Una cifra oficial y muchas preguntas. El sábado 27 de junio, diez días después del inicio de la ola de calor, la agencia nacional Salud Pública Francia (SPF) dio a conocer sus primeras estimaciones sobre el exceso de mortalidad provocado por esta ola de calor excepcional: desde el 24 de junio, según indica, se han registrado unas 1.000 muertes adicionales (ver despiece a pie de página) con respecto a lo habitual, principalmente en las regiones en alerta roja.

Se han alzado voces a lo largo de la semana criticando la falta de preparación del Gobierno y sus deficiencias en la lucha contra el calentamiento global. Críticas que Emmanuel Macron y Sébastien Lecornu han tratado de desestimar: el primero, defendiendo su gestión y explicando que “no te adaptas a un pico que no tiene parangón”; el segundo, arremetiendo contra los “inspectores de obras terminadas” en una carta dirigida a los alcaldes.

Más allá de las meras batallas políticas, se multiplican las críticas, tanto a nivel estructural —la lucha contra el cambio climático y la adaptación de las infraestructuras— como desde el punto de vista de la gestión de la crisis en sí misma —prevención a la población, política colectiva de salud pública, transparencia… “No se ha aprendido nada de las olas de calor anteriores”, critica el doctor François Bourdillon, fundador y antiguo director de SPF, en declaraciones a Mediapart.

“No se previene, se reacciona, y, solo lo mínimo, en situación de crisis. Cuando ya desde [la crisis de] 2003, como mínimo, podríamos haber adaptado los hospitales, los centros educativos, el transporte público y las viviendas…”, continua François Bourdillon. El viernes 26 de junio, en el noveno día de la ola de calor, el sistema sanitario se encontraba sometido a una tensión muy intensa, especialmente en Île-de-France, donde los hospitales (la mitad de los cuales carecían de aire acondicionado) estaban saturados y los bomberos, abrumados por las llamadas.

De hecho, fue ese mismo viernes cuando el primer ministro, Sébastien Lecornu, terminó por “aprobar” un pedido de “30.000 aparatos de aire acondicionado para los hospitales”, a propuesta de la ministra de Sanidad, Stéphanie Rist. En los últimos días, mientras Francia ya atravesaba su segunda ola de calor del año, Lecornu también pidió a los ministros implicados que elaboraran diferentes escenarios para el futuro. “Van con retraso en todo, da la sensación de que se ven arrastrados por lo que está pasando”, confían desde el sector público.

En este contexto, opina François Bourdillon, las medidas de prohibición adoptadas por el Gobierno —como la relativa a la compra de alcohol o su consumo en la vía pública— tienen como objetivo “desvincularse de los problemas estructurales e individualizar la culpa”. Una crítica compartida por otros profesionales de la sanidad pública, que no dejan de establecer un paralelismo con la desastrosa gestión de la crisis del covid.

En una nota dirigida a Macron el 14 de abril de 2020, Jean-François Delfraissy, presidente del Comité Consultivo Nacional de Ética y, en aquel momento, presidente del consejo científico dedicado a la pandemia del covid, invitó al jefe de Estado a involucrar urgentemente a la sociedad en la gestión de la crisis sanitaria para no alimentar “la crítica a una gestión autoritaria y desconectada de la vida de la gente”. No sirvió de nada, como todo el mundo recuerda.

El profesor recordaba entonces al presidente de la República que “incluso en una situación de emergencia, la adhesión de la población es una condición importante para el éxito de la respuesta”; que las organizaciones de la sociedad civil cuentan con una “experiencia” determinante, sobre todo gracias a su “excelente conocimiento de la diversidad de los entornos sociales”; y que “gran parte de las respuestas a la crisis son respuestas locales, que se basan en los impulsos de solidaridad y en el ingenio de las asociaciones”.

Seis años después, la gestión de la ola de calor despierta esos recuerdos: las autoridades insisten en las medidas individuales —no beber alcohol, no practicar deporte, no instalar piscinas en la vía pública, no hacer fiestas…— sin presentar ni el más mínimo esbozo de una respuesta solidaria que tenga en cuenta todas las necesidades de la sociedad. Hacen recaer sobre los hombros de cada uno la presión del sistema hospitalario.

“La ola de calor no es una fatalidad”, recuerda, sin embargo, una fuente prefectoral, que califica de “deplorable” el enfoque del Ejecutivo. Tras la ola de calor de 2003, el informe de la Asamblea Nacional sobre la “crisis sanitaria y social” recordaba así la importancia de una estrategia inclusiva. “Organizarse —escribía entonces el ponente Denis Jacquat—, significa difundir mensajes de prevención a nivel local, identificar de antemano a las personas más vulnerables, localizar entre su entorno a aquellas personas que puedan constituir redes locales de solidaridad, y localizar los lugares ‘frescos’ a los que se les pueda llevar para que se recuperen durante unas horas en caso de ola de calor”.

Evidentemente, se han llevado a cabo algunas medidas en los últimos veinte años, sobre todo por iniciativa de las administraciones locales, a las que, sin embargo, el primer ministro ha señalado con el dedo en los últimos días. Se han creado registros, de carácter voluntario, destinados a las personas vulnerables que deseen que se les contacte en caso de ola de calor, sobre todo para intentar romper el aislamiento social. Pero la gestión del Gobierno, por su parte, sigue siendo invariablemente vertical.

Entre los profesionales de la salud pública entrevistados por Mediapart, algunos lamentan también la falta de coordinación con el sector asociativo o la ausencia de mensajes políticos contundentes dirigidos a los jóvenes, que, sin embargo, se verán gravemente afectados por la ola de calor (enfermedades crónicas, riesgos psiquiátricos…). Pero, al igual que durante la pandemia del covid, en lugar de apoyarles en esta crisis, la mayoría de las declaraciones tienen como objetivo sancionarles o hacerles sentirse culpables.

El tema es tan delicado que el Ministerio del Interior ha impuesto una línea firme a sus equipos: los prefectos tienen prohibido hacer un recuento público del número de ahogamientos, según indicó la dirección de comunicación del ministerio durante una videoconferencia organizada con carácter de urgencia el jueves 25 de junio.

Según el acta de esa reunión, a la que Mediapart ha tenido acceso, el Gobierno aún no disponía en esa fecha —una semana después del inicio de una ola de calor anunciada con mucha antelación— de una estrategia nacional de prevención frente a los ahogamientos. Un riesgo que, sin embargo, aparece claramente en cada episodio de altas temperaturas.

“El Ministerio de Deportes está preparando una campaña nacional que se pondrá en marcha en los próximos días”, justificó un representante de Interior durante la videoconferencia. Mientras tanto, las prefecturas deben limitarse a difundir “mensajes de prevención difundidos por la agencia Vías Navegables de Francia”, mientras el número de tragedias no deja de aumentar.

Preguntados sobre la prohibición de comunicar el número de fallecidos, el gabinete del ministro del Interior dio marcha atrás y ofreció una interpretación totalmente diferente de sus instrucciones. “Hemos precisado que no es aconsejable realizar un recuento diario de ahogamientos, salvo en casos excepcionales. Pero la ola de calor es un caso excepcional”.

El sábado 27 de junio, según nuestra información, las autoridades registraron la muerte de 74 personas en todo el territorio desde el inicio de la ola de calor a causa de ahogamientos (lo que supera los niveles habituales). Es decir, 19 fallecidos más que dos días antes, en una fecha en la que la ministra de Deportes, Marina Ferrari, ya lamentaba un “balance dramático” en France Info.

Ya en 2025, mientras la Federación Francesa de Natación llevaba años dando la voz de alarma, SPF había señalado un "aumento notable" de las muertes por ahogamiento durante las olas de calor. Este año, a la vista de las previsiones meteorológicas, la agencia había decidido adelantar su vigilancia de los ahogamientos, a partir del 1 de mayo, para adaptarse al “contexto del cambio climático”. Sin embargo, en lo que respecta a la prevención, no se ha puesto en marcha ninguna medida.

Traducción de Miguel López

Un verano más, las temperaturas del mar Mediterráneo vuelven a situarse en niveles inimaginables hace solo dos décadas. Si 2024 y 2025 fueron los dos años más cálidos jamás registrados en estas aguas, 2026 apunta de nuevo a cifras récord. Este domingo se ha registrado una anomalía térmica de 8 ºC en el sur de Francia, junto al Golfo de León, una cifra que ha desbordado los mapas de calor que monitorizan la situación.

El desfase ha sido visible, por ejemplo, en las cartografías del Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo (CEAM). En ellas se observa cómo se le ha asignado el color blanco al punto más cálido de la región porque la escala cromática terminaba en una anomalía de +8 ºC, una cifra que no se esperaba superar cuando se ideó el sistema.

Francisco Pastor, investigador del Área de Meteorología y Climatología y especialista en olas de calor marinas del CEAM, ratifica que la anomalía ha dejado atónitos incluso aquienes llevan varios años monitorizando el Mediterráneo y han visto cómo se superan récords uno detrás de otro. "Es algo que yo creo que nunca habíamos visto, desde luego yo no lo había visto. Es la primera vez que un dato se sale de nuestra escala de colores", afirma.

Este punto del mar, situado a unos 200 kilómetros al este de la costa de Girona, no es el más cálido del Mediterráneo occidental –el termómetro marca allí alrededor de 26 ºC–, pero sí es el que registra la mayor diferencia entre la temperatura superficial del agua y la media del periodo 1991-2020. En la costa oriental de Italia, el agua está algo más caliente, a unos 28 ºC, mientras que la costa levantina española se mueve entre los 22 ºC del sur y los 26 ºC de la Comunitat Valenciana y Cataluña.

Otro de los mapas de anomalías de temperatura marítima que ha quedado totalmente desfasado es el del Institut Català de Recerca per a la Governança del Mar (Icatmar), que publica diariamente una completa cartografía sobre el estado del Mediterráneo. Su paleta de colores de anomalía térmica va desde los -5 ºC a los + 5ºC, una horquilla que se ha quedado corta para medir este episodio. Como se ve a continuación, el mapa muestra una gran mancha roja triangular que abarca todo el Mediterráneo noroccidental. 

Francisco Pastor explica que esta ola de calor marítima está estrechamente relacionada con la ola de calor atmosférica que sufrió el sur y el centro de Europa la semana pasada, y ambas se retroalimentan. "Una ola de calor marina se intensifica por la ola de calor atmosférica, y viceversa. En la costa, cuando tienes un mar tan caliente, las brisas del Mediterraneo se debilitan porque estas surgen por la diferencia entre la temperatura del mar y del aire, pero la diferencia es menor en estas circunstancias", opina el experto.

Las consecuencias de tener un mar tan caliente podrían sentirse el próximo otoño, cuando comience la temida temporada de danas en España, que suelen castigar especialmente a la costa valenciana. "Se está acumulando mucho calor y energía en las capas superficiales y profundas del mar. Eso no garantiza una lluvia torrencial, pero si se dan otros factores como la inestabilidad atmosférica, sí tendremos unas tormentas más intensas. Es como echar más combustible a la tormenta", añade el investigador del CEAM.

Vino a conquistar París, pero acabó convirtiéndose en el hazmerreír de la ciudad. Las imágenes del influencer estadounidense Clavicular, una de las figuras de la machosfera seguidor del looksmaxxing —un movimiento que promueve la optimización física extrema—, han inundado las redes sociales. Grabado en directo en las calles de la capital este fin de semana, va de terraza en terraza intentando ligar con mujeres, convencido de que su físico y su mandíbula —que se remodela, según explica él mismo, a martillazos— bastarán para que todas las parisinas caigan rendidas a sus pies. Al final, sufre una larga serie de rechazos, acaba declarando, incrédulo: “Todas deben de ser lesbianas”.

Aunque la derrota en directo de este manfluencer de 20 años, conocido por sus comentarios misóginos, pueda provocar una sonrisa, no debe ocultar un hecho: su ideología no deja de ganar terreno, también en Francia. Así lo constata el informe presentado el miércoles 24 de junio por la delegación de derechos de las mujeres del Senado. Titulado Masculinismo: la nueva ofensiva contra las mujeres, es fruto de siete meses de trabajo, un centenar de comparecencias y un análisis de contenidos en línea.

La primera conclusión de las ponentes es que el movimiento masculinista no se limita a una tendencia en redes sociales impulsada por unos pocos influencers, sino que constituye "un movimiento social y político que pretende acabar con los derechos de las mujeres y, en última instancia, desmantelar nuestros cimientos democráticos", estiman las senadoras. Y añaden: "Al atacar el principio de igualdad entre mujeres y hombres, al intentar desacreditar constantemente la voz de las mujeres, al cuestionar derechos conquistados tras décadas de luchas y al exhibir una misoginia violenta y descarada, los movimientos masculinistas representan un riesgo real para nuestra democracia y nuestra cohesión social".

Las redes sociales son el principal altavoz de la machosfera. Sus discursos, por naturaleza muy polarizantes, son propensos a captar la atención y a ser amplificados por los algoritmos. Según un estudio de la Universidad de Dublín citado en el informe, un joven tardaría apenas 26 minutos en recibir recomendaciones de contenidos masculinistas en redes sociales.

"Entre el momento en que empezamos el informe y el momento en que lo entregamos, la proliferación se ha disparado. Teníamos la impresión de estar abordando un tema del mundo virtual y hoy es un asunto que forma parte de la vida de la gente", afirma a Mediapart la senadora socialista Laurence Rossignol, una de las ponentes del informe, junto con sus colegas Béatrice Gosselin, de Los Republicanos, y Olivia Richard, de la Unión Centrista.

"Lo que te cuentan las personas que tienen adolescentes es que un día su hijo les dijo que no iba a recoger la mesa porque no es una tarea de chicos. ¿Dónde ha oído eso? En las plataformas y en los vídeos de los influencers", señala la parlamentaria.

Apoyándose en los códigos del entretenimiento y de la cultura digital, los contenidos masculinistas —que pueden adoptar la forma de vídeos de musculación, piezas humorísticas o consejos de seducción— van modificando poco a poco la visión de las relaciones entre hombres y mujeres de quienes los consumen. Y se difunden progresivamente más allá de su esfera inicial de influencia, sin necesidad de una adhesión inmediata y total por parte de los jóvenes.

Un "veneno" que también entraña un riesgo de radicalización que puede desembocar en violencia. La amenaza terrorista masculinista es actualmente objeto de seguimiento por parte de los servicios de la Dirección General de Seguridad Interior (DGSI), que tiene en el punto de mira a "una decena de individuos susceptibles de radicalización violenta", según el informe. Todos ellos menores de 21 años.

En julio de 2025, se frustró un atentado en Saint-Étienne, en el departamento del Loira. La Fiscalía Nacional Antiterrorista imputó a un joven de 18 años que se identificaba con el movimiento incel —el acrónimo de "celibato involuntario", una de las comunidades más radicales de la machosfera—, que proclamaba el odio hacia las mujeres, a las que responsabilizaba de la insatisfacción sentimental masculina.

Ante esta dinámica, las ponentes llaman a un "despertar de las conciencias" y formulan 24 recomendaciones. Entre ellas, la elaboración de una estrategia interministerial dirigida por una estructura única "encargada de la observación del masculinismo", cuya misión sería coordinar las "políticas públicas de prevención y lucha contra los movimientos masculinistas".

También piden "llevar al ámbito europeo la ambición de hacer frente al modelo económico de las plataformas y redes sociales", mediante una estrategia de desmonetización de los contenidos sexistas, misóginos y masculinistas, con el objetivo de privarlos de ingresos publicitarios. El informe recomienda, además, prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 15 años, una medida defendida por el Gobierno.

Para Laurence Rossignol, el auge de estos discursos de la machosfera no tiene nada de espontáneo, sino que responde a un proyecto político: "Antes del segundo mandato de Donald Trump, se podía reprochar a las plataformas su desinterés por la regulación. A partir del momento en que todo Silicon Valley se alineó políticamente con Trump, la situación cambió: las plataformas pusieron sus algoritmos al servicio de este tipo de movimientos".

Ese enfoque coordinado entre distintos actores para defender una agenda política también ocupa un lugar central en un informe de Amnistía Internacional Francia (AIF), publicado el jueves 25 de junio. El documento se centra en los movimientos antigénero —de los que el masculinismo es una de las facetas— y que tienen "una ambición clara: menoscabar los derechos de las mujeres y de las personas LGTBQIA+ mediante diversos tipos de estrategias y medios", explica a Mediapart Lola Schulmann, responsable de incidencia en justicia de género en AIF.

El informe documenta cómo los derechos de las mujeres y la igualdad de género son cuestionados por distintos actores con el objetivo de rehabilitar las normas patriarcales y reducir el alcance de las políticas públicas de igualdad.

Toma como ejemplo la educación. Para el inicio del curso escolar de 2025 se elaboró y puso en marcha un programa de educación para la vida afectiva, social y sexual (Evars), dirigido al alumnado de Secundaria y Bachillerato. Esta iniciativa "generó una fuerte oposición por parte de colectivos como SOS Educación y Padres Vigilantes, que presionaron al Gobierno redactor del programa hasta conseguir la supresión de términos como transfobia", precisa el informe. Padres Vigilantes es una rama de Reconquista, el partido de extrema derecha de Éric Zemmour.

AIF recuerda asimismo que algunos masculinistas intentaron saturar de llamadas la línea 3919, destinada a atender a mujeres víctimas de violencia machista. Estos movimientos antigénero multiplican, además, los actos de violencia e intimidación contra asociaciones de la comunidad LGTBQIA+.

En Lyon, en marzo de 2026, un centro LGTBI fue objeto de una infiltración llevada a cabo por el colectivo Eros, que dice querer "luchar contra las derivas ideológicas woke y LGTBI". En Rennes, en mayo de 2025, otro espacio de este colectivo fue blanco de actos vandálicos, con pintadas insultantes, al igual que un local en Le Mans, según precisa el informe.

Otra ofensiva de los movimientos antigénero es el cuestionamiento de los derechos sexuales y reproductivos y, en particular, del acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, "objeto de diversos ataques que combinan acciones locales, presiones políticas, campañas de desinformación y estrategias transnacionales".

En Estrasburgo, el centro de planificación familiar ha sufrido varios actos vandálicos, con la colocación de pegatinas hostiles contra los médicos que practican abortos. Durante los debates sobre la constitucionalización de este derecho, en mayo de 2023, se pegaron en bicicletas de París adhesivos con mensajes contra el aborto.

Todas estas acciones las llevan a cabo distintos grupos que comparten un mismo proyecto: cuestionar los derechos de las mujeres y de las personas LGBTQIA+. Además, cuentan con una financiación en constante aumento. El informe se apoya en cifras del Foro Parlamentario Europeo para señalar que Francia "sería el segundo país [europeo] con mayor financiación destinada a combatir la igualdad de género, con 165,7 millones de dólares, solo por detrás de Hungría, con 172 millones de dólares".

Uno de los principales actores en la financiación del movimiento antigénero, según AIF, es el multimillonario Pierre-Édouard Stérin, que "invierte masivamente en proyectos educativos, mediáticos y políticos —colegios no concertados, influencers católicos, medios conservadores— y en la formación de dirigentes políticos cercanos a la extrema derecha". Esto contribuye a "consolidar a largo plazo a las organizaciones contrarias a los derechos, permitiéndoles ocupar un espacio mediático cada vez mayor y coordinar sus mensajes".

"Es importante demostrar hasta qué punto estas organizaciones están sobrefinanciadas. Frente a esto, las autoridades públicas se están desentendiendo bastante", opina Lola Schulmann, que pide al Gobierno una condena clara de las declaraciones y acciones antigénero, una mayor protección legislativa para quienes defienden los derechos de las mujeres y de las personas LGBTQIA+ y una financiación acorde con las amenazas que pesan hoy sobre estos avances.

Esta ofensiva contra los derechos de las mujeres y de las personas LGTBQIA+ no se limita a Francia. En su informe, AIF detalla los múltiples intentos de cuestionamiento a escala internacional y las cooperaciones que existen entre actores estatales y no estatales.

El derecho al aborto está siendo cuestionado en Polonia, donde sigue prohibido, pero también en Eslovaquia, con "al menos 20 proyectos de ley contra el aborto presentados entre 2018 y 2021", detalla el informe.

Los derechos de las personas trans también están siendo cuestionados. En su primer día en el poder, Donald Trump firmó un decreto que establecía como política oficial de Estados Unidos el reconocimiento exclusivo de "dos sexos, masculino y femenino". En el Reino Unido, el 16 de abril de 2025, se dictó una sentencia del Tribunal Supremo establece que la definición legal de mujer se basa en el sexo biológico.

AIF detalla asimismo la cooperación entre Estados a escala internacional para restringir determinados derechos. Como ejemplo, cita la Declaración de Consenso de Ginebra sobre la promoción de la salud de la mujer y el fortalecimiento de la familia, redactada durante el primer mandato de Donald Trump y contraria al derecho al aborto. Actualmente la han firmado 41 Estados de todo el mundo.

Traducción de Miguel López

A Arancha González Laya le obsesiona una cuestión: la erosión de la democracia. Y cree que se debe avivar un debate ciudadano en estos momentos de “desorden” internacional. Ese sentimiento la llevó a sentarse delante del ordenador y plasmar sus reflexiones sobre el papel de Europa en Solos en el mundo (Arpa).

La exministra de Asuntos Exteriores analiza con su bisturí geopolítico lo que está pasando en un escenario en el que muchos países están sacando sus “peores instintos”, aunque también analiza que a Donald Trump le ha salido “el tiro por la culata” con la guerra de Irán. Un mundo en el que serán esenciales, como señala, las elecciones en Brasil y en España, y en el que la ultraderecha europea se está dando cuenta de que el presidente de Estados Unidos no quiere amigos, sino vasallos.

¿Cómo definiría el orden mundial que impera hoy?

Es un desorden y una salida de las certezas de los últimos 80 años, como el derecho internacional, las fronteras inviolables y una economía internacional que podía ser win win. El sistema anterior no era perfecto, pero los Estados nación habían decidido reprimir sus peores instintos. Y ahora quieren asentar su primacía frente al orden internacional.

¿Está la Unión Europea en decadencia?

La UE está siendo atacada. Por un lado, por el neonacionalismo y la vuelta de Westfalia. Se trata de la vuelta de los Estados fuertes, como son EEUU, China o Israel. Pero también hay fuerzas políticas dentro de la Unión que quieren afirmar una primacía nacional. Lo que aquí llaman prioridad nacional. Por otro lado, también la tecnología está erosionando la Unión Europea porque se está saltando las fronteras europeas en materia económica y también está afectando a la democracia. 

¿Qué impresión tiene del mandato de Donald Trump?

Es un síntoma de un malestar y de una división muy profunda en Estados Unidos. Un bando quiere encerrarse detrás de sus fronteras y otro quiere seguir respirando con el mundo. La diferencia entre los dos es tan pequeña que se elige al líder en unas elecciones por el canto de un duro. Trump representa el nacionalismo de Estados Unidos.

Después de la aventura fallida de la guerra de Irán, parece que Trump sale tocado…

Sí. Se envalentonó después de lo que consideró una victoria en Venezuela y pretendió proyectarlo a otros teatros de operaciones en Oriente Próximo. Le ha salido el tiro por la culata. Ha chocado su neonacionalismo con fuerzas muy poderosas, en este caso también con el neonacionalismo de un régimen con una gran raíz teocrática y con una narrativa histórica del Imperio persa que ha sabido resistir de manera muy hábil a la presión de Estados Unidos después de entender que no habría una guerra sobre el terreno. Este conflicto ha mostrado también las limitaciones de las guerras de la IA. 

Colombia acaba de engrosar la lista de países en Latinoamérica que han virado a la ultraderecha, como Argentina, El Salvador y Chile. ¿Cómo analiza ese vuelco?

