Un colectivo de organizaciones de trabajadores del sector del espectáculo pide, en un comunicado difundido en vísperas de la inauguración del Festival de Cannes, que se ponga fin al “cribado”, una investigación administrativa impuesta por ley al término de la cual se puede denegar a una persona el acceso a un evento, con lo que puede perder su empleo.

“Desde 2016 ha aparecido el concepto de 'gran evento' en la legislación francesa”, explica el comunicado firmado por los sindicatos Sud Culture, la CGT Spectacle, el colectivo de trabajadores y trabajadoras de festivales de cine Sous les écrans la dèche et le Stucs (Tras las pantallas, miseria y apariencia, Sindicato de Trabajadores Unidos de la Cultura y el Espectáculo).

“Detrás de este término”, prosigue, “se esconden varias disposiciones de seguridad y, en particular, el cribado que, con el pretexto de la lucha antiterrorista, otorga a las prefecturas un poder desmesurado sobre la contratación de trabajadores”.

El dispositivo al que se refiere el colectivo forma parte de las medidas introducidas por la Ley de Seguridad Interior y Lucha contra el Terrorismo (Silt), aprobada al salir del estado de emergencia con el fin de transponer algunas de sus medidas al derecho común.

Esta norma introdujo el artículo L211-11-1 en el Código de Seguridad Interior (CSI), que permite a las autoridades designar, mediante decreto, “los grandes eventos y las grandes concentraciones de personas cuyo objetivo sea asistir a la retransmisión de eventos expuestos a un riesgo de actos terroristas debido a su naturaleza y a la magnitud de su afluencia”.

El acceso a los lugares donde se celebra este gran evento queda así sujeto “a una autorización que expide el organizador previa conformidad de la autoridad administrativa”. Esta última se encarga de llevar a cabo una investigación administrativa de seguridad en el marco de la cual se consultan numerosos ficheros.

“La idea de estas investigaciones administrativas de seguridad es verificar la compatibilidad del perfil de la persona con el empleo o la habilitación”, explica Yoann Nabat, doctor en Derecho Privado por la Universidad de Burdeos y autor de Vigilar y fichar. Retrato de un país bajo control (editorial Divergences, abril de 2026).

“Las investigaciones administrativas de seguridad implican la consulta de una decena de ficheros, sobre todo policiales”, prosigue. “En primer lugar está el fichero TAJ, tratamiento de antecedentes judiciales, que es el principal fichero policial. Su nombre es muy engañoso porque, en realidad, no contiene los antecedentes judiciales y el simple hecho de haber sido considerado sospechoso en un caso basta para que figures en él”.

“También cabe citar el FPR, fichero de personas buscadas, donde se encuentran las famosas ‘fichas S’, de seguridad del Estado”, añade Yoann Nabat. “Pero, en mi opinión, el fichero más problemático es el fichero de prevención de atentados contra la seguridad pública de la policía, el Pasp, y su equivalente en la gendarmería, el Gipasp”.

“Se trata de un fichero muy amplio que incluye información sobre personas que se cree pueden representar una amenaza para la seguridad pública”, detalla el jurista. “Nos situamos, por tanto, en un momento muy anterior a que se cometa un delito. Además, es un fichero estrictamente policial, no hay ningún magistrado que valide el acceso al mismo”.

“Es en el Pasp donde pueden entrar manifestantes y activistas, en nombre de la prevención de atentados contra la seguridad pública”, señala. “La lógica es que un activista o un manifestante podría, con motivo de concentraciones, suponer un riesgo para la seguridad pública”.

“Se consultan muchos otros ficheros, unos diez”, concluye Yoann Nabat. “Pero la búsqueda está automatizada a través de un sistema central, el Accred, que recopila la información de cada fichero. Lo gestiona el Sneas, el servicio nacional de investigaciones administrativas de seguridad”.

Desde la entrada en vigor de la ley Silt, a trabajadores del sector del espectáculo, discontinuos, se les deniega la acreditación que les permitiría acceder a los lugares donde se celebra el evento, y se les rescinde el contrato.

Por ejemplo, “durante los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2024, la prefectura de París emitió cerca de 4.000 dictámenes desfavorables sin justificación alguna; y a otras tantas personas se les impidió trabajar en el evento, privadas de su medio de subsistencia, injustamente precarizadas”, recuerda el comunicado del colectivo intersindical. “Otros eventos culturales o comerciales también son declarados ‘grandes eventos’ y llevan a cabo un cribado de empleados y voluntarios, como el carnaval de Niza o la fiesta del Limón en Menton”.

Camille (ficticio) forma parte de esas trabajadoras que han perdido su empleo tras pasar por la criba. Desde 2023, trabajaba para la “Semana de la Crítica” del Festival de Cannes como responsable de protocolo. Pero el 30 de abril de 2025, poco antes de incorporarse a su tercer contrato de duración determinada de un mes, se enteró de que las autoridades administrativas habían emitido un dictamen desfavorable sobre su acreditación, indispensable para acceder al perímetro de seguridad establecido en torno al festival.

A Camille le confirmaron varias veces su exclusión por parte de su empleador y de la “Semana de la Crítica”, así como los motivos de la misma. La administración no respondió a ninguna de sus solicitudes de explicación. Por ello, el pasado mes de octubre, Camille recurrió ante el Tribunal Administrativo de Lyon para obtener la anulación de la denegación de su acreditación.

En su recurso, el abogado de Camille, Thibault Laforcade, subraya que ella “nunca ha puesto en peligro la seguridad de las personas, la seguridad pública ni la seguridad del Estado con su comportamiento”. Además, “nunca ha sido detenida ni puesta bajo custodia policial”.

Solo un elemento del currículum de Camille podría explicar la desconfianza de las autoridades: el hecho de que se defina como “una activista ecologista” que expresa “sus convicciones públicamente, a veces acudiendo a manifestaciones”. En su recurso, asegura no haber “participado nunca en una sola acción violenta o que haya puesto en peligro la seguridad de las personas, la seguridad pública o la seguridad del Estado” y se presenta como “una activista pacifista que respeta el Estado de derecho”.

“El problema de la represión administrativa es difícil de entender porque se trata de un concepto difuso”, explica Camille a Mediapart. “Es muy difícil determinar qué acción concreta me ha llevado a esta situación. No he podido evitar recordar todos los controles de identidad, más o menos largos, a los que me han sometido en las manifestaciones”.

“No solo he perdido a un empleador con el que había establecido una relación de confianza, sino que además esto me impide optar a un puesto estable en otra organización dentro del Festival de Cannes”, prosigue. “Cuando veo que cada vez más eventos se clasifican como ‘grandes eventos’, me pregunto si no será en todo el sector de eventos donde va a ser cada vez más difícil trabajar cuando se defienden valores ecologistas y de justicia social.”

Basándose en este fichaje político, que parece ser la única explicación al rechazo de la acreditación por parte de la administración, el abogado Thibault Laforcade presentó el jueves 7 de mayo, ante el Consejo Constitucional, una cuestión prioritaria de constitucionalidad (CPC). Este procedimiento permite, en el marco de un proceso ante un tribunal administrativo o judicial, acudir al juez constitucional para solicitarle que se pronuncie sobre una cuestión de derecho.

La CPC presentada por el abogado de Camille se refiere a las disposiciones del artículo L211-11-1 del CSI. Estas, al permitir impedir que una persona ejerza una profesión, “sin excluir la consideración de sus opiniones o de su compromiso activista pacífico y sin prever garantías procesales que aseguren una información suficiente, un acceso efectivo a los elementos determinantes del expediente y un debate contradictorio útil, ¿suponen una vulneración desproporcionada de la libertad de opinión y de expresión, del principio de igualdad y de la prohibición de la discriminación, así como del derecho a un recurso efectivo?”, se pregunta en la CPC.

“No cabe duda de que [el dictamen negativo atribuido a Camille] se basa en el fichaje de los activistas y apunta a las convicciones políticas de nuestra compañera”, afirma por su parte el comunicado intersindical. "Mediante su uso abusivo del cribado, la subprefectura de Grasse pone en peligro sus libertades de expresión y de opinión y practica una discriminación política".

En vísperas de la inauguración del festival, el colectivo ha creado una web que ofrece a los trabajadores del Festival de Cannes una Guía de autodefensa política y jurídica contra el cribado.

Las organizaciones firmantes se ofrecen además “como voluntarias para acompañar en cada trámite a las personas víctimas de un dictamen desfavorable y a las que se haya impedido participar en el evento, sea cual sea su sector de actividad”.

“Cuando me pasó a mí, me quedé como paralizada”, cuenta Camille. “Me daba vergüenza, sobre todo ante los demás profesionales, a quienes no me atrevía a explicar los motivos de mi exclusión. Menos mal que yo tenía algunos conocimientos que me permitieron presentar este recurso. La idea de esta guía es ayudar a las personas que también pasan por lo mismo y recopilar el número de casos para dar visibilidad a esta represión”.

Traducción de Miguel López

En más de una década, desde 2010, han cerrado cerca de 35.000 bares, según el Instituto Nacional de Estadística. La cifra refleja un cambio en los hábitos de ocio de la sociedad y una transformación económica y social, porque cuando desaparece un bar se pierde algo más que un negocio: cierra un espacio de encuentro, conversación, mezcla social y comunidad. Y, según varias investigaciones, ese vacío es caldo de cultivo para el auge de los populismos y de la extrema derecha.

Durante décadas, especialmente en barrios obreros, pueblos y pequeñas ciudades, el bar fue mucho más que una barra, unas cañas o una máquina tragaperras. Era una infraestructura social. “Todos tenemos un entrenador de fútbol, un político dentro y la capacidad de resolver el país desde la barra del bar”, recuerda a infoLibre Rosi, propietaria del bar ‘Vega’ en el madrileño barrio de Las Águilas. “Aquí viene gente del banco, obreros, mecánicos del taller, jubilados o trabajadores de los comercios de al lado. Todos discutimos, nos reímos y al día siguiente, una nueva historia”.

La socióloga de la Universidad de Zaragoza, Marianna Martínez Alfaro, asegura que los bares desempeñan un papel clave en la construcción de relaciones sociales porque “funcionan como espacios cotidianos de encuentro, conversación y convivencia”. Estos espacios, asegura, favorecen “la creación de vínculos afectivos, amistades y redes comunitarias”, convirtiéndose en “infraestructuras sociales que sostienen la vida colectiva”.

El antropólogo José Mansilla coincide en esa visión estructural al señalar que “los bares de barrio han funcionado históricamente como algo mucho más profundo que simples espacios de consumo”, actuando como “auténticas instituciones sociales”.

El sociólogo Javier Rueda se centra más en lo que provoca el cierre de los bares en lo rural y en la ciudad. Para el autor de Utopías de barra de bar, el cierre del bar en un pueblo es el fin de “la última ‘señal de vida’ del municipio, el último punto de encuentro”, mientras que en las grandes urbes hay una mezcla de abandono “en los barrios que se convierten en calles vacías de almacenes y apuestas” o de “desarraigo absoluto” en el centro de las ciudades, cuando “los negocios más orientados al turismo, al evento o a cierto consumo ostentoso de clases pudientes” ocupan la mayoría de locales.

El economista Hugo Subtil, investigador de la Universidad de Zúrich, ha estudiado en Francia el cierre de los llamados bar-tabac —bares donde además de beber se fuma, se apuesta, se conversa y se socializa— y sus efectos electorales. Su conclusión: “La ultraderecha aumenta siempre que cierra un bar, pero el aumento se multiplica por tres en las zonas rurales”.

Su investigación se basa en el seguimiento de 18.000 cierres entre 2002 y 2022 en Francia y detectó que las zonas afectadas experimentaron incrementos de entre el 1,3% y el 3,6% en el voto a Agrupación Nacional, el partido de Marine Le Pen. Cuando el establecimiento reabre o surge uno nuevo en la zona, el fenómeno se revierte.

La clave, incide Subtil en Diari ARA, y coincide con Martínez y Mansilla, es la interacción social. “Lo que importa aquí no es lo que hace la gente, sino que lo hagan juntos”.

Rueda subraya que “el bar no es solo un espacio de expresión, sino un lugar de encuentro entre iguales y entre diferentes”. A su juicio, la desaparición progresiva de estos espacios erosiona una de las principales escuelas cotidianas de convivencia democrática.

Martínez refuerza este diagnóstico porque “los bares son uno de los principales espacios de cohesión social e intercambio intergeneracional e interprofesional”. Su desaparición no es neutra, porque reduce “los espacios informales de participación y convivencia”, aumentando “el aislamiento social y la sensación de pérdida de vida comunitaria”.

La tesis de Subtil también se cumplió en Reino Unido. Allí, la investigadora del London School of Economics, Diane Bolet, encontró patrones similares al analizar el cierre de pubs comunitarios entre 2013 y 2016.

Bolet sostiene que “cuando pubs, centros comunitarios, bibliotecas o bancos cierran, eso añade una sensación de declive local”. En su investigación, comprobó que cada cierre anual de un pub comunitario en determinados distritos incrementaba en torno a 4,3 puntos porcentuales el apoyo a UKIP, el partido pro-Brexit que lideraba Nigel Farage.

La investigadora aseguraba que la pérdida de estos lugares hacía a los votantes “más susceptibles a las narrativas de abandono que utiliza la extrema derecha y el populismo”.

Como explica, “lo que se pierde no es sólo un lugar físico, sino la sensación de que la propia herencia sociocultural está siendo abandonada” porque como asegura Subtil “pasas de hablar con todo el mundo a hablar solo con familia y amigos”.

Esta pérdida de espacios se traduce según Martínez en “percepciones de abandono, debilitamiento del tejido social y menor conexión entre las personas”. Eso aumenta la vulnerabilidad frente a discursos que transforman frustración económica o territorial en resentimiento político.

Rueda advierte de que el problema no es únicamente electoral, sino cultural: “Si se pierden los bares, ya perdidas las sedes de barrio de sindicatos, partidos o parroquias, la pregunta incómoda es clara: ¿dónde aprendemos qué es convivir?”.

El World Happiness Report 2025 refuerza esta idea: allí donde la confianza interpersonal es más débil, el apoyo a opciones populistas autoritarias tiende a ser mayor.

Rosi apunta algo que ya es una tendencia en las grandes ciudades: la desaparición de los “bares de toda la vida por cadenas de comida rápida, de gastrobares o de bares y restaurantes para turistas”. Esta sustitución por espacios de consumo estandarizado e impersonal evita el “murmullo crítico” como destaca Mansilla y contribuye al aumento del descontento social, explica Martínez, porque reduce “el sentimiento de pertenencia al territorio”.

Rueda señala que el cierre del bar tradicional y su sustitución por gastrobares o cafeterías de especialidad simboliza mucho más que una simple transformación económica. “La lucha por el barrio es la lucha por los espacios del barrio”, sostiene.

A su juicio, muchos nuevos establecimientos funcionan como filtros sociales: “Nos dicen ‘ven aquí si sabes lo que es lo umami’, ‘no vengas si quieres tomarte tres birras a buen precio’”. Esta transformación no sólo modifica el paisaje urbano, sino también quién puede habitarlo o participar en y de él. “Es un juego elitista y excluyente, trufado de deseabilidad social, donde comienza muchas veces el proceso de expulsión de un barrio o de una zona determinada”.

Esto provoca que fuerzas populistas reivindiquen los bares o los lugares de espacio común como símbolos de comunidad perdida, de un tiempo pasado mejor. 

Martínez subraya que cerrar bares no crea automáticamente votantes ultras, pero “una sociedad que pierde sistemáticamente sus lugares de encuentro intergeneracional e interprofesional corre el riesgo de volverse más fragmentada, más desconfiada y más vulnerable”.

Todo un símbolo francés. Un orgullo patrio. Una “magdalena de Proust” colectiva. Dieciocho centímetros, una carita de mejillas sonrosadas y un sonido inconfundible al morderla o apretarla. La jirafa Sofía es el juguete imprescindible en el ajuar de todo recién nacido. Hasta tal punto que Vulli, la empresa francesa que la comercializa, se jacta de vender tantas como nacimientos hay cada año en Francia: entre 700.000 y 800.000 ejemplares. Y varios cientos de miles más de jirafas vendidas en el resto del mundo. Desde su creación, en 1961, se habrían vendido 70 millones de ejemplares en 85 países.

¿Una historia de éxito del Made in France? Ese es el relato que construyen Vulli y su director general, Alain Thirion, en torno a su producto estrella. ¿Un gran engaño? Según la información de Mediapart, hace años —al menos desde 2013— que un gran número de jirafas Sofía viene de fábricas chinas. Y, según numerosos relatos y documentos, desde al menos 2019, la producción realizada en Francia es insignificante, y sirve de escaparate para ocultar la realidad.

Sin embargo, a mediados de 2025, cuando la Dirección General de Competencia, Consumo y Represión del Fraude (DGCCRF) inspeccionó la empresa, descubrió que las jirafas Sofía seguían empaquetadas con la etiqueta Made in France. Lo mismo ocurre en numerosas webs de comercio electrónico, que presentan el producto como fabricado en Francia. Un argumento comercial esgrimido durante muchos años.

Se está llevando a cabo una investigación, en particular por prácticas comerciales engañosas. Recientemente, el lugar de producción ha desaparecido de los envases, dejando paso, discretamente, a la mención “Nacida en París”. En Amazon, a 30 de abril de 2026 todavía se puede leer que “la famosa jirafa […] se fabrica a mano en Rumilly, Francia, mediante un proceso que incluye 14 operaciones manuales”.

Tras contactar con ellos en varias ocasiones para que respondieran con precisión a las preguntas de Mediapart, ni la empresa ni su director general han querido responder. Al indicar que no estaba “a [nuestras] órdenes”, Alain Thirion consideró que las preguntas de este medio estaban “orientadas por mentiras” y eran “noticias falsas”. Acusó a Mediapart de difundir las declaraciones de “unas pocas personas” que quieren “perjudicar a Vulli a toda costa”.

