EL FUTURO DE LA MONARQUÍA

Los negocios millonarios y corruptelas del emérito que han quedado acreditados pero no se juzgarán

El rey emérito, Juan Carlos I, saluda al monarca saudí Abdalá bin Abdulaziz al-Saúd, ya fallecido

La imposibilidad de juzgar unos hechos no significa que los mismos no se hayan cometido. Ni que no hayan salido a la luz pública. Los límites de hasta dónde puede llegar la justicia tienen su ejemplo práctico en el rey emérito: tras años de evidencias claras sobre las corruptelas cometidas por Juan Carlos I, las irregularidades en la gestión de sus finanzas y los millonarios ingresos que se han ido desvelando, el periplo procesal del ex jefe del Estado, el motivo por el cual se marchó a Abu Dabi en agosto de 2020, parece que va llegando a su fin. No se le podrá juzgar por esto, pero el relato que dejan más de tres años de investigaciones en España y Suiza lleva a la conclusión de que Juan Carlos de Borbón ha cometido delitos que él mismo ha reconocido y existen múltiples sospechas sobre otro tipo de conductas que pueden complicar su regreso a corto plazo.

Desde el verano de 2018, cuando se publicó la conversación entre el comisario José Manuel Villarejo y Corinna Larsen, examante del emérito, y empezaron a abrirse diligencias, el cerco sobre las corruptelas de Juan Carlos I, tanto cuando ostentaba el cargo de rey de España como después, ha ido haciéndose cada vez más estrecho. Primero, por el presunto cobro de comisiones ilegales millonarias; después, por la evasión de impuestos y la estrategia bancaria de "ocultación", en palabras de la Fiscalía suiza. Lo primero es supuesto, ya que no se ha podido probar; lo segundo es un hecho constatable por las regularizaciones fiscales realizadas por el propio ex jefe del Estado.

Las finanzas del rey emérito llevaban años bajo sospecha, pero las revelaciones de Larsen a Villarejo fueron un antes y un después en la vertiente judicial, pues aportaba datos y cifras muy concretas: AVE a la Meca, 65 millones de euros, banco suizo de Mirabaud... Las fiscalías de España y Suiza investigaron en paralelo y las conclusiones que ambas extraen no permiten descartar la comisión de delitos y una conducta irregular por quien fue monarca durante casi cuarenta años, pero sí una acusación formal.

El origen de las pesquisas en Suiza, por las que el emérito nunca ha sido imputado, son los 100 millones de dólares (65 millones de euros) recibidos por Juan Carlos de Borbón del Ministerio de Finanzas de Arabia Saudí en una cuenta del país helvético en 2008 y transferidos cuatro años después a otra cuenta de Corinna Larsen. La investigación se abrió por presunto blanqueo agravado de capitales, vistas las afirmaciones de la comisionista germano-danesa de que el origen del dinero podrían ser comisiones ilegales, pero para condenar por este delito hace falta demostrar el origen ilícito del dinero y ahí el fiscal Yves Bertossa se ha encontrado frente a un muro, pues no ha logrado acreditarlo.

Según informa Europa Press, Bertossa renunció a enviar una comisión rogatoria a Arabia Saudí al considerar que dicha diligencia "estaría condenada al fracaso", pues, tal y como explica el fiscal, "obtener pruebas en ese Estado se considera muy difícil" vista la escasa, por no decir nula, colaboración judicial del régimen. Por tanto, no se ha podido atestiguar el origen ilícito del dinero, por lo que la investigación ha quedado en vía muerta. De ahí el archivo de las actuaciones, no sin un crudo relato que deja al descubierto las prácticas irregulares vistas en este caso.

La voluntad de ocultación, primera prueba de fraude

Para empezar, el uso de la Fundación Lucum y de "empresas domiciliadas por parte de los distintos protagonistas", conductas que demuestran una "voluntad de ocultación”. “Las cantidades implicadas, el origen de los bienes, la falta de documentación adecuada que justifique las transferencias, las supuestas donaciones sucesivas (primero del rey de Arabia Saudí a favor de Juan Carlos I y luego de éste a favor de Corinna Larsen), así como la cronología de los hechos, constituyeron pruebas contra los acusados”, añade el comunicado de la Fiscalía suiza.

Por tanto, Bertossa sí ha probado que Juan Carlos de Borbón dispuso de los 65 millones y que los ocultó al fisco. Sospecha que el origen son "comisiones vinculadas a la celebración de un contrato de empresas españolas para la construcción del tren de alta velocidad que conecta Medina con La Meca", si bien no se ha podido "establecer un vínculo suficiente" entre la transferencia de Arabia Saudí y esa adjudicación.

El fiscal suizo también considera probado que Corinna Larsen, además de recibir 65 millones de euros en 2012, percibió cinco millones de dólares de Kuwait y dos millones de dólares de Bahréin "poco después de una visita oficial de Juan Carlos I" a esos países. "Estas transacciones no fueron suficientemente documentadas", remarca.