Lo que estamos viendo es un movimiento de péndulo y cómo los líderes de izquierdas no repiten. Y veremos el test de Lula. Se ha instrumentalizado la rabia ciudadana, con una gran importancia de la IA y de las redes. Se está vaciando el suelo común que necesita la democracia: el de los hechos compartidos. Lo que hace la tecnología es vaciar de contenido y nos separa en tribus que no solamente piensan distinto, sino que no tienen ese suelo común de hechos compartidos. Entonces vemos movimientos pendulares: primero una tribu y luego la otra. 

Citaba a Brasil, ¿qué significan las elecciones de octubre en ese país en el contexto geopolítico actual?

Son una prueba para saber si este movimiento pendular funciona en la democracia más grande de Latinoamérica. Cuando uno mira los sondeos, ve que las fuerzas están muy ajustadas. Lo que estamos viviendo es una polarización de la sociedad. No solamente en términos de dos ideas, sino de dos partes irreconciliables. También en nuestro país vemos esa idea de que es imposible llegar a acuerdos. Es muy chocante ver cómo se pueden llegar a acuerdos en el Parlamento Europeo entre las mismas fuerzas políticas que son incapaces de hacerlo a nivel nacional.

España tiene el Gobierno de izquierdas más potente de la UE. ¿Qué suponen las elecciones generales en el actual contexto? ¿Esta batalla se libra también a nivel internacional?

Se mira a España con mucha atención. Se ha cantado tantas veces el fin del Gobierno español que se ha construido una especie de mito. No hay nada perdido. En Francia e Italia se sigue mucho la política de nuestro país. 

Ahora reside en Francia. ¿El próximo morador del Elíseo será un candidato de la ultraderecha?

Creo que es evitable. Pero veo una fragmentación en el espacio político. Aquí se va a tratar de quién es capaz de hacer pactos. Tenemos dos polos claros: Reagrupamiento Nacional y Jean-Luc Mélenchon. Lo que no está para nada claro es qué va a ocurrir en el espacio político que va del centroizquierda al centroderecha. El antídoto para que no gane la ultraderecha son los pactos y la capacidad de hacer alianzas.

En Italia sí gobiernan los ultras con Giorgia Meloni. Pero ahora estamos asistiendo a su enfrentamiento con Trump. ¿Tiene la extrema derecha problemas a la hora de gestionar cuando llega a las instituciones?

La ultraderecha europea va descubriendo que, en realidad, Trump no es su amigo. El objetivo del presidente de Estados Unidos no es hacer amigos en Europa, sino vasallos. Los últimos en descubrirlo, en nuestro país. Pero lo harán también. Vemos cómo el vasallaje es muy caro en política, ¡que se lo pregunten a Meloni!

¿Le ha decepcionado la evolución política de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen?

La presidenta de la Comisión está jugando a mantener dos posibles alianzas en el Parlamento: la clásica, con los socialdemócratas y los liberales, y otra con las fuerzas de ultraderecha. El peligro es que las fuerzas a la derecha del PPE son nacionalistas y no europeístas. Si se apoya en la última mayoría, ella es menos reconocible para el centro de gravedad de la UE y sus ciudadanos.

¿Es el momento de que la UE se siente a hablar en serio con Rusia a través de António Costa para dialogar sobre el fin de la guerra de Ucrania?

Europa tiene que estar preparada para cuando Putin quiera sentarse a negociar. Por ahora no quiere, porque quiere conseguir con esta presión lo que no logra en el campo de batalla. Y busca el apoyo de EEUU. Ahí los europeos nos hemos colocado detrás del presidente ucraniano para evitar que esto ocurra. Tenemos que estar preparados para acompañar estas negociaciones que tendrán que ser entre Zelenski y Putin. Europa tiene que tener voz y capacidad de influencia. Creo que Costa puede ser la persona que acompañe, pero esta es una negociación de Ucrania. 

Hablando de las fronteras de Europa, España siempre se queja de que se habla poco de la franja del sur. Una de las relaciones más difíciles es con Marruecos. ¿Se siente cómoda con la política actual del Ejecutivo con Rabat?

Es normal que un país tenga sus relaciones más complicadas con sus vecinos más cercanos. El roce hace el cariño, pero a veces hay más roce que cariño. España tiene que tener con Marruecos las mejores relaciones desde la firmeza de los intereses nacionales. Hay una serie de cuestiones en juego que España debe defender desde la fuerza, pero buscando siempre las mejores relaciones. Como hace Marruecos desde la firmeza de sus intereses.

¿Qué le parece el pacto europeo para centros de migrantes en terceros países?

Es pan para hoy y hambre para mañana. Es ingenuo creer que esto no va a ser entendido por los aliados de la UE como una nueva forma de neocolonialismo. Lo es. Y, además, no resuelve el problema. Necesitamos una política migratoria que tenga que ver con la realidad de nuestro continente y no con la histeria de algunas fuerzas políticas. Tenemos que tratar cuestiones fundamentales como la seguridad de las fronteras y las políticas de integración. Eso pasa también por políticas públicas de vivienda, sanidad y educación. Reducir todo esto a centros de retorno se queda bastante corto.

Dentro de este debate europeo, ¿qué está pasando con la falta de liderazgo de Alemania en estos momentos?

Alemania tiene también una sociedad dividida y cuenta con un Gobierno de coalición más frágil que los anteriores. También tiene la necesidad de realizar reformas estructurales en la economía y en las políticas públicas con una mayoría política muy exigua. El canciller entiende la dirección, pero luego tiene que navegar la política doméstica, que es muy difícil.

¿Por qué nadie consigue pararle los pies realmente a Benjamin Netanyahu?

Se los ha parado el presidente de EEUU, que era quien le daba alas.

Pero sigue habiendo asesinatos en Gaza, Trump le hizo caso para emprender la guerra contra Irán, Israel está atacando Líbano… No se le han parado los pies.

Lo que le ha dado margen de maniobra al primer ministro israelí es una alianza de hierro con EEUU. Más con Trump que con presidentes anteriores. Y también algunos aliados en la región como los Emiratos Árabes Unidos, y otros países como India. Netanyahu lidera un Gobierno muy raro que también polariza a su país. Pero también vemos las dudas que tiene Estados Unidos, con su presidente diciéndole que ha llegado el momento de cambiar de táctica. Esto ha supuesto un cierto freno. Su alianza hoy es más matizada que hace tres meses.

En este desorden mundial, también muchos países están mirando ahora a China, ¿le gusta la apuesta del Gobierno español por tener una mayor relación con Pekín?

Lo que está haciendo España es ponerse al nivel de otros grandes países de la UE que tenían una interlocución fluida con China. Esto no quiere decir sintonía económica o política con Pekín. Hemos normalizado que el presidente español vaya una vez al año, como hacen los líderes de Francia y Alemania. Ahora bien, Europa tiene dos problemas fundamentales con China: el apoyo indirecto a Rusia para atacar a Ucrania y el desequilibrio económico. Esto obliga a que Bruselas tenga que definir de manera más clara cuál es su estrategia con Pekín.

¿Recibió algún tipo de joya durante su etapa al frente del Ministerio de Asuntos Exteriores?

No. Y los regalos que recibí pasaron a Patrimonio Nacional. 

¿Cuál es la mayor fortaleza de España en estos momentos? ¿Y su mayor debilidad?

La mayor debilidad es la incapacidad política para hacer pactos. Y la mayor fortaleza, nuestra ciudadanía. 

Con un bigote impecable y un polo gris por dentro del pantalón, Manuel Corchia trabaja alrededor del estrado para variar los ángulos de las tomas. Oculto tras el objetivo de su cámara, el joven se mimetiza perfectamente con el entorno, el 11 de febrero de 2026, en una de las salas de conferencias del hotel Hilton de Estrasburgo.

Ese día, este suizo de 25 años se desplazó hasta allí para encargarse de la cobertura fotográfica y de vídeo de una mesa redonda organizada por la Fundación Patriotas por Europa, el think tank del grupo de eurodiputados de extrema derecha en el que participan los representantes de la Agrupación Nacional (RN) en el Parlamento Europeo, que preside Jordan Bardella (y también otros partidos políticos ultras como Vox, ndt).

Unos días más tarde envió su factura a la sede de la fundación en París. En aquel momento, de hecho, y antes de un reciente cambio en la dirección, la estructura aún estaba gestionada por los franceses de la RN, Raphaël Audouard como director y la eurodiputada Mathilde Androuët como tesorera.

Poco después, el 25 de marzo, el think tank —financiado con fondos públicos procedentes de las cuotas de los eurodiputados de Patriotes por Europa y del Parlamento Europeo— realizó una transferencia de 2.648,45 euros a nombre de Manuel Corchia.

El 19 de febrero, el camarógrafo volvió a aparecer cámara en mano en Viena (Austria), esta vez para una conferencia de la fundación sobre la libertad de expresión.

Tras convertirse en proveedor de servicios de comunicación de uno de los grupos políticos más influyentes del Parlamento Europeo, Manuel Corchia tiene motivos para el regocijo. Hace tan solo unos años, este nativo de Zúrich —que no ha respondido a ninguna de las preguntas de Mediapart— solía aparecer encapuchado en las redes sociales, pues este hombre es una de las figuras más activas del movimiento neonazi en la Suiza germanófona.

Su trayectoria habla por sí sola. A principios de 2020, fundó la Eisenjugend (juventud de hierro), un grupúsculo “aceleracionista” —esta corriente manifiesta su voluntad de precipitar el estallido de una guerra racial apocalíptica a partir de la cual reconstruir una sociedad blanca—. En su canal de Telegram, el grupo comparte con sus miembros el manifiesto del terrorista neozelandés Brenton Tarrant, autor en 2019 del atentado de Christchurch (51 víctimas), así como escritos del neonazi estadounidense James Mason.

El 20 de abril de 2020, aniversario de Adolf Hitler, Manuel Corchia y un puñado de militantes muy jóvenes se colaron en una videoconferencia de la Universidad de las Artes de Zúrich, donde el líder de la Eisenjugend estudia ilustración científica. Allí se escucharon consignas como “¡Heil Hitler!” y “¡Sieg Heil!”, según informa la revista belga Le Vif.

Unos meses más tarde, en agosto de 2020, la policía registró el domicilio del estudiante, que entonces tenía 19 años y era además miembro de un club de tiro. Se incautaron varias armas de fuego. “Me enseñó su colección de armas. Un kaláshnikov, dos rifles, dos pistolas. También guarda munición en su casa”, confesó un amigo de la infancia de Manuel Corchia en una investigación del diario suizo Tages-Anzeiger publicada ese mismo año.

Según varios medios suizos, se trata, de hecho, del líder neonazi que aparece oculto bajo un pasamontañas negro, con un fusil de asalto en la mano y un chaleco militar, en un breve vídeo de propaganda difundido por la Eisenjugend en el momento de su creación. Al ser consultado por Mediapart sobre este punto, Manuel Corchia no respondió. En el mismo vídeo, miembros del grupúsculo quemaban la bandera de Israel y la de… la Unión Europea (UE).

Manuel Corchia, al igual que otros cuatro miembros de la Eisenjugend, fue condenado en 2021 a multas provisionales por discriminación racial, deterioro de bienes e infracción de la ley de armas. Según el semanario Die Wochenzeitung, poseía, entre otras cosas, un AK-47 sin autorización.

Oficialmente, el activista, imbuido de la teoría racista del “gran reemplazo”, ha expresado luego su arrepentimiento. En un vídeo publicado en 2022, dijo que lamentaba “un mal comienzo”, un “error”, y aseguraba que se había distanciado del nacionalsocialismo. “Nuestras acciones, así como nuestras reivindicaciones, se inscriben claramente en un marco democrático y conforme al Estado de derecho”, afirmó.

A finales de 2020, Manuel Corchia fundó, de hecho, un nuevo grupúsculo, bautizado como Junge Tat (acción joven), supuestamente más respetable que la Eisenjugend. Pero está bien lejos de haber renunciado a la glorificación del nazismo. Su logotipo, una runa Týr, remite al emblema utilizado durante la Segunda Guerra Mundial por un batallón de las SS. Su vídeo de presentación, en el que se ve a los miembros de Junge Tat entrenándose en boxeo o posando encapuchados y con uniformes de camuflaje en el bosque, muestra además una obra del escritor nazi Kurt Eggers.

El grupúsculo, vigilado por los servicios de inteligencia suizos y por Europol según Le Temps, ha multiplicado las acciones de impacto en el país en los últimos años, por ejemplo, desplegando pancartas xenófobas o alterando concentraciones LGTBQIA+. Algunas de ellas provocaron que seis miembros del grupúsculo dirigido por Manuel Corchia fueran condenados mediante penalmente por la fiscalía de Zúrich en 2024.

El turbio historial del suizo no le ha impedido, al parecer, abrirse camino entre los proveedores de servicios de comunicación de la Fundación Patriotas por Europa.

Contactados por Mediapart, ni la RN, ni Raphaël Audouard ni la eurodiputada Mathilde Androuët han respondido a nuestras preguntas a pesar de nuestros insistentes intentos. El grupo de los Patriotas por Europa tampoco ha dado respuesta a nuestras solicitudes.

¿Recibió Manuel Corchia algún tipo de ayuda? En las dos conferencias de febrero que él mismo grabó y fotografió, intervino la eurodiputada austriaca del Partido de la Libertad (FPÖ) Petra Steger. Porque uno de sus asistentes parlamentarios parece ser miembro de Junge Tat, según varias fotos publicadas por el grupo neonazi en su canal de Telegram. Al ser preguntados también por Mediapart sobre su posible intervención a favor del joven, ni la diputada ni su colaborador han reaccionado.

El talento del líder de Junge Tat para crear vídeos de propaganda bastante bien producidos ha atraído a otros clientes dentro de la extrema derecha más radical. El 30 de mayo, este allegado al activista identitario austriaco Martin Sellner, principal impulsor del concepto de “remigración” —que designa un proyecto de expulsión masiva de extranjeros y ciudadanas de origen extranjero—, realizó algunos vídeos para la “Cumbre de la remigración”, organizada por la extrema derecha europea en Oporto (Portugal).

“Actualmente estamos siendo sustituidos”, argumentaba Manuel Corchia unas semanas antes en el canal de YouTube de Junge Tat. “Por lo tanto, el fundamento étnico de nuestra democracia, de nuestra sociedad, de nuestra civilización y de Europa en su conjunto está siendo destruido”. Y añadía: “No se trata solo de la expulsión de los inmigrantes ilegales y los delincuentes, tal y como ya prevé la ley. Se trata más bien de encontrar una solución global”.

Se suponía que el asunto estaba zanjado. Cuando, en la primavera de 2023, Frédéric Chatillon y Axel Loustau volvieron a prestar su apoyo a la marcha neonazi del Comité del 9 de Mayo (C9M), en París, la RN rompió oficialmente relaciones con los dos exdirigentes del GUD (sindicato de estudiantes ultraderechistas, ya disuelto, ndt), que durante mucho tiempo habían sido figuras imprescindibles en el mundillo de los proveedores de comunicación del partido. En concreto, ambos se vieron obligados a ceder a uno de sus allegados sus participaciones en la empresa e-Politic, que sigue siendo hoy en día el principal proveedor de servicios de comunicación de la RN.

Pero los nombres de estos dos amigos de la juventud de Marine Le Pen no dejan de reaparecer para entorpecer la campaña de “desdemonización” de la formación de extrema derecha. Mediapart ha obtenido nuevos documentos que demuestran que Frédéric Chatillon ha seguido beneficiándose discretamente de fondos públicos de la Fundación Patriotas por Europa.

La agencia de viajes Dreamwell, que Frédéric Chatillon cofundó en 2010 a través de su empresa Riwal, recibió de hecho varios miles de euros en concepto de servicios, al menos hasta hace unos meses. En 2024, por ejemplo, facturó 3.807 euros por un viaje a Hungría con motivo del CPAC, el gran encuentro ultraconservador.

En la mayoría de los casos, la empresa recibió pagos porque la agencia de comunicación e-Politic recurrió a sus servicios para los desplazamientos realizados en el marco de rodajes encargados por la fundación del grupo Patriotas presidido por Jordan Bardella. Dreamwell, que, por cierto, tiene su domicilio social en la misma dirección que e-Politic, pudo así facturar 630 euros en noviembre de 2025 y, posteriormente, 646 euros al mes siguiente.

Según los últimos movimientos registrados en el capital de Dreamwell, Frédéric Chatillon aún poseía el 70 % de las participaciones a través de su holding italiano a 31 de diciembre de 2024. ¿Ha cambiado luego la distribución? Al ser contactados, ni el exmiembro de la RN ni la directora y accionista al 30 % de la agencia respondieron a las preguntas de Mediapart. La RN tampoco ha dado ninguna respuesta.

Traducción de Miguel López

En 2050, el mundo respira con tranquilidad. La temperatura ambiente no supera los 25 °C gracias a una gigantesca cúpula refrigerante construida por los magnates de la exploración minera en Marte. Han respondido al llamamiento de Elon Musk para crear un gigantesco sistema de aire acondicionado. En el firmamento, los extraterrestres sobrevuelan un antiguo planeta azul que se ha vuelto gris bajo su cielo artificial. “Ah, estos humanos, siempre con alguna nueva locura”.

¿Una locura? No más que la idea de que vamos a aliviar el sufrimiento causado por las olas de calor climatizando todo y en todas partes. “EL aire acondicionado es LA solución”, declaró el viernes 19 de junio el diputado de la Agrupación Nacional (RN) Franck Allisio. Ese mismo día, Marine Le Pen reafirmó ante los periodistas su voluntad de aplicar un “gran plan climático” si fuera elegida presidenta de la República. En los canales de noticias 24h, el tema del aire acondicionado se repitió hasta la saciedad durante todo el fin de semana.

Pero, ¿de qué estamos hablando? ¿Del derecho al frescor y a unas temperaturas que no pongan en peligro la salud física y mental? ¿De diversas técnicas para refrescar los espacios de vida y de trabajo? ¿O de la instalación, tan simple como perjudicial, de aparatos eléctricos para generar frío en casa?

Esta última opción no tiene nada de indigno en sí misma: nadie puede soportar durante mucho tiempo vivir en una vivienda donde la temperatura no baja de los 30 °C. Sería injusto reprochar a las personas que sufren tales condiciones que intenten evitarlas. Las viviendas de hormigón construidas masivamente en Francia desde el siglo XX son incompatibles con el confort mínimo de vida en una situación de calentamiento global, a menos que se renueven por completo, algo que los especialistas llevan décadas explicando, pero que los sucesivos gobiernos apenas han puesto en práctica.

Pero pretender resolver el problema de la adaptación a los trastornos climáticos generalizando el aire acondicionado individual es tan absurdo como peligroso. Se trata de un pensamiento mágico y de simplismo tecnológico.

En primer lugar, porque nunca será posible climatizarlo todo. ¿Y qué pasa con las calles, las vías férreas, los establos, los campos donde trabajan los agricultores, y las obras de construcción?

Por otra parte, climatizar las viviendas con un alto consumo energético supone garantizar un aumento vertiginoso del consumo eléctrico de quienes viven en ellas y, por tanto, de su factura. Un regalo que parece bueno, pero que en realidad no lo es, para los hogares en situación de precariedad.

En la ciudad, las bombas de calor denominadas “reversibles” —porque también generan frío—, cuando son eficaces y están bien reguladas, pueden aliviar el sufrimiento que causan las temperaturas extremas en el interior de la vivienda, ya que son más eficaces que los aparatos que solo refrigeran. Se trata de aparatos costosos, que funcionan de manera óptima en edificios que no son “coladores energéticos”.

Resultado: los aparatos de aire acondicionado rudimentarios y baratos que se venden cada vez más en Francia enfrían las viviendas calentando el aire de las ciudades, lo que a su vez calienta las viviendas, que suben el aire acondicionado, lo que hace que la temperatura vuelva a subir. El círculo vicioso de la "maladaptación" funciona a pleno rendimiento. Y para quienes sufren las olas de calor actuales y futuras, es una triple pena: pasar demasiado calor en casa, fuera de ella y agotar su presupuesto en facturas de electricidad.

Entonces, ¿a qué se debe tanta presión a favor de la climatización? Se trata de un atractivo mercado emergente en Francia para la industria. Es una aparente varita mágica para resolver de un plumazo un problema complejo.

Los especialistas en clima y transición energética hablan de “maladaptación” para describir las falsas soluciones a los trastornos climáticos: captura y almacenamiento de carbono, megabalsas, coches eléctricos como única vía para la descarbonización del transporte, etc.

El “todo por el clima” es un ejemplo típico de mala argumentación. Ocupa el lugar de un debate mucho más urgente, ya que es sistémico: la creación de un verdadero servicio público de enfriamiento, al igual que se necesitaría un verdadero servicio público de rehabilitación o de confort térmico.

Porque, para que todo el mundo tenga acceso al fresco, existen alternativas al aire acondicionado: las redes de aire fresco subterráneas en la ciudad, la vegetación, la eliminación del asfalto en los espacios que lo permitan —por ejemplo, los patios de los colegios—, la generalización de las contraventanas, la pintura reflectante en los tejados y la ventilación. Pero también la apertura gratuita de museos y salas de conciertos.

Regular la circulación de los coches para que circulen el menor número posible por la ciudad durante las olas de calor, teniendo en cuenta su efecto de calentamiento; dejar de construir con hormigón para no seguir encerrando a la gente en futuras viviendas que tienen el doble inconveniente de ser demasiado calurosas durante el día para sus ocupantes y de liberar por la noche aún más calor al aire (es el fenómeno de las islas de calor urbanas); reducir la jornada laboral y desplazar las actividades a los momentos del día en los que el sol no pega fuerte.

El aire acondicionado no es un enemigo demoníaco contra el que luchar. Con el aumento de las temperaturas, se volverá necesario para mantener habitables edificios diseñados para otro clima: colegios, administraciones, consultas médicas, residencias para personas vulnerables, salas de urgencias, transporte público.

¿Colegios, universidades, administraciones, hospitales, transporte público? Los lugares que más sufren ante las temperaturas extremas son los del servicio público. Allí donde se aplican las políticas puestas en marcha por la comunidad en nombre del interés general y del lema republicano “libertad, igualdad, fraternidad”, al que sin duda sería muy útil añadir el objetivo de la habitabilidad, tal y como proponen el jurista Laurent Neyret y el filósofo Baptiste Morizot.

Así pues, si las palabras tienen sentido —y la de “aire acondicionado” no tiene más que las demás—, la mejor manera de refrescar a un pueblo agobiado por el peso de la ola de calor es salvar y reforzar los servicios públicos, los lugares de protección, de atención, de solidaridad y de cuidado de la colectividad.

Y, de paso, se ven claramente los límites de las políticas del “todo eléctrico” y del “todo nuclear”. Por mucho que Francia sea el país más nuclearizado de Europa, también es aquel cuya capital es la más mortífera para la población en épocas de ola de calor.

Al final de este razonamiento hay una buena noticia: es posible otro tipo de aire acondicionado, sin mentiras ni promesas vacías de la extrema derecha.

Este artículo se modificó el 23 de junio, hacia las 7:35, para corregir la descripción de las bombas de calor reversibles. Gracias a las lectoras y lectores por su atención.

Traducción de Miguel López

Decir que la concesión de una parte del dominio público marítimo de la bahía de Saint-Brieuc (Côtes-d’Armor) al gigante español Iberdrola, para construir allí un gigantesco parque de 62 aerogeneradores gigantes, inaugurado en 2024, ha desatado críticas desde hace tiempo, es quedarse corto. Porque el grupo tiene mala reputación; porque la empresa había perdido la licitación y, a pesar de ello, se le concedió la concesión en 2012; porque los pescadores se han visto muy perjudicados; porque la fauna y la flora marinas están amenazadas; y porque se trata de la apropiación de un bien común que debería ser inalienable.