Sin embargo, en un correo interno de mediados de 2025 al que este medio ha tenido acceso, el director general reconoce que “se ha detenido toda la producción de la jirafa Sofía en [la] sede histórica [de la empresa]”. Subraya que esta parada, sin precisar desde cuándo, debía ser “solo temporal”. De hecho, la empresa invirtió en una nueva planta de producción ya en 2016 en Los Vosgos, en Saint-Nabord. Pero esa fábrica nunca logró producir, a escala industrial, el juguete estrella.

Durante años, Vulli ha contado la historia de un éxito francés, ampliamente difundida en los medios de comunicación y la sociedad. “La empresa Delacoste, ‘mamá’ de Sofía, fue adquirida en 1982 por la sociedad saboyana Vulli, que unos años más tarde trasladó la producción a su fábrica de Rumilly, cerca de Annecy, y convirtió a la jirafa Sofía en una estrella mundial del juguete francés”, escribía, por ejemplo, BFM Business en febrero de 2021, con motivo del 60º aniversario del juguete.

Ese mismo año, la jirafa Sofía entró en el museo Grévin, símbolo de su éxito, mientras que numerosas estrellas estadounidenses convirtieron el juguete en el estandarte de un “arte de vivir típicamente frenchy”, por retomar los elementos del discurso de la empresa.

Tras la adquisición de Delacoste por parte de Vulli, la producción de la jirafa Sofía se instaló en Rumilly, en Alta Saboya. A principios de la década de 2000, llega un nuevo director general, Serge Jacquemier. Según el testimonio de muchos empleados (actuales y antiguos) que han trabajado con él, “comprendió rápidamente el potencial de Sofía”.

Para impulsar la empresa, Jacquemier decide desarrollar la marca, especialmente a nivel internacional, con el fin de convertir este juguete en el emblema de “la creación y el saber hacer francés”, según Éric Rossi, quien asumió la dirección general tras la salida de Serge Jacquemier en 2018. Ninguno de los dos exresponsables ha respondido a las preguntas de Mediapart.

Pero para exportar hay que producir más. Mucho más. Y la línea de producción de Rumilly, pequeña y artesanal, no puede hacer frente a tal ambición. “No teníamos los medios, así que nos dirigimos a China”, cuenta un exdirectivo. Más sencillo, más barato. Según nuestra información, producir una Sofía china cuesta entre cuatro y cinco veces menos que en Francia.

Poco a poco, la producción se subcontrató, con la mayor confidencialidad. Unas fotos que Mediapart ha conseguido, de 2013, ya muestran talleres chinos funcionando a pleno rendimiento. En las imágenes, se observa que los equipos de seguridad de los trabajadores y trabajadoras son, por su parte, casi inexistentes.

Costes más bajos y capacidades de producción multiplicadas por diez. Lógicamente, la facturación se dispara. En 2020, supera los 30 millones de euros. Sobre todo porque, con su estandarte Made in France, Vulli se permite vender a precio de oro la jirafa Sofía, en particular en Estados Unidos, donde el juguete supera holgadamente los 20 dólares (17 euros al tipo de cambio actual). En Francia, hoy cuesta unos 15 euros.

“Es un lujo accesible”, se jacta Éric Rossi en 2021, en las ondas de la radio pública. Cuando se le pregunta por su margen, elude la pregunta: “El margen no se puede medir por unidad, lo que se recompensa es el saber hacer, el dominio de la herramienta tecnológica”.

En el momento en que Éric Rossi da esa respuesta, “la herramienta tecnológica” de Rumilly está parada, o casi. Las Sofías llegan a la Alta Saboya a granel, en grandes cajas apiladas en contenedores procedentes de China. A continuación, se empaquetan y se distribuyen por Francia y por todo el mundo.

Pero, oficialmente, Sofía se sigue fabricando en Francia. Algo que cada vez suscita más dudas entre los empleados. “No nos decían nada. Pero mi oficina daba al taller. Y veía claramente que allí no trabajaba nadie. Nunca vi las máquinas en marcha”, cuenta una empleada que luego dejó la empresa.

Un taller vacío, pero una línea de producción que permanece, como un escaparate. Según numerosos testimonios coincidentes de empleados y exdirectivos, esta línea solo funciona durante las “visitas externas”. Cuando un periodista o unos clientes se desplazan a Rumilly, la maquinaria de producción se pone de repente en marcha.

“Era un poco teatral presenciar aquello”, confiesa Lucie*, una exempleada. “La fábrica se había convertido en una herramienta de demostración para los clientes o las inspecciones”, añade otro exempleado. Un directivo cuenta: “Colocaban a cuatro o cinco personas en el taller, la materia prima estaba caducada. Todo era falso”.

La empresa no ha dado ninguna respuesta a las preguntas de Mediapart sobre estos hechos. Pero en Vulli, la mentira se ha institucionalizado. Hasta el punto de que se producen situaciones de lo más chuscas. Como cuando, a mediados de la década de 2010, la empresa quiso exportar su producto estrella a China.

Para ello, debía obtener una certificación china. Miembros de la administración del gigante asiático, encargados de la inspección de productos, se desplazaron entonces a Francia para analizar la conformidad de la jirafa Sofía. Se pusieron a disposición de los inspectores algunos ejemplares franceses. Y listo. El primer certificado se obtuvo a principios de la década de 2010 y luego se renovó periódicamente con, siempre, la misma mención: “Taller de fabricación: Rumilly, Francia”.

A pesar del engaño, a Sofía le cuesta hacerse un hueco en el mercado chino. Pero Vulli persiste y vuelve a intentarlo en 2020. Esta vez, con la ayuda de las autoridades públicas francesas. El banco público de inversiones Bpifrance concede así a la empresa un “seguro de prospección para la financiación de un fondo dedicado” a la implantación en el mercado chino. “Tener a Bpifrance a nuestro lado nos supone una ayuda inestimable”, destaca entonces la responsable de exportación de Vulli en un publirreportaje de Bpifrance publicado en La Tribune. Un artículo que ensalza los méritos de la jirafa Sofía como un “éxito del Made in France en la exportación”.

Al ser preguntado por Mediapart sobre esta ayuda, Bpifrance se niega a comunicar la cantidad concedida a Vulli, amparándose en el “secreto bancario”. Subraya que “para beneficiarse de un seguro de prospección, la empresa debe acreditar una parte francesa superior al 20%”, asegurando que “ese era precisamente el caso de Vulli”.

“Algunos productos se fabrican hoy en día en Asia, pero otros gozan de la denominación Made in France y siguen fabricándose en los talleres de origen”, declara el banco, sin dar más detalles sobre los productos en cuestión. En realidad, ya casi no se produce ninguna jirafa Sofía en “los talleres de origen”. Pero en las cajas destinadas al mercado chino que Mediapart ha conseguido sigue apareciendo la mención Origine France.

Ante una mentira que se convierte en norma, empiezan a soltarse algunas lenguas. A finales de 2020 aparece una denuncia anónima en la plataforma SignalConso. Según la información consultada por este medio, procede de un colaborador de la empresa. “En el embalaje se indica que es Made in France. Pero este producto no es de fabricación francesa, sino china”, se lee en la denuncia a la que Mediapart ha tenido acceso.

Dos meses más tarde, Vulli responde a la denuncia: “El contenido de las declaraciones recogidas no refleja en absoluto la realidad del trabajo diario de todos nuestros empleados que diseñan y producen nuestras creaciones marca jirafa Sofía […] en Rumilly.” En aquel momento, la denuncia no tuvo más repercusión. La empresa se benefició entonces plenamente del efecto covid. El crecimiento de su facturación es espectacular, superando los 35 millones de euros en 2022.

Pero a nivel interno, la tensión empieza a hacerse palpable. Sobre todo tras un comienzo de año 2023 menos bueno de lo esperado. Alain Thirion busca reducir costes. En el departamento encargado de los envíos, el accionista único decide, por ejemplo, dejar de recurrir a personal temporal, con consecuencias inmediatas. “La plantilla es demasiado reducida, estamos al límite cada semana. […] Ahora el departamento funciona peor que nunca”, se lee en un correo interno redactado por los trabajadores del departamento. Respuesta de la dirección al comité de empresa: “Las primeras señales de alerta no han hecho cambiar de opinión al Sr. Thirion.”

El ambiente se tensa, varias bajas no se cubren y, al volver de las vacaciones de verano de 2023, el comité de empresa emite una alerta “por atentar contra la salud y la seguridad de varios trabajadores”. Esto enfurece a Alain Thirion, que decide entonces, de la noche a la mañana, cambiar las condiciones laborales de los servicios administrativos, especialmente en lo que respecta a horarios y teletrabajo. Las actas del comité de empresa posteriores a esta decisión dan cuenta de un clima social tóxico: “La Dirección deja que el comité ‘retome su letanía, llena de tonterías’. El comité se siente ofendido por estas palabras, el Sr. Thirion reitera y afirma que el comité solo dice tonterías”.

Tras una reunión con el conjunto de trabajadores, descrita por numerosos testigos como especialmente violenta, varias personas se dan de baja por enfermedad y, unos meses más tarde, son despedidas por incapacidad. A nivel interno, muchos describen al jefe como partidario de un tono brutal, fácilmente acusador y, a veces, contradictorio.

A principios de 2024, el director general, Éric Rossi, también abandona su cargo. Se acabó la época dorada de Vulli. La facturación se reduce en 10 millones de euros en tres años. No queda más que engaño. Para varias personas, en un contexto social así, seguir mintiendo es ya imposible. Se envían alertas a la DGCCRF, que abre una investigación. Se llevan a cabo varias inspecciones, la última de ellas hace solo unas semanas.

Según la información recabada, podrían iniciarse acciones judiciales por prácticas comerciales engañosas. Esto supondría para Vulli una multa que podría ascender al 80% “de los gastos incurridos para la realización […] de la práctica que constituye este delito”.

Dada la importancia de las ventas de la jirafa Sofía en la facturación de Vulli, esto supondría varios millones de euros. ¿Siente Alain Thirion que el viento está cambiando? A pesar de que 2024 y 2025 son los dos peores años de Vulli desde hace al menos cinco años, Thirion, accionista único, decidió pagarse 1,5 millones de euros en dividendos el 26 de junio de 2025. Apenas un mes después de la inspección de la DGCCRF.

Es muy fácil comprobar dónde se ha fabricado el ejemplar de la jirafa Sofía que tienes en casa o que piensas regalar a un ser querido. Cada juguete tiene un número de lote, discretamente grabado en el interior de una de sus patas. Este número consta de seis dígitos. Los dos primeros indican el fabricante. Si el número de lote de tu Sofía empieza por 30, se ha fabricado en Francia. Si su número empieza por 32 o 33, se ha fabricado en uno de los talleres chinos de los subcontratistas de Vulli.

* Nombre ficticio. Los numerosos trabajadores de Vulli, actuales o antiguos, que testifican en este artículo han deseado mantener el anonimato.

Traducción de Miguel López

El problema de las arenas movedizas es que cuanto más te mueves, más te hundes. Esa es más o menos la experiencia que vivió Nicolas Sarkozy este lunes 4 de mayo, durante la última jornada de la vista que el Tribunal de Apelación de París dedicó al fondo del juicio por la financiación libia, antes de los alegatos de las acusaciones particulares previstos para este martes y miércoles; del informe de la Fiscalía General la semana que viene; y de los alegatos de la defensa, que se prolongarán hasta finales de mayo.

La vista de este lunes tenía como tema lo que el expresidente francés calificó, el 29 de abril, de “escándalo dentro del escándalo”, es decir, el descubrimiento por parte de su defensa de un supuesto sistema libio de comisiones ilegales que cambiaría por completo la perspectiva del caso y desarmaría a la acusación.

En el centro del debate, como es sabido, se encuentra una sociedad offshore llamada Rossfield, propiedad del intermediario Ziad Takieddine, el hombre encargado de las relaciones secretas del gabinete de Sarkozy con la dictadura de Muamar el Gadafi entre 2005 y 2007. La acusación ha señalado a Rossfield como una de las presuntas cajas negras de la corrupción franco-libia. De hecho, esta sociedad recibió en 2006 fondos del régimen libio —6 millones de euros en total—, abonados en particular para financiar la campaña presidencial de 2007, según testimonios coincidentes y los famosos cuadernos de Choukri Ghanem.

Los primeros pagos se produjeron apenas unas semanas después de las reuniones clandestinas de Brice Hortefeux y Claude Guéant, los dos colaboradores más cercanos de Sarkozy, con el número dos del régimen libio, Abdallah Senoussi, condenado además por terrorismo en Francia. Ahora bien, la promesa de revisar su situación penal es, según la acusación, una de las posibles contrapartidas a las sospechas de corrupción que ocupan al tribunal, algo que niega la defensa.

Desde los supuestos descubrimientos “impactantes” de sus abogados, el expresidente insiste con vehemencia ante el tribunal: no, nada que ver. Rossfield sería en realidad el eje motor de un sistema de comisiones ilegales, y la mitad de los fondos percibidos por la empresa (3 de los 6 millones de euros) habría sido destinada en beneficio del hijo de Senoussi, llamado Mohamed. La defensa de Sarkozy necesita, evidentemente, demostrar que la hipótesis de la acusación sobre Rossfield es errónea, necesariamente errónea: cuanto más dinero se haya destinado a otros fines, menos habría podido servir para financiar una eventual corrupción franco-libia. Elemental.

Pero resulta que, a raíz de las revelaciones de Mediapart publicadas el pasado 1 de mayo, que señalaban (con documentos que lo respaldaban) un razonamiento general engañoso y manifiestos errores de cálculo en la argumentación de la defensa del expresidente, sus abogados enviaron al tribunal, poco antes de la apertura de la vista del lunes, nuevas tablas (que corrigen al menos un error de bulto), con nuevos cálculos (ahora serían 3,7 millones de euros para el hijo de Senoussi de los 10 millones de dinero libio de Takieddine). Pero con nuevas fantasías contables.

“No creo que pueda haber la más mínima discusión al respecto. Hemos contado y vuelto a contar”, aseguró este lunes Sarkozy. Los elementos son, según se mire, “clarísimos”, “milagrosos” o de una “evidencia total”. Jura que “el pendrive TAK [que contiene parte de los archivos de Ziad Takieddine] aporta elementos que dan un matiz diferente al caso”. “¡Es alucinante que Takieddine pague las vacaciones del hijo [Mohamed Senoussi] de quien lo contrata [Abdallah Senoussi]!”, declaró ante el tribunal, cuando en realidad no es ningún descubrimiento: Mediapart ya había informado de esa relación financiera en 2011.

Pero lo que publicado por Mediapart el 1 de mayo va más allá. El examen detallado de las cuentas bancarias de Ziad Takieddine, y más concretamente de una cuenta abierta en un banco libanés (el Ahli International Bank), demuestra, al comparar los movimientos con los datos del “pendrive TAK”, que Ziad Takieddine recibía fondos precisamente para cubrir los gastos en beneficio del hijo de Senoussi, sin relación alguna con Rossfield. Es decir, todo lo contrario de una retrocomisión, cuyo principio consiste en desviar una comisión de un contrato específico para devolverla, total o parcialmente, al remitente.

El fiscal, Damien Brunet, que representa a la acusación, continuó explicando que el dinero ingresado en la cuenta del Ahli International Bank “absorbe los gastos mencionados” en beneficio del hijo de Senoussi. “Admitámoslo. Puede que haya otras aportaciones que sirvan para remunerar al hijo de Senoussi. Quizás. No se lo niego. Pero si que hay dinero que remunera a Senoussi. ¿Qué cambia?”, preguntó Sarkozy, seguro de sí mismo. Eso lo cambia todo, potencialmente, ya que Rossfield ya no tiene mucho peso, o incluso ninguno, en el esquema.

El presidente del tribunal, Olivier Géron, aprovechó la ocasión y sacó la calculadora, manejando grandes cifras contables: Takieddine percibió, según recordó, 13 millones de euros durante el periodo en cuestión y habría transferido 3 millones a Mohamed Senoussi, si se confirma la cifra avanzada por Sarkozy. “De hecho, no hace falta Rossfield para explicar los pagos a Mohamed Senoussi”, dedujo lógicamente el magistrado. Sarkozy pareció no entender la observación y respondió desviándose hacia otro asunto. Incluso terminó soltando: “Esto no es un concurso de contabilidad”.

“¿A qué contrato se refieren las comisiones?”, insistió, no obstante, el presidente Géron. Sarkozy no lo sabía, pero aseguró que eso no era lo importante. “En los 19.000 documentos [del pendrive TAK], no hay la más mínima alusión a la financiación de mi campaña, cuando Takieddine es un fanático de los detalles”, afirmó, partidario desde el inicio de las vistas de las pruebas por omisión.

La abogada de la asociación anticorrupción Anticor, Claire Josserand-Schmidt, señaló por su parte que en el “pendrive TAK” figuraba un correo enviado por Takieddine al propietario de una vivienda en Londres habitada por el hijo de Senoussi. En ese mensaje, fechado en 2007, el intermediario indicaba claramente que se haría cargo de los alquileres con el dinero enviado por el padre, Abdallah Senoussi. Ciertamente, ha habido sistemas de retrocomisiones más opacos. "No hay nada secreto", observó el presidente Géron, siguiendo el hilo de su razonamiento, siguiendo su argumento.

Al examinar en las últimas horas los nuevos elementos presentados por Nicolas Sarkozy ante el tribunal, Mediapart ha detectado un nuevo error de envergadura, no exento de ironía. Los abogados del expresidente señalaron, a partir del “pendrive TAK”, que una parte de los fondos supuestamente transferidos por Takieddine al hijo de Senoussi —150.000 euros— acabó en manos del diseñador Elie Saab, conocido por su cercanía a los Senoussi. Según la defensa, la prueba bancaria apareció después en la cuenta de Ziad Takieddine en el Ahli International Bank (por lo tanto, sin relación alguna con Rossfield), con el rastro de una transferencia correspondiente de enero de 2008.

El problema es doble: no solo el pago no está en la moneda correcta (en dólares y no en euros), sino que, además, el destinatario no es Elie Saab, sino Elias Bou Saab, un político libanés, que no es la misma persona que el diseñador.

