El pasado 2 de agosto, Radio France Internationale (RFI) dedicó su programa semanal de geopolítica al 90º aniversario del estallido de la Guerra Civil española. Sin embargo, ese programa fue aprovechado por uno de los invitados, Amalio de Marichalar, conde de Ripalda, para atacar al Gobierno, a Pedro Sánchez y a la izquierda española en general con bulos, desinformaciones y exageraciones.

Durante la emisión, la directora del programa llegó a referirse a Marichalar en dos ocasiones como “coordinador de la Asociación Española de Mujeres Juristas”. Sin embargo, el aristócrata no solo no ostenta ese cargo, sino que no tiene posibilidad alguna siquiera de formar parte de esa organización según sus propios estatutos. 

La confusión de Marie-France Chatin, que dirige el programa Géopolitique de RFI desde septiembre de 2008, no es de extrañar, ya que Marichalar utiliza el nombre de la asociación en casi todas las presentaciones públicas en las que participa. Un uso nada casual, ya que la AEMJ es una organización histórica con un pasado feminista en España. Por ello, funciona para maquillar las reivindicaciones de Marichalar como movimiento transversal o heterogéneo, insulso, quizás, feminista. La pregunta que cabe hacerse es si a la organización no le molesta que se haga este uso de su nombre. La respuesta se encuentra en el viraje que ha dado en los últimos años la AEMJ, que ha transitado a posiciones más conservadoras llegando incluso a relacionarse con Vox.

La Asociación Española de Mujeres Juristas (AEMJ) está presidida por Begoña Sainz de la Maza y Orrantia y la junta directiva la completan otras siete mujeres. Ningún hombre. Y en el organigrama no figura ninguna coordinación.

El hecho de que no aparezcan hombres en la junta se debe a la propia composición estatutaria de la asociación, ya que para formar parte de la organización se tiene que ser mujer licenciada en Derecho y ejercer como abogada, procuradora, magistrada, jueza, letrada de la Administración de Justicia o profesora universitaria. Marichalar, que no es jurista, no reúne ninguna de las dos condiciones exigidas. 

Aún así, Marichalar, de forma sistemática, invoca el nombre de esta asociación de forma explícita en sus alocuciones públicas. Por ejemplo, el 25 de septiembre de 2025, en su comparecencia ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo en Bruselas —fue el único de los peticionarios españoles que acudió—, declaró que hablaba "en nombre de la Asociación Española de Mujeres Juristas". En la carta abierta remitida a Ursula von der Leyen, Roberta Metsola y António Costa escribió que lo hacía "como coordinador de De español a español por la Constitución y en nombre de la Asociación Española de Mujeres Juristas y de 30 asociaciones más". 

Y el patrón siempre es el mismo. Marichalar dice hablar en nombre de esta asociación y otras 30 adicionales. Pero la única que nombra de forma explícita es la AEMJ. Las demás, —entre las que se encuentran Espanya i Catalans, el Movimiento Resistencia Ferraz, el Círculo de Amigos de las Fuerzas Armadas de Jaén, Amigos de la Hispanidad y una veintena más—, quedan disueltas en una cifra. La única que pronuncia, y la primera que escribe, es la de las mujeres juristas.

La explicación parece clara. Ante una comisión parlamentaria europea, "hablo en nombre de treinta asociaciones de la sociedad civil" es una afirmación sin rostro; "hablo en nombre de la Asociación Española de Mujeres Juristas" aporta dos credenciales de golpe: la solvencia técnica de un colectivo de juristas con una trayectoria histórica y la legitimidad de una organización de mujeres. 

Por esta razón, el error de la directora del programa de RFI cobra importancia. En sus textos, Marichalar se atribuye la coordinación de una única plataforma —"De español a español por la Constitución"—, y dice actuar en nombre de las demás. Habla como portavoz. La emisora pública francesa convirtió ese "en nombre de" en un "coordinador de" que no existe en ningún documento ni siquiera en los que redacta él. Pero Marichalar tampoco desmintió a la periodista de RFI.

A pesar de todo, el pasado feminista de la asociación y su trayectoria histórica ha variado a lo largo de los años. La AEMJ se constituyó en julio de 1971, presidida por María Telo Núñez, a partir de una comisión de estudios nacida del consejo que la Federación Internacional de Mujeres de Carreras Jurídicas celebró en Madrid en 1969. En plena dictadura franquista, su objetivo era desmontar un Código Civil que “situaba a la mujer casada entre los menores, los locos o dementes y los sordomudos que no sabían leer ni escribir”. 

Telo y otras tres juristas lograron entrar en la Comisión General de Codificación, y sus trabajos desembocaron en la ley de 2 de mayo de 1975, que suprimió la obediencia al marido y la licencia marital. La asociación impulsó también el I Congreso Internacional de Mujeres Juristas, en Madrid, en diciembre de 1976.

Medio siglo después, el perfil es otro. Su blog institucional recoge el apoyo al decano del Colegio de la Abogacía de Madrid por su polémico papel en la causa contra el fiscal general del Estado, artículos que reprochan su silencio a "otros colectivos que dicen defender a las mujeres con presupuestos subvencionados" y, de forma recurrente, las cartas que Marichalar dirige a las instituciones europeas.

Pero este giro tiene una fotografía muy representativa. El 21 de marzo de 2024, la AEMJ organizó en el Casino Primitivo de Albacete el encuentro La amnistía a debate. ¿Es posible en un Estado de Derecho? Según la invitación difundida por la propia asociación, la conferencia correría “a cargo de Don Amalio de Marichalar, Conde de Ripalda". El acto estuvo moderado por la presidenta de la asociación e intervinieron el exjuez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Javier Borrego, el magistrado del TSJ de Castilla-La Mancha y vicepresidente de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial Jaime Lozano, y el abogado del Estado y diputado constituyente Francisco Ruiz Risueño. 

El acto se presentó como un debate sobre la ley de amnistía, pero ninguna de las voces presentes se acercó siquiera a defender la constitucionalidad de la norma. En esa jornada, tan solo seis días después de que el Congreso publicara el dictamen de la proposición de ley —el 14 de marzo de 2024, casi tres meses antes de que la amnistía llegara al BOE—, Borrego desplegó ante el auditorio un rollo de papel higiénico con el texto de la norma impreso encima. 

Una imagen gráfica sobre la posición de los presentes que el mismo Borrego repetiría meses más tarde en unas jornadas organizadas por OKdiario, donde explicó que la idea se le había ocurrido precisamente en Albacete preparando el acto de la AEMJ.

Por si esta imagen dejara lugar a dudas, entre los invitados estaba el comité ejecutivo provincial de Vox en Albacete, que difundió su asistencia y las fotografías del acto en redes sociales, donde se puede ver sentado en primera fila a Marichalar y a la presidenta de la AEMJ moderando la mesa.

Esa es la asociación cuyo nombre encabeza las cartas que Marichalar envía a Bruselas. Una organización nacida para acabar con la discriminación jurídica de la mujer en el franquismo, que hoy convoca actos a cargo del conde de Ripalda e invita a ellos a directivos provinciales de Vox.

Un sistema de vigilancia masiva al estilo Gran Hermano, reservado oficialmente a los servicios policiales y de inteligencia, está ahora a disposición de las empresas francesas. Esta herramienta, denominada Webloc, permite geolocalizar en un tiempo récord y a lo largo de varios años, cientos de millones de teléfonos móviles. Se comercializa en Francia para empresas desde 2025, según revela Mediapart, basándose en testimonios y documentos.

Lanzado en 2020, Webloc fue desarrollado por la empresa israelí Cobwebs Technologies, fundada por tres exagentes de unidades especiales o de inteligencia del ejército israelí, y adquirida en 2023 por la empresa estadounidense Penlink.

Este sistema de gran potencia se basa en la explotación masiva —denominada Advertising Intelligence o “Adint”— de datos sobre los usuarios de teléfonos móviles, incluida la geolocalización, recopilados inicialmente con fines publicitarios, tal y como detalla un informe publicado en abril de 2026 por el Citizen Lab de la Universidad de Toronto (Canadá), especializado en el estudio de las tecnologías de vigilancia.

Los usuarios de Webloc identificados en este informe eran exclusivamente servicios policiales o de inteligencia, sobre todo en Estados Unidos. Los responsables de Penlink respondieron, además, al Citizen Lab que Webloc solo se vendía a entidades estatales y que “no se ponía a disposición de las empresas”.

Sin embargo, según los nuevos datos recabados por Mediapart, el sistema de espionaje se ofrece en Francia, desde 2025, a actores privados. Este es, en particular, el caso de la empresa Moët Hennessy, la división de “vinos y licores” del líder mundial del lujo, Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH).

La filial de LVMH se enfrentaba entonces a una serie de robos de mercancía en uno de sus almacenes de Châteaubernard, en las cercanías de Cognac (Charente), sin conseguir identificar a los autores, a pesar de haber presentado una denuncia.

En concreto, el servicio prestado a Moët Hennessy se llevó a cabo en febrero de 2025. En esa ocasión, Webloc identificó los teléfonos móviles que se habían conectado, a horas inusuales, en las inmediaciones del almacén donde se produjeron los robos y, a continuación, siguió su rastro. Uno de los móviles identificados abandonó el área metropolitana de Cognac por la carretera nacional N141 y luego se dirigió hacia La Rochelle por la autopista A837: el rastreo fue de una precisión quirúrgica. Otro teléfono se detuvo en un municipio situado a unos 20 kilómetros de los almacenes de Moët Hennessy.

LVMH ha confirmado a Mediapart que, “en el marco de las investigaciones posteriores a este robo, un proveedor propuso una nueva tecnología, desconocida para Moët Hennessy, a uno de [sus] consultores externos, experto en seguridad”. Según la información de este medio, este subcontratista es la empresa de inteligencia privada Amarante, uno de los principales actores europeos del sector.

Contactado por Mediapart, el presidente de Amarante, Alexandre Hollander, explica que su empresa simplemente actuó “en el marco de intercambios informales entre personas cualificadas del mismo sector”, negando que comercialice Webloc en Francia. El CEO de Amarante explica que los famosos datos recopilados gracias al programa israelí procederían de una “persona que conocen y en la que confían”, sin revelar su identidad ni su cargo. Penlink, la empresa propietaria de Webloc, a la que también se le preguntó al respecto, no respondió a las preguntas de este medio sobre sus intermediarios en Francia.

En un folleto comercial de 2021, Cobwebs indicaba que podía rastrear, durante tres años, las ubicaciones de 500 millones de teléfonos móviles registrados en todo el mundo. No se han facilitado cifras más recientes.

El software no proporciona los nombres de los usuarios, sino su “identificador publicitario” único. Según el informe del Citizen Lab ya citado, en realidad es fácil descubrir la identidad de los “objetivos” cruzando los datos publicitarios disponibles (franja de edad, intereses…) con las ubicaciones del teléfono. Por ejemplo, Webloc permite, con solo dos clics, aislar franjas horarias, lo que permite localizar los lugares recurrentes donde los teléfonos permanecen fijos y, por lo tanto, los lugares de trabajo y los domicilios.

Otra funcionalidad es el cruce de teléfonos. La herramienta permite vincular hasta siete dispositivos simultáneamente para saber si han estado en el mismo lugar y, de este modo, trazar un mapa de las relaciones en los últimos tres años.

La interfaz también es muy intuitiva: se puede trazar un perímetro en un mapa para identificar rápidamente todos los dispositivos al mismo tiempo, configurar una alerta cuando el objetivo se pone en movimiento, superponer la imagen con Google Street View, etc.

Consultados por Mediapart, en LVMH indican que se trataba únicamente de una “prueba”, a la que el grupo finalmente no dio continuidad tras consultar con un “experto en seguridad”. “Moët Hennessy nunca tuvo acceso al informe de esa prueba”, afirman además en LVMH, señalando también que “nunca han utilizado, compartido ni almacenado datos procedentes de la tecnología Webloc” (véase respuesta completa en los anexos a este artículo).

Una fuente interna explica que el líder del sector del lujo, que había pagado una multa de 10 millones de euros en 2021 para evitar un juicio por el espionaje al periódico Fakir de François Ruffin, prefirió renunciar a la herramienta tras descubrir, durante la fase experimental, sus extraordinarias capacidades y las cuestiones legales que plantean en cuanto a la explotación de datos y el respeto a la privacidad.

De hecho, la recopilación y la reventa masiva de datos personales recabados con fines publicitarios comerciales se han considerado ilegales en varios casos en Estados Unidos. Según varias ONG, su uso con fines de vigilancia infringiría el “principio de limitación de la finalidad”, piedra angular de la normativa de la Unión Europea (UE) en materia de protección de datos personales.

Pero Webloc se ha ofrecido a grandes grupos franceses para localizar a los autores de robos, como en el caso de Moët Hennessy, y también para investigar a la competencia o identificar el origen de filtraciones de información. En este último caso, una simple búsqueda que relacione los teléfonos de un periodista y de un empleado permite, por ejemplo, confirmar las sospechas.

Al ser interrogado al respecto, Amarante niega ser el distribuidor del programa en Francia. Para todas las cuestiones legales y de conservación de datos, la empresa ha remitido a Mediapart al “proveedor del servicio”. Contactada en varias ocasiones por este medio, la empresa estadounidense Penlink no ha respondido a las preguntas, en particular sobre el suministro de Webloc a las empresas.

Los investigadores del Citizen Lab han estimado que hay 219 servidores activos utilizados por Cobwebs en todo el mundo, dos de los cuales se encuentran en Francia. La empresa presentó su tecnología en Francia en 2023, durante la feria Milipol (el gran encuentro internacional sobre seguridad), pero se desconoce si alguna entidad vinculada al Estado francés utiliza Webloc. Al ser consultado por el Citizen Lab, el Gobierno no respondió a esta cuestión.

Por su parte, la empresa respondió en abril al laboratorio canadiense “que respeta las leyes y normativas aplicables”: “Penlink comprende la sensibilidad y la complejidad de la protección de datos y opera respetando rigurosamente las normas de cumplimiento, diligencia debida y uso responsable. Nuestros clientes están obligados a cumplir con sus respectivas obligaciones legales y procedimientos internos, especialmente en lo que se refiere a la elección de los servicios que desean adquirir y al uso de las herramientas”.

Antes de entrar en el mercado francés, Cobwebs/Penlink se había labrado una sólida cartera de clientes en el extranjero, desplegando un “sistema de inteligencia” para las autoridades israelíes o para la agencia federal de inmigración de Estados Unidos, el ICE, transformada por Donald Trump en una fuerza paramilitar. El servicio también lo utiliza el Estado de Texas para la vigilancia de la frontera con México, así como en El Salvador y Hungría.

Su comercialización en Francia entre las empresas ha suscitado una ola de entusiasmo —o de inquietud, según qué caso— entre los profesionales del sector. “Todas las agencias de inteligencia están pendientes de esto, es muy potente y actúan de forma encubierta”, comenta un testigo a Mediapart. Un segundo lo corrobora: “Las capacidades son increíbles, hay que impedir que esta herramienta entre en acción”.

La herramienta de vigilancia Webloc funciona gracias a una realidad alarmante pero poco conocida: la recopilación y reventa de enormes volúmenes de datos personales recogidos con fines publicitarios, tal y como reveló, entre otros, una investigación del programa de televisión Cash Investigation. Estos datos son recopilados por las aplicaciones instaladas en nuestros teléfonos y, en ocasiones, se revenden en tiempo real.

Otra técnica se basa en la subasta de espacios publicitarios visibles en páginas web y aplicaciones: durante estas subastas, que tienen lugar miles de millones de veces al día, se difunden datos personales anonimizados sobre la persona que va a ver el anuncio (entre los que suele figurar su ubicación) a empresas que actúan en nombre de los anunciantes. Un informe de una ONG irlandesa indica que, en Francia, la información sobre cada individuo se difunde de este modo una media de más de 300 veces al día.

Estos datos son adquiridos por intermediarios de datos, los data brokers, que luego los revenden al mejor postor, normalmente con fines publicitarios, pero también a empresas especializadas en herramientas de inteligencia. A pesar de la normativa europea sobre protección de datos, este negocio sigue estando mal regulado y, en gran medida, fuera de control. Y a los particulares les resulta difícil protegerse de ello, aunque es posible configurar las aplicaciones del teléfono para impedir que transmitan los datos de localización..

Tras contactar con LVMH y Amarante por correo electrónico, enviaron sus respuestas por escrito a Mediapart.

El miércoles 28 de julio este medio envió preguntas detalladas a Penlink. Al no haber recibido respuesta, volvimos a ponernos en contacto con la empresa, que acusó recibo de las preguntas en la noche del miércoles al jueves y nos pidió un plazo adicional, sin precisar hasta cuándo. Mediapart aceptó y concedió un nuevo plazo hasta el viernes por la mañana. Penlink no ha dado respuesta. Se incluirán las respuestas de la empresa en este artículo si llegan tras su publicación.

Traducción de Miguel López

El domingo 2 de agosto, Radio France Internationale dedicó su programa semanal de geopolítica al 90º aniversario del estallido de la Guerra Civil española. Lo que se emitió, sin embargo, tuvo poco de conmemoración histórica: durante casi 50 minutos, un aristócrata español que lleva cuatro años organizando manifestaciones para exigir la dimisión del presidente del Gobierno dispuso de la emisora pública exterior francesa para desarrollar su discurso político, presentado ante los oyentes como un simple representante de la sociedad civil.

Amalio de Marichalar y Sáenz de Tejada, noveno conde de Ripalda, fue introducido en antena por Marie-France Chatin, la conductora del programa, únicamente como “coordinador de Español a Español por la Constitución y de la Asociación Española de Mujeres Juristas y de 32 asociaciones de la sociedad civil de toda España”. Esa presentación es formalmente cierta, pero engañosa. Omite algo esencial: que la plataforma que coordina tiene un objetivo político declarado y singular, que es la salida del Gobierno de Pedro Sánchez.

Marichalar ha organizado concentraciones, según él mismo afirmó, en Madrid, Barcelona, Sevilla, Cádiz, Granada, Alicante, Burgos, Santander y Marbella, algunas junto a los movimientos de protesta de la calle Ferraz y ha contado en ocasiones con la participación de figuras como la del exdiputado de Ciudadanos Marcos de Quinto. Además, ha remitido cartas a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola; y al presidente del Consejo Europeo, António Costa, en las que sostiene que el Ejecutivo accedió al poder “corruptamente” y que la ley de amnistía constituye un “golpe institucional”. Incluso, llegó a afirmar en febrero, en el diario El Debate, que a Sánchez “se le ha ido la cabeza”. Es hermano de Jaime de Marichalar, exmarido de la infanta Elena, y de Álvaro de Marichalar. Por lo tanto, es el tío de las personas que ocupan el cuarto y quinto puesto en la línea de sucesión al trono en España: Juan Froilán y Victoria Federica de Borbón.

Nada de este perfil se le explicó al oyente al inicio del programa. Y sobre esa presentación aséptica se construyeron 48 minutos de discurso sin contradicción efectiva.

Marichalar sostuvo en antena que Pedro Sánchez y José Luis Rodríguez Zapatero ejecutan “una estrategia muy bien pensada” para “volver a enfrentar a las partes de España”, y que lo hacen “porque quieren cambiar el régimen español”: “Quieren cambiarlo por cinco repúblicas o por una república”. 

Afirmó que la Segunda República “llegó por la vía de un golpe de Estado”, que Francisco Largo Caballero “hizo un golpe de Estado en 1934” y que Franco “fue designado por la República para detener ese golpe de Estado”. Añadió que “hay que bajar mucho a la realidad de las cuestiones”.

Además, durante una de sus intervenciones, sostuvo que España "está muy sola", que las instituciones europeas "no responden" pese a seis años de cartas, y equiparó su situación a la de Venezuela: “Tenemos un presidente del Gobierno y un antiguo presidente del Gobierno europeo [sic], Zapatero, que ayuda al régimen narcodictatorial de Venezuela, y eso es un problema como España”.

Y cerró con una petición explícita: "Queremos recuperar la dignidad y queremos recuperar la democracia, y queremos que dimita el presidente del Gobierno".

La mayor parte de estas afirmaciones no fue objeto de réplica o matización por parte del resto de contertulios o la conductora.

Varias de las afirmaciones que Marichalar difundió en la radio pública francesa no resisten la comprobación.

