El discurso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha devuelto la incertidumbre a los mercados internacionales y ha truncado las expectativas de quienes aguardaban el fin de la guerra en Oriente Medio. Lejos de anunciar una desescalada, el mandatario republicano endureció su tono frente a Irán, lo que provocó un repunte inmediato del precio del crudo y caídas en las bolsas globales.

El mandatario amenazó al régimen iraní con golpes de "extrema dureza" y "devolverlos a la Edad de Piedra", sin expectativas de acabar con el conflicto y asegurando que, "el Estrecho de Ormuz se reabrirá de manera natural" cuando finalice la acción militar estadounidense. Lo cual hizo disparar el precio del barril de brent una vez más.

El barril de referencia para Europa se sitúa por encima de los 105 dólares, con un aumento de más del 7%, después del discurso de Trump, pero a primera hora de este jueves, el bren que se entrega en junio se situaba en los 107,85 dólares por barril, una subida del 5,60%, tras haber cerrado el miércoles en 101,16 dólares en el mercado de futuros de Londres.

Si bien el brent, entre otros motivos, bajó la víspera ante la expectativa de una posible desescalada en el conflicto iniciado el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán, el contradictorio discurso de Trump la noche local del miércoles en EE.UU. ha vuelto a disparar los precios y a hundir los mercados.

El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) también volvió a escalar de manera contundente, encareciéndose más de un 6,11% hasta superar los 106,24 dólares, después de la alocución de Trump y tras recortar su cotización en más de un 1% durante la jornada del miércoles, ante las expectativas de las palabras del presidente.

La falta de claridad y el tono del presidente estadounidense pesaron en los mercados bursátiles. El principal indicador de la Bolsa española, el IBEX 35, al igual que el resto de bolsas europeas y asiáticas, abría en negativo, con un descenso del 1,36%, que se sitúa en 17.339 unidades después de perder 243 puntos, tras apuntarse la víspera una subida del 3,11%, la mayor en cerca de un año aupados por la expectativa del fin del conflicto y la apertura del Estrecho de Ormuz.

Las primeras consecuencias se han visto en las bolsas asiáticas, que sufrían descensos generalizados, que en el caso del Kospi coreano han sido más abultadas (4,47%), y en el mercado de futuros, tras las fuertes alzas de la víspera los principales índices estadounidenses anticipaban también descensos en torno al 1,5%.

El Kospi se hundía, pero Japón no se quedaba atrás y el Nikkei cayó un 2,38%, arrastrados por el nerviosismo inversor ante una posible intensificación del conflicto. El sector tecnológico fue uno de los más castigados en ambos mercados.

Las bolsas de China continental, Hong Kong y Taiwán también cerraron en rojo, al igual que la mayoría de plazas del sudeste asiático, reflejando el impacto global de un discurso que ha devuelto el temor a una escalada prolongada del conflicto.

Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) ha anunciado que se retira de la operación que negocia con Indra, ya que "no se dan las circunstancias que permitan una potencial operación".

El Consejo de Administración de Indra, que se ha celebrado la tarde de este jueves con carácter extraordinario, ha tomado conocimiento del escrito que les ha enviado EM&E en este sentido, según se lo ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la tecnológica.

Indra da por concluido el análisis que estaba efectuando para una potencial operación entre ambas compañías.

El presidente de Escribano Mechanical and Engineering (EM&E), Javier Escribano, ha enviado este jueves una carta a los consejeros de Indra para comunicarles que renuncia a vender la empresa a la multinacional, según han confirmado a EFE fuentes conocedoras.

Lo ha hecho un día después de que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) pidiera que se resolviera el conflicto de interés que consideraba que existía antes de profundizar en el análisis de la potencial operación entre Indra y EM&E. Javier Escribano es consejero dominical de Indra en representación de EM&E y es hermano de Ángel Escribano, presidente de Indra. Ambos son propietarios del 100% de EM&E.

La sociedad pública considera que una eventual operación con EM&E "no debe ser concebida como instrumento para resolver el conflicto de interés, ni debe verse influida por el mismo".

Indra tiene previsto celebrar su consejo de administración el próximo 25 de marzo de carácter ordinario. Aunque el orden del día no se conoce públicamente, todo apuntaba a que estaba previsto que se hablara de la operación. Ahora da por cerrado el análisis que se estaba haciendo.

La vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, aseguró este jueves, en un desayuno organizado por RTVE y EFE, que el Gobierno desconocía que Indra explorara una operación con EM&E antes del nombramiento de Ángel Escribano como presidente de la multinacional y considera que "existe un conflicto de interés" que impide que la operación se pueda cerrar en estas condiciones. Sin embargo, Escribano desveló hace unos días en un encuentro con medios de comunicación que la operación entre ambas compañías era anterior a su nombramiento.

Fuentes conocedoras del asunto dijeron este miércoles a EFE que Escribano no pretendía renunciar a la presidencia, ya que consideraba que tenía el apoyo del Consejo de Administración y también de la Junta de Accionistas, dado que un año antes le había respaldado con más de un 98% de los votos.

El consejero delegado de Indra, José Vicente de los Mozos, es el que tenía encomendado liderar las negociaciones para una posible operación entre ambas compañías.

El Consejo de Administración consideraba que "tiene encaje estratégico", pero aún no había decidido la fórmula concreta. El hecho de que Ángel Escribano sea el propietario de EM&E junto a su hermano Javier motivó que el Consejo de Indra acordase crear una comisión ad hoc, integrada por consejeros independientes, para supervisar la operación y gestionar el "conflicto de interés".

Entre los accionistas más relevantes, figura el fundador de grupo Ámber, Joseph Ourghoulian, que ha defendido la operación.

El fondo estadounidense Third Point LLC había expresado su apoyo a la operación.

La SEPI tiene más de un 28% de las acciones y EM&E es el primer accionista privado de Indra, con algo más del 14% de los títulos.

El gobierno de la Comunidad de Madrid acaba de anunciar a bombo y platillo que la región ha alcanzado los 7 millones de habitantes. Exactamente 7.137.031 habitantes. Pensé que la noticia debería ser un gran disgusto para unos responsables autonómicos adscritos al PP más ultramontano, que se abonan siempre que pueden a la teoría del Gran Reemplazo, según la cual la población blanca, europea y cristiana está siendo masivamente sustituida por pueblos norteafricanos, subsaharianos, árabes, bereberes y magrebíes.

Pero lejos de lamentar este crecimiento innegable, sólo explicable a causa del aumento de la población inmigrante, lo han presentado como un logro propio que se verá superado en los próximos 15 años con otro millón más de habitantes. Eso nos permitirá alcanzar los 8 millones de personas. Así de contradictorios son estos gobernantes veleta, que se apuntan a cualquier crecimiento y desprecian cuanto ignoran.

Todo vale y ellos prefieren decir que si crecemos es gracias a unas políticas de derechas que fomentan la natalidad y facilitan muchísimo la conciliación de la vida personal y laboral. La tozuda realidad indica que crecemos sobre todo por la población inmigrante que elige Madrid para asentarse y, en menor medida, por los movimientos internos de personas que dejan otras comunidades autónomas para venir a Madrid.

Aprovecha el encargado de dar la noticia para vendernos que pelotazos urbanísticos como Madrid Nuevo Norte, la Ciudad de la Salud y hasta la Ciudad de la Justicia, la ampliación del Metro, y la promesa de 14.000 nuevas viviendas, se están poniendo en marcha para responder a esta nueva realidad poblacional. Lo dicho, todo vale, aunque sea mentira. A base de repetir una mentira puede adquirir apariencia de verdad, como bien explicó el famoso ministro nazi de la propaganda.

La realidad es que cuando comenzó la crisis del pelotazo urbanístico, allá por 2008, Madrid tenía 6,3 millones de habitantes, en 2020 alcanzó los 6,75 millones y hoy tiene 7,14 millones. Desde el inicio de la crisis, Madrid ha crecido en 800.000 personas. Está claro que todas estas personas constituyen familias que habitan en hogares en propiedad, o en alquiler.

Sin embargo, por poner ejemplos, entre 2020 y 2026 el parque de viviendas en Madrid ha crecido en torno a 100.000 viviendas. Eso sin tener en cuenta la escasez de alquileres, la compra a precio de saldo del parque de vivienda pública por parte de fondos de inversión privados, muy certeramente  denominados fondos buitre, con la complicidad de gestores municipales como la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, señora de Aznar. No en vano familiares cercanos a esos políticos terminaron trabajando para esos fondos.

Tan sólo en Madrid capital se estiman más de 15.000 pisos turísticos ilegales. De hecho, solo 1.130 tienen autorización y licencia municipal para funcionar. Todos esos pisos se detraen del alquiler y se dedican al goloso negocio del turismo clandestino.

El resultado es que en 2008 el precio medio del metro cuadrado de vivienda en la Comunidad rondaba los 2.500 euros. Que tras la crisis, ya en 2015 el precio había bajado a 2.169 euros por metro cuadrado y que en enero de este año ese precio se ha disparado a 4.585 euros por metro cuadrado. ¿Es el mercado? ¿Terminará por regularse solito y solo?

No, el mercado es mentira. La especulación es la que se contiene por sí misma sólo cuando la burbuja estalla. Y ésta burbuja también terminará estallando. Los contribuyentes tendremos que volver a cubrir con nuestros impuestos la usura de unos pocos que nunca pueden perder.

O la burbuja estalla, o la política pone coto a la usura. Es posible una política de vivienda que prohíbe compras masivas de vivienda por parte de inversores buitres. Que pone a disposición suelo y facilita la construcción de vivienda pública, social, o con protección pública. Que favorece a los promotores sociales de vivienda que no persiguen el beneficio a toda costa, sino el acceso a un derecho.

Es posible una política que protege a los pequeños propietarios de vivienda frente al miedo instaurado frente a fenómenos como la inquiokupación, o los eternos alquileres de renta antigua instaurados por el pseudosocialista Miguel Boyer, por los cuales un pequeño propietario asume la protección social del inquilino, en lugar de ser responsabilidad de la Administración.

Se pueden limitar precios abusivos de alquiler, o de venta de viviendas, claro que sí, porque, además de una propiedad, la vivienda es un bien social, un derecho constitucional, pero sobre la base de que asegurar el derecho a una vivienda es responsabilidad de las Administraciones.

Se pueden hacer muchas cosas. En países de nuestro entorno las han hecho. Podemos aprender de ellos. También nosotros en el pasado hicimos cosas que luego aparcamos y destrozamos, como construir parques de vivienda pública para luego malvenderlos a especuladores, o promover viviendas sociales en régimen cooperativo.

Pero lo que no se puede es esperar a una campaña electoral, o a un momento oportuno que requiere distracciones, para prometer miles de viviendas, que luego no se hacen, o se hacen a precio casi de mercado, como ocurre en la Comunidad de Madrid. La ciudadanía comienza a desconfiar y a dudar de tanta miseria política y de tanto miserable vividor de la política.

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Francisco Javier López Martín fue secretario general de CCOO de Madrid entre los años 2000 y 2013.

Telefónica ha vendido el 100% de su filial en Chile al holding francés NJJ Holding y a Millicom Spain por 1.215 millones de dólares (unos 1.030 millones de euros), en una operación alineada con su plan estratégico presentado el pasado noviembre, que busca la salida de la compañía de Latinoamérica.

La compañía ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de España que también ha pactado un pago adicional de 150 millones de dólares (unos 126 millones de euros), condicionado a la posibilidad de que se den determinados eventos en el mercado de telecomunicaciones chileno. Telefónica ha explicado que la firma y el cierre de la transacción se ha realizado de manera simultánea este mismo martes.

El importe incluye un pago en efectivo de 50 millones de dólares estadounidenses (unos 42 millones de euros) que se abonarán al cierre de la operación y otro aplazado de 340 millones de dólares (unos 286 millones de euros) que se pagarán "en base a los resultados financieros de Telefónica Chile".

La compañía ha explicado que la deuda financiera neta de Telefonica Chile a 31 de diciembre de 2025 era de 479 millones de euros.

Para Telefónica, la operación se enmarca dentro de la política de gestión de cartera de activos de la compañía y está alineada con su estrategia de salida de Latinoamérica. Al presentar su plan estratégico el pasado 4 de noviembre, el presidente de Telefónica, Marc Murtra, explicó que prevé culminar la salida de Latinoamérica en los próximos meses, incluida su presencia en países como México, Venezuela y Chile, en una estrategia que comenzó en 2019 y que ha continuado con el nuevo plan.

El pasado octubre, Telefónica ya vendió el 100% de su filial uruguaya a la compañía Millicom Spain, en ese caso por unos 440 millones de dólares, unos 377 millones de euros.

Asimismo, Millicom también adquirió la semana pasada un 67,5% de los activos de Movistar en Colombia por 214 millones de dólares (unos 182 millones de euros).

El plan estratégico incluye un recorte del dividendo del 50% y plantea un expediente de regulación de empleo (ERE) ya pactado con los sindicatos para 4.539 empleados.

Telefónica, que ha notificado su decisión de no cotizar en Wall Street para rebajar costes operativos, aspira a fortalecer su posición en Europa y a armarse para los procesos de consolidación que puedan surgir.

Buscar piso, ya sea para comprar o en alquiler, hace tiempo que consiste para la mayoría de la gente en un proceso donde hay que elegir entre lo menos malo. En portales como Idealista o Fotocasa, cuando las ofertas se filtran por precio, en la lista de los más baratos aparecen gangas que suelen ocultar, en general, alguna sorpresa. Pisos que se venden a mitad de precio, pero en los que vive gente y “no se pueden visitar”, ofertas de venta en nuda propiedad, que se adquieren y solo se pueden disfrutar una vez el propietario ha fallecido o “gangas” que parecen más un trastero que un lugar al que llamar casa. 

