Muchas de las tensiones que atraviesan hoy nuestras ciudades y entornos naturales comparten un mismo patrón: la tendencia a considerar determinados problemas colectivos como algo ajeno. Esa distancia subjetiva entre el problema y la conducta individual es, a menudo, el eslabón que falta en el diseño y aplicación de las políticas públicas.

El reciente brote de peste porcina que ha afectado a zonas como Collserola es un buen ejemplo. Ante el riesgo de propagación entre jabalíes y cerdos domésticos, las autoridades han restringido accesos y usos recreativos del parque. La medida busca proteger un sector económico estratégico y evitar consecuencias ambientales y sanitarias de gran alcance. Sin embargo, no han faltado incumplimientos: personas que sortean vallas o acceden por caminos secundarios al considerar exageradas las limitaciones. Al no existir riesgo directo para la salud humana, una parte de la ciudadanía concluye que la cuestión no le concierne, aunque sí pueda afectarle a medio plazo en forma de impacto económico, territorial o alimentario.

Algo similar ocurre con la gestión de los residuos urbanos. Muchos municipios afrontan contenedores desbordados, bolsas abandonadas en la vía pública y puntos de recogida selectiva mal utilizados. Paralelamente, crecen las quejas por el incremento de tasas de residuos o por la opacidad del sistema de reciclaje. Aunque existan dudas razonables sobre la eficacia o transparencia de determinados modelos, esa desconfianza se traduce, en algunos casos, en comportamientos abiertamente incívicos: depositar los residuos fuera del contenedor, eludir la separación selectiva o delegar la responsabilidad en un sistema del que se desconfía, pero que se continúa saturando.

La lista podría ampliarse: vehículos abandonados que ocupan durante meses el espacio público, vertederos incontrolados en las periferias urbanas, mobiliario urbano deteriorado o equipamientos colectivos dañados. En todos estos casos se combinan decisiones técnicas, administrativas, políticas y económicas —a menudo poco explicadas— con conductas individuales que se justifican en esas mismas dudas y que sitúan el problema fuera del propio ámbito de responsabilidad.

Es legítimo cuestionar cómo se calculan determinadas tasas, si la gestión de una crisis sanitaria es proporcionada o si la administración actúa con la diligencia debida en la retirada de un vehículo o en la clausura de un vertedero ilegal. Lo que resulta difícil de justificar es que esa crítica se traduzca en una retirada de la propia responsabilidad: tirar residuos donde no corresponde, abandonar un coche, descargar escombros en un descampado o ignorar una restricción temporal de acceso a un espacio natural.

Cuando esto sucede, se produce una paradoja: se señalan los efectos —más impuestos, más restricciones, más costes de limpieza, pérdida de calidad del espacio público— sin reconocer el papel que tienen las prácticas cotidianas en la generación de esos mismos efectos.

Una parte del problema reside en que el factor humano sigue siendo el gran ausente en la formulación de muchas políticas públicas. Se habla de normativas, sanciones, competencias y presupuestos, pero menos de percepciones de riesgo, de confianza en las instituciones, de fatiga normativa o de la tendencia a diluir la responsabilidad individual cuando el daño se reparte entre muchos.

Incorporar seriamente ese factor humano implica asumir que la información no basta si no se vincula de forma clara la conducta individual con sus consecuencias colectivas; que la transparencia no es un adorno, sino una condición para sostener el cumplimiento voluntario; y que las medidas deben ir acompañadas de una pedagogía cívica continuada, no solo de campañas puntuales o de la amenaza de sanción.

También exige reconocer que el cuidado de lo común —de un parque natural, de una calle limpia, de una red de contenedores, de unas infraestructuras compartidas— no puede delegarse exclusivamente en la administración. El espacio público es, por definición, responsabilidad compartida.

Quizá la pregunta de fondo no sea si un problema “nos afecta directamente” o no, sino de qué manera lo hace y hasta qué punto nos sentimos concernidos por él. Porque, aunque el impacto pueda parecer lejano o difuso, nuestras decisiones diarias —cumplir o no una restricción, utilizar correctamente un contenedor, denunciar o tolerar un vertedero o un vehículo abandonado— forman parte de la ecuación. Ignorar ese vínculo es, en sí mismo, una forma de agravar el problema que luego reclamamos que alguien resuelva por nosotros.

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Anna Garcia Hom es analista y socióloga. Dra. en Seguridad y Prevención.

Se equivoca el PSOE indicando que son solo tres y se equivoca el PP indicando que el Partido Socialista es una mafia y todos los descalificativos, muchos de ellos falaces, que hacen en sus argumentos de ataque ocultar no solo su falta de propuestas, sino su escoramiento cada día mayor hacia la ultraderecha al aumentar los recortes de lo público para dárselo al negocio privado. Y se equivocan esta derecha y ultraderecha cuando defienden a dirigentes que con su ineptitud han causado víctimas. Se equivocan, puesto que ellos no son el mejor ejemplo, por sus casos anteriores y actuales de corrupción que están siendo juzgados o imputados y que no salen públicamente, porque utilizan a una parte de la justicia corrupta y prevaricadora, como ellos, pues la derecha y ultraderecha saben utilizar a esa justicia afín a ellos, que les apoya, a esos medios informativos, económicos y periodistas antidemocráticos y se asientan, se embarranan, disfrutando de una manera cruel y deshonesta, en una corrupción y prevaricación continua. Basta ya de engañar, de utilizar argumentos falaces, de manipular. El problema es el bipartidismo, la mezquindad y antidemocracia que ha producido y que produce en unos dirigentes políticos que solo utilizan su poder para corromperse y aumentar sus estatus social. Pues no les importa ni la ciudadanía ni el partido al que pertenecen. Eso sí, lo hacen con la ayuda de las empresas corruptas que utilizan la corrupción de estos “mezquinos” para aumentar sus resultados económicos. 

Se equivoca también esa izquierda que se divide por las comas, los acentos y sus egocentrismos personales y actúan de forma mezquina, cuando ante un ataque, que no es otra cosa que un “intento de golpe de Estado”, se dedican más a priorizar sus egos que a unirse y defender no solo a la democracia sino también a contrarrestar ese “golpe de Estado“ y priorizar lo que en realidad desea la ciudadanía, y no sus egos personales; pues es de todos sabido que si vamos a un poder de la derecha y ultraderecha, volveremos a una España del siglo anterior. Se equivoca Podemos con sus exigencias egocéntricas, pues por desgracia, Podemos nos dio una esperanza después de aquel 15M y ellos han acabado con esa “utopía”, debido a la mezquindad egocéntrica de algunos de sus dirigentes que por desgracia lo único que quieren ahora es mantener sus puestos de poder y estar en la oposición, donde se encuentran más cómodos y son más felices, pues así su compromiso es menor y esto demuestra que es una postura antidemocrática y a la vez humillan a la ciudadanía que creyó, se ilusionó con ellos y que sus acciones posteriores nos han defraudado totalmente, por la falta de coherencia e irracionalidad de algunas de sus argumentaciones y egocentrismos personales.

Se equivocan Esquerra Republicana y Sumar creyendo que siendo duros en sus planteamientos van a sacar rédito electoral.

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Ximo Estal es socio de infoLibre.

No siempre conectado con estos debates, pero sí estrechamente vinculado con ellos, aparece de cuando en cuando el tema de la extensión del voto a las personas menores de la edad establecida, entendida como una vía dirigida a lograr dos objetivos principalmente: el fortalecimiento y la juvenilización del demos, por un lado y, por otro, la reparación de una injusticia que se comete con estas personas dejándolas excluidas del disfrute de un derecho humano universal y víctimas de una discriminación por motivo de edad. 

Que los niños ni tienen ni deberían tener derecho a votar es algo que, para la mayoría de las personas, resulta evidente. Sin embargo, debido a que el sufragio está caracterizado como el más emblemático de todos los derechos políticos de una democracia representativa, desde distintos sectores se llama a un debate serio sobre las razones que existen para excluir a los niños del sufragio y si estas razones resultan consistentes. Históricamente, se sabe que el derecho al sufragio ha estado vetado para ciertos grupos de personas. Algunas de las que fueron prohibiciones en el pasado se han ido superando, como en el caso de los hombres no propietarios, o de las mujeres en general y más recientemente en España, las personas con discapacidad. Sin embargo algunas restricciones permanecen, como las referidas personas extranjeras, las condenadas a ello por sentencia judicial firme… o los niños. De estos tres grupos, solo hay uno donde la justificación se basa en una animadversión irracional, como es la negación del sufragio a los niños, niñas y adolescentes. 

La razón de fondo que se esgrime para esa exclusión es la cuestión de la competencia: se piensa que los niños carecen de competencia política. Se añade a esto la presunción de que los niños no tienen las capacidades intelectuales necesarias para emitir juicios informados y maduros. La cuestión sería entonces acordar qué es lo que constituye la capacidad de votar, es decir, qué puede entenderse como la capacidad de experimentar los beneficios del derecho al voto y los daños de la privación de ese derecho. Son tres los criterios que se aplican a demostrar que las personas menores de 18 años deben ser excluidas del electorado: el criterio de racionalidad (que estaría desarrollada totalmente cuando las personas jóvenes se vuelven adultas); el conocimiento político-teórico y el conocimiento político pragmático. 

Frente a ello, el profesor Pablo Marshall argumenta lo siguiente: En relación a la racionalidad, no se ha demostrado todavía que los adultos, y en particular los que tienen entre 18 y 30 años, posean una capacidad racional mayor que la de los adolescentes. Con respecto al conocimiento político –teórico y pragmático- diversos estudios han demostrado que las y los adolescentes tienen un manejo equivalente al que los adultos han adquirido con el tiempo, mediante la propia práctica del sufragio, y especialmente semejante al de los electores de entre 19 y 20 años. Concluye el autor que la fijación de la edad electoral a los 18 años resulta arbitraria, ya que excluye a un grupo de individuos que sí tienen capacidad electoral según los criterios expuestos, al menos en lo que respecta a los mayores de 16 años. Según Marshall, si se excluye a los menores de 18 años por una carencia de capacidad electoral, se debe estar dispuesto a excluir por las mismas razones a aquellos que superan esa edad y que carecen de dicha capacidad, cualquiera sea el estándar que se use para evaluarla, por una razón de simetría. Hoy por hoy, para ser elector no hace falta saber leer, ni darse a entender por escrito, tampoco es necesario tener interés en política, ni haber efectuado estudios básicos, no se requiere ser inteligente, racional o informado. La única regla que cautela la concurrencia de la capacidad electoral es la edad, cosa que resulta injusta. 

La falta de representación directa de los niños, niñas y adolescentes en el nivel político tiene como repercusión inmediata que sus intereses genuinos son desconocidos para la población en general y carecen de interés prioritario en la toma de decisiones para la implantación de las políticas públicas. Un ejemplo palmario lo tenemos en España, donde nada menos que casi un tercio de la población infantil y adolescente del país se encuentra por debajo del umbral de pobreza desde hace muchísimos años. Hecho que no carece de repercusiones económicas para todo el conjunto de la población.

Desde el punto de vista de una deseable democracia inclusiva, la incorporación de las personas menores de edad se evaluaría según su potencial impacto en la participación política general. Si su inclusión proporcionara un input de legitimación basado en mayor participación electoral, podría estar justificada. Si, por el contrario, se observara que la participación general decrecería a consecuencia de su inclusión y en consecuencia también la legitimidad política del gobierno, no debería incluírselos entre los electores. Tomando en cuenta la composición actual de la pirámide demográfica de España, puede observarse que la franja de los 16 y los 17 años, representa un 2,2% de la población en general, y el 2,5% de quienes actualmente componen el censo electoral, por lo que la incorporación de este grupo más joven, entendida como primer paso para el reconocimiento del derecho al sufragio universal de todos los niños y niñas, tendría pocas posibilidades de causar perjuicio a la democracia española y sí muchas de aumentar su legitimidad. 

En su libro Así termina la democracia, el profesor de historia y ciencia política David Runciman afirma que el atractivo de la democracia moderna es doble: por un lado ofrece dignidad a las personas, que tienen la oportunidad de expresar sus opiniones y que estas se tomen en serio. En segundo lugar, produce beneficios a largo plazo, ofrece a ciudadanas y ciudadanos la esperanza de ser partícipes de las ventajas que aportan la estabilidad, la prosperidad y la paz. Conceder a las personas el derecho al voto es el mejor modo de hacerles saber que importan. Pero cuando casi todas las personas adultas podemos ya votar, nos dice este autor, es inevitable que busquemos nuevas vías para procurarnos un mayor respeto. En su opinión, para ampliar por la base el cuerpo democrático es necesario, en primer lugar, comprender la naturaleza de los problemas que enfrentan nuestras democracias, y de modo particular la división generacional, que se ha convertido en un factor cada vez más relevante ante el notable envejecimiento de las poblaciones, especialmente en los países más industrializados. En consecuencia su propuesta consiste en reducir la edad de votar a los seis años, extendiendo el derecho al voto a cualquier niño o niña que se halle escolarizado a tiempo completo. Esta medida sería comparable a las otras dos grandes extensiones del sufragio para incluir a los hombres trabajadores en el siglo XIX y las mujeres en el XX y podría “vigorizar nuestra democracia, mejorarla, variarla, dejarla un poco menos osificada, un poco menos predecible, un poco menos rancia”. 

A la vista de lo que hasta aquí se ha expuesto podría deducirse que faltan razones para excluir a los niños de esa manifestación emblemática de la democracia que es el sufragio universal. Aunque resulte obvio recordarlo, disponer de un derecho no conlleva la obligación de ejercerlo. El sufragio se entiende como un derecho personalísimo de aquellos considerados libres e iguales, y que harán uso del mismo cuándo y cómo juzguen ellos mismos conveniente.

Ciudadanía (cualidad y derecho de ciudadana o ciudadano), participación (acción y efecto de participar, de tomar parte en algo) y democracia (gobierno del demos, esto es, del pueblo) son tres conceptos estrechamente vinculados, de tal modo que puede decirse que cada uno de ellos necesita al otro para ser verdadero, para realizarse. La democracia necesita de la participación y la participación da vida a la ciudadanía. Si pensamos en los niños, niñas y adolescentes, el punto débil de esta ecuación se encuentra en su exclusión del demos cualificado para la participación política, lo que a su vez es uno de los componentes de ciudadanía. 

Una exclusión que no encuentra sentido si no es sobre un sentimiento se encuentra fuertemente arraigado en toda la ideología que como adultos mantenemos en nuestro imaginario colectivo respecto a la incompetencia de los niños. Se podría empezar, para ello, por el reconocimiento de las prácticas de ciudadanía política surgidas de la iniciativa de los propios niños y niñas, pero también, por qué no, de la competencia política que despliegan cuando se les llama a participar en foros, consejos o parlamentos de distinto tipo, y también de su comportamiento político a la hora de emitir su voto en aquellos países que ya han rebajado la edad del voto a los 16 años. 

La defensa del derecho al sufragio universal de niños, niñas y adolescentes no será el bálsamo que lo cura todo, pero sí una forma de reparar la injusticia que supone su exclusión radical del mismo, a la vez de una manera de caminar juntos hacia una sociedad democrática que, para sobrevivir, necesita renovarse y perfeccionarse continuamente. 

Rebajar la edad para votar a los 16 años no conseguirá por sí solo el reconocimiento de los todos niños, niñas y adolescentes como actores políticos, ni solucionará los problemas que afectan a las democracias, pero tampoco perjudicarán a unos ni a otras, y será un paso razonable para lo que debe ser un objetivo compartido, esto es, gozar de un sufragio verdaderamente “universal” y de una democracia inclusiva.

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Lourdes Gaitán Muñoz es socia de infoLibre.

Trump y los suyos deben de estar encantados porque tal es la reacción que pretenden conseguir y con ella el aislamiento de los ciudadanos y su impotencia social. 

“Se ha observado frecuentemente que el terror puede dominar de forma absoluta sólo a hombres aislados y que, por eso, una de la preocupaciones primarias al comienzo de todos los gobiernos tiránicos consiste en lograr el aislamiento; el aislamiento puede ser el comienzo del terror; es ciertamente su más fértil terreno y siempre da resultado", dice Hannah Arendt en su libro Los Orígenes del Totalitarismo,  muy apropiado también para nuestros días. 

“Lo característico del aislamiento es la impotencia, en cuanto que el poder siempre procede de hombres que actúan juntos, actuando concertadamente" (Burke); "por definición los hombres aislados carecen de poder", sigue explicando Arendt. El aislamiento y la impotencia, es decir la incapacidad fundamental para actuar, son siempre característicos de las tiranías. Los contactos políticos entre los hombres quedan cortados en el gobierno tiránico y frustradas las capacidades humanas para el ejercicio del poder. 

Ciudadanos y ciudadanas paralizados por el miedo son un regalo para Trump, Elon Musk, Steve Bannon y toda la extrema derecha mundial, incluida la española, que ya proclama su orgullo para blandir la motosierra. 

El triunfo de Trump y los autoritarismos ha sido preparado y facilitado por las campañas de desinformación, bulos, hechos alternativos e hipérboles que aquél y todos sus secuaces han ideado y utilizado durante años. Como dice Ece Temelkuran, “las mentiras que se han rebautizado como hechos alternativos o hipérboles veraces se han multiplicado a tal velocidad que ha sido como un bufé libre en el que uno puede limitarse a elegir qué le apetece creer”. 