La jornada de ocho horas. Es el caso más claro, y no es la primera vez que hace esta declaración sin que se le contradiga. Marichalar afirmó en antena: "Los grandes avances sociales de España se hicieron después de Gran Bretaña, en 1917, 18 y 19. Y fue mi abuelo quien hizo la jornada de ocho horas". Y remató: "No es la izquierda, que ahora dice que la jornada de ocho horas la hizo el señor Largo Caballero".

A pesar de sus palabras, el real decreto que estableció la jornada de ocho horas se firmó el 3 de abril de 1919, bajo el Gobierno del conde de Romanones, tras la huelga de La Canadiense. Luis de Marichalar y Monreal, vizconde de Eza —abuelo paterno de Amalio— fue ministro de Fomento entre junio y noviembre de 1917 y ministro de Guerra entre mayo de 1920 y agosto de 1921. No formaba parte del Gobierno en abril de 1919.

Es cierto que el vizconde de Eza fue una figura relevante del reformismo social católico: consejero del Instituto Nacional de Previsión, director de las Semanas Sociales de España y académico de Ciencias Morales y Políticas. Existe literatura académica específica sobre su papel en el conservadurismo social del primer tercio del siglo XX. Pero eso es una cosa y atribuirle la autoría de la jornada de ocho horas es otra.

No es la primera vez que Marichalar difunde esta versión. La sostuvo también en agosto de 2025 en una entrevista en El Español, cuyo titular la reprodujo sin contraste ni explicación alguna. De hecho, en aquella ocasión, el aristócrata achacaba a una operación del PSOE que se ocultara ese supuesto hito de su abuelo.

El "muro" contra el 50% de los españoles. Marichalar afirmó que Sánchez "lo dijo en el Parlamento: 'quiero hacer un muro contra la mitad de los españoles'". La expresión existe, pero su significado es otro: en el debate de investidura de noviembre de 2023, Sánchez planteó "alzar un muro" frente a lo que definió como los ataques de la derecha reaccionaria a los valores democráticos, no contra el 50% de la ciudadanía.

"La prensa internacional señala casi todos los días la gran corrupción de un primer ministro europeo" y "150 personas de su Gobierno han acabado ante la justicia". No consta ninguna fuente que sustente estas afirmaciones.

Pero más allá de estas frases, Marichalar aseguró en antena que habla “siempre con gente muy importante del Partido Socialista, por ejemplo, José María Múgica, quiero decir el nombre. Hablo con él, le envío todos los días la manifestación que hacemos cada día”. Sin embargo, deliberadamente omitió que Múgica lleva tiempo alejado del PSOE y que, de hecho, pidió la baja del partido hace casi ocho años.

Sería inexacto decir que nadie le rebatió. Hubo dos correcciones. Por un lado, el historiador Benoît Pellistrandi, hispanista francés y autor de Les fractures de l'Espagne (Gallimard, 2022), que también participaba en el programa, rechazó de forma tajante la tesis del golpe de Estado republicano: "No puedo admitir que se diga que el 14 de abril de 1931 se trate de un golpe de Estado. El golpe de Estado es el del 17 de julio de 1936", dijo, recordando además el precedente de Primo de Rivera en 1923. Fue el único momento del programa en que un invitado desmintió a otro en directo.

Por su parte, Miguel Ángel García Carrasco, investigador de la Fondation pour la Recherche Stratégique, tercer invitado en la conversación,  matizó la tesis del cambio de régimen a manos de Sánchez y Zapatero: no es "una estrategia firme", replicó, sino negociaciones sostenidas con socios minoritarios dentro de una coalición con sensibilidades regionalistas e independentistas.

Pero ninguno de los dos discutió el marco general. Pellistrandi habló por su cuenta de "catástrofe democrática", atribuyó a Sánchez "una falta de moral" y comparó su situación con la del ex primer ministro húngaro Viktor Orbán: “Si Viktor Orbán hubiera actuado de esta manera, les puedo asegurar que se hablaría de ello en los medios franceses. Así que sí, hay en España un problema de funcionamiento de las instituciones”. 

García Carrasco coincidió en el diagnóstico de parálisis y pronosticó que las elecciones de 2027 desalojarán al PSOE: “Cada vez [Sánchez] lo tiene más difícil para dar continuidad a la legislatura, de cara a unas elecciones en 2027 que probablemente desalojarán al Partido Socialista del poder”. 

Pero ninguno corrigió el dato de la jornada de ocho horas, ni la cifra de las 150 personas ante la justicia, ni la tergiversación de la frase del muro. Resulta sorprendente que en un programa en el que se quería analizar “qué revela aún 1936 sobre la España de hoy” solo se invitara a participar a contertulios abiertamente críticos con el Gobierno.

Marie-France Chatin, que dirige Géopolitique desde septiembre de 2008, no interrumpió ni verificó ninguna de las afirmaciones. Su única intervención correctiva consistió en pasar el micrófono a Pellistrandi cuando Marichalar sostuvo lo del golpe de Estado de 1931.

Sin embargo, tampoco asumió el papel neutral de conductora del programa. En varios momentos adoptó el marco de Marichalar. De hecho, llegó a elogiar las acciones que lleva el aristócrata contra el Gobierno: "Ese hastío de la política da finalmente todo su valor a lo que usted hace, con esas manifestaciones; imagino que tendría usted otras preocupaciones que organizar todo eso. En todo caso, da esperanza sobre el futuro. Es importante movilizar a esa sociedad civil".

No es una pregunta ni una síntesis: es un aval editorial a una campaña política en curso en un país extranjero, emitido por una radio pública financiada con recursos públicos franceses.

RFI forma parte de France Médias Monde, el grupo público del sector audiovisual exterior francés, y difunde a través de una amplia red de repetidores en todo el mundo, con especial implantación en África y América Latina.

El grupo se financia en un 95% mediante una fracción de la recaudación del IVA —una fórmula elegida precisamente para que no se le perciba como medio de Estado— y su presidencia la designa la autoridad reguladora independiente ARCOM. France Médias Monde dispone de una carta deontológica y de un comité interno específico "relativo a la honestidad, la independencia y el pluralismo de la información y de los programas", y exhibe la certificación Journalism Trust Initiative.

__________________________________

Esta información ha sido posible gracias al aviso de una socia de infoLibre, que puso a la redacción sobre la pista de este programa. Es un buen ejemplo de una de las mayores fortalezas de este medio: una comunidad que no solo lee, sino que también colabora para sacar a la luz informaciones de interés público.

Si tienes una pista, un documento o una historia que crees que merece ser investigada, puedes escribirnos. Y si se trata de un asunto especialmente complejo o que requiera una investigación en profundidad, puedes contactar con nuestro equipo en investigacion@infolibre.es

Un viajero de nacionalidad franco-argentina se encuentra actualmente aislado junto a su familia en su lugar de alojamiento en Galicia tras haber dado positivo por hantavirus (en su variante 'andes'). Según ha confirmado el Ministerio de Sanidad el contagio fue detectado a partir de una muestra recogida hace unos días en Francia. Pese al diagnóstico, las autoridades sanitarias han descartado su ingreso en una Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (UATAN) dado que el paciente se encuentra completamente asintomático.

Las autoridades sanitarias francesas fueron quienes dieron el aviso este mismo jueves sobre el caso de este turista, que transitó por el país vecino durante la segunda mitad del mes de julio. Según detallan fuentes del Ministerio, el paciente acudió a los servicios médicos en Francia presentando un "cuadro respiratorio leve". Tras realizarle las pruebas pertinentes, Francia identificó que se trataba de hantavirus. Sin embargo, desde Sanidad subrayan que el turista viajó posteriormente a España cuando ya estaba asintomático, motivo por el cual recalcan que "ya no podía contagiar".

A pesar de que el paciente no presenta síntomas, el protocolo sanitario ya se ha activado. Tanto el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) como los servicios de Salud Pública de la Xunta de Galicia están trabajando de manera conjunta. Actualmente se están llevando a cabo los estudios necesarios para determinar las acciones a seguir y se han puesto en marcha los procedimientos habituales para gestionar tanto el caso como a los posibles contactos que haya podido tener el turista.

Este caso aislado se detecta justo un mes después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) diera por finalizado un importante brote de esta misma variante ('andes'). Aquel episodio tuvo lugar en el crucero MV Hondius el pasado mes de abril y requirió de una compleja y delicada operación de evacuación en Tenerife, dejando un trágico balance de tres fallecidos. Durante aquel brote 14 ciudadanos españoles tuvieron que ser evacuados y permanecieron aislados en el Hospital Gómez Ulla de Madrid. Dos de ellos terminaron dando positivo por hantavirus durante dicho periodo de cuarentena.

El hantavirus es una enfermedad de origen viral cuyos síntomas iniciales suelen ser similares a los de un cuadro gripal. Su principal vía de transmisión al ser humano es a través del contacto con la orina, las heces o la saliva de roedores infectados. En cuanto a la variante 'andes' —la detectada en este turista franco-argentino—, se trata de un subtipo predominante en Chile y Argentina (con especial incidencia en la región de la Patagonia). Una de las particularidades de esta cepa es que permite el contagio de persona a persona, aunque se trata de una transmisión muy poco frecuente y que requiere de un contacto estrecho y prolongado con el infectado.

“No se tiene suficientemente en cuenta que la violencia de género no desaparece con la edad”. Élisabeth Liotard, directora de la asociación Viffil-SOS Femmes, constata a diario hasta qué punto este fenómeno sigue siendo, en gran medida, invisible.

Los estudios dedicados a este tema son escasos y se han llevado a cabo, sobre todo, en las regiones francesas de La Reunión y en Nueva Aquitania. “Las grandes encuestas nacionales sobre la violencia han excluido a las mujeres mayores de sus muestras”, subraya Lucie Richard-Bergereau, responsable del proyecto para personas mayores en el Centro de Información sobre los Derechos de las Mujeres y las Familias (CIDFF) de París, que actualmente lleva a cabo un estudio sobre esta cuestión.

La mayoría de ellas pasan desapercibidas para las asociaciones, el personal sanitario y los trabajadores y trabajadoras sociales. “En el CIDFF de París, solo representan el 4% de las personas que atendemos”, añade Richard-Bergereau.

Pero las mujeres mayores también sufren violencia física, psicológica y sexual, así como violencia económica, o incluso son víctimas de feminicidios. Mediapart ha recopilado los testimonios de Josy y Geneviève, ambas de 76 años, que ilustran hasta qué punto la edad añade numerosos obstáculos.

En primer lugar, porque la violencia suele prolongarse durante décadas. “Tenía 18 años y acababa de dar a luz a una niña que falleció poco después de nacer cuando recibí mi primera bofetada”, cuenta Josy. “Tuve dos hijos más. La violencia psicológica se intensificó: no servía para nada, todo era culpa mía. Luego, mi marido empezó a ser violento físicamente conmigo y con mi hijo”.

“Después de que los niños se fueron, él se negaba a que vinieran a casa, así que los veía en un aparcamiento. Ya de mayor, llegó a morderme hasta hacerme sangrar”, confiesa. A los 60 años, acabó “sumergiéndose en el voluntariado para huir de casa y de la violencia”.

Geneviève, por su parte, comprendió muy pronto que no sería feliz con su marido, a quien conoció a los 32 años. “En poco tiempo, nos aisló de mi familia. No quería ni salir ni viajar. Cuando se fue nuestra hija, dio un giro radical. Ya no quería que cocinara porque era ‘asqueroso’. Dejó de hacer cualquier actividad conmigo y puso la casa patas arriba. Me menosprecia constantemente, me amenaza y me grita. Me ha hecho perder las ganas de vivir”.

Cuando se sufre violencia durante 30 o 40 años, “se vuelve muy difícil identificarla”, explica Élisabeth Liotard, de Viffil-SOS Femmes. “Acaban pareciéndoles normales. De tanto ser menospreciadas, estas mujeres ya no confían en su propio criterio”.

El estudio realizado en La Reunión muestra la magnitud de las consecuencias de la violencia prolongada: el 53% de las víctimas padecen depresión y el 75%, síndrome de estrés postraumático.

Estas mujeres pertenecen a una generación que más ha interiorizado las relaciones de dominación como algo normal. “Me decía a mí misma que la vida en pareja era eso”, recuerda Josy. “Ni en casa ni con nuestra hija hizo mi marido nunca nada. Para él, él era el hombre y yo solo existía para servirle. A mí me educaron con la idea del deber, de que había que respetar las normas”, cuenta Geneviève.

“A algunas mujeres mayores les cuesta concebir el divorcio”, recuerda Pauline Georges, coordinadora de Solidarité Femmes 72. “Han interiorizado que el cabeza de familia lo decidía todo. Así que marcharse…”.

Geneviève coincide: “No tengo confianza en mí misma, me da miedo hacer cualquier cosa por mi cuenta. Siempre he sentido la necesidad de tener a un hombre que me protegiera”. Y Josy añade: “Mis amigas, mis hijos y mi médico me dijeron que tenía que marcharme. Ya no tenía ganas de comer, ni de vivir, pero me negaba a aceptarlo”.

“Algunas barreras provenían de mi educación”, cuenta Josy. “Nos inculcaron que nos casábamos para lo bueno y para lo malo. Por eso acabamos encontrando aceptable lo malo”. También menciona la influencia de la religión. “Como me quedé embarazada antes de casarme, pensaba que debía ser castigada. Los golpes eran como una forma de redimirme”.

El aislamiento constituye otro obstáculo importante. “La jubilación o la marcha de los hijos son momentos especialmente delicados”, explica Richard-Bergereau, del CIDFF de París. “Las mujeres pasan más tiempo a solas con su cónyuge violento. Como muchas de ellas tienen menos familiaridad con las herramientas digitales, también disponen de menos interacciones sociales para hablar o pedir ayuda”.

Tanto para Josy como para Geneviève, fue al participar en grupos de apoyo cuando comprendieron lo que estaban viviendo. “Ahí fue donde empecé a rebelarme”, afirma Josy.

Geneviève añade que “para su generación”, pedir ayuda no es nada fácil. “No hay que molestar a los demás”. Y, además, los profesionales no siempre están preparados para plantear la cuestión de la violencia. “Existe demasiada cautela en preguntar a las mujeres mayores”, observa Richard-Bergereau. “¿Es por pudor? Algunos profesionales sanitarios nos dicen que temen que una paciente, al darse cuenta de repente de que lleva 40 años sufriendo violencia, se hunda psicológicamente”.

Las asociaciones reconocen que deben adaptar sus prácticas. “Nos comunicamos mucho a través de Instagram y de otras redes sociales”, señala Richard-Bergereau. En Sarthe, Pauline Georges da ahora prioridad a las entrevistas en la prensa local y a las acciones en el medio rural, “en contacto con mujeres que tienen dificultades de movilidad”.

Incluso para las mujeres que logran hablar y ser escuchadas, encontrar los medios materiales para separarse de un marido violento suele ser difícil. “Se trata de una generación de mujeres que han trabajado poco, por lo que sus derechos de jubilación son escasos”, señala Richard-Bergereau. “Por lo general, los bienes adquiridos están a nombre de los maridos y, si la violencia se prolonga desde hace años, es posible que se les haya privado del acceso a su propio dinero”.

Mientras se planteaba el divorcio, Josy se preguntaba cómo iba a pagar el alquiler, con “menos de 1.000 euros de pensión al mes”. El miedo a la soledad y a la opinión de la familia o los allegados son otros obstáculos para marcharse. “A los 75 años, dejar a tu marido significa dejar tu casa, tus recuerdos, todas tus costumbres”, añade Pauline Georges. “Es perder todo un mundo y la propia identidad”.

A veces, la fuerza de los valores interiorizados, junto con esa obligación de estar “al servicio de”, también impide que las mujeres víctimas de violencia se marchen, incluso cuando tienen cierta independencia económica, como es el caso de Geneviève, propietaria de la vivienda de la pareja y con una cuenta bancaria personal: “He iniciado un proceso de divorcio y me he puesto en contacto con trabajadores sociales para saber cómo podrá vivir mi marido, porque me siento culpable ante la idea de dejarlo en la calle”.

La culpa también agobia a las mujeres cuidadoras víctimas de violencia, que se preocupan por el futuro de su marido, sobre todo si no tienen medios para pagar una plaza en una institución. Otras se preguntan si realmente merece la pena marcharse.

Reconstruir una vida social no es tan fácil a los 70 años como a los 30, señalan Pauline Georges y Élisabeth Liotard. “Las mujeres más jóvenes que han sido víctimas a veces se imaginan una nueva vida en pareja”, dice Geneviève. “Yo, a mi edad, quiero quedarme sola y tranquila”.

Según Pauline Georges, “es fundamental acompañar a las mujeres mayores que deciden marcharse”. La historia de Josy le da la razón: “El día en que me fui, tenía preparadas unas maletas y las había escondido. Cuando mi marido nos vio, nos amenazó con unas tijeras. Mi nieta llamó a la policía; ellos ya estaban al corriente. Me habían advertido de que ese día sería peligroso. Vinieron ocho agentes”.

Para que una mujer mayor víctima de violencia de género se atreva a marcharse, parece decisiva la ayuda de una tercera persona. “Mi médico me dijo que había que dejar de pensarlo, que había que pasar a la acción”, cuenta Geneviève, que siempre se ha sentido apoyada por los asistentes con los que ha tratado.

Pero “no siempre es así”, señala Pauline Georges, quien considera que “hay que realizar una verdadera labor de formación entre los trabajadores sociales”, sobre todo porque las mujeres mayores tienen mucho contacto con ellos. Los cuidadores a domicilio, los responsables de los expedientes de jubilación o los audioprotesistas son profesionales que podrían detectar la violencia, siempre que reciban la formación adecuada.

Las mujeres que han decidido marcharse destacan la importancia de sus amigas, hijos y asociaciones. “He conseguido superar mi miedo gracias a mis hijos, mis nietos, el trabajo personal, mi grupo de apoyo, mis amigos y una trabajadora social”, enumera Josy. “No creía que fuera posible otra vida. Y entonces conocí a alguien. Yo creía que ya era demasiado tarde, pero hoy tengo ganas de vivir”.

“Algunos hijos, normalmente las hijas de las mujeres víctimas, harán todo lo posible por proteger a su madre, igual que las madres protectoras hacen con sus hijos víctimas de incesto”, señala Lucie Richard-Bergereau. “Pero los profesionales pueden responder: ‘Tu madre es mayor de edad, no podemos hacer gran cosa’”.

Otra dificultad más: nadie está en condiciones de ofrecer un alojamiento aceptable a estas mujeres. “Hemos constatado cómo los centros colectivos de acogida de emergencia resultaban inadecuados para su edad y sus dificultades físicas”, relata Pauline Georges.

Por último, queda una cuestión crucial: ¿qué hacer con los hombres mayores violentos? Josy, por ejemplo, no quiere “enviar” a su exmarido a la cárcel. “Si este hombre ingresa en una residencia de mayores, corre el riesgo de causar nuevas víctimas allí”, señala Lucie Richard-Bergereau. “Y, por parte de la policía y la justicia, nos dicen que es difícil detenerlos y iniciar un procesamiento. Aquí se ve claramente que se trata de un auténtico problema social”.

Los testimonios de las mujeres víctimas se han recopilado gracias a la mediación de Solidarité Femmes y la asociación AIEM.

Traducción de Miguel López

Miércoles, 29 de julio, a las 7 de la mañana. Protección Civil, única asociación autorizada por la prefectura, atraviesa a toda prisa la localidad costera de Wimereux. En La Pointe aux Oies, un grupo de unos 30 exiliados lleva cuatro horas en el agua. Hay hombres, mujeres y niños.

En un aparcamiento, a toda prisa, los rescatistas atienden a los supervivientes. Se monta una carpa y se les da ropa. Los bomberos habían rescatado un poco antes a cuatro niños en estado de hipotermia. Utopia 56 y el colectivo ciudadano "Alors on aide” (Entonces, ayudamos), organizaciones que prestan ayuda a los exiliados, también están allí para asistir a los náufragos.

La escena es habitual en la Costa de Ópalo. Últimamente, las travesías de migrantes hacia Inglaterra se realizan cada vez más al sur de Calais para evitar los controles.

Una de las familias, cuya hija de 14 años tiene una discapacidad y no puede caminar por la arena —su padre tiene que llevarla a hombros y luego subirla al barco—, afirma que este es su decimotercer intento de travesía. Ha sido acogida varias noches por una red de personas solidarias que ofrecen alojamiento. El servicio 115 de aquí no admite a personas en situación irregular, tal y como reveló Mediapart. Esta familia kuwaití, cuya madre está embarazada de cuatro meses, será trasladada esta vez a un hotel por decisión de la prefectura. El resto del grupo vuelve a la carretera, al vagabundeo.