Pero, mes tras mes, las polémicas se fueron atenuando, pues el grupo Iberdrola se comprometió desde el principio a crear un gran número de puestos de trabajo. El 17 de abril de 2012, durante la presentación del proyecto, Jean-Christophe Chomette, entonces director para Francia del grupo eléctrico español, anunció la creación de 2.000 puestos de trabajo directos, tal y como informó Les Échos.

Y en 2016, el diario Ouest-France detallaba los compromisos adquiridos por Iberdrola en el expediente presentado en el marco de la investigación pública sobre las repercusiones económicas y sociales para Saint-Quay-Portrieux, elegido para convertirse en el futuro puerto de mantenimiento: en él se indicaba que se crearían 140 puestos de trabajo, sin contar los indirectos, derivados del sector del alojamiento y los servicios de proximidad.

De esta manera, los partidarios del proyecto —entre los que se encuentran los sucesivos gobiernos de François Hollande y, posteriormente, de Emmanuel Macron, los dirigentes socialistas de la región de Bretaña, pero también los líderes de Europa Ecología-Los Verdes— se han burlado durante mucho tiempo de las críticas formuladas por quienes se oponen al proyecto. Y estos opositores, liderados por una asociación ecologista muy combativa llamada “Gardez les caps” (Mantened los rumbos), se han visto a menudo muy aislados.

En retrospectiva, queda claro que la promesa de Iberdrola no era más que un engaño. Y es que la multinacional española y su filial para la bahía de Saint-Brieuc, denominada Ailes Marines, se han visto infladas de subvenciones públicas, lo que les ha permitido obtener beneficios considerables. Pero los puestos de trabajo anunciados se han esfumado.

Y aún peor, según nuestra información, que confirma la de la web GreenUnivers, Iberdrola Francia acaba de elaborar, de forma muy discreta, un plan de salvaguarda del empleo (PSE), del que Mediapart ha podido obtener una copia a través de los servicios del Estado.

Este documento de 39 páginas, remitido con fecha del 16 de junio de 2026 a la Dirección Regional de Empresas, Competencia, Consumo, Trabajo y Empleo (Drieets), es el acuerdo mayoritario alcanzado entre la delegación sindical y los directivos de la unión económica y social (UES) de Iberdrola, que agrupa las tres estructuras francesas de la empresa: Iberdrola Énergie France, Iberdrola France y Ailes Marines.

En él aparecen, en estos términos, los planes de la dirección: “Iberdrola Énergie France: 15 supresiones de puestos de trabajo que podrían dar lugar a 15 rescisiones de contratos de trabajo por causa económica. Iberdrola France: 17 supresiones de puestos de trabajo que podrían dar lugar a 10 rescisiones de contratos de trabajo por causa económica”. En total, se están preparando 25 despidos en estas dos entidades, cuya plantilla actual es de 15 y 93 personas, respectivamente, lo que suma un total de 108 empleados.

El documento detalla los puestos afectados por estos recortes drásticos: se encuentran en la sede central, en La Défense (Hauts-de-Seine), y no en el parque ni en Saint-Quay-Portrieux.

Cabe señalar que, en el caso de la tercera entidad, Ailes Marines, no se ha anunciado ningún despido por una razón que no es baladí: esta filial, que es de hecho la “máquina de hacer dinero” del grupo en Francia, no tiene empleados —pronto se entenderá el motivo— y utiliza a tiempo completo personal cedido por Iberdrola France.

“Las notificaciones de despido podrían producirse a lo largo del mes de agosto de 2026”, precisa el documento. En la mayoría de los casos, se prevén despidos forzosos, pero el proyecto prevé “limitar el recurso a los despidos económicos forzosos permitiendo que los empleados no afectados por las supresiones de puestos previstas en el PSE se presenten voluntarios para una salida externa, con la condición expresa de que su salida permita la reincorporación efectiva de un empleado inicialmente afectado por un procedimiento de despido económico”.

Apenas dos años después de la puesta en marcha del parque eólico de la bahía de Saint-Brieuc, este plan de despidos pone de manifiesto la destructiva política social de Iberdrola. Y es que el grupo ha limitado en la medida de lo posible las contrataciones, recurriendo al máximo a la subcontratación. Por ejemplo, el conglomerado alemán Siemens es el que se encarga del mantenimiento de los aerogeneradores.

Otro ejemplo: la naviera noruega Edda Wind ha fletado el Goelo Enabler (recién rebautizado como Grampian Goelo), un barco-hotel de 85 metros de eslora que realiza el trayecto entre Saint-Malo y el parque para trasladar a los técnicos de mantenimiento. A bordo, el mando es francés, pero toda la tripulación, con salarios más bajos, procede de Bulgaria o de Estonia.

Y, si dejamos de lado los puestos de trabajo directos generados por la subcontratación, el balance de la UES Iberdrola, en lo que respecta a sus propias actividades, también es muy sombrío. Y es que, según nuestra información, en los últimos meses, a los 25 despidos del plan de ajuste hay que sumar cerca de 50 bajas, de las cuales 25 son traslados y 25 rescisiones de contrato. Según los numerosos testimonios anónimos que hemos podido recabar, muchos empleados cansados, desocupados, desmoralizados o víctimas de sufrimiento laboral han preferido abandonar la empresa.

Porque, entre 2023 y 2026, el grupo solo ha realizado 35 contrataciones. La conclusión es implacable: en Francia, el grupo Iberdrola ha suprimido muchos más puestos de trabajo de los que ha creado.

La preocupación entre los equipos de Iberdrola es aún mayor pues el grupo ha vendido la totalidad de sus actividades en el sector eólico terrestre en Francia, y en el marino solo cuenta con el parque de la bahía de Saint-Brieuc. Por lo tanto, cada vez es menos probable que se presente a la décima licitación de energía eólica marina (AO10) que el Gobierno lanzó el 12 de junio. Y en el caso de que Iberdrola renuncie a participar, un rumor persistente dentro del grupo sugiere que se barajaría entonces un segundo plan de despidos.

Esta situación se vive con especial malestar en la plantilla, sobre todo porque el grupo obtiene unos beneficios que no dejan de aumentar y que alcanzarán nuevas cotas en los próximos años. Ya en 2024, primer ejercicio real de explotación, Ailes Marines —que se queda pues con todos los beneficios— obtuvo un resultado neto de 54,3 millones de euros. Y este resultado debería registrar un fuerte aumento en 2025, al igual que los resultados mundiales del grupo, que arrojan un beneficio neto impresionante de 6,2 mil millones de euros en 2025, lo que supone un aumento del 12 %.

Entonces, ¿cómo entender, en un contexto así, que el grupo proceda a realizar despidos en Francia? Esto se vive con especial malestar en las entidades francesas, ya que el conglomerado español ha ideado un mecanismo para no compartir los beneficios que obtiene: como la filial Ailes Marines, que los recauda, no tiene empleados, elude las obligaciones legales en materia de participación y reparto de beneficios.

Pero lo más impactante para muchos empleados es que estos beneficios provienen en gran parte de las colosales subvenciones públicas de las que se beneficia el grupo. Estas subvenciones se derivan, en su mayor parte, de las tarifas de compra de electricidad excesivamente favorables de las que Iberdrola se ha beneficiado desde el principio gracias al apoyo personal de Emmanuel Macron, quien acudió al cabo de Fréhel, a poca distancia del parque eólico, para anunciar la buena nueva a la empresa.

Según los mejores especialistas, el precio de compra garantizado a Iberdrola por la Red de Transporte de Electricidad (RTE) ya era muy elevado en 2018, ya que alcanzaba los 155 euros por megavatio-hora (MWh). Sin embargo, esta tarifa garantizada pasó en enero de 2024, para la bahía de Saint-Brieuc, a 196,35 euros/MWh, lo que convierte a este parque en el más rentable de Francia.

Esta tarifa excesivamente favorable concedida al parque de Saint-Brieuc está engrosando las arcas de Iberdrola en unas proporciones que la Dirección General de Energía y Clima (DGEC) llegó incluso a cuantificar, cuando la tarifa de compra era de 155 euros/MWh.

Este organismo del Ministerio de Ecología había estimado que esta tarifa, mantenida durante los veinte años de duración de la concesión, equivaldría a una “ayuda pública” de 4.700 millones de euros, es decir, una media de 235 millones de euros al año. Pero, dado que la tarifa de compra es ahora más de un 20 % superior a los datos utilizados para esa evaluación, se puede fácilmente estimar que el “apoyo público” ronda ahora los 300 millones de euros al año, si no más. Un experto del sector asegura incluso que el apoyo ascendería ahora a 350 millones de euros al año.

Esta cifra de 4.700 millones de euros de apoyo público para Saint-Brieuc ya figuraba, en la página 7, en un documento de la Comisión Europea de 2019. En él se precisaba que dicho importe era “igual a la diferencia entre el nivel de tarifa concedido al proyecto y el precio de mercado o el coste evitado”.

Así se comprende la indignación de los detractores de este proyecto fuera de lo común, que ha estado salpicado de numerosas irregularidades y que tiene efectos devastadores para la fauna y la flora marinas, tal y como acaba de subrayar en un comunicado la asociación Gardez les caps.

Pero como el grupo Iberdrola está forrado, ha tenido la habilidad de repartir generosas donaciones a las administraciones locales vecinas y asociaciones de la bahía de Saint-Brieuc. Un solo ejemplo: el comité departamental de vela de Côtes-d’Armor (CDV 22) recibió de Ailes Marines una generosa donación de 17.960 euros al año durante más de diez años. Esto ha llevado a dicho comité a organizar, los días 20 y 21 de junio, una regata excepcional alrededor del parque eólico, que reunió a numerosos invitados, entre ellos muchos políticos locales.

El resultado es evidente: en toda la zona, por el momento solo se habla del evento deportivo patrocinado por Iberdrola. Pero del plan de despidos, del egoísmo social del grupo español y del capitalismo depredador que simboliza, nadie ha dicho ni una palabra. Al menos hasta ahora.

Poco después de la publicación de este artículo, la empresa Iberdrola, a la que se había consultado previamente, comunicó que no deseaba hacer ningún comentario.

Traducción de Miguel López

Casi tres años antes del asesinato de Lyhanna, el problema estructural de la violencia sexual contra menores había sido evaluada y analizada minuciosamente, y se habían presentado al Ejecutivo, a petición propia, soluciones para combatirla y prevenirla. ¿Qué han hecho al respecto Emmanuel Macron y los sucesivos gobiernos? No mucho, a pesar de los repetidos llamamientos de expertos y activistas, según revela la Comisión Independiente sobre el Incesto y la Violencia Sexual contra los Niños (Ciivise) en un informe entregado el lunes 15 de junio a los ministros de Justicia y Sanidad, al que Mediapart ha tenido acceso.

La creación de esta institución en enero de 2021, anunciada con gran pompa por el jefe del Estado tras la conmoción provocada por la publicación del libro La familia grande (editorial Seuil), de Camille Kouchner, y por el movimiento #MeTooInceste que surgió a raíz de aquello, había despertado una enorme esperanza. Una esperanza que se desvaneció con la destitución del magistrado Édouard Durand, que copresidía la comisión, seguida de las dimisiones en cadena de los expertos que la integraban.

Esperanza que se desvaneció, también, debido a la escasa atención que se prestó después de su extenso informe, entregado antes de su salida. Aquel texto de 756 páginas, presentado en noviembre de 2023, permitió estimar el número de víctimas —160.000 menores al año, es decir, 5,4 millones de adultos que sufrieron abusos durante la infancia— y el coste de esta violencia para la sociedad —9.700 millones de euros de gasto público anual—. Sobre todo, proponía 82 medidas para combatir y prevenir esta violencia masiva y sistémica que exigía un fuerte compromiso político.

Dos años y medio después, la "Ciivise 2" vuelve a reclamar, en este nuevo balance provisional, "pasar a la velocidad superior".

El documento, que analiza el avance de las 82 recomendaciones del informe inicial, revela en primer lugar que, a día de hoy, solo están "totalmente operativas" tres de las 17 medidas identificadas como prioritarias en febrero de 2025, es decir, menos del 18%.

La tasa global de medidas plenamente efectivas "sigue siendo insatisfactoria: un 28%, es decir, solo 23 recomendaciones realmente aplicadas en más de dos años", señala también el informe. "De las 82 recomendaciones formuladas por la comisión, 62 medidas —es decir, el 75%— son actualmente objeto de una aplicación efectiva o de una puesta en marcha", aunque en grados muy diversos, añade la Ciivise.

La comisión aboga por "un cambio sistémico profundo" y "pide al Gobierno que acelere el proceso mediante medidas de alcance nacional y medios adecuados, antes de que finalice el mandato presidencial". También reclama "una decisión rápida sobre las medidas legislativas aún en debate para convertir los proyectos y las promesas en realidades duraderas y beneficiosas para las víctimas".

En concreto, es sobre todo el ámbito judicial el que falla, una institución en el centro del fiasco que condujo al asesinato de la pequeña Lyhanna, de 11 años, en el departamento de Gers.

La comisión señala "una brecha persistente entre los retos de la protección de la infancia y la respuesta judicial" y afirma que sigue "indignada por la respuesta penal en los casos de violencia sexual contra menores que llegan a los tribunales: solo el 3% de los agresores son condenados —el 1% en los casos de incesto— y más de seis de cada diez denuncias se archivan sin más trámite".

"Esta enorme distancia entre la magnitud de la violencia y la debilidad de la respuesta penal, e incluso civil, es intolerable y pone de manifiesto un mal funcionamiento sistémico de nuestro aparato judicial", escriben los miembros de la comisión en su informe.

En conjunto, el eje dedicado al tratamiento judicial presenta un "retraso notable": el 34% de las recomendaciones, es decir, 14 de 41, siguen pendientes de decisión política o no se han aplicado.

La Ciivise lamenta, por otra parte, que el número de investigadores especializados siga siendo "claramente insuficiente", aunque "aumente" el uso de un nuevo protocolo para interrogar a los menores víctimas.

La comisión identifica "puntos de bloqueo" en medidas cruciales. En particular, denuncia "la protección insuficiente de los menores víctimas, que siguen expuestos a su agresor". A su vez, los progenitores —en su mayoría madres— que intentan protegerlos pueden verse perseguidos por no entregar o presentar al menor, a pesar de que se ha reforzado el marco jurídico.

La comisión subraya que el incesto sigue sin reconocerse como un delito específico y pide, una vez más, que los delitos sexuales contra menores sean imprescriptibles, una medida a la que el ministro Gérald Darmanin se ha mostrado favorable.

"Ocho recomendaciones clave, entre ellas la inmunidad disciplinaria para los profesionales que denuncien, siguen a la espera de una decisión clara del Gobierno", añade.

"Es urgente que el Gobierno aplique las 41 medidas relativas al tratamiento judicial, así como las nueve relativas a la reparación, incluida la atención a las víctimas, e incorpore de manera más global la prevención y la lucha contra la violencia sexual contra menores y el incesto en una verdadera política pública al servicio del interés superior del niño, que debe volver a ser el principio rector de la acción gubernamental", insiste la comisión.

Los expertos lamentan así que "aún no esté garantizada" la atención integral de las víctimas "mediante itinerarios especializados cubiertos por la solidaridad nacional".

La Ciivise celebra, no obstante, algunos avances "significativos" en la detección y la prevención, como el refuerzo de los recursos de salud escolar o el aumento de los controles en los centros que acogen a menores. En materia de sensibilización, la comisión destaca la "difusión" de herramientas como el kit de formación Lilia en el ámbito deportivo y la comunicación en torno al número 119, que, sin embargo, también acusa la falta de recursos.

Traducción de Miguel López

Un estudio inédito en Francia ha sacudido esta semana a su potente sector nuclear. Una ONG ambiental, con datos oficiales del operador atómico estatal, ha revelado que cada año mueren en sus centrales nada menos que 5.900 millones de peces, crustáceos, medusas, larvas y huevos. Los animales entran en las instalaciones a través de sus sistemas de refrigeración, que toman agua del río o del mar más cercano para enfriar el líquido utilizado para generar energía en sus turbinas. La cifra solo corresponde a cinco de las 19 centrales nucleares que tiene el país.

Los datos, publicados por Sortir du Nucléaire (Abandonar la Nuclear, en español), han sido obtenidos a partir de 38 informes internos de la eléctrica EDF, la empresa pública titular del parque nuclear francés. En estos documentos hay datos de mortalidad animal desde la década de 1980. La compañía calcula que la central de Blayais, en el suroeste, aspira cada año entre 2.300 y 2.600 millones de peces y otros animales acuáticos, y la de Paluel, en el noroeste, 2.100 millones. El resto de la mortalidad procede de las centrales de Penly, Gravelines y Civaux.

EDF asume en esos informes que la mortalidad de los ejemplares es total una vez que entran en el circuito, una afirmación que ratifican los ecologistas teniendo en cuenta que los animales son golpeados por máquinas, sometidos a cambios de temperatura y cambios químicos, asfixiados u obligados a nadar durante días contra corriente.

La gran mayoría de los animales atrapados son peces, seguidos de crustáceos y medusas, y hay registros de más de 100 especies, algunas de ellas protegidas –como el esturión europeo– por encontrarse en peligro de extinción. La especie cuerpo más encontrada, según la documentación interna, es el pez espadín, seguido del gobio y la gamba blanca. Además, el 80% de los peces muertos miden entre uno y seis centímetros, lo que indica que son juveniles, huevos y larvas que no han llegado a desarrollarse. Perder estos ejemplares pone en riesgo el futuro del ecosistema.

El grupo ecologista también advierte que las cifras de mortalidad estarían por debajo de la realidad porque la calidad de los datos es deficiente. Por ejemplo, los números de animales afectados varían de manera exponencial entre las cinco centrales estudiadas, aunque algunas de ellas tienen la misma tecnología y la misma potencia. En todo caso, no puede concluirse que las 19 instalaciones del país (con 57 reactores en total) tengan un problema de la misma envergadura porque solo aplica a las centrales de ciclo de refrigeración abierto, las que toman ingentes cantidades de agua de ríos o del mar. Las de circuito cerrado necesitan mucho menos agua.

"Aún no tenemos datos sobre cuatro centrales nucleares de circuito abierto, entre ellas la de Flamanville, sobre las que EDF no ha realizado ningún estudio todavía. Nuestro informe también pone de relieve las limitaciones de los estudios realizados por la compañía, lo que probablemente da lugar a una subestimación del número total de animales afectados", explica a infoLibre Emma Lepont, portavoz de la ONG.

A través de los informes internos del gigante francés es posible conocer el viaje que hace la fauna atrapada a través de una central nuclear, que los activistas definen como una "tortura".

El ciclo comienza en un tanque de absorción de agua de alta potencia, capaz de aspirar el equivalente a una piscina olímpica por minuto, en el caso de la central de Blayais. Allí, el animal puede quedar atrapado  desde unos minutos a varios días. A continuación sufre un shock químico, porque el agua es sometida a un proceso de electrólisis para evitar la proliferación de bacterias en el agua marina.

Después, los peces de más de tres milímetros chocan contra un filtro que tiene el objetivo de evitar que se cuelen residuos en el sistema. Los que no lo atraviesan mueren por asfixia al ser expulsados del agua. Los que sí cruzan ese tambor pasan a los circuitos de bombeo y condensación de la central, donde sufren variaciones de temperatura de más de 15 ºC y cambios bruscos de presión.

Esta situación fue originalmente denunciada por una investigación de Mediapart –socio de infoLibre– en 2020, cuando el medio francés accedió a un informe clasificado como "confidencial", elaborado por la consultora Seanao y encargado por EDF. La propietaria de las plantas reconoció a este medio que aproximadamente 540 toneladas de organismos se introducen en sus centrales nucleares cada año, y la mitad son peces. Una de las encontradas habitualmente era el sábalo, considerada en amenaza crítica de extinción. Cada año se recogían "varias docenas de ejemplares" de 100 kilogramos muertos en los circuitos de refrigeración de estas instalaciones.

Tras conocerse esta semana el estudio de Sortir du Nucléaire, el diario francés Le Monde contactó con EDF, que no negó las cifras presentadas por los ecologistas, pero especificó que las centrales están sujetas a una "vigilancia exhaustiva del ecosistema acuático".

Es difícil saber si este cálculo se puede extrapolar a instalaciones nucleares de otros países porque, según ha podido comprobar la ONG Sortir du Nucléaire, lo normal es que la mortalidad animal por aspiración de un reactor sea mucho menor que la registrada por EDF. Centrales nucleares como Hinkley C (Reino Unido), Darlington (Canadá) o Forsmark (Suecia) notifican  una fracción de los animales muertos en comparación con Blayais o Paluel, "ya que en esos países existe una normativa para la protección de los organismos acuáticos".

El informe no aborda la situación de las cinco centrales nucleares españolas, donde se desconoce oficialmente si hay problemas similares. Tres de ellas funcionan con un ciclo de refrigeración abierto o mixto: Almaraz I y II (toman agua del Tajo), Vandellós II (toma agua del Mediterráneo) y Ascó I y II (con un sistema de refrigeración mixto que toma agua del Ebro). Un portavoz de Almaraz afirma que la planta monitoriza el ecosistema que rodea la central y no tienen constancia de mortalidad de animales por su circuito de refrigeración. Trillo y Cofrentes funcionan con un sistema cerrado que se apoya en torres de refrigeración, por lo que toman una cantidad mucho menor de agua de río y su impacto ecológico es reducido.

Los autores del estudio francés subrayan la paradoja de que ni la Autoridad Francesa de Seguridad Nuclear y Protección Radiológica (ASNR) ni EDF han desarrollado protocolos de protección ambiental frente a estas especies, algunas protegidas, ni que el titular de las centrales tenga la obligación de monitorizar los ejemplares atrapados en sus instalaciones, mientras que los parques eólicos de Francia sí tienen que seguir unos estrictos controles sobre mortalidad e impacto de aves con las aspas de los molinos de viento.

Emma Lepont explica la falta de interés histórico y mediático por las nucleares "por los esfuerzos de la industria nuclear por ocultar el fenómeno, manteniendo una falta de transparencia". También influye, sostiene, que estos episodios se han catalogado en la jerga energética como "obstrucciones", en lugar de hablar de mortalidad animal, y las cifras han presentado en toneladas, no en individuos totales, complicando su interpretación por la población.

En España, la situación es similar. Mientras que el sector eólico está sometido a un intenso escrutinio y ha sufrido demandas de grupos conservacionistas por mortalidad de ejemplares —como la denuncia contra Acciona por la muerte de uno de los últimos quebrantahuesos que viven en Teruel, una especie en peligro de extinción—, el impacto de los sistemas de refrigeración de las nucleares sobre la fauna acuática apenas ha formado parte del debate público.

Su nombre aparece en letras rojas en la camiseta del París Saint-Germain y en letras blancas en la de Marruecos. Está por todas partes, en la espalda de nuestros niños junto al campo o en la de los aficionados en las zonas de aficionados del Mundial. Achraf Hakimi goza de una enorme popularidad en el ámbito deportivo y popular.

Sin embargo, lleva tres años siendo investigado por la justicia francesa por violación. El futbolista parisino, elegido mejor jugador africano en 2025 y sexto en la clasificación del Balón de Oro ese mismo año, parece gozar de una especie de escudo de inmunidad ante la opinión pública. También en su deporte.

Su club siempre lo ha apoyado, sin reserva alguna: “Cuento con el apoyo total de mi club porque saben cómo soy”, había declarado Hakimi ya durante su detención policial el 2 de marzo de 2023. El lateral desfiló triunfalmente por París con motivo del segundo título europeo del PSG el 30 de mayo. Tampoco se le ha cuestionado en la selección nacional. Y pudo entrar en Estados Unidos para participar en el Mundial, porque un jugador de Ghana, acusado de violaciones en el Reino Unido, no tuvo la misma suerte y se le impidió viajar a Canadá.

