El subdelegado del Gobierno en la provincia de Pontevedra, Abel Losada, ha informado este domingo de que la Guardia Civil "ya tiene localizado" al hombre que presuntamente asesinó a su expareja este mediodía en Mos (Pontevedra) y procederá a su detención de manera "inmediata".

Así lo ha comunicado Losada en un mensaje remitido a los medios en el que confirma que la víctima "no figuraba" en el sistema de protección integral VioGén y que se trata de un crimen machista, en el que fue la propia hermana de la fallecida quien dio aviso a los servicios de emergencias tras presenciar los hechos.

Según han informado a EFE fuentes próximas a la investigación, el cuerpo de la mujer, de nombre María Belén, fue hallado en el suelo de su vivienda después de que supuestamente su pareja, un español de 57 años, la apuñalara y huyera del lugar cuando llegó la hermana de la víctima.

El número de mujeres asesinadas este 2026 son ya seis y los asesinatos ascienden a 1.348 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos.

Hace apenas una semana, el pasado sábado, un hombre se entregó tras asesinar a su expareja, una madre de tres hijos de nacionalidad británica y 33 años, en Alhaurín el Grande (Málaga). Días después, el juez decretó prisión provisional para él.

En tres de los cinco feminicidios de 2026 constaban denuncias previas por violencia machista, el 60 %. Tres víctimas eran españolas y dos extranjeras, mientras que cuatro agresores son de nacionalidad española.

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista y sus entornos las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

La decimosexta etapa de la Vuelta a España, que se disputa este martes entre Poio y Mos Castro de Herville, ha sido neutralizada a 8 km de meta a causa de las protestas por Gaza que se han producido por la participación del equipo Israel–Premier Tech en la ronda ciclista, según informa EFE.

Cientos de personas han secundado las protestas convocadas por el colectivo Galiza por Palestina para denunciar la invasión militar de Israel en el territorio ocupado de Gaza, al paso por Pontevedra de la caravana ciclista de la Vuelta, con el clamor de "No es una guerra, es un genocidio".

La prueba deportiva, cuya decimosexta etapa ha salido de Combarro (Poio), no ha logrado esquivar las movilizaciones que se están sucediendo por toda España por la participación del equipo Israel–Premier Tech, y que obligaron a suspender el final de la etapa en Bilbao.

En el caso de la ciudad de Pontevedra, donde la convocatoria ha tenido mayor respaldo, los manifestantes se han concentrado en dos puntos, en el puente de A Barca y en la rotonda de la calle Manuel del Palacio, ambos plagados de banderas palestinas.

Gritos como "No es una guerra, es un genocidio", pero también, "Las niñas de Gaza no son una amenaza", además de "El sionismo es terrorismo" o "Israel asesina, La Vuelta patrocina" se han sucedido a medida que el pelotón pasaba por las inmediaciones de los concentrados.

Las protestas se han desarrollado sin incidentes, si bien la comitiva de La Vuelta ha tenido que aguantar abucheos y silbidos, especialmente al paso de los vehículos del equipo israelí.

Un amplio despliegue de agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional ha estado controlando en todo momento a los manifestantes para impedir interrupciones. 

"Debido a una protesta que está bloqueando la carrera, el ganador de etapa y los tiempos para la clasificación general se decidirán a 8 kilómetros para la línea de meta", ha dicho al final la organización de la Vuelta.

Anteriormente, las fuerzas de seguridad retiraron un árbol atravesado en la carretera en el ascenso al Alto de Groba.

El 20 de noviembre de 1975 fallecía el ferrolano Francisco Franco Bahamonde a los 82 años. Se cumplen ahora 50 años de su muerte, pero durante sus casi 40 años de dictadura tomó decisiones que siguen marcando la Galicia actual. En agosto repasamos algunas de ellas, publicadas en el BOE entre 1936 y 1975, como la de construir una autopista de peaje entre las principales ciudades gallegas, otorgar una concesión de terrenos públicos en la ría de Pontevedra para construir una fábrica de celulosa o autorizar decenas de embalses con dudosas o nulas garantías ambientales para la población afectada.

Un ejemplo paradigmático de cómo el franquismo fue construyendo pantanos por toda la geografía española fue el de Belesar, en el río Miño, anunciado en su momento como el mayor embalse del Estado y que hoy sigue siendo el mayor de Galicia por volumen de agua embalsada. Sus derechos fueron otorgados por la dictadura, junto con los del embalse de Os Peares, río abajo, a Fuerzas Eléctricas del Noroeste (Fenosa), empresa de Pedro Barrié de la Maza, amigo del dictador, en julio de 1948. Y el propio Franco declaró, en el BOE del 16 de diciembre de aquel año, la urgente ejecución de las obras.

Sin embargo, una década después aún se estaban expropiando los terrenos necesarios, con un procedimiento que la vecindad afectada vivió como un expolio. Decenas de vecinos fueron expulsados sin apenas compensaciones de una franja de 50 kilómetros de longitud de buenas tierras de cultivo a ambos márgenes del Miño, que fueron valoradas como si fuesen terrenos de secano. Una expulsión con efectos todavía presentes en la memoria colectiva, relatada hace una década en el documental Asolagados.

Junto con las personas y las tierras, bajo las aguas de Belesar quedaron también bienes patrimoniales, como el Castro Candaz, en Chantada, que aún sigue asomando cuando Naturgy, heredera de Fenosa, así lo permite.

El embalse sería finalmente inaugurado por Franco en 1963, en plena campaña de inauguración de pantanos similares por todo el Estado. Unos años antes, en 1960, había inaugurado el del río Eume, concesión otorgada en 1953 en uno de los bosques atlánticos de ribera mejor conservados, las Fragas do Eume, que en aquel momento quedó amputado. Un embalse, el del Eume, que más de seis décadas después sigue evidenciando los procedimientos del régimen dictatorial.

La reciente sanción de dos millones de euros a Endesa, su concesionaria, por la turbidez que generó en el río en 2020 para “optimizar el rendimiento” de su central eléctrica reveló que el embalse debía contar desde 1967 con unas Normas de Explotación que regulasen su funcionamiento. Sin embargo, la empresa no las presentó hasta 2006 y aún siguen sin aprobarse.

Frente a Belesar o el Eume, otros lugares sí lograron salvarse de los planes franquistas. Pero pasarían años hasta que la legalidad franquista fuese superada.

En el río Navia, donde ya hay tres embalses, aún se pretendía construir un cuarto, aguas arriba, en Navia de Suarna. Formulado en 1951 con 75 metros de altura, fue elevado en 1956 a 130 metros con la denominación Gran Suarna, y en 1975 aún sería ampliado a 150 metros. Las obras llegaron a comenzar en diciembre de 1964, pero la oposición vecinal logró paralizarlas. Sin embargo, el proyecto intentaría reactivarse varias veces ya durante la democracia, hasta que en 2012 una última propuesta de 96 metros de altura que afectaría a especies protegidas como el oso pardo fue finalmente desestimada por el Ministerio de Medio Ambiente.

Hasta 2018 habría que esperar para poner fin a otro derecho otorgado por la dictadura para construir otro embalse, en el río Lor, que anegaría buena parte del Courel. La concesión, a Saltos del Sil, fue otorgada el 26 de diciembre de 1960 y publicada en el BOE un mes más tarde. Esa misma empresa había construido ya aguas abajo, en el río Sil, el embalse de San Esteban, considerado entonces el de mayor potencia eléctrica de Europa e inaugurado por Franco en 1956.

En el río Lor, la empresa comenzó a ejecutar algunos caminos de acceso, pero nuevos análisis del terreno llevaron a sus ingenieros a considerar que la dificultad de ejecución del embalse era demasiado elevada y el proyecto quedó parado de forma indefinida. Con el tiempo, Saltos del Sil fue adquirida por Iberduero, hoy Iberdrola, que siguió ostentando los derechos de concesión hasta que estos acabaron siendo extinguidos en 2018 “por incumplimiento de los plazos previstos en la concesión”.

