EL FUTURO DE LA MONARQUÍA

La inmunidad del emérito a examen en Londres: su estatus en la Casa Real, clave para defenderse de Corinna

Juan Carlos I y Corinna Larsen

Cuando parece que en poco tiempo se despejará el camino para Juan Carlos I en las investigaciones abiertas por la Fiscalía del Tribunal Supremo por posibles delitos fiscales y blanqueo de capitales, las cosas se le pueden complicar nada menos que en Reino Unido, donde su examante, Corinna Larsen, le ha denunciado por amenazas. Todo está en manos de un juez de Londres, que deberá decidir si el rey emérito tiene inmunidad y, por tanto, no puede ser juzgado en otro país, o si, por el contrario, deberá hacer frente a un juicio. La respuesta llegará previsiblemente en enero de 2022.

La clave parece estar en el estatus que ocupa el ex jefe del Estado español en la Casa Real a raíz de su abdicación en junio de 2014, pues la comisionista germano-danesa asegura que los hechos por los que le denuncia continuaron después de que Juan Carlos de Borbón dejara de ser rey. Pero también se tendrá que valorar jurídicamente el estatus del emérito cuando era monarca y si la inviolabilidad que reconoce la Constitución le protegía también de hechos como los que denuncia Larsen.

Este es el aspecto preliminar, pero fundamental, que se ha dirimido esta semana en los tribunales británicos. Las defensas del emérito y de Larsen han trasladado al magistrado Matthew Nicklin sus respectivos argumentos, para lo cual han recurrido a la colaboración de abogados españoles para sostener o no que el antiguo monarca puede ir a juicio en Reino Unido.

Al ser una demanda civil lo que plantea Corinna Larsen, lo que tendrá que decidir el juez británico es si el caso puede ir directamente a juicio, no si se abre una investigación. La comisionista acusa al rey emérito y el exdirector del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Félix Sanz Roldán de "vigilancia ilegal", hostigamiento "desde 2012 hasta la actualidad", incluidas amenazas y difamación. Pide por ello una indemnización por los daños causados –sin especificar una cantidad concreta– y también una orden judicial que impida al ex jefe del Estado o a cualquier agente de los servicios secretos españoles acercarse a menos de 150 metros de cualquiera de sus residencias o comunicarse con ella y su familia.

La pregunta que debe resolver el juez Nicklin es, por tanto, si Juan Carlos I sigue formando parte de la Casa Real para poder interpretar si le ampara la inmunidad que establece la State Immunity Act (SIA), la ley que recoge la protección de la familia real británica. Larsen dice que no, mientras que el rey emérito, obviamente, sostiene lo contrario, según los escritos presentados por las defensas de ambos, consultados por este periódico.

¿Qué dice el rey emérito?

Para defenderse, Juan Carlos de Borbón ha contratado los servicios del bufete multinacional Clifford Chance, uno de los despachos más grandes del mundo con numerosas delegaciones en otros países. Para elaborar su dictamen sobre el rey emérito, ha contado con la colaboración del catedrático de Derecho Bernardo del Rosal, que ha redactado un informe para defender la pertenencia a la familia real, de manera que pueda concluirse que puede acogerse a la inmunidad que prevé la SIA.

Por un lado, la defensa recuerda la inviolabilidad hasta el año de la abdicación. Y para después de 2014 subraya que la SIA establece en su artículo 20 la "inmunidad diplomática" que afecta no sólo a Isabel II como jefa del Estado en Reino Unido, sino también a los "miembros de su familia" que formen parte de su entorno más cercano y a sus "sirvientes privados". Lo establecido aquí supondría que los miembros de la Corona británica no podrían ser reclamados para ser juzgados fuera de las islas, de modo que la defensa del rey emérito entiende que él no puede ser reclamado ni juzgado allí

Y es que su representación letrada considera que Juan Carlos I sigue formando parte de la familia real aunque ya no sea rey. Lo argumenta en virtud del decreto sobre Registro Civil de la familia real, aprobado el 12 de noviembre de 1981, según el cual se incluyó no sólo a los entonces reyes Juan Carlos y Sofía y a sus tres hijos, sino que se amplió a los padres del monarca. Fuentes jurídicas sostienen que uno de los motivos por los que se promulgó este decreto para integrar en la Casa Real al padre del jefe del Estado, Juan de Borbón.

Esta dinámica se repitió el 19 de junio de 2014, fecha de la proclamación de Felipe VI. En el decreto sobre régimen de títulos, tratamientos y honores de la familia real y de los regentes se dice textualmente que "la normativa en vigor otorga, en algunos aspectos, el adecuado tratamiento a SS. MM. los Reyes Don Juan Carlos I de Borbón y Doña Sofía de Grecia tras la abdicación, en cuanto que permanecen como miembros de la Familia Real".

