Garamendi casi se echa a llorar otra vez esta semana. “Los ciudadanos están perplejos con lo que están viendo”, ha dicho el presidente de la CEOE con dramatismo, convertido al parecer en portavoz de la ciudadanía. ¿Cómo ha pasado este señor de representar a los empresarios a arrogarse la representación de los españoles en general? Escuchamos tantas bobadas al día que ya ni nos extraña que un empleado del poder económico se ponga al frente de la manifestación. 

“Quedan solo unos meses para que haya elecciones internas. Existe una corriente de malestar contra Garamendi dentro de determinados sectores de la CEOE, porque se le considera muy blando y demasiado pactista. A eso se deben sus declaraciones tan beligerantes de esta semana. Las aguas bajan turbias y podría estar armándose otra candidatura. Si él no es capaz de presentar una candidatura potente, esa posibilidad está encima de la mesa”, dice una fuente próxima a la patronal. Misterio resuelto, al pobre Garamendi le están presionando.

Si hay algo que destacar del presidente de la CEOE es que es un ser humano sensible. Hay que ver cómo lloró cuando sus amigotes de derechas dudaron de su integridad ideológica. Hace justo tres años, le preguntaron en una entrevista por los indultos y respondió: “Si esto acaba en que las cosas se normalicen, pues bienvenido sea”. Lo pasó mal y no se contuvo a la hora de mostrar sus sentimientos cuando en una asamblea de la patronal los suyos le aplaudieron. Qué momento tan enternecedor. Quienes le acusan de machirulo por su beligerancia hacia la ministra de Trabajo deberían tener presente que sus lágrimas fueron una demostración de su interés por romper con la masculinidad tóxica. 

Tiene una profesión muy estresante. Los más de 400.000 euros que se embolsa al año no son gratis, se le exige sudar la camiseta como a los trabajadores a los que niega 37 euros de subida del salario mínimo en 2026. Da igual que gane 23 veces el SMI, como apuntó Yolanda Díaz, a la que ataca constantemente por defender los derechos más básicos; él también está al servicio de sus empleadores. En el fondo debe de ser un buen hombre. Lo que pasa es que se han vuelto a malinterpretar sus palabras, como con los indultos. Con lo de la ‘perplejidad’ se debía de referir a que la gente está flipando con que las empresas del IBEX nunca habían ganado tanto dinero como en 2025, obteniendo beneficios inéditos mientras los sueldos de la plebe no se corresponden con la riqueza que han contribuido a crear. 

Cuando el presidente de la CEOE dice “levantemos las alfombras, porque los casos de corrupción son increíbles”, debe de estar pensando en los 4,4 millones de euros que ha percibido el novio de Ayuso de Quirón. Por supuesto, urge depurar responsabilidades. ¿Cuándo se ha visto que un grupo sanitario privado que percibe 1.000 millones anuales de la Comunidad de Madrid riegue de dinero a la pareja de una presidenta? Y eso que el caso avanza a paso de tortuga mientras las causas contra el entorno de Sánchez alcanzan velocidad de crucero. Estamos contigo, Garamendi, no se puede consentir. Qué despropósito. Para que luego alguien pueda pensar que no se la juega para que se haga justicia en este país. Sobre todo teniendo en cuenta que dentro de cinco meses hay elecciones en la patronal. Pero así es él, va a por todas. Como dice el líder espiritual de la derecha: "El que pueda hacer, que haga". 

Ya que estamos en época de limpieza general, sería ideal levantar de paso las alfombras de la CEOE. Conviene tener todo impoluto para noviembre, no vaya a presentarse una alternativa, como sucedió en las anteriores elecciones con la vicepresidenta de la patronal catalana, que en lugar de querer presionar a Garamendi, vaya dispuesta de verdad a arrebatarle el sueldazo. Y eso no, que si ganan PP-Vox las próximas elecciones, tiene que poder colgarse la medalla de recuperar la reforma laboral de Rajoy de 2012, en la que se desmanteló la negociación colectiva y se abarató el despido. Hay que evitar a toda costa que llore otra vez.

El 21 de mayo terminó su último examen de primero de carrera. Estudia Matemáticas y ha logrado sacarlo todo, con buena nota incluso. Sabe que pagar su carrera es un esfuerzo doble para sus padres: no sólo es la matrícula, hay que sufragar la residencia, los gastos mensuales, el transporte, comer... Gastos que le permiten vivir sin grandes excesos, no es de los que se pueden permitir escapadas de fines de semana. Así que ha decidido que este verano va a trabajar: ya que no tiene que estudiar para ninguna recuperación, va a hacer su “hucha” para el año que viene.

Esta historia, real, de un chaval a punto de cumplir los 19 años, desmonta todos esos lugares comunes que han creado en torno a una generación que insisten en llamarla de cristal. Chicos y chicas a los que hemos dejado pocas posibilidades para poder creer que vivirán mejor que nosotros. Una generación que no acepta nuestros mismos códigos, nuestros mismos objetivos porque han visto que a nosotros nos ha funcionado de aquella manera. Una generación que denostamos porque no tienen las mismas prioridades que teníamos nosotros a su edad, pero es que tampoco pueden tenerlas: comprarse una casa es una quimera; independizarse suena a trampa; y ahorrar es algo que pasa muy pocos meses.

Pero es más fácil llamarles memos blanditos, como ha hecho esta semana el presidente de los empresarios manchegos. Se burlaba de su poco aguante, de que, ahora, se cogían bajas porque les había dejado la novia. Como si con eso demostraran ser poco, ¿qué?, ¿hombres? Como si priorizar su estado anímico les restara valía. Los duelos hay que comérselos, hombre. Los duelos los sufres en tu casa, en tu cuarto, a oscuras, escondido, para que nadie te vea. En la oficina, en el trabajo, pones buena cara, desconectas tu corazón y tu mente y pones el piloto automático para seguir con lo que tienes que hacer. Suena todo tan de otra época que agota...

Justo ahora que las empresas y grandes corporaciones buscan lo que se llama soft skills, aquellas habilidades que hablan más de la empatía de esa persona, de su capacidad para trabajar en equipo, de encontrar los mejores roles para cada proyecto, de entender que no es cuestión de conseguir buenos números sino de apostar y crear un propósito que haga a las empresas y a los negocios más globales, más humanos. Justo ahora, este señor se carga todo eso con dos frases y, lo peor, pone a toda una generación en la picota, volviendo a tirar de tópicos injustos. Muy injustos.

Tengo a muchos chicos y chicas de esa generación cerca. Que están peleando, a pesar de que lo tienen todo en contra por conseguir un futuro que se ajuste a su formación y a sus expectativas, las suyas, no las nuestras. Que tienen sus propias prioridades, entre ellas, la principal, ser felices. Con lo que tienen y con lo que hacen. Y que, en eso, nos están dando una lección. ¿A cuántos amigos, vecinos, gente de su edad escucha constantemente quejarse de que no tiene tiempo, de que vive estresado, cansado? Hemos normalizado un ritmo de vida y de estrés que no es sano. Y ellos, esa generación joven, tiene la valentía de poner por delante su bienestar emocional a todo lo demás. Si se tiene que coger una baja, señoro, sepa que luego volverá más centrado, más feliz, más seguro para poder afrontar las tareas que quiera encargarle. Igual debería de darle una pensadita a esa frase.

El poder económico catalán baila en círculos, como la sardana. Si se equivoca uno, afecta a todos. Un mensaje de cohesión y pertenencia, más que jerarquía. O eso se pretendía. Pero, esa danza donde se pone el interés colectivo en el centro se ha descompasado en los últimos años, y meses, debido a las turbulencias en las grandes empresas familiares, senyera económica y también social del país. Cuatro de las cinco mayores dinastías han atravesado culebrones familiares, escándalos o polémicas operaciones fallidas, mientras que otras muchas se han vendido al capital global. 

Ni Salvador Illa ni la presidenta del Cercle d'Economia, María Teresa García-Milà, se acordaron de esas grandes fortunas en la reunión anual de la élite empresarial catalana. Sí pusieron de manifiesto las fricciones de ese círculo con el socialismo catalán, arrastradas desde febrero, por temas como la regularización migratoria o la intervención de alquileres. De la retahíla de reproches de la presidenta del Cercle, que llegó a sostener que la política de vivienda avanza en la "dirección equivocada", a la respuesta, a ratos irónica, del jefe de la Generalitat. Todo para abrir boca a la principal cita económica en Cataluña, que mira más hacia China, Estados Unidos y Europa —o como echar mano al recién horneado pastel de la industria armamentística— que a Osona o El Penedès. De hecho, ninguna de las grandes familias de la terra figura entre las ponencias.

Tal vez haya quedado obsoleto aquel dicho del fundador de Planeta, José Manuel Lara, de que "los empresarios catalanes prefieren tener una tienda en el Paseo de Gracia que el 10% de El Corte Inglés, pero es mucho más importante tener el 10% de El Corte Inglés". Pues un par de generaciones después, a esa burguesía barcelonesa ya no le preocupa tanto la marca o el prestigio, sino sobrevivir a cualquier precio.

A comienzos de 2024 el fondo especulador Gothman City acusó a Grifols de manipular sus cuentas para maquillar un endeudamiento histórico y el valor de la farmacéutica catalana en bolsa sufrió un desplome del que todavía no se ha recuperado. A finales de ese año moría despeñado Isak Andic, el patriarca de Mango, que lograba torear el impacto por la pérdida gracias a un consejo de administración internacionalizado y preparado para ese relevo. Pero, las recientes acusaciones de asesinato contra el hijo, Jonathan Andic, han puesto en jaque la reputación del emporio. Y en medio de ese revuelo, se anunció que Puig cancelaba su fusión con la multinacional Estée Lauder, después de meses de negociaciones que, al truncarse, provocaron el batacazo del gigantes catalán de los cosméticos.

En 2023, la familia Rubiralta perdía Celsa por la decisión de un juez de aprobar un plan de reestructuración que entregaba la compañía acerera a un fondo acreedor tras años de agujero millonario. Meses después, un juzgado mercantil sancionaba a Francesc Rubiralta por retribuciones excesivas. Tal vez se salvan del ocaso las Daurella, encabezadas por Sol, dueñas de Cobega, la mayor embotelladora de Coca-Cola del mundo, aún y con alguna imputación a sus espaldas en 2018. Ese año precisamente los desencuentros por el reparto de dividendos entre Joan y Josep, los hermanos Font propietarios de Bon Preu, casi hace pedazos a la cadena de supermercados.