También en el tramo final del Miño, entre la localidad gallega de Arbo y la portuguesa de Melgaço, contemplaba el franquismo un embalse más, el denominado Salto de Sela. El proyecto técnico fue presentado por Fenosa en 1974 y cuatro años después, el 22 de diciembre de 1978, apenas una semana antes de que entrase en vigor la Constitución, la Dirección General de Obras Hidráulicas del Gobierno de España firmaba la concesión por 75 años. Una concesión que no sería extinguida hasta septiembre de 2021. Otra demostración del poder persistente que tiene un BOE aunque sea preconstitucional.

El 20 de noviembre de 1975 fallecía el ferrolano Francisco Franco Bahamonde a los 82 años. Se cumplen ahora 50 años de su muerte, pero durante sus casi 40 años de dictadura tomó decisiones que siguen marcando la Galicia actual. En agosto repasamos algunas de ellas, como la de construir una autopista de peaje entre las principales ciudades gallegas, adjudicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del 18 de agosto de 1973. O la de entregar terrenos públicos en la ría de Pontevedra, ganados al mar, para construir una fábrica de celulosa, concesión publicada en el BOE del 30 de junio de 1958.

La decisión de instalar una fábrica de celulosa en Pontevedra que aprovechase el agua del Lérez y promovida por el Instituto Nacional de Industria (INI) había sido tomada unos años antes, pero fue el BOE del 30 de junio de 1958 el que estableció las condiciones para la ocupación de los terrenos en zona marítimo-terrestre. Lo hizo mediante una resolución que ya recogía alegaciones contrarias al proyecto, entre ellas la de la Comandancia de Marina, que advertía de que la instalación de la fábrica en ese lugar “produciría un grandísimo perjuicio a toda la zona marisquera de la ría de Pontevedra y que debería señalarse un emplazamiento más hacia fuera de la ría, en mar abierto, donde sus efectos no fuesen tan perjudiciales para uno de los medios de vida más importantes de la gente humilde de la región”.

Sin embargo, el INI replicó que “la utilización del Lérez, aunque presenta los inconvenientes derivados de las características de las aguas residuales que pudieran ser incompatibles con la riqueza marisquera, es económicamente viable, por ser estos de escasa importancia en relación con la aportación económica y social representada por la fábrica y por las industrias que puedan establecerse a su sombra, sobre todo teniendo en cuenta que es muy escasa la riqueza ostrícola de la ría de Pontevedra y que el cultivo de mejillón está en gran proporción montado a flote, lo que permitirá, en su caso, mover las embarcaciones”. La decisión del régimen era inamovible y Franco en persona acabó inaugurando la fábrica en 1963.

Aquella autorización de 1958 para la ocupación del terreno decía expresamente que se otorgaba “sin plazo limitado”, en una época sin legislación clara sobre el litoral. Sería la democracia y la Ley de Costas de 1988 las que regularían la premisa constitucional de que el litoral es público y establecerían límites a las concesiones en esas zonas, tanto a las ya otorgadas como a las futuras. Así, la concesión de Ence quedó limitada a otros 30 años, hasta 2018.

Pero entretanto, sucesivos gobiernos del PP modificaron las condiciones. En 2001, el Gobierno de Aznar privatizó Ence, como también haría poco después con Audasa. Y en 2013, cuando se acercaban las caducidades de numerosas concesiones fijadas por la Ley de Costas de 1988, el Gobierno de Mariano Rajoy reformó dicha norma para permitir prórrogas de las mismas. Ese mismo año, Ence se amparó en la reforma legal para solicitar su prórroga, que le fue concedida en 2016 por 60 años a partir de la solicitud de 2013, es decir, hasta 2073.

El proceso judicial iniciado entonces tuvo un primer pronunciamiento en 2021 por parte de la Audiencia Nacional, que consideró nula la prórroga porque el Gobierno de España no había justificado que la fábrica tuviese que estar en ese lugar, como exige la Ley de Costas para permitir ocupaciones del litoral. Pero dos años después, en 2023, el Tribunal Supremo revocó aquella sentencia previa y avaló la prórroga de la concesión considerando que así lo permitía la “confusa” reforma de la Ley de Costas de Rajoy en 2013. Esa prórroga, dijo el Supremo, solo estaba condicionada a un informe favorable en materia ambiental emitido por la Xunta de Feijóo en 2015.

Pero esa sentencia del Supremo fue recurrida por el Ayuntamiento de Pontevedra ante el Tribunal Constitucional, que el pasado mayo admitió a trámite la cuestión. Y apenas unos días después de conocerse la decisión del Supremo, la Comisión Europea abría una investigación a España por impedir la competencia en las concesiones litorales a “por ejemplo, empresas papeleras”.

Así que aún está lejos de terminar la batalla jurídica sobre la vigencia de una concesión cuyo origen y derechos primigenios hay que buscarlos en la decisión de la dictadura de ceder terrenos estatales para la construcción de la fábrica. Mientras tanto, la propia Ence admite, en sus informes anuales, que “según los términos de otorgamiento de la concesión administrativa, a su vencimiento, las instalaciones construidas sobre el terreno revertirán al Estado o bien este requerirá su desmantelamiento”.

Los investigadores trabajan en averiguar si el hallazgo de dos cuerpos calcinados en un coche en Campo Lameiro (Pontevedra) podría deberse a un caso de violencia machista, han informado a EFE fuentes próximas a la investigación.

Las labores para la identificación de los dos cadáveres tardarán "varios días", pero se intenta concretar si se trata de una pareja de Moraña, municipio vecino, que convivía y que, en el caso de él, tenía varias denuncias por violencia machista puestas por la mujer y quebrantamientos de órdenes de alejamiento.

La Subdelegación del Gobierno en Pontevedra ha explicado a los medios que la demora en los exámenes se debe al "grado de deterioro" en el que aparecieron ambos.

El cuerpo de la mujer estaba dentro del coche y muy afectado por las llamas, lo que está complicando su identificación.

El cadáver del hombre, que se encontraba al lado del vehículo, también estaba quemado, pero su parte superior se encuentra menos afectada por las llamas.

Los investigadores sí han logrado identificar el vehículo en el que estaban los cadáveres, pero por ahora no se ha informado de quiénes son sus propietarios.

Miles de personas se han manifestado este domingo en Pontevedra para mostrar su rechazo a la "bomba ambiental" que suponen la fábrica de Ence en la ría de Pontevedra y la macrocelulosa que Altri proyecta en Palas de Rei (Lugo), según recoge EFE.

Bajo el lema 'Nin Ence na ría, nin Altri na Ulloa', esta marcha, que se celebra anualmente contra el proyecto industrial de Ence en Pontevedra, se convirtió este año en una reivindicación conjunta contra dos celulosas que crean, según los impulsores, "heridas compartidas".

Los manifestantes, según ha explicado el presidente de la Asociación Pola Defensa da Ría de Pontevedra (APDR), Antón Masa, han pedido que se mantenga esta "unidad de acción" hasta que estos dos proyectos industriales "sean historia".

"Queremos decir más alto que nunca que no queremos otra celulosa en Galicia", ha añadido la presidenta de la plataforma Ulloa Viva, Pilar Naveira, que ha reclamado que la comunidad gallega sea una región "libre de celulosas", por ser un modelo económico "trasnochado".

La ría de Pontevedra, según Naveira, "fue sacrificada" hace décadas con la instalación de la fábrica de celulosas de Ence y ha advertido que no permitirán "que esa historia se repita" en la comarca de A Ulloa con una macrocelulosa "sin consenso social ni garantías ambientales".

La dirigente ecologista ha reiterado que el río Ulla "no es una cloaca industrial", por lo que ha exigido a la Xunta de Galicia que "retrocedan, recalculen y rectifiquen" en relación a su apoyo a Altri, "poniéndose a la altura de la marea de dignidad gallega que, una vez más, está hablando".

Los colectivos convocantes han anunciado que seguirán "en la calle, en los tribunales y donde haga falta" para impedir este "despropósito" y defender un futuro sostenible "digno" para A Ulloa y para toda Galicia.