Estos últimos son el termómetro de cómo cualquier cosa que apenas se pueda llamar vivienda, es susceptible de colocarse en el mercado a un precio nada despreciable. Por unos 65.000 euros, por ejemplo, puedes tener un bajo exterior en Barcelona que parece más bien un cuarto de contadores, pero que se presenta como “local tipo loft”. En el anuncio, que podría parecer una broma si el mercado no estuviese tan tensionado, tratan de convencer a los compradores de la siguiente manera: “Este inmueble es una excelente oportunidad para inversores, ya que se puede alquilar fácilmente por su ubicación y características, ofreciendo una rentabilidad anual superior al 15%”, concluyen. 

Bucear en las ofertas de alquiler también deja un panorama muy poco alentador. En el barrio madrileño de Usera, un estudio de 21 metros cuadrados en el que el inquilino puede disfrutar de la cama y de la cocina en la misma estancia tiene un precio de 750 euros al mes. Otro clásico son las buhardillas. Metro Ópera, 850 euros al mes, 25 metros cuadrados y un aviso a navegantes en el anuncio: “Tiene cierta limitación en altura y aconsejable para persona más bien de baja estatura”, reza la descripción de uno de estos inmuebles en Idealista.

Uno de los fenómenos más comunes que se pueden encontrar en las profundidades de las listas de portales inmobiliarios son los pisos en venta en los que vive alguien. “Oportunidad solo para inversores. Debido al estado ocupacional del activo, no se pueden realizar visitas al mismo. Piso en venta de 58 m² en la ciudad de Barcelona”, reza uno de los anuncios. El precio: 50.000 euros. No hay fotos del interior y se advierte que “el inmueble se transmite arrendado a tercero y con un posible derecho de este a la adquisición preferente del mismo”. Es la letra pequeña de una de las gangas que se pueden encontrar al bucear en este mercado. Los anuncios de este tipo se repiten en distintas ciudades, siempre como una oferta destinada a inversores. 

Y más allá de las plataformas de vivienda, hay incluso inmobiliarias que se dedican a la compraventa de este tipo de producto. “No es necesario que esperes a que los ocupas se marchen: sí se puede vender un piso ocupado. Tu vivienda tiene salida incluso en estas circunstancias”, reza el anuncio de una de ellas. En las descripciones, no se dan demasiados detalles de quienes son los inquilinos, de su situación legal, de si existe una situación de vulnerabilidad, etc... solamente un precio que remite a otra época y un gancho para inversores.

La dinámica en estos procesos es vender la casa y de tratar de negociar con los inquilinos para que se vayan, pero en la práctica las cosas no son tan sencillas. “Desgraciadamente, este tipo de prácticas son legales y muestran otra cara siniestra de la especulación inmobiliaria porque venden los pisos con una rebaja para que el inversor se ocupe de expulsar al inquilino”, señala Alejandra Jacinto, abogada de CAES especializada en vivienda. Ella ha llevado alguno de estos casos y apunta que “normalmente son casos en los que se roza el acoso inmobiliario para desalojar a las personas que viven en esas casas”, concluye.

El precio de la vivienda no para de subir, el mercado absorbe toda la oferta y las rentas medias y bajas no pueden estirar sus ingresos para alcanzar los estándares de precio actuales. En este contexto, para quienes tienen una propiedad proliferan las formas de monetizarla. Así, en la lista de los más asequibles está también una nueva modalidad de venta que hasta ahora no habían tenido en España mucho predicamento: la nuda propiedad. Un acuerdo que permite al vendedor (generalmente una persona de edad avanzada) el usufructo vitalicio de la vivienda mientras percibe un dinero o una renta del comprador. A su muerte, el comprador puede disponer de la casa.

Las ofertas de este tipo han crecido exponencialmente en los anuncios de las plataformas de vivienda y en muchas inmobiliarias. Su precio siempre es significativamente más bajo que el de mercado, aunque, de nuevo, están hechas para inversores, ya que ningún banco concede hipotecas sobre estas transacciones. “Nuda propiedad de una vivienda valorada en 185.000 euros a cambio de un pago único de capital de 91.400 €. La usufructuaria, mujer de 68 años, continuará utilizando el inmueble hasta su fallecimiento”, explica un anuncio de Idealista.

La vivienda se ha convertido en una carrera de obstáculos para quienes buscan casa y los precios van a cerrar este 2025 creciendo a doble dígito. En noviembre, la consultora Tinsa recogía que los precio de venta para casas habían crecido un 13,4% interanual. Pero si se abre más el rango temporal, el aumento es más sorprendente, con una revalorización media del 64,4% desde los precios que se daban en 2015.

Los mercados municipales españoles atraviesan un momento decisivo: mientras los supermercados controlan dos tercios del comercio alimentario, se mantienen aproximadamente 1.000 mercados, con unos 40.000 puestos de venta. El contraste con el pasado es brutal: hace apenas dos décadas, el comercio tradicional y los mercados representaban el 50% del gasto en alimentación fresca frente al 23,4% de ahora, una hegemonía que se ha desplomado en favor de la gran distribución.

¿Cómo pueden sobrevivir estos espacios tradicionales en la era del comercio digital? La respuesta no está en la nostalgia, sino en su capacidad de reinventarse sin perder su esencia.

Los mercados, más que simples lugares de compra, son espacios donde la vida del barrio cobra sentido. Un mercado es un punto de encuentro comunitario, el corazón económico del vecindario.

Pero la realidad es implacable. Se estima que el comercio minorista en España ha perdido cerca de 50.000 establecimientos desde 2019. El Mercado de Torrijos, en Madrid, pasó de 70 negocios a apenas una docena antes de cerrar definitivamente en 2024. La inacción lo condenó.

En el caso del Mercado de la Plana, en Esplugues de Llobregat (Barcelona), en el mismo edificio del mercado se instaló un supermercado, que ocupa toda la planta baja de acceso desde la calle. El resultado fue devastador: solo dos de los 16 puestos tradicionales sobrevivieron (una ocupación del 12%).

Esto demuestra algo crucial: mezclar grandes superficies con comercio tradicional sin una estrategia clara no revitaliza, canibaliza. La lección es clara: en un entorno competitivo, la ausencia de un plan activo conduce a la desaparición. Pero algunos mercados han encontrado la fórmula del éxito.

Hemos estudiado cómo prosperan los mercados municipales en diferentes contextos. Los resultados revelan cinco pilares fundamentales:

El Mercado de Vallehermoso, en Madrid, representa la “tercera vía”. No busca turismo masivo sino autenticidad local. Muchos puestos los gestionan directamente agricultores y artesanos. Su apuesta por productos ecológicos y de kilómetro cero ha creado una comunidad de clientes fieles.

El Mercado de Benalúa, en Alicante, ha optado por otra estrategia exitosa: la calidad de su oferta gastronómica ha hecho que conseguir mesa sin reserva sea casi imposible. Una buena experiencia culinaria convierte la compra en un plan familiar.

Lo que hace inteligente a un mercado es el uso que le da la gente: la creatividad, las capacidades adicionales, el poder estar en contacto permanente con productores locales.

Pero la transformación excesiva puede ser peligrosa. El barcelonés Mercado de La Boquería es, según rankings internacionales, “el mejor mercado del mundo”. Pero su masificación turística lo ha llevado a un punto crítico. Ya en 2015 el Ayuntamiento reguló el acceso a los grupos turísticos durante los fines de semana para proteger su función de abasto local.

En el centro de Madrid y a pocos metros de la Plaza Mayor, el Mercado de San Miguel es 100% gourmet. Su éxito turístico y comercial es abrumador pero a costa de perder su rol de mercado de barrio. Genera la mayor parte de ingresos a través de la restauración, no con venta tradicional.

Esta es la parquetematización del mercado: cuando se convierte en una especie de parque temático gastronómico y pierde su alma comunitaria. El equilibrio entre atracción turística y función local es delicado pero indispensable.

El Borough Market, en Londres, tiene sus orígenes en el siglo XI. Su estrategia no se basa en la diversificación gastronómica, sino en profundizar su esencia como mercado de productos frescos. Su programa “Meet-the-producer” (“Conoce al productor”) demuestra que reforzar y no sustituir la función tradicional del mercado puede ser también una estrategia de éxito.

Time Out Market, en Lisboa, adoptó otra estrategia. El Ayuntamiento cedió la gestión a una marca privada que actúa como director de selección de la oferta de servicios. Elige los mejores chefs y crea un destino gastronómico coherente.

En Róterdam, el Markthal, inaugurado en 2014, es la máxima expresión de integración urbana. Su arco arquitectónico alberga un mercado cubierto y 228 apartamentos. La gente vive, literalmente, sobre el mercado. Combina alimentación, ocio, vivienda y parking en una simbiosis perfecta.

Los mercados municipales españoles tienen una ventana de oportunidad histórica. Hay políticas públicas de financiación para modernizarlos y ciudades pioneras con marcos regulatorios más flexibles. Y hemos visto que hay modelos híbridos (venta de producto-restauración) que funcionan.

Lo que está en juego trasciende la economía comercial. Es el tipo de ciudad que queremos construir: una donde los barrios tengan vida propia, comprar sea un acto social y no solo una transacción, y el comercio de proximidad sea viable y deseable.

Que haya mercados municipales no es, en sí, ni bueno ni malo: todo depende del uso que se haga de ellos. Pero solo prosperarán si evitan dos trampas mortales: la inacción, que condenó al de Torrijos, y la canibalización, que destruyó el de Esplugues.

Más que demonizar los supermercados o el comercio electrónico, o idealizar el pasado, es necesario comprender cómo estos espacios pueden evolucionar manteniendo su función social. La pregunta no es si los mercados sobrevivirán, sino si sabremos convertirlos en protagonistas de la transformación urbana y económica del siglo XXI.

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Almudena Recio Román es miembro del grupo de investigación SEJ324 Nuevas Tendencias en Marketing de la Universidad de Almería. Manuel Recio Menéndez es profesor titular del departamento de Economía y Empresa de la Universidad de Almería. María Victoria Román González es profesora titular del área de Comercialización e Investigación de mercados de la Universidad de Almería. Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original aquí.

“El Partido Popular tiene muy claro que para que el Estado esté en una empresa tiene que haber una muy buena causa”. La frase la pronunciaba la pasada semana Alberto Nadal, vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible del Partido Popular. De hecho, en la estrategia económica que ha ido apuntando la formación que preside Alberto Núñez Feijóo, decisiones como la entrada del Gobierno en Telefónica a través de la SEPI (para evitar que el grupo saudí STC controlase la entidad) o la posición del Ejecutivo en la fallida opa del BBVA sobre el Sabadell, más cercana a las resistencias de la entidad catalana, suscitaron críticas desde la bancada popular.

Estos son, en el fondo, ejemplos concretos que se enmarcan en un debate mucho más amplio acerca de hasta dónde debe entrar el Estado en las grandes compañías y de la relación del poder público con estas. En España, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) está representada en un total de 26 empresas y en 15 es accionista mayoritaria, según detalla la entidad. Entre estas últimas se encuentran, por ejemplo, Navantia, Tragsa o Hunosa. Pero no es la SEPI el único vehículo. Por ejemplo, el Estado también posee acciones de Caixa Bank a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y otro gran conglomerado público es Enaire-Aena, que gestiona la navegación aérea en España. Además, existen otras muchas empresas con participación pública dependientes de diferentes ministerios, como Renfe, Loterías, Paradores, Ineco, etc.

La dinámica de privatizaciones comenzó en España a partir de 1985 bajo el Gobierno de Felipe González (PSOE) y se intensificó durante el mandato de José María Aznar (PP), a partir de 1996, según detalla un estudio publicado por el catedrático de la Universidad de Barcelona Joaquim Vergés, y titulado Balance de las políticas de privatización de empresas públicas en España. En ese momento salieron del ámbito público compañías como Repsol, Argentaria, Endesa o Telefónica. Estas privatizaciones, apuntan fuentes de Sumar —muy críticos con los procesos de privatización— “han hecho nuestra economía más dependiente, le han restado competitividad y capacidad de crecer”. Como ejemplo citan el caso de Argentaria, una entidad bancaria pública que terminó fusionándose para formar el BBVA. “Nuestra banca está cada vez más concentrada, destruye empleo y ofrece peor servicio, aumentando la exclusión financiera” y critican que “PP y PSOE hayan promovido estas privatizaciones de empresas estratégicas”.

Pero casi tres décadas más tarde, en un contexto donde ganan peso conceptos como autonomía estratégica, reindustrialización o soberanía energética, las posiciones liberales más clásicas, que apelan a un Estado mínimo, parecen complicadas de encajar. En España la privatización ha sido uno de los caballos de batalla a la derecha del arco político y la no intervención una premisa fundamental. Cuando en 2023 el Gobierno entraba en Telefónica, las acusaciones cruzadas acaparaban el debate político. Juan Bravo, coordinador del área económica por aquel entonces, tildaba el movimiento de “populista” y hablaba de “ocupación” y de “intervención en el mercado”. La réplica se la daba María Jesús Montero, que acusaba al PP de “malvender” Telefónica en tiempos de Rodrigo Rato. Y la polémica aún sigue, porque Nadal lanzaba una pulla al Gobierno en una entrevista concedida al periódico El Economista: “Lo que no se puede, bajo ninguna circunstancia, es entrar en empresas para controlar consejos de administración o cambiar a su presidente en La Moncloa”, concluía.