Sin embargo, tal situación tiene y tendrá consecuencias muy adversas para los ciudadanos y la democracia. Ya lo explicaba Arendt en la obra citada a pesar de que no llegó a vivir una situación similar a la actual en materia de propaganda y desinformación, pero sí había estudiado la propaganda de los regímenes totalitarios. 

"De la misma manera que el terror, incluso en su forma pretotalitaria, y simplemente tiránica, arruina todas las relaciones entre los hombres, así la autocoacción del pensamiento ideológico arruina todas las relaciones con la realidad. La preparación ha tenido éxito cuando los hombres pierden el contacto con sus semejantes tanto como con la realidad que existe en torno de ellos, porque con sus contactos, los hombres pierden tanto la capacidad para la experiencia como para el pensamiento", explica la autora alemana, quien concluye: "objeto ideal de la dominación totalitaria no es el nazi convencido o el comunista convencido [Arendt pone como ejemplos de totalitarismo el nazismo y el bolchevismo], sino las personas para quienes ya no existe la distinción entre el hecho y la ficción (es decir la realidad de la experiencia) y la distinción entre lo verdadero y lo falso (es decir, las normas de pensamiento).” 

Juzgue el lector en qué estado nos encontramos hoy. 

El día 28 de febrero de 2025 hemos visto en directo en la Casa Blanca a los matones en acción, furiosos porque un dirigente de un país, Ucrania, se negaba a ser objeto de un pillaje (quedarse con la mitad de los recursos naturales de un país es pillaje manifiesto) que los gánsteres ya habían dado por conseguido. 

Frente a la tiranía sólo cabe unidad y participación. Unidad de movimientos ciudadanos que no admitan el gansterismo como método de gobierno, más allá de izquierdas o derechas. Necesitamos concitar a muchos y muchas. Desde Librepensadores no podemos llegar muy lejos por la escasez de audiencia e influencia (no nos hagamos ilusiones), pero entre unos y otros, y quizá con la ayuda de infoLibre, podemos llegar a muchos más. 

El movimiento cívico y partidos políticos firmes son esenciales para detener la tiranía que representan Trump y la extrema derecha mundial, porque no nos engañemos, tiranía y totalitarismo es lo que representan. 

Hablar, difundir, explicar en la medida de nuestras posibilidades es nuestra tarea. 

Ni aislados ni acojonados.  

Hace unos días asistí a la presentación del Informe sobre el Estado del Derecho 2024 (en España y con detalle autonómico), un trabajo de investigación que elabora la Fundación Hay Derecho cada dos años, que “mide con datos la realidad de nuestro Estado de derecho.” 

No voy a recrearme en los hallazgos porque el Informe merece mucho la pena leerlo entero. Es un producto de conocimiento de muy amable lectura.

Sí voy a recrearme en señalar algunas ausencias, dos concretamente, que me han llamado la atención –asumo que por deformación profesional y personal–, y que dejo aquí anotadas por si se pudieran tener en consideración de cara a la elaboración de la siguiente edición 2026.   

Sobre una de ellas me remito con autobombo a la tribuna de esta serie de Ideas Propias que titulé “Capacidad de defensa mermada”. No soy jurista, pero el hecho de que el Informe mencione y valore la figura del Defensor del Pueblo español considero que amerita que esa misma figura sea mencionada y valorada en los análisis comparados de las comunidades autónomas. Este mismo comentario aplicaría a las instituciones de control externo, de las que cuatro comunidades autónomas carecen y que el Tribunal de Cuentas de España atiende directamente. 

Sobre la otra ausencia: el Informe no menciona la figura recogida en el artículo 87.3 y siguientes de la Constitución Española y que es parte integrante de los engranajes, pesos y contrapesos de nuestro Estado de Derecho. Me refiero a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que también saco a colación por analogía, dado que el Informe sí menciona y valora la figura de la acusación popular reconocida en el artículo 270 de la Constitución Española, entiendo que por la importancia de la intención de su reforma recientemente anunciada y el espacio mediático que ocupa hoy.

La Iniciativa Legislativa Popular está regulada a nivel estatal y autonómico, porque en ambos niveles hay poderes legislativos. En el caso de Andalucía, Asturias, Castilla La Mancha, Castilla y León, Madrid y Murcia, además, también se reconoce la iniciativa legislativa de los Ayuntamientos, una novedad respecto a la legislación estatal.

Pero estas no son las únicas diferencias, que se pueden traducir en desigualdades, que las respectivas legislaciones establecen para el ejercicio de este derecho constitucional. Hay al menos tres tipos de diferencias creo que importantes por sus efectos en los resultados.  

Por un lado, el número mínimo de firmas necesario para que una propuesta de la ciudadanía se transforme en ILP está determinado por el tamaño del censo electoral. A nivel estatal son 500.000 firmas las necesarias (más o menos el 1,3% del censo de electores, que asciende a algo más 37 millones a cierre de 2024). A nivel autonómico, destaca la Comunitat Valenciana por requerir “apenas” 10.000 firmas (o el 0,3% del censo electoral). Le sigue Galicia también con 10.000 (0,5% del censo), Andalucía y País Vasco (40.000 y 10.000 firmas respectivamente, el 0,6% del censo) y Castilla León (0,75% del censo). En un grupo rondando el 1% del censo se encuentran Baleares (7.500, o el 3% de una circunscripción insular si son asuntos referidos solo a esta), Canarias (15.000 o el 50% si son asuntos referidos a una circunscripción insular), Cantabria (4.000), Madrid (50.000), Murcia (10.000) y Navarra. Con mayor dificultad relativa de ejercer este derecho se encuentran Asturias (10.000 firmas o el 1,2% del censo), Castilla La Mancha (20.000, 1,3%), Aragón (15.000, 1,5%), y La Rioja (6.000, 2,6%). Y fuera de la tabla se encuentra Extremadura, donde se precisa que más de uno de veinte electores (5,2%, o 45.000 personas) firme los pliegos oficiales de la Junta Electoral.

Por otro, la posibilidad o no de presentarlas de forma digital. En 2006 se modificó la Ley Orgánica 3/1984, de 26 de marzo, Reguladora de la ILP permitiendo la recogida de firmas por vía electrónica. A nivel autonómico, solo nueve comunidades han adaptado su normativa a la era digital, aunque algunas pendientes de reglamentación: Andalucía, Aragón, Baleares, Cantabria, Cataluña, Comunitat Valenciana, Galicia, Navarra y País Vasco. 

Por último, el ejercicio efectivo de este derecho, cuyo análisis detallado dejo pendiente para una siguiente tribuna por falta de espacio en esta y por la desigual transparencia de la información publicada. Solo adelantar que es desigual y que quizá fruto de la incidencia de los tres criterios expuestos (habilitación de iniciativa de ayuntamientos, número mínimo de firmas y digitalización del proceso de recogida de firmas). 

Ya para terminar, y como somos ciudadanía europea además de española, no está de más recordar que en la Unión Europea disponemos del derecho a la European Citizen’s Initiative, cuya activación requiere al menos un millón de firmas de electores que provengan de al menos siete países miembros. 

La participación ciudadana plena y los condicionantes establecidos para su ejercicio son una dimensión esencial de la salud de nuestro Estado de Derecho. Contar en el Informe con evidencias y datos comparados de su desempeño sería estupendo. 

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Verónica López Sabater es economista y consejera de la Cámara de Cuentas de Madrid.

Nos has enviado una carta para decirnos que el acoso político y judicial que está sufriendo Begoña te hace dudar de si “merece la pena” seguir en La Moncloa, y que el lunes nos informarás de tu decisión. Aunque me llama la atención que puedas saber hoy, jueves 25, que el próximo lunes sí sabrás la decisión que vas a tomar. No tengo pruebas para dudar.

Ya se han convocado acciones para apoyarte. Sé de una concentración en Ferraz para el sábado 27 a las 11 de la mañana y de una petición de firmas en la plataforma Change. Estoy de acuerdo. Por mi parte, sobre las 11:20 horas de hoy he accedido a la web de La Moncloa y te he enviado un texto con 197 palabras que incluía dos peticiones concretas para el caso de que te decidas a seguir, pero cogiendo el toro por los cuernos.

Quizás me equivoco, pero a esa hora allí no estaba tu carta. Creo que es donde deberías haberla colgado en primer lugar. Y en las redes después. En cambio, en la sección “Noticias sobre la actividad del presidente del Gobierno”, también en la misma web de La Moncloa, descubro ahora, a las 16:20 horas, que la primera noticia de ayer, 24 de abril, decía lo siguiente:

“El presidente del Gobierno defiende que el Ejecutivo escucha a la ciudadanía, tal y como demuestran las medidas adoptadas en el ámbito económico, y señala la desinformación como una de las principales amenazas a las democracias occidentales”.

Aunque creo que La Moncloa y yo no hablamos el mismo idioma cuando nos referimos al significado de “escucha a la ciudadanía”, me vienen ahora tres nuevas propuestas. Ninguna estaba en mi escrito de esta mañana.

La primera es que el presidente debería haber pedido expresamente en su carta que le hiciéramos llegar ideas, consejos y opiniones para ayudarle a resolver la duda sobre “si merece la pena” o no seguir en La Moncloa.

La segunda es que si usted, que está leyendo, piensa que debe decirle algo al presidente no deje de hacerlo. Ya sabe, a través del enlace antes indicado, directo a La Moncloa, donde nos aseguran que “algunos mensajes los responde directamente el presidente” y nos informan que “todos los mensajes recibidos se tienen en cuenta, excepto aquellos que contienen palabras amenazadoras, insultos o contenido racista u ofensivo hacia el presidente del Gobierno o cualquier otra persona”.

Y la tercera es pedirle a Pedro Sánchez que, antes de comunicarnos el lunes su decisión, publique en la misma web de La Moncloa todos los escritos que haya recibido, previa autorización expresa de sus autores. Y lo anuncie también en medios y redes sociales.

Es lo mínimo que nos merecemos a cambio de la inquietud, para muchas personas zozobra, que nos ha regalado durante cinco días seguidos. Y también podría someter a votación entre la ciudadanía, durante otros cinco días, por ejemplo, todos los escritos recibidos en la web de La Moncloa que hayan incluido propuestas políticas de cara al futuro. 

Deberías atreverte, Pedro. Fuiste capaz de reconquistar el PSOE, de ganar la primera moción de censura, de indultar y amnistiar contra tantos derechistas y ultraderechistas, de abrir un paréntesis en público para reflexionar y hasta de afirmar que tu gobierno escucha a la ciudadanía.

Presidente, confío en que lo hagas. Las nuevas tecnologías, esas que ya la Constitución del 78 supo legislar en su artículo 18, pueden canalizar la participación de la ciudadanía en política de manera constructiva.

Solo es cuestión de voluntad política.

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Domingo Sanz es socio de infoLibre.

Ser joven en España se hace cuesta arriba. Actualmente un 28% de ellos son desempleados, una cifra que duplica a la media de la Unión Europea. Un 23,4% son trabajadores pobres. La edad a la que consiguen irse de casa supera ya los 30 años, es decir, los jóvenes se emancipan cuando dejan de serlo. Algunos estudios están empezando a utilizar el término “proletarización de la juventud” porque encontrarse en esta franja de edad cada vez está más relacionado con sufrir carencias económicas. 

Todos estos datos explican, al menos en parte, los bajos índices de satisfacción con la democracia en esta población. “Un 57% de los españoles entre 18 y 35 años se sienten satisfechos con ella, frente al 71% que registran otros grupos de edad”, apunta Kilian Wirthwein Vega, consultor de política internacional, haciendo referencia a una encuesta realizada en septiembre por el Open Society Bar. Vega es uno de los autores del último informe de la FEEP, la asociación Friedrich-Ebert-Stiftung y la Fundación Felipe González sobre la relación de la juventud desfavorecida con la democracia.

“Hemos elaborado cuatro grupos de discusión en diferentes zonas de España y 15 por varios países de Europa, además de medio centenar de entrevistas. Nuestras conclusiones desmienten, fundamentalmente, dos mitos muy arraigados: los jóvenes de ahora no son menos demócratas y no tienen menos interés por la política”, explica el experto. “La mayoría de las encuestas no indagan en los motivos de la insatisfacción, que se debe a un malestar estructural ligado a serios problemas económicos. No son contrarios a la democracia, sino críticos con ella”, añade.

A pesar de que la mayoría de estudios cuantitativos y el ideario popular da por hecho que las nuevas generaciones viven “aisladas” de la actualidad política, estos expertos creen que detrás de estas afirmaciones hay una realidad más compleja: “No es que sientan un desinterés por ella, les interesa incluso más que en otras épocas, pero sí que participan menos. Lo que ellos nos cuentan es que no tienen tiempo, ni energía, y que su prioridad es sobrevivir económicamente”, explica durante la presentación del informe Javier Carbonell, profesor en Science Po y otro de los autores. 

Algunos de los testimonios que pueden leerse en el estudio que se ha publicado esta semana ejemplifican esta situación a la perfección: “Participar es difícil. La gente que lo hace tiene sus necesidades básicas cubiertas. Si estás en la miseria no puedes participar. Si tienes una situación cada vez más precaria, trabajando cada vez más horas… Acabas en una desconexión total”, comenta un joven madrileño de 25 años que participó en uno de los focus group. Otro de ellos, de 22 años y residente en un barrio de clase baja, pone el foco en la poca accesibilidad del lenguaje burocrático: “La política debería ser más atractiva, igual que la manera de informar sobre ella. Se nos olvida que consiste en servir y aportar mejoras. Me da pena que no me resulte atractiva porque sé que influye en nuestras vidas”. 

“Hay muy poca participación política y muy poco asociacionismo en España. Históricamente ha sido así. Los niveles son muy bajos y prácticamente solo se salvan Cataluña y Euskadi”, sentencia Carbonell. Hay muchos motivos que explican esta tendencia enraizada, entre ellos, el peso de cuarenta años de dictadura franquista y una transición que llegó desde las propias instituciones. Las redes sociales, que han trasladado el debate público a la esfera virtual, la pandemia o las consecutivas crisis económicas de la última década tampoco parecen haber ayudado. 

“El interés por la política en relación con la edad es algo que está muy estudiado ya desde finales de los años sesenta. Sabemos que aumenta con la edad hasta llegar a un tope. Sí que es cierto que, analizado por cohortes, los jóvenes de la última crisis de 2008 se politizaron muy rápido, y ese interés también ha afectado a los de la poscrisis. Luego tendremos que ver cómo han afectado otras situaciones como la pandemia”, explica a infoLibre el profesor de Ciencia Política de la URJC y experto en estas cuestiones, Javier Lorente. 

“Los jóvenes se distancian más de temas de política institucional, partidos… del proceso político mismo, aunque luego se interesan más por temas concretos. Por ejemplo, sabemos que votan poco, pero se movilizan en manifestaciones o protestas”, añade. El académico también apunta a que el retraso en la edad de emancipación y de entrada en el mercado laboral hace que se aumente la edad del primer voto y se ralentice la madurez en aspectos políticos. 

Andrea Henry, presidenta del Consejo de la Juventud de España (CJE), coincide con las reflexiones de Lorente: “El problema que detectamos nosotros es que no hay falta de participación en política, sino que se hace un entendimiento erróneo de lo que es la política, que no sólo va de leyes y partidos. Hay otros movimientos sociales en los que vemos a gente joven movilizada y con ganas de hacer cosas. Un buen ejemplo es el medioambiente o la salud mental”. Henry insiste en declaraciones a este medio en que “las estructuras antiguas” de afiliarse a un partido u organización, pagar una cuota y asistir a reuniones “están anticuadas”. 

Durante la investigación realizada por Carbonell y Vega se contó con la participación de representantes de las juventudes de los principales partidos políticos españoles. Víctor Camino, presidente de las Juventudes Socialistas, recalca la necesidad de actualizarse para llegar a una generación que socializa por el móvil: “La democracia sigue con mecanismos del siglo pasado. Las generaciones democráticas anteriores crearon marcos que no se adaptan a las nuevas generaciones”.

Bea Fanjul, líder de Nuevas Generaciones del PP, cree que los asuntos relacionados con la juventud “deberían tener más presencia en las agendas de los partidos”. A este respecto, Henry recuerda que “en el Parlamento solo hay 15 jóvenes y 5 en la Eurocámara. Más o menos el mismo número que de personas que se llaman Martín”. 

A todo ello hay que sumarle otros factores, que también tienen que ver con la cultura de nuestro país. La política no está bien vista y el debate en torno a ella está muy polarizado. Esto se traduce en un cierto “miedo” a posicionarse abiertamente sobre una ideología concreta. “Algunos no quieren participar en política porque, si te afilias a un sindicato, te pueden despedir. Legalmente no debería ser así, pero ocurre. La precariedad laboral afecta a la predisposición a significarse políticamente”, apunta en el informe Marc Hidalgo, miembro de las Juventudes Socialistas de Cataluña. 

Los jóvenes entrevistados, todos procedentes de áreas económicamente deprimidas del centro y sur del país, cuentan con nociones muy básicas sobre cuestiones políticas y administrativas. Son capaces de nombrar las principales instituciones y a algunos políticos de alto nivel, pero desconocen el funcionamiento de la repartición de poderes o cómo se aprueba una ley. Apenas siguen los medios de comunicación y tienden a informarse a través de los telediarios, con una escucha pasiva, o por el boca-boca. La lectura de periódicos o revistas es anecdótica. 