"Los problemas y disputas de sucesión han sido una de las causas para la venta de empresas familiares catalanas, pero también la necesidad de internacionalización para la inyección de inversiones y competitividad", señala el investigador de la Universitat Pompeu Fabra, Andrei Boar, que destaca que "pese a los recientes golpes, se han mantenido a flote gracias a una sólida gobernanza de sus consejos de administración por encima de las personas". Sin embargo, el economista agrega que "el valle" que atraviesa la empresa catalana se debe a que "está sumida en una burocracia y legislación, que hace que sea más rentable venderla".

Ante esos desafíos, numerosos linajes catalanes han vendido sus empresas para vivir de sus activos e inversiones, como Manuel Lao con Cirsa (Nortia Capital), Alberto Palatchi con Pronovias (Galma Capital) o Ricardo Portabella con Grupo Anpora. Completan esa lista compañías emblemáticas como Abertis, Codorniu, Freixenet, FresCo, Ausonia o Palet. A la lista se sumó Mediapro en 2023, cuando un fondo chino apartó a Jaume Roures, fundador y socio gestor del conglomerado mediático. Tras su salida la nueva dirección despidió a 189 trabajadores.

"Son pocas las grandes empresas familiares catalanas, pero son referencia para las pymes, porque abren camino y estandarizan. Cataluña es una tierra con vocación comercial. No son sólo empresas, nos define como sociedad", indica a infoLibre la economista, Isabel Nogueroles, autora del libro El Poder del círculo en la empresa familiar. Nueve de cada diez empresas catalanas son familiares y generan el 70% de la riqueza, según datos de Ascef, que revelan el peso de este tipo de negocios en Cataluña respecto al resto del Estado. Los grandes linajes aportan el 5% del PIB catalán, crean mucho empleo y, sobre todo, "identidad". "Es más que un modelo económico, es un modelo social. Tienen mucho arraigo en el territorio, son un componente de desarrollo y un espacio de movilidad social", señala la analista sobre un gen catalán en mutación. Sus consecuencias ya se han empezado a notar, como indicaba García-Milà en el Cercle: "Cataluña ha crecido en los últimos años, pero con un modelo extensivo que ha supuesto más ocupación, pero menos productividad y salarios estancados".

Si el 55% del empresariado español (en Cataluña las cifras serán similares) tiene más de 60 años, en una década el ocaso actual será ya noche cerrada. Y todavía no hay ni tenoras ni tibles, ni en Cataluña ni en España, que salven esta sardana. "Políticamente se mira cada vez más a corto plazo, no hay una estrategia pública de país y esa miopía ahondará la crisis de la empresa familiar", considera Nogueroles. Una advertencia lanzada ya en 2021 por el Cercle d'Economia. "Denunciamos que hoy ni Barcelona ni Cataluña disponen de un modelo de prosperidad compartido y que cuente con la complicidad de todos los agentes. Por lo tanto, nuestro capital y nuestro país están arriesgando el futuro de todos: podemos quedar atrapados en una espiral de irrelevancia económica, de lenta pero inexorable decadencia", soltaban en un comunicado especialmente duro para una entidad empresarial guiada por la corrección política. 

Ese grito de auxilio se suma a los constantes reclamos de Foment del Treball, la principal patronal, presidida por Josep Sánchez Llibre, el lobista a cargo del regreso de las compañías tras la fuga por el procés. Pese a que algunas corporaciones como Sabadell y Criteria han vuelto a instalar su sede social en Cataluña, y pese a cierto dinamismo económico, todavía falta mucha diáspora por volver, sobre todo entre las pequeñas y medianas compañías que siguen sin encontrar incentivos en una de las comunidades con peor fiscalidad para el empresariado.

Ese fue uno de los reclamos que a mediados de año le hizo el empresariado catalán al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en otro círculo, el del Cercle Financer de La Caixa, antes de recibir a "aquel niño de Badajoz" como "el mejor interlocutor posible". Por la plaza del Cercle d'Economia danzarán el rey, Sánchez, Feijoó... y la cobla seguirá tocando para que cualquiera abandone o se una al círculo, pero siempre sin romper el ritmo.

El Partido Popular ha convertido cada declaración de Víctor de Aldama, el empresario, conseguidor y confidente de la Fiscalía en el caso Mascarillas, en munición política contra el Gobierno de Pedro Sánchez pese a que Aldama no ha aportado pruebas de muchas de sus acusaciones, entre ellas que Sánchez es el número uno de la trama. Un argumento que trata de explotar el principal partido de la oposición, que ha llegado a proponeral presidente del Gobierno que se querelle contra el empresario para probar su propia inocencia.

Aldama se ha presentado durante los últimos meses como un mero peón de la trama pese a haber cobrado 6,6 millones “en concepto de comisiones” por esas adjudicaciones y ser el “jefe real” –según el teniente coronel Antonio Balas, investigador jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil– de este caso de corrupción.  Según el informe de los investigadores, el comisionista y presunto conseguidor de la trama era el actor privado que conectaba los negocios con el poder político

Aunque en Génova dudan, en privado, de muchas de las acusaciones que ha lanzado tanto en platós de televisión como en el propio juicio, el partido de Alberto Núñez Feijóo ha asumido como verdaderas esas acusaciones sin pruebas y, al formar parte de la acusación popular, ha rebajado la petición de pena para él de forma que ninguno de los delitos por los que solicita condena supera los dos años de prisión. Si esta rebaja se aplicara, Aldama podría librarse de entrar en la cárcel. 

El jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha llegado a decir que sería "posible" apreciar en este caso la atenuante "muy cualificada" por la colaboración de Aldama, que implicaría una rebaja de pena mayor que la que Anticorrupción –es decir, él mismo–, solicita en su escrito final de conclusiones. Actualmente la Fiscalía reclama siete años para Aldama, 24 para el exministro José Luis Ábalos y 19 años y medio para su exasesor Koldo García.

Desde el Gobierno han acusado al PP de tener una relación de connivencia con el empresario investigado que los conservadores niegan. A esto se le añade que Koldo García ha acusado al abogado del PP de haberle ofrecido un acuerdo a cambio de implicar a terceros. Los de Feijóo lo niegan —aunque en otras ocasiones sí han dado credibilidad al asesor de Ábalos—, pero lo cierto es que el mismo partido que se presenta como acusación implacable contra la corrupción no lo es tanto con los corruptores ni con las empresas que se beneficiaron o que aparecen señaladas en las diferentes piezas del sumario.

El núcleo empresarial del caso Mascarillas’ lo formaban Soluciones de Gestión, el entorno societario del Grupo Cueto y las sociedades de Aldama Deluxe Fortune y MTM 180 Capital. El PP, sin embargo, ha evitado dirigir cualquier tipo de responsabilidad hacia los corruptores y las compañías participantes, y su único objetivo ha sido el Gobierno y, esencialmente, Sánchez, pese a que el fiscal Luzón haya negado su implicación con rotundidad durante el procedimiento.

La indulgencia con Aldama no es una excepción, sino una suerte de patrón. En la pieza del caso Koldo que involucra a Acciona, la UCO ha atribuido a la compañía comportamientos "cuando menos cuestionables", y la ha situado como nexo empresarial en la presunta red de adjudicaciones amañadas vinculada a Koldo García, Ábalos y Santos Cerdán. Varios cargos y exdirectivos de Acciona han sido citados o investigados en esa pieza, y la Guardia Civil considera que Servinabar obtuvo buena parte de sus ingresos de obras con Acciona, presuntamente a cambio de un porcentaje de adjudicaciones. 

Pero la relación de esta gran contratista de obra pública con tangentes, mordidas y amaño de contratos no es nueva. Ocho empleados con distintos niveles en la jerarquía del grupo empresarial están procesados desde 2023 en el caso Acuamed, que ha instruido Manuel García Castellón, extitular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional. A diferencia del caso Koldo, los hechos del caso Acuamed tuvieron lugar en 2013, durante el Gobierno de Mariano Rajoy.

Otras empresas como Ferrovial, Sacyr, ACS, FCC u OHLA también han sido sancionadas por prácticas que alteraron las licitaciones durante décadas. Y otras, directamente condenadas, como Cofely y Waiter Music en Púnica, Emissao en Lezo, Becsa y CHM en la Gürtel valenciana. En algunos de esos casos, las Administraciones del PP han seguido contratando con empresas condenadas, vinculadas o señaladas en causas de corrupción, siempre con el argumento de que no estaban formalmente inhabilitadas.

Los conservadores prefieren presentar la corrupción como una cadena que termina en el Gobierno de Sánchez, no como un sistema en el que grandes contratistas privados obtienen beneficios, contratos o posiciones de ventaja mediante relaciones privilegiadas con el poder. Así, la corrupción parece que es cosa de políticos. Pero nunca de su propio partido, pese a las numerosas condenas que salpican a dirigentes de la formación conservadora.

Hay otros grandes grupos empresariales vinculados a las Administraciones públicas, como es el caso de Quirón, que no están condenados, pero sí aparecen en el centro de una pieza judicial incómoda para la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Es, precisamente, la que investiga los negocios de su pareja, Alberto González Amador, con Quirón Prevención por presunta corrupción en los negocios y administración desleal. 

A esta investigación se le suman las pesquisas del Tribunal de Cuentas sobre los contratos de la Comunidad de Madrid con Quirón y Ribera Salud. La reacción del PP fue vetar en la Asamblea la fiscalización de los contratos con el grupo sanitario, presentar el caso como un asunto privado de la pareja de Ayuso y acusar al PSOE de querer "empatar" con el caso Koldo.

Así, el Ejecutivo de Ayuso decidió en junio del año pasado, en plena investigación judicial sobre los negocios de la pareja de la presidenta regional y su conexión con un directivo de esta misma compañía, prorrogar otro año más el contrato para la realización de reconocimientos a los empleados públicos de la región. Unos trabajos con los que la firma de prevención de riesgos laborales se embolsará casi medio millón de euros hasta este verano. Hace solo unos días, la Comunidad de Madrid volvió a extender ese mismo contrato.

La relación entre González Amador y la filial del gigante sanitario parece ir más allá de la simple vinculación consultor-cliente. En el informe detallado de delito que elaboró en su día la Agencia Tributaria por el supuesto fraude fiscal "constan aportados unos correos electrónicos" donde el empresario, a quien el jefe de Gabinete de Isabel Díaz Ayuso guarda en su teléfono como "Alberto Quirón", lejos de actuar como "gerente o administrador" de la consultora Maxwell Cremona,slo hace como "Director de Proyectos" en nombre y por cuenta de Quirón Prevención.