En Francia, la justicia sigue su curso. Hakimi se enfrenta a un posible juicio: con la presunción de inocencia, ha recurrido el auto de imputación ante un tribunal penal de Hauts-de-Seine, dictada en febrero por un juez de instrucción de Nanterre. Este 19 de junio el Tribunal de Apelación ha rechazado su recurso y tendrá que sentarse en el banquillo de los acusados.

Mediapart se ha sumergido en este caso a la vez común y extraordinario. Común a la vista de los hechos relatados: una violación con los dedos durante una cita en el domicilio del jugador en pleno invierno de 2023. Extraordinario por la (relativa) rapidez de la justicia, la delirante cobertura mediática sin consentimiento de la denunciante y por el espejo que le pone al fútbol profesional.

Jeanne* es una “joven alta y pulcra”, según las palabras de una de las psicólogas que la evaluó, y que muestra un “cierto control emocional”. A sus 27 años, se muestra muy serena, sentada en el despacho parisino de su abogada, Rachel-Flore Pardo. Se retuerce ligeramente las manos, su rostro está un poco tenso por el estrés, pero se mantiene erguida y habla con claridad.

Unos días antes, París se desbordó de alegría colectiva gracias a la victoria del PSG en la Liga de Campeones. La joven nunca se había sentido tan “desesperada”, según su abogada. Antes, habría animado a “su” ciudad. Esta vez, no vio el partido, trabajó y se tomó una copa en casa de una amiga. En el metro de vuelta, vio “a mujeres con la camiseta de Hakimi” y a una multitud feliz. “Había tantísimos aficionados. Me dije: ‘Imagina por un segundo que supieran que eres tú...”

Algunos días, cuenta a Mediapart, Jeanne tiene miedo de salir a pasear a su perro, sale menos que antes, se ha “encerrado en sí misma”.

Se siente “muy sola”. Lo repite y lo subraya durante nuestra entrevista. “Me siento sola, sin apoyo, incomprendida.” También dice: “Me ven con muy malos ojos. Me ha mancillado tanto...”. La causa: los mensajes en las redes sociales y la defensa del futbolista, que niega los hechos que se le imputan y se considera víctima de un “montaje” y de “manipulaciones”.

En la noche del 24 al 25 de febrero de 2023, Hakimi y Jeanne se reunieron en el domicilio del jugador, situado al oeste de París. Él se había mudado allí una semana antes tras separarse de su esposa (con la que tiene dos hijos pequeños). Hacía ya unas semanas que los dos jóvenes se comunicaban a través de Instagram, después de que él la hubiera descubierto en esa plataforma. Los mensajes, incorporados al expediente judicial, son ligeros y corteses: no se puede hablar de seducción, apenas de coqueteo.

Es sobre todo él quien vuelve a la carga e insiste en quedar con ella. Esa misma tarde, Hakimi ya había recibido a otra mujer en su casa; ella no quiso mantener relaciones sexuales y se despidieron sin problemas. Intenta una segunda cita con Jeanne. Le sigue el juego: ella misma había roto recientemente con su primer amor y sus amigas la animaban a distraerse. Los dos, solteros de 24 años, acaban acordando una cita, a última hora de la noche.

Sus relatos coinciden al principio: charlan un rato, se besan varias veces. Pero luego las versiones difieren. Jeanne afirma haberle explicado que no deseaba mantener relaciones sexuales —ya se lo había dejado claro por mensaje antes de llegar—, pero que Hakimi no habría respetado su consentimiento al acariciarla y, finalmente, sentarla a horcajadas sobre él e introducirle los dedos en la vagina, de forma furtiva, “unos segundos […] quizá treinta segundos”, dijo Jeanne al juez de instrucción. “Para, para, quítalos, quítalos”, habría repetido.

El jugador lo niega. “Lo único que le toqué fue la espalda”, explicó en la declaración, respondiendo a cada pregunta sobre el relato de Jeanne: “Eso es falso, es mentira”.

Poco después, Jeanne se va del piso: había llamado a una amiga para que fuera a recogerla. Las imágenes de las cámaras de seguridad la muestran sola en la calle, esperando el coche; aunque Hakimi había indicado inicialmente a los investigadores que la había acompañado hasta fuera.

Esta amiga, Claire*, desempeña un papel fundamental en el caso. Durante toda la noche, las dos jóvenes se intercambiaron mensajes. Tanto antes de que Jeanne llegara a casa de Hakimi como mientras estaba allí. Su lectura ofrece una versión de los hechos casi en tiempo real.

Diez minutos después de su llegada, Jeanne le escribe a Claire: “Me ha agarrado… La boca… Me voy”. Son las 1:27. 1:31: “Es un violador”, "Le he dicho que yo no soy así”. 1:50: “Es muy grave”. Claire intenta entenderlo, sin obtener respuesta. 2:18: “Vuelvo a casa", “Es muy grave”. Luego, Jeanne a Claire, que sale a buscarla: “Te lo ruego… Date prisa… Por favor”. 2:19: "Es muy grave”, “Me está violando”, "Por mi madre que me ha violado”, “Me ha metido los dedos”, “A la fuerza”. 2:20: “Por favor, ven, me va a dar algo.”

A juicio de los jueces que han examinado el caso, estos mensajes son abrumadores para el futbolista parisino.

Otros mensajes que se intercambiaron antes son, por el contrario, una de las principales armas de la defensa para desacreditar a Jeanne y respaldar la tesis de la conspiración. La mayoría los escribió Claire: aconseja a su amiga que escuche “À l’abri” de Fresh la Peufra —la canción empieza con “no tuve más remedio / que correr este riesgo / para poner a la miff [la familia —ndr] a salvo”. Luego, a las 0:49: “Llegas en plan mujer fatal”. Y, sobre todo, a las 0:58: “Intenta conseguir los códigos y todo eso… Vamos a desplumarlo… Somos chicas de la calle”.

Jeanne apenas responde: ”Jajaja, dios mío, estoy nerviosa”. A la 1:15, al llegar, escribe: “Me lo voy a follar” [je vais le baiser – ndr]”.

Para la parte civil, el tono del intercambio de mensajes es el de una broma entre dos amigas antes de una cita. “Es solo una broma, de verdad”, dirá Jeanne al juez que la interroga sobre los códigos de acceso. “Era para decir, tipo ‘lo voy a matar’, porque tardaba demasiado en llegar”, en referencia al “me lo voy a follar”.

Esos mensajes se filtraron en L’Équipe, en 2025. “¿Ha caído el futbolista, tal y como él está convencido, en una trampa?”, se preguntaba entonces el diario deportivo. Al leer el artículo, no cabe duda. “Un intento de extorsión”, había explicado su abogada, Fanny Colin, ya en marzo de 2023.

“Es un montaje”, explicó su cliente ante el juez. “Para mí, es una manipulación que ellas han preparado”. ¿Con qué fin? “Sé muy bien que quieren destrozar mi vida.” ¿Por qué? “Porque estoy en un momento álgido de mi carrera, porque gano mucho dinero y porque varios compañeros futbolistas ya han pasado por la misma situación.” Pero, ¿qué quieren Jeanne y Claire? “No sé si quieren destrozar mi vida, hacerse famosas o conseguir dinero. O todo a la vez.”

A Achraf Hakimi, esta hipótesis del “chantaje” le resulta más plausible, ya que le parece algo habitual en su entorno. “Sé muy bien que este tipo de hechos ya han ocurrido con futbolistas”, declaró durante su detención preventiva. “De hecho, todo el mundo conoce casos confirmados de futbolistas que han aceptado —o no— pagar importantes sumas de dinero a mujeres bajo la amenaza de presentar una denuncia por supuestos hechos de violencia sexual”, explica a Mediapart su abogada, Fanny Colin (ver caja negra).

En nuestros archivos encontramos constancia del caso de Cristiano Ronaldo, quien firmó un acuerdo económico tras una acusación de violación en Estados Unidos. Pero eso no implica que haya mentido sobre los hechos: una investigación de la revista alemana Der Spiegel reveló que la estrella portuguesa reconoció en su momento, ante sus propios abogados, que la víctima le había pedido que detuviera el acto sexual.

También está el caso del delantero brasileño Neymar: en Brasil fue archivada una denuncia por violación —él denunció una "trampa"— y en Estados Unidos una acusación de agresión sexual —la marca deportiva Nike consideró entonces que eso justificaba la rescisión de su contrato—. Por su parte, otro brasileño, Dani Alves, fue condenado en primera instancia y encarcelado tras proponer un acuerdo económico, antes de ser absuelto en apelación. Ambos también jugaron en el PSG.

En Francia, los antecedentes públicos no saltan a la vista: sí, parece frecuente la práctica de la extorsión y el chantaje, pero por motivos distintos a la violencia sexual. Así ocurre con el caso de Paul Pogba, con una investigación de L’Équipe sobre el entorno de N’Golo Kanté, con el caso del vídeo sexual de Mathieu Valbuena o incluso con la amenazante petición de una “ayuda económica” para la ETA dirigida a Bixente Lizarazu en el año 2000.

Da igual: los futbolistas y sus amigos se mantienen alerta. En la investigación sobre Hakimi, el “mejor amigo” del lateral explica: “En el pasado ha habido varios casos de acusaciones de violación contra futbolistas, así que era un tema muy presente entre nosotros, el temor a que algún día nos pudiera pasar a nosotros; nos tomábamos muy en serio la prevención. […] Sabemos que este tipo de historias pueden destruir una carrera.”

Otra persona cercana, al ser preguntada, afirma: “Le había dicho que tuviera cuidado con las mujeres en Francia, porque conozco el comportamiento de las mujeres en las discotecas con los futbolistas.” Cita el caso de Dani Alves, “que acababa de ser encarcelado por violación”: “Hay tantas historias también de falsas acusaciones de violación contra futbolistas que todos tienen miedo”.

“Es un tema que sacamos a colación con frecuencia y con el que estamos muy atentos”, confirmó la estrella francesa Kylian Mbappé, muy cercano a Hakimi. “En primer lugar, no somos unos salvajes. Y, además, estamos preparados para esto desde el inicio de nuestra carrera.”

Jeanne lleva tres años soportando esa sospecha. “Puedo entender a los futbolistas”, dice a Mediapart. “Sé que no todo el mundo es bueno en este mundo. Pero yo no soy para nada ese tipo de chica. Nunca le he pedido dinero a nadie. Nunca me he aprovechado del dinero de nadie.”

Ella, afirma, “nunca habría hecho eso por dinero”. “Ni siquiera por miles de millones de euros. No se lo deseo a nadie”.

Cuando denunció los hechos ese mismo día, presentó una denuncia preliminar, pero se negó a presentar una denuncia formal. Sin embargo, según Fanny Colin, la abogada de Hakimi, “el medio de presión del intento de chantaje, cuando existe en este tipo de casos, suele ser la amenaza de presentar una denuncia (o la de convertir en denuncia formal un aviso de infracción que, hasta entonces, se suponía debía permanecer confidencial y no dar lugar a la intervención de la autoridad judicial)”.

Jeanne lo explica ya en su primera declaración, el 25 de febrero de 2023 a las 17:00 horas: “Solo quería que esto no les pasara a otras chicas”. Además, ella no lo vivió como “una pesadilla”. Pero “esto no es normal”. En declaraciones a Mediapart, añade: “En realidad, estamos en 2026. Basta ya, ¿no?”. Jeanne es feminista por naturaleza, pero sin hacer alarde de ello. “No es el tema”.

Además de la ausencia inicial de denuncia, la defensa de Hakimi alega, en particular, “la falta de cooperación de su acusadora para esclarecer la verdad”. Jeanne “se negó a someterse a los exámenes médicos y psicológicos” en dos ocasiones. Nunca había acudido al ginecólogo, explica la joven, que, en cambio, acabó siendo tratada dos veces por una psicóloga. Se negó a que su teléfono quedara precintado. Toda su vida y su intimidad están ahí, argumenta.

Hasta la fecha, ninguno de los magistrados a cargo del caso ha dado crédito a la hipótesis del chantaje.

Pero Jeanne “a veces se arrepiente” de su denuncia. “Me han traicionado mucho”, afirma. Que la justicia la haya creído hasta ahora no basta para contener su amargura, su “trauma”. El de, según ella, haberse visto envuelta en cuestión de horas, bajo la presión de la prensa, en un procedimiento que en un principio no había deseado.

Porque su declaración se filtró el lunes en Le Parisien sin su consentimiento. Sin que ni siquiera la hubieran avisado. Hakimi no tiene nada que ver con ello; unas horas más tarde debía asistir a una gala. Pero a él el PSG le avisa antes de la publicación. Jeanne lo descubre en Internet. “Es el mayor trauma de mi vida”, afirma. A la agente de policía que la interroga el 1 de marzo, Jeanne le dice: “Cuando los hechos se hicieron públicos en los medios, tuve que tomar un ansiolítico, me entró pánico, lloré”. “Lo que más me duele es el tratamiento mediático, más que el acto en sí mismo”, añade.

La prensa se ha convertido en su pesadilla. Su número de móvil figura en el atestado policial y circula por varias redacciones. “Me han contactado un montón de veces. Han contactado a mi familia. Han contactado a mis amigos”. Ya el martes, un periodista llamó al timbre de su casa. Fue un familiar quien abrió la puerta. “No entendía por qué un periodista me buscaba. Le explicó: Veo que usted no está al corriente, pero [Jeanne] ha presentado una denuncia por violación contra Achraf Hakimi”.

Entonces, ¿de verdad quiere que ese juicio pueda llegar a celebrarse? Jeanne duda, le cuesta decirlo. Finalmente, tras más de una hora de entrevista, ya no se detiene: quiere “un juicio para defenderme, para que me escuchen”, tiene “ganas de hablar con los magistrados, de responder a sus preguntas”, sueña “con que la gente lo entienda”. “Quiero dar explicaciones. Quiero que me crean”.

Mientras tanto, el sábado no verá la tele: en la noche del viernes al sábado, Marruecos se enfrenta a Escocia en su segundo partido de un Mundial en el que el equipo liderado por Achraf Hakimi tiene grandes ambiciones.

Los hechos que se le imputan a Achraf Hakimi se remontan a la noche del 24 al 25 de febrero de 2023. Ese mismo día, Jeanne* acude a la comisaría para presentar una denuncia previa, aunque se niega a presentar una denuncia formal. Su denuncia previa se filtra en Le Parisien el lunes 27 de febrero. Se abre una investigación preliminar. El 1 de marzo, Jeanne es interrogada de nuevo y presenta una denuncia formal, acompañada esta vez por su abogada, Rachel-Flore Pardo. Al día siguiente, el lateral parisino fue detenido y lo negó todo. Se abrió una investigación judicial y fue imputado por violación el 2 de marzo de 2023.

Desde entonces, varios jueces sucesivos han llevado a cabo la investigación, tomando declaración a testigos y realizando peritajes psicológicos a ambas partes. Al término de esta instrucción, el 26 de febrero de 2026 se dictó un auto de procesamiento ante el Tribunal Penal de Hauts-de-Seine.

A pesar de la ausencia de un informe médico y del apoyo de los allegados del jugador, la jueza tuvo en cuenta varios elementos “en contra”: la acusación reiterada “de forma constante y detallada” por parte de Jeanne; los mensajes intercambiados con una amiga la noche de autos; una frase de la declaración de Kylian Mbappé que, al apoyar a su amigo Achraf Hakimi, parece contradecirlo en lo relativo a las “caricias en las partes íntimas” que él niega; “el contexto en el que se revelaron los hechos”, que tiende a descartar cualquier tipo de extorsión; la moderación en la expresión de Jeanne y un discurso “que parece sincero y auténtico”; los testimonios de sus allegados.

Achraf Hakimi, asistido por su abogada Fanny Colin, ha recurrido el auto de procesamiento. A finales de mayo de 2026 se celebró una vista, en la que el fiscal general también defendió llevar al deportista ante un tribunal. Este viernes 19 de junio, el Tribunal de Apelación ha rechazado su recurso para evitar sentarse en el banquillo de los acusados.

En cualquier caso, Achraf Hakimi goza, como cualquier persona implicada en un proceso penal, de la presunción de inocencia.

Traducción de Miguel López

“Zidane es Francia. No se le falta el respeto a una leyenda así”. Con esa frase, publicada en la red social X en enero de 2023, Kylian Mbappé sacudió el cargo de Noël Le Graët, que acabaría dimitiendo. El capitán de los bleus no dejó pasar por alto las declaraciones del presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), quien descartó de plano la “hipótesis Zidane” para el puesto de seleccionador nacional tras renovar a Didier Deschamps hasta 2026, afirmando que “ni siquiera le habría cogido el teléfono”.

El actual capitán de la selección francesa ha forjado su influencia lejos de aquel joven jugador de 18 años que se dio a conocer al gran público durante el Mundial de 2018 en Rusia, al término del cual Francia consiguió su segunda estrella. Desde entonces, Mbappé no duda en poner su liderazgo al servicio de sus convicciones. En los últimos años, ha hecho llamamientos regulares para votar “contra los extremos”, ha denunciado el racismo y ha salido en defensa de compañeros de equipo víctimas de discriminación.

En France 5, el documental Mbappé, la diplomacia del balón, emitido el 6 de junio de 2026, le atribuye incluso un cierto soft power digno de un “agente diplomático”. Sin embargo, esta condición de figura pública nunca le ha protegido de la violencia racista.

En 2021, la selección francesa quedó eliminada prematuramente de la Eurocopa, en octavos de final, tras una tanda de penaltis contra Suiza. Mbappé falló el suyo. En las horas posteriores a esta inesperada derrota, la estrella de los bleus sufrió una oleada de odio en las redes sociales. En el pódcast The Bridge, emitido en abril de 2026, el futbolista recuerda con gravedad ese episodio y revela que entonces llegó a plantearse abandonar la selección: “Juego para gente que, si no marco goles, piensa que soy un mono”.

Otro número 10 sufrió la misma andanada de emociones. En 2006, Zinédine Zidane, elegido mejor jugador en el Mundial de Alemania, propinó un cabezazo a Marco Materazzi durante la prórroga de la final contra Italia. Fue expulsado y Francia cayó en la tanda de penaltis. El gesto del jugador franco-argelino acaparó los comentarios de los medios, y sus orígenes resurgieron de repente en el debate público.

“Zidane es francés cuando a todo el mundo le conviene, pero cuando no sabe 'comportarse' deja de serlo por completo”, señala la antropóloga Nacira Guénif-Souilamas, autora de la obra Les Féministes et le Garçon arabe (Las feministas y el chico árabe, Éditions de l’Aube, 2004). Recuerda que el jugador, hasta entonces calificado de “cabileño” [relativo a la Cabilia, una región montañosa en el norte de Argelia], se convierte entonces en un “árabe”: “En el orden colonial, ser cabileño siempre ha sido una forma de absolver al colonizado de todos los males que se le pudieran atribuir. El cabileño estaba, por tanto, más cerca de los blancos”.

Entre Zidane y Mbappé, otra generación descendiente de inmigrantes sufrió de lleno críticas político-mediáticas, prejuicios de clase y discriminaciones raciales. Tuvo su punto álgido en Knysna, durante el Mundial de 2010 en Sudáfrica, un episodio recuperado recientemente por el documental de Netflix El autobús: La huelga de la selección francesa, estrenado en mayo de 2026.

El documental vuelve sobre la expulsión de Nicolas Anelka por parte de la FFF, a raíz de unas supuestas declaraciones dirigidas a su seleccionador, Raymond Domenech: “Vete a tomar por culo, hijo de puta”, palabras que hoy sabemos que nunca pronunció, pero que le fueron atribuidas en la portada del periódico L’Équipe. Cuando sus compañeros de equipo iniciaron una huelga de entrenamientos para apoyarle, se les tachó de “niños mimados”, “desconectados” e “inmanejables”.

Ante las cámaras de Netflix, Raymond Domenech dice, al referirse a la carta que le entrega el capitán, Patrice Évra: “Lo primero que pienso es que eso no lo han escrito ellos, ni siquiera tiene faltas ortográficas”.

Algunos discursos adquieren una dimensión identitaria aún más profunda. En un primer momento, la entonces ministra de Deportes, Roselyne Bachelot, se desplaza al campamento base de los bleus para “calmar la situación”. Pero ante la Asamblea Nacional, la ministra califica a los jugadores de “matones inmaduros” y denuncia comportamientos propios de la “chusma”.

Incrédulos, algunos jugadores reaccionan en el documental: “Ante los medios, nos destruye”, declara William Gallas. “Nos ensucia, nos escupe”, añade Patrice Évra. Bacary Sagna se pregunta: “Vienes, pasas tiempo con nosotros, estamos aquí, te respetamos… ¿Quién es aquí el matón?”. Por su parte, Roselyne Bachelot se mantiene, por una vez, en silencio: “He dicho lo que tenía que decir y ya está”.

En este ambiente, el diario nacional-católico Présent —en el que la diputada Caroline Parmentier, cercana a Marine Le Pen, escribió durante treinta años— publica una serie de viñetas racistas. El 22 de junio de 2010, la portada rezaba: “¡Qué vergüenza de bleus! Eso es lo que pasa por confiar en un equipo de gamberros de barrio marginal”. Como ilustración, aparecían personajes negros con orejas de burro, objeto de burla de los aficionados, mientras otros, también negros, eran caricaturizados bailando y con una amplia sonrisa.

Se trata de un momento “en el que el debate público en torno a la selección francesa se desplazó hacia cuestiones de identidad nacional, integración y patriotismo”, analiza Nicolas Vilas, autor del libro Enquête sur le racisme dans le football (Investigación sobre el racismo en el fútbol, edit. Marabout, 2018). “Tras lo ocurrido en Knysna, la federación tomó decisiones bastante simbólicas: el fin de los menús halal en Clairefontaine, la insistencia en cantar La Marsellesa, medidas sobre el comportamiento de los jugadores, como la prohibición de llevar gorra. Se infantiliza a los jugadores”.

Lo de Knysna ocurrió en un clima político y mediático más amplio, que lastra al país desde octubre de 2005: el de las revueltas populares por la muerte de Zyed Benna y Bouna Traoré, en Clichy-sous-Bois, cuando huían de un control policial. Nicolas Sarkozy, entonces ministro del Interior, declaró en la plaza de Argenteuil: “¿Estáis hartos de toda esta gentuza…? ¡Os vamos a librar de ellos!”, antes de prometer “limpiar a fondo” la situación.

Desde Martinica, donde se encontraba concentrado con la selección francesa, Lilian Thuram respondió entonces con indignación: “Lo recuerdo, porque cuando era más joven, iba al colegio y los chicos me decían: ‘Éste es gentuza, porque vive en Les Fougères [un barrio popular del distrito XX de París]’. No, yo no soy gentuza. Lo que quiero es trabajar y salir de ahí. ¿Por qué tienen que restregármelo por la cara?”. Y añadió: “Cuando alguien dice ‘limpiar con la Kärcher’, quizá no sepa lo que dice, señor Sarkozy. Pero yo me lo tomo como algo personal”.

En una entrevista concedida en noviembre de 2005 al periódico israelí Haaretz, el ensayista Alain Finkielkraut fue más allá: “Nos dicen que la selección francesa es adorada por todos porque es ‘negra-blanca-mora’. De hecho, hoy en día es ‘negra-negra-negra’, lo que hace que toda Europa se ría burlonamente.”

Hasta entonces, solo el Frente Nacional se había atrevido a denunciar el perfil multiétnico de los bleus. “Me parece un poco artificial traer a jugadores del extranjero y bautizarlos como selección francesa”, declaraba Jean-Marie Le Pen en 1996.