“La mayoría de informativos cuentan tonterías, ¿por qué no emplean ese tiempo en explicar las nuevas leyes que se han aprobado?”, plantea uno de los participantes en los debates. Otro de ellos considera que “más del 60% de las noticias son negativas” y que eso se traslada a la gente. En general, desconfían de las empresas mediáticas y de los partidos políticos, a los que acusan de corromperse al llegar al poder. “No es tanto el sistema, sino los partidos. La política suele ser muy reactiva (...). No hay nada que nos motive a movilizarnos”, señala uno de los testimonios recogidos en los debates que habla de “una rivalidad irracional” entre los partidos.

Llama la atención algunas diferencias entre las opiniones de los jóvenes de zonas urbanas y rurales. “Los jóvenes del campo se sienten alejados de los lugares de poder, tanto geográfica, como institucionalmente. En general, no conocen a nadie de su confianza que participe en estos espacios”, comenta Diego Loras, de Teruel Existe, en el informe. Igual de llamativa es la diferencia frente a temas tan candentes como la migración y las políticas de igualdad. Frente al apoyo mayoritario en las urbes, en los focus group rurales se apreció un rechazo más fuerte hacia estas políticas. “Estos temas se han incorporado tarde a la agenda española porque había cierto consenso. Todo ello saltó con los aires con Vox, un partido abiertamente xenófobo. Son temas sensibles que generan polarización, frente a otras como la vivienda en la que los jóvenes tienen un apoyo más transversal”, explica Lorente.

“Desde el punto de vista económico, somos una generación a la que se le hicieron muchas promesas, pero luego no se ha dado el progreso material. No estamos económicamente mejor que nuestros padres; sin embargo, esta situación financiera no se traduce en movilización”, explica en una de las entrevistas del informe Nacho Catalá, diputado del PP en la Comunidad de Madrid. “A todos nos han dicho eso de ‘cariño, tú estudia, que todo irá bien’. Aprendemos inglés, alemán, te sacas una carrera… Pero ahora salimos al mercado laboral y resulta que es incapaz de absorber todas esas expectativas. Hay una desilusión y desmotivación porque las cosas no han sido como se nos había prometido”, añade la presidenta del Consejo de la Juventud.

En España, casi cuatro de cada diez jóvenes con estudios superiores trabaja en puestos de baja cualificación, es decir, están sobrecualificados. Es el dato más alto de toda la Unión Europea, al igual que el de desempleo, que prácticamente duplica la media de los Veintisiete. Con este panorama económico, no sorprende que la edad media a la que las nuevas generaciones están pudiendo irse de casa supere, por primera vez en la serie histórica, los 30 años. Los cálculos son sencillos: en nuestro país una vivienda cuesta de media 174.000 euros, mientras que el salario medio de un joven ronda los 12.600. Para firmar una hipoteca tendría que ahorrar su salario íntegro durante aproximadamente cuatro años. Esto se traduce en que menos de un cuarto de ellos consiguen vivir fuera de casa y, los que lo consiguen, destinan alrededor de un 80% de su sueldo a ello.  

“Los jóvenes no podemos irnos de casa a una edad decente y nos encontramos con el mercado laboral con más paro juvenil de la UE. Todo esto afecta a nuestra salud mental. Se nos acusa de no participar o no tener interés en política pero… ¿cómo estamos?, ¿tenemos tiempo?, ¿dónde tenemos la cabeza”, apunta Henry.

Los autores del informe han recogido algunas de las medidas que deberían empezar a ponerse en marcha desde este nuevo ministerio que, por primera vez en democracia, pone el foco en la Juventud. Apuestan por la creación de una ley de la Juventud en la que se aplique una perspectiva transversal al resto de carteras. El Consejo de la Juventud, organización que representa a este colectivo en nuestro país, se ha podido reunir esta semana con Sira Rego para trasladar sus preocupaciones y expectativas de cara a los próximos años: “En la reunión del miércoles abordamos muchos temas y vimos un compromiso por empezar a hacer cosas. Lo que esperamos es que este ministerio sea transversal y que trabaje de la mano de Vivienda, Sanidad, Cultura, Empleo… Porque la juventud no es un tema, sino una perspectiva”. 

“Que un tema tenga rango ministerial implica llevar cuestiones a un Consejo de Ministros que, de otra manera, se debatirían en niveles mucho más bajos. Es relevante la creación de esta cartera porque se pone el acento en la juventud, aunque luego muchas de las medidas impliquen a otras partes y otros niveles de gobierno. Ahora, todo dependerá también de la ministra y eso está por ver” concluye Lorente.

¿Cuántas veces te has preguntado por qué el ayuntamiento no remodela ese polideportivo que lleva años con goteras? O por qué no amplían la línea de metro hasta tu barrio de la periferia o por qué no suben la inversión para rehabilitar el centro de salud más cercano a tu casa. Seguramente la respuesta a todas las preguntas es la misma: muchísimas. Quizás, algunas de esas propuestas ni siquiera se incluyeran en los programas electorales de los partidos políticos municipales, o, si lo hicieron, no se hayan cumplido de forma completa. 

Pero ¿qué sucedería si pudieras firmar un contrato con tu ayuntamiento donde se incorporaran las principales líneas en las que se debe basar el gobierno de la ciudad durante la legislatura? Esta es una de las propuestas de +Democracia, una plataforma ciudadana nacida en 2013 y dedicada a promocionar, fomentar y desarrollar los valores y principios democráticos. Sus recomendaciones, centradas en el ámbito municipal, suponen una innovación y un cambio en la concepción que tenemos de la política, con un enfoque mucho más participativo y cercano al ciudadano. 

Aprovechando la reciente formación de las nuevas corporaciones municipales, la organización ha lanzado diez propuestas donde la participación ciudadana va mucho más allá del voto cada cuatro años. En ellas, se propone la firma de un contrato entre la ciudadanía y los políticos donde se establezcan las principales líneas de actuación de los gobernantes. Para elaborarlo, se realizarían reuniones, debates y consultas entre el gobierno y diferentes entidades y colectivos representativos de la ciudadanía durante los siguientes 2-3 meses a la formación del gobierno. De ahí emanarían las principales áreas temáticas donde el ayuntamiento debe poner el foco durante la legislatura, como podrían ser la vivienda, el empleo, la seguridad, el transporte, o el tráfico y, por otra parte, también se incluirían los grandes proyectos para la ciudad. Así el programa de gobierno del municipio durante los próximos cuatro años no solo estaría elaborado por los políticos sino también por los propios ciudadanos. 

Sin embargo, la presencia de la ciudadanía en la política municipal no terminaría con la forma del contrato. Durante toda la legislatura, esos colectivos y entidades representativas de la población se constituirían en órganos como el Consejo Social de la Ciudad, que controlaría el cumplimiento de ese “contrato” y donde se tomarían de forma colaborativa decisiones sobre problemas del municipio. Estos órganos deberían ser abiertos, dinámicos y libres de intereses partidistas para que se logre un verdadero avance democrático en los ayuntamientos. 

Estas innovaciones participativas ya han sido experimentadas en varios lugares de todo el mundo. Aunque es cierto que se implementaron de forma esporádica y no a nivel general, los mecanismos se demostraron viables para organizar la vida local. Algunos ejemplos de municipios donde se han desarrollado han sido algunos de América Latina como Porto Alegre (Brasil), una ciudad referencia en cuanto a la elaboración de presupuestos participativos entre toda la ciudadanía, o varias municipalidades de Alemania o de los países nórdicos, donde se han creado órganos deliberativos para la ciudadanía que continúan en la actualidad en plena forma y cuyas decisiones consensuadas deben ser admitidas por los gobernantes.

“El municipio es la instancia más cercana al ciudadano, por eso es en la que es más sencillo tener una participación más directa”, afirma Cristina Monge, politóloga, presidenta de +Democracia y columnista de infoLibre, que destaca cómo en los ayuntamientos la política se ve de una forma muy diferente que a nivel nacional. En ella, las coaliciones entre partidos para gobernar son mucho más comunes y los acuerdos para aprobar presupuestos, inversiones y proyectos también, por lo cual es el lugar ideal para poner en marcha estas innovaciones democráticas.

Otro factor importante es la ideología. Manuel Villoria, catedrático de Ciencia Política en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, que opina en la misma línea que Monge. “A nivel local, la política es otro mundo. En las elecciones municipales hay gente de derechas que puede votar a un alcalde de IU, como sucede en Zamora”, opina. Por esa carga ideológica menor, es más probable, desde su punto de vista, que la ciudadanía supere la polarización existente y se centre en resolver problemas más concretos e inmediatos. “No hay tanta ideología en donde poner una biblioteca o un parque como si puede existir en temas de mayor contenido político y moral que se dan más a nivel nacional. Por eso, si se debaten asuntos municipales es más probable llegar a acuerdos racionales tras un debate deliberativo entre los ciudadanos”, concluye el catedrático, recordando que fue precisamente en Atenas, un lugar no mucho mayor a un municipio español mediano, donde se creó la democracia.

Odón Elorza, alcalde de San Sebastián durante veinte años por el PSOE y hasta enero de este año diputado socialista en el Congreso, cree que la participación ciudadana en la política municipal es una de las grandes tareas pendientes en la democracia española. En su opinión, el ruido y la polarización que impregnan en los últimos años a la política española suele tener como consecuencia que propuestas como la de +Democracia pasen desapercibidas. 

Según Elorza, la voluntad política y la construcción de un movimiento ciudadano sólido son claves en este proceso de democratización. Precisamente, uno de los principales problemas ahora mismo de los Consejos Sociales es la excesiva injerencia de los poderes públicos en ellos. “Si tienen presencia excesiva de concejales o representantes designados por los partidos políticos, lo que se crea es una estructura demasiado oficializada. Esta funciona a impulsos del propio ayuntamiento, sin autonomía para desarrollar sus propias propuestas”, opina el exalcalde de San Sebastián.

Además, la propuesta de +Democracia requiere una estructura social muy desarrollada para tener éxito. Uno de los puntos clave es la formación de la ciudadanía y su acceso a la información del municipio. Por ello, Monge destaca la necesidad de una información que sea comprensible para todo el mundo y en la que se haga un proceso de acercamiento de la política municipal a los ciudadanos. “Es fundamental para esta propuesta que el ciudadano no tenga que ser experto en movilidad para saber si es más conveniente crear una nueva línea de metro o ampliar la flota de autobuses”, concluye la politóloga. 

Para hacer esa información accesible es fundamental implementar una web del ayuntamiento abierta y comprensible para todos los ciudadanos, combinándola con iniciativas presenciales para no caer en la brecha digital. “Además, los ayuntamientos deben entender que esas webs no son propiedad del gobierno de turno, sino que deben ser accesibles para buscar información sobre proyectos y presupuestos. A veces es dificilísimo entrar en esas páginas web a conocer detalles como las ordenanzas municipales o las diferentes opiniones que tienen los partidos políticos de la corporación municipal sobre un tema a debate”, sostiene Elorza, proponiendo, como también hace +Democracia, que en esa web municipal colabore, además del equipo de gobierno, la oposición.

De igual manera, es importante fortalecer los movimientos vecinales y sociales que luego serán claves para integrar los Consejos Sociales de la ciudad. “Algunos alcaldes se plantean que cuanto menos movimiento ciudadano haya y menos fuerza tengan los representantes de los barrios, del comercio local o de los colectivos que sufren desigualdades, más cómodo es para ellos gobernar”, cree Elorza, que destaca la importancia de esos movimientos de cara a acción democrática

Relacionado con ello está el que es, para Villoria, el principal problema de estos mecanismos de innovación democrática: la pasividad ciudadana. Muchas veces existe la posibilidad de participar pero por falta de tiempo o interés, los ciudadanos no lo hacen. “Además, para deliberar, las personas tienen que escucharse, respetarse, buscar los mejores argumentos, y todo ello es muy complicado”, opina Villoria, que también ve cómo la población suele perder el interés con las propuestas no suscritas a su barrio o comunidad más pequeña dentro de la ciudad. Para solucionar este problema el politólogo ve fundamental que la ciudadanía vea la utilidad de la democracia participativa, su capacidad para solucionar problemas y mejorar la vida del municipio.

Las elecciones del 28M permiten afrontar el desafío de una regeneración del sistema institucional para ensanchar los límites de la democracia representativa. Al ser los Ayuntamientos la institución más próxima a la gente, la democracia avanzará si las Alcaldías y los Gobiernos Locales promueven, mediante procesos innovadores, una democracia de participación y consulta ciudadana.

Hablo de desarrollar una gobernanza cívica compartida e inclusiva hacia los agentes ciudadanos en la toma de decisiones públicas. Hablo de un liderazgo local basado en la ética pública, del ejercicio de la transparencia con un acceso fácil a una información desde la web municipal tratada y plural y de una rendición periódica de cuentas para posibilitar el control de la gestión.

Aunque los partidos inmovilistas y conservadores no quieran verlo, ha pasado el tiempo de la simplificación de una democracia basada en el voto cada cuatro años y la mera representación de los electores. Se acabó el viejo modelo de gobernar de espaldas a la gente, con simulacros de participación, y de adoptar decisiones unilaterales. La coproducción de las políticas públicas significa la búsqueda de la implicación ciudadana y una forma de relación y colaboración entre instituciones públicas y otros actores con el objetivo de producir mejores soluciones a los problemas colectivos del municipio.

De entrada, es imprescindible que las candidaturas de izquierda a las Alcaldías hayan realizado, desde hace semanas, un proceso participativo de cara a la elaboración del Programa Electoral, desarrollando un calendario de encuentros para escuchar la opinión de entidades, colectivos y organizaciones locales sobre el diagnóstico del municipio.  

En campaña debiera explicitarse el compromiso de formalizar tras las elecciones un contrato de legislatura con la ciudadanía que recoja las prioridades del mandato. Esto supondría abrir, tras la formación del gobierno local, un proceso de 2-3 meses de duración máxima, con reuniones entre el gobierno local y las entidades y agentes ciudadanos para tratar de acordar las áreas temáticas o problemas que han de exigir una atención prioritaria en los 4 años de mandato.

A la vez, ese procedimiento servirá para acordar los objetivos y proyectos de inversión más importantes a incluir en el Programa de Gobierno para su ejecución desde los presupuestos municipales. Todo ello puede conformar el Plan de Acción Municipal (PAM) a cuatro años, en un ejercicio responsable de coproducción de las políticas públicas.

Las estructuras estables de participación, como el consejo social de ciudad o los consejos sectoriales y territoriales, han de ser representativos, autónomos y no burocratizados. Servirán para hacer propuestas, deliberar y realizar el seguimiento y un control cívico de los compromisos del contrato con la ciudadanía; esto es, controlar la aplicación de las prioridades del PAM o Programa de Gobierno y de los Presupuestos Municipales.

Los sistemas de participación han de incluir diferentes modelos de reuniones deliberativas del gobierno local con los consejos, las asociaciones y la ciudadanía a nivel individual. Pueden adquirir la forma de audiencias públicas, foros de trabajo, consultas municipales regladas sobre proyectos (sin las actuales tutelas de la ley y que puedan llegar a ser vinculantes en función del tema consultado y de si se obtiene un alto nivel de participación) y asambleas territoriales o sectoriales para informar de actuaciones y para debatir propuestas ciudadanas.

Pero el espíritu de una mayor participación, diálogo y transparencia ha de ampliarse también al funcionamiento interno del Ayuntamiento. En concreto, a las relaciones entre gobierno y oposición para garantizar la calidad de la democracia local y el control sobre la gestión del gobierno. En esta línea surgen medidas como la consecución de un pacto sobre el Reglamento de organización y funcionamiento del Ayuntamiento.

Pero no es posible afianzar la democracia y hacer avanzar la participación sin garantizar una información municipal objetiva, tratada y accesible, utilizando desde los formatos más clásicos hasta las aplicaciones más audaces en internet. Mediante programas y herramientas digitales en la web del Ayuntamiento se ha de facilitar la presentación de peticiones, quejas e iniciativas ciudadanas para la obtención garantizada de respuestas, así como para la realización de consultas y encuestas.

Estas iniciativas de más democracia están contrastadas, aunque algunas pudieran parecer complejas o muy audaces. Y tienen que venir de la mano de Alcaldías capaces de liderar estrategias de empoderamiento e implicación ciudadana, transformaciones en clave de sostenibilidad y políticas que cuenten con la mayor legitimidad.

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Odón Elorza es exalcalde de San Sebastián (1991-2011).

En un mundo en el que la democracia retrocede, España avanza en la clasificación mundial de calidad democrática V-Dem que cada año coordina la Universidad de Gotemburgo (Suecia). En esta competición nuestro país superó el año pasado a Portugal y Corea del Sur y ha pasado de ocupar el puesto 18º en 2020 al 16º en 2021.

Desde que Pedro Sánchez preside el Gobierno, la posición de España en esta clasificación se ha movido entre el 9º puesto que consiguió en 2019 y el 18º obtenido en 2021. Siempre por encima de la nota obtenida en años anteriores: puesto 26 en 2018 —la mitad del año gobernó Mariano Rajoy—, 35 en 2017 y 22 en 2016.