"Ninguna empresa, por mucho beneplácito político que tenga de la Xunta, merece arruinar un río y un paraíso como es el río Ulla y la ría de Arousa", ha añadido el portavoz de la Asociación Pola Defensa da Ría de Arousa (PDRA), Alfredo Otero.

Esta manifestación, que ha partido de las alamedas de Pontevedra y Marín y que ha concluido frente al complejo industrial de Ence en Lourizán, ha contado con el apoyo de colectivos como Greenpeace, Ecologistas en Acción, Adega, No a la Mina de Touro, Unións Agrarias, CIG o CUT.

A la movilización también han acudido la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón; el alcalde de Pontevedra, Miguel Ángel Fernández Lores; la senadora del BNG, Carme da Silva; o dirigentes socialistas como el exdiputado Guillermo Meijón o el líder local de Pontevedra, Iván Puentes.

Pontón ha reivindicado que lo que le piden al señor Rueda es "que escuche el clamor que hay en Galicia para que Ence salga de la ría de Pontevedra y evitar esa bomba ambiental que supondría Altri en el corazón de Galicia".

La líder del BNG ha reclamado para Galicia "industria de futuro y empleo sostenible que cuide nuestro medio ambiente" y no que la comunidad gallega sea el lugar "en el que se instalen las empresas que no quieren ni en Portugal".

Para Pontón, lo que está demostrando el gobierno gallego es que "no es capaz de atraer proyectos innovadores y sostenibles", a su vez que ha denunciado que "lo único que ofrecen son las macrocelulosas del siglo XX".

Una laboriosa investigación desarrollada por agentes de la sección Greco Galicia de la Brigada Central de Estupefacientes arrojó un resultado histórico: es la primera vez que se desmantela una organización criminal dedicada a la recogida de los grandes alijos de cocaína que se ocultan bajo la línea de flotación de embarcaciones mercantes que llegan a España desde Sudamérica.

Años atrás, la misma unidad de la Policía Nacional con base en Pontevedra detenía a dos ciudadanos ecuatorianos que pretendían efectuar uno de estos rescates en Asturias y, más recientemente, en marzo, autoridades alemanas ejecutaron otro operativo similar en la Baja Sajonia. Esta es, en todo caso, la primera red criminal completamente autóctona, radicada en el sur de Galicia, con capacidad para realizar este complicado trabajo subacuático.

En el marco del operativo, según anunció el subdelegado del Gobierno en la provincia de Pontevedra, fueron detenidas ocho personas, en un despliegue de los agentes dependientes de la Udyco Central en colaboración con la de Vigo que se produjo a ambos lados de la Ría de Pontevedra (en Bueu y en Poio), pero también en las vecinas de Vigo y de Arousa (en Vilanova, epicentro del narcotráfico en la región) lo que indica que los investigados tenían capacidad operativa en distintos puertos. En este caso concreto, se les relaciona con los 120 kilos de cocaína intervenidos en el barco Crown Garnet que hizo escala en el Puerto de Marín antes de continuar singladura hacia Róterdam en febrero de este año. También se les atribuye indiciariamente, a falta de profundizar en las pesquisas, alijos en otros puertos gallegos localizados mediante el mismo sistema, como el de Vigo o el de A Coruña.

En los registros domiciliarios practicados en las últimas horas se intervinieron equipos profesionales de buceo, llamados seabob, aparatos similares a los seascooter que permiten la propulsión rápida bajo el agua para recorrer importantes distancias aunque las condiciones marítimas sean adversas. Se trata de equipos incluso más avanzados de los que se vieron en Galicia años atrás, en poder de la organización de Elías Piñeiro, un histórico narco de Boiro que operaba al servicio de la Mafia italiana con una gran red de recogida de cocaína en altamar que fue llevada a la pequeña pantalla en la serie Los Relojes del Diablo. Estos seabob no solo sirven para propulsar a los submarinistas, sino también para remolcar los fardos, que se atan en su estructura. 

Además de los seabob, valorados en unos 16.000 euros cada uno, también se intervinieron distintas cantidades de sustancia estupefaciente, desde heroína hasta cocaína y hachís, lo que indica que los investigados también manejaban otras drogas para su venta.

Los detenidos son en su mayoría originarios de las Rías Baixas gallegas, bien conocedores de la zona de atraque de los buques para ejecutar la maniobra de rescate subacuático con eficacia. Sin embargo, uno de ellos es de nacionalidad albanesa, lo que indicaría que criminales de Los Balcanes estarían al frente de la red propietaria del alijo.

La operación, dirigida por un juzgado de Vilagarcía de Arousa, continúa completamente abierta, por lo que no se descartan nuevas detenciones ni la relación de los sospechosos con otros cargamentos intervenidos en Galicia en cofres de mar en los últimos meses, como el hallado en Vigo hace un par de semanas o el del Puerto Exterior de A Coruña de meses atrás. La pruebas recabadas indican que los investigados se habían especializado en la recogida de esta clase de alijos bajo los grandes buques procedentes de América Latina.

En lo que supone la primera transferencia del Estado a Galicia en 17 años, el 1 de julio la Xunta comenzará a ejercer diversas competencias en materia de gestión del litoral, salvo su titularidad, que continuará siendo estatal y pública, tal y como marca la Constitución. Una gestión que se centra fundamentalmente en las concesiones de usos productivos o de actividades económicas en el litoral, con intercambio de informes entre el Gobierno gallego y el central para aquellos casos en los que una determinada competencia corresponda a la otra administración. 

Así se establece en el acuerdo entre la Xunta y el Estado alcanzado el pasado 9 de abril en Santiago en presencia del presidente gallego Alfonso Rueda y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.

La Ley de Costas estatal de 1988 contempló dos grandes tipos de concesiones: las que pueden otorgarse en cualquier momento para actividades ligadas con el litoral, reguladas en el artículo 64 de la ley, y las compensatorias reguladas en una disposición transitoria a modo de indemnización por la expropiación de facto que supone en algunos casos el denominado deslinde marítimo-terrestre. Este es el acto administrativo con el que el Estado traza una línea que establece hasta dónde llega el litoral público, con compensaciones para quien tuviese un terreno que pase a estar delimitado como tal. Esta compensación es una concesión de terreno por 30 años a partir del momento en que se aprueba el deslinde.

Esta concesión compensatoria, regulada en la disposición transitoria primera de la Ley de Costas, es la que solicitó la pareja de Feijóo, Eva Cárdenas, para el terreno de 210 metros cuadrados que da acceso directo a la playa desde el chalet que compró en Moaña (Pontevedra) en 2019 y con el que está cerrado de forma conjunta. Allí el deslinde marítimo-terrestre fue aprobado en 2007 y, aunque el anterior propietario no tenía concesión sobre esta parcela, ahora Cárdenas solicita ese derecho hasta 2037 "como causahabiente del propietario original".

Estas concesiones compensatorias quedan al margen de la transferencia del Estado a la Xunta y no son gestionadas por ninguna de las comunidades que ya tenían competencias sobre el litoral. El pasado septiembre, el Tribunal Constitucional estableció una clara diferencia entre las concesiones ordinarias, que sí pueden ser transferibles a las autonomías, y las compensatorias, que considera "estrechamente vinculadas" a la competencia exclusiva del Estado en el litoral para "establecer las medidas que garanticen su integridad física y jurídica y aseguren su libre utilización". Y así lo asume la Xunta.

De hecho, el acuerdo Gobierno-Estado ni siquiera menciona las concesiones compensatorias reguladas por la disposición transitoria de la Ley de Costas y sólo cita las ordinarias reguladas por el artículo 64 de esta norma. Así, las "funciones y servicios" que se transfieren a Galicia, según el acuerdo, son las siguientes:

En línea con esta última función, el acuerdo establece que la Xunta y el Estado emitirán informes recíprocos cuando la otra administración quiera planificar o construir infraestructuras de transporte o portuarias. Y respecto a las concesiones reguladas por el artículo 64, la Xunta notificará al Estado "cada solicitud en tramitación para que, en el plazo máximo de dos meses, emita por escrito su criterio en relación con la garantía de la integridad física y el uso público del dominio público marítimo-terrestre". En caso de discrepancias con estos u otros tipos de informes recíprocos, se abrirán períodos de consultas de un mes para intentar llegar a un acuerdo.