Una de las empresas tecnológicas con mayor influencia política y estratégica en EEUU, Palantir, acaba de poner sobre la mesa su hoja de ruta en un manifiesto de 22 puntos en el que habla sin tapujos de lo que creen que debe ser el futuro: guerra tecnológica, militarización, poder duro, eliminación paulatina del Estado y defensa de la “cultura” occidental. Esto puede parecer una simple estrategia de marketing, pero Palantir tiene el poder suficiente para llevar sus ideas a la práctica.

Hace unos días, Palantir Technologies, la multinacional estadounidense de software especializada en análisis de macrodatos y la industria de la guerra, publicó en la red social X un mensaje que servía como carta de presentación del libro que publicó el CEO de su compañía, Alexander C. Karp, junto a Nicholas W. Zamiska, jefe de Asuntos Corporativos y asesor: The Technological Republic: Hard Power, Soft Belief, and the Future of the West (2025). 

Pero, ¿por qué debería preocuparnos lo que pueda escribir el CEO de Palantir en un libro? Esta no es una empresa de capital privado al uso. Palantir, el año pasado, facturó cerca de 4.500 millones de dólares y colabora codo con codo con el ejército de EEUU, la CIA, el ICE, la policía de Nueva York e incluso con países como Israel, Ucrania o Reino Unido, entre otros.

Palantir Technologies fue fundada en 2003 en Silicon Valley a raíz de los atentados del 11 de septiembre de 2001 contra las Torres Gemelas. Alexander Karp, un joven inversor en startups, se asoció con su excompañero de estudios Peter Thiel, miembro de la conocida “PayPal mafia” (junto a otras caras conocidas como Elon Musk o Reid Hoffman), para involucrarse en la gestión de la seguridad y la privacidad de EEUU a través de los datos.

Desde su lanzamiento, la compañía ha estado en constante colaboración con el Gobierno de EEUU. Desde la CIA, la NASA o el FBI hasta el Departamento de Defensa, el ICE o el CDC (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades). De hecho, la empresa ha estado siempre presente en los planes de la Casa Blanca: proveyó de software al ejército para las misiones militares de EEUU en Irak y Afganistán, colaboró con el Gobierno en el manejo y distribución de datos sanitarios en la pandemia de la COVID-19 y desarrolló tecnología para la identificación y deportación de migrantes durante las redadas del ICE. 

La de Palantir y el Gobierno de EEUU es una simbiosis perfecta. De hecho, el gran culpable del éxito de la compañía de software no es otro que Washington, quien ha regado a Palantir de contratos federales. El último, en febrero de este mismo año, por valor de 1.000 millones de dólares, firmado con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), para funciones que van desde el control migratorio hasta la “prevención del terrorismo”. En una carta abierta a los inversores de Palantir publicada el 2 de febrero, Karp reconoció que “el negocio comercial en EEUU está creciendo a un ritmo asombroso” tras generar 507 millones de dólares el anterior trimestre con un aumento del 137% respecto al del año anterior. 

Palantir provee distintas plataformas de software dedicadas a diferentes nichos de mercado: Foundry, por ejemplo, está dedicada a la gestión y análisis de datos, mientras que Gotham está hecha para el campo de batalla.

La multinacional de Silicon Valley ha estado y está involucrada también en los diferentes conflictos entre EEUU y Oriente Medio. En Irak o Afganistán, Gotham se ha utilizado para identificar redes terroristas, prever sus movimientos o desencadenar ataques dirigidos. Ucrania le ha servido también a su sistema de software como campo de pruebas para desarrollar más tecnología para la guerra. En enero de 2024, Palantir estableció una “asociación estratégica” con el Ministerio de Defensa israelí que se puso en marcha durante el genocidio en Gaza, como reconoció en un foro el propio Karp quien, cabe destacar, es de origen judío.

Ahora, durante el conflicto entre EEUU, Israel e Irán, Palantir está consiguiendo logros militares que hace años eran impensables. Solo en los cuatro primeros días de ofensiva, Estados Unidos aseguró haber alcanzado más de 2.000 objetivos en territorio iraní. En Siria fueron necesarios seis meses para alcanzar esa misma cifra.

“¡Si el Mal pudiera tuitear, esto es lo que diría!”, afirmó el profesor de Economía y exministro de Finanzas de Grecia, Yanis Varoufakis, en un mensaje respondiendo al manifiesto de Palantir. El post que publicó la compañía en X recoge extractos del libro de Karp en los que resume, no solo los planes de la propia empresa, sino el futuro de lo que algunos politólogos ya denominan “autoritarismo tecnológico”.

El texto enumera, en 22 puntos, una visión crítica hacia la deriva de Occidente y el papel que comienza a jugar la tecnología en el tablero geoestratégico. Para Palantir, Silicon Valley, tiene la “obligación moral” de priorizar la defensa nacional mediante el uso de “poder duro” y el desarrollo de una inteligencia artificial que se integre en el aparato estatal. 

El manifiesto sigue la ruta marcada por los discursos de extrema derecha como la remilitarización de Europa, la intolerancia hacia el pluralismo o el ultranacionalismo, pero con una derivada tecnológica que, según Darío García de Viedma, investigador del Real Instituto Elcano en el ámbito de política tecnológica y digital, refleja uno de sus papeles principales: “Proteger los intereses nacionales de EEUU y su posición dominante”.

“La lógica es que la posición dominante de Estados Unidos se apoya, en parte, en sus capacidades de software. Para evitar que China ponga en riesgo esa posición, busca mantener su liderazgo tecnológico en este ámbito”, explica a infoLibre García de Viedma. Cuenta, además, que el caso de Palantir es complejo debido a la opacidad con la que opera la compañía: “Es una empresa muy opaca, no solo por las restricciones derivadas de sus contratos con defensa, sino también porque esa opacidad protege su valor en bolsa”. 

En cuanto al manifiesto, el experto explica que “algunos elementos del texto pueden resultar chocantes”. Es curioso, comenta, que “su discurso mantiene la aversión por la diversidad, el supremacismo de la cultura estadounidense y el militarismo, pero desde el reconocimiento de la legitimidad del Estado”. 

Pero, ¿puede una democracia sostener un modelo donde actores privados controlan capacidades estratégicas? Para el investigador de Elcano “estas empresas actúan como uno de los principales brazos del posicionamiento de EEUU en el mundo. A través de ellas, se posiciona como líder, al menos entre sus aliados y en parte del Sur Global, gracias a la penetración de sus empresas de software y hardware”. 

“Washington sabe que sus empresas son necesarias para el funcionamiento de nuestra economía y nuestras instituciones, y puede utilizar esa dependencia en negociaciones comerciales o incluso en cuestiones de seguridad”, añade. 

El mensaje de Palantir levantó un gran revuelo en redes tras su publicación. Muchos argumentaron que el manifiesto se había convertido en uno de los textos ideológicos más relevantes de este siglo, otros, en cambio, le restaron importancia. “El manifiesto de Palantir es importante porque explicita por primera vez una doctrina política y tecnológica coherente desde los intereses de una empresa de software militar”, cuenta a infoLibre José Manuel Corrales, profesor de Economía, Empresa y Relaciones Internacionales en la Universidad Europea (UE). 

“Hay que recordar que Palantir es contratista estratégico en EEUU, Israel, Reino Unido y diversas agencias de seguridad y inmigración. Por tanto, no estamos ante una opinión abstracta, sino ante un una muy fundamentada en lo que es el complejo militar industrial de Estados Unidos y del mundo occidental”, explica Corrales. 

Pero, ¿cuál es el verdadero proyecto de Palantir? Corrales argumenta que “lo que emerge es un nuevo complejo tecno militar corporativo con empresas privadas diseñando infraestructuras clave de seguridad y estados convirtiéndose en clientes”. Y es precisamente por eso por lo que “nos debemos tomar muy en serio este manifiesto”, subraya. 

“Ya no es un plan secreto, sino que expresa claramente la ideología de una empresa con importante influencia real y que busca normalizar que las grandes tecnologías definan el futuro de la guerra, la seguridad y la política en el nuevo orden internacional”, concluye Corrales. 

El pasado sábado 11 de abril, los astronautas de Artemis II completaron con éxito el amerizaje en tierra de una misión que hizo historia al llevar al ser humano lo más lejos que se ha llegado jamás en el espacio. Un hito histórico que consolida el segundo paso del programa Artemis, que tiene como objetivo principal establecerse en la Luna y llegar a Marte. 

Los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch de la NASA, y el astronauta de la CSA (Agencia Espacial Canadiense) Jeremy Hansen, han logrado hacer historia al conseguir llegar al lado oculto de la Luna dejando atrás el récord establecido por Apolo13 en 1970. Esta nueva carrera espacial entre EEUU y China va en paralelo con otra: la que se está fraguando entre las oficinas de la Casa Blanca y Silicon Valley.

Para la misión Artemis II, la NASA ha contado con la inestimable ayuda de los grandes aliados financieros de Silicon Valley para la construcción de la estructura del cohete: el sistema de lanzamiento (SLS) encargado de enviar la nave espacial Orión a la órbita lunar corrió en su mayoría a cargo de la multinacional Boeing; el conglomerado Northrop Grumman, cuarto mayor contratista de defensa militar de los EEUU, se ha encargado de los propulsores de combustible sólidos (SRB) y, para la construcción de la nave espacial Orión que transportó a los astronautas, el contratista principal ha sido la multinacional de la industria aeroespacial y militar Lockheed Martin. 

Julio Gallegos, profesor en ingeniería aeroespacial en la Universidad Europea, cuenta a infoLibre que la NASA hace tiempo que dejó de hacer las cosas “por sí misma”, lo que le ha llevado a pasar a depender de empresas de capital privado: “Desde hace ya bastantes años en empezó a desligarse un poco de todos los subsistemas y pasó a convertirse en una administración”. “La NASA invirtió en la industria para que la industria fuera la que manejara la la carrera espacial”, comenta. Explica que esto se dio, sobre todo, “para reducir presupuesto”, aunque reconoce también que en este sector “hay empresas con mucho poder económico y político”.

La misión Artemis II no será la última. La NASA planea realizar hasta tres misiones más (Artemis III, IV y V) hasta lograr asentarse en la Luna y construir bases e infraestructuras en el territorio. Para esto, es necesaria una pieza fundamental: los nuevos sistemas de aterrizaje humano (HLS) que están desarrollando tanto SpaceX como Blue Origin. Es aquí donde entra en juego la otra carrera: la empresarial, con los dos grandes magnates tecnológicos estadounidenses, Elon Musk y Jeff Bezos, compitiendo por hacerse con los contratos de la NASA.