Dos décadas más tarde, el polemista y excandidato a la presidencia Éric Zemmour tomó el relevo. En 2018, se mostró preocupado: “Imaginad a la selección de Nigeria con ocho jugadores blancos de 11. ¿Qué diríais? ¡Es raro!”. En 2022, lamentó de nuevo “que haya ocho o nueve jugadores de origen africano, de piel negra”, en la plantilla de la selección francesa. Y en 2026, arremetió ya contra todos los clubes de fútbol franceses, incluso los amateurs, donde, según él, “la juventud árabe-musulmana expulsa a los niños blancos”.

El llamado “asunto de las cuotas” ilustra el giro identitario iniciado por Jean-Marie Le Pen. En abril de 2011, Mediapart reveló unas conversaciones mantenidas en el seno de la dirección técnica nacional de la Federación Francesa de Fútbol.

Varios responsables, entre ellos el nuevo seleccionador Laurent Blanc, mencionaban la implantación de cuotas oficiosas destinadas a limitar el número de jugadores con doble nacionalidad en la cantera. Las conversaciones se centraban principalmente en los jóvenes jugadores de origen africano y norteafricano. Aunque finalmente no se aplicó ninguna medida, el escándalo prolonga el debate sobre el lugar que ocupan los jugadores de origen inmigrante en el fútbol francés.

Para el periodista Nicolas Vilas, este episodio pone de manifiesto una fractura estructural: “Quienes toman las decisiones no reflejan a quienes componen mayoritariamente los equipos”, señala. Es decir, “os queremos en el campo, pero no necesariamente en la mesa donde se toman las decisiones”.

Unos años más tarde, la ausencia de Karim Benzema en la Eurocopa 2016 reavivó nuevas polémicas sobre la identidad francesa de algunos bleus. En una entrevista concedida al diario Marca en marzo de 2016, el delantero se refirió a unas decisiones de selección influenciadas, según él, por “una parte racista de Francia”. Al mismo tiempo, su relación con el himno nacional francés, que él no cantaba, fue ampliamente comentada en la prensa.

“Cuando Karim Benzema o Samir Nasri fueron criticados por no cantar La Marsellesa, muchos señalaron inmediatamente su origen magrebí”, observa también Nicolas Vilas. “Se examina con mayor detenimiento a aquellos cuyos nombres se perciben como ‘no franceses’, cuando, si consultamos los archivos, Michel Platini tampoco cantaba el himno”, recuerda.

La victoria en el Mundial de 1998 traía consigo muchas esperanzas. La mitología “negro-blanco-moro” había convertido a Francia en símbolo de una nación multicultural, orgullosa y unida. Para Rokhaya Diallo, periodista y activista antirracista, esta fórmula revelaba, sin embargo, un desconocimiento de la realidad social francesa.

“Entonces yo tenía 20 años y me resultaba extraño ver cómo los medios de comunicación se sorprendían ante una realidad que ya formaba parte de mi día a día”, recuerda. “No se trataba tanto de la aparición de algo nuevo como del reconocimiento, por parte de la mayoría de la opinión pública, de una realidad que ya existía”.

La propia expresión le parece problemática. “Calificar a este equipo de ‘negro-blanco-moro’ es una forma de eludir el tema”, explica. “No se utiliza el vocabulario directo: ‘blanco’ se denomina como tal, mientras que ‘negro’ y ‘moro’ designan realidades que seguían resultando molestas”.

Sin embargo, la noche de la victoria, todo parecía posible para estos jugadores descendientes de inmigrantes. En el Arco del Triunfo, se proyectaron sucesivamente sus nombres y retratos. Entre las consignas que proliferaron en las calles, una se volvió emblemática: “¡Zidane presidente!”. Pero cuatro años más tarde, Jean-Marie Le Pen, candidato del Frente Nacional, llegaba a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales frente a Jacques Chirac.

“La hegemonía del eslogan 'negro-blanco-moro' cegó a una parte de la sociedad francesa. En una especie de euforia colectiva, contribuyó a ocultar el avance del racismo”, analiza Rokhaya Diallo. “Esa imagen de una Francia multicultural resultaba sumamente gratificante. Los franceses se sentían orgullosos de la percepción que se tenía de su país a nivel internacional. Encontrarse de repente con Jean-Marie Le Pen en la segunda vuelta supuso, a la vez, un desmentido de lo que creíamos ser y una especie de vergüenza ante el exterior”.

En este contexto, Zinédine Zidane, apodado cariñosamente “Zizou”, tomó la palabra por primera vez el 29 de abril de 2002: “Cuando vemos que hay casi un 30% de abstención y que, al final, nos encontramos con una segunda vuelta entre Chirac y… el otro, simplemente hay que decirle a la gente que debe ir a votar. Hay que pensar en las consecuencias. Lo digo y mido mis palabras: hay que reflexionar antes de votar a un partido que no se ajusta en absoluto a los valores de Francia”.

Para Lilian Thuram, compañero de equipo de Zidane y también campeón del mundo en 1998, convertido desde entonces en una figura de la lucha contra el racismo, sobre todo a través de su libro La Pensée blanche (El pensamiento blanco, edit. Philippe Rey, 2020), los valores franceses constituyen también un argumento central para oponerse a la extrema derecha.

Preguntado por Mediapart el pasado 6 de junio sobre los llamamientos de Kylian Mbappé a votar contra la extrema derecha, Thuram afirmó: “Se dice que, como Kylian Mbappé es capitán de la selección francesa, debe dirigirse a todos los franceses. Yo creo más bien que debe hablar en nombre de Francia. No es lo mismo. Cuando habla en nombre de Francia, defiende nuestros valores. Sin embargo, la Agrupación Nacional representa lo contrario: la división en lugar de la unión, la desigualdad en lugar de la igualdad, y desde luego no la fraternidad”.

Las elecciones legislativas anticipadas de junio de 2024 demostraron definitivamente que la nueva generación de los bleus se atrevía a ser más politizada que sus predecesores, a pesar de las críticas. El lateral derecho de la selección francesa, Jules Koundé, escribió entonces en X: “En los tiempos que corren, votar es tanto un deber como un derecho. Por mi parte, veo que la extrema derecha nunca ha llevado a un país hacia más libertades, más justicia y una mejor convivencia. Y creo que nunca lo hará”.

El pasado 13 de junio, tres días antes del primer partido de Francia contra Senegal, el canal de YouTube de la FFF publicó un vídeo en el que Rayan Cherki, jugador de origen argelino, reflexiona con emoción sobre la diversidad de la plantilla de 2026. “No sé por qué a algunas personas no les caigo bien”, dice el centrocampista. “Puedo entender que mi perfil resulte incómodo, quizá porque tengo la barba demasiado grande, quizá porque mi piel es demasiado oscura… Pero para mí, eso es lo que nos hace fuertes. Es una magnífica selección francesa con mucha diversidad, con muchas historias diferentes. Y eso es lo que hace fuerte a Francia”.

Traducción de Miguel López

En una resolución sin precedentes que amplía una vez más los límites de la regulación democrática de los medios de comunicación en Francia, la Autoridad de Regulación de la Comunicación Audiovisual y Digital (Arcom) ha dictado un requerimiento formal a la cadena de noticias CNews, propiedad del magnate ultraderechista Vincent Bolloré, para que corrija de inmediato el “desequilibrio estructural" de sus emisiones si no quiere enfrentarse a la vía sancionadora, que contempla multas económicas millonarias o la revocación definitiva de su licencia para emitir.

La vía elegida, que en francés se denomina “mise en demeure” (“carta de emplazamiento”) es una orden jurídica mediante la cual una autoridad exige oficialmente a una persona o empresa que corrija un incumplimiento legal en un plazo determinado, funcionando en la práctica como un último aviso legal. 

En el ámbito regulatorio de los medios de comunicación, no constituye una sanción económica inmediata ni la pérdida de derechos, pero sí un paso administrativo obligatorio e indispensable para dejar constancia de la infracción. De este modo, si el operador decide ignorar la orden y reincidir en su conducta, la autoridad queda plenamente facultada por la ley para activar la vía disciplinaria dura e imponer multas millonarias, suspender emisiones o, en el caso más extremo, revocar de forma definitiva la licencia para emitir. 

La decisión, anunciada formalmente este lunes tras una denuncia de la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) —el origen del procedimiento también es muy relevante—, se basa en una exhaustiva investigación que se inició en marzo de 2025. Tras visionar más de 146 emisiones y un total de 168 horas de programación, la Arcom ha acreditado que la señal propiedad de Bolloré ofrece un tratamiento “unívoco” y carente de contradicción real en la inmensa mayoría de sus debates de actualidad.

El informe del regulador concluye que tres cuartas partes de las secuencias analizadas exponen exactamente el mismo punto de vista. Según la Arcom, en la parrilla de CNews los hechos objetivos han pasado a ocupar un plano “secundario”, quedando fagocitados por mesas de opinión donde las escasas posturas discrepantes son tratadas de forma “aislada” o sufren una desvalorización sistemática.

La resolución detalla que los propios presentadores actúan como “prescriptores de la opinión que se debe adoptar”, limitando activamente el tiempo de intervención de las voces discordantes. El análisis del organismo identifica una hiperconcentración editorial y un sesgo permanente en varias temáticas clave. 

La inmigración y la seguridad son abordadas bajo una insistente relación causa-efecto para sostener discursos sobre el aumento de la delincuencia. La religión musulmana es retratada de manera recurrente como una “amenaza” global para el modelo social francés. 

La guerra en Ucrania se aborda a través de coberturas monográficas orientadas fundamentalmente a erosionar y criticar la ayuda internacional prestada por el Gobierno de Emmanuel Macron. El partido de izquierda La France Insoumise (LFI) es objeto de duros ataques en plató sin que se le conceda el derecho de réplica correspondiente. Y el tratamiento de la condena judicial a Marine Le Pen fue presentado formalmente por CNews como un “golpe de Estado judicial” o un “déni démocratique” (denegación democrática), silenciando cualquier interpretación jurídica alternativa.

Con esta medida, la Arcom aplica de forma pionera la jurisprudencia histórica del Consejo de Estado impuesta en 2024. Aquella sentencia determinó que el pluralismo no puede medirse únicamente de forma cronométrica —contando los minutos de palabra otorgados a los partidos políticos en base a sus resultados electorales—, sino que el supervisor está obligado a fiscalizar el equilibrio real en la diversidad de corrientes de pensamiento y opiniones que se muestran al público.

Esta resolución sitúa a CNews ante el escenario de castigos más severo de su historia. La cadena ya acumulaba un abultado historial de sanciones por parte de la Arcom: en julio de 2024 fue multada con 80.000 euros; en noviembre del mismo año recibió dos penalizaciones de 100.000 y 50.000 euros por falta de contradicción en los programas En quête d'esprit y Morandini Live; y el pasado mes de febrero volvió a ser multada por declaraciones de carácter discriminatorio. Sin embargo, la “puesta en demora” actual activa la cuenta atrás para medidas de mayor gravedad, justo a menos de un año de las elecciones presidenciales francesas.

Thibaut Bruttin, el director general de Reporteros Sin Fronteras, la entidad cuya denuncia desencadenó la auditoría, ha celebrado el paso dado por el regulador. Según él, la Arcom “ha tocado el fin del recreo” ante una cadena que prioriza el comentario ideológico sobre la información fiable. La ONG mantendrá la vigilancia para exigir nuevas sanciones si el canal no modifica sustancialmente su línea.

Por su parte, CNews ha rechazado de manera tajante los cargos formulados por la Arcom. En un comunicado oficial, la dirección del canal ha calificado la decisión del organismo público de “infracción injustificada” contra la libertad de expresión, el pluralismo del debate y la independencia editorial, y ha anunciado que recurrirá de inmediato la resolución ante la alta jurisdicción administrativa del Consejo de Estado.

La amonestación a la cadena privada coincide en el tiempo con otra resolución de la Arcom dirigida a las emisoras de la radio pública (France Inter y Franceinfo), instándolas a equilibrar la representación diurna del partido ultraderechista Rassemblement National (RN). 

No obstante, colectivos de periodistas y analistas de medios recalcan que ambos expedientes carecen de la misma naturaleza: mientras la radio pública ha asumido un desajuste temporal y de carácter técnico en el minutaje de los partidos políticos, el expediente de CNews responde a un modelo de negocio y de intervención cultural sistemático y duradero.

CNews pertenece al grupo Vivendi, propiedad del multimillonario Vincent Bolloré, una de las mayores fortunas globales. El magnate, conocido por utilizar su emporio mediático (que incluye Canal+, Europe 1, Paris Match o la editorial Hachette) como plataforma de difusión de las tesis de la extrema derecha francesa, mantiene también una relevante presencia estructural en España. 

A través de Vivendi, Bolloré es el segundo accionista de Prisa con el 11,8% del capital y cuenta con un asiento en su consejo de administración, una posición estratégica sobre medios clave como el diario El País y la Cadena SER que mantiene en alerta al sector de la comunicación y al panorama político español.

Ya sea en los sectores de la industria, la sanidad, la educación, la confección o el ocio, el dominio de los fondos de inversión sobre la economía francesa ha alcanzado en los últimos años una magnitud sin precedentes. Estos fondos, en su mayoría extranjeros (EQT, Apollo, KKR, CVC, CD&R, BC Partners…) aunque también franceses (Ardian, PAI, Tikehau…), se caracterizan por estar muy poco regulados por las autoridades, a diferencia de los bancos.

En los últimos años, esos fondos han adquirido cientos de empresas francesas mediante operaciones financieras muy agresivas, con objetivos desmesurados de rentabilidad a corto plazo en detrimento de la sostenibilidad de la actividad económica.

Un informe de investigación parlamentaria publicado el lunes 15 de junio sobre “la depredación de las capacidades productivas francesas por parte de los fondos especulativos”, al que ha tenido acceso Mediapart, denuncia estas prácticas y señala la complicidad de los poderes públicos, especialmente desde 2012.

La comisión de investigación, presidida por el diputado del Modem Emmanuel Mandon, fue dirigida por la ponente de La Francia Insumisa, Aurélie Trouvé, quien destaca en la introducción de su informe que “hasta ahora no se había llevado a cabo ningún trabajo parlamentario global sobre las actividades de los fondos de inversión que están comprando una a una nuestras empresas”. Según la diputada, aunque “el tema puede parecer muy técnico a primera vista, sus consecuencias son muy concretas y afectan directamente a millones de nuestros conciudadanos”.

A lo largo de las comparecencias de los directivos de diversos fondos, empleados y otros expertos, la atención de los diputados se centró en una práctica financiera muy en boga en Francia: el mecanismo de compra apalancada —leveraged buy-out (LBO) en inglés. De hecho, se han llevado a cabo 4.675 operaciones de LBO en Francia desde 2015, frente a 2.786 en Alemania y 1.749 en Italia, según un artículo del Financial Times publicado el 5 de diciembre de 2025.

Estas operaciones son muy apreciadas en el mundo de las finanzas, ya que pueden resultar muy rentables para los socios de los fondos y sus inversores (fondos de pensiones, bancos, grandes fortunas, etc.). En un LBO clásico, un fondo adquiere una empresa no cotizada obteniendo de otros actores financieros una parte importante del valor de la empresa en forma de deuda.

Deuda que no será reembolsada por el fondo… sino por los resultados de la empresa adquirida, a la que se exprimirá al máximo para que genere el mayor margen posible a corto plazo. “En una LBO, es la empresa objetivo la que amortiza la deuda a partir de su actividad operativa: la propia empresa paga su adquisición”, resumió durante su comparecencia ante la comisión de investigación el economista Nicolas Bédu, profesor titular de la Universidad de Montpellier.

Esto permite al fondo obtener una importante ganancia financiera en un plazo muy corto —generalmente entre dos y seis años— en el momento de la reventa. “Un LBO es un matrimonio con promesa de divorcio”, resumía así Nicolas Bédu. La mecánica especulativa de estas finanzas no reguladas es, así, implacable.

Pero no se ha demostrado el impacto positivo de este tipo de prácticas en la economía. Más bien es todo lo contrario lo que afirman los escasos estudios sobre el tema: citemos el de la agencia de calificación Moody’s, que indicaba que las empresas respaldadas por fondos de LBO tenían tasas de impago dos veces superiores a la media. O otro, más reciente, del Banco de Francia, que habla “de los efectos controvertidos de los LBO sobre el rendimiento de las empresas y su salud financiera”.

El informe de investigación sobre los fondos especulativos detalla varios ejemplos de LBO excesivos en Francia. Dos de ellos ilustran esta deriva. En primer lugar, en la industria química, el de Kem One, “el caso más emblemático” que se descarriló, según el documento parlamentario.

La empresa, con 1.300 empleados, principal productora francesa de PVC, fue adquirida en 2021 por el fondo estadounidense Apollo en el marco de una operación apalancada. En aquel momento, “los resultados de la empresa eran elevados y las perspectivas de crecimiento parecían favorables”.

A partir de entonces, Apollo emprendió una estructura financiera arriesgada: “La operación se estructuró en torno a una aportación de 250 millones de euros en fondos propios y 450 millones de euros de deuda en forma de bonos asumida por el holding de adquisición”, relata el informe.

A lo que se sumó “una deuda asumida directamente por Kem One SAS, que hoy alcanza los 275 millones de euros frente a solo 10 millones de euros en el momento de la adquisición a finales de 2021”. En resumen, la deuda financiera de Kem One se disparó bajo la gestión de Apollo.

El problema es que la coyuntura se invirtió con el estallido de la guerra en Ucrania en 2022 y la crisis energética europea. A partir de 2023, el mercado europeo del PVC sufrió un rápido deterioro. Kem One no pudo hacer frente a ello, ya que se vio asfixiada por su deuda: sus flujos de caja se destinan casi exclusivamente a garantizar su reembolso.

Así, “el peso de la deuda retrasa o limita las inversiones necesarias para la sostenibilidad de la infraestructura industrial, así como para el mantenimiento de unas condiciones de seguridad satisfactorias, cuyo deterioro ha sido señalado por los representantes de los trabajadores”, dice el informe. Una reestructuración de la deuda parece ahora inevitable. Y con el tiempo aparece el riesgo de una suspensión de pagos.

Otro ejemplo destacado es el caso de Colisée, un grupo de centros de acogida para personas mayores dependientes (Ehpad). El sector resulta atractivo para algunos fondos que consideran el envejecimiento demográfico y la estabilidad de la financiación pública como fuentes de beneficios.

El fondo sueco EQT adquirió Colisée en 2020 en el marco de una LBO que valoraba al grupo en torno a los mil millones de euros de facturación. “Según la información facilitada a la comisión de investigación, la operación se basaba en una deuda inicial de 865 millones de euros”, indica el informe. “La estructura se basaba en una combinación de deuda y fondos propios con objetivos de crecimiento y mejora de la rentabilidad.”

Pero las hipótesis financieras iniciales se deterioraron rápidamente. “A partir de 2022, el sector de las residencias privadas sufrió un fuerte deterioro de sus márgenes debido al efecto combinado de la inflación, las dificultades de contratación, el aumento de los costes energéticos y las consecuencias de la crisis de Orpea en todo el sector.”

Finalmente, la deuda se disparó hasta alcanzar los 1.800 millones de euros. Y, ante la imposibilidad de que se les reembolsara, los acreedores tomaron el control del grupo en el marco de una reestructuración que puede ser dolorosa para los centros de Colisée, los empleados, los pacientes y los residentes. Un desastre en ciernes.

“Hay sectores en los que, en general, es muy delicado [llevar a cabo una operación de LBO] . Pienso, por ejemplo, en las residencias de ancianos. Cada vez que te enfrentas a una población vulnerable, es muy difícil”, admitió Mathias Burghardt, director general adjunto de Ardian, un fondo de inversión competidor de EQT.

Pero hasta ahora, esta financiarización desenfrenada de la economía francesa se ha producido con la benevolencia de los poderes públicos. “Se ha asumido el desarrollo de los fondos de inversión, en particular de capital riesgo, y ha constituido una prioridad de los sucesivos gobiernos desde hace varias décadas. Esa prioridad se ha reforzado desde 2017”, explica el informe.

La ponente Aurélie Trouvé cita como prueba la declaración de Bruno Le Maire, ministro de Economía y Finanzas de 2017 a 2024, quien afirmó durante su comparecencia que “el principal problema de Europa y de Francia es la falta de capital. Durante los siete años que pasé al frente del Ministerio de Economía y Finanzas, luché por atraer capitales a Francia”. Y da igual si eso causa importantes daños colaterales.

Este nuevo ecosistema de capital riesgo también se ha desarrollado bajo la tutela del banco público Bpifrance, dirigido por el alto funcionario Nicolas Dufourcq, ganado a la causa de los fondos privados.

La institución, que mueve decenas de miles de millones de euros, es calificada de “banco privado de inversiones” por la ponente Aurélie Trouvé. Una parte importante de su informe describe el papel central de Bpifrance (abordamos el tema en otro artículo), en la reciente financiarización de la economía francesa.

La benevolencia sistémica hacia el capital riesgo francés y extranjero, en nombre del atractivo del país para los capitales, sean cuales sean, llega hasta la organización de un sistema fiscal ultrafavorable a las LBO.

El informe menciona varios nichos fiscales específicos. En primer lugar, una medida que permite deducir los gastos financieros relacionados con la deuda de las operaciones de LBO del impuesto de sociedades (IS) de las empresas adquiridas. Lo que, además del coste exorbitante para las finanzas públicas, permite a los fondos de inversión esperar unos rendimientos increíbles.

El informe señala también que los fondos de LBO pueden beneficiarse de un régimen de exención de las plusvalías obtenidas en la venta de títulos de participación mantenidos durante al menos dos años.

Por otra parte, la parte variable de la remuneración de los directivos de los fondos de LBO, denominada carried interest, se considera un ingreso del capital y no del trabajo, y por lo tanto se grava como tal, con un impuesto único a tanto alzado del 31,4%.

Del mismo modo, los management packages, que designan el conjunto de bonificaciones establecidas para alinear a los directivos y altos cargos de las empresas gestionadas con los objetivos de rentabilidad de las LBO, también se benefician de un marco fiscal favorable.

Por último, el informe cita el atractivo marco regulatorio que se ha implementado en los últimos años. En particular, la ley del 23 de octubre de 2023 relativa a la industria verde, que impone “una parte de capital riesgo en los nuevos contratos de seguro de vida y los planes de ahorro para la jubilación”. Pero también la creación, en la ley Macron de 2015, de un nuevo vehículo financiero solicitado por los actores del capital riesgo que permite “evitar gravar a los inversores extranjeros en Francia teniendo como objetivo repatriar numerosos fondos domiciliados en Luxemburgo”.

No hace falta decir más: Francia se ha convertido en el paraíso europeo de las LBO. Para redimir estas nuevas finanzas, Aurélie Trouvé ha formulado 40 recomendaciones en su informe, entre ellas: “Revisar las ventajas fiscales” vinculadas a las LBO, “imponer a los fondos de inversión las mismos ratios prudenciales” que al sector bancario, “reforzar el derecho de alerta de los comités de empresa (CSE) para obligar al empleador a comunicar a los empleados toda la información necesaria para comprender la estructura de la LBO”.

O también “instaurar un régimen de autorización previa para las grandes operaciones de LBO en Francia, en particular las que se producen en sectores estratégicos (defensa o industria) o financiadas principalmente por la solidaridad nacional (sanidad, tercera edad, primera infancia, etc.)”.

El autor de este artículo fue interrogado en la Asamblea Nacional por la comisión de investigación “sobre la depredación de las capacidades productivas francesas por parte de los fondos especulativos”.

Traducción de Miguel López

El fracaso es total; el desastre, evidente. La justicia ha fallado y, con ello, ha puesto en peligro a mujeres y niños. Esa es la brutal y cruel lección que nos dejan dos casos que conmueven a Francia: el asesinato de Lyhanna y las investigaciones sobre el ídolo de los años 90 Patrick Bruel.