Ecoloxistas en Acción ha solicitado a la Dirección General de la Costa y el Mar que desestime la solicitud presentada por Eva Cárdenas, la pareja de Alberto Núñez Feijóo, para poder ocupar terreno público con su chalé en Moaña (Pontevedra). La organización ecologista, que ha presentado alegaciones contra dicho trámite administrativo, como informa en un comunicado que ha recogido EFE, reclama además que el Estado ordene la demolición de lo construido en terreno público y la reposición de la legalidad urbanística.

La finca en la que se asienta esta vivienda, en la playa de O Con, afirma Ecoloxistas en Acción que incurre en terrenos de dominio público marítimo-terrestre, según el deslinde de 2007.

De prosperar la solicitud de Cárdenas, "se consolidaría la usurpación" de un terreno de unos 210 metros cuadrados que le da acceso privado a la propia playa y que, según recuerda este colectivo, ya tiene cerrado el paso al público tras la construcción de un muro. Este muro de cierre, levantado en los terrenos "ilegalmente ocupados", denuncian los ecologistas, impide al vecindario el acceso y el disfrute de la playa, de difícil acceso por tierra en pleamar, "si no es por la zona ocupada por el chalé propiedad de Feijoó y su mujer".

Además, subrayan que la franja ocupada afecta al mirador y al paseo denominado O Fiunchal, una afección que también ha denunciado el Ayuntamiento de Moaña (Pontevedra).

Esta solicitud, por tanto, concluye Ecoloxistas en Acción, "no solo está fuera del plazo establecido por la normativa", al tratarse de un deslinde de 2007, sino que esta concesión, en aplicación de la Ley de Costas, en el caso de otorgarse en su momento, "estaría actualmente extinta".

La pareja de Alberto Núñez Feijóo, Eva María Cárdenas Botas, acaba de pedir la concesión hasta 2037 de un terreno público que permite acceder directamente a la playa desde su chalet de Moaña (Pontevedra), donde habitualmente pasa su tiempo libre el expresidente de la Xunta y actual líder del PP. Una petición que formula en el marco de un procedimiento iniciado en noviembre por la Dirección General de la Costa, adelantado en exclusiva por Praza.gal, para recuperar para uso público ese espacio, cerrado en la práctica de forma conjunta con la propiedad privada anexa que Cárdenas compró en 2019. 

El terreno en cuestión, de unos 210 metros cuadrados, fue declarado dominio público marítimo-terrestre en el deslinde aprobado en esa zona de Moaña el 17 de julio de 2007. Sin embargo, la Ley de Costas contempla la posibilidad de que el Estado otorgue concesiones por 30 años a anteriores usuarios de terrenos que se declaren de dominio público. Y eso es lo que ahora solicita Cárdenas como "actual titular" de la finca anexa, que compró en 2019, y presentándose como "causahabiente del propietario original". Esa concesión por 30 años desde el momento de la demarcación en 2007 se extendería "hasta el 17 de julio de 2037", según su petición que propone recibirla "respetando los usos y aprovechamientos existentes".

Costas constató "la imposibilidad física de acceder a una porción de aproximadamente 210 metros cuadrados de terreno del dominio público marítimo-terrestre (PDMT), en el entorno de la playa de O Con, en el término municipal de Moaña". “Este acceso está impedido, al noreste, por un muro transversal al DPMT de bloques de hormigón de aproximadamente 5 metros y medio de largo, y al sur, por un muro de contención que cuenta con una puerta de acceso cerrada”.

El cierre con muros de este terreno público, una franja de unos 25 metros de largo por 8 de ancho, que facilita el acceso directo a la playa desde el terreno privado de Cárdenas se realizó años antes de que la pareja de Feijóo comprara su propiedad, pero la puerta con cerradura se reformó recientemente con los mismos acabados que el resto de la vivienda. Esta franja cerrada de terreno público está ajardinada con césped y árboles bien cuidados, a diferencia del resto del dominio público de la zona, y se ve en apariencia como una continuación del terreno privado.

Ante la incoación por parte de Costas del procedimiento para recuperar la posesión y el buen estado de conservación que presenta ese terreno cerrado conjuntamente con la propiedad de Cárdenas, Praza.gal preguntó en noviembre a una portavoz autorizada de Feijóo si el líder conservador había empleado alguna vez ese espacio de dominio público de forma privada. La respuesta oficial fue que Cárdenas adquirió el terreno privado sabiendo que el terreno público era público, aunque pareciera ser parte de la misma propiedad privada, y que ese espacio “no está siendo utilizado”. 

También se indicó que el cambio de la puerta que da acceso a ese espacio público desde la playa no significa que se esté utilizando como acceso particular a la playa sino que se hizo porque “un vendaval” había deteriorado la anterior. "Como Costas no la sustituyó", explicó la portavoz, se decidió reponerla con dinero privado "para proteger ese espacio". Sin embargo, el cierre no se colocó entre ese espacio público y el privado sino entre la playa y el espacio en cuestión.

Fuentes de Costas indicaron a Praza.gal, cuando se inició el procedimiento de recuperación posesoria, que en algún momento sobre el terreno en cuestión pudo haber "derechos transitorios" tras el deslinde marítimo-terrestre pero que posteriormente "se renunciaron a esos derechos transitorios". “Como constatamos que es de dominio público y entendemos que a día de hoy no existen derechos transitorios, se decide recuperar la posesión”, explicaron. Sin embargo, en el proceso de exposición pública del 15 de noviembre, un representante legal de Cárdenas presentó un escrito solicitando la concesión del terreno hasta 2037 “respetando los usos y aprovechamientos existentes”.

Ante este escrito, Costas inició un expediente para “determinar los derechos que pudieran corresponder en relación con dicho terreno” y dio a Cárdenas un mes de plazo a partir del 31 de enero para que aporte “nueva documentación que estime conveniente”. También fijó para el pasado lunes 10 de febrero, a las 13 horas, una visita al lugar en cuestión para levantar un acta con “como mínimo la superficie ocupada, edificaciones, instalaciones existentes, infraestructura, así como los usos y aprovechamientos a que se destinan” facilitando que Cárdenas acudiese “con el facultativo que considere conveniente”.

Y ahora, en el Boletín Oficial del Estado de este martes, Costas abre un nuevo proceso de exposición pública para que cualquier persona pueda presentar las alegaciones que considere pertinentes al expediente sobre posibles derechos de uso de ese terreno público.

Junto con este terreno en Moaña, el servicio provincial de Costas también ha tramitado en los últimos meses otras recuperaciones posesorias en el litoral pontevedrés, como hizo el pasado 30 de septiembre con varias estructuras en la playa de Xan da Garda, en Cangas, o el 29 de octubre con un espacio de 167 metros cuadrados en Mollavao, en el término municipal de Pontevedra. Durante la exposición pública del segundo caso no hubo alegaciones y en el primero sólo se recibió una, fuera del plazo reglamentario, del titular de un predio vecino aceptando la recuperación del dominio público pero sugiriendo que se conservara una rampa de bajada a la playa allí existente. Esto llevó a Costas a acordar, en resoluciones publicadas el 5 de diciembre y el 24 de enero , la "recuperación de oficio" de esos dos espacios.

El Tribunal Supremo ha absuelto al presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, del delito de prevaricación administrativa por el que fue condenado por la Audiencia Provincial de Pontevedra a 7 años de inhabilitación para empleo o cargo público, según informa EFE. La Sala de lo Penal del Supremo ha dado la razón a Louzán, que fue condenado por su gestión al frente de la Diputación de Pontevedra por la concesión de una subvención de 86.311 euros para abonar unas obras de mejora en el campo de fútbol del municipio de Moraña (Pontevedra).