“Si nos situamos en los años 90, España y otros países de Europa abrazaron estos procesos de liberalización y privatización. Por un lado, habíamos entrado en la Unión Europea y había que cumplir con los criterios de Maastricht —que exigían unos niveles de déficit público y llevaron a muchos países a vender empresas estatales para obtener ingresos—; y por otro, había una cierta fe, un tanto ideológica quizá, en el mercado como mecanismo de reparto”, explica la economista y socia de KSNET, Elena Costas Pérez. 

Pero las sucesivas crisis hicieron girar esta percepción. “Han pasado 30 años y la situación es muy distinta. Al final, las tensiones geopolíticas, las guerras comerciales propiciadas por Donald Trump, las crisis de suministros o la autonomía energética, evidencian que una competencia internacional absoluta puede provocar cierta inestabilidad, y esto hace que los países estén más dispuestos a usar herramientas que antes no usaban tanto”, apunta la economista. “Todo esto vuelve a poner a los Estados en el centro como garantes de una cierta estabilidad o de unos mínimos. Por eso estamos viendo inversiones públicas en sectores estratégicos o incentivos a la producción local o endurecimiento de la política comercial. Son conceptos que en su momento se hubiesen tildado de intervencionistas y que ahora apuntan más a un comportamiento estratégico”, concluye. 

“La Constitución reconoce al Estado como sujeto económico y, pese a lo que se suele argumentar, estas empresas prestan servicios esenciales a la ciudadanía”, explica Jorge Fabra, presidente de Economistas Frente a la Crisis y expresidente de Red Eléctrica de España. En servicios esenciales como la electricidad, la vivienda o la telefonía, donde muchas veces el valor de uso está muy por encima del precio, el economista señala que sin una cierta presencia pública se corre el riesgo de que las compañías se conviertan en “empresas extractivas”, ya que prestan servicios fundamentales a los que los ciudadanos no podrían renunciar.

“No hace falta que el Estado tenga en 100% de una empresa para que esta se considere pública y para que ese ámbito pueda estar altamente regulado. Por ejemplo, en los 90 se privatizó una parte del capital de Endesa y eso no hizo que el Estado perdiese todo el control”, concluye.

Entre la sede central del Fondo Monetario Internacional (FMI) en Washington y cualquier supermercado de barrio hay una maraña de relaciones económicas tan compleja que, en lo que se refiere a la economía española, se ha vuelto paradójica. Recientemente, las tres grandes agencias de calificación crediticia —Moody’s, Fitch y S&P— elevaban a la letra A su calificación sobre la capacidad de España para pagar su deuda, la mejor nota desde la crisis de 2007. Por otro lado, el FMI estimó la pasada semana que el PIB español aumentaría este año un 2,9% y sería la economía avanzada que más crece en los últimos dos años. Pero a la vuelta de la esquina de estos buenos resultados aparece la percepción ciudadana, que dista mucho de las halagüeñas corrientes macroeconómicas. 

El 52% de los españoles considera que el origen social condiciona la capacidad de progresar en la vida, según recogía Oxfam este martes. Y esta percepción ha empeorado en tres puntos porcentuales desde la última encuesta, realizada en 2023. En el informe Vivir la desigualdad, el ascensor social y la meritocracia salen muy mal parados a ojos de los ciudadanos y, además, la vivienda se posiciona como la principal fuente de desigualdad, seguida, paradójicamente, de la economía. Es un sentimiento que corroboran otras encuestas, como el Termómetro que la agencia 40dB difundió la pasada semana. En este análisis, de nuevo, el sentimiento económico de los españoles se había deteriorado en siete décimas y se acercaba a una valoración de “pesimismo moderado”.

¿Cómo se explica esta disonancia? “Los datos macroeconómicos como el crecimiento del producto interior bruto, la reducción del desempleo o la contención de la inflación son positivos, son ciertos y reflejan el comportamiento real de la economía de un país, pero estos datos no muestran cómo se reparte esta riqueza ni su impacto en la vida de cada ciudadano”, resume rápidamente Sara Muñoz, economista experta en consumo.

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) recoge en su último barómetro que un 40% de los encuestados ve la situación general de España en materia económica como buena o muy buena, mientras que un 54% se mueve entre las categorías de mal a muy mal (páginas 6 y 12 del documento enlazado). Al preguntar por la situación particular de cada cual, en cambio, el análisis mejora y un 66% afirma que su situación personal es buena, frente a un 34% que dice que es regular o muy mala. A esta diferencia entre la percepción personal y la valoración de la economía se acogía el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, cuando le preguntaban por este asunto.

Cuerpo argumentaba que el clima geopolítico y cuestiones como los aranceles podían estar influyendo en una valoración más “emocional”, aunque sí reconocía que temas más locales como la vivienda o las condiciones laborales seguían siendo grandes retos. Julia García es la investigadora que ha llevado a cabo el informe de Oxfam y, en su opinión, hay “un estancamiento e incluso un empeoramiento” en la percepción de los ciudadanos que bebe del mercado inmobiliario y de unos salarios que siguen corriendo un tanto exhaustos detrás de los precios. 

En su análisis, la vivienda y el gasto que conlleva, la precariedad laboral o el hecho de que un 30% de los encuestados declara no llegar bien a final de mes son los puntos en los que se concreta este malestar, según la investigadora. “Que los datos macroeconómicos estén creciendo es una buena noticia y es una condición para reducir la desigualdad, pero no es sinónimo de que eso llegue a la gente porque hay una distribución desigual de ese crecimiento”, explica. 

Del lado de lo laboral viene uno de los principales desafíos. Y es que aunque el mercado de trabajo es uno de los motores del crecimiento —el número de desempleados está en mínimos desde 2007, con un dato de 2,4 millones y los afiliados superan los 21,8 millones—, también posee una parcialidad que alcanza a 2,5 millones de personas y que inevitablemente se traduce en salarios más bajos.

Otro punto es el paro, que aunque se ha ido reduciendo desde la reforma laboral, es de los más persistentes de la eurozona. La tasa de paro nacional se situó en el 10,4%, muy por encima del 5,9% de la media europea. “Este es uno de los desafíos estructurales en los que hay que hacer hincapié. España es un país que tiende a generar mucha desigualdad durante las crisis por su modelo productivo y eso hace que luego le cueste más recuperarse, porque sigue concentrando muchos empleos de baja cualificación y bajos salarios”, sentencia Julia García. Esto ha llevado a que en los datos de Oxfam, recopilados sobre una base de más de 4.000 personas, el sentimiento de satisfacción laboral también haya caído desde un 75% en 2023 hasta un 69% en 2025. 

Pero el gran motor del descontento es la vivienda. De hecho, cuando el periódico británico Financial Times definió a España como “un punto de luz” entre las economías europeas y elogió su crecimiento, también advirtió que el impulso que la inmigración ha dado al mercado laboral corre el riesgo de perder efecto si el Gobierno no “brinda el apoyo adecuado para el acceso asequible a la vivienda”, concluía el diario. El precio de las casas repuntó un 10,4% en el segundo trimestre del año y la evolución de los alquileres también está dejando atrás el presupuesto de las familias. En concreto, el año pasado los inquilinos tuvieron que dedicar un 47% del salario bruto medio, 12.758 euros, al alquiler, según un estudio de Fotocasa e Infojobs. “Esto genera un cansancio acumulado que hace mella en las perspectivas de la gente”, señala la experta. 

La brecha entre lo macro y lo micro, explica Muñoz, se da por la forma en que se traducen los grandes números al bolsillo, que además de ser lenta, puede no ser equilibrada. “Puede aumentar el empleo, pero si no es de calidad, la percepción de los ciudadanos no mejora. Puede bajar la inflación, pero si los precios, que ya habían subido, continúan altos, la sensación de pérdida de poder adquisitivo se mantiene”, explica. Además, esta pérdida se agrava por la vivienda, que muerde, poco a poco, los ingresos de las familias. De hecho, al cierre de 2024, la Encuesta de Presupuestos Familiares publicada por el INE señalaba que el gasto de los hogares había crecido un 4,4% a lo largo del año, con la vivienda como uno de los principales lastres, sobre todo en los hogares más pobres: llegaba a suponer el 40,3% de todo el presupuesto familiar en el quintil con menos renta.

Aunque las grandes tendencias tardan en aterrizar en las economías domésticas, y algunas veces lo hacen de forma desigual, ambas economistas coinciden en que la mejora en las tendencias macroeconómicas es una condición necesaria, aunque no suficiente, para que las sensaciones a pie de calle mejoren. Entre los puntos fuertes que destacan los análisis de mercado se encuentra la forma en la que España ha incorporado al mercado laboral a personas migrantes y que, según el Financial Times, le ha permitido sortear la escasez de talento que sufren otros países. A esto se suma el turismo, que ha seguido creciendo en gasto por viajero y consumo interno, un elemento que, aunque tensionado, se ha mantenido.

En el mar de datos, el FMI mejoró incluso las previsiones de crecimiento del Gobierno —que pronosticaba un 2,7% de aumento en el PIB de 2025— hasta el 2,9%. Y el Banco Central Europeo destacó en sus actas de octubre el “excepcional desempeño” de la economía española como motor de principal en la evolución que ha tenido la zona euro. Según el Fondo, otras grandes potencias económicas tendrán en lo que queda de año un desempeño peor, como Francia (0,7%), Alemania (0,2%) o Italia (0,5%). Incluso Estados Unidos se queda en un 2%.

El reto ahora será hacer la traducción desde lo macro hacia lo micro: “Puede parecer paradójico, pero el hecho de que la economía crezca no siempre implica que vivamos mejor. Los datos macroeconómicos importan y podemos celebrarlos, pero la economía del bolsillo también cuenta”, concluye la economista Sara Muñoz.

El mercado de la vivienda vive una constante tensión entre dos extremos: por un lado, personas que cada vez se dejan más dinero en un lugar para vivir o que no pueden permitirse una casa y, por otro, inversores que sacan partido a su dinero con unas expectativas de rentabilidad cada vez más golosas. A la escasez crónica que sufre el parque de vivienda español, se suma la potencialidad de un modelo de inversión que parecía no tener fin en términos de rentabilidad, pero que inevitablemente cambia a tenor de la nueva regulación de vivienda y del clamor que social que pide blindarla como un derecho. 

En un informe de la consultora inmobiliaria JLL sobre la rentabilidad de la modalidad built to rent (anglicismo que designa en la jerga inmobiliaria la inversión en construcción de vivienda nueva para alquiler) se habla de la potencialidad de este sector a medio plazo, para el que auguran un fuerte crecimiento. Pero en una nota al pie lanzan un aviso a navegantes: “este informe fue realizado antes de que trascendiese el acuerdo para la aprobación en el Congreso de los Diputados de una nueva Ley de Vivienda”.

Y es que la norma parece estar cambiando los vientos especulativos: “El pasado marzo pudimos hacer una primera estimación de número de alquileres temporales respecto al número de alquileres habituales y lo que se ve claro es la tendencia a partir del 2022 de esquivar los contratos de larga duración para buscar fórmulas más ‘flexibles’, de menor duración y que no tengan tope de precios”, explican desde el Sindicat de Llogateres de Catalunya. 

Para ellos “el punto de ruptura es la ley de vivienda”, que deja un resquicio en la norma que desprotege a los inquilinos cuando se trata de alquileres de temporada. “La falta de regulación de los alquileres temporales y de habitaciones se ha convertido en un incentivo para que rentistas y especuladores expulsen a los inquilinos de toda la vida y desvíen los alquileres de uso residencial hacia estas opciones donde pueden eludir las protecciones ofrecidas por la ley de arrendamientos urbanos”, protestan.

De hecho, en los datos que extraen de Incasol, el organismo público que se encarga de gestionar las fianzas en Cataluña, se intuye esta dinámica. Según sus estimaciones, en el segundo trimestre de 2022 —antes de la ley— se firmaron 330 contratos de temporada, y en el segundo de 2023 —ya con la norma en marcha—, se suscribieron 2.021 (se multiplican por seis); en el tercer trimestre de 2022 fueron 591 y en el mismo de 2023, 4.389 (se multiplica por 7,5). Esta forma de arrendamiento elude protecciones como aplicar gastos extra u honorarios de inmobiliaria, limitaciones de precios o propicia la rotación, ya que los contratos se rescinden con más frecuencia. 

En el terreno de las inversiones también hay indicios de este comportamiento. De hecho, hay otro anglicismo que está ganando espacio: el flex living o alquiler flexible, un modelo a medio camino entre el hotel y la vivienda destinado a nómadas digitales o personas que necesitan una casa por poco tiempo. Las promotoras lo definen como un “sistema de alojamiento que ofrece una flexibilidad única, servicios de calidad y una comunidad integrada para quienes buscan comodidad sin compromisos a largo plazo”. Pero para el sindicato de inquilinas es una forma de esquivar las restricciones que impone la ley de vivienda al alquiler, ya que la norma no regula el alquiler de corta duración y por habitaciones. “El alquiler por habitaciones o de temporada no da ninguna garantía a los inquilinos”, señala el Sindicat de Catalunya, que se muestra muy crítico con este tipo de negocio inmobiliario. Otra derivada es el modelo conocido como coliving, que consiste en alquilar edificios directamente por habitaciones. 