En este último caso, varios de los nueve presuntos hechos por los que la Fiscalía de Nanterre solicitó la imputación del cantante, el miércoles 10 de junio, ya eran conocidos por la justicia. Algunos de los hechos denunciados formaban parte de los dos procedimientos archivados por la misma Fiscalía en 2020 y 2022; otro había estado en manos de la justicia belga en 2010. La denunciante retiró muy rápidamente su denuncia, por temor a que la batalla judicial fuera desigual frente a Patrick Bruel.

Entre esas mujeres, una masajista voluntaria suiza —que denunció acoso sexual durante el festival Paléo de Nyon, en 2019— ni siquiera había sido escuchada en el procedimiento francés. Sin embargo, su denuncia había sido remitida por las autoridades suizas a la justicia francesa en noviembre de 2019 y se incorporó en 2020 al procedimiento entonces en curso en Nanterre. Fue archivada junto con las demás denuncias y acusaciones de aquella época.

Otro elemento que plantea interrogantes es el breve interrogatorio de Patrick Bruel tras la denuncia de una mujer que trabajaba en un hotel de lujo en Córcega, y que dio lugar a la apertura de la primera investigación, en 2019. El cantante, que entonces se encontraba de concierto en Châlons-en-Champagne, en el departamento de Marne, simplemente fue interrogado durante una hora por la gendarmería local. Hubo que esperar hasta noviembre de 2020 para que el artista fuera interrogado exhaustivamente por la policía, bajo detención preventiva. Un mes más tarde, el caso fue archivado.

En contra de sus decisiones anteriores, la Fiscalía de Nanterre solicitó este miércoles la imputación de Patrick Bruel, así como su ingreso en prisión preventiva. Un giro de 180 grados.

En la noche del miércoles al jueves, el artista, que niega todas las acusaciones y goza de la presunción de inocencia, fue imputado por cuatro hechos y quedó como testigo asistido en otros cuatro; el noveno caso ha prescrito. Patrick Bruel se libra por ahora de la cárcel, aunque sigue bajo control judicial.

En el caso de Lyhanna, la niña de 11 años secuestrada a la salida de su centro educativo por Jérôme Barella, ahora en prisión preventiva, el desvío de la justicia es también evidente, hasta el punto de que Emmanuel Macron tuvo que reconocer, el miércoles 10 de junio, que está en cuestión "la confianza en nuestras instituciones".

Nadie entiende, en efecto, que este hombre de unos 40 años, ya objeto de denuncias por violaciones de menores de 15 años y conocido por haber mantenido una relación con una menor de 17 años —calificada entonces de "consentida"—, no fuera detenido antes.

Hay un procedimiento que concentra toda la atención: la denuncia presentada en agosto de 2025 por la familia de Rosa, de 10 años, por violaciones repetidas atribuidas a Jérôme Barella. Tras una primera actuación rápida —declaraciones de la niña al cabo de cinco días y exámenes médicos y psicológicos calificados de "abrumadores" por el ministro Darmanin—, el expediente perdió meses debido a su traslado de la Fiscalía de Toulouse a la de Auch, competente por ser el lugar donde se cometieron los hechos.

La brigada de gendarmería local, a la que la fiscal de esta pequeña localidad del Gers remitió el caso a finales de enero, apenas llevó a cabo nuevas actuaciones de investigación ni puso al sospechoso bajo detención preventiva, a pesar de las instrucciones de la magistrada. Según el ministro de Justicia, la fiscal había hablado con el oficial de la policía judicial a mediados de febrero. Después, nada más.

Estas "disfunciones" serán analizadas minuciosamente por las inspecciones ordenadas a toda prisa por Gérald Darmanin y Laurent Nuñez, ministros de Justicia e Interior, respectivamente. Pero convendría no detener ahí el rebobinado de la película judicial. También debe haber transparencia sobre los motivos por los que una denuncia anterior por violación de una menor contra Jérôme Barella, presentada ya en 2022, fue archivada en 2024 por "delito insuficientemente caracterizado".

Porque, aunque es difícil exigir a la justicia resultados, sí tiene la obligación de desplegar medios. ¿Se hizo en este caso? La cuestión se está convirtiendo en una pesadilla para la institución desde que han salido a la luz denuncias que apuntan no solo al hermano de Jérôme Barella, sino también a su padre.

En realidad, los especialistas en este tipo de procedimientos lo saben desde hace tiempo, mientras que una parte de la sociedad lo descubre ahora con consternación: los medios de investigación rara vez están a la altura en los casos de violencia sexual, y quizá lo estén aún menos cuando las víctimas son menores. Sus testimonios son, sin duda, más delicados de recabar, pero sobre todo se consideran de entrada más frágiles.

El resultado es una tasa de casos archivados que roza un “sistema de impunidad”,según los términos de la Comisión Independiente sobre el Incesto y la Violencia Sexual contra los Niños, la Ciivise. En general, dos tercios de las denuncias (73%) por violencia sexual son archivadas sin más, según las cifras oficiales del Ministerio de Justicia de 2018. La proporción es del 69% en el caso de las violaciones, del 75% en el de las agresiones sexuales y del 83% en el del acoso sexual.

Esas denuncias suelen archivarse con un motivo que se resume en tres palabras: "delito insuficientemente caracterizado". Es decir, por falta de pruebas. Estas tasas de archivo son similares a las de otros delitos y crímenes, pero con una diferencia esencial: en los casos de violencia sexual, el acusado suele estar identificado, ya que en nueve de cada diez casos la víctima lo conoce.

Las razones fueron puestas en manos del Gobierno ya en 2023, en un informe de inspección mantenido en secreto desde entonces, pero revelado por Mediapart el lunes: falta de personal en las fiscalías y en los servicios de investigación, tanto de la policía como de la gendarmería, formación insuficiente, falta de dirección, etc.

"Esto está explotando por todas partes", alertaba a Mediapart una agente de policía. "Todas las profesiones implicadas están saturadas: la justicia, los médicos, los peritos, las asociaciones". Una constatación alarmante en un momento en que la justicia nunca ha tenido tanto trabajo: según la última encuesta de "victimización" del Ministerio del Interior, entre 2022 y 2023 aumentó un 16% el número de personas que declaran haber sido víctimas.

Además, muchos magistrados de la Fiscalía señalan el síndrome de la "numeritis": la obsesión de cierta jerarquía policial por las estadísticas —el índice de resultados obtenidos—, que prioriza las misiones en la vía pública y lastra la lucha contra la pederastia.

A esto se suma una cultura policial y judicial en la materia que cuesta cambiar. Es necesario hacer un inventario no solo de los 70.000 procedimientos en curso por violencia contra menores —tal y como anunció Gérald Darmanin—, sino también de las prácticas.

Aunque el ministro finge ignorar desde el lunes las razones que llevan a los fiscales a plantearse la detención preventiva no al inicio de la investigación, sino una vez recopilados los elementos susceptibles de desestabilizar al imputado, lo cierto es que esas prácticas deben ser cuestionadas. La idea de que una denunciante ya no está en contacto con su agresor y, por tanto, no corre peligro inmediato no puede justificar una dilación que a veces se cuenta en semestres, cuando no en años.

Sobre todo, habría que replantear la relación entre la presunción de inocencia —principio fundamental al que la sociedad debe aferrarse— y el imperativo de proteger a los más vulnerables, porque hoy la balanza se inclina a favor de los agresores.

Existen, de hecho, muchas vías posibles, lejos de la revolución populista que la derecha y la extrema derecha venden últimamente. Ninguna tragedia justifica perder los valores ni equivocarse de objetivo. La lucha contra el terrorismo y sus regímenes de excepción ya lo demostraron: los retrocesos en materia de derechos no solo no protegen más a la sociedad, sino que suponen un grave peligro, el de contaminar otros ámbitos del derecho y erosionar las libertades individuales y públicas.

Por último, conviene recordarlo: la justicia no es un templo aislado de la cultura de la violación. Es el reflejo de nuestra sociedad y la imagen de todas las instituciones que la estructuran: la familia, los lugares de culto, la escuela, los partidos políticos, los sindicatos, las empresas… En todas partes, la violencia sexual contra menores —en su mayoría niñas— y contra personas adultas —en su mayoría mujeres— es endémica. En todas partes, es la norma y, en definitiva, se tolera.

Tomemos el ejemplo del ministro de Justicia, Gérald Darmanin: ¿podemos olvidar que fue nombrado para el cargo después de haber sido denunciado por violación, una causa archivada más tarde? ¿Por qué el presidente de la República, Emmanuel Macron, decidió ascenderlo para dirigir los servicios de investigación que debían investigar su caso? Porque, según dijo, había mantenido una conversación "de hombre a hombre" con su ministro.

Esta tolerancia ante la violencia también se aprecia en el caso de Patrick Bruel. Más allá de la justicia, ahora se sabe que Les Enfoirés, los conciertos organizados en beneficio de los Restos du cœur —la fundación que distribuye comida a las personas más desfavorecidas—, llevaban años dando instrucciones de precaución a sus voluntarias. También que la cadena TF1, para su programa 50’ inside, enviaba a hombres a entrevistar al cantante "por principio de precaución".

“Buscar responsabilidades individuales, o incluso institucionales, lleva a disimular el hecho de que cada tres minutos hay niños que son víctimas de abusos sexuales”, explicaba el lunes a Mediapart Alice Gayraud, que fue una figura importante en la Ciivise. “Son sistémicas, y las deficiencias también lo son. Son el producto de un sistema. Este sistema tiene un nombre y unos beneficiarios.”

Traducción de Miguel López

“¿Cree usted que hay que restablecer la pena de muerte? Sí”. Preguntas y respuestas de este tipo han resurgido en los últimos días, a raíz de la indignación nacional que ha suscitado el caso de Lyhanna y las deficiencias del sistema judicial que condujeron a esta tragedia.

Cuarenta y cinco años después de la abolición de la pena capital en Francia, menos de un año después de la incorporación al Panteón de quien lo hizo posible, Robert Badinter, periodistas y políticos se reúnen en los platós de televisión para hablar de la pena de muerte como una sanción más que, de un plumazo, se podría volver a poner de actualidad mediante referéndum.

En Radio Courtoisie, que lleva años difundiendo los peores exabruptos racistas y antisemitas de todas las facciones de la extrema derecha, fue un diputado de la Unión de la Derecha por la República (UDR), aliada de la Agrupación Nacional (RN), quien se posicionó el 31 de mayo. Ese día, Alexandre Allegret-Pilot, acostumbrado a la desmesura, se mostró a favor del retorno de la pena de muerte, que ni siquiera la RN defiende ya oficialmente desde hace varios años.

“Estamos en un país donde hasta ahora no hay ningún problema en matar. Tenemos el aborto, tenemos la eutanasia, tenemos los asesinatos ordenados por el presidente en el extranjero...”, justificó el diputado de extrema derecha, considerando así que la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) sería un asesinato. Allegret-Pilot pidió el retorno de la pena capital “para los delitos más graves”.

El miércoles 10 de junio, en CNews, fue Nicolas Dupont-Aignan, líder del movimiento Debout la France (Francia en pie) y candidato declarado a las elecciones presidenciales, el que se pronunció a favor de reabrir el debate sobre el restablecimiento de la pena de muerte. Una cuestión, sin embargo, zanjada y grabada en la Constitución. “Hay un problema de escala de penas. Hay que reabrir el debate, mediante referéndum, sobre la pena de muerte. Para los delitos que afectan a los niños, la cadena perpetua efectiva que propone el primer ministro es un engaño”, argumentó así el diputado.

Al día siguiente, en la misma emisora, el alcalde de Béziers (Hérault), Robert Ménard, también se pronunció sobre el tema, mostrándose a favor de que se “abra el debate” sobre la pena de muerte, aunque a título personal se pronunció en contra de su reinstauración.

Un referéndum sobre el tema figuró durante mucho tiempo en el programa de la RN. Como reivindicación histórica del Frente Nacional, el restablecimiento de la pena capital iba entonces de la mano, igual que en las palabras de Alexandre Allegret-Pilot, con la abolición de la ley Veil que autoriza el aborto. Marine Le Pen lo defendió de nuevo en 2012, durante su primera candidatura a las elecciones presidenciales. En su “proyecto para Francia” se leía entonces: “Restablecimiento de la pena de muerte o instauración de la cadena perpetua efectiva”.

En el marco de su proyecto de normalización, la líder de RN eliminó primero ese punto de su programa, al tiempo que proponía un referéndum sobre el tema para que los franceses decidieran. Finalmente renunciaría en 2022 a este referéndum alegando que sería inconstitucional, llegando incluso a declararse “en contra” de esta perspectiva a título personal. En 2023, Jordan Bardella explicaba aún que “la supresión de la pena de muerte ha desmoronado la escala de penas en nuestra sociedad”, al tiempo que aseguraba no estar a favor de su reinstauración.

Los cambios programáticos de la RN, que ahora prefiere insistir en su voluntad de instaurar “una cadena perpetua real” para los delitos más graves, no impiden, sin embargo, las iniciativas personales. Con motivo de la incorporación de Robert Badinter al Panteón, Marion Maréchal reivindicó no plegarse al “unanimismo” de los homenajes, al considerar que estos equivalían a “santificar una visión de la justicia que ha desarmado a la sociedad frente a los delincuentes”.

Hervé de Lépinau, actual alcalde RN de Carpentras (Vaucluse), también había expresado un punto de vista discordante en X. Al compartir la información de una noticia de sucesos que implicaba a “un inmigrante rumano”, había comentado: “Hasta ahora me había mostrado muy reservado respecto al restablecimiento de la pena de muerte. Pero en este caso…”

Los pocos defensores de que se reavive el debate sobre la pena de muerte en Francia pueden, en cualquier caso, contar con una caja de resonancia mediática. Con el pretexto de transmitir “las preocupaciones de los franceses”, la cuestión se ha convertido en los últimos días en un tema ineludible de las entrevistas políticas, marcadas por el caso Lyhanna y la ira de la población contra la justicia. “¿Llegaría usted a la pena de muerte para los pederastas?”, preguntó un periodista de TF1 al eurodiputado de Los Republicanos (LR) François-Xavier Bellamy, el 8 de junio.

“La pena de muerte, perdón por utilizar ese término esta noche, pero hay un cierto número de franceses que nos han hablado de ello, así que lo hablamos esta noche”, dijo también un periodista en BFMTV antes de entrevistar a Sarah Knafo. Esta eurodiputada de Reconquista se declaró contraria al retorno de la pena capital, a pesar de que el líder de su partido, Éric Zemmour, se muestra “filosóficamente a favor” y lamenta que haya sido abolida.

Dos días antes, en la misma cadena de televisión, Maxime Switek presentaba un programa dedicado al caso Lyhanna, en su formato “Le Forum”: una decena de personas fueron invitadas a debatir con el ministro de Justicia, Gérald Darmanin.

En el plató, Maximilien, supervisor en la gran distribución, insistió en que si le pasaba algo a su hija, él mismo “se encargaría del problema”. “Si le pasa a mi hija, lo perseguiré, y os perseguiré a todos”, espetó el hombre. Y dirigiéndose directamente al ministro de Justicia, le dijo: “En las más altas esferas del Estado tienen miedo de celebrar un referéndum sobre la pena de muerte”.

Poco después, un agente de seguridad abogó por “la pena de muerte para los terroristas, para los pedófilos, para los violadores, para todos esos cabrones”. Gérald Darmanin se mostró en contra por “convicción personal”, aunque, en respuesta a Maximilien, reconoció: “Si yo fuera ciudadano y me pasara este tipo de cosas, sin duda tendría la misma reacción que usted”.

Traducción de Miguel López

¡Ya está bien de atacar a Frontières! Hacen su trabajo”. Este 3 de junio de 2026, ya ha sido demasiado para Pascal Praud. El presentador está furioso porque una de sus colaboradoras menosprecia el trabajo de este medio conocido por sus vídeos sensacionalistas, su revista trimestral identitaria y sus titulares de tintes racistas. Desde la destitución de Jean-Marc Morandini, el medio se ha convertido en socio oficial de CNews, en el marco de un programa que se emite todos los días entre las 11 y las 13 horas.

La crítica de Pascal Praud va dirigida a Sarah Saldmann, abogada y colaboradora histórica del programa L’heure des pros (La hora de los profesionales), quien, sola frente a todo el plató, rechaza la relación que establece Frontières entre la inmigración y los incidentes ocurridos con ocasión de la final de la Liga de Campeones. Y cuestiona el trabajo de este medio citado como referencia por la cadena.

“Que no repita la propaganda de Frontières no significa que no pueda tener un punto de vista propio”, argumenta la comentarista. “Propaganda de extrema derecha”, insiste al referirse a Frontières, antes de que Pascal Praud la llame severamente al orden. “No queda bien para la cadena en la que trabajas. Lo que dices es muy grave, ya que nos acusas de hacer propaganda de extrema derecha”. Y la figura más destacada de los medios de Bolloré sale en defensa “del trabajo periodístico” y “de campo” de sus colegas.

Desde hace ya varios días, la emisión diaria de 100% Frontières genera tensiones internas. La causa es el tono de este programa presentado por Gauthier Le Bret junto a Erik Tegnér, director de la revista, que afianza aún más a CNews en el bando de la extrema derecha más radical. Un incidente ocurrido con otro colaborador histórico, el jurista Amine Elbahi, se sumó a las tensiones.

En la edición del pasado 20 de mayo, el plató aplaudió los discursos de Éric Zemmour sobre la inmigración, elogió la “remigración” y criticó duramente el principio de la doble nacionalidad. A continuación, Gauthier Le Bret preguntó a sus dos invitados de origen magrebí —la abogada Najwa El Haïté, de origen marroquí, y Amine Elbahi, de origen argelino— si se sentían “100% franceses”. El presentador utilizó la expresión en 24 ocasiones.

Ocho días después, mismo plató, mismo canal, mismo debate rancio. Esta vez, los tertulianos disertan sobre la presencia excesivamente numerosa de musulmanes en Francia. “Tenemos derecho a pensar que el islam es una religión de conquista”, dice Erik Tegnér, antes de poner en duda la sinceridad de Amine Elbahi en su lucha contra el islamismo. El jurista se planta y denuncia el hecho de que se pueda, ”incluso en este plató”, sospechar de los musulmanes “para saber si son realmente 100% franceses”.

“Amine, ¿crees que existe la islamofobia? ¿Estamos cruzando una nueva línea, estás diciendo que estamos en un país que estigmatiza a los musulmanes?», se burla Erik Tegnér. Antes de que Gauthier Le Bret intervenga para reprender a su vez al comentarista. “Ya basta de pequeños ataques insidiosos, nadie ha cuestionado nunca que seas 100% francés, se enfada el presentador. Basta ya. Deja de hacerte la víctima, me estás sacando de quicio”

La sonrisa que Amine Elbahi muestra ante la cámara luego desaparece entre bastidores. Según nuestra información, que confirma la del bloguero Clément Garin, Amine Elbahi pidió al director de CNews, Serge Nedjar, no volver a poner un pie en 100% Frontières y que le buscara otro puesto en la cadena. Una petición aceptada por la dirección. “El programa tiene una línea tan radical que han conseguido generar repudio a Amine Elbahi y hacerle pasar por un peligroso islamista”, testifica un habitual de los platós de CNews.

La salida de Amine Elbahi del programa resulta aún más irónica si se tiene en cuenta que, en el momento del lanzamiento de la emisión, era uno de los pocos comentaristas ajenos al círculo de allegados a Frontières que había aceptado participar en él. Amine El Khatmi, Mathias Leboeuf, Arno Klarsfeld o incluso Sarah Saldmann, colaboradores habituales del canal, se niegan a participar en el programa, ni siquiera para aportar una apariencia de contradicción. “Aparte de unos pocos diputados de RN como Julien Odoul, recurren a lo más bajo de la lista, como Gilbert Collard, a falta de algo mejor”, añade un rostro habitual del canal.

A algunos comentaristas incluso se les ha ofrecido una remuneración superior a la habitual. Pero con una condición un tanto peculiar: no interrumpir los intercambios entre los demás tertulianos y presentadores, y tomar la palabra solo cuando se les dé.

Harto de ser “el árabe por la diversidad» del programa, según su entorno, Amine Elbahi, que no ha respondido a nuestras preguntas, acabó tirando la toalla y se fue del programa. Antes de marcharse, este profesor de Derecho presentó una denuncia incendiaria en la Arcom (Autoridad de Regulación de la Comunicación Audiovisual y Digital), según varias fuentes de esta institución.

En la carta, a la que hemos tenido acceso, Amine Elbahi denuncia ante la dirección “del pluralismo” el puesto que ocupa el director de Frontières, Erik Tegnér, cuyas “posiciones claramente identificables” con ”la extrema derecha” suponen “un grave riesgo de desequilibrio en la expresión de las corrientes de pensamiento y de opinión”.

Y cita tres de sus denuncias anteriores ante la Arcom sobre secuencias con Erik Tegnér, acusándolo de incumplir los “principios de respeto a la dignidad de la persona humana, de lucha contra la discriminación y de control de la emisión”. “En mi opinión, [estas secuencias] no constituyen hechos aislados, sino que se inscriben en un entorno editorial caracterizado por una fuerte homogeneidad de los participantes y de las opiniones que representan”, escribe el columnista de CNews, quien denuncia el espacio “casi exclusivo” concedido a “la inmigración”, al “islam”, a “la inseguridad o a los franceses de origen inmigrante”.

En otra denuncia, Amine Elbahi también solicita a la Arcom que contabilice el tiempo de intervención de Erik Tegnér “en su calidad de personalidad política”, a la luz de un artículo de Splann!. El medio de investigación bretón afirma en él que el director de Frontières es miembro del micropartido de Marion Maréchal, Identidad-Libertades. Al ser preguntado, este, que niega categóricamente ser miembro, no ha querido responder a nuestras preguntas.

Al igual que Amine Elbahi, numerosos periodistas de CNews están indignados por la tribuna diaria que su cadena ofrece a la revista de extrema derecha. “La Arcom nos va a pillar con este programa. Frontières no cuenta con la autorización de la Arcom,” se queja una voz de la antena. “La idea de este programa es atacar a los árabes o a los inmigrantes, hagan lo que hagan.”

La revista, por otra parte, no oculta sus vínculos con toda la flor y nata de la extrema derecha. Sus páginas de publicidad están repletas de encartes pagados por partidos políticos: una carta parlamentaria de Nicolas Bay (Identidad-Libertades) o un cartel de Sarah Knafo (Reconquista) promocionando su grupo en el Parlamento Europeo. El medio, que a menudo parece una agencia de comunicación de la extrema derecha, fue incluso contratado a cambio de una remuneración por el grupo político de Marion Maréchal en el Parlamento Europeo para cubrir sus jornadas de estudio en París, en febrero de 2025.

La forma en que se elabora el programa también suscita dudas a nivel interno. CNews, que en principio cuenta con un equipo de periodistas capaces de salir sobre el terreno y proporcionar imágenes al canal, recurre a los periodistas de la revista para grabar los reportajes y las entrevistas en la calle que alimentarán los debates del programa. “CNews paga a Frontières para que haga nuestro trabajo”, dice indignado un reportero. “También es una forma de financiarlos”.

El control editorial del programa también parece recaer en Frontières, que dicta la escaleta. Además del copresentador Erik Tegnér, el medio cuenta con una nutrida representación en el programa, con uno o dos de sus periodistas en el plató. Como única red de seguridad, el programa es supervisado en la sala de control por un redactor jefe de la cadena que se comunica con Gauthier Le Bret por el pinganillo y se encarga principalmente de moderar los comentarios más escandalosos.