Esta decisión zanja el debate sobre su permanencia al frente de la RFEF, cargo para el que fue recientemente elegido presidente.

La Sala anula la sentencia de la Audiencia de Pontevedra que condenó a Louzán y a los otros tres acusados por el mismo delito -el exdirector de Infraestructuras de la Diputación, el administrador y un representante de la constructora- pero les absolvió del delito de fraude a la administración por el que también fueron condenados por un juzgado de dicha ciudad a dos años de prisión cada uno.

El tribunal no ve prevaricación en un supuesto como el examinado, en el que se adjudica un contrato para pagar al contratista unas obras ya realizadas y que no se abordaron por una connivencia entre los involucrados. Señala que este delito requiere no solo la existencia de una resolución arbitraria, sino emitida para producir un resultado materialmente injusto, y concluye que en este caso la Administración contratante estaba obligada a abonar las obras ya realizadas.

Los hechos probados recogen que el 30 de diciembre de 2011 la Diputación y el Concello de Moraña firmaron un convenio para instalar hierba artificial en el campo de fútbol El Buelo y realizar otras edificaciones anexas. La Diputación asumió la redacción del proyecto por 21.122 euros y su posterior ejecución a través de una subvención de 999.561 euros, adjudicándose el proyecto a Construcciones Eiriña.

Terminada la obra, por razones que la investigación no desveló, la empresa había realizado actuaciones que no estaban contempladas en el proyecto inicial. Puesto que estos trabajos no podían pagarse con la primera subvención, la Diputación acordó en 2013 conceder una segunda subvención que cubriera el coste de las obras no previstas inicialmente. Con posterioridad se convocó un concurso para ejecutar estas obras, con la decisión predeterminada de adjudicarlo, como así se hizo, a la empresa que ya las había ejecutado materialmente.

La sala destaca que la tramitación del concurso fue claramente irregular, pero que el delito de prevaricación necesita además de una decisión con contenido materialmente injusto.

La jurisprudencia del Supremo refleja que siempre que se realizan obras que no estaban comprendidas en el proyecto que sirvió de base al contrato administrativo, se están llevando a cabo modificaciones de dicho proyecto, siendo aplicable a todos estos supuestos el principio que prohíbe el enriquecimiento injusto de la Administración. Con todo, "en modo alguno puede asumirse que la demolición de la obra o el impago de los trabajos recibidos, fuera la actuación que imponía el ordenamiento jurídico al presidente de la Diputación y que fueran precisamente esos los comportamientos garantizados con la amenaza de la sanción penal que le ha sido impuesta".

"La obligación impuesta por el ordenamiento jurídico era, como se ha subrayado con la doctrina jurisprudencial antes expuesta, el pago de las modificaciones desarrolladas", añaden. Con todo, el Supremo dice que esa "atipicidad penal no equivale a proclamar la irrelevancia de los hechos, eventualmente sujetos a las oportunas responsabilidades administrativas o contables, si a ello hubiera lugar y se tuviera por conveniente".

Agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional, en una operación conjunta, detuvieron in fraganti a siete individuos de nacionalidad albanesa cuando pretendían descargar un gran alijo de cocaína en el término municipal de Vilanova de Arousa, muy cerca del puente que sobrevuela la ría para enlazar ese municipio con A Illa de Arousa. El operativo se produjo muy cerca del lugar en el que a finales de año aparecía una narcolancha varada junto a un tractor, en el área de Rego do Alcalde.

La investigación, ejecutada por agentes especializados en la lucha contra el narcotráfico de la Comisaría y la Comandancia de Pontevedra, apoyados por ambos cuerpos desde Madrid, adquiere el carácter de histórica, pues es la primera vez que personas ajenas al narcotráfico gallego se aventuran a desarrollar una descarga de cocaína en las Rías Baixas. Como no podía ser de otra forma, los protagonistas de la escena son narcos albaneses, los mismos que llevan tiempo dejándose ver por la provincia de Pontevedra, ya en 2023 en un pesquero intervenido antes de su llegada a las Illas Cíes, poco después como presuntos dueños de los 7.500 kilos de cocaína incautados en el contenedor de Cambre y hace apenas una semana en el primer alijo del año, los más de 1.200 kilos intervenidos por la misma Brigada Central, en ese caso en colaboración con Vigilancia Aduanera, en el puerto de Vigo.

Las pesquisas llevaban tiempo en marcha, pues ya antes del hallazgo de la narcolancha en Rego do Alcalde de la Nochebuena, los especialistas antidroga tenían constancia de la presencia de una embarcación nodriza cerca de aguas gallegas con un importante alijo de cocaína para ser entregado. Desde entonces se estableció un amplísimo despliegue de medios y vigilancia que cristalizó en la madrugada de este miércoles, cuando la Policía consiguió trazar la llegada de una narcolancha semirrígida con tres motores y el contacto con un vehículo todoterreno que pretendía hacer llegar la droga a lugar seguro. Los agentes consiguieron detener a siete sospechosos, todos ellos de nacionalidad albanesa, e intervenir una gran cantidad de cocaína que pretendían introducir en tierra repartidos en numerosos fardos.

El modus operandi, a falta de que se completen las pesquisas, parece ser el tradicional: una embarcación llega a una distancia relativamente cercana a las Rías Baixas y una planeadora, la que llegó de vuelta a Vilanova, acude a su encuentro, recoge a mercancía ilícita y regresa con la intención de ‘enfriar’ la droga hasta la llegada de su dueño.

La operación sigue completamente abierta, pues no se descartan varias cuestiones importantes: que los narcos hayan conseguido descargar otra partida procedente de la misma embarcación nodriza o que esa nodriza continúe en altamar a la espera de realizar un nuevo desembarco lejos de los ojos de las autoridades. En este caso, los agentes pudieron rastrear a la embarcación, con motores de 450cv, en un minucioso trabajo que contó con apoyo de la Administración para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos, desde su salida de Galicia hasta que esta madrugada ha regresado con la cocaína.

El subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, confirmó el operativo y mostró su satisfacción por el operativo, y añadió la “enorme presión” a la que se someten a los narcos en la provincia en los últimos tiempos. Coordina las pesquisas el juzgado de Instrucción 3 de Vilagarcía de Arousa.

Alicia Sánchez, conocida popularmente como la Señora Alicia e icono del Festival de Cans, ha fallecido en Santiago de Compostela a los 96 años, según ha informado la organización del festival, que hará un homenaje en su memoria, según recoge EFE.

Tanto el cobertizo como la finca de su casa en Cans, que ella cedía cada año para la celebración del festival, se convirtieron en dos de los espacios míticos de este evento, "en parte porque ella disfrutaba recibiendo a la gente con su carácter afable y generosidad", destaca el festival. Por ambos recintos pasaron, en los últimos años, cineastas como Fernando León de Aranoa, José Luis Cuerda o Rodrigo Sorogoyen, actores como Leonor Watling, Tristán Ulloa o Karra Elejalde y músicos como Iván Ferreiro, Tony Lomba, Sés y Depedro.

"Alicia era de las nuestras", destaca el Festival de Cans, que subraya que aunque en los últimos años, por motivos de salud, ya no vivía en la aldea, "nos dejaba las llaves para disponer de su casa" y, de hecho, su bodega y su trastero funcionan como almacenes del festival.

El director del festival, Alfonso Pato, ha destacado que la Señora Alicia siempre era invitada a presentar el festival, del que se convirtió año tras año "en una imagen icónica" que le llevó a protagonizar camisetas, campañas publicitarias y hasta un mural artístico. Alicia Sánchez, rememora Pato, tuvo la "vida difícil" de muchas mujeres de su generación, al tener que sacar a su familia adelante tras emigrar con su marido a Venezuela.

El Festival de cortometrajes de Cans se celebra cada mes de mayo en la pequeña localidad de ese nombre del municipio pontevedrés de O Porriño, coincidiendo con las fechas del Festival Internacional de Cine de Cannes en Francia, en lo que surgió como un espacio alternativo y divertido y ha ido creciendo en repercusión desde su primera edición en 2004.