Algunas de las inversiones y desinversiones que se están dando siguen el compás de estas tendencias que van cambiando en el mercado inmobiliario. Recientemente, los fondos de inversión Blackstone, Cerberus y Ares han mostrado su intención de poner en el mercado 25.000 viviendas de alquiler en España, tal como informó el diario económico Expansión. Gestoras como Avalon y Fidere —la socimi del fondo norteamericano BlackStone— han puesto a la venta bloques y viviendas para alquiler que alcanzan un valor conjunto de 3.300 millones.

Por otro lado, las tipologías de alquiler flexible ganan peso y empresas de inversión como CBRE ponen el foco en este modelo. “El flex living suburbano se convierte en la tipología de activo preferido para los inversores”, señalan en un estudio sobre tendencias inmobiliarias. En cifras, CBRE apunta que más de la mitad de los inversores que encuestaban para su informe “planean incorporar más de 1.000 unidades flex living a sus carteras”.

En el lado social de la vivienda, los avances van despacio, pero en el ámbito de las inversiones cualquier pequeña variación parece reorientar los intereses de cara a obtener rentabilidad. Es el juego de los mercados. “Históricamente, la inversión inmobiliaria, ya sea por socimis, por fondos o de manera individual a través de sociedades, no iba mucho más allá de comprar y vender, pero en los últimos cinco años las tendencias han cambiado”, señala Jordi Andreu, profesor de finanzas de OBS Business School.

“Hemos visto, no sé si derivado de la ley de vivienda o por otras influencias, que estrategias de inversión inmobiliaria típicas de mercados anglosajones se han ido importando. Inversores un poco más jóvenes han ido cogiendo ideas de fuera, sobre todo de Estados Unidos, y han ido importando ideas de inversión como el flipping, que es comprar, reformar y vender; o el flex living, ya sea por habitaciones o por apartamentos”, concluye el profesor.

En el lado de los consejos de inversión, este discurso se replica. “Los nuevos modelos sociales están redefiniendo profundamente el uso de los espacios residenciales, favoreciendo soluciones como residencias de estudiantes, viviendas para jóvenes profesionales o de uso mixto”, apuntan los analistas Nina Majstorovic y Thomas Friedberger, de la gestora de fondos Tikehau Capital, que señalan este modelo como un ámbito con “oportunidades”. De nuevo, patrones de vivienda destinados a gente que está de paso.

La pasada semana, el director de la empresa pública de vivienda de Navarra, Javier Burón, plantaba en un foro de infoLibre que una regulación que acotase los movimientos especulativos podría sacar del mercado, por sí sola, a quienes buscan solo un margen de beneficio cada vez más amplio. La hipótesis, aunque es pronto para medir los impactos de una regulación aún muy incipiente en su aplicación, parece encaminada y coincide con los análisis del mercado. “Se puede decir que la gran mayoría de los inversores que antes se fijaban en Cataluña, por ejemplo, desde que empezaron las leyes de grandes tenedores y los controles de precios se han ido a Valencia o Madrid”, señala Andreu.

El diagnóstico de los sindicatos es que este desplazamiento de los intereses inversores seguirá perjudicando la evolución de los precios mientras la ley no aborde este tipo de contratos cortos en los que se da, insisten, “una absoluta desregulación”.

Un año y cinco meses. Es lo que ha tardado en resolverse la opa hostil que BBVA lanzó sobre el Banco Sabadell y que ha fracasado después de una intensa batalla financiera y mediática. En este tiempo se han visto estampas inusuales en un sector más acostumbrado a la discreción que a la divulgación en medios. Mientras altos directivos hacían pedagogía sobre tecnicismos bancarios para conquistar al accionariado minoritario, otros apelaban a las ventajas de crear un gigante bancario; cuando unos lanzaban una campaña con el acento en lo local, los otros miraban a los grandes mercados internacionales o incluso tiraban de épica, con un Sabadell que preguntaba qué hacer con “el dragón” —hoy celebraba en su sede, entre cánticos, su derrota— y un BBVA que tiraba por la seriedad con su “¿Avanzamos?”. La conclusión es que no habrá fusión, pero ¿qué consecuencia tiene esto ahora?

Decía el economista canadiense Jhon Galbraith que las predicciones de la economía convertían a la astrología en una ciencia respetable, y es que, si bien la opa parecía tropezar desde el principio tanto en la negativa rotunda del Sabadell, como en las cautelas del Gobierno, los expertos no se esperaban un nivel tan bajo de aceptación. Tampoco los sindicatos, que se oponían con contundencia a la fusión. “Toda la atención que ha tenido BBVA en este tiempo hacía pensar que se estaba moviendo en una horquilla por encima de 30%, incluso más cerca del 50% y parece ser que estábamos errados”, señala Javier de Dios, responsable del sector financiero de Comisiones Obreras que ve en el desenlace “una buena noticia”. “Se esperaba que la aceptación se quedase por debajo del 50%, pero no por debajo del 30%”, corrobora Elisabet Ruiz-Dotras, profesora de Estudios de Economía y Empresa de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). 

“Lo sorprendente es que BBVA no tuviera más controlado el porcentaje de aceptación en los inversores institucionales”, puntualiza Carlos Balado profesor de OBS Business School y director de la consultora financiera Eurocofín. Estos representaban alrededor de un 30% y hasta hace poco la entidad vasca aseguraba contar con el sí de la mayoría.

Pero nada parece haberse cumplido y, en los datos que ha hecho públicos la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el BBVA ha conseguido una aceptación en la oferta del 25,33% de las acciones y del 25,47% de los derechos de voto. Ni los accionistas minoritarios, ni los institucionales parecen haberse movilizado en el capítulo final de esta operación que no llegó a entrar en la horquilla propuesta por BBVA.

Sobre las consecuencias del fracaso de la opa, los expertos coinciden en que los cambios se verán a nivel macro, pero que previsiblemente influirán poco en la relación con los clientes. La peor parte en bolsa se la está llevando, paradójicamente, el vencedor. Sabadell, caía un 7% en la mañana de este viernes y llegó a hacerlo hasta un 9%. Aunque eso no fue óbice para que la sede de la entidad catalana se convirtiese en una fiesta, con César González-Bueno, consejero delegado del banco, coreando un “¡Viva en Sabadell!”, megáfono en mano. Por su parte, el BBVA era el valor más cotizado del Ibex, con un impulso por encima del 6% a lo largo de casi toda la jornada. La entidad vasca ha asumido el golpe y su presidente, Carlos Torres, señaló que se siente “respaldado por el Consejo” y que no se plantea dimitir.

Las reacciones políticas tampoco han tardado en llegar. Para los sindicatos, el desenlace “es bueno”. En el Gobierno, el Ministerio de Economía, más contenido, ha expresado “total respeto” por la decisión de los accionistas del Sabadell. Pero la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz (Sumar), que se había mostrado contraria, celebraba el desenlace como “una buena noticia”. En la derecha, que tampoco se había posicionado en una esfera demasiado entusiasta con la fusión, Cuca Gamarra valoraba la operación señalando que “la última palabra la han tenido los accionistas”. Todos ellos habían deslizado, en su momento, cierta preocupación por si una excesiva concentración bancaria podría terminar afectando a la capacidad de negociación de los clientes.

Que el BBVA gane en bolsa y el Sabadell pierda es, para los expertos, un movimiento lógico. “El BBVA tenía un efectivo con el que iba a hacer la opa, que ahora se destinará a pagar un dividendo extraordinario y a recomprar acciones”, explica la experta, que puntualiza que estas recompras provocan que los títulos “se disparen”. Las expectativas para los inversores son buenas y, además, “al despejarse la posibilidad de que el banco tuviese que pedir una ampliación de capital, los accionistas respiran mejor”.

Por otro lado, la caída del Sabadell obedece a una corrección después de “haber matado al dragón”, como coreaban en la sede de la entidad este viernes, en una estampa de euforia nada habitual para el sector bancario. “Sabadell ha estado ejecutando una serie de acciones para hinchar su precio, para ponerlo más difícil para el BBVA. Entonces, ahora lo más probable es que empiecen a corregir las expectativas a futuro porque detrás del precio había, también, mucha especulación”, explica Ruiz-Dotras.

Esto ocurre porque el precio de una acción representa el valor presente de los futuros pagos, por eso, lo que haga el Sabadell a partir de ahora sin el BBVA determinará mucho su evolución. “Cuando tú te esperas que haya muchos más pagos futuros, pues el valor va a subir, pero al poner fin a la opa se producen correcciones”, concluye.

Hay que recordar que en medio de esta batalla, el Sabadell decidió deshacerse en agosto de una parte de su negocio, la filial británica TSB por 3.000 millones. “Parte de la valoración del Sabadell estaba sujetada por la oferta del BBVA y hay que ver si los accionistas consideran que ese es el valor del banco ahora mismo o si eso cambia”, señala Carlos Balado. “Su capacidad de generar dividendo y las promesas del Sabadell de repartirlo también van a influir en la valoración a corto plazo”, concluye.

Además, el TSB es clave, explica Balado, ya que el dividendo que le reportaba ahora no estará y la forma en que el Sabadell vaya a compensar el 20% de beneficio que le reportaba la filial “es otra de las incógnitas que determinarán la evolución del banco catalán”.

Dice el refrán que “más vale pájaro en mano que ciento volando”, pero esta vez la expectativa de una segunda oferta más golosa puede haber jugado en contra del éxito de la operación, y de ahí que haya pillado por sorpresa a todo el mundo el débil resultado de la aceptación. “Por parte de los accionistas del Sabadell y también en ciertos ámbitos del mercado se creó la expectativa de una segunda oferta —aunque el BBVA siempre se ha negado— y eso ha podido generar un efecto negativo. Si tú estás esperando a que vaya el vecino, y el vecino hace lo mismo que tú, al final el resultado es este”, concluye el director de Eurocofín.

“Algunos han jugado a esperar esta segunda oferta”, coincide la profesora, que hace una lectura positiva del desenlace. “No es bueno que haya una concentración bancaria y, por otro lado, las opas hostiles nunca son bien acogidas”, apunta. Explica que al tratarse de entidades tan grandes, la batalla mediática ha sido también mucho más amplificada, pero que no se esperan grandes shocks en el mercado. “Son dos entidades fuertes y el sector financiero ha tenido un muy buen año, por lo que, si no pasa nada más, no se esperan grandes cambios”, concluye. Todo dependerá de la economía o, quién sabe, si también de los astros, como sugería Jhon Galbraith.

Bruselas activó este miércoles el proceso de ratificación del acuerdo comercial con Mercosur, negociado desde hace 25 años y frenado en 2019 por las reticencias de varios Estados miembros liderados por Francia, además de la oposición del sector agrario europeo. El Colegio de Comisarios dirigido por Ursula von der Leyen aprobó un texto con el que la UE espera aumentar sus intercambios con Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay para crear la mayor área del planeta libre de barreras, en una dirección contraria a la política emprendida desde Estados Unidos.

La Comisión Europa habla de los beneficios comerciales de este acuerdo porque “Mercosur es el mayor mercado para las exportaciones comunitarias” y “hasta ahora es el único gran socio de Latinoamérica con el que la UE no tiene un acuerdo comercial preferencial”. En la actualidad las empresas de los 27 exportan bienes por 55.000 millones de euros a los cuatro países del cono sur, su décimo socio comercial en este ámbito, y servicios por otros 30.000 millones.

En el inicio del curso político, Bruselas recupera su vieja narrativa sobre los beneficios de una agenda liberal para el comercio gracias a la cual la eliminación de barreras facilitará la venta de bienes y servicios a las empresas europeas, además de “asegurar el acceso sostenible a materias primas”. El objetivo es potenciar la exportación de vehículos y componentes de la industria automovilística, maquinaria industrial o productos textiles y electrónicos a las cuatro economías latinoamericanas mientras se flexibiliza la entrada de carne, azúcar, soja o cereales al continente.

Con este movimiento, la Comisión Von der Leyen desoye las críticas del sector primario europeo, que teme la irrupción desde el otro lado del Atlántico de productos del campo con menores estándares laborales o medioambientales, y también de varias capitales comunitarias, lideradas por Francia. El principal sindicato agrícola francés, FNSEA, rechaza el acuerdo y desde Varsovia, el vicepresidente del Gobierno polaco reaccionó amenazando con buscar una minoría de bloqueo entre los 27.

La propuesta de acuerdo comercial recoge que los cuatro países del Mercosur retirarían el 91% de las tarifas aduaneras que aplican a las importaciones de bienes europeos. Entre los más beneficiados, según los datos de la Comisión Europea, están los coches con un 35% menos de aranceles, los componentes automovilísticos entre un 14% y  un 18% menos, la maquinaría que vería reducida hasta un 20% esos impuestos o la ropa fabricada en la UE, que pagaría un 35% menos en las aduanas latinoamericanas.

Bruselas insiste en que los 55.000 millones de euros exportados en bienes al Mercosur durante 2024 aumentarán en el futuro gracias a este pacto, porque se trata de “economías actualmente muy proteccionistas y donde las empresas europeas afrontan muchas barreras comerciales”. La narrativa en el equipo de Von der Leyen es que existe un “enorme potencial para las firmas de la UE” en un mercado de casi 300 millones de personas.

La Comisión apuesta por estos supuestos beneficios económicos y empresariales antes que exigir un cumplimiento estricto de salvaguardas medioambientales o garantías sobre los derechos humanos, la parte política del acuerdo. Por eso, la Comisión Von der Leyen planteó este miércoles aplicar provisionalmente su parte económica, más fácil de pasar dentro del Consejo Europeo, al requerir sólo de mayoría cualificada y no de la unanimidad de los 27 Estados miembros. Este miércoles, el comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, habló de actos legales que permitan el arreglo interino, como ya se hizo en el pacto con Chile, dejando para más adelante el pronunciamiento, sí lo explicitan, de los Parlamentos nacionales sobre la parte política.