Al mismo tiempo, a unos treinta kilómetros más al sur, en Hardelot, un grupo de unos sesenta exiliados se encuentra bloqueado por la gendarmería entre las dunas. Adultos y niños esperan bajo el sol, con los chalecos salvavidas puestos. Aprovechando los días soleados y con la esperanza de que el mar esté en calma, muchas familias intentan la travesía. El acuerdo franco-británico denominado one in, one out, renovado en junio, no cambia nada. Esperan su “taxi lancha”, esas embarcaciones ligeras que parten de la bahía del Somme y recorren la costa para recoger a sus pasajeros directamente en el agua, para luego poner rumbo a Inglaterra.

Cuatro voluntarias de la asociación local Opal’Exil les ofrecen ayuda. Los gendarmes les permiten que instalen sus mesas plegables en la arena, a los pies de los edificios turísticos. Pan, leche, compota, mermelada y agua. Se atiende primero a los niños, por decenas. Los turistas, en bañador, observan la escena, atónitos. Varios llevan discretamente botellas de agua a las voluntarias.

Se acercan más migrantes. Ellos también esperan un “taxi lancha” y acaban de pasar varios días en los bosques de los alrededores, lejos de los campamentos de Calais y Dunkerque, a la espera de una ventana meteorológica favorable.

Brigitte, una voluntaria de 67 años, cura las heridas de un afgano a la sombra de los edificios. “Esta gente está destrozada. Les falta de todo y lo pasan mal. Estamos aquí porque no se hace nada por ellos. Ni siquiera se cubren las necesidades básicas, como beber, comer o que les cambien la ropa cuando se han caído al agua”.

Unos minutos más tarde, este miércoles, unas cien personas se adentran en el agua. Llega la lancha neumática y recoge a sus pasajeros en medio del tumulto, donde cada uno se juega la vida. No todos llevan chaleco salvavidas. Un hombre casi se ahoga y vuelve a la orilla con el torso desnudo sobre la arena. Reza. Los servicios de rescate marítimo recogen a las personas que no han podido subir a la embarcación.

A bordo de esa pequeña lancha, una mujer grita. Sus gritos son desgarradores. No ha podido irse, pero sus hijos están en el barco que zarpa hacia Inglaterra, solos. Los voluntarios de Opal’Exil se acercan e intentan tranquilizarla. Los servicios de rescate intentarán alcanzar el barco y rescatar a sus hijos. Poco después son llevados de vuelta a tierra varios adolescentes y niños, pero no son los suyos. La escena es una mezcla de turistas, gendarmes y fotógrafos.

Cien metros más allá, el bote se detiene. Avería en el motor. A diez metros de la orilla, los exiliados esperan a que el motor vuelva a arrancar. Los fotógrafos se acercan. Chris Philp, diputado conservador británico, se graba con el agua hasta las rodillas, de cara a la cámara, con los exiliados a sus espaldas. Se arregla un poco el pelo y comenta para sus seguidores: “Mirad, estos migrantes ilegales van a llegar a nuestro país y la policía francesa no hace nada”.

Al ser preguntados por Mediapart, los gendarmes explican que no intervienen “en cuanto la embarcación flota”. “Ya no es de nuestra competencia. Depende de la prefectura marítima. No detenemos las embarcaciones cuando están en el agua.”

En el agua, otros videógrafos, algunos de extrema derecha, profieren comentarios xenófobos, se acercan a la embarcación y les hacen preguntas. Los exiliados se dan cuenta de la trampa, les gritan que se vayan y les lanzan un chaleco salvavidas. El ambiente se caldea. Los gendarmes, que tienen órdenes de permanecer en tierra firme, dan órdenes en inglés para pedir calma. Las asociaciones presentes (las cuatro mujeres de Opal’Exil y tres voluntarios de Utopía 56) se meten en el agua y, sin violencia, interponen sus cuerpos delante de las cámaras.

Desde hace varios meses es frecuente ver la presencia de activistas de extrema derecha antiinmigración en territorio francés. En ocasiones, esto va acompañado de actos de violencia contra los exiliados. La técnica es sencilla: provocar y grabar sus reacciones para generar revuelo. El 23 de julio, por ejemplo, un influencer inglés, “The Nowhere Photographer”, grabó a escondidas a unos voluntarios que repartían víveres a los náufragos. En sus vídeos, grabados en un tono belicoso, acusa a las asociaciones de ayudar a los migrantes, de lo que estas se defienden.

Treinta minutos más tarde, tras detenerse frente a las dunas de Hardelot, mientras los ánimos se caldeaban en la playa, la embarcación zarpó de nuevo entre los gritos de alegría de los exiliados. Mientras tanto, la madre había logrado subir a bordo para reunirse con sus hijos. Unas horas más tarde, su embarcación llegaría sin incidentes a la costa, escoltada por la Armada francesa hasta aguas británicas.

Brigitte, Cindy, Nathalie y Émilie, de Opal’Exil, recogen sus mesas. Hay abrigos y mochilas esparcidos por el suelo. Recogen una parte para sus futuras rondas y limpian la basura. A continuación, se marchan en sus coches cargados de víveres y ropa seca para reunirse con otro grupo de 90 personas, sin agua ni comida, en las dunas de Sainte-Cécile, a 12 kilómetros al sur.

Más tarde, en esa misma playa de Hardelot, durante la noche, un hombre murió al intentar subir a bordo de otro “taxi lancha”. Al día siguiente, jueves 30 de julio, se descubrieron otros tres cadáveres de exiliados en Dunkerque.

Traducción de Miguel López

¿Será el fin de su poderosa influencia mediática? Xenia Fedorova, exdirectora de la sección francófona de la cadena estatal rusa Russia Today (RT), hoy omnipresente en los medios del grupo Bolloré, ha recibido una orden ministerial de expulsión del territorio francés, según ha revelado Libération, el miércoles 29 de julio. Una fuente cercana al asunto en el Ministerio del Interior ha confirmado esta información a Mediapart.

La orden de expulsión, a la que ha tenido acceso ese diario, destaca que Xenia Fedorova, “al difundir sus narrativas, actúa como altavoz de las campañas de desinformación dirigidas por las autoridades rusas”, con el objetivo “de desestabilizar el orden público” en Francia. Fedorova “contribuye a la difusión de un discurso de desinformación y desestabilización”, cuyo único objetivo es “manipular a la opinión pública” y “socavar la confianza de los ciudadanos europeos, y en particular de los franceses, en sus instituciones”. La Prefectura de Policía de París constata así que “su comportamiento atenta contra los intereses fundamentales del Estado” y que su presencia en territorio francés “constituye, por este motivo, una amenaza especialmente grave y actual para el orden público”.

En Francia, se puede dictar una orden de expulsión contra un extranjero en situaciones particulares consideradas “graves”: alteración o amenaza grave al orden público, atentado contra la seguridad del Estado o contra los intereses fundamentales de la nación. La decisión la toma la prefectura del departamento de residencia o el Ministerio del Interior, y tiene como efecto prohibir el regreso a Francia de la persona en cuestión. Puede tener efecto inmediato o diferido, con arresto domiciliario a la espera de poder ejecutarla.

“¡Por fin!”, exclamó en la red social X el diputado socialista Arthur Delaporte, quien había interpelado al respecto al ministro del Interior, Laurent Nuñez, durante el turno de preguntas al Gobierno en la Asamblea Nacional el 2 de junio. “Se acabó la impunidad para los agentes del Kremlin que tienen un espacio destacado en CNews”, añadió.

En declaraciones a Mediapart, la eurodiputada macronista Nathalie Loiseau considera que esta decisión es “tardía”, pero “acertada”:

”Xenia Fedorova no es periodista, es una agente activa dedicada a difundir propaganda de guerra. Es lamentable que CNews y los demás medios que la emplean hayan concedido tanto espacio a sus actividades”, afirma la exministra. Y añade: “Esperemos que animen a Xenia Fedorova a respetar la decisión de expulsión que se le ha impuesto, tal y como desean que hagan todos los extranjeros a los que se les pide que abandonen nuestro territorio.”

Por el contrario, Agrupación Nacional (RN), a través del eurodiputado Thierry Mariani, defiende a la empleada de CNews. “Enhorabuena a este Gobierno que, incapaz de expulsar a los delincuentes extranjeros, quizá consiga silenciar una de las pocas voces disidentes de la prensa francesa que comete el error de no repetir el relato oficial autorizado sobre el conflicto en Ucrania”, dijo todo airado el eurodiputado de RN a Libération.

“Por supuesto que vamos a presentar un recurso”, ha indicado a Mediapart Emmanuel Piwnica, abogado de Xenia Fedorova. “Me parece difícil creer que un periodista pueda ser expulsado del territorio por haber ejercido sus funciones y su libertad de expresión de una manera que no agrada a las autoridades.” Afirma que Xenia Fedorova “siempre ha dado muestras de rigor y deontología”, y desestima las acusaciones de “propaganda” prorrusa de las que es objeto.

“Hoy se afirma que ella apoyaría esto o que atentaría contra aquello […] Cuando se analiza la realidad, siempre resulta matizado y equilibrado; ella expone diversos puntos de vista. Es excesivo afirmar que se trata de propaganda; no hay ni propaganda ni noticias falsas”, sostiene el abogado, asiduo del Consejo de Estado.

Esta decisión, de graves consecuencias, podría impedir que Xenia Fedorova trabaje en Francia y, por lo tanto, privarla de su amplio espacio en los medios de comunicación de Bolloré. Desde el cierre de RT France tras una decisión de la Unión Europea, la propagandista pro-Putin ha vuelto a aparecer en los medios controlados por el multimillonario de extrema derecha. Ha conseguido un contrato indefinido en CNews y cuenta con una columna semanal en Le JDNews, el suplemento del Journal du dimanche, otra en Europe 1, y tiene su propio programa en Canal+.

Gracias a sus contratos, también se codeaba con el poder. Así, participó en un almuerzo en abril de 2026 junto a la ministra Annie Genevard, o en una ceremonia organizada en junio de 2025 por Gabriel Attal, ex primer ministro y secretario general del partido macronista Renaissance, para entregar la Legión de Honor a Gérald-Brice Viret, el director de Canal+.

En un comunicado publicado el miércoles, CNews y Lagardère News manifestaron su “asombro” y expresaron su “apoyo” a Xenia Fedorova. Citando el artículo 11 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, estos dos grupos audiovisuales consideran que impedir a esta empleada “participar en el debate público” y “expresar puntos de vista sobre la situación francesa e internacional” podría constituir “una vulneración especialmente grave de la libertad de expresión y de la pluralidad de opiniones”.

Desde hace meses, las apariciones mediáticas de Xenia Fedorova provocaban indignación y polémica. En cada una de sus intervenciones, a veces en conexión directa desde Moscú, defendía las decisiones de Vladímir Putin, criticaba duramente las de la Unión Europea o las de Emmanuel Macron y atacaba a Volodímir Zelenski. “Es Occidente el que ha decidido prolongar este conflicto”, afirmaba de nuevo el 10 de mayo tras difundir las mentiras del Kremlin sobre las “deportaciones de niños ucranianos”. Un Occidente que, según ella, libra una “guerra por poderes para debilitar a Rusia”. Ante el protagonismo otorgado a esta portavoz del Kremlin, un comentarista de CNews se fue dando un portazo y otro fue despedido.

Xenia Fedorova había conseguido un permiso de residencia de diez años en 2024 y ahora se encuentra en arresto domiciliario en su domicilio parisino y obligada a presentarse todos los días en la comisaría, según nuestra información. El permiso de residencia, de difícil obtención, le fue expedido tras haber disfrutado de varios permisos consecutivos, entre ellos uno plurianual de cuatro años y un permiso de residencia “pasaporte talento” (reservado a determinadas categorías de trabajadores, a menudo muy cualificados).

Como ya informó Le Monde en junio, la facilidad con la que la columnista de CNews había obtenido y conservado su derecho de residencia había provocado la incomodidad del Gobierno; Gérald Darmanin, ministro del Interior en aquel momento, habló de una renovación “automática”, y Laurent Nuñez, entonces prefecto de policía, se refirió a una renovación que “se produjo de pleno derecho”.

Pero su respuesta puede suscitar dudas cuando sabemos hasta qué punto la renovación de un permiso de residencia, o la obtención de una tarjeta de diez años, pueden suponer un largo camino plagado de obstáculos. El 1º  junio, Laurent Nuñez aseguró que no había habido ninguna “intervención” en el expediente de Xenia Fedorova. Además, declaró a Le Monde que “en caso de atentado contra los intereses fundamentales de la nación o de alteración del orden público, la concesión de un permiso de residencia, sea cual sea el motivo, no protege en absoluto” de una posible expulsión.

Xenia Fedorova también está sujeta a un procedimiento de retirada de su permiso de residencia, tal y como nos confirma una fuente cercana al expediente en el Ministerio del Interior. “En la práctica, la resolución entra en vigor en la fecha de su notificación y le retira de facto su permiso de residencia”, indica.

Durante meses, el Gobierno había dado la impresión de no poder o no querer tomar más medidas contra Xenia Fedorova. En declaraciones a Mediapart, un allegado de Emmanuel Macron justificaba la actitud expectante del Estado por la dificultad de “identificar la injerencia”.

El 22 de julio, también se libró de sanciones europeas que podrían haberla obligado a abandonar el territorio europeo y a que se le congelaran sus activos financieros. Según Le Monde, el ministro de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, que sin embargo había salido al paso para denunciar a una “propagandista declarada”, no había exigido que la Unión Europea la incluyera en la lista de personalidades sancionables. Entonces, ¿cómo se explica esta prisa repentina?

La fuente ya citada explica que toda su trayectoria, especialmente en Rusia y Alemania, así como sus declaraciones y intervenciones en CNews y “la repetición de este discurso procedente íntegramente de las autoridades rusas” son de una naturaleza tal que “perjudican la cohesión de la UE y de Francia” y constituyen una “amenaza especialmente grave y actual” que justifica esta orden.

No obstante, una expulsión a Rusia, en el contexto de su invasión en Ucrania y de las complicadas relaciones diplomáticas con ese país, quizá no sea tan fácil de llevar a cabo. Según una abogada bien informada, no se ha producido ninguna expulsión a Rusia desde el inicio de la guerra en Ucrania. Si bien a las autoridades francesas les resulta más fácil asumir la expulsión de una ciudadana acusada de propaganda rusa a su país de origen que la de un opositor al régimen, podrían, no obstante, toparse con la falta de cooperación de un Estado sujeto a sanciones europeas.

Para poder expulsar a alguien, admite la fuente ya citada, “es necesario que el tercer país acepte acoger a su ciudadano”, lo cual no es nada seguro en este caso concreto. Se trata, por tanto, más bien de “obligarla a abandonar el territorio francés”.

Traducción de Miguel López

Más de 100 webs de citas pobladas de perfiles falsos para, según algunos usuarios de las mismas, "estafarlos". Es el negocio de una empresa española, radicada en Barcelona, que opera los pagos de todos sus supuestos clientes a través de CentralPay.

CentralPay es una empresa financiera, con sede en Francia, y lleva años trabajando con multitud de comercios dudosos. Desde esas falsas webs de citas afincadas en España a múltiples estafas en internet pasando por tiendas de productos ilegales de cannabis o distintos casos sospechosos de blanqueo de capitales.

Así lo revela una investigación liderada por Mediapart, en la que participa infoLibre. CentralPay, fundada en 2002, opera como una plataforma o proveedor de pagos con tarjeta y ha hecho la vista gorda ante las prácticas dudosas, e incluso ilegales, de comercios electrónicos que trabajan con ella, según revelan documentos confidenciales obtenidos por Mediapart, socio editorial de infoLibre.

La empresa sabe de las prácticas dudosas de muchos de sus clientes clasificados como "de alto riesgo", pero no ha puesto problemas para seguir trabajando con ellos. Así se detalla en varios informes internos elaborados este mismo 2026, tras los cuales la dirección de CentralPay aparentemente no ha tomado medidas para revertir la situación.

Esta nueva investigación confirma los problemas estructurales del sector de los pagos en línea en la lucha contra la delincuencia financiera, un año después de la investigación Dirty Payments de la red European Investigative Collaborations (EIC), publicada por infoLibre en España, que revelaba cómo se habían movido miles de millones de euros durante años en oscuras transacciones a través del proveedor de pagos francés Worldline, uno de los gigantes del sector. Hace tan solo dos meses, EIC —red formada por medios entre los que se encuentran Mediapart o infoLibre— también sacó a la luz que Wise, otra empresa fintech, está siendo investigada por la Justicia europea por motivos similares.

Ahora es el turno de CentralPay, una empresa con sede en la ciudad de Tours, que en 2019 obtuvo una licencia como "entidad de dinero electrónico" de la Autoridad de supervisión prudencial y de resolución (ACPR, por sus siglas en francés), el organismo regulador del sector financiero francés. CentralPay es una empresa especializada en la gestión de pagos online con tarjeta, con servicios similares a los de Worldline o Wise, pero centrada en el mercado francés. Aun así, se dirige a todo el sector europeo y, por ello, tiene clientes con sede en otros países, como es el caso de las falsas webs de citas afincadas en España. 

Cafecoquin.com (café picante en español), cougars-infideles.com (cougars es una palabra moderna que se utiliza en francés para describir a mujeres de edad adulta atraídas por hombres más jóvenes) o plaisir-libre.com (placer libre). Son solo tres del más de centenar de sitios webs acusados por múltiples clientes de tratarse de páginas estafa y que han sido controlados por empresas españolas con sede en Barcelona que operaban sus pagos a través de CentralPay.

La mayoría, como esos tres ejemplos, están dirigidos al público francés, pero no solo. La empresa controla también webs para el mercado español, como folla-maduras.es; el italiano, como atuttoflirt.it; el suizo, como lebigcoup.ch; o el belga, como coup-en-or.be.

Las páginas comparten diseño y están pobladas de perfiles falsos. Incluso se utiliza inteligencia artificial para que esos perfiles fake hablen con los usuarios reales de la página y conseguir que paguen por suscripciones premium.

El modus operandi es siempre el mismo. Un usuario crea un perfil en una de esas webs y comienza a recibir mensajes de perfiles falsos. Tras un tiempo de conversación, el sitio ya no deja mandar ni recibir mensajes y lanza al usuario una oferta de suscripción de pago para poder continuar hablando.

La mayoría de las webs dan a 'Juan Romaguera' como supuesto director de las mismas, alias que corresponde a Juan Romagosa. Los dominios .es también están registrados a su nombre. Romagosa, en conversación telefónica con Mediapart, negó utilizar perfiles falsos en las webs y procedió a colgar sin dar mayores explicaciones. A las consultas posteriores que se le han hecho llegar no ha respondido.

A pesar de sus declaraciones, las propias condiciones de uso de las páginas confirman la presencia de perfiles falsos gestionados mediante inteligencia artificial. En webs como Trustpilot, además, multitud de clientes se quejan de esas malas prácticas en las falsas páginas de citas y de cómo han perdido dinero a través de las mismas, algunos incluso señalando directamente a Romagosa y acusándolo de "estafador".

Pero el aviso legal de los sitios no lo identifica solo a él. También suele dirigir a Salamandra Web SL, empresa radicada en Barcelona a la que pertenecen la mayoría de las webs. Aun así, el entramado es más complejo y cuenta con más compañías en España, Francia, Canadá o Hong Kong. El resto de webs pertenecen a estas otras sociedades. Todas ellas forman parte de un mismo grupo corporativo controlado por un empresario francés llamado René Carrillo.

En el caso de Salamandra Web SL, esta pertenece en un 98% a Carrillo y el 2% restante corresponde a Juan Romagosa. Según las últimas cuentas presentadas ante el registro mercantil, la sociedad facturó 3,7 millones de euros en 2024 y solo contaba con un trabajador.

A pesar de que como entidad con licencia de la ACPR, CentralPay está sujeta a estrictas obligaciones de cumplimiento normativo, los clientes del proveedor de pagos muestran multitud de conductas dudosas. La propia CentralPay tenía constancia de que varios de ellos eran "de alto riesgo".