Por su parte, uno de los abogados de la acusación particular, Vincent Ollivier, ha puesto de relieve la retórica, cuando menos sesgada, de Sarkozy, quien se había indignado porque el tribunal de primera instancia le había denegado la comunicación del “pendrive TAK”, cuando en realidad no se había formulado ninguna solicitud oficial en las vistas del año pasado. Algo que los abogados de Sarkozy tuvieron que admitir finalmente este lunes.

La vista concluyó con el examen de la personalidad de los acusados, centrada en examinar en detalle su situación financiera y sus posibles antecedentes penales. En el caso de Sarkozy, declaró ganar varios millones de euros al año gracias a sus ingresos como abogado y asesor de grandes grupos, sus dietas por asistir a consejos de administración, los derechos de autor de sus éxitos editoriales y una jugosa inversión en un fondo español.

Al ser preguntado por sus proyectos de futuro, se mostró categórico respecto a la vida política. “Para mí, se acabó, no hay vuelta atrás. He querido empezar una nueva vida, tras 40 años de vida política, algo que ninguno de mis predecesores ha hecho”.

En cuanto a sus antecedentes penales, el presidente Géron le recordó que había sido condenado en firme en dos ocasiones: una en el caso Bismuth, por corrupción, y otra en el caso Bygmalion, por financiación ilegal de campaña. Dos presuntos delitos por los que también está siendo juzgado en el caso libio y que él niega.

Uno de los abogados de Sarkozy, Tristan Gautier, le interrogó el 28 de abril sobre las confidencias que Ziad Takieddine hizo en 2005 a un detective privado, Pierre Sellier, quien las había consignado en “actas literales” incorporadas al expediente.

En una de ellas, fechada el 1 de abril de 2005, podía leerse, en relación con posibles contratos libios: “El juego consiste en obtener el mejor precio del empresario para obtener un margen de A. Z [Takieddine] quiere crear una sociedad que redistribuya A, de la cual una parte irá al hijo K”. La defensa del expresidente veía en este pasaje el anuncio del futuro sistema de retrocomisiones de Rossfield en beneficio del hijo de Senoussi.

Pero, como señaló el fiscal Damien Brunet, Takieddine se refería al “hijo K”, es decir, a Saif al-Islam Gadafi, y no a Mohamed Senoussi. Por otra parte, la empresa de la que hablaba Takieddine no tenía, evidentemente, ninguna relación con Rossfield. Podría tratarse más bien de una oficina estatal franco-libia para la venta de armas, un proyecto con el que fantaseaba abiertamente y del que hay rastros en sus propios archivos. Esa estructura debía estar “bajo el control total de CG” (es decir, Claude Guéant), y dirigida por la mano derecha de Saif al-Islam Gadafi. Ese proyecto nunca vio la luz.

En esa misma acta, Ziad Takieddine afirmaba que nunca redistribuía dinero a los políticos en Francia. El redactor de la nota lo comentaba entre paréntesis con un elocuente: “Hum…”. La defensa de Sarkozy no había leído ese pasaje.

El abogado de la asociación anticorrupción Sherpa, Vincent Brengarth, por su parte, interrogó el 4 de mayo al expresidente sobre otro fragmento de las transcripciones, en el que Ziad Takieddine afirmaba haber cenado con Nicolas Sarkozy y Claude Guéant el 30 de junio de 2005, pese a que el acusado jura que cortó sus relaciones con el intermediario en 2003. Nicolas Sarkozy, que la semana anterior había dado mucho crédito a esas transcripciones, esta vez cambió de postura. Esa cena nunca existió, respondió.

Traducción de Miguel López

El proyecto ha recibido el nombre de “Astrée”. Según la información de Mediapart, la Dirección de Libertades Públicas y Asuntos Jurídicos (DLPAJ) y la Dirección de Transformación Digital (DTNUM), dependientes del Ministerio del Interior, están desarrollando una herramienta destinada a gestionar los contenciosos relacionados con los extranjeros mediante inteligencia artificial generativa (IA).

“Se trata de un proyecto de inteligencia artificial de asistencia en la tramitación de solicitudes”, se lee en un documento al que Mediapart ha tenido acceso, en el que se señala la “necesidad” de una herramienta de este tipo ante el aumento de reclamaciones, “centrándose en los contenciosos masivos fácilmente automatizables”. Una primera fase de desarrollo de la herramienta se centró inicialmente en las infracciones de tráfico.

Los contenciosos relacionados con los extranjeros, que abarcan todos los procedimientos iniciados ante los tribunales para impugnar decisiones adoptadas por el Ministerio del Interior (por ejemplo, una medida de expulsión como una OQTF, obligación de abandonar el territorio francés, o la denegación de la expedición de un permiso de residencia), se identifica así como un contencioso masivo, con un aumento observado del 33 % en cuatro años; representa, por tanto, el 91 % de los contenciosos del ministerio.

En 2022, Gérald Darmanin, que entonces era ministro del Interior, se quejó de las diferentes vías de recurso ofrecidas a los extranjeros, considerando que era necesario reducir su número (mencionó doce procedimientos) y los plazos. Su deseo fue recogido en la ley de inmigración aprobada a finales de 2023, y posteriormente en un decreto y en una circular de julio de 2024, con el objetivo de simplificar este contencioso reduciendo a tres el número de procedimientos.

Se han seleccionado tres prefecturas para la prueba piloto: la de Seine-Saint-Denis, donde hay más contenciosos, la de Bouches-du-Rhône, donde se ha puesto en marcha una iniciativa de “simplificación del itinerario del extranjero”, y la de Ille-et-Vilaine, “voluntaria” en este ámbito. Se han elegido otras dos prefecturas como opción: París y la Guayana, “debido a las particularidades de los territorios de ultramar”.

Para el Ministerio del Interior, el objetivo es identificar las necesidades y responder a ellas con la IA, en particular en lo que respecta a los recursos relacionados con la expulsión (ya se trate de órdenes de salida del territorio o de retención administrativa), que son objeto de una “atención especial” tanto por su aumento como por una “voluntad política”. La fase de preparación para la implantación de esta nueva herramienta comenzó en el verano de 2025 y se prolongará a lo largo de 2026, antes de su aplicación efectiva a finales de 2026 o principios de 2027.

“Los contenciosos masivos generan un importante flujo de solicitudes en los servicios jurídicos del Ministerio del Interior”, algunas de las cuales son “repetitivas y estereotipadas” y “pueden poner a los servicios en dificultades”, según se lee en un intercambio de correos electrónicos para justificar el futuro uso de la IA. “Los servicios ya no tienen tiempo para ver las cosas en perspectiva respecto a su actividad global y desarrollar una visión estratégica.”

Astrée tiene como objetivo extraer datos personales y administrativos o proponer la redacción de un escrito de defensa, para descargar a los funcionarios de la prefectura y, en última instancia, facilitar la expulsión de los extranjeros. La herramienta podría integrarse así en diferentes fases de un procedimiento.

Pero, ¿serán al menos informadas las diferentes partes implicadas, tribunales, abogados y usuarios extranjeros? “Se trata de cuestiones humanas que, a la larga, serán tratadas por la IA. Es un poco aterrador”, dice indignada una fuente del Ministerio del Interior. Esto plantea “cuestiones de orden democrático”: en lugar de reforzar el rigor del derecho y cambiar de paradigma en materia de inmigración, “se quiere imponer lo que se considera un avance técnico a la gente sin que esta tenga siquiera voz ni voto”, opina la misma fuente. “Existe la voluntad de demostrar que se está resolviendo el problema de los contenciosos masivos, pero esto, por el contrario, puede llegar a generar otros problemas”.

Esta fuente, que afirma haber observado a los sucesivos ministros del Interior en su búsqueda de “cifras en detrimento del trato humano”, se pregunta por la pertinencia de “imponer OQTF de forma sistemática sin estudiar seriamente la solicitud de las personas” o de emitir OQTF por amenaza al orden público por motivos “más o menos ridículos”. Ante esta lacra que pone vidas en suspenso, ¿cómo sorprende que miles de OQTF sean impugnadas ante los tribunales? “Y aquí solo hablamos de los contenciosos relacionados con la expulsión”, señala, evocando un inevitable efecto boomerang y un “contencioso completamente desquiciado, tanto en número como en complejidad”.

Por otra parte, subraya, la creciente complejidad del derecho, propiciada por las sucesivas leyes de inmigración, pero también por los decretos o las instrucciones ministeriales, “crea un caldo de cultivo propicio para el caos total”. “Algunas prefecturas cometen errores o no respetan la ley, bien porque ya no entienden nada de los procedimientos o porque se aprovechan para servir a una agenda política de extrema derecha”, lamenta, recordando que el exministro del Interior, Bruno Retailleau, había afirmado alto y claro que el Estado de derecho “no era intocable”.

El uso de la IA es “preocupante”, opina un funcionario de la administración aconstrumbrado a este tipo de litigios, sobre todo si se “utiliza mal” o es “fuente de errores”. No obstante, matiza: si el escrito de contestación de una prefectura está mal redactado o contiene errores, “los magistrados y abogados se darán cuenta rápidamente y eso podrá servir en defensa del extranjero”. El riesgo es mayor si la IA se utiliza “en el momento de dictar medidas de expulsión o medidas de ejecución, como el arresto domiciliario o el internamiento, ya que esto tendrá consecuencias importantes para el extranjero”, advierte.

Aunque esta fuente bien informada reconoce la problemática de un contencioso “masivo” y habla de agentes obligados a trabajar en “plazos muy ajustados”, el problema lo ve en otra parte: las medidas, adoptadas “en cadena”, son “quizás en parte infundadas o ilegales desde el principio, porque se aplica una política de cifras en cuanto a las medidas dictadas, y porque hay que tomarlas a toda costa incluso cuando la situación no lo permite”. Aun a riesgo de “depender por completo” de la justicia, con la esperanza de que esta censure lo que sea ilegal o resuelva situaciones de bloqueo relacionadas con la administración digital. Dicho esto, “Laurent Nuñez es más sensible a las cuestiones relacionadas con el derecho de residencia y las violaciones de derechos, lo cual es positivo”.

Mediapart ya ha documentado cómo la digitalización de los trámites y los fallos que de ella se derivan, pero también la emisión indiscriminada de OQTF, obligan a los usuarios extranjeros a recurrir a la justicia. “Nos pasamos el tiempo presentando recursos”, se lamenta Laurent Charles, abogado especializado en derecho de extranjería en París. “Se han vuelto necesarios aunque solo sea para conseguir una cita en la prefectura”.

El abogado describe un sistema que ya no se basa en la igualdad de acceso a los servicios públicos, sino en lógicas de “red” y de medios financieros, pues la justicia tiene un coste. “No sería de extrañar que las prefecturas utilizaran la IA para gestionar los recursos de los extranjeros, que se han disparado, porque, de lo contrario, el sistema no funciona”, explica, denunciando un círculo vicioso.

“Como de costumbre, los extranjeros son conejillos de indias”, lamenta Stéphane Maugendre, presidente del Sindicato de Abogados de Francia. “El Estado se ha inventado totalmente la crisis. Sería la solución milagrosa ante un contencioso masivo, pero ¿por qué existe?”, se pregunta el jurista, subrayando que no hay suficiente personal en las prefecturas y que existe una sospecha generalizada hacia los extranjeros, “a quienes se les expiden permisos de un año o resguardos de seis meses”.

Pone como ejemplo reciente el de una clienta que no conseguía renovar su permiso de residencia y que solo recibía respuestas automáticas, “quizás de la IA, por cierto”, a través de la Administración digital para extranjeros en Francia. “En cuanto se acudió al tribunal, su expediente pasó al servicio de contenciosos de la prefectura y por fin obtuvimos una respuesta”.

Stéphane Maugendre ve en ello un peligro, sobre todo en un litigio tan “humano”: “Tratan a las personas extranjeras como expedientes en papel, lo están haciendo todo mal. A veces utilizo la IA y veo sus límites. Creo que eso multiplicará los recursos, porque habrá errores”. Los documentos de un expediente de recurso deben ser analizados por un ser humano, afirma. La IA nunca podrá “captar las pequeñas diferencias” de cada caso.

En un número de la revista Plein droit de marzo de 2023, titulado "Étrangers mal jugés" (extranjeros mal juzgados), el Grupo de Información y Apoyo a los Inmigrantes (Gisti) subraya hasta qué punto esta saturación de los tribunales es el «resultado de decisiones políticas». El proyecto Astrée y la voluntad de utilizar la inteligencia artificial para responder a esta problemática demuestran que esta orientación no ha cambiado.

Cada año, el Consejo de Estado da a conocer las cifras de la justicia administrativa correspondientes al año anterior. En ellas figura un desglose de los asuntos registrados por ámbito de contencioso. La proporción de los de extranjería, que abarca cuestiones relacionadas con los permisos y visados de residencia, los permisos de trabajo o las expulsiones, es cada vez mayor. En 2025, representaba el 55 % de los recursos interpuestos ante los tribunales administrativos de apelación y el 46 % de los recursos interpuestos ante los tribunales administrativos; muy por delante de los demás temas, que no superaban el 10 %.

El número de asuntos juzgados por los tribunales administrativos se disparó un 11,3 % con respecto a 2024, alcanzando los 283.136 asuntos. De ellos, 62.249 se juzgaron como “procedimiento de urgencia”. Muchos recursos se interponen precisamente con carácter de urgencia (porque de ello depende el curso de una vida) a raíz de una denegación denominada “implícita” de la prefectura respecto a la solicitud de un permiso de residencia o su renovación, o para impugnar una orden de salida del territorio, a menudo dictada paralelamente a una decisión de denegación tras una solicitud de permiso de residencia.

Contactado por Mediapart, el Ministerio del Interior no ha respondido.

Traducción de Miguel López

Tras el proceso de rearme que se está llevando a cabo en todo el continente europeo, se está produciendo un cambio histórico en la relación franco-alemana. Dentro de la Unión Europea, Francia ha sido considerada tradicionalmente el peso pesado en términos militares y estratégicos, mientras que Alemania destacaba sobre todo por sus resultados económicos y comerciales. Pero la transformación emprendida por Berlín en el ámbito de la defensa, unida a un relativo conservadurismo francés, está cambiando la situación.

Esto quedó patente de forma espectacular la semana pasada, con la presentación el 22 de abril, por parte del ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, de un documento inédito: un “Concepto global de defensa militar”. El texto es mucho más significativo que las declaraciones puntuales de los miembros del Ejecutivo alemán, ya que es fruto de un trabajo colegiado en el que participan todos los actores del sistema de decisión del país, mucho menos vertical y jerárquico que el sistema francés, donde muchas cosas dependen únicamente de las decisiones del presidente de la República.

Se ha definido así una estrategia militar según la cual “en Europa, Rusia seguirá siendo, en un futuro previsible, la mayor amenaza para nuestra seguridad. […] Alemania, como primera economía europea, debe asumir y asumirá un papel de primer orden en el seno de la OTAN, incluido el plano militar”. También se ha establecido un “nuevo perfil de capacidades de la Bundeswehr [las fuerzas armadas alemanas]”, que se supone detalla los medios concretos necesarios para hacer realidad esta ambición.

Si se aplicara tal cual, este “perfil de capacidades” convertiría al ejército alemán en “el ejército convencional más poderoso de Europa”. En términos de efectivos, el objetivo fijado para finales de la década de 2030 es de 460.000 militares (260.000 en servicio activo y 200.000 reservistas). Actualmente, la Bundeswehr cuenta con 184.000 militares en servicio activo (menos que Francia y Polonia, a pesar de que ambos países tienen una población inferior).

El rumbo ya se conocía desde el "cambio de época" anunciado por el anterior canciller, Olaf Scholz, tras la invasión a gran escala de Ucrania. Pero ahora queda formalmente fijado, además de materializarse en pedidos masivos de material militar y en los primeros pasos hacia el restablecimiento del servicio militar. Ha llegado a su fin la era de la posguerra fría, durante la cual el ejército alemán se aventuró en intervenciones en el exterior, pero redujo de forma radical sus capacidades y sus efectivos.

La “Bundeswehr 3.0”, como la ha bautizado la investigadora Johanna Möhring en una nota del Instituto Francés de Relaciones Internacionales (Ifri), vuelve en cierto modo a la misión original de la “Bundeswehr 1.0”, creada precisamente durante la Guerra Fría, en 1955. Entonces era una gran fuerza convencional al servicio de Europa Occidental. Integrada en la OTAN, estaba preparada para hacer frente a una amenaza procedente del Este: la de los ejércitos del Pacto de Varsovia, la alianza dirigida de forma coercitiva por la Unión Soviética.

El papel similar asignado al ejército alemán contemporáneo queda bien reflejado en dos fórmulas: “un único conjunto de fuerzas” y “un teatro de operaciones”. “Es la forma técnica”, explica Olivier Schmitt, profesor del Real Colegio de Defensa de Dinamarca, “de decir que la Bundeswehr está optimizada para disuadir y luchar contra Rusia, pero no para intervenir en la República Centroafricana o luchar contra China. A diferencia de las décadas posteriores a la Guerra Fría, el país reconoce que tiene adversarios y traduce esta evolución política en términos de capacidades”.

“La principal diferencia con la Bundeswehr anterior radica en la posición geográfica y funcional que ahora ocupa Alemania”, escribe Johanna Möhring. De hecho, el país ya no está en primera línea, una posición que ahora corresponde a los países bálticos y a Polonia. En caso de conflicto, el territorio alemán serviría sobre todo de “centro neurálgico” para las fuerzas de la OTAN, convirtiéndose en un “gran centro logístico para personal y equipos”, precisa a Mediapart la investigadora, asociada a la Escuela Normal Superior y a la Universidad de Grenoble-Alpes.

“En esta estrategia anunciada por Alemania”, señala Stéphane Audrand, oficial de reserva y consultor, “también puede verse el retorno de una ambición que sus dirigentes habían formulado en la década de 2000, a saber, convertirse en la ‘nación integradora de Europa Central’ en el marco de la OTAN. Sin embargo, el Ejecutivo francés había cortado de raíz ese proyecto con motivo del regreso de París al mando integrado de la Alianza, bajo el mandato de Nicolas Sarkozy”.