Jared Isaacman, administrador de la NASA, lo dejó claro en la rueda de prensa del evento ignition que tuvo lugar el pasado mes de marzo donde repasaba los planes de la organización: “La NASA tiene el compromiso de lograr (...) regresar a la Luna antes de que finalice el mandato del presidente Trump, construir una base lunar, establecer una presencia permanente y llevar a cabo las acciones necesarias para garantizar el liderazgo estadounidense en el espacio”.

Space Exploration Technologies Corporation, conocida como SpaceX, es la empresa de fabricación aeroespacial y de servicios de transporte espacial fundada por Elon Musk. Por su parte, Blue Origin, es la empresa de transporte aeroespacial de Jeff Bezos, también fundador de Amazon. Ambas tienen un objetivo: ser las que consigan llevar al ser humano a Marte.

“En 2019 la NASA comienza a volver a mirar al espacio”, cuenta Gallegos: “El objetivo que se impusieron era llegar a la Luna para, desde allí, lograr pisar Marte, lo que requiere crear una estación de repostaje en la Luna”, subraya. “Esto permitiría reabastecer de combustible las naves para llegar a Marte porque ir directamente desde la tierra sería imposible”, aunque reconoce que, pese a esto, “también hay intereses muy codiciados en la Luna”. 

Ni Musk ni Bezos querían quedarse sin su parte del suculento pastel que la NASA estaaba cocinando. El primero movió ficha en 2021 consiguiendo una licitación por valor de casi 3 mil millones de dólares por parte de la agencia espacial norteamericana para el desarrollo del módulo de aterrizaje lunar Starship HLS. En el concurso, se impuso a empresas como Blue Origin, que había unido fuerzas con otras grandes multinacionales como Northrop Grumman, Draper y Lockheed Martin o Dynetics, otra contratista de defensa.

Meses después de que SpaceX obtuviera el contrato, Blue Origin presentó una demanda ante el Tribunal de Reclamaciones Federales de EEUU sobre una adjudicación que consideraban “injusta” y que representaba un ejemplo de “favoritismo” ante su rival. Bezos, de nuevo, perdió la batalla y el Tribunal falló en favor de Musk, lo que supuso una consolidación de la fuerte relación entre el magnate norteamericano y la agencia espacial.

Dos años más tarde, la empresa de Bezos logró una gran victoria: consiguió un contrato de 3.400 millones de dólares de la NASA para liderar un equipo que desarrolle un módulo de alunizaje llamado 'Blue Moon'. El módulo se usará para transportar astronautas a la superficie lunar a partir de 2029, luego de un par de misiones con la tripulación de SpaceX de Elon Musk.

La estrecha relación de la NASA y Elon Musk se ha visto resquebrajada en estos últimos años hasta el punto en que, el pasado octubre de 2025, la agencia espacial reabrió el contrato que le había adjudicado a SpaceX por retrasos de la compañía. La NASA tenía prisa ante los avances chinos. Sean Duffy, secretario del Departamento de Transporte de la NASA, señaló que EEUU está en una “carrera espacial contra China” por eso, “la NASA está abriendo la producción de HLS a Blue Origin y otras grandes empresas estadounidenses”.

Musk respondió al anuncio de Duffy en su red social 'X': “Blue Origin nunca ha entregado una carga útil a la órbita, y menos aún a la Luna”. Además, el mensaje lo acompañó de un ‘meme’ homófobo en el que se leía “why are you gae(y)?”.

El plan de la NASA tiene como último objetivo llegar a Marte, pero para ello antes tiene que establecerse en la Luna. Según la Agencia Espacial, hay previstas tres misiones más. La siguiente, Artemis III, programada para 2027, tiene como objetivo poner a prueba uno o ambos módulos de aterrizaje comerciales de SpaceX y Blue Origin, realizando pruebas de acoplamiento en órbita terrestre baja. Es decir, sin subir al espacio.

Con Artemis IV, prevista para 2028, será cuando la NASA realice el primer alunizaje humano en la Luna desde 1972. Tras alcanzar la órbita lunar, la tripulación se trasladará de la cápsula Orión a un módulo lunar comercial para su descenso a la superficie de la Luna. Artemis V finalizará el programa a finales de 2028. En ella se realizará un segundo alunizaje, y será el comienzo de la construcción de una infraestructura de base lunar permanente.

Pero, ¿qué otros intereses puede tener EEUU y las distintas multinacionales en llegar a la Luna? Para Gallegos, “está claro que la tecnología es un negocio”. “SpaceX ha empezado a desarrollar sus cohetes gracias a sus contratos con la NASA, y ahora se ha convertido en una empresa que ofrece lanzamientos de satélites comerciales”, comenta. 

Otro de los posibles intereses en la colonización del Polo Sur lunar es el de la búsqueda de las conocidas “tierras raras”. “Es muy probable que la Luna tenga la misma estructura que la Tierra. Si eso acaba por confirmarse, llegar allí daría a EEUU una gran ventaja a la hora de tener un mayor acceso a sus recursos, ya que sería más fácil de minar, teniendo en cuenta que estarían más cerca de la corteza lunar”, subraya el experto. 

Pese a la ilusión que viene despertando el programa, el pasado viernes, la Oficina de Administración y Presupuesto de EEUU (OMB) presentó su solicitud de presupuesto discrecional para el ejercicio fiscal 2027 en la que se incluye un recorte de 5.600 millones de dólares para la NASA. Isaacman respalda esta rebaja presupuestaria que cancelará más de 40 misiones de baja prioridad y otorgará una nueva inyección de 8.500 millones de dólares para el programa Artemis. Un presupuesto que mantendrá firme el pulso entre Musk y Bezos por establecerse en la Luna.

Un juzgado de Madrid investigará por un delito fiscal de cerca de un millón de euros del IRPF al creador de la plataforma Madeira Invest, Álvaro Romillo, que entregó 100.000 euros al eurodiputado Luis Pérez "Alvise" y al que investiga la Audiencia Nacional por una estafa piramidal de 185 millones, según informa EFE. 

En un auto fechado el pasado 30 de marzo al que ha tenido acceso EFE, el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ordena la apertura de una pieza separada por fraude fiscal tras analizar un informe de la Agencia Tributaria que implica a Romillo en un fraude durante el año 2022.

El 15 de diciembre de 2025, Calama procesó a Romillo y a otras nueve personas por la presunta estafa de más 185 millones de euros a 3.062 inversores entre enero de 2023 y septiembre de 2024 a instancias de afectados por esta operativa, muchos de ellos representados por el bufete Zaballos Abogados.

En su auto de apertura de pieza separada, el magistrado explica que está "constatado" que en 2022 Romillo promociona en su página web mecanismos para la elusión de impuestos, tales como "poner bienes a nombre de familiares y amigos; ocultar la residencia fiscal en España, para evitar tributar; simular la residencia fiscal en otro país; utilizar, torticeramente, sociedades extranjeras; distraer ingresos para que no tributen, e inflar los gastos de una empresa". Al tiempo, añade el auto, Romillo siguió sus propias "estrategias" para consumar un fraude fiscal durante el ejercicio 2022.

A través de un "embrollo societario", Romillo quiso opacar "los verdaderos ingresos generados por el que, en definitiva, era el único motor que daba origen a sus ingresos", que era su éxito en redes sociales.

En 2022 ingresó a través de sus numerosas sociedades cerca de 3 millones de euros, por lo que Hacienda le atribuye un delito de fraude fiscal del IRPF que ronda el millón de euros (906.919,31 euros), además de defraudar más de medio millón en concepto de IVA.

En paralelo, la Audiencia Nacional investiga el fraude piramidal ideado por Romillo, conocido como Criptospain, que ideó y puso en marcha una organización criminal estructurada y jerarquizada, de la que asumió la dirección y liderazgo, movido por "un ánimo de lucro ilícito". 

El objeto de esta organización criminal consistía en la apropiación sistemática de las cantidades recibidas por parte de terceros para supuestas inversiones que eran publicitadas valiéndose del portal digital Madeirainvest.com, que aparentaba ser una plataforma de inversión segura y rentable. 

A través de dicha web, se ofrecían productos financieros ficticios con la finalidad de atraer a potenciales inversores, entre los que figuraban relojes, vehículos, propiedades inmobiliarias, oro y otros metales preciosos.

Los inversores, confiados en la apariencia de legalidad y solvencia que transmitía la plataforma, en la que llegaban a asegurar rentabilidades mínimas del 20%, realizaron aportaciones económicas que fueron desviadas por los miembros de la organización a cuentas controladas por Romillo y sus colaboradores, sin que existiera actividad real de inversión.

De este modo, 3.062 inversores de Madeira Invest Club resultaron perjudicados, sufriendo pérdidas económicas derivadas de la conducta fraudulenta desplegada por Romillo y los demás miembros de la organización criminal y que han sido cuantificadas en 185.511.947,76 euros.

Calama investigará por un fraude fiscal de más de 88 millones en 2023 y 2024 a Álvaro Romillo. En un auto fechado el pasado 1 de abril al que ha tenido acceso EFE, el titular del juzgado central nº 4 amplía el procesamiento que decretó el pasado 15 de diciembre contra Romillo y otras nueve personas.

Ahora, Calama amplia la pieza separada por un presunto delito de blanqueo de capitales al encontrar "indicios racionales" de fraude del IRPF y del impuesto de patrimonio de 2023 y 2024. Mediante "la omisión de ingresos reales que reflejan su verdadera capacidad económica", Romillo habría defraudado 30.720.005,18 euros en 2023 y 49.117.091,37 euros en concepto de IRPF, así como 2.247.336,80 euros para el ejercicio 2023 y 6.068.774,76 euros para 2024 del impuesto de patrimonio.

En su auto, Calama mantiene a Romillo en prisión provisional, donde permanece desde el pasado 7 de noviembre, al haber detectado que el procesado se encuentra "en una privilegiada situación en orden a eludir la acción de la Justicia, pues dispone de una ingente cantidad económica con la que sufragar el acceso a medios ilícitos que le permitan abandonar el territorio nacional". 

Dicha organización criminal, destaca el auto, cuenta, "al menos, con 52 sociedades instrumentales, 106 cuentas bancarias, bienes inmuebles, vehículos y embarcaciones, repartidos en, al menos, en 15 jurisdicciones diferentes (Portugal, Bélgica, Lituania, Estonia, Bulgaria, Rumania, Malta, Reino Unido, Albania, Estados Unidos, República Dominicana, Malasia, Singapur, Hong Kong y Tailandia)". 