Este tipo de comercios, como las webs de pornografía o citas, se clasifican en esa categoría por parte de las compañías de tarjetas de crédito debido a su actividad, más propensa a riesgo de fraude o blanqueo de capitales. Aun así, estos negocios son especialmente lucrativos para las empresas a través de las que operan. Eso sí, tienen un alto porcentaje de devoluciones de cargos por parte de clientes —tasa de chargeback—.

La política de CentralPay, sobre el papel, consiste en excluir a los comercios cuyas operaciones generan más de un 1% de devoluciones. Sin embargo, un documento interno indica que CentralPay mantuvo como clientes a varias empresas que superaban regularmente ese umbral, entre ellas las falsas webs de citas de Barcelona.

Una alta tasa de chargeback supone un indicador de posible mala praxis. Además, entre los clientes de CentralPay también se daba el pago de elevadas comisiones, otro indicador de posible fraude.

Un comerciante electrónico necesita un proveedor de pagos para recibir las transacciones de su negocio. La empresa que le presta esos servicios cobra generalmente menos del 5% de comisión por cada pago procesado. Uno de los clientes de CentralPay ha explicado para esta investigación que la empresa francesa le cobraba al menos el 20% del importe de cada operación.

Guillaume Ponsard, presidente y accionista mayoritario de la empresa francesa, ha declinado responder a las consultas que se le hicieron llegar. Su única respuesta ha sido que CentralPay cumple sus obligaciones legales y reglamentarias y que "rechaza cualquier insinuación de que tolera conductas fraudulentas por motivos de rentabilidad".

A pesar de lo afirmado por Ponsard, esta investigación ha identificado distintos clientes sospechosos entre la cartera de CentralPay. En Rumanía, por ejemplo, opera también una red de webs falsas de citas. 

De hecho, las investigaciones de EIC, Mediapart e infoLibre en los últimos tiempos muestran no solo cómo el sector de pagos online está teniendo continuos problemas con clientes de dudosa legalidad o reputación. Sino también cómo esquemas concretos como falsas webs de citas sirven para ganar dinero rápido y al margen de las autoridades. infoLibre ya reveló un esquema de este tipo con multitud de empresas pantalla radicadas en Mallorca que operaban con Worldline y parecían esconder un caso de blanqueo de capitales.

Entre los clientes de CentralPay también ha habido estafas relacionadas con videojuegos, páginas que vendían seguidores falsos en redes sociales o webs francesas que vendían semillas de cannabis ilegales en el país galo.

La prefectura de Gironda ha ordenado “la evacuación progresiva de toda la península de la bahía de Arcachon, pueblo a pueblo, desde Claouey hasta la punta de Cap-Ferret”, en un comunicado difundido el viernes 24 de julio, hacia las 8 de la mañana. El esfuerzo de los bomberos no ha logrado contener el incendio, que desde el miércoles ha arrasado más de 10.000 hectáreas y ha provocado la evacuación de más de 40.000 personas.

En el municipio de Lège-Cap-Ferret, el cielo ha adquirido el tono ocre de los grandes incendios. El sol no es más que una bola rojiza. El jueves, una excavadora araña el suelo arenoso y abre un contrafuego al pie de los pinares. Una veintena de bomberos mojan los árboles, desde las copas hasta las raíces. Esa será su efímera línea de frente: una franja de tierra empapada de unos cien metros, en el límite de la urbanización de Les Chanterelles, al noroeste de la ciudad.

Una columna de humo negro anuncia que el incendio está muy cerca. El fuego ruge, impulsado por los vientos cambiantes. “Viene directo hacia nosotros”, advierte un bombero. Según el último balance de la prefectura, hay 800 bomberos movilizados en esta zona tan turística de Gironda. En el departamento vecino de las Landas, han ardido unas 2.500 hectáreas y se ha evacuado a más de 25.000 personas.

En Les Chanterelles, los pinos se incendian uno a uno como cerillas. Todo el bosque arde a pocos pasos de las viviendas. Pero los bomberos con las mangueras aguantan el tipo.

El aire está saturado de gases irrespirables. Pronto entra en acción la segunda línea: una multitud de hombres vestidos de rojo trabaja entre las furgonetas aparcadas en el callejón, antes de desaparecer entre el humo, mientras van llegando más vehículos para salvar lo que se pueda. Han acudido desde toda la zona suroeste y más allá: de los Pirineos Orientales, de Charente-Maritime, de Loira-Atlántico e incluso de la región parisina.

Pero el viento les lleva ventaja. Las chispas han sobrepasado a los camiones-cisterna que bordean todo el barrio.

Las aproximadamente quince casas que forman esta punta avanzada del municipio de Lège-Cap-Ferret se ven alcanzadas por las llamas. Un seto aquí; una caseta allá. A lo lejos se oyen botellas de gas explotar.

Tras media hora infernal, llega la tregua. “Menos mal que habéis vuelto, porque no habríamos aguantado”, le dice un voluntario de la zona a uno de sus compañeros. El fuego se ha detenido en seco, a unos treinta metros de las viviendas.

Muchos de los que están aquí vivieron el gigantesco incendio del verano de 2022, cuando quedaron reducidas a cenizas más de 30.000 hectáreas. “Luché contra el de Landiras: los retrovisores del camión se derritieron, la junta de mi casco se derritió”, recuerda un bombero.

Entonces, ¿podemos comparar ese infierno con el fuego que amenaza a Lège-Cap-Ferret? “Ahora mismo es complicado detenerlo porque no para de saltar”, confiesa el bombero voluntario. “El problema es que aquí hay muchas parcelas boscosas”.

Toda la ciudad está rodeada de bosques. Y, por todas partes, la sequía ha preparado el terreno para el incendio. El suelo está cubierto de hojas secas, como en pleno otoño.

Negruzco y humeante, el pinar está ahora irreconocible. Los gritos de los bomberos, enzarzados en una carrera contra las llamas, han sustituido al canto de las cigarras. Las aves rapaces, desorientadas, siguen volando en círculos entre la niebla.

El incendio ya ha pasado, pero todo acaba de empezar. Aún hay que apagar las columnas de humo, pero ya empieza a escasear el agua. “Ahí hay una piscina”, señala Édouard, tapando nariz y boca con un paño de cocina. Junto a otros tres vecinos, ha decidido echar una mano a los equipos de rescate.

La mayoría de las casas del barrio fueron evacuadas la noche anterior. “Los bomberos pasaron una primera vez para decirnos que preparáramos nuestras cosas, y luego nos fuimos hacia las 2:30 de la madrugada”, cuenta David, cuya familia se ha ido a casa de los suegros. Después mojó las paredes de lu casa como ha podido para frenar las llamas.

Durante todo el día, los vecinos evacuados han intentado mantenerse lo más cerca posible, esperando a que las autoridades les dieran permiso para volver a sus casas. Es el caso de Mattéo y Naomie, una pareja de veintitantos años. “¿Podremos ir a dormir a casa? ¿Podremos siquiera dormir?”, se pregunta entonces la joven, mientras los aviones Dash y Air Tractor lanzan agua y retardante para contener las llamas. “Ya de por sí, esta noche ha sido complicada… “

Y cuanto más avanzaba el día, más complicado parecía su regreso. A última hora de la tarde, el incendio se había extendido hacia el norte y el este.

Según un balance de la prefectura, al menos seis viviendas han sido devoradas por las llamas. En una de ellas, un bombero resultó herido por la explosión de una bombona de gas. “La situación no es favorable”, estimaba hacia las 18:00 horas el alcalde de Lège-Cap-Ferret, Philippe de Gonneville, durante una rueda de prensa. Y advertía: “La situación puede cambiar rápidamente.”

Las calles se van vaciando a medida que un espeso humo negro invade la ciudad. Al caer la noche, solo unas pocas luces delatan la presencia de vecinos que permanecen confinados en sus casas. Mientras el campanario de la iglesia da las 10 de la noche, Lège-Cap-Ferret parece sumida en una noche de angustia.

En la carretera D106, al este, unos cincuenta vecinos del pueblo vecino, Arès, se enfrentan a un horizonte en llamas. Las furgonetas de los bomberos salen del pinar a toda velocidad. “Podéis quedaros ahí por ahora”, ordena un socorrista con casco, entre los ánimos de la multitud. “Pero si el viento cambia de dirección, id rápidamente a refugiaros. Esto puede ir muy muy rápido.”

Serge observa la escena, contrariado. “Pensábamos que se iba a calmar, pero está empeorando…” Tras diecisiete años a orillas de la bahía de Arcachon, este jubilado ve cómo los veranos se suceden y se parecen entre sí: “Hace tanto calor que basta un pequeño destello para que todo se incendie”.

En 2022, durante los grandes incendios que arrasaron la Gironda, se logró detener las llamas a unos veinte metros de allí, junto a la D106. Cuatro años después, la vegetación apenas empezaba a renacer de sus cenizas.

Traducción de Miguel López

”Falso”, “escandaloso”, exclamó el primer ministro Sébastien Lecornu el 30 de junio en la Asamblea Nacional. Respondía así a la líder de los Ecologistas, Cyrielle Chatelain, quien había mencionado la cifra de 10.000 fallecidos a causa de la ola de calor que azotó Francia en el mes de junio. Desde entonces, las cifras se van conociendo poco a poco y muestran que, a la larga, no estaremos lejos de esa cifra, o incluso la superaremos.

La agencia Santé publique France acaba de comunicar este miércoles un balance de “5.764 muertes de más por todas las causas”, durante el periodo comprendido entre el 17 de junio y el 2 de julio de 2026. Estos datos aún no están del todo “consolidados”, pero “el cálculo es bastante fiable”, según el Ministerio de Sanidad. Sin embargo, ya se sabe que estos primeros datos solo representan una parte de las muertes causadas por la ola de calor.

Aunque en este momento se han registrado más de 5.000 fallecimientos, a medida que se realice un análisis más preciso de las causas de las demás muertes ocurridas durante ese periodo, se irán sumando más. Por ejemplo, en el verano de 2025, que fue el tercero más caluroso desde 1900, Santé publique France registró 1.000 muertes de más, pero la agencia estima que “más de 5.700 fallecimientos son atribuibles a la exposición de la población al calor”.

Una cosa es segura, según Kévin Jean, epidemiólogo de la Escuela Nacional Superior y especialista en los vínculos entre salud, medio ambiente y clima: “Esta ola de calor de junio ha sido un fenómeno excepcional, todo el mundo se ha dado cuenta. Las cifras permiten medir su magnitud y reconocer que ha habido víctimas. Si otra catástrofe natural hubiera causado más de 5.000 fallecimientos, se habría guardado un minuto de silencio o se habría declarado luto nacional”.

Por otra parte, dado que las olas de calor vienen una tras otra, también tienen efectos acumulativos que “debilitan a las personas que ya están enfermas, especialmente a los enfermos crónicos”, explica Kévin Jean.

El aumento de muertes es especialmente acusado en las viviendas (ver el gráfico a continuación), mucho más que en los centros sanitarios. Las residencias de ancianos parecen haber logrado proteger a sus residentes. “Como mínimo, el 70 % de la mortalidad durante las olas de calor podría atribuirse a la exposición al calor en las viviendas”, estima Basile Chaix, epidemiólogo del Inserm y especialista en los efectos del medio ambiente sobre la salud. “Esto explica la magnitud de la mortalidad a pesar de los esfuerzos de reverdecimiento en las ciudades, la apertura de salas climatizadas, etc. Es un aspecto sobre el que tenemos menos control y que es desigual en todos los sentidos: el aislamiento o la orientación de la vivienda, la capacidad de equiparse para protegerse de los rayos del sol, la presencia de aire acondicionado…”

La región más afectada es Isla de Francia (+81,2 % de fallecimientos), por delante de Centro-Valle del Loira (+62,6 %) y País del Loira (+55,2 %). Y es que París y sus alrededores constituyen una inmensa isla de calor urbano, subraya de nuevo Basile Chaix: “Un estudio publicado en The Lancet comparó los efectos del calor sobre la mortalidad en 854 ciudades de 30 países. París es la ciudad donde estos efectos son más importantes. En los momentos de mayor calor, en París hay 8 °C más.”

Otro dato llamativo: se ha registrado un exceso de muertes en todos los grupos de edad, a partir de los 15 años. Es del 29,6 % entre los 15 y los 44 años, y llega incluso al 55,4 % entre los 45 y los 64 años. Este aumento es, sorprendentemente, menos acusado entre los mayores de 75 años (+33,3 %). Pero en cifras absolutas, se han registrado 3.719 muertes adicionales entre los mayores de 75 años, lo que supone dos tercios del balance provisional total de fallecidos por la ola de calor de junio.

Para Kévin Jean, este episodio ha puesto de manifiesto “la falta de adaptación de los edificios al calor, en particular de los hospitales y los centros educativos. Al igual que durante la pandemia del covid-19, se cerraron colegios y se vieron afectados los exámenes. Nos damos cuenta de que incluso los jóvenes son vulnerables”.

En términos más generales, el epidemiólogo considera “indecentes” los mensajes de salud pública difundidos por el Gobierno: “Prácticamente el único mensaje era ‘Hidrátense’. En la comunidad científica, también nos escandalizaron las declaraciones de Emmanuel Macron, que defendió ‘el gran trabajo’ del Gobierno en materia de adaptación”.

Las personas aisladas en sus hogares han sido las más afectadas. Kévin Jean lamenta la insuficiente comunicación por parte de las autoridades: “Habría sido necesario hacer ingeniería social: trabajar en eslóganes y campañas que animaran de verdad a preguntar por los vecinos.”

Santé publique France tiene esas competencias en materia de “promoción de la salud”, para transmitir los mensajes adecuados a través de los canales adecuados a las personas adecuadas. Sin embargo, la agencia está en proceso de desmantelamiento y el Gobierno quiere precisamente privarla de sus funciones de comunicación. En junio, incluso se le impidió poner en marcha su campaña de prevención ante las olas de calor.

Traducción de Miguel López

El texto ha sido aprobado in extremis. Francia se convertirá en el primer país europeo, y el segundo del mundo después de Australia, en prohibir las redes sociales a una parte de los menores. El 21 de julio, último día de sesión antes de las vacaciones parlamentarias, el Senado y, posteriormente, la Asamblea Nacional aprobaron definitivamente el proyecto de ley denominado “mayoría digital”, que prohíbe el acceso de los menores de 15 años a TikTok, Instagram o X.

Se ha conseguido satisfacer justo a tiempo a Emmanuel Macron, quien en enero había fijado un calendario muy ajustado, con la intención de que la medida se aplicara a partir del 1 de septiembre para los nuevos usuarios de las plataformas, aplazándose el plazo hasta el 1 de enero de 2027 para quienes ya estuvieran registrados. El texto, que también prevé la prohibición de los teléfonos móviles en el instituto a partir del próximo curso, se limita a enunciar la norma, pero no prevé ninguna sanción.

“Francia marca el camino en Europa”, dijo toda ufana la ministra delegada de Digitalización, Anne Le Hénanff, en el hemiciclo del Senado, poco antes de la aprobación del texto. Según ella, este “concretiza una idea firme y una evidencia que hoy se impone plenamente a todos […] : debemos actuar sin demora para proteger a nuestros hijos”. La ministra dijo que guardaba  “un pensamiento especial” para las familias “que se han visto destrozadas” por las redes sociales, en alusión a los suicidios de adolescentes cuyo malestar, según sus padres, se vio alimentado por las plataformas.

El Senado aprobó la propuesta de ley con 243 votos a favor y solo 2 en contra. En la Asamblea, los parlamentarios la aprobaron con 279 votos a favor y 81 en contra: La Francia Insumisa votó en contra y el Partido Socialista se abstuvo. El texto prevé excepciones a la prohibición de las redes sociales para las “enciclopedias en línea” y los “proyectos digitales con fines educativos”.

“Es un gran avance. Francia abre el camino en Europa para la protección de nuestros niños y adolescentes. Seguimos adelante”, se congratuló Emmanuel Macron en un vídeo publicado en Instagram y X poco después de la aprobación.

La incertidumbre era mínima desde el día anterior, tras el resultado positivo, en apenas dos horas, de la comisión mixta paritaria (CMP), encargada de alcanzar un acuerdo entre diputados y senadores. Esta votación pone fin a seis meses de acalorados debates entre las dos cámaras sobre la mejor manera de “proteger a los menores de los riesgos a los que les expone el uso de las redes sociales”, por retomar el título de la propuesta de ley.

Los parlamentarios se mostraban divididos principalmente en torno a la cuestión de si establecer o no una lista que prohibiera expresamente determinados sitios web y aplicaciones, y que sometiera el uso de las demás redes a la autorización parental. Esa era la posición que mantuvieron contra viento y marea tanto el Senado como la ponente del texto en esa cámara, la centrista Catherine Morin-Desailly.

Esta se basaba, en particular, en un dictamen emitido a mediados de enero por el Consejo de Estado, en el que se consideraba que la prohibición total de todas las redes planteaba riesgos de inconstitucionalidad debido a la desproporcionalidad de la medida.

Por su parte, en la Asamblea, la ponente macronista Laure Miller, que había negociado cada coma del texto con el Gobierno, defendía la versión más amplia de la prohibición general. Y es que la Comisión Europea estaba muy atenta, al considerar que cualquier mención más precisa significaría imponer nuevas obligaciones a las plataformas, lo cual es ilegal, ya que dichas obligaciones están definidas por una directiva europea para toda la Unión Europea (UE).

En un firme “dictamen exhaustivo”, acompañado de varias observaciones, la Comisión reiteró su posición el 7 de julio. El ejecutivo europeo recordaba la importancia de “reducir al mínimo la fragmentación de los sistemas nacionales, que podría generar inseguridad jurídica o debilitar la aplicación de las normas”.

En este caso, consideró que el establecimiento de un sistema de dos velocidades conllevaría nuevas “obligaciones en materia de verificación de la edad y de consentimiento parental”. Algo que preocupa enormemente al ejecutivo, ya que el gabinete de Anne Le Hénanff no oculta su convicción de que elaborar una lista infringiría el Derecho europeo.

Mantener este principio “habría requerido nuevas idas y venidas, ya que la definición de los criterios de designación corría el riesgo de chocar con el Derecho europeo”, reconoció ante Contexte Laurent Lafon, presidente centrista de la Comisión de Cultura del Senado.

La CMP también permitió eliminar del texto toda mención a la Autoridad Reguladora de la Comunicación Audiovisual y Digital (Arcom), ya que suponía “una duplicación” con el Reglamento sobre los servicios digitales (DSA) adoptado por la Comisión Europea, tal y como se señalaba en el dictamen exhaustivo.

Oportunamente, tal y como reveló Contexte, el presidente del Consejo de Estado, Marc Guillaume, que asumió el cargo en mayo, se ha tomado la libertad de enviar una carta a los parlamentarios en la que modifica la postura de su institución, al considerar ahora que “el sistema de clasificación de las redes sociales mediante listas” podría “enfrentarse a dificultades de aplicación a la hora de identificar criterios que no se consideren contrarios a la normativa europea”.

Antes de la votación en el Senado, Catherine Morin-Desailly volvió a dar a entender su preferencia por la lista, pero aceptó sumarse a la postura del Gobierno, pero recordando desde la tribuna el riesgo “de incumplimiento de la Constitución, señalado en dos ocasiones por el Consejo de Estado, a pesar de lo que hoy parece decir su nuevo vicepresidente”.

“Todo se decidió entre bastidores: el Senado ha dado marcha atrás porque el Gobierno prometió a Catherine Morin-Desailly que su propio texto se examinaría en otoño”, comenta un miembro de la CMP. En efecto, la senadora había presentado una propuesta de ley similar, sobre la exposición de los niños a las pantallas, aprobada en primera lectura en el Senado en diciembre. Una vez eliminada la parte relativa a la prohibición de las redes sociales, podría examinarse próximamente.

Persisten las dudas en otros ámbitos. Por parte de La Francia Insumisa (LFI), el diputado Louis Boyard sigue dudando de la constitucionalidad de la solución elegida y le preocupa el “fin del anonimato en Internet” que esta provocaría. Y es que la prohibición requiere la implantación de sistemas seguros de verificación de la edad, que no son fáciles de poner en marcha.

Poco antes de la votación, Anne le Hénanff aseguró ante la Asociación de la Prensa Ministerial que “las herramientas de verificación de la edad existen”, citando a France Identité, Docaposte (una filial de La Poste) y diversas soluciones privadas; las plataformas deberán ofrecer al menos dos soluciones distintas.