La Guardia Civil ha detenido al presunto asesino de Estela B.S., la mujer de 36 años hallada muerta el viernes pasado en Baiona (Pontevedra), un crimen que se investiga como violencia machista.

La Subdelegación del Gobierno en Pontevedra ha confirmado la detención según informa EFE, este jueves de madrugada, de Humberto G.R., al que se le buscaba desde que se fugó del lugar de los hechos el viernes una vez que llegaron los sanitarios.

Desde entonces, la Guardia Civil estableció un amplio dispositivo y pidió colaboración a la Policía Nacional, las locales y también los cuerpos y fuerzas de seguridad de Portugal para detenerle y ponerle a disposición del Juzgado de Violencia sobre la Mujer, que es la que investiga el caso.

Esta madrugada, fue detenido en la localidad de Belesar (Baiona) como supuesto autor de la muerte de Estela.

Las pistas sobre el presunto homicida de una mujer de 36 años el pasado viernes en Baiona (Pontevedra) eran "prometedoras", según avanzó el lunes el subdelegado del Gobierno en Galicia, Abel Losada, tras guardar un minuto de silencio en Pontevedra, y la Guardia Civil ya apuntaba a que no habría salido de la zona.

La expareja de la víctima, de 38 años y, en principio, la última persona que la vio con vida antes de llamar al 061, era el principal sospechoso, sobre todo porque el cuerpo de la mujer apareció en la puerta de su casa.

Humberto G.R. huyó después de llamar al 061 en la madrugada del viernes para informar sobre la situación de la mujer, que ya estaba muerta cuando llegaron los sanitarios a la puerta de acceso a la vivienda del hombre, quien les dijo que no se iba a comer ese "marrón".

Ella se encontraba registrada en el sistema Viogén con riesgo medio y el hombre tiene en vigor una orden de alejamiento, dictada por el Juzgado de violencia sobre la mujer de Vigo el pasado 30 de abril, con prohibición de acercarse a menos de 200 metros de su expareja.

La autopsia realizada a la mujer confirmó que la causa del fallecimiento se debió a los golpes que presentaba en la cabeza. La muerte de Estela fue confirmada el lunes como un asesinato por violencia machista por la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género. Con este caso, son 40 las víctimas mortales de la violencia de género este año, la cuarta en Galicia, y 1.284 desde que comenzaron los registros, en 2003, según los datos de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género.

El Ministerio de Igualdad ha confirmado este lunes como crimen machista el asesinato de una mujer de 36 años en la madrugada del viernes en Baiona (Pontevedra), lo que eleva a 40 el número de víctimas mortales por violencia de género este año y a 1.284 la cifra desde que comenzaron los registros, en 2003.

Además, el número de menores de edad huérfanos por violencia de género en España asciende a 30 en 2024 y a 463 desde 2013, recuerda Igualdad en un comunicado en el que condena el asesinato machista de la mujer de Baiona, que tenía una hija menor de edad. El Gobierno explica que existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo García, y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, expresan su más absoluta condena y trasladan todo su apoyo a familiares y amistades de las víctimas. Tanto la ministra como la delegada piden todos los esfuerzos desde las instituciones, administraciones y el conjunto de la sociedad para llegar a tiempo y evitar más muertes.

La Guardia Civil sigue buscando al hombre con el que estaba la noche del jueves, su expareja, de 38 años y presunto autor del asesinato de la mujer, que se encontraba registrada en el sistema Viogén con riesgo medio.

El cadáver de la mujer, que fue hallado sobre las cinco de la madrugada del viernes en la parroquia de Belesar estaba a las puertas de la vivienda del hombre, que fue quien alertó a los servicios de emergencias, a los que dijo que no tenía relación con la muerte y emprendió la huida.

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10. En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

La Guardia Civil busca a un hombre como presunto autor del asesinato de su expareja esta madrugada en Baiona (Pontevedra), en la parroquia de Belesar.

Según han informado a EFE fuentes de la investigación, la víctima estaba en el sistema Viogén, con riesgo medio, tal y como ha precisado el subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, y el presunto asesino tenía en vigor una orden de alejamiento, dictada por el juzgado del número 4 de Vigo, con prohibición de acercarse a menos de 200 metros de la mujer.

La víctima, E.B.S., tenía 36 años y su cuerpo fue hallado poco después de las cinco de la madrugada en el lugar de Ínsuas. El cadáver presentaba diferentes golpes en distintas partes y estaba a las puertas de la vivienda de su expareja, que fue quien alertó, hacia las 05:00 horas, a los servicios de emergencias de lo que había sucedido.

Cuando los sanitarios llegaron al punto, según ha relatado el subdelegado del Gobierno, la mujer ya había fallecido y el hombre indicó que no tenía relación con la muerte y emprendió la huida.

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género recaba datos de este caso por presunta violencia machista.

Con todo, Losada ha precisado que las "circunstancias, de momento, están poco claras" y ha advertido de que "una vez" que la Guardia Civil dé con el paradero del hombre y se completen las diligencias con la autopsia y el resto de indagaciones, habrá datos "más concretos" para conocer las circunstancias de este caso.

El subdelegado ha pedido "máxima prudencia", ya que se trata de una mujer con familia y esta se encuentra "sumida en la lógica consternación", y "también paciencia" y dejar que la Guardia Civil y autoridades judiciales completen la investigación. Losada se ha puesto en contacto con el alcalde de Baiona, Jesús Vázquez Almuíña, para informarle y expresar sus condolencias a la familia, al círculo próximo de la fallecida y a la localidad.

De confirmarse como un crimen machista, el número de mujeres asesinadas por violencia de género en España ascendería a 40 en 2024 y a 1.284 desde 2003.

Fadoua Akkar, de 41 años, ha sido hallada sin vida este sábado en Moaña (Pontevedra) tras precipitarse al mar el vehículo en el que viajaba como copiloto y que conducía un hombre que ha sido rescatado con vida y que estuvo en prisión por violencia machista, una de las hipótesis investigadas en este suceso.

"Hay algunos indicios preocupantes, es cierto", ha señalado el subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, en un audio remitido a la prensa en el que, pese a hacer hincapié en la idea de que es prematuro concluir nada, reconoce que "ninguna hipótesis", esta entre otras, está descartada en la investigación de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial.

Sobre el varón que conducía el vehículo, ha comunicado Losada que figura en la base de datos del sistema VioGén de seguimiento en los casos de violencia de género "por unos hechos violentos" acaecidos en el año 2012. 

Según la información facilitada, tiene 47 años y es vecino de Moaña, la misma localidad donde han ocurrido los hechos en la madrugada de este sábado.

Llegó a ingresar en prisión, ha revelado Losada, al ser condenado por la Audiencia Provincial de Pontevedra por unos hechos sucedidos hace 12 años. Además, tuvo una orden de alejamiento, vigente hasta 2020, con respecto a la mujer víctima de los hechos acaecidos en 2012.

Fadoua Akkar, cuyo domicilio figura en la localidad pontevedresa de Salcedo, no estaba registrada como víctima en el sistema VioGén y, por tanto, no existía medida alguna de protección en torno a ella, ha desvelado el subdelegado.

Tras estas explicaciones, Losada ha apelado a la prudencia hasta que concluyan las investigaciones policial y judicial. "Como subdelegado quiero ser muy prudente porque la investigación está en marcha", ha subrayado, para agregar que "es necesario que concluyan las diligencias y podamos decir que estamos ante hechos probados".

Por ahora, ha atestiguado, "hay testigos que indican que el vehículo aceleró notablemente y se adentró en una zona peatonal antes de caer a la ría".

Fue una mujer la que dio la voz de alarma al avisar a las autoridades de que un Volkswagen Passat que circulaba por el paseo marítimo, una zona estrictamente peatonal, había tenido un accidente.

El hombre que conducía ese automóvil y que sobrevivió está ingresado en un centro hospitalario de Vigo (Pontevedra) con hipotermia y pérdida de consciencia, ha revelado el subdelegado.