Esta forma de erigirse en pilar de la defensa del continente tiene serias implicaciones, que van mucho más allá de un apoyo en “segunda línea”. En primer lugar, Alemania está desplegando una brigada blindada en Lituania, con un total de cerca de 5.000 soldados y varios cientos de civiles estacionados de forma permanente en el flanco oriental de la Alianza Atlántica. Tal dispositivo expone a las autoridades a tener que reaccionar en caso de incidente que afecte a sus ciudadanos, y a posibles pérdidas significativas de soldados en caso de provocaciones y hostilidades graves.

En segundo lugar, convertirse en un hub crucial de la OTAN convertiría a Alemania en un potencial objetivo, incluso para operaciones de desestabilización por debajo del umbral de la guerra. Un riesgo que no se evita con la adquisición de material militar, sino gracias a ejercicios de preparación y a la capacidad de cooperación. Porque “todas las infraestructuras críticas pertenecen al sector privado, los agentes de seguridad interior y de defensa tienen notorias dificultades para comunicarse entre sí, y existe una estructura federal que atribuye muchas responsabilidades a los Estados federados y a los municipios”, recuerda Johanna Möhring.

La estrategia alemana de rearme se diferencia de la de Francia al menos en dos aspectos y plantea importantes cuestiones políticas y estratégicas.

En primer lugar, los recursos financieros que Alemania destina a su aparato militar son de mayor envergadura. Ya superan a los de Francia en miles de millones de euros al año y podrían, a finales de la década, llegar a duplicarlos. Y eso que París, a principios de abril, actualizó su ley de programación militar ampliando en 36.000 millones de euros la dotación de 400.000 millones ya prevista para el periodo 2024-2030.

“A partir de ahora”, comenta Olivier Schmitt, “Alemania se está pagando una influencia en el ámbito político-militar que siempre se había negado a sí misma. Francia puede quedar relegada a su especificidad nuclear y a su propuesta de disuasión avanzada, que no implicarán a mucha gente. En la realidad cotidiana de las fuerzas armadas en Europa, los alemanes serán imprescindibles. Si se mantienen sin cambios las trayectorias actuales, es muy probable que se produzca una disminución de la influencia de Francia”.

Para Johanna Möhring, “Francia ha tardado en comprender que el estatus de ‘socio menor’ al que Alemania estaba relegada en el ámbito militar, debido a las limitaciones impuestas por su condición de país vencido, ya no tiene fundamento jurídico ni político desde la reunificación. Alemania, que ya contaba con importantes capacidades de producción, asume ahora ambiciones como actor en las relaciones internacionales. Hace lo mismo que Francia ha hecho durante mucho tiempo: tomar decisiones en función de su interés nacional definido por ella misma, incluso en el sector militar”.

Stéphane Audrand matiza, sin embargo, los efectos de los grandes compromisos asumidos por el poder público. “Francia ha logrado construir un instrumento militar reactivo y experimentado, sobre el que existe un consenso de larga data. Eso se ha visto durante la crisis de Groenlandia [amenazada de anexión por Donald Trump]. París se comprometió de inmediato, mientras que hubo que despertar a Berlín, que se sintió aliviada cuando la crisis se apagó.”

“En Alemania”, prosigue, “se están realizando inversiones inmensas y se está abriendo una ventana de oportunidad para la industria. Pero eso no basta para crear un ejército operativo. Existe consenso sobre el rearme, pero aún no sobre la capacidad para hacer la guerra.”

Francia y Alemania difieren, en segundo lugar, en las decisiones que toman sobre el formato del ejército. Por parte francesa, se sigue privilegiando un modelo de ejército completo, capaz de (casi) todo en todas partes, pero a “pequeña escala”, dados los medios limitados.

Por mucho que la revisión estratégica nacional elaborada por las autoridades haya identificado, al igual que las autoridades alemanas, la amenaza rusa como una prioridad, la programación militar no la ha traducido realmente en términos industriales y de capacidades. Algunos expertos lo lamentan y ven en ello un posible declive de la influencia francesa al menos tan importante como su presupuesto de defensa, más reducido que el de Alemania.

“Los países africanos ya no recurren a Francia. Los Estados de la región del Indo-Pacífico tampoco esperan nada de ella. Un contexto geoestratégico de este tipo debería incitar al país a concentrar sus esfuerzos de defensa donde exista una demanda militar europea y francesa”, escriben Louis Lapeyrie y Élie Tenenbaum en la revista Le Grand Continent. “El único escenario donde esta necesidad se hace sentir de forma urgente y concreta es la propia Europa, primero en su flanco Este y luego en su flanco Sur”.

¿Significa eso que Alemania es más coherente ante los retos de seguridad contemporáneos? No necesariamente, en la medida en que su estrategia adolece de puntos ciegos, al tiempo que se inscribe en una peligrosa dependencia intelectual y material respecto a Estados Unidos.

“La falta de elección francesa no es necesariamente peor que la elección alemana”, resume Stéphane Audrand. “Alemania vuelve a un modelo de grandes divisiones blindadas y mecanizadas, con un claro trasfondo económico. Pero los rusos no van a librar necesariamente la guerra aeroterrestre para la que los europeos estarán más preparados. También las amenazas existen en el mar, las costas, las infraestructuras comunes marinas y los territorios de ultramar. Su enfoque tiene sentido, pero para ellos y dentro de una alianza cuyos modos de actuación se conciben en Washington”.

De hecho, la estrategia alemana sigue concebida en un marco de la OTAN muy clásico, marcado históricamente por las concepciones estadounidenses de la defensa del continente, cuando los Estados europeos deberían desarrollar sin demora concepciones autónomas, a partir de sus necesidades, sus medios y sus complementariedades. En lugar de eso, Alemania parece seguir queriendo complacer a Estados Unidos, del que sigue obteniendo el equipamiento clave.

“Alemania sigue comprando a Estados Unidos capacidades estratégicas”, confirma Johanna Möhring, “lo que impone de facto a sus socios europeos una dependencia sobre la que no tienen derecho a opinar.” “Y cuando se trata de dar prioridad a la industria nacional”, añade la investigadora, “existe el riesgo es conferir un poder de monopolio a ciertos actores privados [como la empresa Rheinmetall] o de gastar dinero en capacidades que no son realmente necesarias, cuando los sistemas tecnológicos desarrollados en otros lugares serían más interesantes”.

Algunos especialistas han llegado incluso a señalar el riesgo de una espiral de competencia militar entre Estados europeos, impulsada por un rearme alemán poco tranquilizador para sus vecinos. “Con la integración europea, existe, de todas formas, un efecto de socialización de las élites desde hace décadas, alimentado por las relaciones cotidianas”, matiza Olivier Schmitt. “Y el miedo a Rusia seguirá siendo durante mucho tiempo mayor que el miedo a Alemania”.

Siempre y cuando, sin duda, no se produzcan cambios políticos demasiado bruscos, incluso en Berlín. Todos tienen en mente la proximidad del partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD) con la Rusia de Putin. En un discurso pronunciado en 2022 en Berlín, Radosław Sikorski, ministro de Asuntos Exteriores polaco, que entonces era eurodiputado, pidió explícitamente: “No se rearmen sobre una base puramente nacional”.

Sobre el papel, sería más racional una estrategia de defensa mejor integrada, capaz de articular las especializaciones de los distintos Estados europeos y de vincular su destino común sin consagrar la hegemonía de uno solo. Pero, por diversas razones, relacionadas con las prerrogativas históricas de las capitales, con la competencia económica consagrada en el seno de la Unión Europea o incluso con las persistentes ilusiones de una “vuelta a la normalidad” transatlántica, el camino emprendido resulta mucho más caótico y menos óptimo. Y las decisiones tomadas tanto por Alemania como por Francia contribuyen a ello.

Traducción de Miguel López

No hay duda de que la foto quedará preciosa. El jueves 23 de abril, la ministra francesa de Transición Ecológica, Monique Barbut, llevando a sus homólogos del G7 al bosque de Fontainebleau. Paralelamente a la cumbre que reúne en París hasta este viernes a los ministros de Medio Ambiente de los países más ricos del planeta, Francia tiene mucho con lo que impresionar en este lugar emblemático de la historia de la conservación de la naturaleza.

Detrás de la postal, los ecosistemas están, en Francia como en otros lugares, cada vez más degradados. Pero la intención concreta de Monique Barbut con la que acoge esta nueva reunión internacional es la de lanzar una “alianza para la financiación de la naturaleza y los pueblos”. El objetivo es conseguir más fondos públicos y privados para la protección de la biodiversidad y favorecer la aparición de proyectos de financiación comunes.

También hay otros temas en la agenda: la lucha contra la desertificación, la protección de los océanos, el refuerzo de la resiliencia del sector inmobiliario o la preservación de los recursos hídricos. En cada uno de estos temas, la idea es “intercambiar buenas prácticas”, indica el gabinete de la ministra.

El tema del cambio climático, en cambio, se evita cuidadosamente. Y es que el objetivo de la reunión es también acercarse a la administración Trump, representada por la número dos de la Agencia Federal de Medio Ambiente (EPA), Usha-Maria Turner.

Una estrategia asumida plenamente por el gabinete de la ministra Barbut, quien explica que han optado por “no abordar de frente la cuestión del clima, porque abordar este tema de frente con Estados Unidos en el marco del G7 no permitía enviar mensajes de unidad”. “Hemos querido centrarnos en temas menos conflictivos”, precisa, “[y demostrar que] se puede trabajar con Estados Unidos, aunque conozcamos sus posiciones”.

En materia de biodiversidad, es evidente la urgencia: cerca de un millón de especies animales y vegetales se encuentran hoy en peligro de extinción en el planeta y más del 85 % de los humedales mundiales ya han desaparecido. Ante esta riqueza que se desmorona, los fondos disponibles se asignan mal.

En su último informe publicado este invierno, la IPBES (Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas) indicó que, en 2023, alrededor de 7,3 billones de dólares habían tenido impactos directamente negativos, de los cuales 4,9 billones de dólares procedían de financiación privada y 2,4 billones de dólares de gasto público. Cifras que no tienen nada que ver con lo que se ha hecho en favor de la conservación: en 2023 solo se destinaron 220.000 millones de dólares de fondos públicos y privados a actividades que contribuyen a la conservación y restauración de la biodiversidad.

En este contexto, ¿qué puede aportar esta cumbre? Se pedirá a los bancos públicos de desarrollo, pero también a los actores privados, que participen más en la protección de los ecosistemas. La idea es crear un club “informal”, en el que “se invite a filántropos, sobre todo estadounidenses, pero también a fondos de impacto, a financiadores públicos de la biodiversidad, como la Agencia Francesa de Desarrollo o el Fondo Mundial para el Medio Ambiente”, precisa el gabinete de la ministra. Un club que se reunirá dos veces al año para crear “un efecto red” y, también en este caso, “intercambiar buenas prácticas”.

En definitiva, se trata, en esta fase, de una operación de comunicación, y no hay que esperar que el viernes por la noche se anuncie una dotación económica concreta. El objetivo es demostrar que hay un montón de actores “dispuestos a trabajar juntos para proteger la biodiversidad en todo el mundo” y que se puede enviar este mensaje en un periodo “en el que todo va mal y la agricultura está retrocediendo en materia medioambiental”, subraya el gabinete.

En el entorno de la ministra, se celebra además un “acuerdo” con Estados Unidos sobre esta alianza que, de materializarse, abarcará también 140 áreas protegidas de África, las áreas marinas protegidas y la pesca ilegal.

Frente a los efectos mediáticos y a la imagen de una administración escéptica con el cambio climático, las expectativas de las ONG medioambientales son muy concretas en cuanto a la urgencia de frenar el colapso de la biodiversidad.

Es el caso del WWF (Fondo Mundial para la Naturaleza), partidario de la financiación tanto pública como privada en este ámbito, sin que ello sea el principio y el fin de una política de conservación. “Esperamos que esta financiación se condicione a la adopción de medidas contra la deforestación o la desertificación, pero también que se establezca una moratoria sobre las ayudas públicas a la agricultura que provoca el deterioro de zonas sensibles o con alta biodiversidad”, precisa Antoine Pugliese, responsable de finanzas sostenibles de la ONG. “Y las subvenciones agrícolas que son perjudiciales deben reorientarse hacia sistemas que restauren los suelos y los entornos”.

Y lo más importante, una política centrada en la financiación y en la asignación de subvenciones públicas no debe, en ningún caso, sustituir las leyes y los marcos normativos vinculantes. “Es la normativa lo que protege la naturaleza. Un hábitat destruido por una empresa nunca puede compensarse realmente”, recuerda Antoine Pugliese, quien aboga, en nombre del WWF, por un enfoque “pragmático”, entre el desarrollo de la financiación y el mantenimiento de una serie de salvaguardias.

Una visión que no cuenta con el consenso del mundo ecologista, donde otras organizaciones temen que, con el desarrollo del enfoque financiero, se produzca una mercantilización de la naturaleza que no haría más que agravar el problema. Es el caso del Green Finance Observatory (GFO), una ONG crítica con las finanzas verdes. “Se oye decir con demasiada frecuencia que la falta de protección de la biodiversidad se debe a la falta de financiación”, subraya su director, Frédéric Hache. “Eso es falso: la razón principal es la falta de regulación.”

Aunque coincide con WWF en señalar la necesaria reorientación de las subvenciones públicas, a este experto le preocupa sobre todo las formas que podría adoptar el desarrollo de la financiarización, entre el mercado de "créditos de biodiversidad" —que Francia puso en marcha hace dos años con carácter experimental y que está llevando a nivel internacional— y los mecanismos de compensación para autorizar proyectos que invaden los espacios naturales.

Para Frédéric Hache, compensar la destrucción de un ecosistema con la protección de otro lugar no tiene ningún sentido: “No conocemos la riqueza de esos entornos ni el conjunto de relaciones ecológicas que las especies mantienen entre sí. Hasta ahora solo se ha cartografiado el 20 % de las especies, y cada año se descubren una media de 18.000 más. Somos incapaces de recrear un ecosistema. Lo que hay que hacer es evitar la destrucción en su origen”.

Traducción de Miguel López

“La independencia de la Corona, su neutralidad política y su vocación integradora ante las diferentes opciones ideológicas le permiten contribuir a la estabilidad de nuestro sistema político, facilitar el equilibrio con los demás órganos constitucionales y territoriales, favorecer el ordenado funcionamiento del Estado y ser cauce para la cohesión entre los españoles. Todos ellos, valores políticos esenciales para la convivencia, para la organización y desarrollo de nuestra vida colectiva”.

Felipe VI pronunciaba estas palabras de manera solemne desde la tribuna del Congreso el 19 de junio de 2014. Una declaración de intenciones durante su discurso de proclamación ante los representantes de la soberanía nacional. El nuevo rey se hacía cargo de la Casa Real por la abdicación de su padre, cercado por los escándalos en un momento clave en el país con la quiebra del bipartidismo en las elecciones europeas que se habían celebrado un mes antes.

Pero el rey emérito ha decidido en esta etapa dinamitar ese principio no escrito de la corona de mantener la neutralidad política bajo el propio precepto constitucional, recogido en el artículo 56, de que el jefe del Estado es “símbolo de su unidad y permanencia” y “arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones”.

El rey volvió a la carga contra el actual Ejecutivo de coalición durante una entrevista publicada este fin de semana en el diario francés Le Figaro. Dejó esta polémica frase: "En este momento, con el Gobierno actual, las cosas deben de ser muy difíciles para mi hijo". El emérito realizó la entrevista en el bar del lujoso hotel Plaza de París, donde estaba hospedado con motivo de su visita para recoger un premio literario de la Asamblea Nacional.

Sus palabras vuelven a comprometer a su propio hijo al enfrentarlo con el actual Gobierno presidido por Pedro Sánchez y obviando el hecho de que es un Ejecutivo elegido por los españoles tras las elecciones de julio de 2023. Fuentes del Palacio de la Zarzuela consultadas por infoLibre eluden reaccionar a las palabras de Juan Carlos I. También fuentes de la Moncloa evitan el tema y no quieren entrar en la confrontación con el anterior soberano.

En esa misma entrevista, Juan Carlos I señalaba que los tiempos “cambian y España ha cambiado”. “¿En qué dirección?”, se preguntaba él mismo sin responder. Para añadir en el rotativo francés: "Aunque ya no soy rey, tengo que tener cuidado con lo que digo, con la más mínima palabra".

Juan Carlos I lleva meses poniendo la diana en el actual Gobierno, al que al que responsabiliza de su salida del país, aunque nunca haga referencia a su patrimonio ni a su fortuna, que ahora no tributa en España al estar radicado en los Emiratos Árabes. Tampoco ha aclarado nunca quién paga su vida de lujo y sus viajes.

En su libro de memorias, bajo el título de Reconciliación, también rompió el principio de neutralidad política. En sus páginas hacía una defensa del dictador Francisco Franco, a quien respetaba “enormemente”. Sobre él indicaba: “Apreciaba su inteligencia y su sentido común”, “nunca dejé que nadie le criticara delante de mí”.

Pero, además, lanzaba críticas a los gobiernos de los dos últimos presidentes socialistas, Pedro Sánchez y José Luis Rodríguez Zapatero. Respecto al primer Ejecutivo, indicaba que le había hecho una “caza de brujas” por las investigaciones fiscales. En este sentido, apuntaba directamente a la exministra de Justicia Dolores Delgado como culpable de acusarle “sin pruebas” sobre una cuenta en Jersey: “Todo era falso, pero reactiva la máquina de los rumores”.

A Zapatero le recriminaba el “error político” de no haberse levantado en el desfile del 12-O cuando pasaba la bandera de Estados Unidos en protesta por la guerra de Irak. Y reivindicaba que él salvó la situación con la Administración estadounidense. El expresidente respondió al rey emérito tras la publicación del libro: "No lo sé, puede que me equivocara, pero los ciudadanos votaron y además votaron sacar las tropas de Irak, que es la decisión que está ahí detrás de fondo". Expuso al hilo esta idea: "Hay que comprender todas las cosas, aunque la neutralidad es una característica esencial de la Jefatura del Estado monárquica".