“Todo esto crea tensiones con la redacción de CNews. Si este programa es 100% Frontières, ¿qué le queda a CNews?”, se pregunta una periodista. “Serge Nedjar es consciente de que este programa debilita al canal ante la Arcom y de que no consigue aportar un poco de moderación, pero no ha tenido más remedio que emitirlo, ya que fue Vincent Bolloré quien se lo impuso”, confirman varias fuentes del entorno del multimillonario bretón.

Según nuestra información, varios expedientes están siendo investigados por los servicios de la Arcom. Al ser consultada, la autoridad reguladora no ha querido hacer comentarios.

La colaboración editorial entre una cadena que se beneficia de fondos públicos y Frontières resulta aún más indignante a la luz del historial del medio de extrema derecha. Erik Tegnér fue condenado en octubre de 2025 por injurias públicas de carácter racista tras difundir las declaraciones de la exmiembro de Femen Marguerite Stern. En enero de 2026 fue condenado por el tribunal correccional de Lyon por difamar al fundador del colectivo street medics, al presentarlo erróneamente como miembro de los black blocs. En ambos casos, ha presentado recurso de apelación.

El medio, que pretende realizar una labor periodística, es criticado habitualmente por sus métodos y se ve desbordado por las denuncias, especialmente por sus escritos considerados racistas. Recientemente, el miembro de La Francia Insumisa (LFI) Bally Bagayoko anunció que lo llevaría a los tribunales tras aparecer en la portada de la revista al día siguiente de su victoria en las elecciones municipales de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis). “La victoria de los traficantes”, titulaba el medio.

En noviembre de 2025, Erik Tegnér llegó incluso a amenazar públicamente a la diputada de LFI Ersilia Soudais. “Si quiere que empecemos a hablar de sus prácticas sexuales con su expareja, puede ser divertido, somos muchos los que tenemos las actas de las declaraciones y no es nada agradable”, escribió. El director de Frontières se basaba entonces en filtraciones policiales tras una denuncia por acoso moral y violación presentada por la diputada contra su expareja. A raíz de ello, la presidenta del grupo LFI, Mathilde Panot, denunció los hechos ante la fiscalía de París, que, por lo que sabemos, archivó el caso.

Pero quince días después, la revista volvió a causar revuelo al difundir un vídeo del senador comunista Pierre Ouzoulias. En él se ve al diputado, que padece una enfermedad genética, sufriendo vómitos en la tribuna del Senado. Para preservar su dignidad, ningún medio difundió entonces las imágenes en su totalidad, a excepción de este periódico. “EXCLUSIVA DE FRONTIÈRES – El senador comunista de Nanterre, Pierre Ouzoulias, VOMITA en directo”, publicó el medio en  la red X, demandado desde entonces por difamación y señalado por “atentado contra la dignidad”. “Se atiborran tanto de vuestro dinero que lo vomitan”, comentaba en X Garen Shnorhokian, editorialista de Frontières y también objeto, en otro asunto, de una denuncia por incitación al odio.

En febrero de 2025, Jordan Florentin, hoy ascendido a director de publicación de Frontières e invitado habitual de CNews, también fue objeto de acusaciones tras haber instrumentalizado la muerte de la pequeña Louise, de 11 años. Se había burlado de la hermana de la fallecida, reprochándole ser una “militante de extrema izquierda”, y había afirmado erróneamente que la víctima había sido asesinada por “un hombre de tipo norteafricano”.

También en febrero de 2025, la revista trimestral provocó la indignación del mundo judicial por haberse metido con unos abogados, a los que calificó de ”los culpables de la invasión migratoria”. Tras la publicación, numerosos letrados presentaron una denuncia, acusando a la revista de ser responsable de las amenazas de muerte recibidas a raíz de ello. Se celebró un juicio ante el tribunal de Bobigny y se espera una sentencia el 18 de junio.

En abril de 2025, la revista cargó esta vez con los colaboradores parlamentarios de los diputados de LFI, representantes, según ella, de un “partido del extranjero” —una expresión tomada de la extrema derecha antidreyfusista. En respuesta, 350 asistentes parlamentarios se reunieron en el recinto de la Asamblea antes de que tres redactores de Frontières provocaran un incidente al grabarlos descaradamente.

No pasa un mes sin que Frontières traspase los límites de la indecencia y pisotee toda deontología, pero los empleados de este medio siguen acreditados en la Asamblea. Como única reacción, la presidenta Yaël Braun-Pivet se limitó a enviar una carta dirigida al medio, el pasado mes de diciembre, para denunciar el chantaje ejercido contra Ersilia Soudais.

“Les recuerdo que periodistas de su redacción ya se vieron implicados, el pasado 9 de abril, en incidentes ocurridos en la zona abierta a la prensa de la Asamblea Nacional”, señaló. “Sin embargo, los periodistas de su redacción siguen comportándose de manera inapropiada”. Y la presidenta concluyó: “Pueden considerar esta carta como una última advertencia”.

Al ser consultado, el presentador de CNews Gauthier Le Bret no respondió.

Traducción de Miguel López

Disculpas, comunicados públicos, anuncios en cadena, entrevistas televisivas… Gérald Darmanin, ministro de Justicia francés, ha puesto en marcha su maquinaria de comunicación para hacer frente a la indignación suscitada por el asesinato de la joven Lyhanna. El último episodio hasta la fecha es la celebración de una rueda de prensa al término de su reunión con todos los fiscales generales de Francia, convocados a primera hora del lunes 8 de junio.

El ministro reiteró en esta ocasión la interpretación que hace el Gobierno de este caso. “No fueron los medios lo que impidió a la Cancillería y a los servicios públicos tomar las decisiones en este caso concreto. […] Lo que está en cuestión es la lentitud y la falta de priorización de las violaciones de menores”, insistió Gérald Darmanin. En quince días se hará público un informe para, según promete, “señalar los errores que condujeron a esta tragedia”.

Llamando a la “movilización general”, el ministro ha decretado una nueva “urgencia absoluta” en las fiscalías generales: revisar “la totalidad de las denuncias que afectan a menores”, es decir, 70.000 expedientes que analizar de aquí al 14 de julio. Entre estos procedimientos, algunos se refieren a hechos antiguos, precisa, por lo que el esfuerzo deberá centrarse ante todo en los casos “en los que los menores que presentaron la denuncia siguen siendo menores”. “Hay que ocuparse de los niños de forma prioritaria”, insiste.

A este sondeo exprés hay que añadir, de aquí al 31 de julio, una reunión individual con cada fiscal general, indicó Gérald Darmanin, prometiendo un gran trabajo de introspección judicial: “¿Existen en otros casos dificultades estructurales de la justicia, del Estado, una falta de expertos, de investigadores especializados o de auxiliares de justicia? Lo comprobaremos.”

Pero el ministro de Justicia haría bien en abrir los armarios de su propio ministerio para consultar un informe de inspección que detallaba, ya en julio de 2022, las condiciones en las que se llevan a cabo las investigaciones por abusos sexuales a menores. Encargado por la Comisión Independiente sobre el Incesto y la Violencia Sexual contra los Niños (Ciivise), este informe nunca se ha hecho público. Mediapart ha conseguido una copia tras haber recibido varias negativas del Ministerio de Justicia a facilitarla.

Esta misión, centrada en “la evaluación de los procedimientos de denuncia, investigación, archivo y enjuiciamiento en materia de abusos sexuales a menores”, ha analizado minuciosamente 400 procedimientos judiciales por delitos de pederastia, seleccionados de entre ocho tribunales de distintos tamaños. El resultado es un balance abrumador, apenas atenuado por el lenguaje mesurado de los altos funcionarios del Estado.

Aunque la misión no niega la “dificultad de establecer la realidad de los hechos y de imputarlos a un responsable en el sentido del derecho penal”, observa que, en determinadas situaciones, “los motivos de archivo aducidos se debían más a investigaciones incompletas que a la incapacidad de establecer los delitos o de detener a sus autores”. Expedientes llevados a cabo con tal deficiencia que la inspección se permite un toque de ironía: “Se podría añadir que el motivo de archivo ‘búsquedas infructuosas’ supone que se hayan iniciado búsquedas previamente.”

Las fiscalías consultadas en el marco de este informe señalan un “descenso” de la “calidad de los procedimientos”, que se explica por un “recurso parcial y a veces insuficiente a las técnicas de investigación destinadas a recabar pruebas materiales”. La misión intentó, por otra parte, objetivar esta impresión de los magistrados y, también en este caso, el resultado es implacable: “En solo el 30 % de los expedientes [estudiados], se había llevado a cabo al menos un acto de investigación (solicitud de datos de telefonía, videovigilancia o herramientas informáticas, en particular)”.

Así, un jefe de servicio informó de que se veía obligado a renunciar a actos de investigación cruciales debido, en particular, “a los costosos peritajes, a la larga demora en la entrega del informe y a la insuficiencia de personal cualificado”.

Mediapart había documentado, por ejemplo, un caso de violación de un menor en el que la justicia se había contentado con un “análisis somero del material informático” del sospechoso, según las propias palabras del agente de la policía judicial encargado del caso. El cabo se había tomado incluso la molestia de precisar, en el atestado, que “sus competencias limitadas no [le] permitían profundizar en el contenido del conjunto de los elementos informáticos incautados”, pero que se veía obligado a proceder así “ante la no disponibilidad” del servicio técnico especializado.

La misión destaca, además, las prácticas, cuando menos “dispares”, de las fiscalías y los servicios de investigación. “Parece que las diferencias significativas observadas entre jurisdicciones del mismo tamaño y que disponen de medios análogos plantean interrogantes”, señalan los inspectores.

La misión revela que, en materia de violencia sexual contra menores, la tasa de casos archivados sin más puede variar así entre “el 50 % y el 84 %” entre dos tribunales que, sin embargo, son idénticos en todos los aspectos. Una observación que da crédito a la sensación compartida por muchos abogados: la de estar jugando a la lotería cada vez que se presenta una denuncia.

Los “retrasos en la tramitación”, según describe el texto, están “directamente relacionados con los medios disponibles (en cuanto a investigadores, personal de guardia especializado en la fiscalía, peritos y jueces de lo penal o de lo criminal)”, dicen los inspectores.

Una escasez que no deja de tener consecuencias para los justiciables: “La multiplicación de los tiempos muertos durante la investigación, mientras la fiscalía o un juez de instrucción tratan el caso, y la espera de una fecha disponible para el juicio ante un tribunal correccional o una sala de lo penal conducen sin duda a ‘victimizar’ por segunda vez al denunciante, quien no puede sino constatar que, a pesar de la violencia sufrida, el juicio a su agresor, sobre todo si no se encuentra en prisión preventiva, rara vez es prioritario.”

Estas lentitudes judiciales se explicarían en parte por las normas de competencia de los tribunales, que llevan a confiar la investigación al tribunal del que depende el domicilio del autor de los hechos. Cuando la víctima no reside en el mismo departamento, esta organización critica que los procedimientos tengan que pasar de una fiscalía a otra, lo que en consecuencia alarga los plazos de la investigación. La misión había recomendado así estudiar “la posibilidad de tomar como criterio de competencia el domicilio de la víctima menor de edad”. La Ciivise había hecho suya esta recomendación en su informe definitivo de 2023.

Esta cuestión de la competencia territorial de las fiscalías es precisamente el núcleo del caso Jérôme Barella, llamado así por el imputado en el asesinato de Lyhanna. Se tardó cinco meses en remitir la denuncia presentada en agosto de 2025 cerca de Toulouse a la gendarmería de Lectoure, en el departamento de Gers.

Un agente de policía especializado en la protección de menores, entrevistado por la misión, dice tener “la impresión general de estar constantemente desbordado, […] por miedo a verse personalmente implicado”. Un sentimiento que, según este investigador, “empuja a un número considerable de funcionarios a decidirse a cambiar de destino”. Lo que conduce constantemente a la llegada de investigadores con menos experiencia.

Aunque la gendarmería parece estar más al margen de este problema, los servicios de policía informan de que los esfuerzos de formación del personal se ven de hecho lastrados por esta fuga perpetua de los funcionarios con más experiencia.

La misión pone de manifiesto incluso la gestión anárquica de los procedimientos judiciales con la constitución de “expedientes ‘invisibles’ en la fase previa de la cadena penal, en los servicios de investigación, en particular en los de la policía nacional”. Esos expedientes nunca se remitieron a la secretaría del tribunal competente y, por lo tanto, pasaron desapercibidos para la justicia.

La Ciivise también había añadido este punto a sus recomendaciones: “Evaluar los expedientes de procedimientos en curso pendientes de tramitación.”

A este respecto, durante la rueda de prensa de este lunes, Gérald Darmanin señaló que tanto él como su colega del Interior tendrán “que trabajar en estas numerosas denuncias que deben tramitarse lo antes posible”, jurando que se apresuraría a hacer lo que los gobiernos macronistas no han hecho más que posponer sine die.

Traducción de Miguel López

“Fuimos víctimas de la sumisión química demasiado pronto”. Alizée es una de las víctimas de Christian Nègre, un ex alto funcionario del Ministerio de Cultura que la drogó con un diurético en 2014. Presentó una denuncia en 2018, cuando empezaba el movimiento #MeToo y el concepto de sumisión química aún era prácticamente desconocido para el gran público. “Nos maltrataron al principio y hoy seguimos siendo menospreciadas”, afirma, enfadada por una investigación judicial que reconoce “fuera de lo común”, pero que considera “demasiado lento”.

Su dolor comenzó con la publicación de un artículo de Le Canard enchaîné en mayo de 2019, tanto por los hechos revelados como por la forma elegida para tratarlos. “La fiscalía se hace cargo de una historia para mearse de risa”, titulaba el semanario, que revelaba que decenas de mujeres que habían solicitado un puesto en el Ministerio de Cultura denunciaban el comportamiento de Christian Nègre durante sus entrevistas.

Desde la Rue de Valois, Nègre, director de recursos humanos, recibía sin descanso, entre 2009 y 2018, a mujeres jóvenes a las que hacía creer que tenían un puesto asegurado. Durante las entrevistas en el ministerio, les ofrecía un té o un café, les administraba a escondidas un potente diurético y las obligaba a ir a dar un paseo.

El recorrido, por los muelles del Sena, era largo y estaba minuciosamente calculado para que sus víctimas sintieran ganas de orinar en el mismo momento y en el mismo lugar: una zona aislada, sin ningún baño cerca.

Cuando la necesidad se volvía irrefrenable, las cubría con una chaqueta, observaba atentamente la escena, disfrutaba viéndolas humilladas y anotaba hasta el más mínimo detalle en una tabla de Excel titulada “Experiencias”.

“Empieza a bajarse las medias y las bragas (negras). Se pone en cuclillas y suelta un chorro muy fuerte y muy largo”, se puede leer. O también: “Se baja los pantalones incluso antes de que yo la tape. Varios: orina durante bastante tiempo. Le ofrezco papel. Se limpia de pie justo delante de mí”. Su tabla menciona a cerca de 200 mujeres, pero la justicia ha identificado “al menos 240”.

A raíz de ello, Libération reveló las múltiples alertas ignoradas por el Ministerio de Cultura y las graves consecuencias para las mujeres afectadas. Algunas fueron hospitalizadas tras sufrir intoxicaciones, graves infecciones urinarias o por tomar medicamentos incompatibles con ese diurético. Todas quedaron traumatizadas, temiendo acudir a otras entrevistas y pensando que todo había sido culpa suya.

Tras actuar así durante casi diez años, Nègre fue finalmente detenido después de ser sorprendido fotografiando los muslos de una subprefecta. Fue destituido, imputado por 21 delitos, entre ellos la administración de sustancias nocivas, violencia por parte de una persona encargada de una misión de servicio público y violación de la intimidad, y puesto bajo control judicial. Por ahora, goza de la presunción de inocencia.

Cuando Libération reveló la magnitud del caso, decenas de mujeres se descubrieron víctimas al leer el artículo y se pusieron en contacto con la redacción para saber qué hacer y a quién acudir. El Ministerio de Cultura, por su parte, nunca consideró oportuno hacer un llamamiento a las víctimas y tardó en poner en marcha un servicio de atención.

Fue Alizée, también víctima, quien asumió durante meses la carga de tener que identificarlas, tranquilizarlas y derivarlas a la policía judicial antes de que la Fundación de las Mujeres tomara el relevo.

Rápidamente llegaron a una conclusión: la dirección del ministerio no podía ignorar las acciones de ese alto funcionario. Sus compañeros lo apodaban “el fotógrafo” y algunas funcionarias sabían que había que evitarlo. También se habían enviado cartas a las ministras Fleur Pellerin y Audrey Azoulay, e incluso se había alertado al servicio de medicina del trabajo.

Por todas esas razones, han sido citadas cuatro víctimas en el Tribunal Administrativo el jueves 4 de junio para que la justicia reconozca la responsabilidad del Estado por incumplir su obligación de seguridad. Otras siete ya fueron indemnizadas en 2023 por “la culpa personal de Christian Nègre” pero el tribunal no reconoció entonces la responsabilidad del ministerio.

“Ahora somos más optimistas, porque hemos conseguido recabar casi 22 testimonios de personas que denunciaron las actuaciones de Christian Nègre o que confirman que hubo alertas previas”, explica Capucine des Ligneris, una de las abogadas que lleva la parte administrativa junto con su colega Cécile Kurz.

Una de sus clientas, intoxicada con diuréticos, se cruzó, por ejemplo, con una de las responsables de recursos humanos del ministerio durante el paseo que le impuso Christian Nègre. “Estaba a punto de orinarse debajo de un puente, al borde del desmayo, cuando se cruzaron con esa directora de RRHH. Christian Nègre se recompuso, la saludó, y mi clienta se orinó justo después de que él le pasara un abrigo y la mirara fijamente a los ojos”, describe.

“Mi clienta intentó avisar a la recepción, pidió hablar con la enfermería o con el CHSCT [comité de higiene, seguridad y condiciones de trabajo] del ministerio, pero le denegaron el acceso. Hoy, esta mujer está destrozada y acaba de obtener el reconocimiento de su discapacidad a raíz del trastorno de estrés postraumático”.

Para muchas demandantes, el Ministerio de Cultura ha fallado “de principio a fin”. Recientemente, la exministra Rachida Dati afirmó que todas las mujeres podrían beneficiarse de la protección funcional y de la cobertura de sus costas judiciales. En realidad, esa protección solo se aplica a funcionarios, por lo que quedan excluidas todas las mujeres afectadas por Christian Nègre que nunca habían trabajado en la función pública.

Aún más sorprendente es que el Ministerio de Cultura haya puesto en marcha todo un sistema para eludir los litigios administrativos masivos que veía venir, haciendo que las víctimas firmaran acuerdos amistosos. Quienes aceptan renuncian a acudir al Tribunal Administrativo, perciben una indemnización de unos 10.000 euros y firman una cláusula de confidencialidad que les prohíbe de forma absoluta “denigrar al Ministerio de Cultura”. Contactado por Mediapart, el ministerio no respondió.

Para colmo, el comportamiento de Christian Nègre, objeto de una investigación penal, no ha hecho sino aumentar la indignación de las víctimas. Desde que fue imputado, el exdirectivo del ministerio ha cambiado de nombre y ahora se hace llamar “Bernard Genre”.

Gracias a esta nueva identidad, continúa su carrera profesional en recursos humanos y se relaciona con perfiles similares a los de sus presuntas víctimas. En sus redes sociales aparece junto a mujeres jóvenes, recomienda sus currículos y ofrece sus servicios por 850 euros al día: “Mi trabajo es contribuir a que vivas el tuyo con tranquilidad”.

Como reveló Ouest-France, también firmó contratos de coaching con la región de Normandía e impartió clases entre 2023 y 2025 en dos escuelas de comercio —MBway y Ecofac— situadas en Caen y Colombelles, en Calvados.

“En cuanto nos enteramos de lo que se le imputaba, lo denunciamos a la dirección de la escuela, que lo apartó”, confirma una estudiante de Ecofac a Mediapart. “No he sido víctima de nuevos abusos”, añade, “pero la escuela no tomó ninguna medida para informar a todos los alumnos de los motivos de su marcha ni para averiguar si había reincidido”.

En julio de 2025, la abogada Zoé Royaux, una de las 15 letradas de la Fundación de las Mujeres movilizadas en este caso, alertó a los jueces de instrucción sobre sus actividades profesionales. Aunque su control judicial no prevé ninguna prohibición de ejercer una actividad profesional en este ámbito, su cambio de nombre impide que quienes lo emplean, así como las mujeres con las que se relaciona, conozcan sus antecedentes.

“El señor Christian Nègre se presume inocente, pero ha reconocido los hechos, cometidos en un contexto profesional”, recuerda la abogada en su carta. De hecho, durante la detención policial, admitió haber drogado a esas mujeres. “Me hubiera gustado que me detuvieran antes. Era compulsivo, pero no tenía la intención de envenenar a esas mujeres”, declaró también a Libération.

“Es indignante”, lamenta Camille*, una de las acusaciones civiles. “La justicia responde que no puede privar a nadie de su derecho al trabajo, pero al permitir esto no protege”. La Fiscalía de París precisa a Mediapart que no existe ninguna medida de control judicial que le prohíba ejercer una actividad profesional o estar en contacto “con mujeres”.

En julio de 2025, la Fundación de las Mujeres publicó un comunicado para denunciar “una instrucción ralentizada”, “una justicia de dos velocidades” y unas “víctimas olvidadas”. La crítica se dirige contra la lentitud de un caso que se prolonga ya desde hace seis años y contra un procedimiento que muchas consideran “derogatorio”.

“La mayoría de las víctimas solo pudieron ser escuchadas por agentes de la policía judicial, por falta de tiempo y de medios para que la jueza de instrucción las recibiera individualmente”, señala la asociación. La abogada Iris Biehler también lamenta que sus clientas no hayan podido tener acceso a una verdadera evaluación psicológica. Solo les ofrecieron un “examen documental” y una evaluación de la asociación Paris aides aux victimes, que concluyó con un único día de baja laboral.

Sin embargo, algunas de las pocas denunciantes que sí fueron examinadas por los servicios forenses al inicio de la investigación obtuvieron 30 días de baja. “Dado que la naturaleza de los hechos no requería recurrir a peritajes con fines probatorios para demostrar su comisión, los jueces de instrucción decidieron llevar a cabo una evaluación psicológica”, justifica la Fiscalía.

En febrero de 2026, la fiscal de París lanzó un llamamiento a las víctimas que aún no se habían presentado para que lo hicieran “lo antes posible” y prometió una nueva reunión informativa, con la esperanza de cerrar este caso de aquí a finales de este año.

“Dado que el acusado actuó durante ocho años y que el número de víctimas es considerable, el procedimiento es largo y los medios de la justicia siguen siendo insuficientes”, lamenta la abogada Capucine des Ligneris. “Los jueces de instrucción hacen su trabajo, pero este procedimiento genera mucha frustración y dolor”.

“Los jueces de instrucción se esfuerzan por prestar especial atención al papel de las partes civiles en la investigación judicial, al respeto de sus derechos y a la limitación de la victimización secundaria”, defiende la Fiscalía, que recuerda las iniciativas sin precedentes puestas en marcha por las magistradas: la organización de una reunión informativa para las partes civiles, otra con sus abogados y la creación de un buzón de correo electrónico específico “con una única interlocutora que permite un contacto personalizado y bien informado”.

“Cuando me informaron de este caso, me pregunté cómo podía haber tanta invisibilización y tanta lentitud”, reacciona también la diputada Sandrine Josso, a quien el exsenador Joël Guerriau drogó sin su conocimiento en noviembre de 2023. Desde entonces, ha invitado a las víctimas de Christian Nègre a la Asamblea Nacional y colabora estrechamente con Sylvie, una de las denunciantes en este caso.