En el índice de 2021, que es el que acaba de publicar V-Dem, el grupo de cabeza está integrado por apenas 18 países de los que 15 son europeos (Dinamarca, Suecia, Noruega, Suiza, Estonia, Bélgica, Irlanda, Finlandia, Alemania, Francia, Países Bajos, Luxemburgo, España, República Checa y Eslovaquia), dos están en el Pacífico (Australia y Nueva Zelanda) y uno solo en América (Costa Rica). En los últimos años, en los primeros lugares se han ido alternando Dinamarca, Suecia y Noruega, además de Estonia.

Este informe examina tanto la celebración de elecciones libres y justas como la libertad de asociación y la libertad de expresión y trata de medir los límites impuestos a los gobiernos en dos aspectos clave: la protección de las libertades individuales y los controles y equilibrios entre instituciones.

Para detallar más el examen que llevan a cabo, sus autores dividen el trabajo en torno a cinco principios o concepciones de alto nivel sobre la democracia: electoral, liberal, participativa, deliberativa e igualitaria. Teniendo en cuenta asuntos tales como la independencia judicial, la democracia directa o la equidad de género, entre otros.

De ahí salen varios índices combinados. El primero, el índice de democracia electoral, por ejemplo, pretende captar no sólo el grado en que los regímenes celebran elecciones limpias, libres y justas, sino también su libertad de expresión real, las fuentes alternativas de información y asociación, así como el sufragio masculino y femenino y el grado en que la política gubernamental recae en los funcionarios políticos elegidos. Aquí España ocupa el puesto 11º (era el 9º en 2020 y el 33º en 2018). El mejor situado en este índice en 2021 fue Dinamarca.

El índice del componente liberal, en cambio, pone el foco en la importancia de proteger los derechos individuales y de las minorías tanto “contra la tiranía del Estado como contra la tiranía de la mayoría”. También recoge los métodos “horizontales” de responsabilidad entre instituciones más o menos igualitarias que garantizan los controles y equilibrios efectivos entre las instituciones y que, en particular, limitan el ejercicio del poder ejecutivo. Esto se consigue mediante “un Estado de Derecho sólido y unas libertades civiles protegidas” por la Constitución, un poder judicial independiente y un parlamento fuerte que puedan exigir responsabilidades al ejecutivo y limitar sus poderes. En este apartado, España se situó en 2021 en el puesto 24, cuatro escalones más abajo que el año anterior (en 2018 estábamos en el 19). Suecia ocupaba el número uno en 2021.

El tercer índice que elabora la Universidad de Gotemburgo como parte del V-Dem es el que mide el componente igualitario. Es decir, hasta qué punto todos los grupos sociales gozan de las mismas capacidades para participar en el ámbito político. Se basa en la idea de que la democracia es un sistema de gobierno “por el pueblo” en el que los ciudadanos participan de diversas maneras. El principio igualitario de la democracia está fundamentalmente relacionado con la participación política, ya que las desigualdades sistemáticas en los derechos y recursos de los ciudadanos de determinados grupos sociales limitan las capacidades para participar en los procesos políticos y de gobierno. Por lo tanto, una distribución más equitativa de los recursos entre los grupos da lugar a la igualdad política y, por lo tanto, a la democracia. En este apartado España está más atrás: ocupa el puesto 40. Ha empeorado en comparación con 2021 (puesto 25) y sigue muy por detrás de la posición registrada el último año de Rajoy (27º). El primero de la clase en igualdad en 2021 fue Noruega.

El cuarto índice de V-Dem se fija en el principio participativo de la democracia, haciendo hincapié en la participación activa de los ciudadanos en todos los procesos políticos, electorales y no electorales. Este principio da más valor al gobierno directo de los ciudadanos, por ejemplo, que a la representación indirecta. Aquí España está en el puesto 29 y ha perdido dos posiciones en comparación con el año 2020. Sigue, no obstante, por encima del año 2018 (39º). El primer clasificado en este apartado en 2021 fue Suiza.

Por último, la Universidad de Gotemburgo publica también un índice del componente deliberativo con el que tratan de medir hasta qué punto se cumple el principio deliberativo de la democracia, evaluando el proceso por el que se toman las decisiones en un sistema político. Un proceso deliberativo, tal y como lo entiende V-Dem, es aquel en el que “el razonamiento público, centrado en el bien común, motiva las decisiones políticas, en contraste con las apelaciones emocionales, los apegos solidarios, los intereses o la coerción”. Según este principio, la democracia ideal requiere algo más que una agregación de las preferencias preexistentes, necesita de un diálogo respetuoso en todos los niveles —desde la formación de preferencias hasta la decisión final— entre participantes informados y competentes que estén además abiertos a la persuasión. Aquí, en este último apartado, en el que el líder es Noruega, España se situó en 2021 en el puesto 30º, el mismo que en 2020 y dos escalones por debajo del lugar que ocupaba el último año de Rajoy.

El proyecto V-Dem, abreviatura de “Variedades de Democracia”, es un enfoque único para conceptualizar y medir la democracia que intenta reflejar la complejidad del concepto como sistema de gobierno más allá de la simple presencia de elecciones. 

Variedades de la Democracia es una colaboración internacional en la que participan casi 4.000 académicos de más de 180 países. Incluye el apoyo y las contribuciones de expertos y coordinadores nacionales, directores regionales y los directores de proyecto. El trabajo procesa 31 millones de puntos de datos y abarca 202 países desde 1789 hasta 2022.

El Informe sobre la Democracia 2023, titulado Desafío frente a la autocratización, es el séptimo consecutivo que se publica y, más allá de España, no trae buenas noticias para el conjunto del planeta. Su primer capítulo muestra el retroceso de los niveles mundiales de democracia y la disminución de los avances logrados en los últimos 35 años. “La mayoría de los cambios drásticos se han producido en los últimos diez años, mientras que existen grandes variaciones regionales en relación con los niveles de democracia que experimentan las personas”, subraya el documento. 

La segunda sección ofrece análisis sobre la geografía y el tamaño de la población de los países “democratizadores“ y “autocratizadores”, que es como el informe denomina a aquellos que mejoran la calidad de su democracia y los que la empeoran. Los indicadores que más se están deteriorando en los países en proceso de “autocratización” son los relativos a la censura de los medios de comunicación, la represión de las organizaciones de la sociedad civil y la libertad académica. 

En sus conclusiones, el informe de este año también destaca que, aunque la desinformación, la polarización y la autocratización se refuerzan mutuamente, las democracias reducen la propagación de la desinformación, algo que sus autores consideran “un signo de esperanza, de que vendrán tiempos mejores”. 

El pasado siempre fue un tema tabú en la familia de Hernán Fernández-Barriales. Es cierto que el ingeniero siempre supo que sus dos bisabuelos habían sido víctimas de la represión franquista. Pero la historia nunca iba más allá de un "fue fusilado" o "estuvo en la cárcel". Quizá por el miedo. O igual por el temor a poder descubrir algo que no querían. Sea como fuere, el silencio acabó levantando un tupido velo sobre la historia de aquellos antepasados que tuvieron que ver cómo un golpe de Estado acabó derrumbando el régimen democrático de la Segunda República. Pero la curiosidad pudo con Fernández-Barriales. El joven comenzó a indagar por su cuenta. Y, sin saberlo entonces, plantó la semilla de lo que se ha terminado convirtiendo en el mayor buscador online de la represión franquista. Se llama Buscar Combatientes y cuenta en estos momentos con más de cinco millones de registros indexados.

Fernández-Barriales, con raíces extremeñas y asturianas pero criado en suelo gallego, no es informático. Su campo es la ingeniería química y de biosistemas. Sin embargo, hace un par de años hizo un curso de iniciación de ciencia de datos. Y se dio cuenta del potencial que tenían herramientas como Python o SQL. "Descubrí que podía utilizarlo en mi investigación para agrupar los procedimientos sumarísimos que había en el Archivo de Madrid, en el sentido de ver a qué gente habían juzgado junto a otros familiares míos", cuenta en conversación con infoLibre desde Países Bajos, donde trabaja en el sector de las energías renovables. Fue así como vio la luz un pequeño buscador online que con el paso del tiempo ha terminado convirtiéndose en todo un referente.

En sus orígenes, cuenta el ingeniero, no era más que una herramienta de "andar por casa", un instrumento enfocado a la investigación familiar. Pero cuando Fernández-Barriales la compartió con algunos grupos dedicados a la investigación sobre la Guerra Civil se dio cuenta de la utilidad y el enorme potencial que tenía. Poco a poco se incorporaron más y más datos. Y el proyecto, como una bola de nieve cayendo ladera abajo, creció de forma exponencial. Cuando comenzó, hace algo menos de dos años, apenas lo hizo con unos 200.000 registros procedentes del Archivo General e Histórico de Defensa de Madrid. Ahora, sin embargo, cuenta con más de cinco millones. Y bebe de todo tipo de fuentes, desde militares y ministeriales, como el Portal de Archivos Españoles (Pares) de Cultura, hasta bases de datos y listados confeccionados por colectivos o investigadores.

Fernández-Barriales no es el único tras el proyecto. Es cierto que el código de la base de datos lo mantiene él. Sin embargo, si la herramienta ha conseguido crecer a este ritmo ha sido gracias a la colaboración desinteresada –por eso nunca tendrá ni botón de donaciones ni publicidad– de un equipo compuesto por una treintena de personas que echa una mano en sus ratos libres. Porque este buscador no es un simple volcado masivo de información. Aquí hay también mucha labor de pico y pala. Casi 250.000 registros se han indexado en el último año de forma manual. Nombre a nombre, dato a dato. "Todavía no hemos encontrado una herramienta que nos permita automatizar este proceso sin que introduzca erratas o errores de transcripción. Por eso tenemos que meter toda esa información, ya sea fecha y lugar de nacimiento o nombre de los padres, por ejemplo, mano a mano, línea a línea y nombre a nombre", explica.

Buscar Combatientes funciona como una suerte de ordenador que almacena y centraliza toda la información que se encuentra, en origen, dispersa por diferentes archivos. De esta forma, si se introduce, por ejemplo, el nombre de Blanca Brisac Vázquez, una de las Trece Rosas, el buscador proporciona toda la información de la que dispone de ella la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), Errepublika, el Ministerio de la Presidencia o Defensa, que tiene digitalizada la documentación de la causa que terminó con la condena a muerte de estas militantes de las Juventudes Socialistas Unificadas (JSU) y el Partido Comunista. No obstante, no es necesario disponer de la identidad completa. La herramienta también permite buscar por apodo, localidad o unidad militar.

En ocasiones, el acceso a la información en origen puede ser complejo. Muchas veces, las erratas en los nombres y apellidos, ya sea por fallo del funcionario que recogió los datos hace más de medio siglo o por error en el volcado de la información cuando se crearon las bases de datos actuales, hacer que las familias se estén chocando de forma permanente contra un muro. Eso es lo que trata de solventar el buscador proporcionando al usuario resultados similares cuando se hace cualquier búsqueda. Además, otra funcionalidad de la herramienta es que, al buscar un nombre, el motor te facilita aquellos otros que estén de alguna manera relacionados con el mismo. Así, y volviendo otra vez al ejemplo de Brisac, el buscador te indica en su caso toda la lista de personas que fueron sometidas junto a ella al mismo consejo de guerra.

Entre los cinco millones de registros hay de todo. Expedientes de juicios sumarísimos o de responsabilidades políticas, fichas de la Político-Social o información sobre batallones disciplinarios, prisioneros de guerra y campos de concentración. Aunque buena parte de las fuentes son españolas, el buscador también se nutre de archivos extranjeros. Así, también incluye expedientes extraídos del Ministerio del Ejército francés sobre españoles que formaron parte de la resistencia en territorio galo o datos relacionados con refugiados que pidieron permiso para emigrar a México o formaron parte de las Brigadas Internacionales, una información sacada de archivos mexicanos o rusos. Una información que no siempre está digitalizada. "En esos casos, aportamos los detalles de dónde o cómo se puede consultar", resalta Fernández-Barriales.

El ingeniero reconoce que en los archivos, de donde bebe fundamentalmente el buscador, queda aún mucho trabajo por hacer: "Todavía hay cajas por abrir y contenido por describir e indexar porque no se cuenta con trabajadores suficientes". Y lamenta que tengan que ser ciudadanos como ellos los que se hagan cargo de una labor de búsqueda que le corresponde al Estado. "Todo esto tendría que hacerlo la Administración. Lo que yo, sin una formación específica y con recursos limitados, he sido capaz de montar, lo podría hacer mucho mejor la Administración, que tiene acceso a mucha más información. Yo estaré encantado de cerrar el buscador en el momento que haya uno oficial que aporte lo que necesita la sociedad", afirma Fernández-Barriales, que solo tiene buenas palabras para los archiveros.

Mientras eso no ocurra, el ingeniero seguirá dedicando su tiempo libre a ayudar a todos aquellos que, como él hace años, tratan de reconstruir la historia de aquellos seres queridos que sufrieron la represión franquista. Un pasado familiar que, en su caso, no escondía ningún secreto inconfesable. Su bisabuelo materno, Domingo López Blanco, no era más que un labrador de cereales de Valdecaballeros (Extremadura) cuyo único pecado fue haber sido tercer teniente de alcalde socialista del municipio y haber integrado la 46 Brigada Mixta tras ser llamado a filas. Una vez acabada la contienda, y tras dos años desfilando por campos de concentración y cárceles, López fue condenado a muerte y fusilado en la tapia del cementerio de Mérida. Era julio de 1941. Pocos meses antes, su bisabuelo paterno, Zosimo Barriales Merino, abandonaba la prisión de Celanova (Ourense), en la que fue encerrado este practicante de la Agrupación Socialista de Mieres tras la caída de Asturias.

“Mi deseo de estar bien informado está actualmente en desacuerdo con mi deseo de permanecer cuerdo”. La viñeta, firmada por el humorista norteamericano David Sipriss, uno de los habituales de la revista The New Yorker, reproduce la conversación que mantiene una pareja angustiada por las noticias. Según su autor, fue publicada por primera vez en la época de Bill Clinton, probablemente en la segunda mitad de los años noventa, pero se ha convertido en su pieza más “publicada, republicada, tuiteada, retuiteada, compartida, robada y reimpresa” sin su permiso.

El hartazgo con las noticias no es un fenómeno nuevo. Pero va a más. Cada vez más personas dan un paso al frente y proclaman su deseo de romper con el bombardeo permanente de información. La que llega a través de las redes sociales, pero también con unos medios de comunicación que se están transformando en un flujo permanente de noticias que se confunde entre sí. Los subrayados musicales se han hecho normales y las alertas que nos asaltan desde los móviles compiten por nuestra atención anunciando casi a diario acontencimientos históricos.

La proporción de personas que están muy interesadas en las noticias ha caído de forma acusada en todo el mundo. En España la cifra se lleva la palma: en 2015, en plena efervescencia política, la cifra era de un 85%, muy por encima de países como Alemania (74%), Reino Unido (70%) o Estados Unidos (67%). En 2022 ese porcentaje se ha dado la vuelta: apenas el 55% de los españoles está muy interesado en las noticias, significativamente por debajo de muchos de los países de nuestro entorno, según datos recogidos por el Reuters Institute en la investigación que lleva a cabo cada año sobre los medios de comunicación. Es una caída de 20 puntos en sólo siete años. 

El informe del Reuters Institute afirma que los datos sugieren que esto está pasando por una combinación de “dos problemas diferentes pero relacionados”. En primer lugar, la aparición de “una minoría de personas activas en Internet, muchas de ellas más jóvenes o menos educadas, que se han desconectado en gran medida de las noticias, tal vez porque no creen que sean relevantes para sus vidas”. Y luego, por separado, “encontramos una disminución más generalizada en el interés y el consumo de noticias que afecta a un un grupo mucho más amplio, que puede estar relacionado con los cambios estructurales en la manera en que se distribuyen las noticias, la naturaleza del propio ciclo de noticias o ambos”.

“Cada vez más personas optan por racionar o limitar su exposición a las noticias, o al menos a ciertos tipos de noticias”. A este comportamiento los investigadores del Reuters Institute lo llaman “evasión selectiva de las noticias” y creen que “puede ayudar a explicar por qué los niveles de consumo no han aumentado en la mayoría de los casos a pesar de los tiempos inciertos en los que vivimos”.

¿Qué dice el informe sobre las personas que evitan las noticias de forma selectiva? En todos los mercados, muchos de los encuestados afirman que se sienten desanimados por “la repetición de la agenda informativa, especialmente en lo que se refiere a la política y la covid-19 (43%), o que a menudo se sienten agotados por las noticias (29%)”. 

Una “proporción significativa” dice que evita las noticias porque piensan que “no son de fiar” (29%) y alrededor de un tercio (36%), sobre todo menores de 35 años, afirman que “las noticias les bajan el ánimo”. Otros alegan que las noticias “provocan discusiones que preferirían evitar” (17%), o que les causan “sentimientos de impotencia” (16%). Apenas una pequeña proporción dice que no tiene suficiente tiempo para las noticias (14%) o que son “demasiado difíciles de entender” (8%).

En este último grupo, el Reuters Institute constata “la dificultad que tienen muchas audiencias más jóvenes” y los grupos con menos estudios “para entender el periodismo tal y como se practica actualmente”. En países como Australia, Estados Unidos y Brasil, “alrededor del 15% de los jóvenes que evitan las noticias dicen que les resulta difícil seguirlas, una proporción mucho mayor que la de los consumidores de noticias de mayor edad.