El presidente de Indra, Ángel Escribano ha dimitido como presidente de Indra, en el Consejo de Administración que se ha celebrado este miércoles pese a que había anunciado a su entorno que no tenía previsto renunciar al cargo y después semanas de especulaciones sobre su posible salida.

En sustitución, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), ha propuesto a Ángel Simón, un empresario de larga trayectoria y que ocupó el puesto de consejero delegado de Criteria Caixa.

En una carta que ha mandado a la CNMV este miércoles, Escribano se ha referido a los "acontecimientos de las últimas semanas", que le han generado un "desgaste personal" y una amenaza para los objetivos que considera "esenciales para el futuro de Indra y del sector".

"No puedo permitir que mi continuidad pueda interferir en la estabilidad de la compañía, en sus profesionales y en la confianza de sus inversores", ha apuntado el ya expresidente de Indra, que ha afirmado que, con esta renuncia, antepone el interés de la empresa al suyo propio.

El ya expresidente de Indra ha asegurado, en su carta, que siempre ha actuado desde la "lealtad", el "trabajo constante" y el "compromiso personal", plenamente convencido de la relevancia estratégica de Indra y de su papel esencial para situar al sector de la Defensa española en el lugar que le corresponde.

Además, ha agradecido "sinceramente" el apoyo que ha recibido del Consejo de Administración.

Indra ha puesto en marcha el proceso de sucesión en el cargo de presidente, según ha anunciado la tecnológica a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El Consejo de Administración ha dejado constancia de la valiosa contribución y liderazgo de Escribano durante su etapa como presidente ejecutivo.

La dimisión, se produce después de que los hermanos Ángel y Javier Escribano, propietarios de EM&E, renunciaran a la operación que se estaba negociando entre esta empresa e Indra y después de que la sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) les reclamara subsanar el conflicto de interés que existía en el proceso.

Tras esta petición, el presidente de EM&E envió una carta a los consejeros de Indra anunciándoles que renunciaban a la operación con Indra y el Consejo de Administración de Indra dio por finalizado el análisis que se realizaba a la operación.

El posible relevo del presidente de la compañía sobrevolaba antes del consejo de administración que se celebró el pasado 25 de marzo, de carácter ordinario, tras el cual se mantuvo en el cargo.

El 25 de marzo se celebraron dos consejos de administración, uno extraordinario, convocado para cerrar los flecos de la operación con EM&E, tras la carta de renuncia a la operación con Indra enviada por Javier Escribano a los miembros del Consejo, y otro ordinario, en el que no figuraba en el orden del día la renuncia del presidente, pero en el que podía ser que se planteara el asunto.

Al finalizar los consejos, no trascendió información alguna salvo que habían sido tensos y que Escribano no había sido relevado. Indra no informó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de asunto alguno.

Antes de comenzar el consejo, ya se conocía que SEPI no tenía previsto pedir su relevo.

Escribano tiene más de un 14% de Indra, mientras que la SEPI es el principal accionista con cerca del 30%. Como tercer accionista figura el fondo Amber, fundado por Joseph Oughourlian -presidente de Prisa-, y en cuarto por Sapa Placencia.

Hace poco más de diez días, Ángel Escribano dijo a su entorno que no tenía intención de abandonar el cargo que ocupa en la multinacional española, ya que consideraba que contaba con el respaldo en ese momento del consejo de administración de la compañía y de la junta, según informaron a EFE fuentes conocedoras de la situación.

Escribano opinaba además, según las fuentes, que su situación era distinta a la del presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, que fue relevado en el cargo en enero de 2025, después de que la SEPI le retirara el apoyo, ya que considera que él es el segundo accionista de referencia.

En el Consejo de Administración de Indra están sentados 15 consejeros, Ángel Escribano y el consejero delegado, José Vicente de los Mozos; un representante de EM&E, Javier Escribano; otro de Amber, Pablo Jiménez de Parga; uno de la empresa de defensa vasca Sapa, Jokin Aperribay; y tres de SEPI, Antonio Cuevas, Juan Moscoso y Miguel Sebastián.

A estos se suman siete independientes: Bernardo Villazán, Josep Oriol, Eva María Fernández, Aránzazu Díaz Lladó, Teresa Busto, Belén Amitrain y Virginia Arce.

La deserción de ministerios, medios y universidades de plataformas estigmatizadas ha dejado un vacío que hoy ocupan la desinformación y el extremismo. Frente a la dictadura del algoritmo y la lentitud del Estado, es hora de que la sociedad civil recupere el espacio digital. 

Imaginen una inmensa plaza donde cualquiera puede dirigirse a cientos de miles de personas sin filtros, sin que un algoritmo comercial decida en la sombra quién escucha qué. Una plaza donde es posible compartir conocimiento, organizar comunidades y llegar a audiencias que hace tiempo dieron la espalda a los medios tradicionales. Esa plaza existe. Se llama Telegram. 

Ahora imaginen que en esa misma plaza las instituciones que deberían vertebrar nuestra sociedad —ministerios, universidades, grandes editoriales científicas, medios de referencia— han decidido no aparecer. No porque carezcan de medios, sino porque tienen miedo. Temen que su logotipo quede asociado a un rincón de internet con fama de oscuro, donde ciertamente anidan la piratería, el extremismo y la desinformación. Al desertar para proteger su reputación, dejan el terreno libre para que otros lo colonicen. 

Esta deserción no es una hipótesis pesimista. Es una realidad que la ciencia ya está cuantificando. 

En un estudio reciente desde la Universidad de Granada analizamos la presencia de las principales editoriales académicas en Telegram. Los resultados son demoledores: el 78% de los canales que operan bajo el nombre de gigantes como Elsevier, Springer o Nature son fraudulentos. Suplantan logotipos para ganar credibilidad, ofrecen artículos pirateados y prometen publicaciones exprés a cambio de dinero. Lo más revelador: ninguna de las trece editoriales analizadas se había molestado en abrir un canal oficial verificado para proteger su identidad y a sus usuarios. El vacío institucional no es neutral; es una invitación.

Ese caso es solo el síntoma de una patología mayor. Una investigación en curso, que sistematiza centenares de estudios científicos publicados en la última década sobre esta plataforma, está trazando el mapa completo de lo que ocurre cuando el Estado y el rigor académico abandonan la red. Lo que emerge es lo que podríamos llamar el círculo vicioso del estigma: Telegram arrastra una justificada fama de refugio de lo ilícito; esa fama genera aversión en las organizaciones legítimas; su retirada produce un inmenso vacío; y ese vacío lo fagocitan desinformadores, estafadores y extremistas cuya actividad confirma, a su vez, el estigma inicial. Un bucle que se retroalimenta y que nadie parece dispuesto a romper. 

La pandemia nos dejó el ejemplo más nítido de ese fracaso. Mientras los ministerios de sanidad arrastraban los pies para abrir canales oficiales, los movimientos antivacunas ya habían tejido una red continental perfectamente engrasada para inocular el miedo. En el periodismo ocurre algo similar: mientras los grandes medios vuelcan sus titulares con desgana, verificadores independientes y reporteros en zonas de conflicto han comprendido que Telegram es la mejor infraestructura para llegar a unas audiencias exhaustas de la televisión convencional. 

¿Cuál es la respuesta? No puede venir exclusivamente del algoritmo ni del Estado. El algoritmo de plataformas como X o TikTok solo busca retener nuestra atención para maximizar beneficios, premiando la indignación y la ira. El Estado se mueve con la lentitud burocrática del siglo XX frente a crisis que cambian a velocidad digital. Entre un Estado que a menudo no escucha y un algoritmo que no duda, el ser humano pierde centralidad. 

Es desde esta convicción desde la que nace ANEMOS —"aliento" en griego—, un espacio de la sociedad civil que reúne a ciudadanos e instituciones que entienden la democracia no como un procedimiento automático sino como una experiencia viva. ANEMOS parte de una tesis clara: ni el algoritmo ni el Estado pueden sustituir al ser humano. La tecnología debe estar al servicio de la dignidad; las instituciones, al del bien común. Y la verdad —sometida hoy a una presión sin precedentes— es el oxígeno sin el que no hay pensamiento autónomo, ni deliberación, ni democracia posible. 

Ocupar los espacios digitales que hemos abandonado es, exactamente, uno de esos compromisos. No para imponer una verdad oficial ni para censurar, sino simplemente para estar. Para ofrecer un contrapeso. Para demostrar que, incluso en los callejones más ruidosos de la red, es posible sostener una conversación pública basada en los hechos, el respeto y la dignidad. 

Nuestra inacción institucional no es una postura neutral. Es un subsidio implícito, un regalo invaluable a quienes no dudan en ocupar el espacio vacío para sus propios fines. Las universidades deberían reclamar su nombre en plataformas donde otros venden pseudociencia a su costa. Las asociaciones ciudadanas deberían abrir canales para quienes buscan pensamiento autónomo en medio de la saturación informativa. La ciencia ha hecho ya su trabajo: ha diagnosticado la enfermedad y cuantificado el daño. 

Ahora toca dar el siguiente paso. Ocupemos la plaza antes de que nos cierren las puertas. 

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Carlos Castro es profesor del Departamento de Información y Comunicación de la Universidad  de Granada y miembro de ANEMOS.

El presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, Carlos Baño, detenido ayer por la Policía Nacional en relación con un supuesto delito de corrupción, ha manifestado este sábado su "certeza de no haber cometido irregularidad alguna y, mucho menos, que esta tenga que ver con beneficio personal cualquiera" y se ofrece a colaborar con la justicia, según informa EFE.

En un comunicado, al que ha tenido acceso EFE, Baño asegura que es el "más interesado en que se aclare esta situación a la mayor brevedad posible" y se pone a disposición de la Justicia para que "podamos aclarar con celeridad cuantas dudas puedan surgir, sin que, desde ningún punto de vista, pueda hacer nada más en estos momentos".

Finalmente, agradece "el trato recibido en todo momento por los efectivos de la Policía Nacional con los que se ha colaborado con total transparencia, facilitando toda la información requerida".

El presidente de la Cámara de Comercio de Alicante fue detenido ayer por la mañana, en su condición también de presidente de la patronal Federación Alicantina de Comercio (Facpyme), por la Policía Nacional en relación a un supuesto delito de corrupción en torno a unos bonos consumo en una veintena de municipios de la provincia correspondientes a los años 2022 y 2023.