Fuentes próximas al caso han indicado que él estaba sobre el techo del vehículo y que la mujer fue encontrada en el mar.

En el operativo desplegado fue necesaria la ayuda de un barco mejillonero que contaba con una grúa.

Pasaban escasos minutos de las cinco de la mañana de este sábado cuando la Policía Local dio traslado a los gestores del 112 de estos hechos, después de que los agentes fuesen avisados por esa particular que se encontraba cerca del club de jubilados de Domaio y que desde esa ubicación presenció directamente como un coche se precipitaba, sin poder precisar si había acabado en el agua o en la zona de rocas que la precede.

Los bomberos consiguieron rescatar en un primer momento al varón, pero continuaron con los trabajos para localizar a la otra persona, tal y como ha relatado Emergencias.

El cuerpo sin vida de la víctima, que se encontraba flotando en el agua, fue recuperado durante las tareas de retirada del coche y los profesionales sanitarios desplazados hasta el lugar en una ambulancia solo pudieron confirmar su fallecimiento.

Desde el Centro Integrado de Atención a las Emergencias se solicitó la actuación de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, Salvamento Marítimo y Servicio de Guardacostas de Galicia, Bomberos de O Morrazo, Guardia Civil -también de una patrulla de Tráfico- y de los voluntarios de Protección Civil de Moaña. También fueron informados los Bomberos de Vigo.

Salvamento Marítimo movilizó a su personal a bordo de la embarcación de rescate 'Salvamar Mirach'. 

Tanto la autopsia del cadáver, que según fuentes del caso presenta un fuerte golpe en la cabeza, como el interrogatorio al hombre, serán ahora dos pasos fundamentales en la averiguación de las circunstancias.

El Poder Judicial ha vuelto a dar una buena noticia a un presunto narcotraficante, uno de los más importantes de cuantos operaban en las Rías Baixas en los últimos años y considerado objetivo de alto valor por la DEA estadounidense, según destaca la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. El Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional ha puesto en libertad a Pablo Q., considerado el más relevante de los objetivos detenidos hace apenas tres semanas en la Operación Halia, un amplísimo despliegue policial que sirvió para aflorar un patrimonio inmobiliario por encima de los 10 millones de euros. Un total de 26 inmuebles propiedad del ahora excarcelado y de sus dos presuntos lugartenientes, uno de ellos estrecho colaborador del histórico clan de Los Charlines en el pasado. También se confiscaron nada menos que tres millones de euros en efectivo.

El juez de refuerzo del número 6, Joaquín Gadea, sigue así los pasos de otras resoluciones recientes con grandes capos de la droga de por medio: Jonas Falk, El Pablo Escobar sueco, o el hispanomarroquí Fikri Amellah, por no citar al holandés Karim Bouyakhrichan, líder de la Mocro Maffia, en paradero desconocido tras quedar en libertad por una supuesta confusión entre juzgados. En el caso del supuesto capo gallego, la Fiscalía pidió su puesta en libertad, que fue confirmada por el juez. Lo mismo ocurrió con Amellah, al que se pidió una fianza de 400.000 euros. A Bouyakhrichan, sólo de 50.000.

Además, Halia es una operación sustentada también en comunicaciones desencriptadas con la ayuda de Europol, cuya ilegalidad esgrimen los abogados de los supuestos narcos para invalidar los arrestos. Pero la ausencia de droga en uno de los veleros utilizados por la trama y que pudieron ser rastreados por los investigadores ha influido en la puesta en libertad de Pablo Q.

Treinta y cuatro años después de la Operación Nécora, que retiró las caretas a los grandes capos de la droga de las Rías Baixas, la historia se repite. No por la ostentación pública, pero sí por patrimonio que atesoraban los 20 detenidos a principios de mayo en la Operación Halia: más de 10 millones de euros, repartidos entre viviendas de lujo, vehículos y embarcaciones. La que pertenece a Pablo Q. se ubica muy cerca del astillero Facho, en Cambados (Pontevedra), atribuido a otra figura señera del narco gallego, Sito Miñanco.

Además, los detenidos en Halia explotaban estancos y viveros de moluscos, que integraban toda una estructura de sociedades pantalla, testaferros y “ficciones documentales” para blanquear capitales. Un elevado nivel de vida que, a diferencia de la generación que les precedió, disfrutaban en la intimidad.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, con la imprescindible ayuda de Europol para acceder a las comunicaciones encriptadas del grupo gallego desmantelado, llegó a todo el entramado narcocriminal, que tenía su centro de operaciones en el triángulo de la cocaína –Vilagarcía, Vilanova y Cambados–. Según la UCO, la red tenía capacidad tanto para recibir grandes alijos de cocaína en embarcaciones de recreo, principalmente veleros, como para organizar grandes importaciones de hachís y distribuir drogas sintéticas como cocaína rosa, anfetaminas o MDMA, e incluso heroína y marihuana. Sustancias para todo tipo de consumidores.

Sin embargo, no es la droga lo más destacado en la Operación Halia, sino el dinero. Las montañas de efectivo, más de tres millones de euros, localizadas en los registros, suponen un récord histórico en la lucha contra el narcotráfico gallego, y eso es mucho decir. La Guardia Civil también ha bloqueado 44 cuentas corrientes y se ha incautado de una colección de motos de gran cilindrada, 16 vehículos –tres de ellos de alta gama–, relojes Rólex y nada menos que 26 inmuebles, entre ellos varias casas con jardín y piscina.

“Los intentos de traslado e introducción de la droga en España por esta organización han sido fructíferos en distintas ocasiones, siempre a través de las costas gallegas”, detalla la UCO, que también contó con el apoyo de la DEA norteamericana en este operativo. Pese a las sospechas, muy pocos de los investigados tenían antecedentes. El caso de Víctor Dopico, exmiembro del histórico clan de Los Charlines, es una excepción. Los detenidos buscaban a personas jóvenes sin historial delictivo para emprender las travesías marítimas en busca de la cocaína, según se supo tras analizar sus comunicaciones encriptadas.

Además, para multiplicar sus beneficios, la red disponía de un laboratorio en una zona rural de Madrid para adulterar la cocaína, que podía producir hasta 100 kilos del alcaloide al mes.

El Ministerio de Igualdad investiga si una "cena para mujeres" con karaoke y dj que se celebrará el próximo 4 de mayo en el concello de Cerdedo-Cotobade (Pontevedra) se financia con fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. En el cártel anunciando este acto aparecen los logos del departamento que dirige Ana Redondo y de los fondos de este pacto, además del de la Consellería de Promoción del Empleo e Igualdad de la Xunta de Galicia.

Según han informado en un comunicado, han tenido conocimiento de la cita a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. El objetivo de la cena, organizada por la Federación pola Igualdade da Provincia de Pontevedra y tal y como recoge el cartel que anuncia la cita en redes sociales, es "festejar la fortaleza de las mujeres".

Así, piden confirmar asistencia para una cena que tendrá lugar en Tenorio a las 21.00 horas el próximo 4 de mayo, con servicio de autobús y por un precio de 30 euros. El menú, del cátering Fuchela, incluye empanada, pulpo á feira, carne ó caldeiro, melindres y tarta de manzana, bebidas, café y chupitos. Además de la cena, anuncian sorteos, DJ y Karaoke.

El departamento de Ana Redondo ha anunciado que si esto fuera cierto se retirarán de forma inmediata, se considerará una "actividad no financiable", se solicitará la retirada de los logos de Igualdad, del Gobierno y del Pacto de Estado y llegará "hasta las últimas consecuencias" para frenar estas prácticas. En concreto, Igualdad destinó 4.615,48 euros en 2023 al concello de Cerdedo-Cotobade en el contexto del Pacto de Estado, unos fondos que se asignan a las entidades locales para "programas dirigidos a la violencia de género".