Y así se explica en el dictamen entregado al juez británico: "Tras el 19 de junio de 2014, su Majestad ya no es Rey de España, pero sigue siendo un miembro cercano a la Familia Real y a la Casa Real española y hasta su retirada de la vida pública en junio de 2019, un miembro muy activo de la Familia Real. Como explica el informe de Del Rosal, la abdicación de su Majestad creó una nueva posición sin precedentes en España. Mientras que su estatus fue reconocido con honores, estilos y precedencia, también fue un cargo que le dio cobertura legal y estatus en un sentido mucho más profundo y trascendente". Y es que, tal y como recoge el citado decreto, Juan Carlos de Borbón "continuará vitaliciamente en el uso con carácter honorífico del título de Rey, con tratamiento de Majestad y honores análogos a los establecidos para el Heredero de la Corona, Príncipe o Princesa de Asturias".

De este modo, la representación legal del rey emérito en Reino Unido concluye que éste es "inmune a la jurisdicción de los tribunales ingleses en relación con aspectos de su conducta después del 19 de junio de 2014 porque es un miembro de la Familia Real del Rey, formando parte de su círculo familiar", una inmunidad que está "prevista" en el artículo 20 de la SIA.

Para reforzar sus argumentos, el dictamen recurre incluso al diccionario de Oxford para definir el concepto "miembro de la familia". También acude al organismo creado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1947 para la interpretación del Derecho Internacional para analizar el concepto de "inmunidad" y su aplicación a miembros de casas reales.

El hecho de que Juan Carlos I se retirara de la vida pública a mediados de 2019, renunciando a participar en actos oficiales, que Felipe VI le quitara su asignación en marzo de 2020 a raíz de los escándalos de corrupción y que en agosto de ese año se trasladara a vivir a Abu Dabi no significa, para la defensa del emérito, que éste haya dejado de ser parte de la familia real. Según las fuentes jurídicas consultadas, la retirada de la vida pública se hizo por razones de reputación, pero ni esto ni que ya no reciba asignación de la Casa Real cambia el estatus jurídico que se le otorgó con el decreto de junio de 2014. Y su residencia oficial, apuntan, sigue siendo el Palacio de la Zarzuela y Juan Carlos de Borbón continúa en la página web oficial de la Casa del Rey como miembro de la familia real.

¿Qué dice Corinna Larsen?

Precisamente, son los últimos movimientos del rey emérito los que llevan a la representación de su examante a defender que se le puede juzgar en Reino Unido y por todos los hechos por los que ella le ha denunciado porque, en su opinión, lo que importa es su estatus actual. Para la elaboración de su dictamen, los abogados de la comisionista contaron con el informe del abogado español José Antonio Choclán, quien ya fue letrado de Larsen cuando ésta estuvo investigada en el caso Villarejo.

Por un lado, los abogados de Larsen sostienen que, tras su abdicación, Juan Carlos I perdió la inviolabilidad de la que gozaba hasta entonces y recuerdan que en marzo de 2020 su hijo le retiró la asignación oficial. "Es conocido que es económicamente independiente y no vive con el Rey Felipe VI. Están públicamente distanciados y viven separados", destacan.

Para los representantes legales de Larsen, tanto la retirada de la asignación de 194.232 euros anuales como la ausencia de representación convierten a Juan Carlos I en un ciudadano expuesto a ser juzgado en Inglaterra por cualquier hecho ocurrido a partir de su abdicación en junio de 2014.

Las dudas del juez

Según informó el diario El País, durante la vista preliminar en Londres, el juez Nicklin interrumpió en varias ocasiones al abogado del rey emérito a lo largo de su exposición para expresar sus dudas sobre el estatus jurídico de Juan Carlos de Borbón, recordando que éste renunció a su tarea de representación pública en 2019 y se marchó a vivir a Abu Dabi un año después. “Me sentiría mucho más cómodo si el Estado español pudiera confirmarme que Juan Carlos I sigue siendo un miembro de la familia real. No me gustaría tener que entrar en un terreno de Derecho constitucional español en el que no me siento a gusto”, afirmó.

El juez, por tanto, ya mostró sus dudas sobre este asunto el mismo día de la vista. Ahora tiene que examinar los argumentos de uno y otro lado y tomar una decisión, que llegará el próximo mes, según fuentes jurídicas. Si el caso llegara a juicio, no obstante, el rey emérito no tendría que comparecer ante el tribunal al tratarse de una demanda civil, en la que estaría representado por sus abogados.

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