Esta campaña de bonos consumo fue impulsada por la Diputación de Alicante en la etapa del popular Carlos Mazón para potenciar el gasto de los hogares de la provincia tras las consecuencias económicas de la pandemia de la covid, y la investigación trata de aclarar si pudo haber un posible fraude en la gestión de esos fondos públicos.

En paralelo al arresto de Carlos Baño y en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción de Alicante, agentes del grupo de Blanqueo de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la brigada judicial de la Policía Nacional de Alicante procedieron también ayer a varios registros de las entidades que gestionaron los bonos consumo, entre ellos de la sede de la patronal Federación Alicantina de Comercio (Facpyme).

Baño fue trasladado al mediodía a la Comisaria Provincial del Cuerpo Nacional de Policía, donde fue interrogado y, asistido por su abogado Ignacio Gally, se acogió a su derecho a no declarar en unas diligencias declaradas secretas, y quedó en libertad con cargos.

En el comunicado que ha emitido este sábado, el presidente de la Cámara de Comercio de Alicante señala que el registro de la sede de Facpyme, de la que es presidente, por parte de miembros de la Policía Nacional parece ser que es "por una investigación en curso instada por la Fiscalía y declarada secreta, sobre la Campaña de Bonos Comercio".

Afirma asimismo que no prestó declaración en sede policial "al no conocer el contenido de la causa y de la acusación" y a instancia de su abogado.

El presidente del poderoso Foro Económico Mundial, el noruego Borge Brende, comunicó este jueves su decisión de dejar su puesto, tras conocerse que tuvo alguna relación con el pederasta Jeffrey Epstein, con quien se reunió en más de una ocasión, según informa EFE.

La organización confirmó la partida del ejecutivo, quien perteneció más de ocho años a la misma, y anunció que el miembro de la junta directiva, Alois Zwinggi, ocupará el cargo de presidente y director ejecutivo interino. "El Consejo de Administración supervisará la transición del liderazgo, incluido el plan para impulsar un proceso adecuado para identificar a un sucesor permanente", señalaron los copresidentes de este órgano, el magnate suizo de la industria farmacéutica André Hoffmann y el presidente de la compañía estadounidense de inversiones Black Rock y Larry Fink. 

La información fue difundida a través de un comunicado, cuya primera parte corresponde a una declaración de Brende y la segunda a los copresidentes, lo que indica que el anuncio se planeó cuidadosamente. "Tras una cuidadosa reflexión he decidido dimitir", señala Brende, sobre quien el Foro abrió una investigación interna en torno a su relación con Epstein, con quien mantuvo tres cenas de negocio e intercambió mensajes, según revelan los archivos sobre el caso del criminal sexual hechos públicos por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Al respecto, Brende afirmó que no conocía los antecedentes criminales de Epstein, pero ha reconocido que debió informarse mejor.

Según la declaración atribuida a Fink y Hoffmann, la investigación concluyó y permitió determinar que "no había motivos de preocupación adicionales más allá de lo que se había revelado anteriormente". La primera reunión reconocida entre Brende y Epstein -a la que el primero ha afirmado que fue invitado por el exviceprimer ministro noruego, Terje Rod-Larsen- tuvo lugar en 2018, diez años después de que Epstein fuera condenado por prostitución de menores.

Brende -quien acumulaba los cargos de único presidente y director ejecutivo de la organización, tras la infortunada salida de su fundador, con quien había compartido ambas responsabilidades entre 2017 y 2025, Klaus Schwab- sostuvo en su despedida que durante los años que estuvo al mando se unieron al Foro Económico Mundial "un número récord de socios" y que la colaboración con "líderes gubernamentales de todo el mundo (fue) como nunca antes". 

"Creo que ahora es el momento adecuado para que el Foro continúe su importante labor sin distracciones", agregó el antiguo político noruego, quien estuvo al frente de varios ministerios en su país antes de entrar en la organización con sede en Ginebra y que organiza la famosa reunión del Foro de Davos, que hace más de una década marca cada inicio de año la agenda internacional.

Es un cuento sencillo aplicable a la ambición desmedida. No encontré en castellano una palabra que recogiera en su significado al variado mundo de personajes que nos rodea, así que inventé lo de Cleptotecnoplutócratas. Su significado aloja a ricos, políticos, poderosos, mangantes y profetas de inspiración peligrosa.

Cada uno de los antedichos acuñó aquello de “rostro humano” y lo aplicaron al capitalismo, comunismo y cristianismo, una máscara para disfrazar la indignidad. Escribió Michel de Montaigne que unos hacen creer al mundo que creen lo que no creen, mientras los otros, más numerosos, se autoengañan sin saber penetrar en lo que es creer.

Vuelvo al cuento. Todos llegamos al final de la vida con la bolsa de dignidad demediada o consumida, y sabemos que ego y dignidad tienen difícil encaje. El mundo de la gran empresa perdió aquello que proclamaba, la función social, el respeto a muchos de los derechos humanos. Otros personajes se imaginan empresarios, no poseen empresa propia y cambiaron su dignidad, si la tuvieron, por una carta de representación. 

No olvido que hay trabajadores que vendieron su primogenitura por un plato de miseria; estos son los que se autoengañan por alcanzar el poder, como aquellos que se creen generales por llevar la palabra director antepuesta, y no pasan de sargentos chusqueros.

La ciudadanía sufre también las luchas personalistas entre las facciones políticas, tanto de la izquierda como en la derecha, a sabiendas de que serán descabalgados por otro más ambicioso e indigno; hay evidencias. Llegar con la bolsa muy devaluada es lo normal, pues todos cometemos pecados de juventud, madurez o vejez. Señores cleptotecnoplutócratas, deberían recordar aquella frase evangélica: la verdadera grandeza se encuentra en el servicio y no en la dominación. 

Solo hay dos cosas ciertas: la muerte y los impuestos, dijo Montoro —siquiera es suya la frase—, menudo truchimán. Al final del cuento, el final de la vida, es evidente, los cleptotecnoplutócratas llegan con la bolsa de la dignidad vacía; la han vendido o cambiado por poder o riqueza; y para los que se creen ricos ya sentenció un banquero: “Serlo de verdad, somos muy pocos”. 

Para que los fundamentos que contiene la bolsa: honradez, respetabilidad, nobleza, integridad, rectitud, decencia, seriedad, autoestima, orgullo, vergüenza, honorabilidad, etc.  No se pierdan en el camino, es recomendable inteligencia (DRAE acepción 2.2), “conjunto de ideas y valores de una comunidad”.

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Mariano De la Puente es socio de infoLibre.

“En España el poder ni se crea ni se destruye: se transmite, se negocia y se protege”, o eso considera el economista y sociólogo Andrés Villena (Elche, 45 años), que acaba de publicar el libro Las élites que dominan España. Una historia alternativa desde 1939 (Libros del KO, 2026). El texto de Villena está lleno de nombres y de senderos que conectan núcleos de poder, pero se vertebra sobre la hipótesis de la continuidad, de un sistema que no depura, sino que integra, los intereses de aquellos que tienen poder para hacerlos valer. Durante la dictadura primero, por la fuerza; después, mediante el poder del dinero; y, finalmente, apoyándose en el discurso. 

“Se hace también necesario el consenso, convencer y persuadir a los dominados”, lanza en la introducción, donde advierte al tiempo del papel que juega aquí “el ruido” de las redes sociales y, cómo no, el de los medios tradicionales como la prensa escrita y la televisión, a cuya “guerra de licencias” y filiaciones políticas dedica un capítulo al final del libro. 

Villena explica a infoLibre que la complejidad para abordar una reforma que corte con estas dinámicas endogámicas requiere de “un debate regeneracionista” sostenido en el tiempo. “El libro es un intento de mostrar la importancia de un debate que parta de lo que tenemos y que muestre lo difícil que es cambiarlo”.

Como anécdota, el libro iba a ser publicado por la editorial Ariel, perteneciente al Grupo Planeta, pero un cambio de opinión de última hora hizo que acabara siendo editado en Libros de KO. “La experiencia con la editorial fue muy buena porque trabajé con un corrector y una editora que estaban entusiasmados con el proyecto, pero de la noche a la mañana se acabó todo y la editorial nos hizo saber que el libro no podía publicarse durante 2026”, señala Villena. “Iba a ser uno de los lanzamientos estrella de la editorial Ariel y estaba respaldado por un informe legal que decía que los datos y nombres que se ofrecen no suponían ningún riesgo de vulneración del derecho al honor”.

Aún así, afirma el autor, la publicación se canceló “de manera unilateral”, incluso tras haber eliminado fragmentos en los que se citaba al grupo. “Se me ofreció la posibilidad de firmar una indemnización de 2.000 euros, siempre sujeta a una cláusula de confidencialidad que hubiera hecho imposible esta conversación”, remata. Finalmente, el trabajo terminó cambiando de editorial con la plena colaboración de Planeta, que cedió todo el trabajo de edición que habían hecho. “La razón de fondo la desconozco y aventurar algo sería especular”, sentencia.

En el libro se tocan cuatro estamentos: el capital, con apellidos recurrentes en la banca española; las empresas, repasando la genealogía de las grandes compañías del Ibex; la Iglesia y el Estado. Esos son los cuatro escenarios en los que se mueve este trabajo que discurre por el último medio siglo. “Del aperturismo tecnócrata del franquismo a la reconversión industrial; de las privatizaciones del PP y del PSOE a las crisis de la burbuja inmobiliaria. Cambian los contextos, no los que mandan”.

Dice al comienzo del libro que “nos queda poco tiempo para olvidar a nuestros enemigos y preguntarnos por qué la democracia parece fracasada”. ¿Qué diagnóstico hace de la democracia en el marco de estas relaciones de poder? 

Conectándolo con la actualidad más inmediata, ha habido un acto reciente de Rufián y Emilio Delgado en el que se preguntan qué nos pasa o qué puede hacer la izquierda para evitar que crezca Vox. Es un plan ambicioso, pero que al mismo tiempo lucha en un ámbito estrecho como es el de conseguir ese escaño que sobra. Mi aportación, lo que intento mostrar, es cómo opera una estructura de poder que funciona de manera dinámica desde 1939 y cómo dificulta los cambios.

En el texto explica que desde el franquismo hay apellidos que se repiten en el poder. ¿Por qué ese poder es tan impermeable a los cambios? 