La ministra recordó que ya se utilizan mecanismos de verificación para limitar el acceso de los menores a los sitios web pornográficos. Sin embargo, no explicó cómo todas las redes sociales podrían implementar estas soluciones en unas pocas semanas para todos los usuarios de Francia.

“Todavía hay mucha vaguedad en cuanto a las modalidades de control de edad”, lamenta ante Mediapart el diputado socialista Arthur Delaporte, quien presidió en 2025 los trabajos de la comisión de investigación parlamentaria sobre los efectos psicológicos de TikTok. “Quizá las plataformas más grandes cuenten con ingenieros para aplicar las nuevas disposiciones de aquí a principios de septiembre, pero nunca será el caso para todos los sitios afectados”, explica. “El Gobierno asegura que será flexible en estos casos concretos, pero no lo veo indicado en ninguna parte de la ley.”

El diputado lamenta, además, que no estén contempladas en la ley las funcionalidades similares a las de las redes sociales de WhatsApp (con las pestañas “Actualidad”, que pueden actuar como canales de contenido) o los comentarios de YouTube.

En definitiva, ¿cuáles serán las consecuencias concretas del texto ya aprobado, que aún debe ser examinado por el Consejo Constitucional? Serán mínimas, si damos crédito a la Comisión de Cultura del Senado, que, en un comunicado del 20 de julio, le atribuye “un alcance normativo limitado”.”La propuesta de ley, con la redacción aprobada hoy, constituye esencialmente un elemento simbólico más y un acicate para que la Comisión Europea lleve a buen término la labor que ha emprendido”, asegura el comunicado.

De hecho, Bruselas está trabajando intensamente en el tema, pero sin sumarse a las posiciones de Emmanuel Macron. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, considera ahora que es necesario establecer un acceso “progresivo y gradual” de los niños y adolescentes a las plataformas.

Sin embargo, el 13 de julio, el comité de expertos al que había encargado elaborar propuestas sobre el tema se limitó a sugerir la prohibición de las redes sociales y otros servicios en línea —incluidos los servicios de inteligencia artificial generativa— para los menores de 13 años.

Tal y como ya prevén las normas europeas —aunque no se apliquen—, los expertos también han pedido que se obligue a las plataformas a eliminar sus funciones más adictivas, como el desplazamiento vertical (scroll) infinito. El 10 de julio, la Comisión inició los procedimientos para obligar a Meta, propietaria de Instagram, Meta (antes Facebook) y WhatsApp, a cumplir esta norma, tal y como hizo en enero con TikTok.

Traducción de Miguel López

A veces, es precisamente en lo insignificante donde se esconden las lecciones más importantes. En medio de la indiferencia general, el presidente Macron publicó el viernes 10 de julio la carta de una “misión sobre el futuro del modelo social francés” encomendada a cuatro “expertos”.

Nadie le ha pedido nada. Se trata de una decisión personal de un presidente que ya no cuenta ni con mayoría parlamentaria ni con apoyo popular. Pero es una decisión que no es neutra y que dice mucho de su concepción de la democracia.

Tradicionalmente, los presidentes que han quedado inelegibles al agotar sus mandatos se muestran discretos durante la campaña presidencial. François Mitterrand en 1995 o Jacques Chirac en 2007 apenas participaron activamente en los debates electorales y prefirieron cuidar, mediante actitudes de sabiduría, su imagen para la posteridad.

Esta carta por encargo viene a confirmar lo que ya se sospechaba: Emmanuel Macron pretende desempeñar un papel directo en esta campaña y con un objetivo claro, que encarna la única coherencia de sus diez años de mandato: la destrucción del Estado del bienestar.

De hecho, el informe deberá entregarse “de aquí a finales de año” y versará, en particular, sobre la financiación del sistema de pensiones, un tema que, tres años después de la última reforma, ya ocupa un lugar central en los proyectos propuestos por los candidatos, tanto los que ya se han presentado oficialmente como los que aún no lo han hecho.

En diciembre de 2026 dará comienzo la campaña para las elecciones presidenciales: para entonces se conocerán las principales candidaturas y los proyectos de cada uno y cada una estarán en fase de finalización. Por lo tanto, la publicación de un informe de este tipo en ese momento no es neutra.

Al contrario, Macron pretende, con este documento que él presenta como una “elaboración de expertos”, definir “escenarios” capaces de describir lo que es posible y lo que no lo es. En otras palabras, su objetivo es marcar, mediante una aparente racionalidad, el debate público.

Pero hay un vicio oculto en este bonito edificio: este marco de teoría científica es producto de la ideología del presidente saliente.

La economía no es una ciencia exacta, ni siquiera una ciencia humana, sino una disciplina política en gran medida descriptiva. Su previsibilidad es, por tanto, perfecta porque su discurso es circular: la ideología de los expertos garantiza la publicación de un informe a medida para justificar la ideología de quienes los han nombrado.

La carta por encargo es una pequeña joya de esta tautología ideológica: el objetivo de la misión es “esclarecer el debate público” sobre “el equilibrio que hay que encontrar entre la preservación de nuestra competitividad, el refuerzo del poder adquisitivo derivado del trabajo y la financiación de las necesidades de nuestro sistema de protección social”. En este sentido, el texto excluye de entrada cualquier reflexión ambiciosa al subordinar las necesidades sociales a las del capital.

Presenta la financiación del Estado social como un parásito de la vida económica, que actúa como un depredador de los beneficios y de los ingresos del trabajo. Y, con ello, opone el interés del ciudadano al del consumidor. En resumen, plantea la destrucción del Estado social como una condición para el buen funcionamiento de la economía francesa.

Los cuatro expertos que deberán avalar esta ideología tienen el perfil ideal para esta tarea. El economista Hippolyte d’Albis es miembro del Círculo de Economistas, el club del pensamiento neoliberal francés. Le acompañará la también economista Alexandra Roulet, exasesora de Emmanuel Macron y de (la exprimera ministra) Élisabeth Borne desde junio de 2022 hasta septiembre de 2023, es decir, precisamente en el momento del debate sobre la última reforma de las pensiones.

Alexandra Roulet trabajaba, sin duda, codo con codo con Marianne Kermoal-Berthomé, también asesora de Élisabeth Borne en esa misma época. Por último, Pierre Ricordeau representará a la Caja de Amortización de la Deuda Social (Cades), que preside, y cuya función principal es adaptar el modelo social francés a los deseos de los mercados financieros.

Este cuarteto, formado sin duda por mentes brillantes, es también la garantía de que las soluciones se mantendrán dentro de un marco muy aceptable para el Elíseo y, en términos más generales, para los capitalistas franceses. Las soluciones propuestas serán, por tanto, las de una clase cuyos intereses representa Macron desde 2017.

Y es que, al intentar “esclarecer el debate”” de esta forma sesgada, el presidente de la República confirma tanto el núcleo de su acción política como su concepción de la democracia. Desde su llegada al poder, se ha empeñado en defender los intereses del capital desmantelando las protecciones sociales.

Ya en otoño de 2017, las ordenanzas de Macron completaron las reformas del mercado laboral del mandato de Hollande. Con los presupuestos de 2018 se puso en marcha una importante reforma fiscal, que reducía al 30 % la tributación sobre el capital, mientras que el impuesto sobre los ingresos del trabajo puede llegar hasta el 45 %.

Esto vino acompañado de una presión creciente sobre el sistema social. Además de la austeridad en el ámbito de la sanidad, se suprimieron las cotizaciones por enfermedad y desempleo de los trabajadores por cuenta ajena en nombre del “poder adquisitivo”, pero, al hacerlo, la financiación de la Seguridad Social depende ahora exclusivamente del Estado y de las empresas, lo que, bajo el mandato de Emmanuel Macron, representa las dos caras de un mismo poder.

No es de extrañar, pues, que el seguro de desempleo haya sufrido, a partir de 2021, una larga serie de reformas destinadas a reducir los derechos de los desempleados. Paralelamente, la austeridad regresaba al sector sanitario tras la pandemia del covid-19.

Luego llegó el momento de las reformas de las pensiones. Emmanuel Macron impuso dos. La primera, la “pensión por puntos”, que permitía ajustar los ingresos de los jubilados al equilibrio del sistema, fue abandonada durante la crisis sanitaria. Pero, tres años después, Emmanuel Macron volvió a la carga e impuso una reforma paramétrica que retrasaba la edad legal de jubilación a los 64 años.

Todas esas políticas pueden ocultarse tras buenas intenciones y la voluntad declarada de “salvaguardar nuestro modelo social”. Pero, en realidad, se trata de generar margen de maniobra para apoyar al capital mediante recortes de impuestos a las empresas, que han continuado al mismo tiempo que se han ido desarrollando diversas ayudas estatales al capital.

Así, la destrucción del Estado social por parte de Macron es el reflejo del desarrollo del “Estado-capital”, encargado de garantizar la tasa de beneficio.

El marco definido por la carta publicada el 9 de julio es la traducción literal de esta política y no tiene más objetivo que justificar la continuación, tras las elecciones presidenciales de 2027, de la política defendida durante diez años por Macron.

La ambición de la misión es, por tanto, clara: seguir identificando la política razonable y “científica” con la que defiende los intereses del capital. Y, al hacerlo, reducir el ámbito de la democracia, es decir, enmarcar la elección democrática dentro de esa atadura económica. Así se entiende perfectamente por qué era necesario disponer de ese informe para “esclarecer” la campaña presidencial.

Y es que, para Emmanuel Macron, la democracia nunca debe ser un obstáculo para su ideología económica. Sus dos lustros en el poder lo demuestran de forma contundente. Las manifestaciones contra las reformas que ha llevado a cabo fueron ignoradas con desprecio, al igual que las reservas de los parlamentarios.

Así lo demuestran las dos aprobaciones, mediante el artículo 49.3 de la Constitución, de las reformas de las pensiones. El uso de ese artículo en marzo de 2023 fue una bofetada para los cientos de miles de personas que se habían movilizado contra esa ley en toda Francia.

Pero el de 2020 es aún más revelador. El 29 de febrero de 2020, la covid-19 comienza a propagarse en Francia y ya ha causado numerosas víctimas mortales en Italia. Se convoca un Consejo de Ministros extraordinario, al término del cual el entonces primer ministro, Édouard Philippe, anuncia en la Asamblea el recurso al artículo 49.3 para la aprobación de la reforma de las pensiones. Un 49.3 de conveniencia, cuyo objetivo no era aprobar el texto (el Gobierno contaba entonces con una cómoda mayoría parlamentaria), sino acelerar el procedimiento para reducir los debates.

Ese es el concepto de democracia de los “centristas” estilo Emmanuel Macron: ningún obstáculo puede no solo impedir, sino ni siquiera frenar las políticas económicas que él ha elegido. E incluso cuando se ve obligado a tener en cuenta la calle, como ocurrió con la revuelta de los Chalecos Amarillos, nunca se plantea dar marcha atrás ni frenar el ritmo de destrucción del Estado del bienestar.

Emmanuel Macron ha cambiado a menudo de opinión, durante sus dos mandatos, sobre numerosos temas, pero nunca sobre el núcleo de su proyecto: el apoyo a la tasa de beneficios del capital francés mediante la represión social.

Incluso cuando, como ocurre desde 2024, ya no cuenta con mayoría parlamentaria ni con mucho margen de maniobra, Macron se esfuerza, mediante el nombramiento de primeros ministros afines a su ideología, por consagrar y afianzar esta política. Sean cuales sean las circunstancias.

Así, el Gobierno de Lecornu ya ha congelado este año, cerca de 11.000 millones de euros en créditos, sobre todo en la Seguridad Social. Estas medidas se aplican sin pasar por el Parlamento, gracias a decretos adoptados con total autonomía. En cuanto al presupuesto de 2027, que sin duda se revisará tras las elecciones, también promete una austeridad severa en lo social.

Según el “extracto” revelado el jueves 16 de julio por Politico, es decir, según la primera fase del proceso legislativo de la ley de presupuestos, solo aumentarán en volumen los créditos destinados a Defensa, mientras que los presupuestos de Empleo y de la Seguridad Social se reducirán. Una vez más, el Gobierno nombrado por Emmanuel Macron —que solo obtiene su legitimidad de él mismo— es el que lleva las riendas y marca la pauta.

Para el presidente de la República, ninguna derrota electoral, ni manifestación ni resultado desastroso, debe impedir que se imponga su política económica. Y es que, para él, el interés del capital que caracteriza esta política está por encima de todos los demás y, en particular, los de la sociedad.

Porque esta política económica que presenta en cada intervención como un “éxito” es un desastre para el país. Su promesa de reactivar el crecimiento se traduce en un crecimiento estructuralmente estancado por debajo del 1 %. El Gobierno de Lecornu incluso ha revisado a la baja la previsión para 2026, hasta situarla en solo el 0,7 %.

Cuando la política consiste en transferir recursos del sistema social al capital para generar un crecimiento prácticamente nulo, el efecto sobre la sociedad es desastroso.

Recientemente, el Instituto Nacional de Estadística ha confirmado que la tasa de pobreza, definida como el porcentaje de personas con un nivel de vida inferior al 60 % del nivel mediano, se mantenía aún en 2024 en su nivel más alto desde 1996: el 15,4 % de la población, lo que supone 9,8 millones de personas.

Paralelamente, las desigualdades sociales se encuentran en su punto álgido, lo que refleja de forma concreta estas transferencias del trabajo al capital, mientras que los salarios reales se mantienen por debajo de su nivel de 2021. Es cierto que el nivel de vida se recuperó en 2024, pero se debe en gran parte a lo que queda de las políticas de redistribución. Es decir, lo que se perseguirá con la continuación de la política iniciada en 2017.

Un verdadero debate democrático exigiría rendir cuentas de dicha política y exploraría los medios para salir de esa lógica, en la que un crecimiento de unas décimas se paga con la destrucción de la solidaridad y de las vidas concretas de millones de franceses.

Pero Macron prefiere moldear el debate y asegurarse el control de ciertas instituciones, como el Tribunal de Cuentas y el Banco de Francia, para enmarcar las futuras decisiones en una “racionalidad” que, cada vez más, adquiere tintes de absurdo.

En realidad, al hacer ese encargo, el presidente de la República demuestra que pretende bloquear el debate económico y perpetuar su política más allá de su propia presencia en el palacio presidencial. Pero no es el único.

Los economistas ortodoxos multiplican las advertencias sobre una posible “crisis de la deuda” que afectaría a Francia si nos atreviéramos a alejarnos de los límites de su razón, como ilustra la tribuna publicada el 15 de julio por Olivier Blanchard en Le Monde.

Si la extrema derecha llega al poder, encontrará a su disposición argumentos para continuar con esta política e intensificarla. Las maniobras de Macron demuestran que el ejercicio democrático no es más que un mal necesario para el capital. Por lo tanto, es cada vez más necesario vaciar la democracia de sentido para reducirla a la elección de quienes gestionan una política desastrosa y nefasta, pero que se pretende que sea indiscutible.

Detrás del papel de defensor de los valores democráticos con el que le gusta revestirse en el extranjero, Emmanuel Macron es, ante todo, el sepulturero de la democracia francesa.

Traducción de Miguel López

The Twelfth es una fiesta unionista que se celebra en casi toda Irlanda del Norte. La comunidad protestante organiza hogueras y desfiles militares y musicales cada 12 o 13 de julio. Se trata de un evento que, en teoría, pretende ser festivo y familiar, desde que han perdido intensidad los enfrentamientos con los católicos. Este año, las celebraciones se han visto especialmente perturbadas por la aparición, mientras el desfile aún estaba en marcha en Belfast, de pintadas misóginas en el escaparate de una tienda del barrio de Sandy Row.

En ellos se mencionaba el nombre de Gisèle Pelicot, a la que se calificaba de “zorra”, así como la frase Free Dominique (Liberad a Dominique), una referencia a su exmarido, condenado a veinte años de prisión en diciembre de 2024 por haber drogado y violado a su esposa durante casi diez años y por haber reclutado por Internet a decenas de desconocidos para que la violaran mientras estaba inconsciente. También se pintaron con spray mensajes racistas en los alrededores.

Esas pintadas, que ya han sido borradas, han sido condenadas por parte de la clase política de Irlanda del Norte, tal y como informa The Irish News. “No se trata de simples pintadas. Reflejan actitudes que siguen estando demasiado extendidas y que se banalizan con demasiada frecuencia”, afirmó la diputada laborista de Belfast Claire Hanna. “Cuando la misoginia se normaliza en el espacio público, envía un mensaje a las mujeres y a las niñas sobre lo que se tolera”, prosigue. “Cuando va acompañada de insultos racistas, se convierte en un intento de intimidación dirigido a sectores enteros de nuestra comunidad. No debemos minimizarlo ni mirar hacia otro lado.”

Por su parte, el concejal del Partido Verde, Brian Smyth, declaró en una publicación en las redes sociales: “Veo que el grupo local que pretende ‘proteger a nuestras mujeres y nuestras hijas’ ha recibido la visita de nazis franceses este fin de semana.”

La prensa local destaca que se avistó en Sandy Row a activistas de extrema derecha franceses “invitados a Belfast por lealistas” unas horas antes de que se descubrieran en el barrio pintadas misóginas dirigidas a Gisèle Pelicot. “Doza”, una cuenta de X dedicada a denunciar el racismo en Irlanda, ha publicado fotos de las pintadas indicando que, según un vecino, estas eran obra de “nazis franceses”.

Hay varios indicios que los incriminan. La pintura azul usada coincide con la de otras pintadas atribuidas a esos franceses. La forma y el contenido del mensaje misógino llaman la atención: el nombre “Gisèle” está escrito correctamente con acento grave, algo difícil de saber para los angloparlantes; el término salope, escrito en francés, suele ser desconocido para la mayoría de los angloparlantes (los periodistas norirlandeses que se hicieron eco del caso admitieron que tuvieron que buscar la traducción de este insulto, que sería zorra); por último, el nombre del exmarido de Gisèle Pelicot, Dominique, apenas ha traspasado las fronteras de Francia.

Según la información recabada por The Irish News, los activistas franceses de extrema derecha habían sido invitados a Belfast por lealistas del barrio de Shankill Road. Durante el fin de semana, una web de extrema derecha vinculada a este barrio describió al grupo de “veinte patriotas franceses” como “buena compañía”. La publicación también mostraba un mural local, realizado con toda probabilidad por los visitantes franceses, en el que se leía el lema No Surrender (Sin rendición).

El domingo, el grupo francés acudió a la hoguera de Sandy Row, donde fueron grabados entonando consignas fascistas, según vídeos visionados por The Irish News. Según la información recabada por Mediapart, se trata de identitarios procedentes de los grupúsculos Les Normaux (Ruán), Les Natifs (París) y Furie française (Toulouse).

En las redes sociales, los activistas de Ruán se identifican con la etiqueta “Expats 1066”. La fecha hace referencia a la partida de Guillermo el Conquistador desde Normandía para conquistar Inglaterra. Según nuestra información, los primeros “identitarios” franceses habrían llegado en avión la tarde del viernes 10 de julio y, al menos uno de ellos, tenía previsto regresar el miércoles 15.

Durante el fin de semana, se lo pasaron en grande con la gente del lugar. Se les ve subir a una hoguera, una torre construida con palés en la que se cuelgan objetos odiados —a menudo banderas irlandesas, pero también pancartas contra la inmigración, según ha señalado la BBC— para luego prenderle fuego.

En varios vídeos, un identitario francés se divierte haciendo zoom sobre una pequeña bandera argelina colgada en la hoguera — aunque Argelia nunca ha sido motivo de preocupación para la extrema derecha norirlandesa. Hay un grafiti de un barco en llamas con exiliados a bordo hecho por un francés que lo acompaña de un mensaje hostil hacia los migrantes: Stop the invasion, stop the boats (Detengamos la invasión, detengamos los botes). No muy lejos, otra pintada proclama Sink the Boats (Hundamos los botes). Un último mensaje afirma que “Le Pen es eterno” y reproduce una llama con el logotipo del FN.

Pero desde que los políticos se han hecho eco de la polémica y la policía de Irlanda del Norte ha lanzado un llamamiento a testificar para localizar a los autores de la pintada sexista dirigida a Gisèle Pelicot, al menos tres de los “identitarios” franceses que se desplazaron hasta allí han eliminado sus fotos y vídeos relacionados con su estancia en Belfast, cuando no han borrado directamente sus cuentas.