En España, esta vía muerta tiene otra derivada y es que aunque se hubiese podido probar el blanqueo, Bertossa habla de un "deseo de ocultación" del dinero, de modo que Juan Carlos I no lo tributó ante la Hacienda pública española. Es decir, sí se habría producido un delito fiscal por cada ejercicio eludido, si bien las operaciones bancarias descritas se realizaron antes de la abdicación del rey emérito, en junio de 2014, por lo que éste estaba amparado por la inviolabilidad que le otorgaba la Constitución como jefe del Estado. Esta será previsiblemente la tesis que sostenga la Fiscalía del Tribunal Supremo para archivar esta línea de investigación.

Pero aunque se cierren las pesquisas por la inviolabilidad de Juan Carlos, no es descartable que los hechos puedan seguir persiguiéndole, al menos en los titulares, pues la Fiscalía Anticorrupción sigue encargando diligencias sobre los empresarios españoles que habrían pagado las comisiones por la adjudicación de la construcción del AVE a La Meca.

Es el delito fiscal el que ha perseguido al rey emérito estos años y así ha quedado demostrado en otra de las líneas de investigación abiertas en España. Tan acorralado se ha visto, en este caso sí, que Juan Carlos I ha optado por admitir que es un defraudador. No lo ha dicho en una comparecencia pública ni emitiendo un comunicado oficial, sino por la vía de los hechos: regularizando sus cuentas pendientes con Hacienda por valor de más de cinco millones de euros para evitar una futura acusación penal por fraude.

Son muchas las dudas que quedan acerca de por qué la Fiscalía del Supremo va a aceptar estas regularizaciones, sobre todo después de que se haya conocido que el Ministerio Público informó a los abogados del rey emérito de que estaba siendo investigado, lo cual impide que esa puesta al día con el fisco haya sido voluntaria, que es uno de los requisitos que el Código Penal establece para librarse de una acusación por delito fiscal. Y Hacienda, por su parte, tampoco había iniciado ninguna inspección antes de las regularizaciones, a pesar de las muchas alertas de fraude fiscal que había en torno a las finanzas del rey emérito. Todo esto tendrá que aclararlo la Fiscalía en su escrito de archivo de actuaciones, que se espera para después de Navidad.

Las regularizaciones, segunda prueba de fraude

Juan Carlos I pagó a Hacienda en diciembre de 2020 678.393,72 euros y en febrero de 2021, 4.395.901,95 euros. Por un lado, por el uso de unas tarjetas de crédito para gastos personales que estaban a nombre de un coronel del Ejército del Aire, Nicolás Murga Mendoza, que ejerció como ayudante de campo del emérito, y quien supuestamente sufragaba esos gastos era el empresario mexicano Allen Sanginés-Krause, amigo íntimo del antiguo monarca. Por otro lado, por vuelos privados y otros gastos de viajes abonados a través de la Fundación Zagatka, propiedad de Álvaro de Orleans, primo lejano del emérito.

Como ya publicó infoLibre, en la resolución que prepara la Fiscalía del Supremo sobre el archivo de las investigaciones abiertas se expondrá que las indagaciones realizadas han revelado delitos fiscales en los que habría incurrido el rey emérito, pero también la imposibilidad de enjuiciarle por ellos por cuestiones como la inviolabilidad que le protegía hasta su abdicación en 2014, prescripción de los ilícitos penales detectados y falta de peso probatorio en otros casos. Las fuentes consultadas recalcan que aunque no se pueda juzgar a Juan Carlos I, sí habrá un relato "pormenorizado" de los hechos delictivos que se han podido probar y que no dejarán lugar a dudas sobre la conducta del antiguo monarca.

Esa falta de peso probatorio afectaría a la tercera investigación que se abrió al rey emérito en España, unas pesquisas que comenzaron a finales de 2020 por una alerta que dio el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) tras detectar movimientos de dinero desde paraísos fiscales. El diario El Mundo publicó que se trataba de una fortuna oculta en la isla de Jersey, pero poco más se ha sabido de estas diligencias que, finalmente, también quedarán archivadas.

Frente británico

Y cuando parece que en poco tiempo se despejará el camino para Juan Carlos I en las investigaciones abiertas por las fiscalías española y suiza por posibles delitos tan graves como fraude y blanqueo de capitales, las cosas se le pueden complicar nada menos que en Reino Unido, donde su examante Corinna Larsen le ha denunciado por amenazas. Todo está en manos de un juez de Londres, que deberá decidir si el rey emérito tiene inmunidad y, por tanto, no puede ser juzgado en otro país, o si, por el contrario, deberá hacer frente a un juicio. La respuesta llegará previsiblemente en enero de 2022.

La clave parece estar en el estatus que ocupa el ex jefe del Estado español en la Casa Real a raíz de su abdicación en junio de 2014, pues la comisionista germano-danesa asegura que los hechos por los que le denuncia continuaron después de que Juan Carlos de Borbón dejara de ser rey. Pero también se tendrá que valorar jurídicamente el estatus del emérito cuando era monarca y si la inviolabilidad que reconoce la Constitución le protegía también de hechos como los que denuncia Larsen.

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