Si articulas el poder como una malla más densa, con distintas dimensiones —ya hemos visto lo que está pasando con los jueces, con las tramas del ministerio del Interior o con el poder bancario— ves que es una cultura mucho más compleja, que tiene mucha capacidad de adaptarse a los cambios. No estamos hablando de un poder aislado, estamos hablando de un Estado complejo relacionado con las grandes empresas y que lleva siglos funcionando.

Existe además un mecanismo de promoción mediante el cual personas que quieren desafiar al sistema, a medida que van subiendo, también van contribuyendo a mantenerlo, de manera que ese sistema va realimentando su legitimidad y se mantiene como una estructura muy rígida y muy difícil de modificar. Sin necesidad de planificar o de conspirar activamente, todas esas dinámicas de cambio son absorbidas.

Esa estructura de poder compleja de la que habla está llena de pequeños detalles: amistades, padrinos de bodas, compañeros de clase… ¿Qué señalan estos matices y anécdotas personales que tendemos a desdeñar?

El papel de las relaciones personales en el estudio de las relaciones de poder parece, a priori, que debería ser secundario, pero yo no he dejado de ver en mi investigación historias que me han parecido relevantes. Por ejemplo, todas estas reuniones que se producen en los años 60 y 70 en la finca la Dehesilla, donde se crean conexiones y amistades que luego influirán en la realidad política, como la relación de la UCD y el PSOE.

¿Es un capital que va más allá del color político?

Estas relaciones personales llevaban a que las carreras de muchas personas corrieran paralelas. El testigo de la boda de Miguel Boyer (ministro de Economía con Felipe González) e Isabel Preysler era José María Amusátegui, que fue un hombre del franquismo que acabó presidiendo el Banco Central Hispano. Son amistades que se convierten en un capital social, que se cimentan sobre posiciones sociales y aspiracionales parecidas.

Claudio Boada, por ejemplo, fue presidente del Instituto Nacional de Industria; luego Felipe González lo recupera para el Instituto Nacional de Hidrocarburos —que terminará llamándose Repsol— y después la élite socialista lo pone al frente del Banco Hispano Americano. Pues bien, hoy el hijo de Claudio Boada es el presidente de Blackstone. La capacidad de adaptarse y de persistir es enorme y, si tú eres diplomático o tienes un puesto de poder y puedes dar a tus hijos una educación, ellos luego pueden aspirar a un puesto de ese rango. Es el capital social.

Termina el libro con una llamada a la respuesta ciudadana cívica y responsable, pero en este marco de relaciones de poder, ¿qué margen hay para el cambio?

Había un diputado de Podemos que decía algo así como que los miembros del sistema saben muchísimo y tendríamos que estudiar 12 o 14 horas para enfrentarnos a ellos si queremos cambiar algo. Es una pelea con la maquinaria del Estado, que es milenaria, pero eso no quiere decir que el intento sea inútil; es un primer paso para cambiar las cosas.

Repsol registró un beneficio neto de 1.899 millones de euros en 2025, un 8,1% más que el año anterior, en un contexto marcado por la incertidumbre geopolítica y económica, la volatilidad en los mercados energéticos y el impacto del apagón del 28 de abril que afectó a la Península Ibérica, según informa EFE. 

Según ha informado este jueves a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el resultado neto ajustado, que mide específicamente la marcha de los negocios, retrocedió un 15,1% en 2025 respecto al año anterior, hasta los 2.568 millones. 

Repsol ha comunicado también a la CNMV que el consejo de administración propondrá a la próxima junta general de accionistas el pago de un dividendo con cargo a los resultados de 2025 de 0,551 euros brutos por acción, que está previsto tenga lugar el 8 de julio de 2026, por lo que la retribución en efectivo para este año ascenderá a 1,051 euros brutos por acción. 

Repsol abonó en 2025 un dividendo de 0,975 euros brutos por acción, un 8,3% superior al de 2024. La retribución total al accionista se situó en torno a los 1.800 millones de euros, en el rango alto del compromiso de la empresa para el periodo 2024-2027. Para 2026, Repsol prevé destinar cerca de 1.900 millones a esta remuneración. 

Asimismo, propondrá a la junta una reducción de capital social mediante la amortización de las acciones propias que adquieran en un programa de recompra que se pondrá en marcha con una inversión máxima neta de 350 millones de euros. 

La energética ha cambiado la forma de reporte algunas de las métricas que ofrecían al mercado desde el cuarto trimestre de 2025, con el objetivo de reflejar de forma más adecuada la manera en que la compañía gestiona y evalúa actualmente sus negocios, lo que no tiene impacto en los estados consolidados del grupo.

Los resultados obtenidos, según apunta Repsol en un comunicado, se producen en un contexto complejo, marcado por la elevada volatilidad de los mercados energéticos, que ha lastrado el precio del Barril de Brent hasta los 69,1 dólares de media en 2025, un 14,5% menos que el año anterior. 

En el caso del área de Exploración y Producción (Upstream), el beneficio neto ajustado del negocio se situó en los 957 millones de euros en 2025, un 6,9% menos que en 2024, en un contexto de volatilidad de precios energéticos y depreciación del dólar frente al euro. La producción media diaria ascendió a 548.000 barriles equivalentes de petróleo al día, en línea con lo previsto en el plan estratégico. 

Para 2026, la compañía tiene previsto alcanzar entre 560.000 y 570.000 barriles al día, sin tener en cuenta el posible incremento de la producción en Venezuela. En este sentido, Repsol recuerda que el pasado viernes la administración estadounidense emitió nuevas licencias que permiten retomar operaciones de petróleo y gas en el país caribeño.

En el negocio industrial, el resultado neto ajustado se situó en los 963 millones de euros, un 33,4% menos, lo que refleja la volatilidad de las materias primas, los menores resultados de la química y los efectos del apagón del pasado 28 de abril. 

En la segunda parte del año, el momento positivo del refino permitió capturar mayores márgenes y obtener un resultado en el cuarto trimestre de 423 millones de euros, 168 millones más que en el mismo periodo del año anterior, lo que supuso un repunte del 66%. El negocio de cliente registró un beneficio neto ajustado de 754 millones de euros en 2025, un 17,1% más que en 2024, impulsado por el dinamismo del negocio de estaciones de servicio y la contribución creciente de una amplia oferta energética. 

Por su parte, el negocio de generación baja en carbono marcó un resultado neto ajustado de 53 millones de euros, frente a las pérdidas de 24 millones de euros registradas un año antes. 

La empresa presentará sus métricas operativas y financieras actualizadas hasta 2028 el próximo 10 de marzo, lo que permitirá a la compañía adaptarse a la evolución del entorno macroeconómico, regulatorio y empresarial del sector energético. La estrategia, según explica Repsol, para los próximos tres años se basará en los mismos pilares: una retribución atractiva para los accionistas, solidez financiera e inversión disciplinada.

La CNMC ha multado con 20,5 millones a varias empresas del grupo Repsol (Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, Solred y Campsa Estaciones de Servicio) por su política comercial de estrechamiento de márgenes "abusivo" en perjuicio de estaciones de servicio independientes y que son competidoras, según recoge EFE.

Repsol ha rechazado la sanción anunciada este martes por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) al entender que se apoya en un relato "parcial" y "descontextualizado" con errores de "método y de derecho", y ha avanzado que la impugnará.

Según ha indicado Repsol en un comunicado, la CNMC no tiene en cuenta el contexto excepcional de 2022, no acredita posición de dominio, ni efecto de exclusión en el mercado; y defiende que actuó con transparencia y en beneficio de los consumidores "en el peor momento de la crisis inflacionaria".

"Es la primera vez en la historia del derecho de la competencia nacional y comunitaria que la CNMC sanciona a una compañía por aplicar descuentos, en este caso superiores a 450 millones de euros, comunicados públicamente y supervisados por la propia Administración para aliviar la delicada situación de familias y profesionales, todo ello en un contexto excepcional de mercado", ha subrayado Repsol.

Repsol entiende que sancionar una conducta "legal y supervisada" por la propia CNMC desnaturaliza el sentido de la norma, limitará los descuentos futuros de las compañías en numerosos sectores y desincentivará respuestas empresariales ante crisis futuras. Indica que los descuentos minoristas fueron exigidos por el Real Decreto-ley 6/2022, cuya aplicación la propia CNMC supervisó a través de su Dirección de Energía durante todo 2022. 

Así, insiste en que la resolución de la CNMC es arbitraria, ya que no define con rigor el mercado mayorista español de aprovisionamiento de gasóleo A a estaciones independientes, que asegura que es abierto y transparente; e infla artificialmente la cuota de mercado, mezclando productos y clientes. 

Repsol explica que, si se considera el segmento correcto, la cuota de la compañía se situó en torno al 25% en 2022 y que nunca se ha sancionado a una empresa por abuso de posición de dominio con cuotas de mercado por debajo del 30% y menos en un periodo tan corto de tiempo (9 meses) y en condiciones excepcionales. 

Recalca que durante ese periodo no hubo ningún efecto en el mercado ni exclusión de competidores ni dependencia real y considera que la CNMC está más preocupada por los resultados de esos competidores que por los ahorros que los descuentos supusieron para clientes y consumidores. 

Por otra parte, ve sorprendente que esta decisión se dé en un contexto de crecimiento de la cuota de mercado de los operadores de estaciones de servicio independientes, frente a la de los operadores tradicionales. "Repsol hará valer todos estos argumentos en su impugnación de la sanción ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Estamos convencidos de que los tribunales nos darán la razón", insiste.

El juez Arturo Zamarriego, que investiga a Leire Diez por presuntamente tratar de influir en procedimientos judiciales ha cambiado su criterio inicial de permitir la personación en la causa del comisionista del caso Koldo Víctor de Aldama y el magistrado Manuel García Castellón, ya jubilado, al estimar que, como defiende la Fiscalía, no son perjudicados, según informa EFE.

En un auto al que ha tenido acceso EFE, el magistrado estima un recurso de Leire Díez contra la decisión que dictó el pasado 4 de noviembre, en la que aceptaba incluirles en el procedimiento en condición de víctimas o perjudicados por "la búsqueda de información y difusión de la misma respecto a ambos perjudicados" con el presunto objetivo de desacreditarles.

La principal investigada en la causa recurrió al entender que ninguno era perjudicado y la Fiscalía argumentó que efectivamente no concurrían los requisitos legales, según explica el juez en el auto en el que concluye que este criterio es el acertado.

El juez Zamarriego explica que la única relación que tiene con esta causa Víctor de Aldama -investigado en el caso Koldo y por un presunto fraude un hidrocarburos- es la manifestación del guardia civil Rubén Villalba, quien señaló que había tomado notas de las reuniones mantenidas con Leire Díez en marzo de 2025.