Para frenar las críticas por los bajos estándares fitosanitarios, medioambientales y laborales del sector primario entre los países del Mercosur en comparación con los de los 27, Bruselas propone garantías a productos agrícolas sensibles en la UE, por si existe un aumento inesperado de las importaciones desde la otra orilla del Atlántico. También se crearía un comité específico con las autoridades brasileñas para tratar el uso de pesticidas en productos como la soja, el maíz, la cebada o el arroz.

La Comisión Von der Leyen cuenta con el apoyo del Gobierno español en esta agenda comercial liberalizadora, uno de los más fervientes defensores entre los distintos socios europeos. Fuentes de Economía “valoran muy positivamente la presentación del texto formal” como “un paso decisivo en el proceso de aprobación”. Desde Economía comparten la visión de Bruselas de que este Acuerdo con Mercosur “contribuye a reforzar la posición de la UE, impulsando la apertura de nuevos mercados y consolidando a ambas regiones como aliados estratégicos en un momento crucial del panorama geoeconómico internacional”. 

Madrid se desmarca de la posición francesa y, de hecho, es una de las capitales que más ha impulsado las negociaciones con Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay al considerar el acuerdo de “importancia estratégica” para las empresas españolas porque “abre nuevas oportunidades” a semimanufacturas, automoción y maquinaria, productos químicos o de confección. Frente a los recelos de París sobre el impacto agrícola o ganadero, en el departamento dirigido por el ministro Carlos Cuerpo observan sin críticas o perjuicios los beneficios para la industria del aceite o el sector del vino y licores.

Además de Francia, Polonia e Italia también son reacios a este pacto con el Mercosur y amenazan con dar la batalla dentro del Consejo Europeo. Pero sin más socios que les apoyen, no contarán con la suficiente minoría de bloqueo y la parte comercial del acuerdo se aprobaría al necesitar sólo el voto afirmativo de 15 países que representen el 65% de la población de la UE.

Al separar la parte comercial de la política e impulsar mediante actos legales su aplicación interina, la Comisión consigue también sortear las objeciones del Parlamento Europeo, donde las críticas son más importantes. La bancada liberal acaba de felicitar la propuesta comercial de Bruselas mientras que entre las filas populares existe división. Eurodiputados conservadores polacos o franceses no serían favorables al pacto y Los Verdes lo han calificado como “malo para Europa, peligroso para el planeta”.

Saskia Bricmont, legisladora de Los Verdes en el Comité parlamentario de Comercio Internacional, asegura que el Acuerdo con Mercosur “no concuerda con el modelo de comercio que necesitamos para promover un desarrollo sostenible” al tiempo que “tampoco frenará la guerra comercial insensata de Trump o las prácticas comerciales abusivas de China”. La Eurocámara empieza a revolverse ante esta vuelta del verano que comienza en Bruselas con una apuesta redoblada en favor del libre comercio como solución al estancamiento económico de la UE. Se espera que las protestas agrícolas regresen este verano a las calles de la capital comunitaria.

Primero fue la invasión de Ucrania por parte de Rusia; luego, los aranceles con los que el presidente norteamericano, Donald Trump, ha jugado durante meses; y ahora, la escala del conflicto en Irán, con el bombardeo llevado a cabo por Estados Unidos el pasado sábado. La inestabilidad política internacional no da tregua y eso se traduce en incertidumbre para los mercados y para los bolsillos de los consumidores. “Ahora la variable más importante sigue siendo el precio del petróleo y sus consecuencias para la inflación y la política monetaria”, advierte Dario Messi, director de análisis del banco suizo de inversión Julius Baer. De hecho, hasta la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, reconoció en la tarde del lunes su “fuerte preocupación” porque este conflicto impulse de nuevo la inflación y dé lugar a una nueva crisis en los precios de la energía.

La geopolítica ha revivido algunos fantasmas que recuerdan al momento que se vivió después de la invasión rusa de Ucrania. “La red mundial de comercio tiene muchos puntos estratégicos como lo es el estrecho de Ormuz y si Irán decide cerrarlo, seguramente pueda causar cuellos de botella”, explica a infoLibre Miguel Ángel Ortiz, profesor de economía internacional de CUNEF. “Como en Ucrania, hay una gran incertidumbre y una búsqueda de alternativas para que el comercio global no se pare”, concluye.

Toda la atención está puesta ahora en el estrecho de Ormuz, un paso marítimo entre el Golfo Pérsico y el Golfo de Omán, por donde fluye hacia el Índico un 20% del flujo mundial de petróleo, según cifras de Bloomberg. Tras el ataque de Estados Unidos, el Parlamento iraní ha exigido el cierre de este paso, aunque por el momento no hay una decisión en firme. Sin embargo, la amenaza ha sido suficiente para volver a colocar la palabra incertidumbre en los mercados y ha provocado la reacción inmediata de varios países pidiendo cautela. La alta representante de la Unión Europea (UE) para la Política Exterior, Kaja Kallas, advirtió este lunes a Irán de que el cierre “sería extremadamente peligroso y no sería bueno para nadie”. También China, que es aliada de Teherán, ha pedido “intensificar los esfuerzos” para “evitar un impacto en el desarrollo económico mundial”.

Una eventual escalada en el precio de los barriles, también podría afectar a la inflación, ya que se traduciría en mayores precios en las gasolineras y también en la factura energética de los hogares. Además, este encarecimiento del petróleo puede trasladarse a una amplia gama de bienes y servicios, desde los alimentos hasta el transporte público, debido al aumento en los costos logísticos y de producción. También, como señala el analista de Julius Baer, esta situación podría hacer girar las políticas de tipos de interés al alza, encareciendo de nuevo el crédito. Aunque todo esto está sujeto a lo que Teherán decida finalmente hacer.

En 2024 franquearon el estrecho de Ormuz una media de 20 millones de barriles diarios, en buques procedentes de Irak, Irán, Kuwait, Emiratos Árabes y Arabia Saudí, y este es uno de los puntos sensibles que señalan los analistas. De hecho, el precio del barril de Brent llegó a subir este lunes un 5,7% y cotiza a 81,40 dólares, el mayor precio desde enero. Sin embargo, para Darío Messi, “se espera que el impacto económico global se mantenga limitado por el momento”, más allá del susto inicial. Eso sí, matiza, todo esto estará sujeto de la reacción de Teherán: “dependerá en gran medida de la respuesta de Irán y cómo EE UU decida actuar a continuación”, concluye.

Desde los grandes acontecimientos geopolíticos, hasta los bolsillos de los consumidores, no hay una distancia tan larga y muchos efectos son casi inmediatos. Ortiz explica que el aumento de precios suele tener un trasvase rápido hacia el bolsillo de los consumidores “sobre todo, si se cierra el estrecho”, pero apunta que en el caso de los combustibles “las economías han diversificado mucho el suministro” y este factor ayudará a amortiguar el impacto.

Otro factor importante aquí es que los eventuales cuellos de botella que pudiesen formarse podrían poner tensión de nuevo en los mercados globales: “Esto funciona como una máquina bien engrasada en la que si uno de los puntos falla, arrastra todo lo demás. Con lo cual no solo se verían afectadas materias primas como el petróleo, sino las industrias dependientes o los bienes intermedios, que se encarecerían”, concluye. Es una cadena en cuyo final están los comercios y los bolsillos del consumidor.

Por otro lado, las bolsas parecen estar acostumbrándose a las sacudidas y los analistas señalan que el impacto no ha sido tan negativo como cabría esperar. “Los mercados financieros siguen guiándose por una regla ya conocida: la escalada debe continuar aumentando de forma significativa e impredecible para que se descuente una disrupción sostenida. Hasta que Irán responda, este sigue siendo un mercado impulsado por titulares”, resume Norbert Rücker, otro analista de la firma de inversión. En España, este lunes el IBEX 35 abrió en rojos, pero ha ido recuperándose a lo largo del día y la caída en los mercados internacionales no ha sido profunda.

Para el profesor de CUNEF, la incertidumbre es un factor que erosiona y causa desinversión, pero que también desencadena reacciones de cautela que pueden contener el impacto a corto plazo. “A partir de los años noventa vivimos en una economía mucho más volátil y los mercados están acostumbrados a lidiar con ella”, concluye. Está por ver, hasta donde resiste las pruebas que la geopolítica se empeña en imponerle.

La confianza del consumidor disminuyó en marzo por tercer mes consecutivo, debido al empeoramiento de la valoración de la situación actual y, en mayor medida, de las expectativas de futuro, según el índice mensual publicado este viernes por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) y recoge EFE.

El indicador bajó 1,8 puntos respecto a febrero, hasta situarse en los 79,6, y se encuentra 2,9 puntos por debajo del nivel de hace un año (82,5), alejándose así de los 100 —que marcan el inicio de la percepción positiva de los consumidores—.

El descenso de marzo se debe a la evolución a la baja de sus dos componentes, ya que ha empeorado la percepción de la situación actual (0,5 puntos menos) y las expectativas de futuro (3,1 menos).

Dentro del índice de situación actual, empeoran sus tres componentes: 0,4 puntos la valoración de la situación económica actual; 0,9 la situación de los hogares y 0,2 puntos la del mercado de trabajo.

Respecto a las variables del índice de expectativas, la valoración de la evolución de la economía en el futuro baja 3,4 puntos y la del futuro del mercado de trabajo, 4,4, mientras que la valoración de la futura situación de los hogares tiene un descenso de 1,6 puntos.

Como información adicional al ICC, el CIS indica que la evolución de las expectativas en relación con los precios, los tipos de interés, las posibilidades de ahorro de los hogares y la compra de bienes duraderos muestran "un desarrollo coherente con las pautas y los datos de los índices comentados hasta ahora".

En términos mensuales, se observa un aumento de los temores de inflación respecto al mes de febrero de 0,2 puntos y las expectativas sobre un futuro aumento de los tipos de interés suben 4,3 puntos desde el pasado mes de febrero.

Por otro lado, aumentan ligeramente las expectativas del ahorro en 1,3 puntos y las expectativas de consumo suben 0,5 unidades respecto al pasado mes de febrero. La encuesta del CIS está hecha sobre una muestra de 2.514 entrevistas realizadas entre el 27 marzo y el 1 de abril.

A modo de introducción, permítanme describir brevemente el significado de la figura empresarial que motiva este artículo: las sociedades laborales. Estas son empresas en las que al menos el 51% del capital social pertenece a los trabajadores que prestan sus servicios de forma directa, personal y remunerada. Este modelo combina los principios de la economía social, como la participación democrática y la cohesión social, con la flexibilidad de las empresas tradicionales. Existen dos tipos principales: las sociedades anónimas laborales (SAL) y las sociedades limitadas laborales (SLL), adaptables a diferentes tamaños y sectores empresariales.

En el actual panorama económico, caracterizado por la transformación digital, la sostenibilidad y la necesidad de innovación constante, las sociedades laborales emergen como una plataforma sólida y versátil para el desarrollo de spin-offs, startups u otras iniciativas de emprendimiento colectivo vinculadas a la sostenibilidad (economía circular, economía azul, etc.), a los servicios a las personas o a las energías renovables y ofrecen ventajas únicas que responden a las demandas de los nuevos ecosistemas empresariales.

Las spin-offs, a menudo derivadas de la transferencia de conocimiento entre universidades o empresas y el mercado, encuentran en las sociedades laborales un entorno idóneo para su desarrollo. Las Sociedades Laborales permiten que investigadores, técnicos o empleados se conviertan en socios propietarios, fomentando un compromiso duradero con el proyecto. Además, su gobernanza democrática promueve la cooperación y la toma de decisiones estratégicas, alineadas con los valores de innovación y sostenibilidad, esenciales para este tipo de empresas.

Por otro lado, las startups, centradas en la innovación, el crecimiento acelerado y la disrupción de mercados tradicionales, también pueden beneficiarse enormemente de las sociedades laborales. Este modelo permite la entrada de fondos de capital riesgo privados o públicos, e incluso la participación de universidades o entidades públicas con hasta un 49% del capital social. Además, la elección de una sociedad laboral como vía empresarial destaca por su capacidad para atraer talento, especialmente joven, gracias a que estas empresas permiten otorgar un papel activo en la gestión y el éxito económico de la empresa. Este enfoque potencia la creatividad, genera un sentido de pertenencia y fomenta un rendimiento colectivo superior.

En el contexto de las nuevas formas de emprendimiento, como empresas de base tecnológica —donde hasta el 25% del capital social puede pertenecer a socios científico-técnicos con relación laboral a tiempo completo— o proyectos de economía colaborativa, las sociedades laborales destacan por ofrecer ventajas clave que las convierten en un modelo empresarial atractivo y funcional, gracias en parte a su flexibilidad y capacidad de adaptación. Su estructura permite ajustarse a una amplia variedad de sectores y modelos de negocio que abarcan desde servicios tecnológicos hasta proyectos industriales o creativos. Además, su adscripción al Régimen General de la Seguridad Social y la posibilidad de capitalizar el desempleo facilitan su puesta en marcha.

Las sociedades laborales también se distinguen por su impacto social y enfoque en la sostenibilidad. Como parte de la economía social, priorizan valores como la igualdad, la transparencia y el desarrollo local, lo que las posiciona como un modelo alineado con las demandas de una sociedad que valora cada vez más los aspectos éticos y responsables de las empresas, convirtiéndose, además, en una herramienta útil para la generación de emprendimiento colectivo en zonas rurales despobladas o en riesgo de despoblación al priorizar a las personas sobre otros aspectos y/o variables económicas. Además, su atractivo se refuerza mediante la posibilidad de acceso a fondos de impacto y financiación específica, así como incentivos fiscales y programas de promoción dirigidos a empresas de economía social.