Más allá del análisis del ecosistema mediático, la investigación revela un problema de fatiga política: casi la mitad de las personas que huyen de las noticias lo hacen por saturación en relación con dos asuntos estrechamente vinculados a lo largo de los últimos años: covid y política.

Pablo Simón, politólogo, profesor de la Universidad Carlos III de Madrid y autor de Corona. Política en tiempos de pandemia (Debate, 2020), confirma que según los barómetros del CIS ha habido “una leve caída” en el interés por la política “en lo que toca a la población en su conjunto” pero “más intensa en las encuestas que tenemos de juventud, que sí son un poco más pormenorizadas y se ve una caída de prácticamente diez puntos desde que comenzó la pandemia”.

“El hartazgo de la gente con la situación política tiene mucho que ver con un componente asociado a la fatiga pandémica”, explica. Y es “un poco difícil discernir la razón última”. “No sabemos si la gente efectivamente ha asociado política con pandemia, con desgracias, y quiere evadirse y se aleja un poco de la política” en comparación con “los ciclos más ilusionantes” del pasado reciente en los que “aparecían nuevos partidos” o si, por otra parte, hay “un cierto agotamiento y la gente se refugia en su entorno más cercano y esto hace que se interese un poco menos por la política”. 

En el barómetro de junio del CIS los problemas políticos en general” fueron los terceros más citados en primer lugar por los encuestados (11%), sólo por detrás de la crisis económica y el paro. Pero si se les suman “el mal comportamiento de los políticos” (6,7%) y “el Gobierno y los partidos” (8,8%) ese porcentaje se dispara hasta un 26,5%.

Simón advierte que no tenemos datos suficientes para saber si está habiendo un “efecto adicional” por la polarización. “La política se ha vuelto más agresiva” y eso “puede hacer que una masa de espectadores que no son gente muy politizada se esté alejando del consumo político”, espantanda “por el ruido”. “Eso tampoco es descartable”, señala. “Puede haber varios factores que jueguen un papel”.

El profesor de Ciencia Política de la Carlos III confirma que la fatiga política no se traduce necesariamente en un comportamiento abstencionista, son dos conceptos que no deben confundirse. “Por poner un ejemplo: la época en la que el interés por la política en España estaba más bajo era la de principios de los años 2000 y coincide con las tasas de participación, 2004 y 2008, más altas que hemos tenido en unas elecciones generales”. 

En cualquier caso, Simón duda a la hora de describir el fenómeno como el “agotamiento” de un período marcado por la hiperpolitización que siguió al 15M y al nacimiento de nuevos partidos o como “un reequilibrio”. “Aquí hay siempre fuerzas motoras que empujan en direcciones contradictorias. La gente se aleja más de la política cuando está cansada, cuando la situación es de normalidad institucional, pero en España no es sólo que no tengamos periodos de normalidad sino que el interés por la política suele incrementarse en los periodos de crisis económica y parece que la situación no apunta a que vayamos a un ciclo de estabilidad política”. 

Lo razonable es que vayamos a “un reequilibrio a la baja” en el interés por la política por el efecto de la pandemia y también de la guerra. “Seguirá habiendo demanda, pero es normal que no tengamos tantísima como la que teníamos en el ciclo de 2012 a 2017”. Tiene sentido que sea así, asegura, “que siga permaneciendo alto pero un poco más reducido”. 

Hasta ahora los estudios que comparan el interés por la política a lo largo del tiempo señalan que en 2019 la gente tenía más o menos el mismo interés que en 2018 y 2017, en torno al 38 o el 40%, apunta. “Cuando empezamos a ver una caída es con la covid”, en su opinión porque la gente ha identificado covid con política: “Es de lo que hemos estado hablando durante estos años y la gente quiere evadirse y mirar otras cosas”.

Los datos que maneja Pablo Simón, especialista en procesos electorales, coinciden con los que apunta el Reuters Institute. Las personas que se alejan de la política normalmente son sobre todo jóvenes —en una proporción mayor que los adultos o los mayores—, personas que no se ubican ideológicamente y no tienen una posición ideológica fuerte o preferencias muy intensas y con un nivel educativo medio o medio bajo que viven en zonas urbanas.

Un estudio fruto del trabajo de investigación del director del Instituto de Estudios Sociales Avanzados del CSIC (IESA), Joan Font, y del científico titular de la misma institución académica y editor de la Revista Internacional de Sociología, (IESA-CSIC), Ernesto Ganuza, recogió en 2017 los argumentos que aporta la ciudadanía para dar explicación de su descontento con la política y recopiló sus opiniones y preferencias respecto a los mecanismos de participación política y las alternativas propuestas al sistema representativo.

La mayoría de los participantes en el estudio achacaron su descontento a una forma singular de funcionamiento del sistema político: “las relaciones de lealtad personal” dentro de los partidos políticos. Los encuestados hablan de un “sistema político aislado, regido por normas privadas” que produce “desconfianza y descontento”. Sean los simpatizantes de los partidos tradicionales o de los más nuevos, cuenten o no sus miembros con más o menos recursos, la “profesionalización de la política” (entendida la política como única profesión) se menciona como la principal razón de descontento.

Emmanuel Rodríguez, sociólogo, autor de El efecto clase media (Traficantes de Sueños, 2022), entiende perfectamente ese distanciamiento. “Me pasa a mí, creo que es general”. En su opinión “responde al momento político en el que estamos”, en el que “la política se ha teatralizado completamente”. La polarización y “un nivel de agresividad enorme” acentúan la percepción de que la política “carece de contenido” y no tiene “eficacia real”.

La desmovilización de los ciudadanos y su creciente desinterés son una respuesta a “la política entendida como una representación”. “Después del ciclo de movilización del 15M, lo que ha habido es un progresivo desmantelamiento de los mecanismos por los que la gente participaba y se interesaba. La política ha quedado reducida a los debates en los medios y a la escenificación de la división en el Parlamento y eso moviliza poco, porque se ve que tiene pocos efectos materiales en la vida de la gente. Las leyes no operan” y las “medidas son “poco eficaces”.

En realidad, apunta, “la política ha vuelto al lugar en el que estaba antes del 15M, que es básicamente la de los especialistas, los profesionales de la opinión, un determinado campo del periodismo, y los profesionales de la representación, la clase política”. Eso “inevitablemente conlleva efectos de desmovilización”. Los mecanismos que ha habido tradicionalmente de participación social “están desmontados”, desde los sindicatos a los movimientos sociales. Y eso reduce cada vez más el interés por la política hasta que no haya un nuevo “estallido de indignación y de impugnación”.

Entre los más distantes de la política, los que más alergia sienten hacia ella, están “los sectores populares siempre”, afirma. “Entre otras cosas porque no pueden identificarse con las figuras que habitualmente les presentan como modelos. Las clases populares están fuera de la nación politica: no existen en el espacio publico. No existe nadie que hable como ellos, que piense como ellos, que provenga de su misma condición social. Lo natural es que ellos sean los que menos voten y los que menos sigan” la actualidad política.

Emmanuel Rodríguez está de acuerdo con que hay también cansancio en relación con la atención que el infoentretenimiento dedica a la política. Después del 15M “hemos visto una explosión de la opinión”, con “tertulias políticas que sustituían a las del corazón en términos de audiencia. Y lo que se ha producido finalmente es una saturación. Cuando el ciclo político ha cedido, cuando todo ha vuelto a ser capturado por los representantes políticos y por determinados medios de comunicación, eso ha perdido interés. Es una representación banal de posiciones políticas”. 

Hay mucha polarización ideológica y una enorme agresividad verbal, mucha más que hace quince años, explica. Pero lo que mucha gente ve son “personajes que representan un papel”. Y como “cada vez es más difícil movilizar al público, cada vez sobreactúan más”. A eso seguirá, anticipa, “una postura de moderación, de vuelta al centro”, que no será más que una “especie de movimiento bascular”. El resultado será “cada vez más impostado, teatralizado, desporporcionado y probablemente más vacío”.

En opinión de Jordi Pacheco, doctor en Derecho y Ciencia Política por la Universitat de Barcelona, en el ámbito de la política como lucha partidista “sí podemos hablar de una fatiga de la política” y eso es algo que, en su opinión, tiene mucho que ver con la desintermediación de los medios de comunicación y la fragmentación de las audiencias.

 Los partidos, explica, han sabido aprovechar ese cambio “para maximizar” su esfuerzo. Ya no se dirigen “al conjunto de la población”, lo hacen “a ciertos sectores que son más propensos” a votarles. Por tanto”, y esto es lo relevante, “no tengo por qué hacer propuestas generales para todo el mundo sino aprovechar los sentimientos, emociones y debilidades de los electores a los que me dirijo”. 

Al segmentar “se rompe la idea de la esfera pública y la gente que no está muy identificada con nadie, que no tiene una identificación muy estrecha con las fuerzas políticas, se encuentra con un ambiente comunicativo” en el que no se ve reflejada.

 La comunciación política que se está produciendo a partir de ese escenario “es tóxica”. Y por esa razón “cualquier persona sana lo que hace es quitarse eso” de enmedio. “Cada vez más gente dice: ‘Yo desde que no entro a Twitter vivo más feliz porque no me llega toda esta toxicidad”.

Pongamos algunos hechos unos junto a otros. Pablo Casado se declara a sí mismo exento de dar explicaciones sobre la corrupción en su partido, cuyo anterior jefe, Mariano Rajoy, niega hasta las sentencias judiciales en la comisión kitchen en medio de un rumor de simpática admiración en las redes sociales. Qué artista. ¡Hasta ha hecho promo de su libro! Mientras tanto, el rey emérito pretende volver a España, al parecer convencido de que han desaparecido los motivos que lo movieron a irse en agosto de 2020, en teoría para no dañar el reinado de su hijo. ¿Tanto ha cambiado eso que llamamos "clima de opinión"? En cuanto a la corrupción, todo apunta a que sí. Es ya un comentario usual en la infantería política española, una idea que va calando en los cuadros de los principales partidos: la corrupción cotiza a la baja como reclamo. Está, se podría decir, dormida en la conciencia de la opinión pública.

En noviembre de 2014, un 63,8% de la población encuestada por el CIS consideraba la corrupción uno de los tres grandes problemas del país. Era el segundo problema más nombrado, sólo por detrás del paro. Hoy el porcentaje es del 4,7%, el 15º problema nacional. Las causas del cambio pueden explicarse por una combinación de la emergencia de nuevos problemas económicos y sanitarios con el retroceso de la corrupción en la agenda de los medios y la polarización. La bajada del listón de exigencia está relajando las prácticas de los partidos, a tenor de los análisis recabados por infoLibre para este artículo.

La existencia de una elevada preocupación por la corrupción es la excepción y no la regla. Así lo acredita la serie de percepción de los tres principales problemas del CIS, que arranca en 1985. Los primeros repuntes empiezan en 1994, en el ocaso de la etapa de Felipe González, con casos como Filesa. A partir de 1996, con la primera alternancia en el Ejecutivo desde 1982, se produce un bajón. En la primera década del siglo la preocupación prácticamente está en plano, con una tónica general de menos de un 1% de los encuestados por el barómetro respondiendo que "la corrupción y el fraude" están entre los tres principales problemas del país. Esto cambia tras el estallido del caso Gürtel. Si bien no se dispara, es usual que empiece a estar por encima del 10% a partir de 2012. No obstante, el gran salto llega en 2013, cuando se destapa el caso Bárcenas. Del 17,7% pasa al 40% en un solo mes. Va a más en 2014, cuando coinciden en el candelero los casos del PP, el caso Pujol y los ERE.

En noviembre de 2014, la preocupación toca techo: un 63,8% citan la corrupción entre los tres principales problemas. Es visto como el segundo más grave, sólo por detrás del paro (77%) y muy por delante de la economía (25,5%). Durante el resto de la etapa Rajoy, sólo baja una vez del 30%. Rajoy es apeado del Gobierno mediante una moción de censura en mayo de 2018, con la preocupación por la corrupción en cerca de 40, sólo por debajo del paro (63,6).

Tras la salida de Rajoy, la preocupación no volverá a ese nivel. El cambio de color político del gobierno vuelve a coincidir con una fuerte reducción. En el primer año de Pedro Sánchez, pasó a 25,7 (junio de 2019). Para marzo de 2020, antes de que la pandemia cambiase todo el guión, el dato está en 16,9. Un hecho indica hasta qué punto es sensible este indicador a la coyuntura. En septiembre de 2020, el primer mes tras la salida de España de Juan Carlos I, el porcentaje de los que citaban "la corrupción y el fraude" entre los tres principales problemas subió al 20,5%, desde el 3,6% de julio. Pero no ha sido la línea general. A lo largo de 2021 no ha pasado nunca de 6,4, con un mínimo de 2,4 en en abril. En el último barómetro, de noviembre, se quedó en 4,7. Quedan lejos el 63,8 de noviembre de 2014 (cuando era el segundo problema) y el 39,6 de mayo de 2018 (también segundo). Ahora es el 15º.

La bajada no es sólo de la percepción de la corrupción como problema de país, sino también como problema personal. En noviembre de 2014, un 20,1% situaban "la corrupción y el fraude" como uno de los tres problemas que más afectaban no ya al país, sino al entrevistado personalmente, sólo por detrás del paro y la economía. El mayo de 2018, el porcentaje era del 11,7, por detrás de paro, la economía y las pensiones. Hoy está en el 1,4. La gente considera que hay 25 cosas que le afectan más, entre ellas la inmigración, la falta de inversión en industrias e I+D, la "crisis de valores" y la administración de justicia.

Está por ver qué dato marca este lunes, cuando se publica el barómetro del CIS de diciembre. No es descartable un ascenso. Entre noviembre y el arranque de diciembre ha estado en el punto de mira la elección como magistrado del Constitucional de Enrique Arnaldo, Mariano Rajoy ha declarado en la comisión Kitchen, se ha especulado con el posible regreso del rey emérito y ha arrancado un nuevo macrojuicio del caso Gürtel.

"Con la moción de censura [de 2018] se alcanzó como un tope de preocupación. De hecho, se justificó por la condena al PP y la corrupción del Gobierno de Rajoy", explica el politólogo Francisco Jurado, autor de Un caos bonito. Relato de una década de la #SpanishRevolution, un balance del 15M, protesta en la que tuvo un papel destacado en Sevilla, especialmente en las propuestas de profundización democrática. Jurado recalca que, aunque siguen en curso numerosos procedimientos por casos de gran impacto –Gürtel, Púnica, Bárcenas, rey emérito, ERE, Pujol–, la preocupación social ha bajado. ¿Por qué?

Un factor es ineludible. El covid-19 ha desplazado las preocupaciones hacia la salud y la economía. Además, los investigadores recuerdan que la clasificación del barómetro se elabora con respuestas libres que luego son asignadas a las distintas categorías. Es decir, es una clasificación sensible a cualquier alteración metodológica y más aún a cambios como el introducido en febrero de 2020 por el CIS, presidido por José Félix Tezanos, que dividió entre tres lo que hasta entonces era una sola respuesta: "Los políticos en general, los partidos y la política". Una de las categorías nuevas, "el mal comportamiento de los políticos", puede desviar respuestas que antes iban a la pestaña del "fraude y la corrupción".

Hay corrientes de fondo que van más allá de la pandemia y las peculiaridades del barómetro. Jurado apunta a un cambio en la agenda político-mediática. "Las preocupaciones van muchas veces de la mano de lo que se ve, lee o escucha en los medios, y la corrupción ha ido perdiendo peso relativo en estos espacios", señala. David Pac Salas, profesor de Sociología de la Universidad de Zaragoza, observa que hay una rebaja en la atención mediática, que a su vez se traslada al "imaginario público". "Con la pandemia, se han reestructurado las agendas mediáticas y aparece mucho menos. Todo lo que conllevó el 15M, con mayor exigencia de transparencia, caló en los ciudadanos, porque había una percepción mayor del problema Ahora este problema ha pasado a un segundo plano", señala. Coincide Jurado, que dice en referencia a partidos y medios: "Es una cuestión de marcos. Nos callamos estos temas cueste lo que cueste, mientras intentamos instalar otros temas de debate. La gente tiene una capacidad limitada de comprensión y asimilación. Si saturas con otras cosas, algo se va a quedar fuera".

El consultor en comunicación política Eduardo Bayón señala que, con los grandes casos explotados hace tiempo, "es difícil mantener la presencia de la corrupción" entre las preocupaciones de la ciudadanía. Se ha producido, a su juicio, un "agotamiento". "Hubo un momento en que el listón se puso muy alto, en alguna ocasión hasta límites excesivos o incluso absurdos. Recuerdo reuniones en el ámbito municipal retransmitidas en directo. Tras el 15M hubo logros, como la Ley de Transparencia, o avances en gobierno abierto y rendición de cuentas. Pero ha habido un agotamiento, que además ahora coincide con un auge de posiciones reaccionarias y de repliegue, que no van en la línea de mayor defensa de avances en términos democráticos", afirma Bayón, que recalca no obstante que se trata de un indicador muy sensible a la coyuntura concreta y que podría repuntar.

