC haya dado un plazo máximo de 10 días para que se inicie el proceso de vacunación a los agentes de los dos cuerpos.

Según ha explicado en un vídeo, el TSJC les ha dado la razón, ha aceptado las medidas cautelares que pedían los sindicatos de Jupol y Jucil y ha dado un plazo para que se vacune a los policías "sin excusa ni pretexto" en el mismo porcentaje en el que ya lo están los Mossos d'Esquadra.

El portavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), Pedro Carmona, ha celebrado que "al fin sea una realidad para que se deje de jugar con la salud de los Guardias Civiles destinados en Cataluña y sean vacunados".

El candidato de Unidas Podemos a la Comunidad de Madrid y líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha alertado de que "es evidente que la ultraderecha está tratando de infiltrarse en sectores de la policía y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", y ha añadido que ignorar esto es una enorme torpeza en términos democráticos, en sus palabras.

"Un demócrata nunca debe negar la realidad y tenemos que trabajar con los policías y guardias civiles comprometidos con la democracia", ha sostenido en una entrevista este martes en La Vanguardia recogida por Europa Press.

Ha asegurado que la campaña de la extrema derecha de cara al 4 de marzo es la prueba de que Unidas Podemos puede ganar las elecciones: "Si no, no se explicaría este despliegue de agresividad", y ha defendido que, si entran al Gobierno de la Comunidad de Madrid, abrirán los cajones de la administración.

Preguntado por si se debe aplicar la Ley de Partidos a Vox, Iglesias ha respondido que eso lo deben hacer los tribunales y que no es responsabilidad de los políticos, y ha llamado a votar el 4 de marzo: "No bastan las denuncias a los juzgados para combatir el fascismo, aunque se tengan que producir y nosotros las hacemos, hace falta una respuesta política de la sociedad, votando pacíficamente".

Acusaciones de fraude electoral

Iglesias ha avisado de que la derecha y la extrema derecha ya están "preparándose para hablar de fraude electoral" si pierden las elecciones, y ha achacado los episodios de los últimos días –que ha tachado de tóxicos–, a que no les cuadran los números.

Sobre la posible unificación de Unidas Podemos con Más Madrid, el líder morado ha dicho que le habría gustado que lo consiguieran en estos comicios, porque "es una demanda casi unánime entre los electores", ya que cree que podría haber generado ilusión, y ha afirmado que ahora deben ser capaces de sumar y en el futuro ya se verá.

Iglesias ha sostenido que no se puede estar en política eternamente y que le gustaría retomar su profesión como profesor universitario y como periodista en La Tuerka, al ser preguntado por si en 2023 pasará a la vida civil, pero ha reconocido que si gobierna la Comunidad de Madrid "es evidente que empieza a contar un reloj diferente".

Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) ha advertido este viernes de que la irrupción de la Policía en un piso turístico, sin respetar las exigencias constitucionales, para impedir una fiesta ilegal constituye una "violación arbitraria del poder público en el derecho", al tiempo que ha defendido la inviolabilidad del domicilio como un derecho fundamental, según informa Europa Press. 

"El acceso policial a un piso turístico, sin satisfacer las exigencias constitucionales, para impedir el desarrollo de supuestas fiestas que contravienen la normativa administrativa, supone una injerencia o violación arbitraria del poder público en el derecho", ha dicho la asociación judicial en un comunicado.

De esta forma, ha reaccionado a la polémica surgida la semana pasada tras la aparición de un vídeo del 21 de marzo en el que se ve a agentes de Policía echando abajo la puerta de un domicilio en el madrileño barrio de Salamanca después de que los vecinos avisaran del ruido que había en la vivienda por una posible fiesta ilegal.

JJpD ha recordado que "la inviolabilidad domiciliaria solo puede suspenderse cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio" y fuera de esos caso requiere "inexcusablemente" el consentimiento del morador, una autorización judicial o la comisión de un delito flagrante, recalcando que "el estado de alarma y la situación de pandemia no justifican la supresión de nuestras garantías básicas".