"La perspectiva de género es la búsqueda de la igualdad para evitar discriminaciones o situaciones de marginación, violencia e injusticia, lo que no encaja en modo alguno con una cena lúdico festiva con djs y karaoke", explican desde el Ministerio que también condena "todas aquellas acciones o actividades que banalizan las políticas públicas para erradicar la violencia de género".

Asimismo, solicitan a todas las administraciones públicas "la máxima colaboración para hacer el mejor uso" de esta financiación. "La violencia de género es la vulneración sistemática de los derechos de las mujeres. Su erradicación compete a toda la sociedad y muy especialmente a todas las administraciones públicas. De ahí que los fondos del pacto de Estado contra dicha violencia estén destinados a concienciar y sensibilizar a la sociedad en igualdad, respeto, convivencia y lucha contra la violencia machista", insisten desde Igualdad.

Vecinos y autoridades han arropado este sábado en la localidad pontevedresa de Marín a las familias de los fallecidos en el hundimiento del pesquero Villa de Pitanxo, durante el homenaje organizado por sus allegados con motivo del segundo aniversario del naufragio, según ha informado Europa Press.

Su portavoz, María José de Pazo, ha hecho un balance a estos "dos años de sufrimiento y calvario" a la espera de tener "una sentencia firme, en busca de la verdad", que les llevará a la "justicia". "Ese día por fin podrán descansar en paz los 21", ha señalado.

El encuentro se ha celebrado en torno a la placa que se instaló hace un año por estas fechas en el Paseo Alcalde Blanco, junto al puerto, y que contiene los nombres de las víctimas, de las cuales 12 no pudieron ser rescatadas.

Ha contado con la presencia de numerosos representantes políticos –entre cargos del Gobierno Central, la Xunta, la Diputación de Pontevedra, los ayuntamientos de procedencia de los fallecidos e incluso a nivel europeo– y de los candidatos a la presidencia de la Xunta del PP, del BNG y del PSdeG.

Al tratarse de la jornada de reflexión previa a las elecciones autonómicas, María José de Pazo ha aclarado al comienzo del acto que el "único objetivo" de este homenaje ha sido "por y para los 21 fallecidos" y, por extensión, a la "familia del mar".

"Muchos habéis tenido compromiso, que no sea solo hoy", ha pedido la portavoz de las familias dirigiéndose a las autoridades. "Los que no lo tuvieron están a tiempo de tenerlo", ha solicitado, argumentando que "esta va a ser una lucha larga en la búsqueda de justicia y el esclarecimiento de las causas" del accidente. María José de Pazo ha apelado al "corazón" de los representantes políticos para reclamarles "un compromiso que trascienda" de cara al futuro.

A pesar de la "pena" por este "triste" aniversario, la portavoz de las familias ha destacado que lo que les ha aportado "un poco de consuelo" en este tiempo ha sido conseguir que se llevase a cabo la misión para bajar al pecio, en aguas de Terranova. Una "reivindicación" que "ha merecido la pena", ha afirmado María José de Pazo, por los "datos tangibles" obtenidos para el informe pericial, que permitirá "una instrucción profunda y rigurosa" del caso, ha precisado.

La representante de las familias también ha confiado en que esta "desgracia tan grande que asoló Galicia, España y Europa" marque un "punto y aparte" desde el punto de vista de la "gravísima siniestralidad" que ha supuesto este accidente, sirviendo como "reflexión para que las cosas mejoren", tanto en la seguridad de los tripulantes, como en los protocolos cuando se produzcan víctimas y, en general, "para toda la gente del mar".

"Ya que nadie nos va a devolver a los 21 que nos faltan, que ellos sirvan para mejorar y avanzar", ha insistido, "y que no vuelva a pasar".

Así, se ha referido a la presencia de integrantes de la Confederación Española de Pesca (Cepesca), elogiando que "mucha gente del sector es un orgullo", frente a otra parte de la patronal "que no es como debe ser" –en alusión a la casa armadora del Villa de Pitanxo, Pesquerías Nores– y con la que "hay que ser críticos". María José de Pazo ha demandado que "las cosas tienen que cambiar" y "a la que no cumple hay que apartarla".

Entre los momentos más emotivos de este homenaje ha resaltado la discreta participación de uno de los tres supervivientes del naufragio, Samuel Kwesi, cuyo testimonio contradijo la versión oficial de la empresa armadora sobre la tragedia ocurrida el 15 de febrero de 2022 frente a la costa de Canadá. María José de Pazo se ha referido a él como una "persona fundamental, el mayor estandarte en la búsqueda de la verdad", por lo que le han dedicado repetidos aplausos durante el acto.

"Este hombre es más sólido que esta placa, en valores, en defender la verdad", ha recalcado la portavoz, calificando a Kwesi como un "faro" y un "ejemplo para las familias" por su "valentía" al no dejar "prevalecer la mentira" e impedir que "quisieran tapar la dignidad" de los fallecidos.

"Es muy triste que a estos 21 trabajadores del mar ni siquiera le quisieran respetar su dignidad", ha reprochado María José de Pazo, asegurando que las familias seguirán "buscando la verdad", con la certeza de que Samuel Kwesi representa "la voz" de las víctimas y que va a "estar como una roca de granito".

El marinero ghanés no tomó la palabra, pero se sumó, como un vecino más, a la ofrenda floral con la que finalizó el acto. Samuel Kwesi fue una de las últimas personas en depositar una rosa blanca –que previamente besó– ante el monumento a sus compañeros, secándose las lágrimas mientras el público volvía a aplaudirle.

Además de María José de Pazo, también ha intervenido el presidente de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores, Basilio Otero, a quien la portavoz de las familias ha agradecido su apoyo y "clarividencia" a lo largo de estos dos años, especialmente reclamando la inspección del barco. Otero ha calificado como "el acto más heroico" lo que mueve a alguien a "dejar a su familia para ir a buscar alimento para los demás". En este sentido, ha justificado la necesidad de "atender" a quien sufre un suceso como el del Villa de Pitanxo.

La portavoz de las familias también ha agradecido una vez más la labor de los tripulantes del Playa Menduiña 2, que "pusieron su vida en peligro para rescatar a tres supervivientes y cuerpos de fallecidos" y el comportamiento de su casa armadora. Asimismo, también han recibido aplausos los representantes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil que han asistido al acto, de quienes ha destacado la "gran investigación" realizada y el "trato exquisito" a los allegados de las víctimas.

Finalmente, familiares de los 21 fallecidos –algunos desplazados expresamente desde Perú– han pronunciado, uno a uno, sus nombres mientras depositaban rosas blancas ante la placa conmemorativa. Les han seguido el presidente de la Xunta y candidato del PP, Alfonso Rueda, junto con la alcaldesa de Marín, María Ramallo; el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, y el subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada; y a continuación los aspirantes del PSdeG-PSOE y del BNG, José Ramón Gómez Besteiro y Ana Pontón, respectivamente.

También se han sumado a la ofrenda la senadora socialista Carmela Silva; los alcaldes nacionalistas de Pontevedra, Moaña y Bueu, Miguel Anxo Fernández Lores, Leticia Santos y Félix Juncal; los diputados del BNG en el Congreso, Néstor Rego, y en el Parlamento Europeo, Ana Miranda, así como el cabeza de lista de este partido por la provincia de Pontevedra al Parlamento autonómico, Luis Bará.

Entre el público se encontraban, además, el secretario de Estado de Juventud, Rubén Pérez, y la presidenta de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, Dolors Montserrat; la Valedora do Pobo, María Dolores Fernández; el conselleiro do Mar, Alfonso Villares, la exconselleira y diputada popular Rosa Quintana, la diputada Ana Pastor, el eurodiputado popular Francisco Millán Mon y el presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López; la senadora nacionalista Carme da Silva y el diputado socialista y secretario provincial del PSdeG en Pontevedra, David Regades.

Con la base de la placa cubierta de rosas, el homenaje –en el que la música de dos violinistas acompañó las ofrendas– concluyó con la interpretación de 'Meu amor é mariñeiro' y coreando el lema 'Siempre con nosotros' antes de que las familias, ya en la intimidad, se dirigieran a depositar flores en el mar.