Jurado ve el fenómeno aún más grave. Hay, dice, una "aceptación táctica" de la corrupción en la sociedad. "Ha pasado con los leaks. El primer wikileaks fue un bombazo, el segundo un poco menos. Los últimos ya casi pasan desapercibidos. Vamos aceptando como normales las cosas que se repiten con frecuencia, y dejan de preocupar. No gustan, pero se aceptan, forman parte del paisaje", señala Jurado, que cree que la rebaja de la tensión social en torno a la corrupción tiene un aliado en la "polarización". Lo explica así: "Es importante el lugar de enunciación de los mensajes de impugnación o de los marcos éticos. No es lo mismo que se señale la corrupción de un partido desde el 15M o desde otro partido. Lo primero era un espacio más legitimado. El mensaje se acepta más. Lo segundo se interpreta como fuego cruzado. Las personas que no simpatizan con el partido que denuncia la corrupción, aunque sea una denuncia motivada, van a darle menos credibilidad o legitimidad. Esto se hace extensible a los medios. El marco ético ya no es común, porque no se construye desde espacios o instituciones neutrales, sino desde partidos o medios relacionados con esos partidos".

Bayón considera que la polarización, con su "agitación continua de los tuyos contra los otros", desincentiva el mantenimiento de un listón alto en la autoexigencia. "Si la corrupción es el tema del día, se usa. Pero nada más. Lo que antes se demandaba con mayor continuidad, y calaba en los partidos, ahora está decayendo", expone. A su juicio, el hecho de que se plantee la posibilidad del regreso del rey emérito, o de que Casado se declare libre de explicaciones sobre la Gürtel, es elocuente sobre un clima de opinión pública viciado, si bien en el caso de Juan Carlos I lo ve alentado por "medios y partidos interesados en mantener a toda costa el relato del gran artífice de la transición".

Pac Salas cree que la menor atención mediática a la corrupción acaba tirando hacia abajo del listón de los ciudadanos. "El caso Gürtel, o más en general la corrupción en el PP, está descontado. No creo que tenga ya un gran impacto, en parte porque los medios, o una parte de los medios, no inciden en esto. Una de las claves es si hay o no repetición permanente. Y no la hay. No aparece día tras día, como aparecía antes con la Gürtel o el caso de los ERE. Es más discontinuo. Eso hace que la percepción sea otra". El profesor cree que, a su vez, ello desincentiva la autoexigencia de los partidos ante la ciudadanía. Es una dinámica en la que vuelve a asignar un papel decisivo a los medios. "Casado dice que no quiere hablar del pasado y ya está. Quizás habría que preguntarle todos los días", señala. En relación a la falta de explicaciones sobre el caso Avalmadrid, añade: "El fenómeno Ayuso es claro. Hay medios que cuentan cosas, pero los mayoritarios miran para otro lado", afirma. Esto ha resentido, afirma, su "rendición de cuentas".

Pac Salas comparte una observación más: "Creo que, en el bloque de la derecha, se pagó la corrupción con la moción de censura y la reestructuración del voto. En grupos de discusión sobre motivaciones de voto hemos comprobado cómo el voto de Ciudadanos era un voto cabreado con la corrupción. Una vez castigado, vuelve otra vez al PP. La corrupción ya no puntúa en las razones de voto. Es como si dijeran: 'Ya lo castigué'. Era un voto vergonzante en un momento en que la corrupción se identificaba con el PP, como a principios de los 90 se identificaba con el PSOE. Ahora se ve como cosa del pasado".

"Hay un derrumbamiento psicológico, resultado de ver que no se puede hacer nada. Una parte de la población ha perdido la esperanza y la confianza en las instituciones. Y además, ahora faltan las cabecitas de la gente de Podemos y el 15M, que en su momento al menos señalaban con el dedo. Mucha gente se ha rendido". Es el balance sombrío de Juan Moreno Yagüe, impulsor de proyectos como OpEuribor y Democracia 4.0, uno de los abogados contratados en la querella 15MpaRato, la plataforma que abrió el caso Bankia. A su juicio, el mensaje final que queda tras el estallido de los grandes casos de corrupción, a pesar de las condenas a figuras notorias como Rodrigo Rato e Iñaki Urdangarín, es que "el Estado de derecho no ha imperado". "Se ha quedado a los pies de los caballos", afirma, decepcionado además con la actitud de los partidos en el Gobierno, PSOE y Podemos, por no haber avanzado en el terreno de la transparencia y la participación. "Nadie ha hecho transparencia de verdad", afirma. Con el tiempo y el agotamiento, dice, ha habido una "bajada de listón". "Las ruedas de prensa no son ruedas de prensa. Todo es propaganda y los medios lo consienten. Cuando Casado dice que no habla de Gürtel, ¿cómo se permite? Eso en Estados Unidos no puedes hacerlo", dice Yagüe, que observa que este clima puede ser utilizado no sólo para "salvar" una institución, la monarquía, que a su juicio debería sufrir una mucho mayor penalización por las actuaciones de Juan Carlos I. "No es sólo todo lo que ha hecho, que es grave. ¡Es que ha cobrado del contrario! ¡Ha cobrado de Arabia Saudí! Eso es una traición".

Cien ciudadanos escogidos al azar representativos de la sociedad española se reunirán, previsiblemente a partir de otoño de este año, en cinco sesiones en las que tratarán de responder a una pregunta: "Una España más segura ante el cambio climático, ¿cómo lo hacemos?" Ellos serán la Asamblea Ciudadana para el Clima, según ha informado este miércoles el Ministerio para la Transición Ecológica. El Gobierno cumple así con el compromiso adoptado hace más de un año, cuando declaró la emergencia climática. "El Ejecutivo se compromete a ejecutar cinco de las 30 medidas en los primeros 100 días de Gobierno. Entre ellas [...], la creación de una Asamblea Ciudadana del Cambio Climático que incluirá la participación de los jóvenes", prometió. 

Lo hizo el 21 de enero de 2020. La historia que viene detrás ya se conoce: llegó la pandemia y la vida —casi toda— se paró. También este compromiso. Ahora, más de un año después, el Gobierno anuncia que ya ha publicado un proyecto de orden ministerial —abierto a consulta pública hasta el próximo 26 de junio— que dará el pistoletazo de salida al compromiso de crear ese órgano , que ya ha funcionado en otros países como Francia, Reino Unido o Escocia. Todas con el mismo objetivo: decidir cómo combatir el cambio climático y adoptar la transición ecológica de la forma más justa posible. Y, sobre todo, más diversa, con el mayor número posible de puntos de vista.

Por eso el Ministerio de Teresa Ribera asegura que el reclutamiento de los cien ciudadanos que formarán parte de la Asamblea será aleatoria. Se encargará una consultora escogida mediante una consulta pública en la que tendrá que plantear una buena metodología para que la elección de los miembros del órgano sea lo más representativa posible de la sociedad española. Habrá hombres, mujeres, jóvenes, mayores, con más estudios, con menos, más sensibilizados con la crisis climática, menos concienciados, etc. El objetivo, indica el Ejecutivo, es que haya de todo. Y, en principio, que reciban una retribución similar a la que reciben los miembros de las mesas electorales. 

Previamente se habrá lanzado una página web que contenga toda la información de la Asamblea y se habrán formado dos equipos técnicos independientes: uno que se encargue del reclutamiento de los participantes y otro que participe y acote los debates internos del órgano. En paralelo, un equipo de "embajadores" funcionará a modo de portavocía de los avances que se vayan produciendo durante las diferentes sesiones.

Y estas, ¿cuándo serán? Tendrán lugar los fines de semana —previa calendarización para facilitar la organización de cada miembro— y, al menos en principio, se celebrarán una vez al mes de manera telemática. Tendrán tres fases: una primera que consistirá en el "aprendizaje y conocimiento" de la situación que ha llevado a la creación del órgano, una segunda de discusión y debate de las temáticas concretas, así como de propuesta de soluciones, y una tercera de preparación de las recomendaciones. Una vez consensuadas, se presentarán al Gobierno y, también, al Pleno del Congreso de los Diputados. 

Pero no serán vinculantes. El Ejecutivo y los grupos parlamentarios de la oposición escucharán simplemente esas propuestas, que podrán ser tenidas en cuenta a la hora de elaborar nuevas leyes o normativas. O no serlo, claro. En cualquier caso, la idea del Gobierno es que el resultado de la primera Asamblea Ciudadana para el Clima llegue a la Cámara Baja en el primer trimestre de 2022. 

"La Asamblea se configura como un ejercicio participativo deliberativo para generar reflexión, conocimiento colectivo, debate y consensos sobre cuáles deben ser las soluciones a las grandes transformaciones que es necesario acometer, y lo hace en un contexto normativo favorable: España cuenta ahora con un marco estratégico de energía y clima que permitirá a nuestro país ser más resiliente a los impactos del cambio climático y climáticamente neutro para mitad de siglo", asegura el departamento de Teresa Ribera.

Tras la recién aprobada Ley de Cambio Climático

La noticia del pistoletazo de salida ha llegado apenas seis días después de que el Congreso de los Diputados aprobara, tras años de retrasos y varias repeticiones electorales que dejaron la norma en el cajón, la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. No es casualidad. El artículo 39 del texto de la norma, que apela directamente a la "participación ciudadana" establece que para la elaboración de "los planes, programas, estrategias, instrumentos y disposiciones de carácter general que se adopten en la lucha contra el cambio climático y la transición energética" el Ejecutivo "garantizará de forma estructurada la participación ciudadana [...] a través del establecimiento de una Asamblea Ciudadana del Cambio Climático a nivel Nacional". 

Ese mandato directo, y el palpable aumento de la sensibilización en materia de lucha contra la crisis climática, afirma el Gobierno, son las razones por las cuales se cree que es ahora el momento oportuno para poner en marcha la Asamblea. Y que la pandemia impidió conformarla tal y como se planteó, dicen desde el Ministerio, que admite también que, por ahora, desconoce si se celebrarán más asambleas en este sentido. 

"Lo llaman democracia y no lo es". Este conocido lema del 15M, tomado del carismático cantante Evaristo, de La Polla Records, no ha dejado de extenderse en la sociedad, hasta definir hoy en día el sentimiento más común para una aplastante mayoría de ciudadanos, independientemente de sus opiniones políticas. Efectivamente, en 2019, el 82% de los españoles otorgaba un suspenso al funcionamiento de la democracia actual al considerar, según una encuesta de la Fundación BBVA, que los políticos dedican más atención a sus propios intereses y a los de grandes grupos económicos que a los intereses de la sociedad. Tras la primera ola de la crisis del covid, 9 de cada 10 españoles desean ahora que la reconstrucción se haga dentro del marco de un pacto de Estado basado en un amplio acuerdo político y social, centrado realmente en el interés colectivo.

¿Pero qué puede garantizar que el interés colectivo sea el criterio verdaderamente primordial en la acción pública? Sin duda, que las decisiones se tomen lo más cerca posible y capten de la forma más nítida posible lo que piensa la gente. En este sentido, y ante la emergencia climática, movimientos internacionales como Extinction Rebellion han hecho de la Asamblea Ciudadana su tercera demanda. En España, tras finalizarse el confinamiento, el colectivo XR cubrió de zapatos varias plazas emblemáticas de las principales ciudades del país, para visualizar la responsabilidad con las generaciones futuras, exigiendo participación ciudadana en la reconstrucción post-covid y en la necesaria transición ecológica. Las asambleas ciudadanas ya se han concretado en Reino Unido y Francia como una etapa decisiva para renovar la democracia y orientar los cambios drásticos que reclaman tanto la emergencia climática como la crisis masiva provocada por la pandemia.

Extinction Rebellion Europa lo reclama a cada uno de los Estados europeos y también al Parlamento Europeo: les pide que cumplan con las recomendaciones recientes del informe de la OCDE Democratic wave (junio 2020). La democracia directa real debe integrarse, reforzar y refundar el sistema de democracia representativa, para reducir la profunda ruptura entre la ciudadanía y sus representantes políticos, en el contexto de una crisis ecológica, ambiental, política, social y económica sin precedente.

¿De quién es la democracia hoy?

El actual modelo de partidos políticos, presionado por empresas y otras partes de interés, con sus puertas giratorias y su corrupción endémica, no ha sido capaz de eliminar de raíz las causas que provocan el cambio climático, la destrucción masiva de ecosistemas y la continuidad de la vida de miles de especies, incluida la humana.

En España, como en el resto de Europa, es evidente la alargada sombra del poder económico sobre la acción pública. Así las cosas, el 20 de febrero de este mismo año la Comisión Europea contrató a BlackRock, el mayor gestor de fondos de inversión del mundo, con una cartera que supera en 5 veces el PIB de España y con fuertes intereses en la industria del petróleo, para que le asesore a la hora de definir normas medioambientales para la banca y las entidades financieras europeas. De esta manera, Bruselas le encargó al lobo la vigilancia de las ovejas. El mismo lobo también vigila muy de cerca a los políticos en España. Nada más formarse el gobierno de Sánchez, Blackrock y Blackstone presionaron hasta impedir una medida con la que se pretendía limitar el alza desproporcionada de los precios de los alquileres.

Estos son los hechos reales, hard facts, que demuestran que la opinión pública, masivamente crítica con los partidos políticos, tiene toda la razón. No es democracia y el contrato democrático está en muy mal estado, por no decir roto, porque los intereses de unos muy pocos son los que priman sobre la supervivencia de todos. La ciudadanía, plenamente consciente de la amenaza mortal que supone la emergencia climática, es ahora mismo el único actor capaz de emanciparse de esta tutela, para organizar la defensa democrática del derecho a la vida de las generaciones presentes y futuras.

¿Qué es la Asamblea Ciudadana y por qué funciona?

El pasado 21 de enero de 2020 el Gobierno de Pedro Sánchez declaró el estado de emergencia climática. La declaración contenía 30 medidas de acción climática, comprometiéndose el Ejecutivo a poner en marcha cinco de ellas en los primeros 100 días de gobierno. Entre estas cinco medidas destacaba la creación de una Asamblea Ciudadana del Cambio Climático. El pasado 19 de junio, a punto de finalizar el estado de alarma, la vicepresidenta Teresa Ribera aplaudió, en un anuncio demasiado discreto, las resoluciones de la Asamblea Ciudadana francesa y anunció que pensaba "relanzar pronto la iniciativa" en España.

La primera ventaja de la Asamblea Ciudadana es la independencia real: se compone de unas 150 personas seleccionadas por un sorteo representativo que refleja la realidad social del país. Con este modo de selección, la Asamblea Ciudadana funciona fuera del ámbito de influencia económica de los lobbies, de los grupos de presión y de las lógicas de intereses políticos partidistaslobbies,. Upton Sinclair decía: "Es difícil hacer que un hombre entienda algo cuando su salario depende de que no lo entienda". Y si los que están diseñando ahora la sociedad del futuro están siendo los de siempre en función de los intereses de siempre, lo más probable es que nos lleven otra vez donde siempre.

La segunda clave de la Asamblea Ciudadana es la transparencia y la visibilidad: gente de la calle, debidamente informada por científicos y académicos independientes, actores sociales y ONGs deliberan sobre la situación de emergencia climática y social, proponiendo acciones basadas en criterios de justicia social y de interés colectivo. Estas deliberaciones y sus resoluciones finales se retransmiten en canales televisivos públicos y son visibles para el resto de la ciudadanía, que también puede participar mediante una plataforma digital.

Las dos asambleas celebradas este año en Francia y en Reino Unido son éxitos democráticos rotundos, cuyas conclusiones han sido plenamente respaldadas por todos los colectivos militantes ecologistas y sociales. Esta nueva forma de participación democrática directa en asuntos de política general de máxima importancia ha contribuido notablemente a que en los dos países se hable de emergencia climática y de justicia social, generando nuevas dinámicas y demandas mucho más exigentes. Sus límites actuales son los que impone el sistema representativo al no asegurar el carácter vinculante de las resoluciones de la ciudadanía. Y aceptando que con el sistema representativo actual no se garantiza el carácter vinculante de las resoluciones adoptadas por la Asamblea Ciudadana, no cabe duda de que los poderes del Estado tienen muy difícil justificar frente a la ciudadanía el incumplimiento de sus mandatos.

En España, desde que el Gobierno de Sánchez anunciara en enero la creación de una Asamblea Ciudadana para el Clima, no se han dado pasos necesarios para constituir una Asamblea Ciudadana que no sea un simulacro de democracia directa. Nos preocupa que, en su formulación inicial, la propuesta del Gobierno no tuviera ningún contenido concreto. Nos alarma igualmente que, de momento, los grupos ecologistas tradicionales hayan mostrado el mínimo interés en exigirla. Es necesaria la alianza de todas las militancias para abrir una nueva forma de contacto directo con la ciudadanía y reclamar tanto la independencia de la organización como la formulación de los objetivos concretos de la Asamblea, tal como lo hicieron en Reino Unido los principales movimientos verdes, o en Francia 22 ONGs y sindicatos, en el llamado "Réseau Action Climat" (Red de Acción por el Clima).

Sin embargo, por las razones ya apuntadas, parece que una Asamblea Ciudadana sigue siendo mucho más que una buena idea: en la gravísima crisis actual, es el principal camino que nos queda para reconstruir una democracia real y construir asimismo un futuro sostenible y compartido con la mayoría de la gente.

Para encarar esta década decisiva para la supervivencia de la humanidad, nos encontramos ante el pronóstico de Einstein: "El mundo no será destruido por aquellos que hacen el mal, sino por aquellos que lo observan y no hacen nada".