Todas estas ventajas combinadas convierten a las sociedades laborales en un modelo idóneo para personas emprendedoras que buscan crear proyectos sostenibles, innovadores y con un impacto positivo en la comunidad. Sin embargo, los últimos datos sobre la creación de sociedades laborales en España no son especialmente destacables en comparación con otras fórmulas empresariales. Sin lugar a duda, parte del futuro de las sociedades laborales pasa por demostrar su eficacia para consolidar proyectos innovadores, especialmente en sectores tecnológicos y de sostenibilidad, donde spin-offs y startups encuentren en este formato una herramienta para escalar sus negocios, combinando flexibilidad empresarial con cohesión social.

En todo caso, y más allá de su funcionalidad, las sociedades laborales representan una invitación a reimaginar cómo se desarrollan las empresas, colocando a las personas en el centro de la innovación y el desarrollo económico, y promoviendo un modelo de negocio alineado con los retos y valores del futuro.

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Ruperto Iglesias García es presidente de ASATA y miembro de la Junta Directiva de la Federación Empresarial de Sociedades Laborales y Participadas de España (LABORPAR) y del Consejo Económico y Social.

La compraventa de viviendas se disparó en septiembre un 41,5%, su mayor subida desde agosto de 2021, en un contexto marcado ahora por la senda bajista de los tipos de interés que está abaratando la financiación hipotecaria, según los datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE ) y según recoge EFE.

En septiembre se contabilizaron 61.887 operaciones, la mayor cifra que se registra en un solo mes desde hace más de 17 años, en concreto, desde julio de 2007. Con este aumento, la compraventa de viviendas encadena tres meses consecutivos al alza tras el incremento del 19,4% de julio y la subida del 0,9% de agosto.

Además, la compraventa de viviendas aumentó en septiembre un 25,1% con respecto a agosto, un mes de menor actividad en el mercado inmobiliario, y en lo que va de año este indicador regresa al terreno positivo con un ascenso del 3,1%.

En septiembre, las compraventas de vivienda nueva fueron las que más aumentaron, un 54,9% interanual, su mayor incremento desde junio de 2021. En este sentido, se contabilizaron 12.531 unidades, más del 20 % del total de operaciones, y la cifra más elevada en más de 20 años (desde enero de 2014).

Con ello, la obra nueva suma ya cuatro meses consecutivos al alza.

Por su parte, las transacciones de vivienda usada, que siguen siendo las más numerosas con casi el 80% del total, experimentaron un incremento del 38,4% hasta las 49.356 unidades, y no se registraban tantas desde mayo de 2022.

Por régimen de vivienda, la libre sumó en septiembre 57.179 transacciones, más del 92% del total, y se anotó una subida del 41,3% en tasa interanual. En el caso de la protegida, las compraventas crecieron un 43,6% hasta las 4.708 operaciones.

A lo largo de 2024 la compraventa de viviendas ha estado marcada por las subidas y las bajadas en un entorno que inicialmente se vio impactado por el encarecimiento de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo (BCE) para moderar la inflación, por el efecto Semana Santa y posteriormente, desde junio, por el principio del fin del ciclo de austeridad monetaria y las bajadas de tipos.

Así, en enero la compraventa cayó un 2,1 %; en febrero subió un 5,8 % tras doce meses a la baja; en marzo descendió un 19,3 %; en abril se disparó el 24 %; en mayo volvió a bajar un 21,5 %; en junio moderó este descenso al 6,1 %; en julio volvió a crecer un 19,4 %; en agosto suavizó el aumento a un discreto 0,9 %, y en septiembre disparó su alza al 41,5 %.

Con respecto al mes anterior la compraventa de viviendas subió un 25,1 % en septiembre. Cabe recordar que en agosto las operaciones aumentaron un 0,9 %. Tanto la vivienda nueva como la segunda mano presentaron avances intermensuales, del 26,2 % y del 24,9 %, respectivamente.

Por régimen, la vivienda protegida fue la que más aumentó las operaciones frente a agosto, un 31,8 %, mientras que la libre lo hizo un 24,6 %.

En lo que va de año las compraventas regresaron al terreno positivo con un aumento del 3,1 % que se vio impulsado, fundamentalmente, por la vivienda nueva, que creció un 12 %, mientras que la usada lo hizo un 1 %. Por régimen, la vivienda libre creció un 3,5 % desde enero, aunque la protegida presentó una caída del 2,3 % en los nueve primeros meses del año.

El porcentaje de jóvenes de entre 18 y 34 años que opta por el alquiler de una vivienda en lugar de por la compra ha ascendido al 45% en 2024, cuatro puntos porcentuales por encima de la cifra registrada en 2023, según un estudio elaborado por el portal inmobiliario Fotocasa. Además, los jóvenes que prevén comprar una vivienda en los próximos cinco años caen al 55%, seis puntos por debajo de 2023.

Los elevados precios constituyen la principal barrera a la hora de comprar o alquilar una vivienda, ya que afecta al 58% de los jóvenes activos en el mercado. La posibilidad de una mayor movilidad laboral asociada al alquiler es el segundo motivo que lleva a los jóvenes a arrendar una vivienda frente a la posibilidad de comprar y abarca al 28% de los inquilinos.

Asimismo, el 18% de los que se decantan por el alquiler lo hacen porque están esperando que los precios de compraventa bajen, un porcentaje que se ha reducido en cinco puntos en los últimos doce meses; mientras que los que defienden que esta opción ofrece mayor libertad y flexibilidad han subido dos puntos, hasta el 17%.

En el otro lado, el principal motivo de los jóvenes compradores de vivienda en España es que perciben la propiedad como una forma de inversión a largo plazo, en un porcentaje que alcanza el 42% de los casos en 2024. A continuación, el 38% de los jóvenes compradores de vivienda considera que la propiedad significa un seguro para el futuro, un porcentaje que ha disminuido dos puntos en comparación con 2023.

Si se atiende al lado de la oferta, el principal factor económico de los jóvenes que venden una vivienda es tener ingresos para comprar otro inmueble (un 24% de los casos) o bien evitar problemas a la hora de cobrar un alquiler (19%).

Según el informe de Fotocasa, las principales motivaciones personales y no económicas de los jóvenes participantes en el mercado inmobiliario son el deseo de independizarse (un 35% de los casos), así como la voluntad de vivir con su pareja (32%).

Otras razones para la actividad de la población de hasta 34 años en este mercado son la posibilidad de mejorar su vivienda actual (28%), el cambio de lugar de residencia por motivos de trabajo o de estudios (25%), o el hecho que la familia haya crecido o vaya a crecer en breve (15%).

Según destaca el portal, en estos momentos el esfuerzo salarial que los jóvenes tienen que realizar para hacer frente al pago de su vivienda está en máximos y cada vez más jóvenes desechan la idea de convertirse en propietarios y se ven obligados a alquilar como única forma de acceder al mercado o a la emancipación.

Es frecuente oír que regular el precio de la vivienda, “según todos los estudios”, provoca que “los propietarios las retiren” haciendo caer la oferta. En especial, entre quienes son contrarios a la regulación del mercado en general. Pero fuentes del ámbito académico replican que “hay centenares de estudios a nivel internacional en las últimas décadas en los que se defienden distintas posiciones” y que, “son difíciles de trasladar a la situación actual de un país concreto como puede ser España”. En definitiva que, si a algo lleva adentrarse en esa maraña, es a manifestar que “ese mantra no es así”.

Estos días retumban en concreto los primeros datos que se han conocido sobre la aplicación por parte de Cataluña de la Ley de Vivienda para intentar limitar las rentas: el precio ha caído un 5% y los contratos un 17%, se repite.

Iván Auciello-Estévez, investigador doctoral en Economía en la CY Cergy Paris Université y fellow en Future Policy Label, anota de entrada que “el stock de vivienda, los pisos que están alquilados en estos momentos, no para de subir. En Barcelona, por ejemplo, cada vez hay más gente viviendo de alquiler”. “A lo que se están refiriendo como oferta, es el número de contratos firmados en el segundo y el tercer trimestre del año y eso es el flujo. Es la misma idea del mercado de trabajo, el número de personas que hay trabajando y los contratos firmados”, explica. 

Respecto al caso de Cataluña, donde “dicen que ha caído un 17% el número de contratos firmados”, señala que el control del alquiler “se inició antes del verano y, como los pisos temporales no están incluidos en la Ley de Vivienda, los propietarios se han puesto a alquilar por temporada. No hay datos, pero estoy convencido de que ha sido así, ya que las compraventas han caído en este mismo periodo”, asevera. Matiza luego que, “en realidad, lo que ha descendido un 17% es el número de contratos firmados de alquiler residencial a largo plazo, pero no se sabe si el global, teniendo en cuenta los temporales, ha caído o no”, desliza. 

En opinión de Auciello-Estévez, “a partir de ahora será importante tener un mecanismo para poder contar con la información de los alquileres temporales porque no están controlados. Los datos provenientes del depósito de fianzas de Incasol no incluyen este tipo de alquileres… Igual que se introducen en las estadísticas de empleo los contratos temporales y los indefinidos, pues habrá que hacer lo mismo. Y estaría bien también poder saber qué tipos de propietarios han sido los que han pasado sus viviendas a alquiler temporal, si los pequeños propietarios o los grandes tenedores”, plantea.

Junto a lo expuesto, añade que “sigue siendo muy pronto para decir nada de cuál ha sido el efecto” de lo aplicado en Cataluña, dado que sólo han transcurrido unos meses: “No ha sido un ciclo anual completo y no se pueden comparar años con otros ni trimestres con otros”. “Por tiempo -incide-, aún no se pueden dar conclusiones muy concluyentes. Y la evaluación no va a ser fácil porque la mayoría de grandes municipios ya tienen control, lo que puede llevar a tener que comparar municipios de medio millón de habitantes con otros de menos de 5.000, que no tienen que ver”. “Se va a complicar la evaluación, aunque con estadísticas agregadas se podrán saber por dónde han ido las tendencias, pero todavía no”, cierra.  

De su lado, Jaime Palomera, director de investigación sobre vivienda en el Institut de Recerca Urbana de Barcelona (IDRA), mantiene que “es falso que haya un consenso contra el control de precios”. Subraya que hay estudios como el rubricado por Autor, Palmer y Pathak, que muestran que éste logró en Massachusetts “rebajar el precio durante los 90 y que, tras su eliminación, se disparó”. En otra ciudad estadounidense, Nueva York, supuso “un ahorro del 34% para quienes habitaban viviendas reguladas”, de acuerdo a lo revelado por Che, Jiang y Quinter en otro análisis. Y, más cerca, sobre medidas puestas en marcha en Alemania y en Francia, “los resultados hablan de bajadas en algunas ciudades, aunque limitadas”, aporta.

Centrando el foco en Cataluña, Palomera hace notar que existen “tres estudios” en los que se indica que la regulación, en este caso la aplicación de la Ley de Vivienda autonómica de 2020 que se ejecutó hasta ser declarada inconstitucional, “logró bajar precios”. “Aunque varían, las estimaciones hablan de un 6% de reducción” en los alrededor de 60 municipios incluidos, y de “un ahorro de unos 600 euros al año de media para las familias inquilinas”. Tras tumbar el Tribunal Constitucional la norma por motivos en esencia competenciales, “los precios volvieron a incrementarse”, afirma.

A su entender, la crítica habitual a la regulación que a menudo corre de que supuestamente reduce la oferta, porque limitar el beneficio lleva a que los propietarios no quieran alquilar o construir casas, “es la misma lógica según la cual subir el salario mínimo hace que las empresas creen menos empleo”. En ese punto, cabe hacer otra pregunta: ¿quién saca pisos del mercado? Palomera se remite a estudios sobre San Francisco y Berlín, según los cuales, “son sobre todo los grandes fondos”. Pero apostilla que éstos, en España, “representan una parte pequeña” aún de quienes poseen los inmuebles, con lo que, “se trata de un riesgo menor”. Y acaba deshaciendo otra idea recurrente: “Contra lo que se suele creer, está demostrado que aumentar la oferta de alquiler privado no reduce los precios, como se puede comprobar en estudios de la Reserva Federal como el de Anenberg, y genera más desigualdades”, esto es, “caseros cada vez más ricos e inquilinos más pobres”.

Para Santiago Carbó, catedrático de Economía en la Universidad de Valencia y director de Estudios Financieros de Funcas, en cambio “no es un mantra” que, “si se fijan topes a los precios de algo, hay personas que no les interesa y se retiran”. “Pongamos -ejemplifica- que un ayuntamiento que quiere contratar camisas para jardineros está dispuesto a pagar cada una a 15 euros como máximo. Habrá fabricantes que dirán que a ese precio, no participan, no entran en esa oferta posible”. 

Al enfocarse en la vivienda, argumenta que, “si la situación tiene como en la actualidad fallos de mercado, poner topes a los precios en general, puede contribuir a que salgan determinadas viviendas”. ¿La causa? “Muchos propietarios piensan ya que hay inseguridad jurídica, que si un inquilino deja de pagar, pasa demasiado tiempo hasta que se resuelve la situación. Algunos se han ido al alquiler vacacional y puede que se esté abusando de esto”, admite. A su juicio, “frente a la situación de hoy, poner topes a los precios no va a ayudar, sí aumentar muchísimo el número de viviendas disponible y eso se hace construyendo o animando a los propietarios. Limitar en algunas circunstancias en algunos momentos críticos de la historia ha podido ocurrir, pero ahora está generando más perjuicio que beneficio”, asegura.