Siete años después de las primeras revelaciones en la prensa, esta mujer “no ceja en su empeño” y recurre a los medios de comunicación y a los políticos “para que traten este asunto como se merece”. “Para que dejemos de tratar este caso como una vulgar historia de pipi”, añade Alizée.

* Nombre ficticio.

Contactado por Mediapart, Christian Nègre no respondió. Su abogada, por su parte, no quiso hacer declaraciones.

Traducción de Miguel López

“Una evidente propagandista que actúa como altavoz de la desinformación del Kremlin”. El viernes 29 de mayo, en el estudio de France Inter, Jean-Noël Barrot no se anduvo con rodeos para calificar a Xenia Fedorova, exdirectora de la sección francófona de la cadena estatal rusa Russia Today (RT), hoy omnipresente en los medios del grupo Bolloré. ¿Tenía el ministro de Asuntos Exteriores en mente las palabras pronunciadas por Emmanuel Macron hace ocho años en el suntuoso palacio de Versalles?

Durante una rueda de prensa en 2017 junto a Vladimir Putin, el entonces recién elegido presidente de la República arremetió contra Russia Today y su primo Sputnik, a los que consideraba “órganos de influencia y propaganda engañosa”. Macron respondía a una pregunta de una tal Xenia Fedorova.

Se suponía que el asunto ya estaba zanjado. Pero, tras la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, se prohibió la emisión de RT en Europa, acusada por la Unión Europea de llevar a cabo “acciones de propaganda continuas y concertadas” que “amenazan directa y gravemente el orden y la seguridad públicos de” sus Estados miembros. Menos de un año después, en enero de 2023, RT France cerraba sus puertas.

Xenia Fedorova perdió un canal —y un sueldo mensual de 35.812 euros, según nuestra información—. Pero no tardó en encontrar un empleador aún más poderoso: Vincent Bolloré. Desde la publicación, en 2025, de su libro Bannie por la editorial Fayard, controlada por el multimillonario bretón, esta mujer de cuarenta años se ha convertido en una figura imprescindible en CNews, Europe 1 o en el JDNews, el suplemento del Journal du dimanche (JDD), donde puede difundir sin filtros y sin opositores la narrativa del Kremlin. Y continuar así la misión que se le había encomendado a RT France a su llegada a Francia en 2017.

Este 27 de mayo, en el plató de CNews, Fedorova, que no respondió a nuestras preguntas, se sorprende por el mensaje “extraño” que transmiten los viajes de Édouard Philippe y Bruno Retailleau a la capital ucraniana, Kiev. “Será obligatorio para el nuevo presidente o la nueva presidenta de Francia mirar hacia el futuro e intentar retomar el diálogo con Rusia”, proclama Fedorova, mencionando a los telespectadores su título de “periodista”, pero ocultando su currículum.

Al mismo tiempo, en la portada de la web de RT France —difundida ilegalmente y accesible sin VPN— un artículo se burla precisamente de las “peregrinaciones obligadas” de esos aspirantes al Elíseo, “cuyo objetivo es probablemente más seducir a Bruselas que a su propio país”. “Muestras de solidaridad que apenas se traducen en beneficios electorales concretos”, cree saber ya el órgano de propaganda.

En el espacio de un año, el grupo Bolloré ha ofrecido a Xenia Fedorova una audiencia con la que su pequeña cadena rusa ni siquiera se habría atrevido a soñar. “Que un medio francés se atreva a hacer esto después de lo que pasó con RT es increíble”, dice indignado un experiodista francés de RT France que se ha distanciado. Dora Abdel Razik, Thomas Bonnet, Olivier de Keranflec’h… al igual que Fedorova, son muchos los ex de RT France que han podido encontrar refugio en el grupo Canal+.

Gracias a Vincent Bolloré, Xenia Fedorova ha visto cómo se le abrían las puertas del poder. El 30 de junio de 2025, los invitados de Gérald Brice-Viret, director general del grupo Canal+, a su ceremonia de concesión de la distinción de oficial de la Orden Nacional del Mérito, se llevaron la sorpresa de verla llegar con Vincent Bolloré. En esta mansión de la plaza Vendôme, en el corazón de París, la expresidenta de RT France, antes persona non grata, pudo así cruzarse con el exprimer ministro y líder del partido presidencial Gabriel Attal, que había acudido a condecorar a Gérald Brice-Viret, de quien es amigo.

¿Le incomodó su presencia al candidato a la presidencia? Aunque se le preguntó en varias ocasiones, no respondió.

Unos meses más tarde, el pasado mes de marzo, volvimos a ver a Fedorova en la velada del bicentenario de Hachette, la casa matriz de su editorial Fayard. En los salones del palacio Brongniart, el evento reunió, entre otros, al presidente de Agrupación Nacional (RN), también editado por Fayard, a la seguidora de Zemmour, Sarah Knafo, y a los directivos de los medios de comunicación de Vincent Bolloré.

Paralelamente a esos ecos de sociedad, la nueva estrella de CNews se codea a veces con miembros del Gobierno en círculos más confidenciales. Como reveló Le Monde, la ministra de Agricultura, Annie Genevard, se encontró con la propagandista el 21 de mayo en un almuerzo, en presencia también de un asesor de Jordan Bardella o de lugartenientes de grandes empresarios. Toda esa corte había sido convocada por Bolloré en el marco de su think tank, el Instituto de la Esperanza, fundado con la intención de influir en las presidenciales de 2027.

“Habían ocultado los nombres problemáticos [de los invitados]”, dijo el entorno de la ministra intentando quitarle importancia. Más tarde, según nuestra información, canceló la entrevista que debía conceder al Journal du Dimanche, propiedad de Bolloré, el domingo 31 de mayo, para no alimentar las sospechas de connivencia con el empleador de Fedorova. Por su parte, el gabinete de Sébastien Lecornu se apresuró a comunicar a la prensa que el primer ministro había exigido a la ministra Genevard que diera explicaciones sobre ese almuerzo.

A los interlocutores en las altas esferas del Estado contactados por Mediapart les cuesta ocultar su incomodidad ante la influencia de la ciudadana rusa. “Cualquiera que participe en un evento en su presencia comete una falta”, afirma una fuente de seguridad. En 2024, incluso antes de que expirara su visado en 2025, Fedorova consiguió un permiso de residencia válido hasta 2034. Preguntado desde el 19 de mayo, el ministro del Interior Laurent Nuñez, responsable de la política de inmigración, no ha dado respuesta a pesar de nuestros insistentes recordatorios. Gérald Darmanin, ministro del Interior en aquel momento, también se niega a dar la más mínima explicación.

Algunos ven en la incomodidad de las autoridades una cierta inquietud ante la idea de actuar contra esta persona cercana a Bolloré a un año de unas elecciones presidenciales en las que el empresario quiere ejercer toda su influencia. “Esta gente ya ataca sin piedad al presidente y al Gobierno todo el día, ¿por qué íbamos a intentar contemporizar con ellos?”, dice un allegado de Macron. Para este interlocutor, la actitud expectante del Estado se debe sobre todo a la dificultad de “definir la injerencia”.

“No entiendo por qué no se rescinde, pura y simplemente, el permiso de residencia de Xenia Fedorova”, dice indigna la eurodiputada Nathalie Loiseau. “Es una cuestión de reciprocidad: ¿qué cadena de televisión rusa podría tener a un columnista francés pro-ucraniano que también participara en una emisora de radio, en un semanario y publicara un libro en Moscú?”, se pregunta. “RT no ha sido prohibida en Francia a la ligera. No es una cadena de televisión, es un instrumento de propaganda y la directora de RT siempre la ha definido como una herramienta de guerra”.

Los servicios de inteligencia alertaron sobre el papel de este medio, entonces dirigido por Xenia Fedorova. En una nota consultada por Mediapart dedicada a las injerencias rusas durante las elecciones europeas de 2019, la DGSI subraya que los medios de comunicación rusos francófonos (RT France y Sputnik) contribuyen “a la puesta en marcha de la agenda política del Kremlin”, buscando “aumentar la desconfianza de los ciudadanos” hacia las instituciones nacionales y europeas mediante “un tratamiento sesgado de la información y la amplificación de rumores falsos”.

En el mismo documento, el servicio de inteligencia francés insistía en que RT hacía todo lo posible por “desmentir las sospechas de injerencia rusa expresadas por las autoridades francesas”. Y la DGSI concluyó en su momento que esta injerencia rusa “a través de sus medios de comunicación” se estaba volviendo “más insidiosa” y menos arriesgada que sus tradicionales operaciones clandestinas de desinformación.

La narrativa prorrusa que hoy difunde Fedorova es la misma, aunque probablemente más ofensiva. Pero a las autoridades francesas parece que les falta un ángulo de ataque para impedir que se extienda.

“Eso es, por cierto, lo que marca la diferencia entre Francia, la Unión Europea y Rusia. En una democracia, se pueden proferir mentiras sin que te envíen a un gulag o a una colonia penitenciaria”, justificó el ministro de Asuntos Exteriores el 29 de mayo.

En CNews, “al comienzo de la guerra, no se asumía la narrativa rusa”, recuerda un periodista de la cadena. “Considera usted que hemos recibido a intervinientes prorrusos. ¿A quién se refiere?”, había dicho irritado Pascal Praud en febrero de 2024. El presentador estrella del grupo negaba, ante la comisión de investigación sobre la adjudicación de las cadenas de la TDT, haber difundido la más mínima propaganda. “No tengo la sensación de haber escuchado en mi plató una defensa del régimen de Putin”, declaró bajo juramento. Xenia Fedorova aún no había sido contratada, la ofensiva rusa aún no se había minimizado.

Desde entonces, la exdirectora tiene dos programas en CNews, otro en Canal+, invitaciones habituales en Europe 1 y una columna semanal en el JDNews. En cada una de sus intervenciones, a veces en conexión desde Moscú, Fedorova defiende las decisiones de Putin, critica las de la Unión Europea o del presidente de la República y ataca a Volodímir Zelenski. “Es Occidente quien ha decidido prolongar este conflicto”, afirmaba el 10 de mayo en un fragmento detectado por Quotidien. Un Occidente que, para ella, libra una “guerra por poderes para debilitar a Rusia”.

Siguiendo su línea, las figuras del canal están ahora rompiendo el dique. “Creo que hay que negociar con Putin”, declaraba, por ejemplo, Pascal Praud el 18 de mayo, decretando de paso que el presidente ruso “no es el agresor”. “Desde el punto de vista ucraniano, no se aprecia el deseo de salir airoso de este conflicto y aceptar una derrota que me parece inevitable”, afirmaba el 27 de mayo un periodista de Valeurs actuelles que se suponía debía debatir con Fedorova.

Ya el año pasado, la diputada del partido Renacimiento, Natalia Pouzyreff, recurrió a la Arcom (Autoridad de regulación de la comunicación audiovisual y digital, ndt) para denunciar varios “contenidos de propaganda”. “Junto con otros diputados, vamos a seguir ejerciendo presión. Es asombroso que una propagandista pueda difundir los mensajes del Kremlin sin que nadie la contradiga.”

Además de una cobertura mediática sin precedentes, la protegida de Bolloré ha adquirido cierto poder. “Sus comienzos en antena fueron catastróficos”, recuerda un empleado de CNews. “Pero muy pronto nos dimos cuenta de que contaba con el respaldo del jefe. Hay que ponerla en valor, no hacerle preguntas capciosas y no contradecirla”, testifica. “Apareció de la nada, de la noche a la mañana, pero ahora es todopoderosa”, confiesa un periodista.

“Hay intocables en el grupo: Sarkozy, Ciotti, Darmanin”, dice, sin siquiera considerar necesario mencionar a las figuras de RN y de Reconquista. “Ella es una más hoy en día.” “Todo el mundo se muerde la lengua en la cadena desde que sabemos lo dañina y perjudicial que puede ser”, añade otro empleado que la acusa de tener poder de vida o muerte sobre algunas caras del grupo.

En apenas unos meses, al menos tres de ellas pagaron las consecuencias. Ya han sido apartados el general Bruno Clermont, colaborador habitual de CNews, el periodista de Valeurs actuelles Victor Eyraud y la periodista del JDD Stéphanie Muru.

“CNews siempre me ha acogido bien y me ha dado total libertad. Ha sido realmente Xenia Fedorova quien ha conseguido que me echen”, acusa Bruno Clermont en Mediapart. ¿El motivo de la disputa? Unas observaciones realizadas por el militar el 3 de marzo de 2026. “Yo quería destacar que, entre las dificultades a las que se enfrenta Irán, está el hecho de que su aliado ruso ha desaparecido. ¿Dónde están los rusos?”, preguntaba en el plató. “¡No han desaparecido! ¿Qué espera usted? ¿Que Rusia entre en guerra contra Estados Unidos e Israel por Irán?”, respondía molesta Xenia Fedorova. Y el consultor de defensa replicó: “Ah, ¿y dónde está el apoyo a Irán? Explíqueme, ¿dónde está?”

“No busqué enfrentarme a ella, intentaba evitarla. No se puede discutir ni debatir con una propagandista del Kremlin”, denuncia hoy Bruno Clermont. “En un año, ha adquirido un peso considerable en la cadena. Bastó con un plató en el que la contradije para que eso me resultara fatal. No vi venir el golpe.”

Este domingo en el JDD, los directivos Arnaud Lagardère (Europe 1) y Gérald Brice-Viret (Canal+) publicaron un artículo de opinión para apoyar a la protegida del grupo, calificada de voz “rara y preciosa”, atreviéndose a concluir: “La libertad de expresión es, ante todo, la libertad de quien no piensa como nosotros.”

Contactada por Mediapart, Xenia Fedorova no respondió a nuestras preguntas. En otros medios, niega cualquier acción de propaganda.

“Mi situación en Francia es regular, ha sido examinada y validada por las autoridades francesas competentes, y se basa en mi actividad profesional actual para Canal+ así como en mi experiencia demostrada en la creación y dirección de una cadena de televisión en Francia”, respondió también a Le Monde en relación con la renovación de su permiso de residencia.

Traducción de Miguel López

¿Dónde ha quedado la pasión? A un año de las elecciones presidenciales, el último capítulo del macronismo ha sumido a muchos diputados centristas en un abismo de perplejidad. Las divisiones de la derecha moderada, la creciente influencia de los medios del grupo Bolloré en sus filas y el fracaso del presidente de la República a la hora de consolidar una organización capaz de sobrevivirle les producen vértigo.

En un acto de desesperación, el diputado Stéphane Travert, exsocialista que se unió a Emmanuel Macron en 2017 y que después fue su ministro de Agricultura entre 2017 y 2018, se ha sumado a la iniciativa de Élisabeth Borne: la creación de un pequeño partido que aspira a pesar en el debate de ideas. "Los moderados deben ir a la guerra" para abrirse paso entre La Francia Insumisa (LFI) y la Agrupación Nacional (RN), sostiene el diputado. Aunque admite que, por ahora, "no tiene candidato".

Junto con otros macronistas históricos, como el diputado Marc Ferracci, exministro de Industria entre 2024 y 2025, Travert abogó ante Gabriel Attal por recuperar el nombre original de Renacimiento: "¡En Marcha!". "Hay que asumir una vuelta a los orígenes, una historia. Somos un partido joven", defendía Ferracci hace apenas unas semanas, preocupado por la confusión del panorama político. De poco le ha servido.

Para expresar su escepticismo ante la candidatura ya oficial de Gabriel Attal, el diputado del MoDem Richard Ramos recurre a un aforismo: "En una tormenta, la fuerza de un árbol se mide por la profundidad de sus raíces".

Consciente de esta crisis de identidad política, consecuencia del hundimiento de los antiguos partidos de gobierno y del fracaso de Emmanuel Macron en su intento de reorganizar la vida política en torno a una división entre "conservadores reaccionarios" y "progresistas reformistas", como prometía en su libro Révolution (XO Éditions, 2016), Édouard Philippe intenta, por su parte, invocar el legado de la derecha clásica.

El 10 de mayo, Philippe, presidente de Horizontes, reivindicó con firmeza su identidad de derechas, como ya había hecho desde su llegada a Matignon en 2017. "Sé de dónde vengo: de la derecha. Fui el primer director general del mayor partido que la derecha y el centro han creado en Francia, la UMP [Unión por un Movimiento Popular]", repitió ante los cuadros y diputados de su partido reunidos en Reims (Marne). Y, tras explicar que quería construir una mayoría "disciplinada, alineada en lo esencial, pero también diversa", añadió: "Sin volver a crear la UMP, porque no se puede ser y haber sido".

La alusión no es inocente. Al afirmar que quiere pasar página del "al mismo tiempo", el ex primer ministro de Emmanuel Macron entre 2017 y 2020 reactiva el recuerdo de un mito: el del partido común en el que la Agrupación por la República (RPR), Democracia Liberal y tres componentes de la Unión por la Democracia Francesa (UDF) se fusionaron para gobernar juntos en 2002, bajo los auspicios de Jacques Chirac y Alain Juppé, tras el impacto que supuso el paso de Jean-Marie Le Pen a la segunda vuelta de las presidenciales.

"La UMP es la unión de todas las corrientes de derechas en un solo partido por primera vez en su historia. Philippe instrumentaliza este legado para decir que, aunque no todos piensen necesariamente lo mismo, pueden unirse para ganar", explica el politólogo Vincent Martigny.

El argumento que Serge Lepeltier, secretario general del RPR favorable a la fusión, desarrolló en Le Monde en 2002 encaja especialmente bien con el momento actual: "El resultado de la primera vuelta ha demostrado que las luchas internas y las divisiones no estaban justificadas. Ante el auge de los extremos, hay que replantearse nuestra visión de la política". A menos de un año de la primera vuelta de las presidenciales de 2027, en el campo centrista se escucha la misma narrativa que agrupa a "los extremos" para enfrentarse mejor con el bando de "la gente razonable".

La referencia está calculada. Remite a un periodo envidiable, en el que el partido de derechas podía contar con 300.000 afiliados. Hoy, Los Republicanos (LR), lejano heredero del general de Gaulle y de Chirac, cuenta oficialmente con 76.000.

"¿La UMP, por qué no? No funcionaba tan mal", reconoce Laurent Marcangeli, presidente del grupo Horizontes en la Asamblea Nacional. "Sin nostalgia, aquella alianza, que iba de Charles Pasqua a Jean-Louis Borloo, permitió gobernar durante diez años. La gente ya no quiere el 'al mismo tiempo', sino un discurso de derecha republicana moderada. La vida política francesa tiene que dejar de ser tripartita".

En las elecciones legislativas de 2002, la UMP despegó al obtener 358 escaños. LR cuenta hoy con 39, lo que da una idea de la pendiente que tiene por delante. Mientras se perfila una posible disolución tras las presidenciales de 2027, ese recuerdo puede influir en los diputados de la antigua "base común".

"Todo el reto para el próximo candidato del centro en las presidenciales es saber si será capaz de aglutinar a gente más allá de su propio partido. La referencia a la UMP resulta atractiva porque encarna la capacidad de la derecha y del centro para abandonar las viejas etiquetas y formar una mayoría única", explica el historiador del gaullismo Pierre Manenti, autor de Le RPR. Une certaine idée de la droite (El RPR. Una cierta idea de la derecha, Passés Composés, 2026).

El recuerdo de aquella unión, sin embargo, incomoda a Marc Fesneau, líder del MoDem en la Asamblea. "¿No habría sido distinta la vida política si se hubiera considerado que lo mejor era respetar el pluralismo que estaba consolidándose? Quizás habríamos ganado algo de tiempo, de energía y de diálogo entre nosotros y nuestros conciudadanos. No vamos a volver a crear el partido único de la derecha y el centro. ¡Esto es el cuento de nunca acabar!", zanja.

En 2002, François Bayrou ya dejó huella al oponerse a la convergencia chiraquiana. "Si todos pensamos lo mismo, es que ya no pensamos", lanzó entonces, entre abucheos, en la convención de la Unión en Movimiento (UEM), antecesora de la UMP. Durante un coloquio sobre el Estado de derecho celebrado el 18 de mayo en la Asamblea, el ex primer ministro, recientemente destronado por la izquierda en Pau (Pirineos Atlánticos) en el contexto del caso Bétharram, mantuvo esa misma posición ante algunos periodistas: "No en el 'bloque central', sino en el centro, hay fuerzas dispersas cuya lógica debería ser reunirse, midiendo los peligros a los que nos enfrentamos. Todo eso está en proceso de definición".

Édouard Philippe no es el único que hace guiños al pasado. Como Jacques Chirac, que anunció su candidatura a las presidenciales de 2002 durante una conversación forzada con la alcaldesa de Aviñón (Vaucluse), Gabriel Attal lanzó la suya desde la pequeña localidad rural de Mur-de-Barrez (Aveyron), el 22 de mayo.

Su entorno también invoca, con cierto interés, la dinámica de la campaña de Jacques Chirac en 1995, cuando este partía como rival de la derecha frente al favorito Édouard Balladur. Pero Gabriel Attal no tiene nada en común con la derecha: procede del Partido Socialista (PS).

En el fondo, estos paralelismos revelan la crisis de liderazgo que atraviesa la derecha. A falta de una figura tutelar contemporánea, recurre a una historia relativamente lejana, mientras que su último gran líder, Nicolas Sarkozy —cuyo juicio de apelación por la financiación libia acaba de concluir—, ha dado su bendición a la RN de Jordan Bardella al compararla con el RPR de Jacques Chirac.

En este terreno, la extrema derecha ha dado un golpe de fuerza al apropiarse con eficacia del legado gaullista y chiraquiano. En marzo de 2024, Jordan Bardella siguió los pasos del RPR al organizar sus "estados generales de la inmigración". "El programa del RPR de los años 90, cuando el RPR era verdaderamente de derechas, es hoy el programa de la RN, al menos en materia de seguridad e inmigración", declaró entonces.

En 2023, Franck Allisio, tránsfuga de la UMP, ya había lanzado una campaña para apropiarse de la marca RPR, que recuperó para crear su propio movimiento, hoy con unos 10.000 afiliados. "Con esta referencia al RPR, la extrema derecha culmina su proceso de normalización al intentar borrar la parte controvertida de su historia. Tras las derrotas de Nicolas Sarkozy en 2012, François Fillon en 2017 y Valérie Pécresse en 2022, también se vincula a la imagen de una derecha que sí ha ganado", analiza Pierre Manenti.

Para Vincent Martigny, este éxito es "una señal de debilidad de la derecha". "Si hay un legado que recoger, es que no se le respetó del todo", sostiene. Una debilidad que no solo debe atribuirse al macronismo, sino también a la propia derecha.

"En 2012, Nicolas Sarkozy perdió con una línea muy radicalizada, sin el ala izquierda que sí había incorporado en 2007. Desde entonces, rompió el equilibrio de un movimiento que se ha desplazado por completo hacia la derecha sin decirlo realmente, ignorando la diversidad de su familia política", detalla el investigador.

Mientras el componente gaullista de LR se ha vuelto claramente minoritario, la reivindicación de ese legado por parte de Bruno Retailleau, designado candidato para 2027, resulta significativa. Iniciado en política en el Movimiento por Francia (MPF) de Philippe de Villiers, Retailleau, representante de Vendée, nunca perteneció a la familia gaullista y encarna una corriente católica, conservadora y nacionalista.

"Lo que predomina claramente entre estos candidatos es la sensación de que la derecha nunca ha aplicado realmente una política de derechas. Entre los simpatizantes, algunos se preguntan si la 'verdadera derecha' no estará del lado de Jordan Bardella y Marine Le Pen. Hay, por tanto, una ambivalencia entre los candidatos: reivindican filiaciones tranquilizadoras y, al mismo tiempo, prometen a ese electorado de derechas que no van a fingir", observa Vincent Martigny.

De esas contradicciones nace su falta de claridad identitaria.

Traducción de Miguel López