Asimismo, ha subrayado que la inviolabilidad del domicilio es un derecho fundamental, los cuales "constituyen una técnica de protección de los bienes e intereses jurídicos que en el pacto constitucional hemos considerado condiciones necesarias para la convivencia" y "por ello son universales, inalienables, indisponibles y no se encuentran sujetos a las decisiones de las mayorías".

El domicilio como ámbito de privacidad 

Con este derecho en concreto, ha explicado la asociación judicial, "se pretende salvaguardar un ámbito reservado de la vida de las personas excluyéndolo del conocimiento de los demás", de modo que "el domicilio no se concibe como simple derecho a un espacio físico sino, nuclearmente, como el derecho al disfrute con total tranquilidad de dicho espacio, a salvo de violaciones materiales o corporales, tales como la entrada de una persona no autorizada".

Así, ha aclarado que el elemento central de la inviolabilidad domiciliaria "es su conexión con la intimidad", precisando que "no lo son su ubicación, configuración física, carácter mueble o inmueble, la existencia o tipo de título jurídico que habilite su uso, o la intensidad y periodicidad con la que se desarrolle la vida privada en el mismo". "Por tanto, un piso turístico o una habitación de un hotel, pueden constituir domicilio", ha afirmado JJpD.

Juezas y Jueces para la Democracia ha hecho hincapié en que "el domicilio constitucionalmente protegido –en palabras del Tribunal Constitucional– es todo aquél en el que la persona desarrolla un ámbito de privacidad", porque "sin inviolabilidad domiciliaria somos transparentes para los demás, carecemos de lugar en el que refugiarnos". "Sin dicha inviolabilidad, nuestra dignidad se disuelve", ha resumido.

Con todo, ha señalado que "las sociedades fundadas en las constituciones (...) establecen que las dudas sobre si el espacio físico se destina al desarrollo de la vida privada no pueden ser resueltas en contra del derecho, pues, de otro modo, se vaciaría su contenido". De ser así, ha advertido, "el artículo 18, en sus apartados 1 y 2, de la Constitución se convertiría en papel mojado".

El colectivo Apostasía Feminista ha presentado una queja ante el Defensor del Pueblo denunciando "uso indebido de las fuerzas de seguridad del Estado" y "sanciones arbitrarias" a un grupo de mujeres que acudió a presentar su solicitud de apostasía al Arzobispado de Madrid el pasado 22 de marzo. Según precisan, dos de ellas fueron multadas, según informa Europa Press. 

Las denunciantes afirman que se produjo un "sorprendente" despliegue policial ese día: "dos furgones de la Policía Nacional apostados frente al Arzobispado con instrucciones de identificar a cualquier mujer que pretendiera acceder", algo que califican de "acoso".

Además, aseguran que "solo unas 12 mujeres" se habían dado cita para presentar la documentación requerida, "llegaron escalonadamente y cumpliendo las medidas de seguridad covid" y "no portaban pancartas ni alteraban el orden público".

Por ello, denuncian que su identificación y la sanción a dos de ellas fue "de todo punto gratuita e ilícita". A su parecer, existía "una clara intención de obstaculizar el trámite de darse de baja de la Iglesia, y especialmente por parte de feministas".

El colectivo solicita al Defensor del Pueblo que indague la causa de esta actuación policial, a su juicio, "injustificada", y que inste a la Delegada del Gobierno en Madrid a revocar las sanciones que se impusieron.

Agentes de la Policía Nacional han liberado en Madrid a una mujer de 23 años y de nacionalidad bangladesí cuyo marido la mantuvo encerrada durante dos años en su domicilio, ha informado la Jefatura Superior de la Policía de Madrid en un comunicado, según informa Europa Press. 