Con todo, Carbó considera que a la vivienda social nueva “sí que a lo mejor habría que ponerle un tope” para que “se las queden quien deben quedárselas". "Hay que lograr –engarza– que el Gobierno central y los autonómicos arranquen con programas desde ya, hay que aumentarlo todo", las opciones para compra y para arrendamiento, pero, sobre todo, "la vivienda social para alquilar, que es la que va a aliviar más esta tensión que tenemos".

El catedrático apostaría por “regular el alquiler vacacional, para que no se vaya por ahí tanto de lo que antes era a largo plazo” y por establecer condiciones "en el segmento de la vivienda social" para que "termine en las manos adecuadas, en las personas que realmente las necesitan", concluye. Todos coinciden en que embridar este asunto, que está removiendo a la sociedad, no será sencillo.

Cuando el mercado funciona a todo gas, siempre hay quien intenta sacar más tajada. En el inmobiliario se está produciendo un auge de herramientas como las llamadas hipotecas inversas y las viviendas inversas o nuda propiedad. ¿En qué consisten? En las primeras, a diferencia de la hipoteca tradicional, no se realizan pagos mensuales al banco, sino que el propietario de un inmueble recibe una cantidad de dinero de una sola vez o en forma de renta periódica utilizando ese bien como garantía real. El dueño puede disfrutar de la casa hasta su fallecimiento, dado que no pierde su propiedad. Esta figura suele utilizarse para obtener liquidez con la que complementar la pensión de jubilación y el mecanismo en principio en simple: el crédito se devuelve cuando el propietario fallece o vende la propiedad.

Según se recoge en el informe La seguridad jurídica de las personas mayores, del Consejo General del Notariado, las hipotecas inversas han ganado relevancia en los últimos años. Si en 2017 se registraron 31 actos de ese tipo, en el primer semestre de este año se autorizaron 143, lo que representa un incremento del 361% en seis años y medio. 

También ha ganado “popularidad” en los últimos tiempos la vivienda inversa, según fuentes del sector inmobiliario que cifran “en miles” las operaciones de esa naturaleza “que se cierran al año”. Muestra de ello "es que los anuncios de nuda propiedad en portales inmobiliarios se han multiplicado”, afirman. En este caso, se trata de "la venta de una propiedad inmobiliaria a un inversor a cambio de un derecho de residencia vitalicio”. Se consigue, explican las fuentes sondeadas, “liquidez inmediata” y un “alquiler mientras se vive”, que “se deduce del pago inicial realizado por el inversor”. En algún anuncio de Idealista se ofrecen además de la vivienda elementos para llamar la atención como una “acción de club deportivo y social” y otro causó revuelo en redes sociales por la edad de quien sería usufructuario: 52 años. "Se supone que son las personas mayores las que más recurren a estos productos, aunque todo puede pasar en un mercado cada vez más precarizado y es probable que esa edad siga bajando”, admiten.

¿Tienen riesgos esos procedimientos inversos? Fuentes de la órbita financiera sostienen que uno de los peligros ligados a la hipoteca “es la falta de información al hipotecante. Por lo general suelen ser personas de cierta edad, que no siempre comprenden la verdadera carga jurídica y económica de lo que firman”, avisan. Para añadir: “Y puede pasar que la deuda que se genera supere el valor del inmueble”.

Antonio Gallardo, responsable de Estudios de la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin) considera que “hay que tener cuidado” con esas hipotecas “por muchas razones”, aparte de que “es un producto que no a todo el mundo que tiene una vivienda le es rentable”. “Si posees una que valga 150.000 euros -ejemplifica-, y te van a dar una renta de 180 o 200 euros al mes, no te tiene cuenta porque vas a generar una deuda muy grande para recibir una renta muy pequeña”. De ahí que, “las comercializaciones se enfoquen a centros históricos de ciudades o ensanches, zonas con viviendas de precios elevados”, dice, como pueden ser en Madrid áreas como “Moncloa o Chamberí”, con “casas de 500.000 a 700.000 euros, que son muy atractivas” para quienes captan a estos clientes.

Gallardo advierte luego de que hay otro elemento a tener en cuenta a la hora de contratar una hipoteca inversa: “Los tipos de interés son muchos más elevados que los normales, en torno al 6 y el 7%, cuando en el mercado se consiguen, sin estirar demasiado, tipos del 3% o del 3,5%. Es decir, es un coste del doble”, asevera. En el V Barómetro hipotecas Asufin, fechado en febrero de 2024, se hace notar específicamente que han apreciado “una diferencia notable” entre el producto que oferta “Ebn Banco, que se caracteriza porque ofrece un capital y no renta, al generar una deuda muy superior al resto” del “105,93%, frente al 60% aproximado” de los otros operadores. “La hipoteca inversa de EBN es la que genera un mayor sobreendeudamiento, dado que se recibe todo el capital al inicio de la operación -no en formato de renta-, generando por tanto intereses a pagar por la totalidad”, se recoge en el estudio.

“Culturalmente en España no estamos habituados a este tipo de productos, pero es cierto que esto puede cambiar porque la necesidad de dinero va a ser cada vez mayor y vamos a querer mantenerla mucho mejor durante más tiempo”, indica Gallardo, por lo que no descarta que esta hipoteca siga en expansión. “Pero tiene bastante riesgo en el sentido de que lo que se te va a ofrecer es muy pequeño en comparación con la deuda que te va a generar”, incide, por lo que recomienda: “Quien lo vaya a hacer, que se informe bien y que hable con sus herederos para evitar sustos”. ¿A qué se refiere? “Si alguien contrata una hipoteca inversa de una casa de 300.0000 euros, igual esa persona ha recibido unos 90.000 y la deuda puede ser superior a los 200.000 euros”, expone de cara a los descendientes.

Las llamadas viviendas inversas tampoco están exentas de peligros. “Aquí a veces se pierde dinero. Cuando eres muy mayor, el valor del usufructo es muy bajo, por lo que, si se vende la casa, se hará con un descuento muy grande y ahí es donde hay que poner énfasis a la hora de negociar, porque el comprador siempre van a intentar que el justiprecio sea a la baja”, anota el responsable de Estudios de Asufin. “Es una forma quizás mejor de conseguir el dinero -apostilla- porque lo logras todo de golpe y no tienes que pagar intereses, pero hay que estar muy atento a cuál es el valor de la nuda propiedad que te ponen, porque el truco del que comprar es intentar hacerlo con muchos descuentos”, recalca. Según fuentes del sector, "a veces llegan al 50%".

A juicio de Gallardo, “hay tanta demanda de vivienda en todos los segmentos de población, que hay tiburones que van a intentar cazarla cara y buena porque saben que hay mucho mercado y van a lograr un margen muy grande. Son los objetivos primordiales de hipoteca inversa y de venta de nuda propiedad”, concluye.  

De su lado, Enrique García, portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) constata que la fórmula de la hipoteca inversa “sólo tiene interés cuando se trata de viviendas con un alto valor y para personas que no tienen herederos porque la tasación que se hace es baja, la renta que se obtiene es pequeña y los tipos son prácticamente el doble de una hipoteca normal”. La OCU hizo un estudio sobre este tema en 2022 que ya reflejaba que “el 52% de los españoles de más 55 años tenía la pensión como única fuente de ingresos, alrededor de un 30% de los jubilados necesitaba un complemento y el 88% de ellos son propietarios de vivienda. De ahí sale la potencial demanda de este tipo de operaciones, aunque hoy en día no sean mayoritarias", expone.

A juicio de García, "la diferencia entre una modalidad y la otra", entre la hipoteca y la nuda propiedad, "es muy importante". Lo argumenta: "En una se obtiene un crédito que se pagará a la muerte de la persona solicitante y que asumirán o no los descendientes, mientras en la otra, quien adquiere la vivienda lo hace con la idea de que pasará a su plena propiedad cuando muera la persona que la habita".

Y las amenazas que puedan conllevar son distintas igualmente: “En la hipoteca el riesgo se puede medir en cuanto a cuantías y demás y son los herederos los que decidirán si pagan la deuda mediante la venta de la vivienda o hacen que el banco la ejecute y se quedan con la casa". En el caso de la nuda propiedad, "si el fallecimiento se produce pronto, la tercera persona habrá adquirido la casa a un menor precio que en el mercado en condiciones normales", finaliza. Al margen de los mayores, las fuentes del sector inmobiliario mencionan que recurren a esa última opción, asimismo, "gente que por varias razones, como haber estado tiempo desempleado, puede necesitar liquidez y recurre al patrimonio familiar heredado". "Hay incluso ferias inmobiliarias en las que se juntan vendedores y compradores/inversores. El problema para los primeros es que no hay vuelta atrás", aportan. El mercado se sigue afilando.

El mundo mira al polvorín de Oriente Medio y la irrupción de Irán en el conflicto ha reavivado un temor latente: que el choque regional por la huida hacia delante de Netanyahu acabe afectando a la economía global. ¿Cuáles son los principales riesgos para España, si la escalada bélica va en aumento, o se prolonga en el tiempo?

Isaías Barreñada, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid, explica que “los dos grandes intereses económicos que tiene España en Oriente Medio son, por un lado, los países del Golfo y Arabia Saudí por una cuestión energética, por el petróleo y el gas; y por otro, Israel”, aunque este último “no es un socio muy preferente”. Pero, además, “si se colapsaran las vías de comunicación, por ejemplo, el impacto económico sería mayor, porque afectaría al comercio con otras regiones como China”, según él.

España importa la mayoría de sus combustibles fósiles, lo que la hace vulnerable a fluctuaciones en los precios del petróleo y del gas. En ese terreno, Gonzalo Escribano, director de Energía y Clima del Real Instituto Elcano y catedrático de Economía en la UNED, cree que “los riesgos para España dependerán mucho de los escenarios que finalmente se den”. El más importante, a su juicio, es la subida del coste del petróleo, que “ya se está viendo”, pero apunta también a que “puede haber perturbaciones en los flujos” de mercancías. En ese sentido, señala que España y empresas como Inditex u otras del sector de la automoción “importan y exportan mucho a Asia” y “todo pasa por el Canal de Suez”, uno de los mayores ejes comerciales entre Europa y Asia. “Esto, que ya nos está afectando, podría hacerlo más si la situación se deteriora”, avisa.

En lo relativo al petróleo, Escribano considera que se pueden dar “tres escenarios, dependiendo de las represalias que adopte Israel con Irán”. El primero pasa por que se bombardean refinerías, lo que podría “desatar un desabastecimiento en el propio Irán, donde la población hace cola en las gasolineras estos días por lo que pueda pasar”, si bien, más allá de sus márgenes, no influiría “demasiado, en principio, en el precio del petróleo”, mantiene. “Aunque en el momento en el que caiga una bomba la prima de riesgo se elevaría sin que tocase un solo barril de petróleo de la exportación”, advierte. En resumen, en ese supuesto, “podría haber un alza de los precios, pero moderado y puntual”.

El experto baraja otra opción. En la actualidad se construye un tubo para llevar petróleo a una “terminal de exportación que está ubicada en el sureste de Irán y fuera del Golfo Pérsico”. El objetivo es “poder utilizarla, si se cierra el Estrecho de Ormuz”, la artería por la que transita el 30% del comercio mundial, situada entre Irán y Omán. Si la atacaran, “tampoco afectaría mucho al suministro global, porque no está operativa”.

“Lo que sí sería muy grave -avisa- es que los israelíes bombardeasen terminales de exportación, sobre todo la principal, la de la isla de Jark”. La superficie de ese enclave no llega a los 25 kilómetros cuadrados, pero es estratégico para la república islámica porque “casi el 90% de las exportaciones de petróleo de Irán se realizan desde allí”. “Hablamos de casi dos millones de barriles diarios que, si se perdiesen, si que podría provocar un repunte de precios significativo”, explica Escribano. Y habría probablemente más consecuencias porque “un Irán sin nada que exportar intentaría bloquear el Estrecho de Ormuz y ahí se perderían unos 20 millones de barriles entre petróleo y derivados. Esto serían palabras mayores”, mantiene. En esa hipótesis, la peor a su entender, “el precio del petróleo se podría ir a los tres dígitos y España sufriría mucho”. ¿Los motivos? “Tenemos más transporte terrestre que otros países europeos, somos grandes importadores de crudo, tenemos compañías que dependen de esto y que exportan fuera… Eso sí podría ser una gran crisis del petróleo a nivel mundial que pondría en serias dificultades a España”, admite.

En esa posibilidad más extrema, habría que agregar otro problema: si se estrangula el Estrecho de Ormuz, “todo el gas natural licuado que viene sobre todo de Qatar, tampoco podría salir o tendría grave riesgo de ser atacado, como ocurre ahora mismo en el Mar Rojo”. Con todo, el catedrático ve elementos que le hacen confiar en que Irán “pueda tener una cierta moderación”. Los expone: “Primero porque saben que no pueden vencer a Israel en una guerra, segundo porque siguen siendo actores racionales y no quieren tirar por la borda una cierta mejoría económica y el aumento de exportaciones petroleras que han registrado en los últimos años, ya que les pondría al borde de ser expulsados por su propia población. Y tercero, porque hay otros actores como China, por ejemplo, que son los grandes compradores que han permitido ese cierto resurgir iraní, que intentarán mediar”. No obstante, “todo dependerá del nivel de represalias que adopte Israel”, incide, consciente de que “la situación es de máximo riesgo" y "puede haber un accidente, agentes que actúen por libre… Pueden pasar muchas cosas”, cierra.