La Asamblea Ciudadana para la emergencia es el espacio en el que la gente puede actuar colectivamente para la defensa del mayor bien común: el derecho a la vida digna. Con una herramienta eficaz de participación ciudadana directa, España podría salir del actual atolladero partidista y encontrar un punto de apoyo muy legítimo en la participación popular, para mover las estructuras actuales que condicionan a la vez la confiscación de la democracia y la inacción climática.

La pandemia ha sido un serio aviso y lo sigue siendo: es un ensayo descomunal para lo que puede suceder con la emergencia climática. Necesitamos actuar ya frente a esta otra gran amenaza, para poder aunar democracia y participación directa con reconstrucción social y económica e imperativos vitales de transición ecológica profunda.

España debe ser el referente mundial en cómo enfrentar democráticamente el futuro y encarar la reconstrucción ecológica post-covid, todo ello en un entorno frágil y vulnerable como el mediterráneo, donde las actuaciones contra la emergencia climática en reducción de emisiones y en adaptación al calentamiento global deberían ser modélicas.

Avancemos para que lo que llamamos democracia lo sea de verdad.

Avancemos.

_________________Agnès Delage es miembro de

Agnès Delage Extinction Rebellion Europa, Pepe Campana es ingeniero industrial y Fernando Prieto forma parte del Observatorio de la Sostenibilidad  Pepe CampanaFernando PrietoObservatorio de la Sostenibilidad

La Red Levadura ha impulsado a partir de este miércoles la campaña ciudadana Elegimos Hablar con el fin, subrayan, de frenar la polarización en la sociedad española. Bajo el lema Aunque no estemos de acuerdo, vamos a tratarnos bien, la iniciativa intenta recoger la preocupación de muchos ciudadanos por "el clima de odio" que a su juicico "está reduciendo los espacios de discusión constructiva sobre cuestiones que afectan a nuestra sociedad".

Desde la organización creen que hasta hace poco se podía “estar en desacuerdo, discutir apasionadamente, e irse de cañas para celebrarlo" y que ahora proliferan las diferencias de opinión que se vuelven insalvables. Además, destacan que a raíz del confinamiento derivado del estado de alarma estas situaciones se han hecho más usuales.

"Queremos que se entienda a quién beneficia esta polarización y por qué ocurre en este momento de trauma colectivo a nivel global”, aseguran desde Red Levadura. “Porque entenderlo es el primer paso para combatirla, alimentando un diálogo constructivo que demuestre que hablar desde puntos de vista diferentes es posible y necesario para una sociedad sana."

Una de las acciones de la campaña ha sido la creación de la página web ElegimosHablar.org, en la que presentan herramientas e información didáctica para los usuarios.

Arrimar el hombro para superar la crisis. Con esta máxima comenzó su andadura a comienzos de mayo la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica, un órgano no permanente con el que se ha buscado definir las vigas maestras de un proyecto de futuro en apenas unas semanas. El encargo era especialmente importante tras una crisis sanitaria que ha conseguido poner a todo el país contra las cuerdas. Por eso, los grupos parlamentarios han escuchado atentamente a expertos procedentes de todas las disciplinas en más de un centenar de comparecencias. Pero no solo eso. La Cámara Baja también dio la oportunidad a la ciudadanía de participar directamente en el órgano. Y vaya si lo ha hecho. Con propuestas para reforzar el sistema sanitario público, para potenciar la investigación, para llevar a cabo cambios impositivos o para atajar la despoblación. En algunos casos, incluso, los documentos remitidos al Congreso de los Diputados recogen planteamientos de lo más peculiares, como controlar el peso de los trabajadores, y sentidos homenajes a seres queridos fallecidos durante la pandemia.

La apertura de un buzón de participación para completar los trabajos realizados en la Carrera de San Jerónimo no tiene precedentes en la historia del Parlamento. Y la primera experiencia ha evidenciado el interés de los ciudadanos por participar en la toma de decisiones. Desde la puesta en marcha de la iniciativa hace un mes, se han recibido las opiniones e ideas de más de 350 particulares, según los documentos publicados en la página web del Congreso de los Diputados. Algunos de ellos prefirieron participar de forma anónima, aportando exclusivamente sus siglas. Otros, sin embargo, no tuvieron reparos en figurar con su nombre y apellidos. Es el caso, por ejemplo, de Manuel Ibáñez Roldán, que aplaudía la decisión de dar voz a las calles. “La gran alegría de esta mañana ha sido que al despertar he encendido la radio y lo primero que he escuchado es que se habilitaba un email para que los ciudadanos pudiéramos sugerir ideas que sirvan a la reconstrucción […]. Ya era hora de que los ciudadanos pintáramos algo, si es que los políticos tienen la voluntad de escuchar y no es solo otro gesto más”, arrancaba el documento remitido.

No es el único escrito que refleja las ganas que tenía la ciudadanía de dar su opinión, de poner sobre la mesa sus preocupaciones, de aportar su granito de arena en la reconstrucción. “Muchas gracias por escuchar a la población, estoy muy agradecida de poder participar y que mi voz se escuche”, finaliza otra de las cartas remitidas a la Cámara Baja. El diputado de Més Compromís Joan Baldoví es uno de los portavoces del Grupo Plural en una comisión que nunca ha terminado de convencerle por su “formato”. “Yo entendía que, de cara al público, la gente iba a recitar su catecismo y poco a intentar acordar. Y a mí me gusta más la discreción y la intimidad cuando se trata de acordar cosas”, explica a infoLibre. Su larga trayectoria política a nivel municipal –primero como concejal y después como alcalde del municipio valenciano de Sueca– le hace plenamente consciente de la importancia de prestar atención a las demandas que vienen de la calle. Por eso, aplaude cualquier intento de darles voz. “Es interesante si luego los partidos sabemos hacerles caso”, apunta al otro lado del teléfono.

“Transmitía entusiasmo en todo lo que hacía”

Buena parte de las aportaciones particulares durante estas semanas se centran en el ámbito sanitario. De ellas, hay varias centradas en la situación de precariedad laboral de los interinos. “Actualmente, más de la mitad de los médicos que ejercemos nuestra profesión en el Sistema Público de Salud y, por tanto, lo sostenemos con nuestro trabajo y esfuerzo, somos interinos, sin que ello suponga seguridad alguna en el plano laboral”, se queja un médico. Un problema en el que también insiste otro facultativo desde el Hospital Clínico de Salamanca, quien solicita a las formaciones políticas un “compromiso firme” que se traduzca en “medidas reales”. Un paso al frente que, dice, sólo puede concebirse a través de “un aumento de la partida presupuestaria” y un incremento de los contratos que conlleven “una mejora laboral”. Otros ciudadanos, como María Enriqueta, ponen sobre la mesa otra posible estrategia para reforzar el gasto sanitario. Y es directa. “Anule el presupuesto para armamento y destine esos fondos en sanidad pública y gasto social”, apunta la mujer, que se pregunta de qué ha servido durante la pandemia todo el material bélico almacenado.

Juan María Casado también centra sus planteamientos en este mismo ámbito. Considera necesario recuperar “el ánimo y la ilusión” de los médicos tras un tsunami que tuvieron que afrontar sin los adecuados medios de protección, algo que “debería avergonzarnos”. Además, pide crear las especialidades médicas de urgencias e infecciosas, potenciar el papel de la enfermería y reforzar la atención primaria, cuestiones que se encuentran dentro de las prioridades planteadas por algunos de los grupos parlamentarios. Casado no es médico, sino profesor jubilado de la Universidad de Córdoba. Sin embargo, la sanidad siempre estuvo presente en su entorno familiar. Parte de lo propuesto lo aprendió, cuenta, de su hermana menor, Nanda, “la mejor y más preparada enfermera”. Falleció el pasado mes de mayo mientras trabajaba después de haber superado, aparentemente, la infección por coronavirus. Su carta, por tanto, es también un reflejo de lo vivido en tantos y tantos hogares españoles. “Siempre estaba estudiando, formándose sin descanso y transmitía entusiasmo en todo lo que hacía”, recuerda el hombre en sus últimas líneas.

Otras tantas comunicaciones remitidas ponen el foco en cuestiones laborales. Lo hace por ejemplo J.G.R, empleado de recogida de residuos con más de una década de antigüedad encadenando contratos de relevo y temporales. Su carta también representa a miles de trabajadores. “Lo que pido es una regularización […]. No nos dejen atrás, por favor, nuestras familias dependen de ello”, apunta. En su caso, la propuesta apenas supera la página de extensión. Mucho más allá va E.G., que pone sobre la mesa de la comisión un documento de una quincena de folios y más de tres centenares de propuestas centradas en varios ámbitos –desde consumo hasta economía pasando por movilidad–. En materia laboral, plantea una hora como máximo para comer, obligatoriedad del teletrabajo cuando sea posible, “multazos a los malos empresarios (por ejemplo, los corruptores)” o que el día de trabajo finalice como tarde a las 18.00 horas. Varios ciudadanos también proponen una reducción de la jornada laboral a 35 horas, cuatro días a la semana y horario continuo.

Entre los casi cuatrocientos escritos, algunos son un grito de auxilio por la despoblación. “Las zonas más rurales de España necesitamos mucho apoyo”, sostiene en un documento una ciudadana de Cantavieja, un pequeño pueblo de Teruel que apenas llega al millar de habitantes. La mujer quiere pensar que todavía hay posibilidades de repoblar todas estas zonas de la geografía española que se han dejado morir en las últimas décadas. También lo piensa X.O., que pide que se promocione, subvencione o ayude la emigración de los jóvenes de las grandes urbes a los pueblos y se promueva la creación de “nuevas iniciativas naturales y ecológicas”. “En resumen, llenar de vida el rural a los que queremos abandonar la ciudad y vivir de un modo más sostenible y no tenemos recursos para hacerlo”, señala. De hecho, el impulso de todos estos territorios también se han incluido en el borrador de conclusiones del grupo de trabajo económico. Así, por ejemplo, se plantea la puesta en marcha de oficinas de lucha contra la despoblación o el impulso a la creación de empresas en estas zonas rurales.

Algunos ciudadanos se han atrevido incluso a plantear la apertura del melón constitucional. Es el caso de Manuel Monge, que considera que la Ley Fundamental necesita una “revisión” que la adapte “a la realidad española y los tiempos presentes”, o el del constitucionalista de la Universidad de Córdoba Ángel Gómez, que cree que debería garantizarse el derecho al medio ambiente “como fundamental y no sólo como principio rector de la política social y económica”. Otros, a poner sobre la mesa ideas en materia impositiva. J.C.A., por ejemplo, plantea que el tipo del impuesto de sociedades sea progresivo “con relación a un ratio beneficio/número de trabajadores, penalizando a las empresas que obtienen grandes beneficios con exiguas plantillas”. En el mismo gravamen, que es el único de los grandes cuya recaudación no se ha recuperado desde la Gran Recesión, se fija también otra de las propuestas registradas en la Cámara Baja. En este segundo caso, el particular plantea establecer una escala que se mueva entre el 20% para las pequeñas empresas y un 40% para aquellas con “ganancias” superiores a los 10 millones de euros.

De cárceles a industrias y control de la masa corporal

La participación ciudadana también ha dejado ideas de todo tipo. Ana María Armas cree que una buena manera de financiar la ciencia y la investigación pasaría por establecer lo que ha denominado “el euro solidario”: “solicitar a cada ciudadano, con independencia de su edad o cualquier otra circunstancia, la aportación mínima mensual de un euro, pudiendo posibilitarse otras fórmulas como una aportación anual”. Otro ciudadano plantea controlar los índices de masa corporal en una revisión médica anual “obligatoria” de trabajadores, de forma que se pueda multar a la empresa si después de un primer aviso los empleados siguen sin ajustarse a los rangos saludables. Manuel Ibáñez, por su parte, propone convertir los centros penitenciarios “en industrias” en las que los presos hagan sus jornadas de ocho horas de trabajo para que “no nos cueste su manutención”. “Se les debe pagar a razón de salario de mercado y se debe dividir en tres partes: una para la manutención del preso, otra para enviárselo a su familia y otra para cancelar los daños que sufrió su víctima”, desarrolla.

Pero el buzón también ha sido un termómetro perfecto sobre la opinión que algunos ciudadanos tienen de la clase política. Varios son los documentos en los que directamente se exige meter un tijeretazo en esta línea. “Que rebajen el 50% de los ministerios y el 50% de los diputados”, dice uno de ellos. “Reduzcan sus puestos ejecutivos y de tantos asesores y coleópteros adjuntos, al menos nos servirá para paliar algún despilfarro o tapar agujeros”, sostiene otra de las comunicaciones. Algunos, incluso, muestran su enfado por el comportamiento de los parlamentarios en el hemiciclo: “Podríamos ahorrarnos el sueldo de casi 300 señorías, cuyo trabajo puede ser fácilmente sustituido por un equipo de sonido con insultos, aplausos y mofas pregrabadas”. Una crispación política a la que Manuel Ibáñez también cree que hay que ponerle fin. “Los debates en el Congreso no pueden seguir siendo un ring de boxeo”, apunta en su carta, en la que propone que a los grupos de la “oposición” se les pase a llamar “colaboradores”.

La respuesta consiste en acordar fórmulas innovadoras para acercar la política a la calle y ganar la confianza ciudadana en sus instituciones. Por eso hay que desarrollar iniciativas, más necesarias tras la crisis provocada por la covid-19, que complementen la democracia representativa con buenas prácticas políticas y la aplicación de herramientas tecnológicas en favor de la democracia participativa. La situación reclama cambios en el funcionamiento y eficacia de las instituciones, especialmente del Congreso, que es el centro de la vida democrática y donde reside la soberanía popular. Subrayo, por otra parte, la imperiosa necesidad de transformar un sistema económico cada día más injusto y de regular una globalización que no responde a pautas democráticas, cuestiones que erosionan la credibilidad y calidad de la democracia.

Planteo aquí cinco objetivos:

1. El Parlamento, como escuela de democracia, ha de promover nuevas actitudes de regeneración que garanticen la renovación y la independencia de los órganos constitucionales, organismos reguladores y supervisores, la separación de poderes, la eliminación del voto rogado, el desarrollo de una Gobernanza participativa y la búsqueda de Pactos de Estado. Esto conlleva la aplicación en la acción política de los principios de diálogo, transparencia, participación, rendición de cuentas e integridad. En este caso, mediante la aprobación de códigos éticos para los cargos públicos y nuevas medidas contra la corrupción.

2. La tarea de la reconstrucción social y económica de España debe avanzar de la mano de una reconstrucción de la democracia. Las grandes políticas democráticas para reforzar lo público, como la Sanidad, y lograr un crecimiento justo y sostenible tienen que apoyarse en el consenso entre fuerzas políticas y con la sociedad. Por ello, en el marco de la Comisión parlamentaria para la Reconstrucción se ha incluido la comparecencia de entidades y expertos, además de la recogida de propuestas de organizaciones ciudadanas a través del nuevo canal de participación o buzón de correo electrónico. Todas las aportaciones deben ser publicadas para socializar el debate.

3. De acuerdo con los artículos 9.2, 23.1 y 105 de la Constitución, el Congreso tiene que abrirse a la participación plural de expertos y organizaciones representativas de la sociedad en la tramitación de las leyes y antes de iniciar la fase de enmiendas. Lo que significa formalizar en el Congreso la audiencia o comparecencia de entidades interesadas, por su naturaleza o por resultar afectadas por el contenido que trate una propuesta de ley, para escuchar sus opiniones y recibir aportaciones escritas que enriquezcan el debate legislativo. Al actual procedimiento se añadiría una fase de participación deliberativa, algo que no significa un obstáculo para una tramitación legislativa ágil, sino una garantía de mayor eficiencia de la ley resultante y una mayor legitimación social.

4. El Congreso ha de apostar por la utilización de las tecnologías de comunicación que han permitido su funcionamiento virtual/presencial durante el confinamiento. Y aprovechar las herramientas digitales, como la página web oficial, poniéndolas al servicio de la participación online y de una información transparente y accesible. Las TIC son la vía para dar a conocer el trabajo del Parlamento a la sociedad, incluida la huella legislativa, y permiten un mayor control ciudadano. Es la forma de despertar el interés de la sociedad en los procesos democráticos abriendo mecanismos de interacción en la toma de decisiones públicas.

5. Los esperados Fondos de la UE para la recuperación económica frente a los efectos devastadores de la pandemia global deberán servir para crecer de otra manera, con valores democráticos y con un plan de reformas estructurales del modelo productivo y energético basado en los ejes de las transiciones: la digital para formar a personas y crear empleo de calidad, y la climática en favor de una economía verde y la supervivencia del planeta. Pero la concreción del plan y el control, la fijación de objetivos, aplicación interna de fondos y su gestión, requieren un acuerdo participativo de gobernanza democrática que sea transparente, leal, cooperativa y corresponsable. Una gobernanza compartida entre las diferentes administraciones y agentes socioeconómicos.

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Odón Elorza es diputado del PSOE por Gipuzkoa. 