El presidente del Gobierno señaló, cuando se publicaron las memorias, en una entrevista en El País: “Todavía no he leído el libro. Pero también le diré que no va a ser uno de los que recomiende para estas Navidades, visto lo visto. La actual Jefatura del Estado hace una labor encomiable. Responderé algunas de las cosas que, en fin, me han dejado sorprendido, sobre quién trajo o no trajo la democracia. La democracia no cayó del cielo; fue fruto de la lucha de los españoles y españolas, de la gente de a pie, de los peatones de la historia, que decía Vázquez Montalbán”.

Pero no son sólo palabras por parte de Juan Carlos I, sino también gestos. En su reciente viaje a Sevilla para asistir a la corrida de toros del domingo de Resurrección en la Maestranza, el emérito estuvo en una cena organizada por el periodista Carlos Herrera, que es uno de los mayores azotes del Gobierno desde su programa de radio en la emisora Cope.

Mientras en el ala socialista ha predominado durante estos meses la contención, en la parte de Sumar han sido más claros. Especialmente se ha pronunciado el titular de Cultura, Ernest Urtasun, que dijo sobre el premio literario de Juan Carlos I en Francia: "La única cosa que tengo que decir sobre el rey emérito es que lo que tiene que hacer es pedir disculpas y rendir cuentas por todo lo que ha hecho en España". Cuando aparecieron sus memorias, el dirigente de los comunes tachó de “vomitivo” el apoyo del emérito a Franco.

Además de Juan Carlos I, también otros miembros de la familia de Felipe VI han mostrado críticas contra el Gobierno. Es el caso de Victoria Federica, la hija pequeña de la infanta Elena y Jaime de Marichalar. Durante la polémica visita de los reyes junto a Pedro Sánchez a Paiporta durante los días posteriores a la dana, la influencer publicó en Instagram una foto de su tío con el siguiente mensaje: “El único servidor del pueblo que está siempre donde debe”.

“¿Por qué implicarte en el trabajo cuando tu jefe te tiene tan poca consideración?”. Yacine fue contratado por Nike como vendedor en la región de Île-de-France con un contrato temporal en diciembre de 2024, y luego con un contrato indefinido, a tiempo parcial, en febrero de 2025. “Pero, en realidad, no firmé el contrato hasta cinco días después. Presionaba a los jefes todos los días para que se dieran prisa y me dejaran firmarlo”.

Las primeras semanas fueron muy cansadas. “Aunque no haya clientes, tenemos que estar de pie, en el mismo sitio. Las pausas se permiten a partir de seis horas de trabajo seguidas. Con mis turnos de cinco horas, no tenía derecho a ellas”. Entre su trabajo de recepcionista de hotel y sus 25 horas semanales en Nike, sufría y su médico acabó diagnosticándole una hernia discal. Su empleador, aunque estaba informado, no adaptaba su puesto.

Rápidamente, los dolores se intensificaron y Yacine empezó a faltar al trabajo. En marzo de 2025, la sorpresa: aunque solo había estado ausente dos días ese mes, solo recibió 145 euros de remuneración. “Ese dinero no es el salario, sino el pago atrasado de una prima de enero. De hecho, faltaban más de 1.000 euros en mi nómina”.

“Iba al curro cabreado”, cuenta Yacine. Y no era el único. “La dirección me dijo que se trataba de un error, pero que lo único que podían hacer por mí, en ese momento, era solicitar un anticipo de mi próximo salario. Finalmente, Recursos Humanos me comunicó que me acababan de hacer una transferencia urgente de 1.000 euros”.

Desde entonces, cada mes recibe nóminas que considera “incomprensibles”. “Hay errores a menudo, correcciones que aparecen meses después… Cada mes, a través de una delegada del personal, advertimos a la dirección”.

En julio de 2025, en una carta a la que hemos podido acceder, la dirección lo reconoce: “Ha habido dificultades operativas con las nóminas que le han causado molestias… Hemos identificado que el origen de este mal funcionamiento era un problema de integración entre los sistemas de Nike y los de nuestro gestor de nóminas.” Demasiado tarde. Yacine, hastiado, solicitó la extinción de su contrato.

Mismo periodo, mismo patrón. Malek (ficticio) fue contratado como dependiente en una tienda en París en enero de 2025 y, desde el primer mes, el pago del salario está mal. Recibe una cantidad de 80 euros, luego una “transferencia excepcional” de 1.000 euros. Según su testimonio escrito, los errores de pago siguieron hasta junio de ese año, lo que provocó “graves consecuencias en su situación personal: retrasos en el pago del alquiler, imposibilidad de pagar ciertas facturas y deterioro de la salud mental”.

A pesar de sus numerosas gestiones ante Recursos Humanos, “no le ofrecieron ninguna solución”. “La responsable local de Recursos Humanos tardaba con frecuencia entre dos y tres semanas en responder a mis solicitudes”, añade. Cuando en marzo de 2025, se enfadó por la situación, ella le respondió: “Puedo entender su enfado y la frustración por su situación, pero el tono que utiliza no es aceptable.” Y el empleado, contrariado, comenta: “El tono empleado tenía como único objetivo recordar las obligaciones legales del empleador.”

Para Caroline (ficticio), trabajadora con contrato temporal, la situación se volvió rápidamente insoportable: “Mis nóminas parecen ficticias, con importes incoherentes, incluso alucinantes, lo que hace imposible cualquier trámite administrativo o personal. Me resulta difícil justificar mis ingresos ante las autoridades fiscales… o encontrar una vivienda, ya que estas nóminas no son creíbles para las agencias o los propietarios.” Ella también alertó a Recursos Humanos en varias ocasiones pero no sirvió de nada. “Me siento desamparada y mi jefe, aunque está implicado y dispuesto a ayudarme, no tiene ningún interlocutor directo.”

Preguntada en detalle por los errores en las nóminas o en los pagos, Nike respondió que “en Francia, varios sistemas y herramientas de Nike han evolucionado en los últimos años, lo que ha requerido ajustes para garantizar el buen funcionamiento de los nuevos procesos”, reconociendo “que este tipo de transición puede resultar perturbadora” y disculpándose “por las molestias ocasionadas”. Y aseguró que la empresa ha puesto en marcha “medidas complementarias para reforzar sus sistemas, aclarar los modos de funcionamiento y consolidar la fiabilidad operativa”.

La ligereza con la que Nike gestiona las remuneraciones es uno de los temas que más se repiten en el orden del día del comité de empresa (CE) de la multinacional desde hace más de dos años. Según la dirección, de enero a septiembre de 2024, se registraron 27.604 reclamaciones de empleados, de las cuales “4.000 estaban relacionadas con problemas importantes, principalmente sobre la nómina”.

En el CE de mayo de 2024, la consultora EY presentó una auditoría sobre estos temas, tras detectar numerosos errores en las nóminas de los meses anteriores. Todo el equipo de People Solution, plataforma digital que sirve de interfaz entre los empleados y la dirección, fue enviado desde Ámsterdam por este motivo.

Y es que los directivos que gestionan los procedimientos franceses están en Países Bajos, sede europea de Nike. En Francia, el departamento de Recursos Humanos se ha ido reduciendo progresivamente hasta quedar en la mínima expresión. “Tratamos con gente que no conoce ni los procesos ni las leyes de Francia”, lamenta Enzo, secretario del CE. “Los plazos de respuesta son muy largos y no siempre adecuados”.

En esa reunión, y en las que la siguieron hasta finales de 2024, cada directivo aportó sus comentarios para explicar los numerosos errores en las nóminas: llegada de nuevas herramientas digitales, servicios mal sincronizados, gerentes insuficientemente formados, servicio de gestión de litigios desbordado… Pero al final, lo cierto es que los empleados son los que pagan las consecuencias.

En el CE de mayo de 2024, Klara Tornyaine, directora de nóminas de Nike en Europa, Oriente Medio y África, precisó que, en los cinco meses anteriores, en Francia, “uno de cada tres nuevos empleados no cobró a tiempo, porque los datos no se introdujeron antes de la fecha límite”. Es decir, que el 30% de los nuevos empleados sufrieron un retraso en el pago porque la información sobre ellos no se introdujo a tiempo en el sistema. Al ser preguntada sobre esta elevada cifra y sobre su política de “fecha límite”, Nike no respondió.

En Nike, los “atletas” y otros “entrenadores”, sobrenombres profesionales para referirse a vendedores o gerentes, deben registrarse ellos mismos en el sistema “WorkDay” para poder cobrar. Lo que lleva a Klara Tornyaine a afirmar: “El empleado que no facilite sus datos completos solo puede culparse a sí mismo por no haber cobrado, ya que no hemos podido realizar el pago por falta de información”.

Pero eso no es todo: los trabajadores temporales a los que se les prorrogó el contrato también sufrieron “una mala sincronización entre el departamento operativo y los servicios financieros”, ya que las prórrogas fueron “consideradas como fin de contrato por error”, indica la empresa. En este caso, una vez más, los empleados no recibieron a tiempo lo que se les debía y tuvieron que luchar por cobrarlo.

Incluso cuando dejan la empresa, los trabajadores tienen dificultades para hacer valer sus derechos. Enzo precisa que “algunos se marchan y reciben su finiquito cinco o seis meses después”. La directora de RRHH de Nike Francia confirmó ante los representantes del personal que “desde hace años hay problemas con los documentos de salida”. A modo de recordatorio, según el Estatuto de los Trabajadores, el documento de baja debe entregarse el último día de trabajo y es obligatorio para inscribirse en el paro.

También durante un CE en 2024, un representante del sindicato CFDT planteó otro problema “relativo a los certificados solicitados por la caja primaria del seguro médico, que el empleador no transmite correctamente”. “Eso provoca errores y retrasos en el pago a los empleados, ya que los certificados son erróneos o no se envían a tiempo”, lamentó.

La dirección reconoció la existencia de “problemas persistentes” y prometió que estaban “en proceso de solución”. Eso bastó para exaltar a los asistentes, empezando por el secretario del CE, quien aseguró que “estos problemas se vienen planteando desde hace más de un año y, a pesar de las promesas de trabajar en ello, poco parece haber cambiado sobre el terreno”. Desde entonces, el tema ha vuelto a figurar en numerosas ocasiones en el orden del día del CE.

Del mismo modo, algunos accidentes laborales se declaran a veces mucho después del plazo máximo de 48 horas previsto por la ley. En diciembre de 2024, la Caja Primaria de Seguro Médico (CPAM) escribió a una trabajadora que estaba de baja para indicarle que su empleador aún no había realizado los trámites necesarios, más de un mes y medio después de su accidente. A pesar de los numerosos recordatorios de la dependienta, el empleador no envió finalmente los documentos necesarios hasta febrero de 2025. Unos meses de demora que dejaron a la trabajadora en una situación de total precariedad.

Nike, al ser preguntado sobre este caso concreto, así como sobre los retrasos y errores en las declaraciones a la CPAM, tampoco respondió, pero indicó que la empresa está comprometida con “actuar de manera responsable y respetando las leyes y normativas locales”.

Pero para las personas perjudicadas no hay nada previsto. En octubre de 2024, la dirección se negó a cualquier compensación, pero prometió contratar a una consultora para trabajar en la gestión de las bajas por enfermedad. Al mes siguiente, la consultora enviada desde los Países Bajos realizó una presentación con cifras. “En los últimos seis meses, el 13% de los casos relacionados con la enfermedad se tramitaron en más de tres días, a menudo debido a problemas de corrección”.

En Ámsterdam, el equipo que gestiona todas las reclamaciones de los empleados, incluidas todas las consultas, está compuesto por ocho personas, de las cuales dos se dedican a Francia. “De julio a septiembre de 2024, debido a la rotación de personal, un solo analista tramitó alrededor de 750 tickets [reclamaciones, ndr] al mes, de los cuales 400 correspondían a bajas por enfermedad”.

La consultora detalló el proceso que falla con tanta frecuencia: el responsable en Francia recibe la baja por enfermedad y debe enviarla a través de una plataforma a un equipo en los Países Bajos. Ese equipo “comprueba su conformidad” y luego se pone en contacto con el responsable francés, quien debe, finalmente, introducir la ausencia en otro sistema.

“El sistema no gestiona bien las prórrogas de las bajas”. Todo un rompecabezas con numerosas complicaciones. Las bajas por enfermedad recibidas después de que finalice el mes no pueden integrarse y deben tramitarse manualmente, siempre desde Países Bajos.

En septiembre de 2025, el CE aprobó una resolución para que una consultora especializada llevara a cabo una investigación interna sobre la gestión y las condiciones de trabajo en la empresa. La dirección hizo todo lo posible para echar abajo el proyecto.

En primer lugar, demandó al CE ante los tribunales, alegando que no existía ningún riesgo grave que justificara el recurso a un consultor autorizado. El jueves 18 de diciembre de 2025, las infracciones de la legislación laboral cometidas por Nike se expusieron ante el tribunal de París. La abogada del CE señaló, en particular, los “numerosos problemas con las nóminas” y “la mala gestión de las bajas por enfermedad”. Por su parte, la abogada de Nike desestimó las acusaciones y, en cambio, criticó a Mediapart por haber revelado, unas semanas antes, los entresijos del gigante de equipamiento deportivo. Una defensa que, al parecer, no convenció al tribunal, ya que dio la razón al CE el 3 de febrero de 2026.

Posteriormente, Nike intentó desalentar la realización de ese peritaje durante la reunión del CE del 12 de febrero. La directora de RRHH cuestionó “la pertinencia de un peritaje de tal envergadura” y propuso “una alternativa: la creación de grupos de trabajo”. La mayoría de los representantes se opuso y se mostró sorprendida de que llegara esta propuesta tras años de diálogo social bloqueado.

A raíz de ello, la dirección de Nike volvió a llevar a su CE ante los tribunales, cuestionando esta vez el alcance del peritaje, al considerar que debía limitarse a estudiar únicamente la situación de las tiendas, y no lo que ocurre en la sede central. La empresa también solicitó que determinados documentos de la inspección y de medicina del trabajo no pudieran ser examinados en el marco del peritaje. El 9 de abril, el tribunal volvió a desestimar las peticiones de Nike.

Nike, al ser preguntada sobre esos varapalos judiciales, se ha limitado a indicar que su “prioridad sigue siendo el acompañamiento de sus colaboradores, la implantación de procesos de trabajo fiables y conformes, y el mantenimiento de un diálogo abierto y constructivo con los órganos representativos del personal”.

Traducción de Miguel López

Durante su detención bajo custodia policial por apología del terrorismo, la eurodiputada francesa Rima Hassan fue falsamente acusada de haber transportado droga. Esta investigación fue archivada el 9 de abril por la fiscalía. Sin embargo, los resultados negativos de los análisis realizados le habían sido comunicados ya el 4 de abril.

La eurodiputada de La Francia Insumisa Rima Hassan no solo fue objeto de un tratamiento policial particularmente intrusivo ni fue injustamente acusada en los medios de haber transportado droga sintética. En este caso, la propia fiscalía parece haber fallado en su comunicación.

Volvamos atrás: inmediatamente después de la puesta bajo custodia policial de Rima Hassan el 2 de abril, numerosos medios, empezando por Le Parisien, acusaron a la diputada, sin cautela ni contraste de fuentes, de poseer 3-MMC (3-metilmetcatinona), una droga sintética. Algunos gramos de CBD, una sustancia perfectamente legal, dieron un resultado positivo en un test realizado por la policía, y la fiscalía abrió entonces una investigación incidental por tenencia de drogas.

Más de diez horas después del estallido mediático, a las 23:13, la fiscalía de París emitió una primera comunicación oficial que reforzaba esta información falsa. "El registro de los efectos personales de Rima Hassan reveló la presencia de sustancias que parecían corresponder, por un lado, a CBD y, por otro, a 3-MMC, sobre las cuales fue interrogada", precisó la justicia. En esta intervención, la institución omitió mencionar el desmentido categórico de Rima Hassan, la falta de fiabilidad del test utilizado por la policía y el hecho de que debían realizarse análisis complementarios para confirmar ese resultado.

No fue hasta la tarde del día siguiente, y a petición de la defensa, cuando la fiscalía mostró mayor cautela. El desmentido de Rima Hassan fue finalmente comunicado a toda la prensa y la presencia de droga sintética en sus pertenencias se mencionó con mucha menos certeza. "Se han ordenado análisis complementarios en el marco de un procedimiento distinto, cuyos resultados no se esperan en un plazo cercano", precisó también la fiscalía de París.

Estos resultados descartaron cualquier presencia de droga sintética. Los análisis demostraron que el primer recipiente, etiquetado como "3-MMC" por la Policía, contenía en realidad CBD y que este no podía "ser caracterizado como producto estupefaciente". El segundo recipiente de la diputada también contenía CBD, con una tasa de THC ligeramente superior a la habitual pero en una cantidad tan reducida que la fiscalía decidió archivar el caso. Entre el 2 y el 9 de abril, políticos y medios se desataron para difundir esta información falsa, llegando algunos a calificar a la diputada de "yonqui"o "drogada".

"La fiscalía de París ha procedido al archivo de la investigación incidental, al considerar que las diligencias no han revelado ninguna infracción suficientemente caracterizada", anunció la fiscalía el 9 de abril, precisando que los análisis toxicológicos le habían sido "notificados la víspera". En realidad, como ha podido comprobar Mediapart, el laboratorio de análisis había indicado ya el 3 de abril a los agentes de Policía que entregaría los resultados al día siguiente. Sobre todo, desde el 4 de abril, los funcionarios informaron a la fiscalía de París, e incluso a su servicio de guardia del fin de semana, de los resultados negativos.

Entonces, ¿por qué la justicia tardó en revelarlos? "Que la fiscalía haya sido informada el 4 de abril no significa que la fiscal encargada de este caso lo supiera", replica una fuente judicial, que sostiene que la fiscalía "comunicó, por el contrario, muy rápidamente teniendo en cuenta el tratamiento mediático desproporcionado".

"La fiscalía es indivisible", subraya el abogado de Rima Hassan, Me Vincent Brengarth. "Había un perjuicio reputacional y de imagen considerable y perfectamente conocido por las autoridades. El hecho de disponer de estos resultados el 4 de abril era una información determinante, que debería haberse difundido de inmediato", considera. "Es incomprensible que la fiscalía comunique ya la misma noche del levantamiento de la custodia policial para mencionar una sustancia que se asemeja a la 3-MMC y que guarde silencio durante cinco días cuando dispone de análisis que descartan la presencia de estupefacientes".