De su lado, Rafael Calduch, catedrático emérito de Relaciones Internacionales en la Universidad Camilo José Cela, ve “dos efectos económicos a considerar” más allá de que los precios del gas y del petróleo trepen. “Uno tiene que ver con el tránsito del abastecimiento”, dice, y no sólo del crudo, igualmente “de bienes y servicios”, puesto que “España es muy dependiente de la importación de determinados productos industriales de China”. Señala que “ese abastecimiento se hace en un 80% a través del mar y en este momento la ruta del Mar Rojo se ha complicado por los ataques de los hutíes”, una milicia fundamentalista aliada de Irán y en el punto de mira del Gobierno israelí, que ataca buques comerciales en el estrecho de Bab al Mandeb, puerta al Canal de Suez.

“Recurrir a la ruta larga a través de Cabo Verde y rodeando África, significa el encarecimiento de los fletes y demoras en los plazos de abastecimiento”, afirma el catedrático. Esto repercutirá “en general a toda la Unión Europea”, pero “a unos países más que a otros”. En concreto en España lo hará doblemente, al ser “destinataria de los productos que vienen de extremo oriente y zona de tránsito donde recalan buena parte de los flujos de mercancías que se realizaban por el Mediterráneo, con el puerto de Algeciras como referencia”.

A continuación, Calduch coloca el foco en el Estrecho de Gibraltar. “Si hay una escalada del conflicto importante, los norteamericanos desplegarán la flota del Mediterráneo y eso automáticamente incrementará la inseguridad del tráfico aéreo y marítimo de todo el Mediterráneo y, por tanto, los costes de seguros para los flujos de mercancías y de personas”. “Esto es otro efecto económico indirecto -agrega- que, si crece sobre todo el enfrentamiento militar con Irán y con Siria, nos afectaría”, concluye.

Otras fuentes del ámbito económico temen que la crisis en la región pueda “frenar la recuperación de una Europa en la que estados como Alemania y Francia no acaban de tirar”, lo que podría acabar influyendo en la economía española que “va mejor”. “Si la inflación vuelve a subir, los bancos centrales podrían virar de nuevo en sus políticas de bajadas de tipos”, con lo que “variables como el consumo de los hogares podrían sufrir”.

Por último, añaden que “la incertidumbre nunca es buena para la economía” y cuestiones como la inversión, “débil aún en España, pueden resentirse más y complicar el futuro”. Al margen de que no hay que descartar que la UE “sea vea obligada a acrecentar el gasto en defensa  y seguridad”, con lo que habrá “de detraer los recursos de otras áreas y se ralentice el crecimiento”. En cualquier caso, las fuentes sondeadas insisten en que “todavía es pronto para valorar el alcance económico de lo que está sucediendo en Oriente Medio”.

Las consecuencias de la actual crisis del capitalismo interesan cada vez a más economistas. Al menos a aquellos que no se contentan con una visión apologética del actual modo de producción. Hay un análisis que empieza a surgir en este contexto, el del “tecno-feudalismo”, es decir, la idea de que el actual modo de producción está dominado por grandes empresas tecnológicas que obtienen sus ingresos de rentas digitales en lugar de un sistema de beneficios basado en mercados competitivos.

La idea fue desarrollada en Francia por Cédric Durand en su libro Tecno-feudalismo (edit. La Découverte, 2020). Yanis Varoufakis, ex ministro de Finanzas griego durante el auge de la crisis en 2015, defiende la misma idea desde un ángulo ligeramente diferente en su último libro, Los nuevos siervos de la economía (edit. Les liens qui libèrent, 2024), traducido ya al francés. Cuando se publicó en inglés en 2023, el título era Technofeudalism: What Killed Capitalism (Tecno-feudalismo, lo que ha matado al capitalismo).

Mientras que Cédric Durand se centró en la dinámica interna de la “ideología de Silicon Valley” y su vínculo con la crisis del capitalismo, Yanis Varoufakis retoma las reflexiones de su trabajo teórico anterior, El Minotauro global (edit. Capitán Swing, 2012). En él describía la lógica de la financiarización del capitalismo antes de la crisis de 2008, basada en el reciclaje por Wall Street de los excedentes comerciales alemanes y chinos.

Ese mundo se derrumbó con Lehman Brothers, y el rescate de los bancos centrales permitió, según Varoufakis, a las grandes empresas tecnológicas construir un nuevo sistema de dominación capitalista. Para el ex ministro griego, este sistema ya no es capitalista, en la medida en que se basa en los mercados y el beneficio. Pero para existir, debe injertarse en el capitalismo tradicional, donde dominan la competencia, el beneficio y los mercados.

El texto de Varoufakis es fiel al propio personaje, lleno de referencias a la cultura pop y escrito como una especie de larga carta a su padre. No se sabe si esos métodos favorecen o no la lectura. El uso del término “tecno-feudalismo” y la proclamación de la muerte del capitalismo en favor de “algo peor” forman parte de ello. Se trata de una provocación deliberada para suscitar una reacción que puede considerarse saludable: ya no es posible librar luchas sociales y políticas como antes.

Queda por ver si necesitamos este concepto de un nuevo feudalismo o si, por el contrario, necesitamos comprender lo que queda de capitalismo en esta nueva estructura. Es un debate teórico que puede parecer muy técnico e inútil, pero en realidad es crucial: en un régimen tecno-feudal, el foco principal de la lucha debe estar en los gigantes de la tecnología, que son las fuerzas dominantes de la historia. El capitalismo parecería incluso un “mal menor” en este contexto, y la lucha contra el sector capitalista avasallado resulta un tanto inútil.

Pero al centrarnos en la crítica de la renta digital, ¿no estamos pasando por alto lo que este régimen tiene en común con el capitalismo, la separación entgre el trabajo y la mercancía y la centralidad de la extracción de valor? Desde este punto de vista, Varoufakis hace piruetas al hacer del tecno-feudalismo una nueva forma de dominación del capital, lo que le permite volver a los objetivos clásicos de la lucha anticapitalista.

El tecno-feudalismo parece más un nuevo modo de coordinar la producción que un nuevo modo de producción en sí mismo. En este caso, sin embargo, estaríamos más cerca de una forma de oligopolio que el propio sistema sería capaz de integrar y superar para preservar el núcleo del reactor del sistema: la dominación del capital.

Mantener el término capitalismo permitiría, por tanto, no hacerse ilusiones en una lucha parcial contra una faceta de un sistema y no contra su propio motor. De hecho, el libro de Varoufakis no profundiza mucho en que el tecno-feudalismo está cambiando profundamente en el mundo del trabajo.

Lo que queda es la idea de una deriva rentista en el capitalismo que, se piense lo que se piense del concepto de tecno-feudalismo, se basa en hechos evidentes. El poder creciente de las grandes empresas digitales está cambiando profundamente el funcionamiento de la economía, y es esencial integrar esta dimensión en las luchas sociales. En este sentido, el libro del exministro griego aporta elementos de reflexión y debates importantes.

Mediapart: Usted describe el advenimiento del “tecno-feudalismo” como una consecuencia de la financiarización del capitalismo, que describió en El Minotauro global. ¿Cómo se organizó el cambio?

Yanis Varoufakis: Las heridas de la crisis de 2008 todavía no han cicatrizado. Nunca ha sido posible volver a la época anterior. Para volver a poner en pie el sistema financiero tras la crisis, los bancos centrales crearon enormes cantidades de dinero: nada menos que 35 billones de dólares. Al mismo tiempo, se impuso la austeridad en todas partes, lo que provocó una reducción de la demanda y la inversión. ¿Dónde invertir esos 35 billones de dólares? Los únicos capitalistas que invertían entonces eran las grandes empresas tecnológicas.

Los bancos centrales permitieron así la aparición de lo que yo llamo “capital nube” que, según mi hipótesis, es una forma nueva y tóxica de capital. Fuentes informadas de las grandes tecnológicas me han confirmado que la mitad del dinero para estas inversiones procedía de los bancos centrales.

No es nada sorprendente. El surgimiento del capitalismo a partir del feudalismo se organizó en países como el Reino Unido y Francia, donde había un Estado fuerte. Hoy son los bancos centrales, otro poder estatal, los que han hecho posible la transición al “tecno-feudalismo”.

Uno de los puntos centrales de su tesis es que el tecno-feudalismo ha sustituido al capitalismo. Pero si el capitalismo es el modo de producción en el que reina el capital, ¿en qué cambia la situación fundamentalmente el dominio del “capital nube”?

Tanto el capitalismo como el tecno-feudalismo están dominados por el capital, y se podría decir que el tecno-feudalismo es una forma de capitalismo. Pero yo veo una diferencia fundamental. En las definiciones generalmente aceptadas del capitalismo, derivadas en particular de Adam Smith, hay dos pilares centrales del capitalismo: el mercado y el beneficio. En el tecno-feudalismo, sin embargo, estos dos pilares son inoperantes.

El mercado es sustituido por plataformas centralizadas que se parecen más a un "Gosplan” privado [el Gosplan era la administración central que gestionaba el plan soviético -ndr] y los beneficios son sustituidos por las rentas que pagan los capitalistas clásicos para acceder a esas plataformas. El capital en nube es, por tanto, una mutación del capital, una forma diferente de capital que no produce medios de producción, pero que domina la producción.

Podría haber llamado a este sistema “capitalismo en nube”, y habría sido correcto, pero creo que debemos centrarnos en el hecho de que esta organización es radicalmente diferente. A principios del siglo XIX, habría sido justo hablar de “feudalismo industrial” o “feudalismo de mercado”, pero cuando acuñamos el término “capitalismo”, nos dimos cuenta de la nueva naturaleza de lo que se ponía en marcha.

¿No hay mercado realmente en el tecno-feudalismo? Parece que varios actores compiten por repartirse los mercados.

No se trata de competencia, sino de rivalidad. La rivalidad existía entre los señores feudales. Algunos desaparecieron pero otros prosperaron absorbiendo a sus rivales. El sistema feudal no era estático.

En el caso que nos ocupa, si tomamos como ejemplo Instagram y TikTok, vemos que no hay mercados competitivos. Uno no se va al otro porque esté decepcionado. Competencia significa poder cambiar de proveedor de servicios sin coste alguno. Aquí hay un coste no monetario. Tengo un millón de seguidores en Twitter y un centenar en Bluesky: la existencia de Bluesky no permite ofrecer una alternativa al uso de Twitter. Es verdad que es posible escapar a esa hegemonía a título personal, pero la lógica general es la de la captura.

Usted cree que la renta ha sustituido al beneficio como motor del sistema, pero como las grandes empresas tecnológicas siguen dependiendo de la producción capitalista tradicional, ¿no sigue siendo central la producción de valor y, por tanto, el beneficio?

Evidentemente, el beneficio no ha desaparecido. Simplemente, ahora está dominado por la renta. Pero no hay duda de que la producción de plusvalía sigue siendo una parte importante del sistema. Sin embargo, hay un nuevo elemento, y es el “trabajo gratuito” realizado por los usuarios de la plataforma que alimentan los algoritmos, que no produce valor como tal, pero que los tecno-capitalistas utilizan para mejorar sus algoritmos y capturar más plusvalía a través de la renta.

¿Significa eso entonces que en el tecno-feudalismo siguen siendo relevantes  las contradicciones inherentes a la producción de valor en el capitalismo ?

Sí, pero porque esas contradicciones son específicas del capital, que es a la vez una mercancía y una relación social, no del capitalismo. En el tecno-feudalismo, esa contradicción no sólo persiste, sino que es aún más prevalente.

Entonces, ¿el crecimiento es una necesidad para el tecno-feudalismo?

En efecto, el tecno-feudalismo necesita el crecimiento del sector capitalista tradicional para mantener el pago de rentas al “capital en la nube”. Por eso este sistema es mucho más inestable que el capitalismo tradicional.

¿La dependencia del tecno-feudalismo del sector capitalista tradicional no lleva a cuestionar la idea de que se trata de un nuevo modo de producción?

No, porque, por ejemplo, el capitalismo ha coexistido mucho tiempo con un sector feudal persistente que se manifiesta en las rentas financieras o inmobiliarias. Del mismo modo, los tecno-feudales necesitan al sector capitalista, pero lo dominan. Están en el centro del sistema.

Usted intenta extraer las consecuencias políticas de este nuevo régimen. Una de las consecuencias importantes, en su opinión, es la imposibilidad ya de políticas socialdemócratas...

La socialdemocracia fue un intento de sentarse alrededor de una mesa para ver qué se podía mejorar del capitalismo, cómo se podía redistribuir el valor y cómo se podía regular. Ahora todo eso parece imposible. ¿Cómo podemos reunir a Elon Musk y a los trabajadores en una mesa de negociación? ¿Cómo podemos regular este sistema globalizado de rentas? En realidad, la socialdemocracia sólo fue válida durante un breve periodo en la inmediata posguerra, y ya no es relevante.

Me parece que el tecno-feudalismo debería llevarnos de nuevo a la cuestión de la propiedad. ¿Por qué Uber o Airbnb poseen datos cuyo uso tiene un coste social y medioambiental? ¿Por qué no podemos imaginar algoritmos públicos gestionados por los ciudadanos y destinados a maximizar el bienestar de la comunidad? La solución es siempre la misma: democracia en el centro de trabajo.

Traducción de Miguel López