A escasos cinco días de que comience el debate de investidura de Pedro Sánchez todo sigue en el aire. Han pasado casi tres meses desde las elecciones generales del 28 de abril y las posiciones del candidato a la Moncloa y del que definió como su "socio preferente", Pablo Iglesias, apenas se han movido. De hecho, el presidente en funciones dio por rotas las negociaciones este mismo lunes, poco más de 24 horas antes de que el secretario general de la formación morada insistiera en su posición y retara a Sánchez a explicar por qué no quiere que miembros de Podemos se sienten en el Consejo de Ministros. El enfado de Sánchez, que recrudeció la tensión entre ambos líderes, comenzó el pasado viernes, justo el día en que Podemos activó la consulta a las bases para que decidan si deben apoyar la investidura de Pedro Sánchez —previo pacto para un Gobierno de coalición— o si facilitan con el sí o la abstención un Ejecutivo monocolor sí del PSOE. Hay 517.484 inscritos llamados a votar y podrán hacerlo hasta este jueves. 

La convocatoria de la consulta no gustó al PSOE. Ni tampoco a algunos miembros del partido de Iglesias. Pero lo cierto es que desde su creación en 2014 la formación morada ha sometido a sus bases todos los asuntos que han considerado de especial importancia como, por ejemplo, los acuerdos electorales y poselectorales. En total, desde mayo de 2014, cuando la formación morada irrumpió en el tablero político español presentándose a las elecciones europeas, los de Iglesias han realizado 14 consultas a nivel estatal a sus inscritos. 

Hace cinco años, un alto porcentaje de los inscritos participaba en las consultas a las que asiduamente se les convocaba. Y batieron un récord en el mes de febrero de 2017, en la celebración de Vistalegre II. En aquella ocasión participaron 155.275 de los 456.878 inscritos, es decir, el 34% del censo del partido. Una cifra que, aunque celebrada en su momento, quedó debilitada después de la consulta sobre si Iglesias y la portavoz parlamentaria de Podemos, Irene Montero, debían dimitir por la compra de un chalé de más de 600.000 euros en el municipio madrileño de Galapagar. Un 38,5% de sus bases contestaron a la pregunta. Fueron, en números absolutos, 188.176 personas de un total de 487.772 inscritos. Un número que, a falta de conocer los resultados de la consulta activa hasta este jueves, nunca ha sido superado. 

 La última consulta, realizada antes de las elecciones generales del pasado 28 de abril y en la que se preguntó a los afiliados si estaban o no de acuerdo con el programa con el que la formación concurriría a los comicios registró uno de los peores datos. En ese momento, en el que el número de inscritos superaba las 500.000 personas, sólo participaron 47.213, es decir, alrededor del 10%. Un número que, en términos absolutos, sitúa a esta consulta como la tercera en el ránking de las que han tenido una menor participación: en la primera, realizada en abril de 2014, votaron 33.156 personas, pero en aquel momento el partido tenía muchos menos inscritos; en otra celebrada en julio de 2015 con vistas a las elecciones del 20 de diciembre de ese año, 44.792. 

  2014: año de creación, año de más consultas

El nacimiento de Podemos agitó el tablero político. No sólo porque los buenos resultados que cosecharon en las elecciones al Parlamento Europeo vaticinaban la ruptura del bipartidismo, sino también porque la formación prometía ser mucho más participativa de lo que lo eran los partidos tradicionales. Y sus primeros meses de vida así lo demostraron: sólo en 2014, los inscritos en Podemos pudieron votar en cuatro ocasiones. Una en abril, otra un junio, otra en octubre y otra en noviembre. 

Elecciones europeas. La primera de todas ellas, celebrada justo antes de los comicios europeos, registró una participación de 33.156 personas, de las cuales un 60% se mostró favorable a que Pablo Iglesias encabezara las listas de la formación morada a la Eurocámara. Comenzaba así a perfilarse un liderazgo que, a veces de forma indirecta, ha intentado salir reforzado a través de las distintas consultas realizadas.

Asamblea fundacional. Y empezó a hacerlo, de hecho, dos meses después, en junio. En ese momento, las bases de Podemos debían decidir quién pilotaría el proyecto hasta la asamblea fundacional, que tendría lugar en otoño. Y de las 55.882 personas que participaron en el proceso, un 96,8% decidió que lo hiciera el equipo de Iglesias. 

Vistalegre. Y así llegaron a esa primera asamblea ciudadana, bautizada como Vistalegre. Comenzó en octubre, pero se alargó hasta noviembre. Y es que de ese encuentro saldrían los documentos políticos y organizativos de la formación, además de los nombres de las personas que se encargarían de dirigirlo. La primera cuestión se resolvió en octubre, cuando un 80,7% de los 112.070 inscritos que votaron volvieron a respaldar a Iglesias. Su modelo organizativo, su estrategia política y sus principios éticos habían sido aprobados en la consulta que, en términos porcentuales, ha registrado una mayor participación en la historia de Podemos: fue del 54% (votaron 112.070 personas de un censo compuesto por 205.750). 

Secretario general. Apenas un mes después, Iglesias culminaba su proceso como líder del partido. En noviembre, 107.488 personas del total de 251.998 inscritos (el 43%) votaron a la persona que debía ocupar la Secretaría General. Y el 88,6% decidió que lo fuera él. 

  2015: comienza el periodo electoral en España

Candidato a la Moncloa. Sólo un año después de que Iglesias se encumbrara como secretario general de Podemos, el partido tuvo que enfrentarse a sus primeras elecciones generales. Y lo hizo no sin antes apuntalar el liderazgo. La formación morada organizó dos consultas para ese año. Y las hizo coincidir en el tiempo. Se celebraron en el mes de julio. La primera de ellas tenía por objetivo decidir quién sería el candidato a la Moncloa en las elecciones del 20 de diciembre. Y la victoria volvió a ser para Iglesias con un 93% de los votos a favor. Participaron 59.723 personas de un total de 380.548 inscritos. La participación, por tanto, fue del 15,69%, un porcentaje muy bajo si se compara con los alcanzados un año antes. 

Alianzas para el 20D. Pero el porcentaje es elevado si se relaciona con la consulta que pretendía conseguir la aprobación de las bases para las alianzas que podrían establecerse de cara a los comicios. Los inscritos tuvieron que responder a la siguiente pregunta: "¿Aceptas que el Consejo Ciudadano de Podemos, en aras de seguir avanzando en la construcción de una candidatura popular y ciudadana, establezca acuerdos con distintos actores políticos y de la sociedad civil siempre que 1) los acuerdos se establezcan a escala territorial (nunca superior a la autonómica); 2) se mantengan siempre el logotipo y el nombre de Podemos en el primer lugar de la papeleta electoral incluso si eso implica concurrir a las elecciones generales en algunos territorios con fórmulas de alianza (Podemos-X)". Contestaron 44.792 inscritos, una cifra que redujo el porcentaje de participación hasta el 11%. De ellos, el 85% respondió que sí.

  2016: negociaciones fallidas y repetición de elecciones

Apoyar el pacto PSOE-Cs. Los resultados electorales de ese 20 de diciembre condenaron a las distintas formaciones a entenderse. La falta de mayorías absolutas requirió de negociaciones para alcanzar un pacto que permitiera investir al candidato propuesto por el rey: Pedro Sánchez. El líder de los socialistas consiguió un acuerdo con Ciudadanos, un extremo que, de primeras, provocó que Podemos se negara a dar sus votos para hacer a Sánchez presidente del Gobierno. Pero la formación, no obstante, sometió esta decisión a las bases. En esta ocasión se plantearon dos preguntas: "¿Quiere un gobierno basado en el pacto de Rivera y Sánchez?"; "¿Está de acuerdo con la propuesta de gobierno de cambio que defienden Podemos, En Comú Podem y En Marea?". 

La participación fue elevada. Respondieron a las preguntas 149.444 personas del total de 393.538 inscritos, es decir, el 37,97%. Un porcentaje que se eleva hasta el 73% si sólo se tiene en cuenta el censo de inscritos activos (aquellos que habían participado en alguna otra consulta en el último año), que era de 204.844 personas. De todos los votantes, el 88,23% decidió que Podemos no debía suscribir el acuerdo y el 97,79% se mostró a favor de la propuesta de la formación. 

Concurrir en coalición el 26J. Estos resultados provocaron una repetición electoral. Y Podemos propuso cambiar de estrategia. La formación consultó a sus afiliados si pensaban que era adecuado concurrir a los comicios que se convocaron para el 26 de junio de 2016 en coalición con Izquierda Unida y Equo. El respaldo fue masivo. Un 98% de las 144.540 personas que participaron contestaron sí a la siguiente pregunta: "¿Estás de acuerdo con que Podemos concurra a esta segunda vuelta de las elecciones que se celebrará el 26J en alianza electoral con Izquierda Unida, Equo y otras fuerzas que apuestan por un cambio real en este momento histórico y que repita en los mismos términos que el pasado 20D las confluencias En Comú Podem en Cataluña, En Marea en Galicia y Compromís-Podemos-#ÉsElMoment en Valencia?" La participación fue del 35% del total del censo, que respecto a la anterior consulta había aumentado hasta las 413.585 personas. 

  2017: Vistalegre II y moción de censura a Rajoy

Vistalegre II. Casi un año después de esa consulta y ya con Mariano Rajoy como presidente del Gobierno, la distancia entre Iglesias y el que fuera su número dos, Íñigo Errejón, se convirtió en un hecho casi incontestable. Un contexto que propició la celebración de la segunda asamblea ciudadana de Vistalegre, bautizada como Vistalegre II, que tuvo lugar en febrero de 2017. Ese fue el escenario en el que los dos modelos de partido que proponían ambos líderes se enfrentaban cara a cara. Y una vez más, Iglesias salió vencedor. Lo hizo, además, en la consulta a las bases que batió récords de participación en cuanto al número de votantes. De los 456.878 inscritos, participaron 155.275 (el 34%), de los cuales el 89% apoyó el modelo del secretario general.

Moción de censura contra Rajoy. Sólo pasaron tres meses de aquello y los afiliados de Podemos ya tenían otra pregunta a la que responder. "¿Quieres que impulsemos una moción de censura al PP?". La participación, en ese momento, se resintió. Respondieron 87.674 de los 487.156 inscritos, es decir, un 18%. Pero la mayoría volvió a avalar la posición del partido: un 97,44% optó por el sí. 

  2018: comienza el segundo ciclo electoral

Cómo concurrir el 26M. A principios de 2018 Podemos comenzó a preparar el ciclo electoral que comenzaba, de nuevo, en 2019. En el mes de marzo la formación preguntó a sus bases si estaban dispuestas a que su marca electoral apareciera en las listas que el partido iba a presentar en coalición con otros partidos a las elecciones europeas, autonómicas y locales. La pregunta, por tanto, fue triple. Se planteó del siguiente modo: ¿Apoyas que Podemos se presente a las próximas elecciones [europeas, autonómicas o locales] en coalición con las fuerzas políticas aliadas del espacio del cambio y con la palabra Podemos (en los idiomas que corresponda) formando parte del nombre de la candidatura? La participación, en aquella ocasión, fue mínima. Del total de 473.678 inscritos votaron 76.511: un 16,15%. El 97% lo apoyó. 

Chalé de Iglesias y Montero. Sólo dos meses después, en mayo, una nueva consulta movilizó masivamente a los inscritos. La polémica que había suscitado que Iglesias y Montero compraran un chalé valorado en 600.000 euros se transformó en una pregunta a las bases. Y esta se convirtió en la votación más concurrida en cuanto al número de votantes. La cifra se situó en los 188.176 votantes del total de 487.772 inscritos (lo que se traduce en un 38,5% de participación). Sin embargo, también es la segunda consulta con más discrepancias, sólo por detrás de la primera que organizó Podemos. La pregunta que se planteaba era la siguiente: "¿Consideras que Pablo Iglesias e Irene Montero deben seguir al frente de la Secretaría General y de la portavocía parlamentaria de Podemos?" No fue nada unánime: los líderes fueron respaldados por el 68,4% de los votos. 

Apoyar la moción de censura del PSOE. Ese mismo mes, los inscritos fueron llamados a otra consulta. "¿Apoyas que Podemos apoye la moción de censura del PSOE para echar al PP y M.Rajoy del Gobierno?" Y los que respondieron, aunque fueron muchos menos, estuvieron más de acuerdo. Respondió que sí el 98% de los 75.310 inscritos que participaron, una pequeña parte de los alrededor de 500.000 afiliados. 

Programa para el 28A. La última consulta se celebró a principios de 2019, cuando Podemos quiso saber si las bases avalaban el programa con el que pensaban concurrir a las elecciones generales del 28 de abril. Votaron tan sólo 47.213 personas de los más de 500.000 inscritos. El 97,86% aprobó el documento. 

Este jueves acaba la última consulta que ha organizado el partido, en la que se plantea la siguiente cuestión: Cómo deben votar los diputados y las diputadas de Podemos en las sesiones de investidura de la XIII legislatura? Opción 1: Para hacer presidente a Pedro Sánchez, es necesario llegar a un acuerdo integral de Gobierno de coalición (programático y equipos), sin vetos, donde las fuerzas de la coalición tengan una representación razonablemente proporcional a sus votos. Opción 2: Para hacer presidente a Pedro Sánchez (ya sea mediante el voto a favor o la abstención), basta con la propuesta del PSOE: un Gobierno diseñado únicamente por el PSOE, colaboración en niveles administrativos subordinados al Gobierno y acuerdo programático. 

No fue casual que los ayuntamientos gobernados por alcaldías progresistas afrontaran con sus escaso recursos pero de manera solidaria y con criterios de redistribución las consecuencias de la crisis económica en la población.

Por otra parte, las ciudades ya no pueden ser ajenas al reto de ayudar a humanizar una globalización que provoca el avance de las desigualdades y  la pobreza. Ellas viven las consecuencias de una revolución tecnológica que viene acompañada de la economía digital, la robótica y la comunicación a través de las redes sociales. Además, los municipios son protagonistas de la lucha contra el cambio climático, no solo por proteger el hábitat de la vida local sino también para garantizar la supervivencia del planeta.

De entrada, los gobiernos locales, como instancias más próximas a la ciudadanía, reúnen las condiciones para trabajar por la revitalización de la democracia y  superar así la desconfianza ciudadana en las instituciones por la corrupción y la ineficacia en la gestión. No olvidemos que irá creciendo la influencia de los fenómenos del populismo nacionalista y la extrema derecha. Ambos pretenden Ciudades amuralladas donde imponer sus banderas autoritarias y de involución general, lo que va unido al desprecio a los principios de la democracia y la autonomía de los ayuntamientos, al conservadurismo, el machismo y la xenofobia.

Ante este panorama, definamos con claridad el Modelo de Ciudad abierta que vamos a construir juntos. Queremos ciudades y pueblos que eduquen en valores, que prioricen la redistribución de sus recursos para hacer posible una vida digna de las personas. Solo desde el compromiso con los valores humanos se lograrán avances en la transformación de un sistema injusto para que todas las personas puedan ejercer la condición plena de ciudadanía, con sus derechos y obligaciones. Rechazamos un modelo de municipio insolidario, excluyente y concebido como espacio de negocio especulativo donde acumulen más riqueza los de siempre.

Queremos ciudades para una democracia participativa y deliberativa en la toma de decisiones, comprometidas con una democracia fuerte y transparente. Municipios, grandes y pequeños, donde se expresen una multiplicidad de actores sociales, ONG y grupos de intereses que piden la palabra a los ayuntamientos para participar en las decisiones desde un sistema de gobernanza cívica y democrática, superadora del ordeno y mando.

Ciudades de acogida que ofrezcan cohesión social y ayuda a personas vulnerables, mayores que viven en soledad, familias pobres, excluidos e inmigrantes que buscan amparo. Ciudades refugio, seguras para la gente porque luchen por la igualdad y respondan con sus medios y servicios sociales cuando exploten las crisis económicas, por ser los gobiernos de proximidad quienes afrontan las consecuencias de las políticas de recortes en derechos sociales y de precarización del empleo.

Defendemos ciudades y pueblos para convivir en paz, que promuevan el diálogo, la tolerancia y los acuerdos transversales para un mejor y más eficaz gobierno. Lo contrario a la acción de quienes alimentan el autoritarismo y las ciudades agresivas que acaban creando comunidades resentidas, fomentan el conflicto, monopolizan los espacios públicos de manera partidista y gobiernan con sectarismo político.

Ciudades que promuevan en la ciudadanía una conciencia global para lograr un cambio de hábitos y comportamientos en favor de la sostenibilidad y el cumplimiento de la agenda 2030. Que fomenten la resiliencia ante los graves problemas y desafíos que compartimos en un mundo global lleno de incertidumbres y de retos, como frenar el cambio climático, un desarrollo sostenible del planeta o la integración de las personas migrantes.

Amamos las ciudades y pueblos rebeldes en favor de causas justas, organizadas en alianzas y en redes para crear una diplomacia de las ciudades, capaces de dejar oír su voz en foros internacionales. Frente a los involucionistas que pretenden cerrar las ciudades para dejar fuera a inconformistas, marginados y a personas diferentes.

Ciudades con talento, y por tanto cultas y capaces de competir. Municipios conectados al mundo universitario, cultural y empresarial, dispuestas a afrontar los retos de la revolución tecnológica, la transición energética y la generación de conocimiento. Ciudades de oportunidades para desarrollar iniciativas creativas, diversas en lo cultural, mestizas y con un comercio local identificable. Lo contrario a ciudades aburridas, sin estrategia, franquiciadas y clonadas. __________

Odón Elorza es secretario de Democracia Participativa y Transparencia de la CEF del PSOE.