Los hechos ocurrieron en la tarde de ayer cuando un amigo de la víctima llamó desde Alicante a los servicios de emergencia para comunicar que esta mujer era víctima de violencia de género desde hacía tiempo. Inmediatamente acudieron al lugar agentes de Policía Nacional los cuales se entrevistaron con ella manifestándoles que llevaba dos años sin salir del domicilio y que cuando su pareja se iba a trabajar la dejaba encerrada bajo llave.

Además, la mujer informó a los agentes de que la agredía físicamente incluso en ocasiones con cuchillos de cocina, amenazándola con matarla y después ir a su país de origen a matar a su familia. Los policías pudieron observar lesiones en la cara, cuerpo y cabeza de la víctima. Instantes después detuvieron a su marido como presunto autor de los delitos de detención ilegal y malos tratos.

Los portavoces de las asociaciones de jueces tachan de "desproporcional" la actuación de la Policía Nacional en el derribo de la puerta de un domicilio sin autorización judicial tras la negativa de los individuos que había en su interior celebrando una fiesta ilegal. Subrayan que la entrada sin el permiso de un juez sólo puede tener lugar cuando se está ante un delito flagrante, algo que consideran que no ocurrió en este caso, sino una actividad que como mucho puede ser sancionada administrativamente, según informa Europa Press. 

El debate sobre la actuación de la Policía Nacional se ha abierto a raíz de la aparición de un vídeo en el que se ve a los agentes echando abajo la puerta de un domicilio en el barrio madrileño de Salamanca el pasado 21 de marzo después de que los vecinos avisaran del ruido que había en dicha vivienda por una posible fiesta ilegal.

Los agentes acudieron al inmueble comprobando que se escuchaba música a un volumen excesivo, constantes gritos provenientes de un grupo muy numeroso de jóvenes e incluso se visualizaba a diferentes individuos que no guardaban la distancia social de seguridad ni portaban mascarilla, asomándose por el balcón.

Una vez llegaron a la puerta del piso llamaron al timbre, y tras el caso omiso de los individuos que se encontraban en su interior, los agentes procedieron a dar golpes y a requerirles para que abrieran la puerta trasladándoles su obligación de identificarse ante ellos, que en todo momento se distinguen como agentes de Policía Nacional.

Después de numerosos requerimientos y tras más de 30 minutos golpeando la puerta, les informaron de que, en el caso de persistir en su actitud de rebeldía ante los mandatos de los agentes, la flagrancia delictiva podría determinar la entrada en el inmueble, y que a su juicio se estaría cometiendo un delito de desobediencia grave.

Finalmente, la Policía procedió a abrir la puerta por sus propios medios con el fin de proteger el derecho al descanso de los vecinos, y en especial la salud pública por el incumplimiento de las medidas covid.

La fiesta ilegal no es delito, sino un ílicito administrativo

Expertos consultados por Europa Press apuntan que lo que estaba ocurriendo en el interior de la vivienda era constitutivo de un ilícito administrativo y en ningún caso un delito, por lo que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad no pueden acceder a ella sin una orden judicial.

Estas fuentes explican que la Policía sólo pueden derribar una puerta sin el permiso de un juez cuando tienen constancia ante la existencia de un delito flagrante, si bien entienden que el hecho de que las personas que estaban en su interior se negaran a abrir la puerta no ampara la entrada, ya que no existía la posibilidad de evitar ningún ilícito penal. En este sentido, destacan que la actuación de la Policía podría ser considerada como constitutivo de un delito de allanamiento de morada.

Concepción Rodríguez, portavoz del Foro Judicial Independiente (FJI), ha señalado que lo que se plantea en estos casos es "un conflicto entre derechos fundamentales", por un lado el derecho a la salud y por otro el derecho a la inviolabilidad del domicilio, cuya ponderación podría llevar a avalar las intromisiones forzosas pero siempre teniendo en cuenta "caso por caso".

Así, ha recordado que la ley solo permite la entrada por la fuerza en una vivienda cuando hay indicios de que en ese momento se está cometiendo un delito para, precisamente, impedirlo, subrayando que se trata de "una circunstancia excepcionalísima" que, por tanto, debe interpretarse de forma "restrictiva" para evitar excesos.

