El Ingreso Mínimo, otro dato contra los bulos sobre migrantes: solo un 17% de los receptores son extranjeros

Dos mujeres durante una concentración en defensa de ‘un ingreso mínimo vital digno’ en Madrid.

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha llegado en septiembre a 776.924 hogares en los que viven 2.3 millones de personas, según la última estadística publicada este martes por el Instituto de la Seguridad Social. De este conjunto solo 136.135 son hogares con nacionalidad extranjera, lo que supone un 17% del total, frente al 83% de nacionales. El perfil de quienes lo reciben es, además, eminentemente femenino: el 67,8% (527.042) de las titulares son mujeres y en cuanto a la protección que brinda, hay 1,2 millones de personas bajo este paraguas. El IMV es una prestación básica que cubre necesidades mínimas y asciende de media a 514 euros al mes por hogar.

Este mecanismo de subsistencia, que muchas veces se combina con otras ayudas como el Complemento de Ayuda para la infancia, ha sido objeto de polémica después de que el Partido Popular, acercándose a la posición de VOX señalase la pasada semana que el Ingreso Mínimo Vital no puede convertirse en un "medio de vida" para los migrantes. El líder popular, Alberto Núñez Feijóo señalaba que había personas que podían entrar "ilegalmente y sin voluntad de trabajar" y acabar pidiendo prestaciones como el IMV. Aunque lo cierto es que, por un lado, esa prestación es compatible con el empleo, por lo que percibir esta ayuda no es sinónimo de no trabajar. Por otro, el diseño de las condiciones para adquirirla requiere, entre otras cosas, que quien la pide haya residido legalmente en España durante al menos un año y se encuentre empadronado. Además, hay que estar inscrito como demandante de empleo y acreditar ingresos que no superen el umbral de pobreza. 

En el detalle de los datos, el ministerio recoge que desde su puesta en macha el ingreso ha dado servicio a casi 3,3 millones de personas que han pasado por esta cobertura en algún momento, de ellas, 1,4 millones fueron niños o adolescentes.

Pero esta prestación, que se aprobó en 2020 como una medida para atajar el riesgo de pobreza y la exclusión social no es tan laxa en su aprobación como pretenden hacer parecer algunos discursos. De hecho, un informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) advertía en julio que un 55% de potenciales beneficiarios se quedaba fuera, bien por dificultades a la hora de tramitarla o porque un cambio en sus circunstancias les lleva a perderla. “Prestaciones extinguidas por el nacimiento de un bebé en la familia, por traer a la casa familiar a la abuela, por emancipación de un hijo…”, denuncia la ONG Cuarto Mundo, que ha presentado una reclamación ante Comité Europeo de Derechos Sociales del Consejo de Europa denunciando estas dificultades.

El IMV se reformó para hacerlo compatible con un contrato de trabajo, ya que antes, poseer un contrato, aunque fuese con una nómina mínima, llevaba a la pérdida total de la ayuda. Además, en enero de 2023 entró en vigor el incentivo al empleo, un mecanismo que no mengua el importe de la prestación si los ingresos laborales son inferiores al 60% de la renta garantizada para la unidad de convivencia. Hasta entonces, la ayuda disminuía o desaparecía, aunque los beneficiarios no tuvieran ingresos suficientes para vivir.

Un respaldo contra la precariedad

La vulnerabilidad aumenta cuando las posibilidades de elegir son mínimas. En el caso de los trabajadores migrantes, un estudio publicado recientemente en la revista Nature advertía que en España cobraban de media un 29% menos que las personas nacidas en el país. Una brecha mucho más significativa que en países del entorno como Alemania, Noruega o Francia, que se mueven en diferencias del 19% al 20%, Dinamarca tiene un 9% o Suecia un 7%. La razón es que los trabajos a los que acceden los recién llegados suelen tener peores condiciones, ser temporales o a tiempo parcial. En el análisis que AIReF hace del ingreso mínimo, pese a que detecta posibles beneficiarios que se quedan fuera, resaltan el papel de esta ayuda como protección contra la precariedad y los abusos del mercado. De hecho, sostiene que quienes la perciben aumentan en un 3% la posibilidad de tener un empleo indefinido e indica que permite a los beneficiarios rechazar empleos precarios o poder negociar mejor sus condiciones.

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La importancia de los trabajadores extranjeros en el mercado laboral ha ido ganando peso en los últimos años, como se puede ver en el gráfico. Hasta septiembre de 2025, último dato disponible en la serie del ministerio, sobre un total de 21,7 millones de afiliados, 3 millones eran extranjeros.

En determinados sectores, de hecho, su papel es clave. Según los datos elaborados por el Ministerio, a lo largo de los últimos siete años los sectores en los que más suelen trabajar quienes llegan a España son la construcción, las actividades de transporte o almacenamiento, la hostelería, las actividades administrativas y la agricultura y ganadería. Y de hecho, en algunas comunidades donde el peso de estas actividades es mayoritario en la distribución de la oferta laboral, su papel es clave. Así, el peso de este colectivo alcanza un 21,8% en Baleares, un 17,6% en Cataluña, ronda el 16% en Melilla, Murcia y Madrid, supone más de un 15% en Aragón y Valencia; en Canarias y La Rioja se mueve en un 14%.

Los discursos antiiminigración tienden a poner el foco en un presunto abuso de las ayudas, pero obvian las contribuciones de quienes aportan al sistema. Otro ejemplo es la idea lanzada por el Partido Popular de crear un visado de puntos y a la carta para migrantes. Este documento prioriza a latinos frente a africanos por considerar que tienen una "cultura próxima" a la española, algo que, según ellos, le da una "mayor capacidad de integración". Una iniciativa esta que desde el PP afirman que está "por concretar". Lo llamativo, es que si revisamos los datos de afiliación extranjera, en septiembre fueron Marruecos y Rumanía las nacionalidades que más trabajadores afiliados tenían en el mercado laboral español en septiembre.

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