Más allá de las investigaciones judiciales y de esta comunicación de la fiscalía, Vincent Brengarth denuncia el trato que recibió la eurodiputada de La Francia Insumisa (LFI) durante su detención. De hecho, recurrió al Defensor del Pueblo el martes 14 de abril para denunciar "graves incumplimientos deontológicos por parte de los agentes de policía".

Según él, los policías, como reveló Mediapart, carecieron de neutralidad al etiquetar el precinto de CBD como "3-MMC" y al omitir el desmentido categórico de la diputada en su primer atestado. El abogado va más allá al cuestionar la actitud global de los tres investigadores.

Durante esta custodia policial, a Rima Hassan se le solicitó la toma de huellas dactilares, una prueba de ADN y una fotografía —a lo que se negó— e incluso se la obligó a pasar tiempo en un calabozo, pese a su cooperación. "Los agentes no justificaron en absoluto esta solicitud a la luz de los hechos imputados, y menos aún teniendo en cuenta la jurisprudencia europea que exige una necesidad absoluta", denuncia. "Para una infracción de este tipo, todo ello es una vez más totalmente desproporcionado, más aún tratándose de una diputada que goza de una protección particular".

En su escrito, también critica algunas preguntas "particularmente intrusivas" y "discriminatorias" formuladas durante el interrogatorio: "¿Qué piensa de las leyes vigentes en Francia y de los valores republicanos?", "¿De qué confesión es usted?"o "¿A qué corriente se siente próxima?", preguntaron en particular los tres investigadores. Y el abogado concluye: "Además, mientras Le Canard enchaîné reveló que el portavoz del Ministerio de Justicia habría intercambiado información durante la custodia policial de la señora Rima Hassan, resulta indispensable que se esclarezca por completo la naturaleza de la información que le fue transmitida".

Además, se han abierto otras investigaciones. Una, iniciada por la fiscalía de París, para identificar a los autores de las numerosas filtraciones policiales que tuvieron lugar durante su interrogatorio; otra, llevada a cabo por la Inspección General, para aclarar en particular el papel del portavoz del Ministerio de Justicia.

La diputada, por su parte, está citada el próximo 7 de julio ante el tribunal judicial de París para responder por los hechos de apología pública de un acto de terrorismo.

El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció este lunes que su país y el Reino Unido van a organizar "en los próximos días" una conferencia con los países que estén dispuestos a participar en una misión "estrictamente defensiva", para restablecer la libre circulación por el Estrecho de Ormuz, según recoge EFE.

En un mensaje en su cuenta de X, Macron puso el acento en que esa misión será "estrictamente defensiva y distinta de los beligerantes", lo que deja al margen a Estados Unidos, Israel e Irán, y en que su objetivo es que se pueda desplegar "desde que la situación lo permita".

El jefe de Estado francés insistió en que no hay que descartar ningún esfuerzo para lograr "una solución sólida y duradera del conflicto en Oriente Medio por la vía diplomática" para así "dotar a la región de un marco robusto" con el que todas las partes puedan "vivir en paz y en seguridad".

Eso significa, dijo, abordar "todas las cuestiones de fondo" y darles "una respuesta duradera", lo que incluye tanto el programa nuclear y balístico de Irán, como sus "acciones desestabilizadoras en la región", pero igualmente la reanudación "lo más rápido posible de una navegación libre y sin obstáculos en el Estrecho de Ormuz".

Se trata de un debate jurídico técnico, pero dice mucho de la justicia francesa, ya condenada en varias ocasiones por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por su trato a las víctimas de violencia sexual. El 10 de febrero, la sala de instrucción del Tribunal de Apelación de París dictó una sentencia que confirmaba que los actos de cunnilingus impuestos a una niña no podían considerarse una violación, según una sentencia consultada por Mediapart. Una decisión calificada de “repugnante” por la demandante y de “arcaica” por su abogada, Frédérique Pollet-Rouyer.

Daphné (ficticio), una artista de 35 años, recurrió a la sala de instrucción para que se reconociera que los miles de actos sexuales a los que fue obligada, entre los ocho y los 14 años, por “un tercero de confianza designado por la justicia” constituían una violación (delito castigado con 20 años de reclusión) y no una simple agresión sexual (delito castigado con cinco años de prisión y una multa de 75.000 euros). Fue por este delito por lo que la justicia decidió, al término de la investigación penal, remitir a su agresor ante un tribunal correccional, y no ante un tribunal penal.

La denuncia de la joven data de 2017. En aquella época, la ley de 1980 definía la violación así: “Cualquier acto de penetración sexual, sea cual sea su naturaleza”. Una definición amplia, que podía incluir perfectamente la violación bucogenital.

Pero, en el caso de Daphné, la justicia se ha remitido hasta ahora a una jurisprudencia de 2020 en la que el Tribunal de Casación había considerado que el cunnilingus impuesto a una menor no constituía violación, a falta de “una introducción voluntaria más allá del vestíbulo vaginal, lo suficientemente profunda como para caracterizar un acto de penetración”. “Una visión restrictiva de la penetración sexual que es contraria a la realidad anatómica del sexo femenino”, argumentaba su abogada, Frédérique Pollet-Rouyer, en el escrito dirigido a la sala de instrucción del tribunal de apelación. La letrada añade que esta sentencia es también “contraria al espíritu de la ley de 1980, y discriminatoria, ya que nada justifica que el sexo de las mujeres sea violentado”.

En diciembre de 2025, en un artículo de opinión publicado en L’Humanité, varias figuras feministas, entre ellas Emmanuelle Piet, del Colectivo Feminista contra la Violación, Suzy Rojtman, del Colectivo Nacional por los Derechos de las Mujeres, o Céline Piques, de Osez le féminisme, habían instado a la sala de instrucción a dictar una “decisión determinante” para afirmar que un cunnilingus impuesto sea considerado una violación.

“Penetrar la vulva no bastaría para caracterizar una violación. Esta interpretación restrictiva del sexo femenino opera una mutilación simbólica: una ablación judicial. Niega la anatomía real de las mujeres para retener solo lo que sirve al placer de los hombres o a la procreación”, subrayaban estas activistas. “Un cunnilingus forzado […] se ajusta perfectamente a la definición legal de violación. Pretender lo contrario es borrar el cuerpo de las mujeres del derecho penal”, insistían también, pidiendo que “se revise una jurisprudencia indigna”.

El 10 de febrero, nueve años después de la denuncia de Daphné, la sala de instrucción del tribunal de apelación no les dio la razón y volvió a remitirse a la jurisprudencia de 2020: un cunnilingus sería una simple agresión sexual. No obstante, los magistrados accedieron a solicitar el envío a juicio de su agresor por otra violación, mediante penetración con el pene, denunciada por la joven ya en 2017 y que hasta entonces no se había tenido en cuenta.

“De repente, sacan a relucir esta violación, que dista mucho de ser el núcleo del caso, pero siguen negándose a reconocer los actos de violencia más graves que sufrí y que me dejaron traumatizada: 3.600 actos como mínimo —puesto que se trataba de un cunnilingus al día de media durante el curso escolar, y tres durante los fines de semana y las vacaciones— con el pretexto de que, supuestamente, su lengua no habría penetrado en el interior de mi vagina. Es indignante”, se indigna Daphné.

La joven califica la postura de la justicia sobre su caso de “completamente aberrante”. De hecho, precisamente para evitar este tipo de situaciones y denunciar la criticada jurisprudencia de 2020, una enmienda vino a precisar la definición penal de la violación en 2021, tras la movilización de asociaciones feministas. Desde entonces, la ley establece claramente que un acto bucogenital puede constituir una violación, lo que ya estaba contemplado en el espíritu de la ley de 1980. “La enmienda se aprobó sin ninguna oposición, ni siquiera debate, pues estaba muy claro”, subraya la abogada Pollet-Rouyer en su escrito.

Pero el caso de Daphné no se ve afectado por esta ley de 2021, ya que los hechos denunciados son anteriores. Paradójicamente, la enmienda que se suponía que iba a aclarar las cosas de una vez por todas ha sido interpretada al pie de la letra por los magistrados, que consideran que los casos de cunnilingus impuesto anteriores a 2021 no constituyen violaciones. “Es indignante y exasperante. La ley ha tenido el efecto contrario al esperado para las víctimas”, dice la demandante. “La ley del 21 de abril de 2021 tenía precisamente por objeto contrarrestar esta jurisprudencia profundamente patriarcal al incluir los actos bucogenitales en la definición de violación. Es por tanto un completo contrasentido considerar que deben quedar excluidos cuando son anteriores a su entrada en vigor”, opina su abogada.

Decidida a conseguir que se reconozca que las agresiones que sufrió son efectivamente delitos, Daphné ha decidido recurrir ante el Tribunal de Casación. “Hay que llamar a las cosas por su nombre”, resume. “El Tribunal de Casación debe pronunciarse sobre esta decisión totalmente arcaica”, subraya su abogada.

Para financiar los gastos judiciales necesarios para continuar su lucha legal, la joven ha decidido crear un fondo de previsión, con el apoyo, entre otros, de la asociación Osez le féminisme.

Traducción de Miguel López

El Gobierno se mantiene firme en su propósito de blindar el aborto como un derecho constitucional. El Consejo de Ministros aprobó este martes en segunda vuelta un proyecto de reforma para introducir un nuevo precepto a la Constitución: "Los poderes públicos garantizarán el ejercicio del derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo en condiciones de igualdad real y efectiva, con cuantas prestaciones y servicios sean necesarios para dicho ejercicio". 

España no camina sola en su voluntad de alzarse como vanguardia global en la defensa del aborto, sino que tiene un espejo en el que mirarse. Francia aprobó, hace ahora dos años, incorporar la interrupción voluntaria del embarazo en su Constitución de 1958. Lo hizo gracias al consenso social y con un objetivo claro: contener la ofensiva reaccionaria que entonces comenzaba a consolidarse a nivel internacional.

Una ola regresiva que pone en la diana, principalmente, a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. La mecha que dio lugar a la iniciativa francesa no prendió en el país galo, sino a miles de kilómetros. En junio de 2022, la Corte Suprema estadounidense anulaba la sentencia Roe contra Wade, dictada hace cinco décadas y consagrada como la principal herramienta para garantizar el acceso al aborto. La decisión de los jueces hizo saltar las alarmas en todo el mundo. También en España: Carmen Calvo fue una de las primeras voces que a nivel público deslizaron la posibilidad de modificar la Constitución, una idea que ha ido tomando forma en los últimos años, hasta aterrizar este martes en el Consejo de Ministros.

Y en el país vecino, la reacción fue similar. La situación actual "exige tomar medidas en Francia" para no tener que pasar por "los retrocesos que puedan existir", expresó en junio de hace cuatro años la diputada Aurore Bergé, presidenta del grupo La República en Marcha, el partido de Emmanuel Macron. Su formación anunciaba entonces una propuesta de ley para "incluir el respeto al aborto" en su Constitución.

Algo menos de dos años después, Francia se convirtió en el primer país en dar el paso. El artículo 34 de la Constitución francesa así lo recoge: "La ley determina las condiciones en las que se ejerce la libertad garantizada a la mujer de recurrir a una interrupción voluntaria del embarazo". El encaje constitucional tuvo un impacto fundamentalmente simbólico: si bien quedó reforzada la protección del aborto, las condiciones concretas para ejercerlo dependen exclusivamente de la legislación ordinaria. Al contrario de lo que pretende el Gobierno de Pedro Sánchez, el ejemplo francés se limita a blindar la libertad de las mujeres para abortar, pero evita entrar en detalles respecto a la prestación. 

Y las condiciones, dos años después, siguen presentando importantes deficiencias. El informe IVG: una ‘libertad garantizada’, pero un acceso frágil, publicado en octubre de 2024 por el Senado, ya advertía de que la garantía del acceso al aborto requiere de más pasos que su consagración constitucional, especialmente enfocados en paliar las diferencias territoriales, los desplazamientos forzosos y la desinformación.

En septiembre del año pasado, las estadísticas oficiales recogieron un total de 251.270 interrupciones del embarazo a lo largo de 2024 en Francia, pero el análisis de los datos permite afirmar que "persisten las disparidades territoriales", con tasas de acceso superiores en los territorios de ultramar en comparación con las áreas metropolitanas. Las diferencias desde un punto de vista geográfico propician, no en pocas ocasiones, el desplazamiento de aquellas mujeres que ven limitado su derecho. La presidenta de la Asociación Francesa de Planificación Familiar, Sarah Durocher, advierte en declaraciones a Le Parisien que a día de hoy "las mujeres se ven obligadas a viajar a un departamento distinto al suyo para abortar". Todo ello, a pesar del blindaje constitucional.

No es muy distinto a lo que sucede en suelo español. El último informe del Ministerio de Sanidad recoge un total de doce provincias –Jaén, Huesca, Teruel, Toledo, Cuenca, Guadalajara, Soria, Segovia, Ávila, Palencia, Zamora y Cáceres– que no notificaron ni un solo aborto en 2024. Y, sin embargo, según los datos recogidos por el Ministerio, un total de 4.636 mujeres residentes en esas provincias sí abortaron ese año, por lo que tuvieron que desplazarse para hacerlo en otro territorio. En la última década, decenas de miles de mujeres se vieron obligadas a traspasar las fronteras de su provincia para poder abortar.

La investigadora Alexandra Pugh, experta en estudios franceses y de género, subraya en un artículo publicado en agosto del año pasado que, a pesar de la victoria simbólica que supuso constitucionalizar el aborto como una libertad fundamental, la realidad material de las mujeres que desean ejercer sus derechos reproductivos no da pie a celebraciones. La reforma constitucional, recuerda, no garantiza por sí sola mejoras prácticas, así que las grietas siguen bien presentes. 

"El acceso al aborto no se respeta de manera equitativa", escribe la autora, quien recuerda a renglón seguido que "una de cada cuatro personas tiene que salir de su departamento para abortar y, entre las que abortan en un centro sanitario, más de la mitad tiene que esperar siete días para conseguir una cita". El 54% de las mujeres que deciden abortar, según los datos oficiales, asumen un tiempo de espera superior a una semana para ser atendidas. 

En Francia, concluye la investigadora, "existe una gran disparidad entre la idea, respaldada por el Estado, de que las mujeres tienen un derecho firme y sin trabas a decidir, y la realidad de la desigualdad en el acceso a la atención reproductiva".

Una desigualdad estructural que impacta especialmente entre las mujeres más vulnerables. "El límite gestacional en Francia [catorce semanas] provoca que muchas personas se vean obligadas a viajar al extranjero", recoge el informe de Amnistía Internacional Cuando los derechos no son reales para todos: la lucha por el acceso al aborto en Europa. A España llegan cada año unas 1.500 mujeres de otros países europeos para poder acceder a la interrupción del embarazo y las francesas son precisamente las que con mayor frecuencia se desplazan, por detrás de las portuguesas, con este propósito. También al Reino Unido, tal y como explica Camille Kumar, directora general de la organización inglesa Abortion Support Network: "Los límites gestacionales son barreras arbitrarias que afectan sobre todo a las personas vulnerables".

Algunas de las mujeres procedentes de suelo francés, prosigue la experta en declaraciones recogidas en el citado informe, se encuentran atravesadas por situaciones complejas, como contextos migratorios, violencia machista, consumo de sustancias o sinhogarismo. Más similitudes con la situación en España: en nuestro país, ocho comunidades incumplen la ley al obstaculizar la atención gratuita a mujeres migrantes que deciden abortar.

A todos estos obstáculos les sigue el estigma. Una encuesta efectuada por Planificación Familiar en 2024 concluye que el 41% de las mujeres que habían abortado recientemente afirmaron sentir que el aborto seguía siendo considerado como un tabú, mientras que el 63% expresó temor ante la posibilidad de ser juzgadas por su entorno o por los profesionales sanitarios. Precisamente con el fin de combatir el estigma, el colegio francés de profesionales de la ginecología y obstetricia reclamó, en junio del año pasado, suprimir la cláusula de conciencia al aborto, si bien la objeción no constituye un debate tan candente como sucede en la política nacional.

La experiencia francesa sugiere que no basta con blindar constitucionalmente el aborto para enyesar las grietas preexistentes, si bien hacerlo es una declaración de intenciones a la hora de contener la ola reaccionaria que amenaza globalmente a las mujeres. A finales del pasado mes de marzo, Luxemburgo decidió seguir los pasos de Francia e incluir el aborto en su Constitución. Si las pretensiones del Gobierno se cumplen, España se convertirá en el tercer país en hacerlo. Más allá del mensaje en un plano simbólico, los efectos reales solo podrán evaluarse con el tiempo.

El ministro francés de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, calificó de "traición" el comportamiento del entorno del primer ministro húngaro, Viktor Orbán, tras las revelaciones periodísticas, reveladas en España por infoLibre, sobre la transmisión de contenidos confidenciales de la Unión Europea (UE) a Rusia, según informa EFE.

"Es una traición a la exigencia de solidaridad que se impone entre los países de la Unión Europea si queremos ser fuertes", manifestó Barrot en una entrevista a la radio France Inter al ser preguntado por las informaciones según las cuales el ministro de Exteriores húngaro, Péter Szijjártó, habría compartido detalles de reuniones internas de los Veintisiete con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov. 

El jefe de la diplomacia francesa subrayó que, aunque puedan existir desacuerdos entre socios, "es la unidad la que debe prevalecer" en el club comunitario.

Barrot advirtió que este tipo de comportamientos pone en riesgo la cohesión europea en un contexto internacional marcado por tensiones geopolíticas crecientes. "Si no estamos unidos y somos solidarios, nos convertiremos en vasallos o en juguetes de las grandes potencias, y eso es precisamente lo que rechazamos", afirmó.

Barrot señaló además que estas filtraciones "arrojan una sombra de duda sobre la integridad de nuestras deliberaciones" en el seno de los consejos europeos, e instó a Orbán a respetar tanto sus compromisos políticos, en particular respecto al apoyo a Ucrania, como los principios de solidaridad que rigen el funcionamiento de la Unión Europea. 