El que más publicaciones ha compartido utiliza como nombre de usuario “Portepot”, cuyo nombre real es Paul Reaney. Es un activista muy activo desde hace más de cinco años, primero en Génération identitaire (disuelta), Argos (tapadera del grupo anterior), Les Normaux de Rouen, luego en los bretones de An Tour-Tan y, actualmente, en Les Natifs de París.

Entre unos cuantos trabajos ocasionales para ganarse la vida, "Portepot" se dedica al activismo. Y mucho. Aunque tiende a multiplicar las cuentas y las identidades, se le reconoce en numerosas acciones y manifestaciones organizadas por grupúsculos de extrema derecha en Francia y en el extranjero.

En febrero de 2026, participó junto a los Natifs en una acción en la que se rociaron con sangre falsa las oficinas de los diputados de La Francia Insumisa, con el supuesto objetivo de denunciar la responsabilidad del partido de izquierdas en la muerte de Quentin Deranque. También estuvo presente en Lyon durante la manifestación en homenaje al joven neonazi.

El 30 de mayo, Paul Reaney también fue visto en la Remigration Summit, en Oporto (Portugal), un gran encuentro de la extrema derecha europea destinado a promover la expulsión masiva de inmigrantes.

En consonancia con estas convicciones, algunos de sus mensajes en las redes sociales dejan entrever su racismo, su nostalgia por el III. Reich y su afán por las peleas. “Nada une más a los jóvenes que la violencia”, afirmaba en Twitter (ahora X) en 2022. “La de la calle es la más adecuada para forjar hombres.” Se jacta de salir siempre con un protector bucal.

“Portepot” suele publicar comentarios homófobos, así como hostiles hacia las mujeres: “No respeto a las mujeres”, “mujer = puta”, “las odio”, “las mujeres no piensan”. Todas estas declaraciones se hacen eco de los insultos pintados contra Gisèle Pelicot en Belfast.

En las redes sociales, quien a veces se define como “anarco-racista” da a entender que ha “trabajado” para la Agrupación Nacional (RN), sin precisar la naturaleza de sus funciones, ni siquiera si recibía una remuneración. Lo cierto es que, en junio de 2023, aparece en una foto de los afiliados de RN en Morbihan.

Hijo de madre bretona y padre irlandés, Paul Reaney trabaja como guía turístico y se encarga de promocionar las expediciones a Belfast. Ya había estado allí con otros “identitarios” franceses en 2024 y 2025. Y, por supuesto, también este año.

A su lado, su hermano pequeño Allan, activista de Les Normaux de Ruán; Édouard Gouraud, líder del grupúsculo normando; así como un miembro de Les Natifs que, según nuestras informaciones, fue condenado por injurias públicas tras desplegar una pancarta racista contra la cantante Aya Nakamura.

Mediapart se puso en contacto con ellos a través de diversas cuentas ocultas que pudimos atribuirles y de las cuentas oficiales de sus grupúsculos. Solo Édouard Gouraud respondió afirmando: “No soy en absoluto el autor de las pintadas señaladas por los medios de comunicación en Sandy Row. Y puedo afirmar que no proceden de ningún miembro de los grupos políticos a los que estoy afiliado.” (Versu respuesta completa en los anexos.)

Desde hace años se han estrechado los vínculos entre los activistas de extrema derecha franceses y de las islas británicas. Los irlandeses del National Party han mantenido contactos con varios grupos regionales franceses, como An Tour-Tan en Bretaña o el Red de Angers.

El 7 de junio de 2026 tuvo lugar una concentración en la plaza del Panteón de París. Se desplegó una pancarta White lives matter (Las vidas de los blancos importan» y tomaron la palabra varios portavoces de grupos identitarios y neofascistas, entre ellos Paul Reaney y Stanislas Tyl, de Les Natifs.

El tema principal fue la “remigración” y el asesinato en el Reino Unido de Henry Nowak, un joven al que la policía esposó mientras agonizaba, porque su agresor lo había acusado de racismo. Paul Reaney aprovechó la concentración para promocionar el nuevo partido de extrema derecha Restore Britain, creado unos meses antes.

A ambos lados del Canal de la Mancha, los racistas se unen en torno a su odio común hacia los migrantes. Pequeños grupos británicos, como Raise the Colours (Izad las banderas), se presentan a menudo en la costa de Nord-Pas-de-Calais para atemorizar a quienes desean llegar a Gran Bretaña.

Existen vídeos generados por inteligencia artificial que incitan a la violencia al mostrar falsos ataques a los campamentos de migrantes. En realidad, estos activistas acuden a los campamentos para interpelar a los migrantes y preguntarles por qué quieren ir a Inglaterra. Si encuentran botes que aún no están inflados, los pinchan con un cuchillo.

La figura que aglutina a los racistas británicos y franceses se llama Tommy Robinson. Este activista, condenado en varias ocasiones por la justicia británica, fundó en 2009 la English Defence League, un movimiento ultranacionalista, islamófobo y antiinmigración, conocido por organizar manifestaciones que suelen degenerar en actos violentos.

En agosto de 2025, los grupos identitarios de Ruán (Les Normaux) y de Lille (Nouvelle Droite) llevaron a cabo una acción conjunta de comunicación en una playa. Se desplegaron pancartas con los mensajes Support Tommy Robinson (Apoyemos a Tommy Robinson) y Stop the Boats (Detengamos los botes). Estos grupúsculos llamaban a sumarse a la manifestación organizada por Tommy Robinson en Londres el 13 de septiembre, donde el colectivo femonacionalista Némésis fue invitado a intervenir en el escenario. En la primavera de 2026, Les Normaux de Ruán volvieron a celebrar una conferencia dedicada a Tommy Robinson.

Estas interconexiones no han pasado desapercibidas para la Dirección General de Seguridad Interior (DGSI). En una nota, sus servicios de inteligencia subrayan que “el movimiento francés muestra su admiración y ve a su vecino del otro lado del Canal como un ejemplo a seguir”.

Al día siguiente del estrepitoso fracaso de la incursión en Romans-sur-Isère (Drôme) de unos activistas que querían vengar la muerte de Thomas Perotto en Crépol, en noviembre de 2023, uno de ellos había expresado su envidia de esos “ingleses alcohólicos que se mueven más que los franceses”. Los actos de violencia contra los migrantes en Irlanda habían electrizado a los matones franceses, dos días antes de su expedición racista.

Con motivo de los disturbios racistas en agosto de 2024 en el Reino Unido, tras la matanza de Southport en la que un adolescente galés de origen ruandés había matado a puñaladas a tres niñas, la DGSI, una vez más, constataba que “la extrema derecha francesa se mostraba muy entusiasmada con los disturbios que tenían lugar en el Reino Unido”. Según los servicios de inteligencia interior, el movimiento francés ve en la movilización de los activistas británicos “la encarnación de una revuelta legítima contra un invasor”.

Y los servicios de inteligencia interior se muestran preocupados por que tales acontecimientos hagan aparecer “un ideal de fraternidad blanca” entre los activistas británicos y franceses. “La conclusión de que los mismos males producen los mismos efectos en todas partes, difundida mediante una intensa propaganda, permite a los activistas impulsar sus ideas, en particular la de la necesidad de pasar a la acción para proteger a Occidente del genocidio blanco”, concluye la DGSI.

Traducción de Miguel López

Más de un mes después de que estallara el “caso Lyhanna”, sigue en pleno apogeo la batalla de la comunicación. Gérald Darmanin, al dar a conocer el miércoles 15 de julio el balance de la “revisión” de los procedimientos relativos a los delitos de abuso sexual contra menores —iniciada con carácter de urgencia el 8 de junio—, se otorgó a sí mismo un satisfecit muy oportuno. “Esta iniciativa permite, por primera vez, disponer de una visión consolidada de la situación”, con “resultados que demuestran la utilidad de una gestión nacional rigurosa”, se lee en un comunicado del Ministerio de Justicia. Aunque algunos magistrados habían puesto en duda la utilidad o la viabilidad de realizar dicho inventario en cinco semanas, el ministro de Justicia se alegra al “demostrar que se equivocaban”.

De entre todas las estadísticas facilitadas por las diferentes jurisdicciones, el ministro querría que el público en general recordara sobre todo esta cifra: desde el 8 de junio, se han abierto 1.350 investigaciones judiciales (es decir, se ha recurrido a un juez de instrucción) por delitos sexuales contra menores, “lo que supone un aumento del +309 %” con respecto al mismo periodo de 2025. Esto ha conllevado un aumento vertiginoso de las prisiones preventivas: han sido encarceladas 675 personas, “lo que supone un aumento del 173 %”, afirma el ministro de Justicia. En otras palabras: la lucha contra los delitos sexuales contra menores estaría experimentando una aceleración excepcional que habría que atribuirle a él.

En realidad, aunque esta “revisión de los procedimientos” es sin duda algo sin precedentes y devuelve la esperanza a miles de víctimas que ven cómo se desbloquean investigaciones preliminares que llevaban años estancadas, confirma sobre todo el carácter sistémico de las deficiencias de la justicia, así como la magnitud del trabajo que queda por realizar, sin los medios adecuados. Lejos de exculpar a Gérald Darmanin, más bien pone de relieve su responsabilidad política, así como la del ministro del Interior, Laurent Nuñez, de quien dependen los servicios de policía y gendarmería encargados de las investigaciones.

“No sé cómo vamos a poder salir de esto, es un pozo sin fondo”, confiesa una fiscal. “Este ‘minucioso’ reexamen de los procedimientos es una broma”, dice un agente de una brigada especializada, que habla de una “falta de respeto organizada”. Lo que sigue es un análisis de una “operación verdad” cuyas conclusiones son, en realidad, alarmantes y cuyos efectos secundarios resultan preocupantes.

A principios de junio, cuando Gérald Darmanin convocó a los 36 fiscales generales de Francia (superiores de los fiscales de los tribunales de apelación), cuatro días después del hallazgo del cadáver de Lyhanna, les advirtió: ni se les ocurra irse de vacaciones antes de haber revisado las “70.000” investigaciones preliminares abiertas a raíz de denuncias por abusos sexuales a menores. Esta cifra es, pues, una estimación, ya que el Ministerio de Justicia no dispone de datos concretos.

En sí misma, esta falta de estadísticas —herramienta indispensable para una política pública transparente— constituye un primer escándalo. Pero ahora surge un segundo: en realidad hay 85.047 procedimientos en curso en todo el territorio, es decir, un 21 % más de lo anunciado. “Se han descubierto 15.000 denuncias, si se me permite decirlo”, reconoció Gérald Darmanin el miércoles ante la Asamblea Nacional.

La explicación resulta impactante: muchos de los procedimientos se abrieron en comisarías y gendarmerías sin haber sido registrados nunca en fiscalía. Aunque se supone que los funcionarios que recogen las denuncias deben informar a los servicios de la fiscalía y recabar instrucciones sobre las investigaciones que deben llevarse a cabo, algunos expedientes acaban acumulando polvo sin que ningún magistrado intervenga. “Entre las cifras iniciales y las reales, tengo un aumento del 70 %”, declara, por ejemplo, un fiscal general a Mediapart.

“Una investigación puede quedarse estancada en una comisaría sin registrarse en Cassiopée [el programa informático de los magistrados —ndr], ya sea porque es compleja, porque el investigador está ausente o porque es un holgazán”, comenta. En cualquier caso, se ha constatado una dificultad de trazabilidad que ahora hay que resolver.”

Además del “impacto digital” prometido por Darmanin, este alto magistrado señala que “el primer ministro anunció [tras el caso Lyhanna] que la ley establecería un plazo máximo de tres meses para llevar a cabo ‘las diligencias de investigación esenciales’ en estos casos. Pero, a día de hoy, las fiscalías ni siquiera disponen de un programa informático de seguimiento de expedientes que les avise cuando se supere un plazo determinado”.

De los 85.000 casos registrados, han sido “revisados” 69.626, según el Ministerio, es decir, que los equipos de los fiscales han evaluado el tratamiento dado al expediente y lo han ajustado si era necesario (solicitando declaraciones o peritajes, recurriendo a un juez de instrucción, etc.). En otras palabras: en cinco semanas, no se ha podido examinar en profundidad el 12 % de los expedientes.

Al principio, “además, había cierta ambigüedad en la solicitud del ministro: ¿había que censar o tramitar los expedientes?”, se pregunta aún una fiscal. En cualquier caso, en su ámbito de competencia, no lo oculta: “Por falta de tiempo solo hemos conseguido tramitar 400 expedientes de los aproximadamente mil censados”.

Entre las sorpresas desagradables destaca estas: “La comisaría encontró veinte procedimientos urgentes que no avanzaban”. Y en el Palacio de Justicia, “un caso bastante grave para el que se había solicitado el traslado a otro tribunal llevaba varios meses bloqueado en la oficina de registro penal”, un servicio administrativo encargado del registro de los procedimientos.

A nivel nacional, se definieron así 970 expedientes como “prioritarios”, cuando los autores estaban identificados, tenían antecedentes penales y las víctimas eran siempre menores de edad.

Aunque algunos tribunales de apelación registran tasas de “revisión” del 100 % de los procedimientos censados, como los de Colmar, Douai, Nîmes o incluso Rennes, otras tienen dificultades, como es el caso de Cayenne (12,3 %), Orléans (51 %), Dijon (57,8 %) o incluso París (63,3 %).

Delitos sexuales contra menores: de los 85.047 casos pendientes a nivel nacional, se han revisado 69.616 procedimientos, lo que supone un 82 %

Datos por tribunal de apelación. Pasa el cursor por los puntos para obtener más información.

Porcentaje de procedimientos revisados

Número de casos pendientes

Mapa: Mediapart. Fuente: Ministerio de Justicia. Creado con Datawrapper

Infografía de Mediapart

Pero este inventario parcial ya pone de manifiesto un dato no muy loable: solo el 50 % de las investigaciones preliminares tienen una antigüedad inferior a doce meses, mientras que el 20 % alcanza al menos los dos años de antigüedad, sin que se haya tomado ninguna decisión sobre su tramitación (archivo, juicio, remisión a un juez de instrucción…).

Por el momento, en cualquier caso, resulta imposible predecir si la presión ejercida por el ministro dará lugar a una disminución de la tasa de archivos, o todo lo contrario.

Mientras tanto, las brigadas de menores y otros servicios especializados, que ya suelen estar desbordados, han recibido refuerzos a partir del 8 de junio para hacer frente a la situación, pero estos no siempre son los adecuados. “Cundió el pánico”, señala un fiscal general. “Han puesto a trabajar a gente de la brigada financiera. Bueno, imagino que no les han asignado los casos más complicados…”

“Para aliviar la carga de la brigada de menores, los casos de poca importancia se han encomendado a las comisarías [que cuentan con pocos funcionarios y que, por lo general, se limitan a tomar denuncias —ndr], señala una fiscal, “como los de agresiones sexuales entre menores. Pero ya están desbordados… “

En declaraciones a Mediapart, un oficial de policía judicial (OPJ), con veinte años de experiencia en investigaciones a sus espaldas, lamenta el caos que viene observando desde hace varias semanas. En la ciudad de tamaño medio que conoce bien, “se han repartido un centenar de expedientes” entre compañeros de servicios tan variados como “la brigada financiera, la brigada antidroga, la brigada de delitos contra la propiedad, el grupo de delitos graves y la brigada de policía administrativa”.

“A todos se les han asignado expedientes ‘delicados’ que deben tratar con prioridad”, subraya. “Pero es que no tienen ningún conocimiento de las particularidades de la materia. ¿Cómo va a abordar un especialista en montajes financieros o un experto en la normativa de los establecimientos de bebidas a una niña de 8 años durante un interrogatorio o cómo va a interpretar las investigaciones forenses?”

“El objetivo es dar salida a los casos acumulados. Poder decir a los magistrados que todo está bajo control. Tranquilizar a la opinión pública. Los sindicatos policiales hacen la vista gorda. Pero ¿qué hay del interés por las víctimas? ¿De la calidad del procedimiento iniciado? ¿Cuántos autores se escabullirán por las rendijas debido a que un investigador no haya sabido detectar al depredador que tenía delante?”, dice indignado el policía.

De aquí a finales de julio, Gérald Darmanin ha previsto mantener encuentros individuales con los 36 jefes de las fiscalías generales, con el fin de “identificar las dificultades locales, definir las prioridades operativas y poner en marcha los medios necesarios para acelerar de forma sostenible la tramitación de esos procedimientos”.

“Habrá que tramitar todos esos procedimientos al tiempo que se gestionan los casos que vayan llegando”, dice uno de ellos. “Pero tenemos un gran problema con el volumen de casos acumulados por parte de la policía. Habría que crear brigadas de menores con una dotación de personal adecuada. Tal y como están las cosas, ¿se están cumpliendo nuestras instrucciones? ¿Se pueden absorber los casos que llegan? Tengo mis dudas.”

Delitos sexuales contra menores: la justicia tiene 124 casos pendientes por cada 100.000 habitantes, con grandes disparidades territoriales

Tabla: Mediapart. Fuente: Ministerio de Justicia. Creada con Datawrapper

Infografía de Mediapart

“Una vez reanudados los procedimientos en las comisarías, hay que escuchar a las víctimas y a los testigos, y realizar los peritajes”, añade la fiscal ya citada. “¡Eso lleva meses, no se traduce en una detención preventiva al día siguiente! Desbloquear un smartphone de alta gama puede llevar un año. Y no podemos recurrir a un laboratorio privado porque se nos pide que no gastemos dinero”.

“No podremos hacerlo todo”, explica un fiscal general. “Lo siento, pero creo que los litigios económicos y financieros tendrán que esperar; los casos de estafa se juzgarán más lentamente. También habrá que reflexionar sobre los litigios de tráfico. Pero si mañana un conductor ebrio mata a tres jóvenes, habrá una circular y eso también se convertirá en prioritario…”

Uno de sus colegas ya se muestra irritado por la reunión que le espera con el ministro. “Sobre todo porque inicialmente estaba prevista para durar una hora y media, y ahora nos hablan de treinta minutos”, señala este alto magistrado. “¡Esto es como un haiku!”. Además de la falta de personal (tanto en la justicia como en la policía y la gendarmería), además de la necesidad de expertos (sobre todo psiquiatras), además de la falta de formación de los investigadores, él podría, por su parte, plantear un “tema propio de la policía”: “una falta de supervisión por parte de la jerarquía intermedia”. “Pero me imagino que los dos ministros volverán a hablar del tema mientras se toman un pastis…”, comenta con ironía.

Traducción de Miguel López

Mariano Rajoy ha respondido a la polémica provocada por su comentario sobre la selección francesa cargando contra el Gobierno. Tras la victoria de España por 0-2 en las semifinales del Mundial ante los galos, el expresidente ha publicado la noche de este martes una nueva columna en El Debate con la que acusa al Ejecutivo de "provocar ruido" y "distraer la atención", pero evita disculparse o matizar su afirmación de que la selección gala no tenía jugadores franceses.

Bajo el titular Hay que tener buen humor, Rajoy reprocha al Gobierno la respuesta diplomática que dio a sus palabras y agradece de forma irónica a las autoridades la atención que le han prestado durante el campeonato. "La pena es que tantos esfuerzos dedicados a glosar mis virtudes les hayan distraído de otras cuestiones", incide.

El expresidente va más allá y acusa al Ejecutivo de estar más interesado en "chivarse a un ministro extranjero" y "hacer una reverencia a un primer ministro" para "provocar ruido, distraer la atención, alborotar y todo para que no se hable de lo que estamos viviendo".

Las alusiones apuntan al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, que trasladó las disculpas del Gobierno a su homólogo francés, Jean-Noël Barrot, y a Pedro Sánchez, que durante su visita a París por el 14 de julio manifestó ante el primer ministro Sébastien Lecornu sentirse "muy avergonzado" por las palabras del expresidente.

Además, Rajoy concluye su columna devolviendo al Gobierno la exigencia de disculparse. "Ellos no piden perdón por nada. Eso, por lo visto, siempre les toca a otros”, asegura. Todo ello sin explicar qué quiso decir con su comentario y sin dirigirse a los futbolistas afectados. "Ustedes ya saben cómo soy y lo que pienso. ¡Viva España!", concluye.