Por su parte, el portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Jorge Fernández Vaquero, ha afirmado que el argumento esgrimido por los agentes de la Policía acerca de que los individuos estaban cometiendo un delito de desobediencia a la autoridad "no es válido" para justificar la entrada sin autorización judicial, ya que no recoge la gravedad que ampara la entrada en un domicilio. "Si esto fuese así, nunca haría falta la autorización judicial", ha añadido.

La negativa a identificarse no basta para entrar por la fuerza

"No basta una negativa de identificarse para abrir la puerta", ha destacado, al tiempo que ha precisado que "otra cosa es que haya motivos para hacer pensar que se está cometiendo un delito o que haya peligro para una persona".

En cualquier caso, Fernández Vaquero cree que la fiesta que se estaba celebrando "como mucho puede estar incumpliendo una norma establecida por las autoridades por la pandemia", lo cual acarrea una sanción administrativa.

Misma opinión comparte María Jesús del Barco, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) –la mayoritaria en la carrera judicial–, que ha calificado de "barbaridad" las imágenes del derribo de la puerta.

De hecho, Del Barco considera que las actuaciones policiales de este tipo dejan en el "olvido" el principio de proporcionalidad. Asimismo, ve "excesivo" que la reiterada negativa de los individuos se entienda como un delito flagrante que justifique la entrada en un domicilio a la fuerza.

También el magistrado Audiencia Provincial de Madrid Ignacio González Vega ha opinado que la entrada de la policía en este piso fue "desproporcionada" y "manifiestamente ilegal". Para el ex portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) la entrada de los agentes no estaba justificada por la "necesidad de intervención urgente para evitar la consumación del delito o la desaparición de los efectos del mismo".

En este sentido, González Vega también ha recalcado que lo máximo que puede constituir la celebración de una fiesta ilegal es una infracción administrativa. "Si el delito flagrante es la desobediencia por la negativa a identificarse no hay urgencia alguna. La consumación ya se ha producido y no puede evitarse. Tampoco hay efectos del delito que puedan desaparecer", ha concluido.

La Policía Municipal de Madrid ha intervenido durante este fin de semana en un total de 267 fiestas ilegales celebradas por incumplimientos de la normativa antiCovid, 114 la noche del viernes y 153 la noche del sábado, ha informado el Cuerpo Local en una nota de prensa recogida por Europa Press.

Las fiestas ilegales en apartamentos turísticos suman un total de 35 entre la noche del viernes y la del sábado. En algunas de ellas había un número de personas superior al permitido y no se usaban mascarillas ni otras medidas de seguridad. El resto fueron en locales, por lo que se observa un descenso de fiestas en pisos y un aumento en establecimientos respecto a fines de semana precedentes.

Una de las más intervenciones más destacadas fue la inspección y precinto de la actividad a un local que contaba en su interior con 142 (casi el triple de su aforo permitido en licencia, siendo este de 48 personas) en el distrito de Usera. Los agentes precintaron el local y solicitaron la clausura de actividad. En su interior no se guardaba la distancia de seguridad ni las personas estaban de cuatro en cuatro. Además, tenían todas las puertas y ventanas cerradas.

Otra intervención destacada ha ocurrido en un local Yambú, en la calle Illescas número 98, en el barrio de Aluche. Es una sala con 215 personas de aforo y había 115. Aunque cumplían el aforo, mantenían una actividad diferente a la autorizada, ya que ejercía de discoteca sin poder hacerlo. La salida de emergencia estaba bloqueada. Además, "en su interior bailaban y no llevaban mascarilla. Se trata de un establecimiento con reiteradas denuncias e incumplimientos", han indicado fuentes policiales. 

También este fin de semana han realizado un total de 358 propuestas de sanción por botellones (consumo de alcohol en vía pública) y han multado a 951 personas por estar en la calle pasada durante el toque de queda, entre las 23 y las 6 horas.