Nuevas grabaciones de audio publicadas el miércoles por varios medios de investigación -VSquare, FrontStory, Delfi Estonia, The Insider y el Centro de Investigaciones Ján Kuciak- recogen conversaciones entre los ministros de Exteriores húngaro y ruso entre diciembre de 2023 y agosto de 2025 en las que se deduce, según esos medios, que Szijjártó entregó en varias ocasiones documentos de la Unión Europea a Lavrov.

El rey emérito Juan Carlos I recibirá este sábado en París un premio por su libro Reconciliación, durante la Jornada del Libro Político que se celebrará en la Asamblea Nacional, informaron este martes los organizadores y recoge EFE.

Juan Carlos I ofrece en su libro "una reflexión personal sobre su vida, con el fin de transmitir y narrar una trayectoria política e histórica", manifestó en un comunicado la Lire la société (Leer la Sociedad), que organiza el premio Político del Año desde 1991 junto a la Asamblea Nacional francesa. Se trata de un premio "especial", concedido por el jurado de la 35 edición al margen de las cuatro categorías de estos galardones anuales, precisó a EFE una portavoz de Lire la société.

Sin embargo, no todos los miembros de la Asamblea estaban informados de la noticia. Según su portavoz, la presidenta de la Asamblea Nacional, Yaël Braun-Pivet, no sabía de la presencia del emérito en los premios. “Nosotros cedemos salas a la asociación para celebrar el premio. Son actos externos a la vida política de la Asamblea”, señalaron las mismas fuentes a El País.

Los finalistas del premio tampoco celebran la noticia y, según las fuentes consultadas por el medio español, debaten entre ellos si asistir o no a la comida que se celebrará en presencia del monarca. “Parece extraño que una figura tan controvertida en España vaya ahora a recibir un premio en la Asamblea Nacional con la presencia de la presidenta”, argumentaba.

Esta autobiografía fue publicada el pasado noviembre por la editorial francesa Stock (Planeta editó el libro en español) y está escrita en colaboración con la escritora francesa Laurence Debray. Ambos estarán presentes en la ceremonia del próximo sábado en París, según los organizadores.

El jurado, presidido este año por la historiadora Annette Wieviorka, directora de investigación emérita del Centro Nacional de Investigaciones Científicas (CNRS) y vicepresidenta del Consejo Superior de Archivos, ha querido reconocer con este premio especial una obra situada en la intersección entre el relato personal y la historia política contemporánea, según los organizadores del premio.

También destacaron que Juan Carlos I, que reinó de 1975 hasta su abdicación en 2014, desempeñó "un papel clave en la transición democrática" española tras el fin de la dictadura franquista.

El premio especial del jurado de la Jornada del Libro Político reconoce obras o personalidades cuya contribución permite iluminar de forma excepcional las grandes transformaciones políticas contemporáneas, según los organizadores.

Bajo el lema S’engager (Comprometerse), la 35ª edición de la jornada propone una reflexión sobre las nuevas formas de implicación ciudadana en un contexto marcado por la transformación de la relación con la política y la evolución de los modos de participación en el debate público.

Miles de personas se manifestaron este sábado en Saint-Denis, en la periferia parisina, para protestar contra el racismo y en apoyo al nuevo alcalde de esa localidad, el izquierdista Bally Bagayoko, quien ha denunciado comentarios racistas contra él en televisión.

A la concentración ante el Ayuntamiento de Saint-Denis se sumaron, según transmitieron los organizadores a la prensa local, unas veinte mil personas.

Entre ellas figuraron políticos de izquierdas como Jean-Luc Mélenchon, fundador de la formación de izquierda radical a la que pertenece Bagayoko, La Francia Insumisa (LFI), así como representantes de sindicatos y organizaciones civiles antirracistas.

"Venimos a manifestar con firmeza y de manera definitiva nuestro profundo compromiso con los valores de la República", declaró el primer edil de Saint-Denis, que tiene unos 150.000 habitantes.

Bagayoko, de raza negra y con ascendencia maliense, subrayó que "ya basta" y defendió a quienes como él son "pura y simplemente franceses", aunque eso moleste a los "racistas".

Lamentó igualmente que "las instituciones, año tras año, fallan o incluso se muestran cómplices" con las discriminaciones.

Bagayoko denunció el fin de semana pasado que el 27 de marzo fue comparado con un 'simio' y con un 'jefe de tribu' por parte del psicólogo Jean Doridot durante un programa en CNews, un canal propiedad del magnate ultraconservador Vincent Bolloré y de línea editorial cercana a la extrema derecha.

"Es importante recordar que el homo sapiens... somos mamíferos sociales y de la familia de los grandes simios. Y, por consiguiente, en toda colectividad, en toda tribu -nuestros antepasados cazadores, recolectores vivían en tribus-, hay un jefe cuya misión es instaurar su autoridad", señaló Doridot en antena.

El día de su elección (22 de marzo), el alcalde de 52 años ya había sido objeto de una noticia falsa, al imputarle una frase que nunca había dicho: "Saint-Denis, la ciudad de los negros".

La propagación de esa mentira fue atribuida a las esferas de la extrema derecha y denunciada por la Liga de Los Derechos Humanos (LDH) de Francia.

Bagayoko ha presentado una querella contra CNews en la que el prefecto de la localidad (delegado del Gobierno) se ha constituido como parte civil a petición del primer ministro francés, Sébastien Lecornu.

Desde el Ejecutivo central se condenaron igualmente los comentarios del tertuliano, calificándolos de innobles e inaceptables, aunque Bagayoko ha criticado que el presidente, Emmanuel Macron, no se haya pronunciado personalmente.

Siempre nos quedará París. Es probablemente la frase más inmortal de la historia del cine. Cuatro palabras que pronuncia Rick instantes antes de despedirse de Ilsa en el aeropuerto de Casablanca al final de la mítica película de 1942. Cuatro palabras que resumen la melancolía de un pasado perdido, de un amor que fue pero nunca más será y de todos los recuerdos concentrados en la ciudad. El personaje interpretado por Humphrey Bogart se despide así de ese mundo pasado, pero sabiendo que todo lo vivido perdura, inmutable pese a las circunstancias. Una nostalgia que también retrata Stefan Zweig, esta vez recurriendo a la Viena de finales del siglo XIX y principios del XX, en su libro El mundo de ayer, todo un canto a la nostalgia y al tiempo pasado que, como siempre, pensamos que fue mejor.

En esas utopías pretéritas no cabe esperanza alguna para la recuperación. Rick no volverá a reencontrarse con Ilsa, a la vez que Zweig nunca volvería a ver esa Viena que añoraba. Una sensación tan poderosa que llevó al autor a suicidarse en Brasil, seguro de que los nazis triunfarían y acabarían con todo lo que un día fue suyo. Sin embargo, hay algunas utopías que se resisten a morir. En la década del auge de la extrema derecha en todo el mundo, con una Francia que parece dirigida irremediablemente hacia el precipicio de una presidencia dirigida por Rassemblement National (RN), París resiste. 

La capital francesa se ha erigido como una extraña aldea de irreductibles galos que decide seguir viviendo en una ciudad con una configuración partidista más propia del siglo pasado que de este. Las elecciones municipales solo han sido una nueva confirmación de que París sigue siendo una excepción en las tendencias ultras que amenazan Francia. Si alguien busca en los resultados de la segunda ronda los votos que sacó RN no encontrará absolutamente nada. El partido de Marine Le Pen ni siquiera pudo concurrir a esa fase de los comicios después de que solo les votaran 13.000 personas, un exiguo 1,61% de los votantes. 

Para completar el desastre, RN quedó incluso relegado por detrás del otro partido de extrema derecha, Reconquête (REC), fundado por el polemista Eric Zemmour. Sin embargo, tampoco ellos tuvieron mucha suerte, tan solo lograron 84.809 votos, apenas unas décimas por encima del 10% necesario para pasar a segunda vuelta. Ante las nulas posibilidades de conseguir la alcaldía, REC decidió renunciar y ni tan siquiera presentarse, dejando esa fase definitiva sin ningún representante de la extrema derecha. Algo insólito y que parece de ciencia ficción en un país donde las encuestas dan a Jordan Bardella, actual presidente de RN y sucesor de Le Pen ante su posible inhabilitación, favorito para las presidenciales, tanto en primera como en segunda vuelta.

Mientras tanto, dos partidos a los que durante estos años se les ha dado por muertos en el escenario internacional son completamente hegemónicos. Por un lado, el gran triunfador, el Partido Socialista (PS), que pese a las polémicas y el desgaste por su apoyo a Sébastien Lecornu, ganó de forma incontestable en París. Su candidato, Emmanuel Grégoire, recogerá el testigo de Anne Hidalgo con una fuerza de 428.143 votos y más de un 50% en la segunda ronda. Por otra parte, Les Républicains (LR), la antaño derecha gaullista y el partido de Jacques Chirac y Nicolas Sarkozy, ahora galvanizada por la extrema derecha, logró en París un buen resultado comparado con su situación nacional, quedando segunda con un 41% de los votos en segunda ronda para su candidata, Rachida Dati. 

Ambos partidos históricos aglutinaron en primera ronda el 63% de las papeletas, ampliándose —por las retiradas en segunda— al 91%. Un bipartidismo casi perfecto. No es algo nuevo en la ciudad del amor. En prácticamente todas las elecciones ambas formaciones han sido primera y segunda fuerza, incluso en 2020, cuando el macronismo era una formación muy relevante en la capital, LR pudo aguantar con dos puntos de ventaja en la primera vuelta, un margen que subió a los 11 en la segunda. En cuanto a los socialistas, llevan gobernando de forma ininterrumpida en este siglo, siempre con ventajas cercanas a los 10 puntos en segunda ronda. 

Pero ¿por qué sucede esto? Los expertos lo atribuyen a muchos factores, pero uno de los más importantes es el dominio ideológico que los socialistas han logrado establecer en París. “Existe una cierta hegemonía alrededor de un conjunto de políticas públicas y de una visión de la ciudad que Hidalgo terminó de cristalizar durante su anterior legislatura. No hay que negar que todo el tiempo que llevan los socialistas ha hecho que se establezcan una serie de consensos que, por ejemplo, la izquierda no ha sabido implantar en otros lugares como Madrid”, afirma Marc Sanjaume, profesor de Ciencias Políticas en la Universitat Pompeu Fabra. 

Entre esas políticas puestas en marcha por Hidalgo están la reducción al máximo posible del uso del coche con la peatonalización de zonas icónicas como los bordes del Sena, la promoción del uso de la bicicleta y dotar a la ciudad de espacios verdes. Un modelo de ciudad que, pese a las divisiones que suscitó en la urbe y el desgaste de la propia alcaldesa, parecen haber permeado a los parisinos, volviendo a dar su apoyo al sucesor de Hidalgo.

“El PS, pese a su crisis, ha aguantado muy bien estos años en las municipales, y tiene alcaldías muy importantes por toda Francia. En el caso de París, Grégoire se ha aprovechado del impulso de Hidalgo y de sus políticas, de hecho, el electorado de izquierdas ha votado masivamente la continuación de estas. El parisino que vive en el centro— quizás no tanto el de la periferia, que no vota— ve que su ciudad es mucho más ‘vivible’ que hace unos años, y aprueba la transformación radical que ha implementado Hidalgo”, describe Guillermo Fernández Vázquez, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid.

Otro de los factores más determinantes para que se dé esta “isla” es la espectacular división entre lo rural y lo urbano en Francia. Es cierto que en muchos países se han visto grandes cambios en la forma de votar entre las ciudades más grandes y los pueblos, pero quizás en el país galo es uno de los sitios donde este fenómeno se vuelve más radical. “Es una división que en Francia es tremenda. El país vive de unos polos urbanos de mucha modernidad, como puede ser París, pero eso convive con lugares que están completamente abandonados y con unos servicios públicos muy deficientes”, señala Sanjaume.

Para Fernández Vázquez, hay otra cuestión clave: el apellido Le Pen nunca ha tenido éxito en la capital. “Aunque Jean-Marie y Marine proceden de Bretaña, ambos se establecieron en París. Y lo curioso es que son las dos regiones donde peor les ha ido. Hay factores culturales que son determinantes para su poco éxito y que vienen de la estigmatización constante que ha tenido el partido en la ciudad. La gente que les votaba no lo decía en alto, lo escondía… y en buena medida eso les hacía ser una formación poco reconocible en París”, comenta Fernández Vázquez. En este sentido, es determinante atender a la composición interna de la capital. La ciudad de las luces es un lugar étnicamente diverso y multicultural, una idiosincrasia que choca completamente con los postulados antiinmigración de RN.

Sin embargo, ese mensaje sí es muy efectivo en esos lugares de Francia que no tienen el dinamismo económico de París. Del sentimiento de abandono que aflora en estos lugares fuera del área parisina se alimenta buena parte del discurso de la extrema derecha, que coloca a París como un lugar lleno de élites alejadas de la realidad del francés de a pie. “RN ha sabido detectar muy bien ese apego al territorio que tienen muchos franceses en contra de París, a la que ven como un nido de urbanitas, símbolo de buena parte de las cosas que odian, como por ejemplo las medidas ecológicas”, describe Sanjaume.

En este sentido, en Francia opera muy bien una lógica que también se ha visto en EEUU y que tiene que ver con la dialéctica de ganadores y perdedores de la globalización. “Existe una clase social, que suele vivir en las ciudades y particularmente en París, que ha visto cómo sus sueldos han subido, viven bien y disfrutan de esos privilegios. Mientras tanto, hay un conjunto de la población de las ciudades pequeñas y medianas y los pueblos cuyo nivel de vida ha ido bajando más y más”, explica el politólogo de la Universitat Pompeu Fabra. Ese resentimiento ha nutrido a RN y es uno de los factores clave para explicar su auge, pero ese discurso no tiene público en el lugar que precisamente usa como símbolo de esas élites que están hundiendo a los franceses rurales.

Otra de las cuestiones que explican el aguante de la izquierda en París es que en los barrios con la renta más baja los votantes no están apoyando, como sucede en otros lugares, a RN, sino que la izquierda ha sido capaz de canalizar ese descontento. En esos distritos más pobres, es llamativo cómo La Francia Insumisa (LFI) llega a superar el 20% de los votos, mientras que la extrema derecha continúa en números bajos. “El partido de Mélenchon está logrando un éxito tremendo entre la Francia más multicultural, la de origen migrante reciente. Ese grupo, con salarios bajos y renta pobre, ha sido uno de los sectores más abstencionistas. Pero LFI está sabiendo politizar y haciendo que voten. Eso solo lo está sabiendo hacer Mélenchon”, describe Fernández Vázquez. 

Sin embargo, y aunque los Le Pen no hayan tenido ningún éxito, Fernández Vázquez señala que el resultado de REC sí es reseñable. El de Zemmour es un partido aún más a la derecha que RN, pero con una composición demográfica y socioeconómica distinta que explica sus mejores números. “REC ha recibido el apoyo de una parte de los votantes de la derecha tradicional, de sus medios de comunicación y de los empresarios. Su electorado coincide con la parte de la sociedad más rica. Es un fenómeno difícil de explicar porque, a pesar de tener propuestas más radicales que RN, su grueso de apoyo está en los sectores más acomodados, bien vistos e integrados. Es esa ‘derecha del dinero’ la que les ha votado hasta el punto de pasar a la segunda ronda en un sitio tan hostil”, comenta Fernández Vázquez.

La única ciudad grande que se sale de este marco es Niza, donde RN, por medio de su alianza con el partido Unión de la Derecha por la República, del exlíder de LR Eric Ciotti, ha logrado la alcaldía. Sin embargo, una vez más, hay matices. “La gente identifica a Ciotti, pese a su deriva actual, con una derecha más tradicional, no tan demonizada como RN, lo que hace que pueda tener más éxito”, comenta Sanjaume. Además, el electorado de la Costa Azul, asegura Fernández Vázquez, es algo diferente al de otros que apoyan a RN: “Son unos votantes pertenecientes a una derecha de clase media-alta, conservadora en lo moral, antiimpuestos y obsesionada con la seguridad y la inmigración. En esos lugares hay mucho peso de clases acomodadas que estaban muy preocupadas por la llegada de los argelinos y por otros sectores que se sentían traicionados por la Francia oficial precisamente por la pérdida de Argelia”, zanja el politólogo.

La eurodiputada francopalestina Rima Hassan, del partido de La Francia Insumisa, ha sido convocada este viernes por la policía judicial por un caso diferente al que motivó ayer su detención y por el que será juzgada el próximo 7 de julio por presunta apología del terrorismo por una publicación en sus redes sociales, según fuentes judiciales. La líder de Podemos, Ione Belarra, y la eurodiputada Irene Montero, han pedido la liberación inmediata de Hassan y denuncian la "criminalización de quienes denuncian el genocidio en Oriente Medio".

En esta ocasión, Hassan, de 33 años, ha sido convocada por la Brigada de Represión de la Delincuencia contra Personas (BRDP, en sus siglas en francés), precisaron fuentes judiciales citadas por la prensa local; mientras que la víspera había sido detenida en el marco de una investigación llevada a cabo por la Unidad Nacional de Lucha contra el Odio en Internet (PNLH).

Durante su detención de la víspera, los agentes encontraron "sustancias parecidas al CBD (cannabidiol, un compuesto químico que se encuentra en la planta del cannabis) y al 3MMC (una droga sintética estimulante), sobre las que fue interrogada", señaló la Fiscalía de París, al precisar que se trata de asuntos "independientes y serán objeto de un procedimiento distinto" al caso por el que será juzgada en julio próximo.

El coordinador nacional de La Francia Insumisa, Manuel Bompard, aseguró en la emisora Sud Radio que Hassan no llevaba "ninguna droga encima" y denunció, al igual que otros miembros del partido, "informaciones mentirosas" para "ensuciar" su imagen.

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, al origen de la denuncia que motivó el arresto de ayer de la eurodiputada, calificó hoy en declaraciones a la televisión BMFTV de "grave" el tuit de Hassan en sus redes sociales del pasado 26 de marzo por el que será juzgada por apología del terrorismo y rechazó que se trate de una "caza de brujas", ya que "nada -dijo- debe quedar impune" y "la acción política debe mantenerse dentro del marco del Estado de derecho".