Mariano Rajoy ha conseguido convertir una columna de opinión sobre el Mundial de fútbol en un conflicto diplomático, que es una manera muy suya de seguir haciendo política sin parecer del todo consciente de estar haciéndola. Escribió sobre Francia tirando de un gracejo que no tiene y ocurrió lo que pasa con los que van de graciosos: acabó tocando una fibra sensible. Ni más ni menos que quién pertenece de verdad a un territorio. A estas alturas ya sabemos todos que la camiseta nunca es sólo una camiseta, y voy a pedir perdón desde ya a algunos de los fieles de El cuarto de máquinas a quienes no les gusta este deporte, porque van ya dos columnas seguidas, pero es que Rajoy me la ha dejado botando.

En el fútbol metemos la infancia y los colores, y reímos o lloramos a la vez desde mundos muy distintos. Rajoy ha venido, supongo que sin ser consciente, a trazar una frontera racial en la selección francesa. Dijo que no había franceses en el combinado galo, cuando realmente lo que quería decir es que no había franceses como él imagina a los franceses: blancos. 

Es cierto que el fútbol organiza bien los afectos colectivos: los buenos y los peores. Nos permite reconocernos en los otros, pero también reconocer instantáneamente a quién no queremos parecernos. Y, por lo visto, también sirve ahora para identificar, por el color de su piel, a los que dejamos fuera. Rajoy no ha inventado nada, sólo ha dejado escrito, con su prosa de sobremesa y carajillo, que hay ciudadanos de primera y de segunda y que estos últimos nunca lo serán del todo si no tienen el color, el apellido o el dinero necesarios.

Lo interesante del tema es que la política en la que se desenvolvió durante décadas Mariano Rajoy siempre ha querido administrar afectos: quiénes somos, con quién y cómo debemos vivir, quién pertenece a nuestra tribu o qué heridas no conseguimos cerrar. En estos días se cumplen 29 años del asesinato de Miguel Ángel Blanco, una de esas heridas. Hay algunas emociones (públicas y compartidas) que sostienen lo mejor de una sociedad democrática. La conmoción por su asesinato fue una forma civil de ponernos frente al terror. Traigo este recuerdo aquí como ejemplo de que no todos los afectos colectivos son sospechosos. Unos nos llevan a sobrevivir a la intemperie y otros levantan muros dentro de los vestuarios. 

Pensé en esto al leer la entrevista en El País a Yuval Noah Harari, en la que el filósofo y escritor israelí explica cómo la IA podría convertirse en una gran psicópata manipuladora. Harari apunta hacia algo serio: las redes sociales se diseñaron para atraer nuestra atención y ahora las aplicaciones de IA aspiran a convertirse en compañía, a ayudarnos a gestionar nuestras emociones… a ocupar un espacio reservado a los amigos y la familia. El salto político está ahí.

Una encuesta reciente elaborada por una universidad estadounidense cifra en un 27% los internautas adultos que ya han mantenido interacciones sociales con modelos de inteligencia artificial. No estamos ante una sustitución masiva de las relaciones humanas ni ante el final de la amistad, que ya bastante fatigada llega a algunas edades como para cargarle ahora con esa épica terminal. Pero el dato basta para dejar de tratarlo como una rareza de solitarios con mucho tiempo libre. Millones de personas empiezan a usar estas herramientas para algo más íntimo que resolver una duda. 

No hace falta creer que la máquina siente para entender el negocio. Quizá precisamente porque no siente es por lo que le resulta tan fácil decirnos lo que queremos oír. No se cansa, no se ofende, no siente que le estamos contando lo mismo una y mil veces ni tiene un mal día. Tampoco la estamos interrumpiendo como si tuviera algo mejor que hacer. Está ahí siempre. Y dócil, además. ¿Qué ocurrirá cuando el consuelo se convierta en un servicio? Ojo, que conviene recordar que ese consuelo tendrá que ser rentable. Y de cómo se aprovecha la máquina de nuestras emociones tenemos ya ejemplos: el enfado se magnifica en X; del aburrimiento se encarga TikTok; la vanidad hace caja en Instagram… Amplifican el miedo porque retienen la atención, y la indignación se convierte en un espacio en el que mostrar publicidad. Esa maquinaria deterioró la convivencia democrática y estamos pagando las consecuencias. 

Una sociedad democrática está mejor preparada para discutir una mentira pública que una dependencia íntima. La mentira, ya se sabe, tiene las patas cortas. Puede investigarse y señalarse. Incluso se puede desmentir. La dependencia emocional se cocina despacio y en conversaciones privadas. Una no sale de una charla íntima con ChatGPT diciendo: “Acabo de ser persuadida por un modelo de negocio”. Sale pensando que la han entendido. Y no deberíamos menospreciar el poder de sentirse entendidos. No pretendo caricaturizar a los que buscan compañía en una máquina. Entiendo bien la necesidad de compartir las horas nocturnas con una voz amigable en medio del desvelo y las mil y una maneras en las que hace daño la soledad no deseada. Ahí es donde veo el gran peligro que se viene. Hay soledad, hay cansancio, hay vidas difíciles, hay relaciones rotas… y hay poco tiempo para el acompañamiento emocional. Si usted encuentra algún tipo de alegría en hablar con una IA, el problema nunca será su fragilidad, sino una industria entera trabajando para hacer negocio con ella.

La política debería llegar, en mi opinión, antes de que ese mercado se normalice. Antes de lo que llegó a las redes. Habrá que hablar de límites, de transparencia, de menores… de qué emociones puede simular una máquina y bajo qué condiciones. De cómo se protege a una persona vulnerable cuando la máquina que la acompaña también necesita retenerla. A ver si va a resultar que los afectos también son territorio político.

Por eso lo de Rajoy no me parece sólo una anécdota futbolera. Las emociones compartidas pueden generar comunidad, pero también pueden expulsar. Ha tocado con torpeza y prejuicio el reverso excluyente de esa materia sensible. La inteligencia artificial afectiva abre otra puerta: la de una emoción privada, solitaria y rentable. Durante años, las plataformas quisieron nuestra atención y ahora empiezan a querer nuestra confianza. Y ahí, justo ahí, debería empezar la política. 

Nos vemos a la vuelta de las vacaciones.

¿Un pequeño caso de falsificación de vino va a avivar el gran escándalo de presunta corrupción en la Legión de Honor? Un empresario ruso implicado por haber vendido botellas de contrabando en Borgoña, prestó en marzo de 2026 un testimonio potencialmente explosivo que corrobora la existencia de un tráfico de condecoraciones en los últimos años.

Esas declaraciones, que los investigadores de la Oficina Central de Lucha contra la Corrupción y los Delitos Financieros y Fiscales (OCLCIFF) tendrán que corroborar con pruebas externas, provienen de un hombre que es todo menos un denunciante irreprochable. Él mismo ni siquiera pretende serlo, ya que admite su participación en una red de falsificadores de botellas de vinos de gran calidad.

Actualmente imputado en este caso que se instruye en Dijon, tras una primera condena en un asunto similar en 2017, Aleksandr Voinovskii, de 42 años, pasó varios meses en prisión preventiva antes de señalar a antiguos miembros de su entorno.

Según sus declaraciones, varias personalidades con amplios contactos en los círculos de poder le propusieron, a lo largo de 2021, entregar importantes sumas de dinero en efectivo (que oscilaban entre 50.000 y 150.000 euros) con el fin de obtener una condecoración o un permiso de residencia. Entre las personas mencionadas por Aleksandr Voinovskii destaca Julien Renault, organizador de fiestas de alta sociedad de 48 años, cuyo nombre ya había aparecido en el escándalo.

Julien Renault, creador del fondo de dotación de la Legión de Honor, es sospechoso, entre otras cosas, de haber presentado a varios magnates franceses —con los que en ocasiones mantenía relaciones comerciales— al general Benoît Puga, gran canciller de la orden entre 2016 y 2023, con quien mantenía una relación especialmente estrecha, de la que ya había informado Mediapart.

Al ser consultado tras las declaraciones de Aleksandr Voinovskii, el intermediario francés nos confirmó que había estado en contacto con el empresario ruso, pero negó rotundamente cualquier propuesta de condecoración a cambio de dinero. “¡Nadie ha prometido nunca ninguna condecoración, nunca!”, afirma Julien Renault, explicando que, si miembros de su entorno hicieron alguna promesa, lo hicieron a sus espaldas, sin que él estuviera al corriente.

Según el testimonio de Voinovskii, confirmado en este punto por Renault, los dos se conocieron al final de la pandemia del covid-19 a través de un amigo común, el restaurador Benoît Duval-Arnould. Este último es el propietario de un elegante bistró del distrito IX de París, Le Bon Georges, al que acuden políticos y empresarios, para los que también organiza cacerías privadas en su finca de Sologne.

Según su declaración ante los investigadores, Voinovskii conoció a Benoît Duval-Arnould a través de su pasión común por el vino, antes de entablar relaciones comerciales. Contactado por Mediapart, el restaurador no ha querido darnos su versión de los hechos, a pesar de los numerosos intentos.

En 2021, Aleksandr Voinovskii iba con frecuencia a Le Bon Georges y acabó conociendo a Julien Renault durante un almuerzo en un salón reservado del local. Posteriormente, fue invitado a una de las fiestas en las que el intermediario francés reunía a la alta sociedad parisina en su impresionante mansión, situada a un paso del Arco del Triunfo.

“Nunca había visto un lugar así en mi vida. Está en pleno centro de la ciudad, con un jardín inmenso y un patio. Todo es de mármol, y tienen mayordomo”, recuerda el ruso, quien afirma haber tratado allí con varios policías que, según él, le prestaron su equipo para hacerse fotografías. Una foto a la que ha tenido acceso Mediapart muestra a Aleksandr Voinovskii vestido con un chaleco antibalas. “Esos policías conocían muy bien al propietario de la casa y hablaban mucho de la Legión de Honor y de personas cercanas al poder”, señala el empresario ruso.

Durante esa misma recepción, afirma haber visto mucha cocaína, algo que Julien Renault no niega. “Iba aparejado al alcohol, pero lo dejé todo”, declara quien, desde su salida de la Legión de Honor, ahora lleva otro fondo de dotación, el de la Guardia Republicana, a pesar de una condena en primera instancia a doce meses de prisión condicional, el 13 de noviembre de 2025, por estafa en banda organizada.

Tras su encuentro con Julien Renault, Voinovskii afirma que su amigo Benoît Duval-Arnould le animó a solicitar un permiso de residencia o una condecoración a cambio de un pago en efectivo. Algo que, según él, siempre rechazó.

La última promoción del 14 de julio de la presidencia de Macron da protagonismo a sus exministros. Como viene siendo habitual desde su llegada al Elíseo, y siguiendo en este sentido la pura tradición de sus predecesores, el jefe de Estado condecora a varios de sus fieles, ingresados en la Orden de la Legión de Honor por iniciativa del primer ministro: Paul Christophe, Olivier Klein, Patrick Mignola, Patrice Vergriete, Julien Denormandie y Fabrice Loher.

Pero la lista también incluye a tres exministros de la derecha: Jean Leonetti, Hervé Gaymard (que se vio obligado a dimitir en 2005 tras las revelaciones de Le Canard enchaîné sobre su piso de servicio de 14.400 euros al mes) y Gérard Longuet.

Este último, que fue militante del grupúsculo de extrema derecha Occident (fue condenado por actos violentos en 1967), ha hecho múltiples declaraciones en contra del matrimonio igualitario o del reconocimiento de los crímenes cometidos por Francia en Argelia.

Traducción de Miguel López

Ahora, como candidata oficial de RN, la heredera del fundador del Frente Nacional aspira a ocupar el cargo más alto del Estado solicitando el voto de aquellas y aquellos a quienes ha engañado.

Con el corte de mangas que puede dedicar a la justicia desde que el tribunal de apelación ha levantado de facto la pena de inelegibilidad a la que la había condenado el tribunal correccional el 31 de marzo de 2025, Marine Le Pen muestra su verdadero rostro, que años de estrategia de “normalización” nunca han logrado ocultar: el de una política sin escrúpulos ni principios, dispuesta, al estilo trumpiano, a instrumentalizar el Estado de derecho con fines personales para imponerse al frente del Estado, garantizándose al mismo tiempo su impunidad.

Al recurrir en casación ejerce, sin duda, un derecho legítimo al agotar las vías de recurso a su disposición. Pero, a diferencia de cualquier otro justiciable, se aprovecha de su condición de candidata presidencial, algo que la justicia ya ha tenido en cuenta al acelerar el calendario judicial y, en el caso del Tribunal de Apelación, al redactar una resolución a medida.

“No estoy jugando contrarreloj, soy una ciudadana que ejerce sus derechos”, declaró Marine Le Pen el 8 de julio en La Flèche (Sarthe). En realidad, la justicia se ha plegado a sus ambiciones. Mientras que el tribunal correccional había declarado, en primera instancia, su inelegibilidad para proteger a los ciudadanos y ciudadanas de sus actos, así como de los de su partido, el tribunal de apelación afirmó, por el contrario, querer respetar “la libertad de elección del elector, condición para la expresión del sufragio universal», a pesar de lo que se le puede reprochar.

Al negarse a reconocer la gravedad de los hechos, Marine Le Pen, con el fin de retrasar al máximo la ejecución de su condena y, en última instancia, alcanzar la “inmunidad” del Elíseo, le echa un pulso a la justicia, a riesgo de presionar las instituciones en plena campaña para las elecciones presidenciales.

La líder de la extrema derecha quiere, de hecho, hacer todo lo posible para impedir que su destino judicial quede definitivamente sellado antes de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, el 2 de mayo de 2027. “Ya no hay ningún escenario en el que no pueda presentarme en 2027”, insistió en TF1 el 7 de julio.

Tras haber tratado de acelerar el ritmo del proceso judicial, su partido pretende ahora ralentizarlo. Para ello, en una especie de maniobra obstruccionista, sus abogados pueden presentar una cuestión prioritaria de constitucionalidad (QPC) y multiplicar las solicitudes en el marco del recurso de casación. En el caso de que el Tribunal de Casación anule la sentencia del Tribunal de Apelación, el caso de los asistentes parlamentarios europeos de RN podría ser juzgado de nuevo por otro tribunal, lo que le permitiría, una vez más, ganar tiempo.

En caso de desestimación del recurso o de los recursos, se aplicaría la sentencia del tribunal de apelación y la candidata podría, en teoría, verse obligada a llevar una pulsera electrónica, lo que limitaría sus desplazamientos. Pero sus abogados podrían entonces intentar negociar una modificación del arresto domiciliario con el juez de ejecución de penas.

En cualquier caso, la candidata de RN está decidida a ignorar cualquier principio de precaución, renegando de sus declaraciones de probidad, al presentarse a las elecciones presidenciales como condenada o en espera de una sentencia definitiva. Cabe recordar que el recurso de casación no anula la sentencia del tribunal de apelación. Solo suspende sus efectos.

De esta manera, Marine Le Pen toma como rehén al calendario judicial y la campaña electoral, vinculándolos a su destino personal, lo mismo que hace en la materia la internacional de extrema derecha, desde Donald Trump hasta Benyamin Netanyahu, por citar solo a algunos.

En una entrevista por vídeo concedida recientemente a Mediapart, el magistrado siciliano Roberto Scarpinato, figura destacada en la lucha contra la corrupción y actualmente senador de la República Italiana, alertaba sobre la “mafiosización del mundo”, subrayando que “el método mafioso no se reduce simplemente a una realidad criminal, sino que constituye también una antigua forma de ejercer el poder, recurriendo a una mezcla letal de poder legal e ilegal”.

El maltrato al Estado de derecho se traduce, de manera igualmente determinante, en la poca importancia que Marine Le Pen concede a una posible condena firme, incluso antes de las elecciones. Al enfrentar a los magistrados con el pueblo, afirma que los “franceses” serían entonces los únicos “jueces”. Del pueblo a la propia candidata solo hay un paso, que su entorno se encarga de dar. “Marine Le Pen es la más indicada para saber si es inocente o culpable”, tal y como declaró su fiel partidario Jean-Philippe Tanguy, diputado por la Somme, en France Inter, al día siguiente de la condena en apelación de su jefa.

Hay que comprender lo que está en juego tras este giro: la destrucción, una tras otra, de las instituciones de control que se supone que protegen a los ciudadanos de un poder autoritario.

Con motivo de unas elecciones presidenciales que ahora se han convertido en un referéndum “a favor de la pulsera electrónica o a favor de la inmunidad de Marine Le Pen”, los votantes tienen todo el derecho a preguntarse qué uso haría de las instituciones una candidata que, una vez en el Elíseo, podría verse tentada a autoamnistiar sus delitos.

Las advertencias recogidas en la sentencia del tribunal correccional parecen ya lejanas. Para justificar la condena, la presidenta Bénédicte de Perthuis había criticado duramente “la elusión de la democracia respecto a los electores y al Parlamento Europeo” que suponía el sistema de puestos de trabajo ficticios, antes de recordar que la pena de inelegibilidad —aprobada inicialmente por los representantes de la nación— “tiene por objeto imponerse cuando los políticos se vuelven culpables de atentados contra la probidad” y comprometen “las reglas del juego democrático”.

En cuanto a la ejecución provisional de la pena, la magistrada había considerado que “la propuesta de la defensa de dejar que el pueblo soberano decida equivale a solicitar un privilegio o una inmunidad” para los candidatos. Le había llamado la atención que algunos acusados tuvieran “una construcción narrativa de la verdad” y había mencionado el “grave trastorno del orden público” que supondría la candidatura a las presidenciales o la elección de una persona condenada a una pena de inelegibilidad sin ejecución provisional.

Ante el riesgo de que una delincuente sea elegida presidenta de la República, la escasa reacción, incluso desde la izquierda, que ha suscitado la respuesta de la candidata de RN confirma la trágica ausencia de debate político sobre los atentados contra la probidad y los peligros que suponen para nuestra democracia.

Corresponde, por tanto, a la sociedad civil movilizarse para defender sus intereses, mediante artículos de opinión, caceroladas y otras formas de protesta por inventar, ya que, como cuerpo social, es la principal víctima de las agresiones infligidas al Estado de derecho.

“Todo se desmorona. El centro no puede aguantar. […] Los mejores ya no creen en nada, los peores se hinchan con el ardor de las bajas pasiones”. Hay que (re)leer estos versos del poeta irlandés William Butler Yeats para no caer en la resignación, luchar contra el agotamiento de la imaginación y mostrar vigilancia política.

Y también esta obra de teatro de Bertolt Brecht, El ascendente insuperable de Arturo Ui, para fomentar la acción colectiva:

“Pero, vosotros, levantad la vista, dejad de cotorrear / Aprended, pues, a ver, y actuad. / ¿El mundo gobernado por esta podredumbre? / Los pueblos lo han sometido pero, cuidado: / no os regocijéis demasiado pronto, la victoria no está asegurada — / ¡porque este caldo de cultivo putrefacto sigue siendo fértil!”.

El inquietante efecto de repetición que crea este texto de 1941 nos recuerda que es urgente no permitir que se privatice la campaña presidencial. Esa es la técnica de los poderes iliberales: ahogar a los ciudadanos en interminables procedimientos judiciales para sacar del debate público las cuestiones relacionadas con sus condiciones de vida. No bastará con contrarrestar la narrativa de la extrema derecha. Se espera que los candidatos y candidatas al Elíseo se pronuncien sobre la emergencia climática, la discriminación y el racismo, las desigualdades sociales, el Estado redistributivo, el acceso a la vivienda y a la sanidad o incluso la fiscalidad de los ricos.

A esta lista incompleta hay que añadir necesariamente la exigencia de probidad de elegidos y gobernantes, ya que es un requisito previo para que la población confíe en quienes toman decisiones en su nombre.

Traducción de Miguel López

Mariano Rajoy escribió el viernes en El Debate, con esa suficiencia que confunde la sorna con la inteligencia, que la selección francesa de fútbol tiene “un altísimo nivel, eso sí, sin franceses”. Siete palabras. Siete palabras que no son un desliz, no son sarcasmo, no son un piropo mal redactado a La Roja. Son la expresión más desnuda de una ideología que lleva décadas instalada en una parte de la derecha española y que, cuando baja la guardia, aflora sin filtros.

El texto de Rajoy es, ante todo, un error de hecho. De los 26 jugadores convocados por Didier Deschamps, 23 nacieron en Francia. Solo tres nacieron fuera del territorio nacional: Michael Olise, en Londres; Marcus Thuram, en Parma, mientras su padre jugaba allí; y Brice Samba, en la República Democrática del Congo. Todos son franceses. No “casi franceses”, no “franceses de papel”, no “franceses con asterisco”. Franceses.

