El Ingreso Mínimo Vital, una prestación que tropieza en la burocracia y en la coordinación con el empleo

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) llegó en junio de este año a 2,5 millones de personas que componen 736.867 hogares vulnerables, según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Esta prestación, que se concretó en 2020 como una medida para atajar el riesgo de pobreza y la exclusión social, aporta, de media, 522 euros mensuales a los hogares que la disfrutan. Sin embargo, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) advierte que un 55% de potenciales beneficiarios se quedan fuera. En su actualización, el organismo que dirige Cristina Herrero concluyó que esa cifra asciende al 75% en el caso del Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI). Sobre esto, fuentes de Vivienda señalan que más de un 40% de estos potenciales beneficiarios tendrían otros ingresos, como la prestación por desempleo. “Esto puede derivar en una menor motivación para solicitar el IMV o en que consideren que no son elegibles”, concluyen.

El IMV trata de atajar, principalmente, las tasas de pobreza infantil, pero los datos apuntan a que el alcance de la prestación no es suficiente. De hecho, el Comité Europeo de Derechos Sociales del Consejo de Europa aceptó recientemente una denuncia, propuesta por varios colectivos sociales, que pone en cuestión la regulación por la que se orienta, debido a las dificultades que encuentran los ciudadanos para solicitarla.

En concreto, la ONG ATD Cuarto Mundo, que encabeza la denuncia, pedía corregir algunos puntos que, en su opinión, vulneran la Carta Social Europea. Entre ellos está la compatibilidad con las rentas autonómicas para evitar tener que devolver cobros indebidos —un problema que ha afectado a muchos beneficiarios— o rentas procedentes del trabajo. También expone la necesidad de corregir unas condiciones que excluyen a una parte de la población necesitada (por cuestiones de residencia o de edad) y la disparidad de criterios entre autonomías con respecto a otras prestaciones que vienen de las comunidades.

El informe presentado por AIReF, incluye por primera vez la forma en que esta prestación interactúa con el mercado laboral y señalan que el IMV disminuye la probabilidad de trabajar en tres puntos porcentuales. Esta prestación es compatible con un contrato de trabajo y en enero de 2023 entró en vigor el incentivo al empleo, un mecanismo que no reduce el importe de la ayuda si los ingresos laborales son inferiores al 60% de la renta garantizada para la unidad de convivencia. Hasta entonces, la ayuda disminuía o desaparecía, aunque los beneficiarios no tuvieran ingresos suficientes para vivir. Sin embargo, para muchas familias esto termina siendo una madeja burocrática: “Prestaciones extinguidas por el nacimiento de un bebé en la familia, por traer a la casa familiar a la abuela, por emancipación de un hijo…”, denuncia la ONG Cuarto Mundo.

Sobre esta integración de las ayudas con el empleo, fuentes del ministerio señalan que “la evaluación del incentivo al empleo es temprana” y que “sería conveniente esperar a contar con más datos, a que el mecanismo esté más consolidado y sea más conocido por los beneficiarios”, concluyen. 

En relación con el proceso que el Comité Europeo de Derechos Sociales ha abierto a España, el Gobierno tiene hasta el 14 de agosto para presentar sus alegaciones por escrito. Pero precisamente una de las medidas que han motivado la demanda tiene que ver con la compatibilidad de la prestación con un contrato laboral, aun en casos donde persista la situación de vulnerabilidad a pesar de tener un sueldo. La ONG también recalca que el proceso de concesión es largo, que las legislaciones autonómica y nacional se solapan o que la forma de corregir los pagos indebidos es inadecuada.

El Defensor del Pueblo pide al Gobierno limitar la obligación de devolver el IMV a hogares sin recursos

Ver más

Otro de los puntos que toca la AIReF es crear un procedimiento automático para que el Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI) llegue a los hogares potenciales desde el momento del nacimiento de los menores, es decir, sin que tengan que pasar por el largo proceso de solicitud. En este punto, desde Seguridad Social señalan que las peticiones de ayuda siempre deben ser mediadas por una solicitud del interesado y que carecen de información para actuar de oficio.

El ministerio ve avances

Desde el Gobierno asumen parte de las críticas. “Compartimos el objetivo de seguir avanzando hacia un mayor automatismo que minimice los trámites que tienen que hacer los ciudadanos”, señalan desde Seguridad Social. Aunque mantienen que el alcance de la ayuda se ha ido ampliando. “Las tasas de cobertura suben del 36% hasta el 42% en el IMV y del 19% al 23% en el CAPI” y concluyen señalando que el tiempo de espera “se ha reducido en 45 días desde 2023”, si bien se mantiene en torno a los seis meses.

También la Autoridad Fiscal ha destacado algunos puntos positivos en el IMV. Por un lado, apuntó que aumenta en un 3% la posibilidad de tener un empleo indefinido y ayuda a que los ciudadanos acepten menos empleos precarios. Además, favorece los procesos de formación que repercuten después en la calidad del empleo que las personas pueden conseguir. Pese a esto, Herrero insistió en la necesidad de reformar esta prestación, un análisis en el que coincide con las organizaciones sociales.