En ese tuit, Hassan, jurista de 33 años, hacía referencia en X a Kōzō Okamoto, autor de un ataque armado en 1972 en el aeropuerto internacional Ben Gurión, en Israel, que causó 26 muertos.

En su tuit, que iba acompañado de banderas japonesas y palestinas, Hassan recuperaba una frase de Okamoto: "Dediqué mi juventud a la causa palestina. Mientras haya opresión, la resistencia no solo será un derecho, sino un deber".

La eurodiputada también compartió un texto en inglés sobre Okamoto, recordando que había participado en este ataque y una foto en la que era llevado a hombros por hombres vestidos con uniformes militares y kufiyas, según declaró la Fiscalía.

La publicación fue denunciada ante la Fiscalía por el ministro del Interior y posteriormente por la Organización Judía Europea (EJO) y la LICRA (Liga Internacional contra el Racismo y el Antisemitismo).

La eurodiputada está implicada en otros seis casos, sobre los que la Fiscalía declinó pronunciarse por estar "aún en curso". La mayoría se refieren también a mensajes en redes sociales u otros comentarios denunciados por el Observatorio de Igualdad Judicial, otras organizaciones o diputados.

Belarra ha escrito en un mensaje en X pidiendo la liberación de Hassan en el que se podía leer que "terrorismo es lo que hace Israel con la connivencia de Europa" y ha zanjado: "Basta ya de tanta criminalización a quienes denuncian el genocidio". Ha expresado su apoyo a la eurodiputada de Francia Insumisa y ha remarcado que Podemos exige "su puesta en libertad inmediata".

Montero, compañera en el Europarlamento, ha denunciado que se reprima "la solidaridad" con Palestina, porque es otra "forma de complicidad" con un "Estado terrorista" como Israel, y ha opinado que "los gobiernos europeos deben terminar en el banquillo por ello".

"Terrorista es el Estado de Israel, a quien Europa mantiene como gran socio comercial y militar", ha escrito.

Hassan es muy activa en redes y crítica con la política del Gobierno israelí, al tiempo que ha formado parte en dos ocasiones de las flotillas con ayuda humanitaria a Gaza.

Francia celebra este lunes una reunión del Grupo de los Siete (G7) de ministros de Finanzas, de Energía, responsables de bancos centrales y directores de otros organismos internacionales para abordar la situación actual generada por la guerra en Irán y su impacto en Oriente Medio y en la economía global, según informa EFE.

Se trata de la "primera vez en 50 años" que se produce esa configuración de una reunión del G7, con la participación conjunta de todas esas autoridades monetarias, dijo el ministro francés de Economía, Roland Lescure, al anunciar la semana pasada el encuentro.

Está previsto que el encuentro, por videoconferencia, comience a las 13:00 en la hora local, según un portavoz del ministerio de Economía y Finanzas de Francia, que ejerce este año la presidencia del G7 (Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Reino Unido y Japón).

El objetivo de la reunión extraordinaria será analizar la situación económica global en un contexto marcado por la convergencia de crisis energéticas, presiones inflacionarias y desafíos macroeconómicos, según Lescure: se trata de "entender qué está ocurriendo", señaló la semana pasada.

Estados Unidos ha solicitado el apoyo del G7 para ayudar a detener el bloqueo iraní de la ruta marítima del estrecho de Ormuz, vital en el comercio de petróleo y otros materiales esenciales.

Tras una reunión presencial el jueves y viernes de la semana pasada a las afueras de París, los ministros de Asuntos Exteriores del G7 afirmaron que era una "necesidad absoluta" que Irán restableciera el libre paso por el estrecho y pidieron en una declaración conjunta el cese de los ataques contra la infraestructura civil.

Ante la situación energética, muchos gobiernos, como el de España, han puesto en marcha medidas para limitar el impacto de las dificultades de suministro y el fuerte aumento de los precios de la energía. Pero estas decisiones se enfrentan a la incertidumbre por la falta de claridad sobre los objetivos bélicos de Estados Unidos, la incertidumbre sobre la posible duración del conflicto y la extensión de las hostilidades.

La Administración estadounidense, incluido el presidente Donald Trump, han afirmado que sus objetivos en la guerra están prácticamente alcanzados, mientras que paralelamente está desplegando miles de efectivos en la región. Según The New York Times, el Gobierno de Estados Unidos tiene ya más de 50.000 efectivos desplegados en Oriente Medio, unos 10.000 más de lo habitual.

Al inicio del segundo mes de la guerra, Trump afirmó que su preferencia en el conflicto con Irán sería "tomar el control del petróleo" del país y dejó abierta la posibilidad de apoderarse de la isla de Jarg, principal terminal de exportación iraní, en una entrevista al diario Financial Times, donde también reconoció que una operación de ese tipo implicaría una presencia prolongada sobre el terreno.

Bernard Arnault, director de LVMH, líder mundial del sector del lujo, es el séptimo hombre más rico del mundo, con un patrimonio de unos 150.000 millones de euros, según la revista Forbes. Pero, según él mismo afirma, el hombre más rico de Francia es también un patriota fiscal. En una comparecencia ante el Senado en mayo de 2025, Bernard Arnault afirmó que es “sin duda el principal contribuyente” de Francia, y que LVMH es el grupo “más patriota” del índice bursátil CAC 40 en materia de impuestos.

Pero para comprar barcos, Bernard Arnault prefiere los paraísos fiscales. Según documentos consultados por Mediapart, el multimillonario ha optado por comprarse un nuevo gran yate a través de una discreta sociedad registrada en Malta, de la que es propietario a través de un testaferro y una estructura con sede en Luxemburgo. Ya había utilizado el mismo montaje para adquirir su barco actual, el Symphony. La isla mediterránea de Malta es uno de los principales paraísos fiscales para yates en Europa, tal y como documentó la investigación Malta Files realizada por Mediapart y la red de medios europeos EIC.

Se trata de una operación de optimización fiscal legal y, por otra parte, muy habitual en el mundo de la navegación de recreo de lujo. Pero es sintomática de la facilidad con la que los multimillonarios pagan muchos menos impuestos que el común de los mortales.

Gracias a un nicho fiscal francés sobre las sociedades holding, Bernard Arnault paga menos del 2% de impuestos sobre los cerca de 3.000 millones de euros de dividendos que LVMH le abona cada año. Durante el debate del presupuesto en octubre de 2025, los diputados de Los Republicanos (LR) y los macronistas se negaron a gravar esas sociedades holding. Prefirieron crear un impuesto sobre los bienes de ultralujo, como los yates. Pero el texto está redactado de forma tan restrictiva que el impuesto no se aplicará a los barcos de Bernard Arnault.

Es ese dinero, en gran medida libre de impuestos, el que el multimillonario utiliza para comprar sus barcos. Según un vídeo difundido en febrero por The Yacht Report, Bernard Arnault ha encargado al astillero neerlandés Royal Van Lent, filial de su grupo LVMH, un nuevo yate de la marca Feadship de 143 metros, aún más grande que el Koru (127 metros) de Jeff Bezos, director de Amazon, o el Dragonfly (142 metros) del cofundador de Google, Sergey Brin.

Según la web especializada Luxury Launches, un barco de este tipo costaría más de 500 millones de euros. En la actualidad solo existen diecisiete yates de más de 140 metros. Cuando se entregue, el de Bernard Arnault será el duodécimo más largo del mundo, superado únicamente por los barcos de los emires del Golfo y de un puñado de oligarcas rusos.

Pero el director de LVMH apenas lo necesitaba porque ya posee un yate de 101 metros, el Symphony, también construido por el astillero neerlandés del grupo LVMH. Este palacio flotante, dotado de seis cubiertas y un helipuerto, ofrece prestaciones de gran lujo: ocho suites con capacidad para veinte invitados, jacuzzi, piscina con fondo transparente, zona de playa en la popa, cine al aire libre y un piano de cola en el salón —Bernard Arnault toca este instrumento a un nivel muy alto y su esposa es pianista profesional—.

El Symphony es también una aberración ecológica, con 5.173 toneladas de CO2 emitidas en 2023, es decir, tanto como 2.500 coches, según una investigación del programa “Cash Investigation” y del colectivo Yacht Co2 Tracker. El balance de carbono de su sucesor, mucho más grande, será, por tanto, aún más catastrófico.

Según nuestra información, el nuevo yate de Bernard Arnault fue encargado por la empresa maltesa Concerto Yachting Limited el 11 de abril de 2025. Los documentos que hemos consultado no mencionan el precio del barco, pero indican que Concerto Yachting ya ha abonado 288 millones de euros en anticipos al astillero. Es decir, más que el precio total del Symphony, que costó 228 millones en 2015.

Al ser consultado por Mediapart, Bernard Arnault se negó a hacer comentarios sobre la compra del barco. Su portavoz sospecha que hemos “consultado ciertos documentos contractuales” que considera “protegidos por el secreto comercial”. “Dado que la fuente no ofrece dudas a la vista de los elementos mencionados, nos reservamos todos nuestros derechos al respecto”, añadió (ver la respuesta completa en caja negra). 

Al consultar el registro mercantil maltés, el propietario de Concerto Yachting es oficialmente Döhle Corporate and Trust Services, una firma especializada en la administración de sociedades offshore, la optimización fiscal y la gestión de yates. Esta firma fue contratada por Bernard Arnault para actuar como accionista ficticio, es decir, como testaferro. Concerto Yachting pertenece en realidad a una empresa buzón luxemburguesa, Semyrh-Europe, controlada a su vez por Agache (antes Groupe Arnault), principal holding francés de la familia Arnault, que también posee una participación del 50% en LVMH.

Bernard Arnault no ha querido explicarnos por qué ha recurrido a un testaferro. La firma Döhle tampoco ha respondido a nuestras preguntas.

El director de LVMH conoce bien las ventajas de Malta en materia de yates. Tal y como reveló Le Monde, Bernard Arnault ya había comprado su actual embarcación, el Symphony, a través de otra sociedad local, Sonata Yachting Limited, también gestionada por el bufete Döhle. Las autoridades de Malta han situado a su país en el segundo puesto europeo en cuanto a matriculaciones de yates, en particular ofreciendo reducciones del IVA, primero en la compra del barco y luego cuando se alquila.

En la página web de Döhle, la exdirectora de operaciones del bufete, que hasta diciembre de 2025 fue una de las gestoras de Concerto Yachting en nombre de Bernard Arnault, alaba además la “eficiencia fiscal” de la que se benefician las sociedades maltesas creadas para poseer yates. Eficacia que se basa, entre otras cosas, en la ausencia de impuesto sobre los beneficios y en “la exención del IVA” para los buques de uso comercial, es decir, destinados a ser alquilados a turistas muy adinerados.

Es precisamente este estatus el que Bernard Arnault ha elegido para sus palacios flotantes, ya que permite tanto reducir los impuestos como financiar, gracias a los alquileres, una parte de los costes del barco. La única restricción es que cuando Bernard Arnault utiliza su barco debe alquilarlo a su propia empresa.

Al ser preguntado sobre las ventajas fiscales maltesas, el portavoz de Bernard Arnault se limitó a indicar que “el recurso a una sociedad de derecho maltés para poseer y explotar comercialmente un buque es una práctica habitual en la industria náutica”, ya que “Malta es un Estado miembro de la Unión Europea de reconocida experiencia marítima”.

En 2018, el mismo portavoz había afirmado en el programa Pièces à conviction que el Symphony no se beneficia de “ningún régimen fiscal ventajoso propio de Malta”, alegando que “la recuperación del IVA es la misma […] en Francia o en Malta”.

Esta afirmación es rebatida por el director de una empresa francesa de gestión de yates, que ha pedido el anonimato. Para intentar frenar la fuga de yates hacia los paraísos fiscales, Francia ha creado un nuevo régimen más ventajoso, el Registro Internacional Francés (RIF). A pesar de sus esfuerzos, Francia sigue siendo, según nuestro experto, “en general menos atractiva que Malta”, sobre todo debido a la “fiscalidad más clara y controlada en Malta”, a su “aplicación más flexible de las normas europeas” en materia de IVA y a “una mayor flexibilidad y capacidad de respuesta administrativa”.

No es el único truco empleado por Bernard Arnault. Aunque su yate actual, el Symphony, es propiedad de una sociedad maltesa, enarbola pabellón de las Islas Caimán, un territorio británico de ultramar, lo que determina el régimen jurídico de los contratos de trabajo y le permite contratar a la tripulación sin pagar cotizaciones sociales. Su tripulación debe pagar pues de su propio bolsillo sus seguros de cobertura sanitaria y de jubilación, aunque sean franceses y naveguen frente a la mansión de Bernard Arnault en Saint-Tropez.

El multimillonario podría haber optado por el régimen RIF de pabellón francés, que ofrece importantes reducciones de las cotizaciones sociales, así como exenciones parciales según la nacionalidad y la situación de los marineros. “Pero no se trata de un régimen de ‘carga cero’ como el de algunos pabellones extranjeros, ya que se mantiene una base de protección social francesa”, explica nuestro experto en gestión de yates. En definitiva, dada su fortuna, Bernard Arnault tendría los medios para matricular sus yates en Francia, pagar allí un IVA rebajado y cotizar a la Seguridad Social por sus marineros.

Gracias a los ingresos por alquileres, pero también a las ventajas fiscales de Malta y las Islas Caimán, Sonata Yachting Limited, propietaria y operadora del Symphony, ha obtenido un excedente bruto de explotación acumulado de 7,8 millones de euros entre 2019 y 2024, según las cuentas de la empresa analizadas por Mediapart.

Durante el mismo periodo, Sonata transfirió 3,6 millones de euros a uno de los holdings de Bernard Arnault, en concepto de intereses de préstamo. Es poco comparado con los 228 millones gastados en la compra del buque. Incluso cuando se es multimillonario, no hay pequeños ahorros.

Si dejamos de lado el recurso a sociedades con sede en paraísos fiscales, Bernard Arnault compró su nuevo superyate de forma sencilla, con su propio dinero. En 2015, la operación fue más complicada: el Symphony fue adquirido por 228 millones de euros por una sociedad maltesa perteneciente a LVMH, que fue revendida a Bernard Arnault dos años más tarde.

La operación era jurídicamente arriesgada, ya que LVMH no tenía, a priori, ningún interés en comprar el yate de su jefe. Aunque el barco tenía estatus comercial, es decir, estaba alquilado a Bernard Arnault y a otros clientes, es imposible rentabilizar una inversión de tal envergadura únicamente con los ingresos de los alquileres.

Las motivaciones de Bernard Arnault siguen siendo un misterio. ¿Quería evitar gastar 228 millones ya en 2015? ¿Evitar pagar el impuesto de solidaridad sobre el patrimonio por el barco? No nos ha respondido a este respecto.

La venta en 2017 a Bernard Arnault de la sociedad Sonata Yachting, propietaria del Symphony, plantea además un problema. La ley exige que toda sociedad que haga negocios con su director general debe celebrar un “acuerdo regulado”, que debe ser aprobado por el consejo de administración y luego sometido a votación de los accionistas en junta general.

LVMH no lo hizo para la venta del Symphony y no ha querido explicarnos por qué. El grupo optó por otro procedimiento menos restrictivo, que consiste en revelar la existencia de transacciones entre “partes vinculadas”: en julio de 2017 se incluyó una nota minimalista en el informe semestral de LVMH y, posteriormente, en su informe anual.

LVMH respondió a Mediapart que “la operación de venta de Sonata Yachting se llevó a cabo de conformidad con las normas”, se presentó al “comité de auditoría del consejo de administración” y se realizó “de conformidad con las obligaciones vigentes para las transacciones entre partes vinculadas” (véase caja negra).

Contactada por correo electrónico, la sucursal maltesa del bufete Döhle acusó recibo de nuestras preguntas, pero no respondió. Contactada a través de LinkedIn, la exdirectora de operaciones de Döhle en Malta, en el cargo hasta diciembre de 2025, no dio ninguna respuesta.

Bernard Arnault envió a Mediapart la siguiente respuesta, a través del responsable de comunicación del grupo LVMH:

“Sus preguntas no dejan lugar a dudas sobre el enfoque que ha elegido para su artículo. Pero le contesto. En el preámbulo, mencionan un artículo de prensa sobre un buque mercante encargado a un astillero neerlandés de la marca Feadship y del que indican haber consultado ciertos documentos contractuales, así como los relativos a Sonata en 2017 que detallan. Estos elementos están sujetos al secreto comercial y nos sorprende que hayan podido acceder a ellos. Dado que la fuente no ofrece dudas a la vista de los elementos mencionados, nos reservamos todos nuestros derechos al respecto.

No obstante, en la medida en que algunas de sus preguntas se refieren a la gobernanza de una sociedad cotizada, nos parece útil aportar algunas precisiones fácticas.

La operación de venta de Sonata Yachting se llevó a cabo de conformidad con las normas. Los auditores participaron en todo el proceso, los miembros del Comité de Auditoría del Consejo de Administración fueron informados periódicamente —en particular, se realizó una presentación ante dicho Comité y se entregó una nota detallada— y, como usted indica, la transacción se mencionó en los anexos a las cuentas consolidadas de LVMH, de conformidad con las obligaciones vigentes para las transacciones entre partes vinculadas. La calificación jurídica y contable adoptada fue validada por los auditores y la operación de cesión se tradujo en la extinción de los vínculos con el Grupo LVMH, incluidos los préstamos, por lo que sus suposiciones son, por tanto, falsas.

El recurso a una sociedad de derecho maltés para poseer y explotar comercialmente un buque es una práctica habitual en el sector náutico. Malta es un Estado miembro de la Unión Europea de reconocida experiencia marítima y, por ello, suele ser elegida para este tipo de actividades. Por último, estas operaciones se realizan dentro del mercado del alquiler de yates, en pleno auge, como demuestra la multiplicación de proyectos de yates de crucero en todo el mundo.

Como ya indicábamos anteriormente, sus insinuaciones sobre el cumplimiento de la normativa aplicable son inaceptables, tanto en lo que respecta a la operación pasada, tal y como se ha precisado anteriormente, como al conjunto de operaciones presentes y futuras.

Traducción de Miguel López