La propia embajada de Francia en Madrid tuvo que tomarse la molestia de recordar los hechos con una precisión pasmosa: “Todos los jugadores de la selección francesa son franceses”. Una embajada explicando el diccionario a un expresidente de Gobierno. Difícilmente podría describirse mejor el nivel al que ha caído este debate.

Pero el error de hecho es solo la superficie. Lo que late debajo es algo más grave: la convicción de que la nacionalidad no es un vínculo jurídico y político —como establece cualquier ordenamiento democrático moderno, incluido el español—, sino un atributo racial, étnico o cultural que se porta en el cuerpo y se hereda en el apellido.

Cuando Rajoy escribe “sin franceses” mirando a un equipo de ciudadanos franceses cuya melanina o cuyos abuelos no cuadran con su imagen mental de lo que debe ser un “verdadero” francés, está reproduciendo exactamente el núcleo de la doctrina de la prioridad nacional: la idea de que hay ciudadanos de primera y de segunda según su origen, su color o su genealogía. No es una ocurrencia. Es una ideología con nombre, con genealogía y con consecuencias.

Esa ideología tiene una genealogía precisa. El concepto de préférence nationale —prioridad nacional— fue acuñado en Francia en la década de 1980 por el ideólogo del Frente Nacional François Duprat y sistematizado jurídicamente por Jean‑Yves Le Gallou, para ser convertido luego en columna vertebral del programa de Marine Le Pen.

La idea es simple: los ciudadanos no son iguales ante la ley en función de lo que hacen o aportan, sino en función de lo que son —de dónde vienen, cómo se llaman, qué aspecto tienen—. Aplicada al deporte, esa lógica conduce exactamente adonde llegó Rajoy: a negar la condición de “verdaderos” franceses a ciudadanos franceses porque sus padres emigraron desde África.

Este debate no es nuevo en Francia. Estalló con fuerza tras el Mundial de 1998, cuando la extrema derecha cuestionó que aquel equipo multicolor representara a la “verdadera” Francia. Se repitió en 2018. Y resurge, con una puntualidad casi perfecta, cada vez que los Bleus ganan y en el campo hay jugadores cuya presencia incomoda a quienes confunden nación con raza.

El ministro del Interior francés Laurent Núñez lo ha dicho con claridad: Francia es “una República de diversidad” en la que todo el mundo debe poder encontrar su lugar. Varios miembros del Gobierno de Emmanuel Macron han calificado las palabras de Rajoy de “absolutamente inaceptables” y han recordado que cuestionar el origen de los seleccionados no refleja lo que es Francia ni sus valores republicanos.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha sido igual de nítido: las declaraciones de Rajoy son “xenófobas” y “avergüenzan” a España. “Francia, nos vemos en semifinales. Que gane el mejor y que pierda el racismo”, escribió, ligando de forma directa el marcador deportivo con un combate mucho más profundo: el que libra la democracia frente a los discursos de odio que describo en La democracia amenazada.

El ministro de Exteriores francés, Jean‑Noël Barrot, fue lapidario: las palabras de Rajoy son “una estupidez, racismo, o una combinación de ambas cosas”. No hay mucho más que añadir, salvo señalar que esas tres categorías —la estupidez, el racismo y su combinación— no se excluyen entre sí. Pueden darse juntas, y en este caso se dan.

La reacción del Partido Popular ante este escándalo es, en sí misma, un documento político de primer orden. El portavoz del PP, Borja Sémper, calificó las palabras de Rajoy de “sarcásticas”, dijo que “van sin mala intención” y que son “comentarios a favor de España”. Con los micrófonos apagados, fuentes del Comité de Dirección del PP consideran que la polémica fue “promovida desde el Gobierno” y aspiran a que se diluya “por sí sola”.

Hay que detenerse aquí. El PP no ha condenado las palabras de Rajoy. No las ha desautorizado. No ha pedido disculpas. Ha dicho que son sarcásticas. El sarcasmo, que es un recurso retórico legítimo, consiste en decir lo contrario de lo que se piensa para ridiculizar algo. Pero requiere que el interlocutor lo entienda como tal.

Cuando el ministro de Exteriores de Francia, el presidente de la Federación Francesa de Fútbol, la ministra de Deportes, la ministra de Igualdad, el Partido Socialista, el Partido Comunista y la derecha republicana francesa responden con indignación —no porque sean incapaces de entender el humor español, sino porque lo que leen es racismo—, apelar al sarcasmo no es una defensa: es una coartada.

Pero la banalización que practica Sémper —como tantas veces antes— no es solo políticamente torpe: es activamente peligrosa. Banalizar estas afirmaciones equivale a normalizarlas, y normalizarlas equivale a potenciarlas.

Las palabras de Rajoy no son meramente “desafortunadas”: son la expresión de una visión de superioridad racial y colonial que arrebata a ciudadanos plenos la condición de tales en función de su origen o su apariencia. Una visión que no solo es moralmente inaceptable, sino que contradice frontalmente los principios básicos del Estado de derecho y el ordenamiento constitucional español, así como los valores fundacionales de la Unión Europea.

No estamos ante una opinión discutible en el espacio público democrático. Estamos ante una afirmación que, presentada como provocación o como broma, introduce en la corriente principal del debate político un principio de jerarquía racial incompatible con cualquier noción seria de ciudadanía.

Y hay un daño colateral que merece señalarse con igual firmeza: la apropiación del campo deportivo para proyectar esa confrontación. El deporte —y el fútbol en particular— se rige por principios exactamente opuestos a los que encarnan estas palabras: esfuerzo individual y colectivo, igualdad de condiciones de partida, mérito medido sobre el terreno de juego sin que importe el apellido ni el color de la piel.

Introducir la lógica racista en la previa de una semifinal envenena un espacio que debería encarnar encuentro y dignidad compartida. Es una auténtica profanación de lo que el deporte representa.

Cada vez que alguien convierte un partido en instrumento de confrontación identitaria basada en el origen étnico, envenena algo que debería estar por encima de esas mezquindades. Y cuando ese alguien no es un ultra anónimo en la grada, sino quien ha presidido el Gobierno, el mensaje que se emite a la sociedad es devastador: se legitima desde lo alto lo que luego se grita desde abajo.

El ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, ha exigido a Alberto Núñez Feijóo que desautorice a Rajoy —que es, conviene recordarlo, militante activo del PP y expresidente del Gobierno de ese partido. Feijóo no lo ha hecho.

El PP, en cambio, ha optado por blindar a Rajoy, minimizar el daño y esperar a que el partido de fútbol lo tape todo. Esa decisión no es inocua. Es una posición política. Significa que el PP, como partido, no considera que llamar “sin franceses” a 26 ciudadanos franceses sea un problema que merezca corrección pública.

No desautorizar no es una postura neutral: en este terreno, la ambigüedad no es centrismo, es complicidad. Quienes hemos estudiado la progresión histórica del discurso de odio sabemos bien cómo funciona: lo que no se condena se normaliza. Lo que se normaliza se amplía. Lo que se amplía se institucionaliza. La tolerancia con el racismo de baja intensidad —el del chiste, el del “era sarcasmo”, el del “no hay mala intención”— es el sustrato en el que crecen formas más violentas y estructurales de discriminación.

España tiene un artículo 14 en su Constitución que prohíbe la discriminación por razón de nacimiento, raza o cualquier otra condición. Tiene un artículo 510 del Código Penal que tipifica la incitación al odio. Esas normas no existen por capricho. Existen porque la historia enseñó, a golpe de catástrofes, lo que ocurre cuando el discurso de deshumanización del otro no encuentra diques jurídicos ni políticos.

La doctrina de la prioridad nacional no ha quedado en los márgenes de la extrema derecha europea. Ha colonizado gobiernos, ha inspirado leyes, ha guiado redadas. Lo hemos visto en Italia con Meloni, en Hungría con Orbán, en los debates sobre inmigración en Francia, en la política de Trump en Estados Unidos. La pregunta que debería hacerse el PP es si quiere ser parte de esa corriente o si quiere trazar una frontera nítida con ella.

Rajoy no es ajeno a este contexto. Sus palabras no son un chascarrillo aislado: son coherentes con una determinada concepción de la identidad nacional que ha guiado políticas concretas y que hoy alimenta acuerdos como los de PP y Vox, donde se habla de “prioridad nacional” con una ligereza incompatible con la Constitución. Ya he dicho y repito: esa prioridad nacional “no es legal”, es “una barbaridad y un planteamiento absolutamente xenófobo y racista” que merece una línea roja clara por parte de la Justicia y del Tribunal Constitucional.

Conviene no aislar este episodio como si fuera un accidente. Las palabras de Rajoy no son ajenas a una determinada concepción de la identidad nacional que contempla la integración como asimilación y mira con sospecha al ciudadano de origen foráneo aunque haya nacido aquí, estudiado aquí, pagado sus impuestos aquí, amado a alguien aquí. Esa visión es incompatible con un Estado de derecho que se tome en serio la igualdad ante la ley y con una política exterior que pretenda presentarse como socio confiable de sus vecinos europeos.

No es casual que la polémica sobre Rajoy coincida con el bloqueo del PP en el Senado al Tratado de Amistad con Francia. El patrón es coherente: se cuestiona la composición de la selección francesa, se alimenta un conflicto diplomático innecesario y se frena, en paralelo, un instrumento de cooperación política con ese mismo país.

Lo que resulta profundamente incoherente es pretender gobernar España con esa orientación y, al mismo tiempo, reclamar respeto para sus instituciones.

Quien ha ocupado la Presidencia del Gobierno durante dos mandatos conoce perfectamente el peso de las palabras. Rajoy sabe —o debe saber— que un comentario racista, revestido de chanza, no es una travesura verbal, sino una señal dirigida a quienes comparten esa mirada excluyente. Por eso su conducta no es solo reprochable; es incompatible con la altura ética e institucional que se exige, incluso años después de abandonar el cargo, a quien ha representado al conjunto de la ciudadanía. Hay licencias que un ciudadano puede permitirse en un bar; un expresidente del Gobierno, sencillamente, no.

Como jurista que ha dedicado décadas a la defensa de los derechos humanos, sé que el racismo nunca es un fenómeno aislado ni inocuo: cuando se tolera en el lenguaje, se abre camino en las normas y en las prácticas cotidianas. Por eso resulta especialmente grave que un expresidente del Gobierno contribuya a legitimar, siquiera bajo la coartada del humor, una visión de la nacionalidad en clave étnica, que degrada a ciudadanos plenos a la categoría de “otros” a los que siempre se les podrá discutir si son “de verdad” lo que son.

En el deporte, ese discurso tiene un efecto devastador: convierte lo que debería ser un espacio de igualdad y reconocimiento en un escaparate de exclusión, y envía a millones de niñas y niños racializados el mensaje de que, hagan lo que hagan, siempre habrá quien les niegue pertenecer del todo.

Por todo ello, asumir la responsabilidad que corresponde implica rechazar sin matices estas palabras y la ideología que las sostiene, y defender con la misma claridad un principio elemental: todo ciudadano francés es francés y todo ciudadano español es español, con independencia de su origen, del color de su piel o de los apellidos de sus abuelos.

No se trata de una cuestión de corrección política, sino de respeto a la Constitución, a los tratados internacionales y, sobre todo, a la dignidad humana. En un momento en que los discursos de odio avanzan disfrazados de chanza o de sentido común, la política —y muy en particular quienes han ostentado las más altas responsabilidades— tiene el deber de marcar una línea nítida: en democracia, el racismo no se banaliza, se combate.

La selección francesa jugó el sábado y marcó. Sus jugadores son franceses. Lo eran antes del partido y lo serán después. Nadie necesita el certificado de ningún expresidente de ningún Gobierno para acreditar lo que una ley, una constitución y un pasaporte ya certifican.

Lo que sí necesitamos, en cambio, es que las fuerzas políticas de este país entiendan que blanquear el racismo, aunque sea con el envoltorio del sarcasmo, mirando para otro lado o esperando que la polémica “se diluya por sí sola”, tiene consecuencias reales para personas reales. Para los hijos de inmigrantes que leen que no son “de verdad” lo que son. Para los ciudadanos naturalizados que ven cuestionada su pertenencia. Para todos aquellos a quienes se les recuerda, con cada broma de estas, que hay quienes no los considerarán nunca suficientemente de aquí.

El PP tiene una decisión que tomar. Puede seguir protegiendo a Rajoy bajo el paraguas del sarcasmo. O puede decir, con claridad, que un ciudadano francés es francés, que un ciudadano español es español, y que la identidad nacional no se mide por el color de la piel ni por el origen del apellido.

No parece una decisión difícil. Que no la tomen dice mucho de quiénes son.

_________________

Baltasar Garzón es jurista y autor, entre otros libros, de 'La democracia amenazada. Cuando el fascismo ataca la convivencia' (editado por Planeta).

La dirección del Partido Popular ha cerrado filas con el expresidente Mariano Rajoy después de la crisis diplomática abierta por un artículo suyo en el eldebate.com, el periódico digital que dirige Bieito Rubido, exdirector de Abc y de La Voz de Galicia, financiado por la conservadora y religiosa Asociación Católica de Propagandistas. Bajo el titular “Hoy llegó el desquite” y como parte de una serie sobre el Mundial de fútbol, Rajoy aseguró que la selección francesa tiene "un altísimo nivel, eso sí, sin franceses". En ese mismo artículo señalaba también que a él no le gustan “los rojos” salvo “la excepción que confirma la regla general, que es la camiseta de España”.

Lejos de desmarcarse de unas palabras que el Gobierno francés ha calificado de "racistas" e "inaceptables" por boca de los ministros de Exteriores, Interior, para los Territorios de Ultramar y para la Igualdad de Género y la Lucha contra la Discriminación, en Génova han reivindicado el carácter "sarcástico" de la columna y han negado que existiera ninguna intención ofensiva. Rajoy, por su parte, ha evitado pedir disculpas y se ha limitado a asegurar a El Mundo que no iba a entrar "al nivel" de algunos miembros del Gobierno español. 

La defensa de Rajoy la protagonizó este lunes el portavoz nacional del PP, Borja Sémper, quien rechazó las críticas tanto del Gobierno español como del Ejecutivo francés. "Entendemos que las columnas que escribe el presidente Rajoy son sarcásticas, van sin mala intención y a favor de España, no le daría otra interpretación", afirmó Sémper en rueda de prensa tras el comité de dirección. “Para jugar en la selección nacional de Francia hay que ser francés; si no, no podrías jugar en la selección nacional de Francia”, señaló también el vicesecretario del PP, que dijo que esa “obviedad” era “más propia de Rajoy” que suya. 

Sémper también aprovechó para arremeter contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por decir “que gane el mejor” en referencia a la semifinal de este martes. "Sánchez ha dicho que quiere que gane el mejor, nosotros queremos que gane España, aunque juegue peor”, afirmó. Y prosiguió a renglón seguido: “Que no va a jugar peor, estoy convencido, aunque juegue peor esperamos que gane España en cualquiera de sus circunstancias", planteó. 

En Génova consideran que ha sido el Gobierno quien ha incentivado la polémica, pero lo cierto es que comenzó en Francia y el propio ministro de Exteriores galo, Jean-Noël Barrot, ha salido a censurar las palabras de Rajoy este mismo lunes: "Es una estupidez, racismo o las dos cosas”.

El ministro francés del Interior, Laurent Nuñez, también calificó el artículo de "absolutamente inaceptable" y denunció que alimenta discursos racistas contra los jugadores de la selección nacional. La Embajada de Francia en Madrid recordó además que 23 de los 26 futbolistas convocados nacieron en Francia y que los tres restantes poseen igualmente la nacionalidad francesa, rechazando implícitamente la idea de que no representen plenamente al país. La condena se extendió también a dirigentes de distintas formaciones políticas francesas, que coincidieron en denunciar unas afirmaciones que consideran incompatibles con el modelo republicano francés de ciudadanía. 

Sánchez se limitó a añadir: "Que gane el mejor y que pierda el racismo". El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, calificó los comentarios de "hirientes" y pidió al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, que los desautorizara por considerar que no representan a España. Además, Albares contactó con las autoridades francesas para trasladar que la posición del Gobierno español es diametralmente opuesta a la expresada por el expresidente.

La controversia llega en un momento especialmente delicado para las relaciones entre ambos países. Apenas unos días antes, el PP y Vox habían impulsado desde el Senado una consulta al Tribunal Constitucional sobre el Tratado de Amistad y Cooperación firmado por Sánchez y el presidente francés, Emmanuel Macron, en Barcelona en enero de 2023. Aunque el acuerdo ya había sido aprobado por el Congreso español y por la Asamblea Nacional francesa, la decisión de la Cámara Alta, donde el PP dispone de mayoría absoluta, impide por ahora su entrada en vigor hasta que el Tribunal Constitucional resuelva el recurso.

El PP sostiene que uno de los artículos del tratado, el que regula la participación recíproca de ministros españoles y franceses en los consejos de ministros de ambos países, plantea dudas de constitucionalidad. El Gobierno, por su parte, acusa al líder de la oposición de deteriorar innecesariamente la relación con uno de los principales socios europeos de España y de utilizar un tratado de Estado como instrumento de confrontación política.

Este conflicto se produce, además, en vísperas de un viaje especialmente simbólico del presidente español a Francia. Sánchez participa este 14 de julio en París, invitado por Emmanuel Macron, en los actos de la Fiesta Nacional francesa y en el tradicional desfile militar de la Toma de la Bastilla, un gesto reservado a mandatarios extranjeros con el que ambos gobiernos pretendían escenificar la estrecha relación bilateral entre Madrid y París.

La crisis abierta por las palabras de Rajoy tiene además un importante componente simbólico en Francia. Sus palabras recuperan, aunque sea en el terreno futbolístico, el mismo debate sobre quién puede ser considerado realmente francés que la extrema derecha lleva décadas utilizando para cuestionar una ciudadanía basada en la ley y sustituirla por otra definida por el origen. El expresidente del Frente Nacional, Jean-Marie Le Pen, sostuvo durante años que muchos jugadores de la selección no representaban realmente a Francia por sus orígenes familiares, pese a haber nacido en territorio francés y ser ciudadanos franceses. Aquellos discursos fueron ampliamente rechazados por el resto de fuerzas políticas, especialmente después de que la selección campeona del mundo de 1998 se convirtiera en símbolo de la denominada Francia black-blanc-beur, expresión utilizada para reivindicar una identidad nacional diversa e integradora.

Paradójicamente, incluso el portavoz de la formación de extrema derecha Agrupación Nacional, Julien Odoul, ha salido en defensa de la selección francesa al considerar que las palabras de Rajoy cuestionan la identidad nacional del equipo, que es parte intrínseca del orgullo nacional francés. Las ha calificado como “escandalosas, vergonzosas y lamentables” y sostiene que debían ser condenadas “por todo el mundo”.  

Tampoco Vox ha ratificado las palabras del expresidente español y simplemente ha pedido, a través de su portavoz, José Antonio Fúster, no “politizar” el fútbol. El fundador de Vox Alejo Vidal-Quadras, exlíder del PP catalán y exeurodiputado, censuró directamente a Rajoy. "Todos los jugadores de la selección francesa en el Mundial son ciudadanos franceses, la mayoría nacidos en Francia. Si se dice que la selección no tiene franceses, se utiliza una definición de 'francés' basada en criterios étnicos y no en la ley civil. Rajoy se ha metido en un jardín peligroso”.

Aunque ahora se pone de perfil, la ultraderecha española lleva meses defendiendo la denominada "prioridad nacional", un principio formulado originalmente por Jean-Marie Le Pen –posteriormente convertido en una de las principales señas de identidad del Frente Nacional– y, más tarde, por su hija y actual referente, Marine Le Pen. La idea consiste en otorgar preferencia a los nacionales frente a los extranjeros en ámbitos como las ayudas sociales, el acceso a la vivienda o determinados servicios públicos.

Ese concepto, históricamente ligado al lepenismo francés, ha ido penetrando en parte del discurso político español y el PP lo ha asumido en los cuatro acuerdos autonómicos alcanzados este año con Vox. La paradoja es que, mientras la dirección popular confronta institucionalmente con el Gobierno francés —primero bloqueando el tratado bilateral y ahora respaldando a Rajoy frente a las críticas de París—, parte de los marcos discursivos que han alimentado esa confrontación proceden precisamente de la extrema derecha francesa, cuya visión sobre la identidad nacional vuelve estos días al centro del debate político entre Madrid y París.