Para su letrado esto seria objeto de un delito de revelación de secretos, pero el magistrado concluye que "dichos hechos no guardan relación con los que motivaron la incoación de la presente causa" y lo que pretende es "ampliar la misma a la existencia de un delito de revelación de secretos", por escuchas entre él y su abogado en prisión.

En cuanto al juez jubilado Manuel García Castellón, Zamarrigo explica que en el escrito presentado por su letrada "no hay concreción de ningún hecho que avale su condición de perjudicado" en este proceso, "más allá de indicar que, de diversos artículos periodísticos, se desprendería que la referida investigada presuntamente difundió informaciones presuntamente falsas y todo con la finalidad de menoscabar el honor y la buena e intachable imagen del mismo". "Resulta evidente que dicho menoscabo, de tener en su caso relevancia penal, sería un presunto delito de injurias, ajeno al objeto de la presente causa", añade.

Recientemente el juez del órgano que ahora se denomina Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid. Plaza número 9 (antiguo juzgado de instrucción 9) también rechazó -como dijo la Fiscalía- las personaciones solicitadas por el exministro José Luis Abalos y su exasesor Koldo García porque, explicó, se limitan a argumentar que Leire Díez "habría manifestado tener bajo su control la defensa jurídica de los denunciantes, investigados en otros procedimientos judiciales, pero aportando solo noticias.

Arturo Zamarriego tiene previsto tomar declaración el próximo lunes como testigos en este proceso -en el que están investigados Leire Díez, el empresario Javier Pérez Dolser y el periodista Pere Rusiñol por presunto cohecho y tráfico de influencias- al exdirigente socialista Santos Cerdán, del actual secretario de Estado de Telecomunicaciones, Antonio Hernando, y del empresario Alejandro Hamlyn.

Endesa Energía ha alertado este lunes a sus 10 millones de clientes de que ha sufrido un jaqueo de sus datos personales, como números de DNI, datos relativos a su contrato y sus medios de pago (IBAN), si bien asegura que, en ningún caso, se han visto comprometidos datos de acceso a contraseñas, según informa EFE.

En una carta dirigida a sus clientes, la compañía explica que ha "detectado un incidente de seguridad, que ha permitido el acceso no autorizado e ilegítimo a su plataforma comercial" y que ha "comprometido la confidencialidad de ciertos datos de los que Endesa Energía es responsable". 

Asegura además que, en cuanto que ha tenido conocimiento del incidente, ha activado los protocolos y procedimientos de seguridad correspondientes, incluido el bloqueo inmediato de los usuarios de acceso comprometidos, el análisis de los registros y la notificación a todos los clientes afectados. 

También está realizando un seguimiento continuo especial de los sistemas para detectar cualquier actividad sospechosa y ha notificado el incidente a las autoridades competentes, incluyendo la Agencia Española de Protección de Datos.

Mientras, dice, continúa con la investigación tanto a nivel interno como con sus proveedores para averiguar lo sucedido y tomar cualquier otra medida que sea necesaria.

La compañía -que cuenta con unos diez millones de clientes potencialmente afectados en España y Portugal (6,3 millones en el mercado libre y 3,5 en el regulado)- asegura que no tiene constancia de que se haya realizado uso fraudulento alguno de los datos robados, pero pide que se comunique cualquier anomalía o desconfianza al número de teléfono 800.760.366.

En el mundo que ahora desaparece, hace apenas seis meses y coincidiendo con el 80 aniversario del final de la II Guerra Mundial, medio centenar de empresas alemanas reconocieron su colaboración con los nazis para que Hitler pudiera llevar adelante su plan. Pidieron disculpas públicamente y llamaron a que nadie votara a fuerzas que pudieran volver a traer el horror. No eran empresas que nos sean ajenas, sino que sus productos nos rodean diariamente. Bayer, BASF, Bosch, Evonik, Siemens, Deutsche Bahn, Volkswagen, Lufthansa y Rheinmetall, entre otras. Su declaración fue nítida: “La toma de poder de los nacionalsocialistas en 1933 hubiera sido impensable sin el error de los que entonces tomaron decisiones en la política, el ejército, la justicia y la economía”, afirmaron. Y reconocieron: “Las empresas alemanas contribuyeron a consolidar el dominio de los nacionalsocialistas. Teniendo su propio beneficio en mente, muchas empresas y sus actores en aquel entonces estuvieron involucradas”.

Hoy, en esta nueva versión del autoritarismo y el fascismo (dejaré la discusión terminológica para otro día) en la que se inserta el imperialismo de Trump, las empresas también van a ser necesarias, y cada una de ellas se va a retratar. En el fondo siempre ha sido así, las empresas han jugado siempre un rol político que, aunque no les guste reconocer y a veces se ponga en duda, se muestra en cada una de las decisiones que toman, ya que configuran un modelo de sociedad. La empresa que acorta la distancia entre el salario más alto y el más bajo está contribuyendo a tener una sociedad menos desigual; la compañía que incorpora incentivos a sus directivos sobre el cumplimiento de objetivos ambientales está ayudando a tener un medio ambiente más sano; la que tiene políticas de diversidad ayuda a una sociedad más libre, diversa y equitativa, etcétera.

En ese viejo mundo que acaba, hace apenas unos meses, se seguían escribiendo toneladas de páginas sobre la Responsabilidad Social de las Empresas, las políticas de ESG –gestión ambiental, social y de buen gobierno por sus siglas en inglés–, y las compañías emitían memorias de sostenibilidad donde contaban qué hacían para alcanzar estos objetivos. 

Como en el conocido momento gramsciano donde lo viejo no acaba de morir y lo nuevo empieza a nacer, hoy esas estrategias siguen en pie en algunas compañías, se ocultan en otras para evitar sanciones del trumpismo o, directamente, se niegan en una reunión con los principales CEO de las petroleras del mundo donde el consejero delegado de Repsol se mostró entusiasta con Trump anunciando que puede triplicar la extracción de petróleo de Venezuela. Y apostilló, en retórica genuflexión: “si usted nos lo permite, señor”. 

Atrás quedaron las preocupaciones por el cambio climático y el respeto a un país soberano como es Venezuela o al derecho internacional. Debe ser también una cuestión de “cursis”, como afirmó Ayuso. 

Más allá de estas consideraciones, hay otra de carácter estratégico y empresarial. Estos CEOs están poniendo en riesgo su empresa. En un momento en que el conjunto del sector petrolífero está diversificando sus inversiones, sabiendo que –pese al retardismo que busca prolongar todo lo posible el fin de los combustibles fósiles que provocan el cambio climático– el futuro pasa por energías limpias, iniciar la aventura de una inversión multimillonaria de dudosa rentabilidad, en un país con escasa estabilidad política, sujeto a los vaivenes de la geopolítica mundial bajo la tutela de unos Estados Unidos en situación de preguerra civil, es una decisión que ningún estratega político, ni mucho menos empresarial, tomaría. 

El impacto de la imagen de esos señoros –ni una sola mujer; hay que ver la foto– rodeando a Trump y eufóricos ante la expectativa de seguir extrayendo petróleo de un país humillado pasará, pero las inversiones previstas tendrán que ser aprobadas por los órganos correspondientes, y en última instancia, tendrá que rendirse cuenta ante los accionistas, entre los que hay grandes bancos y grupos de inversión, pero también el Fondo Soberano Noruego –que en los últimos años está aplicando una política estricta de reducción de inversión en fósiles– y miles de accionistas minoritarios. Ellos, en última instancia, decidirán. ¿Se convertirán en colaboracionistas del nuevo autoritarismo o seguirán la estela iniciada por las empresas alemanas, 80 años después del horror?

Hay una frontera invisible entre lo que se llama economía y lo que, en realidad, es la organización socioeconómica de la vida cotidiana. A veces creemos que una empresa nace de un plan de negocio, de una idea brillante, de una oportunidad detectada a tiempo. Pero en muchos rincones del territorio, las empresas no nacen del cálculo, sino del vínculo. De la necesidad compartida. Del deseo de que lo que hacemos tenga sentido más allá de la ganancia.

Eso es la economía social: una red que se teje entre personas que deciden unir su esfuerzo para construir un bien común. No es un invento moderno ni una moda jurídica. Es la herencia práctica de generaciones que entendieron que nadie emprende del todo en solitario. La economía social no es un tipo de empresa: es una manera de pensar la empresa como comunidad.

Somos un territorio de experimentos comunitarios. En nuestros pueblos la economía social ha sostenido empleos y servicios donde el mercado no llegaba. Porque lo que define a la economía social no es solo su normativa, sino su ética operativa: primacía de la persona sobre el capital, participación democrática, reinversión de excedentes, compromiso con el territorio, igualdad y sostenibilidad. Una empresa así no se mide solo en beneficios económicos, sino también en beneficios sociales.

Cada sociedad laboral es, en realidad, un organismo vivo que respira al ritmo de quienes lo habitan. Se mueve, se adapta, se cuida. Cuando prospera, lo hace de forma plural; cuando sufre, también. Y esa forma de respirar, esa conjugación del plural “nosotras y nosotros”, es quizá la mayor innovación que la economía social ha ofrecido a nuestra época de individualismos precarios.

Cada año decenas de empresas viables cierran porque sus fundadores se jubilan y no hay quien continúe. Lo que se ha denominado “tsunami gris”, las jubilaciones masivas de la generación del baby boom, amenaza la continuidad de una parte importante de nuestra estructura productiva. Porque lo que muere con cada cierre no es solo una actividad económica: muere un modo de hacer, una cultura, una memoria de oficio. Pero en la economía social, el relevo no tiene por qué ser pérdida: puede ser transmisión transformadora.

Las sociedades laborales son puentes entre generaciones. Permiten que quienes trabajaron durante años en una empresa se conviertan en sus dueños, que el conocimiento acumulado se conserve, que el compromiso se refuerce. Emprender, entonces, deja de ser empezar desde cero: se convierte en heredar creativamente un legado social, en renovar sin romper. Una forma de continuidad que es también una forma de innovación.

En un mundo donde las empresas nacen para ser vendidas y las relaciones se consumen como productos, la economía social propone un gesto contracultural: permanecer. No en el sentido de estancarse, sino de echar raíces. De crecer con el territorio, de multiplicar valor sin devorarlo, de cuidar la utilidad sin perder la sensibilidad.

Quizá esa sea la lección más profunda: que el futuro no se construye con capitales especulativos, sino con comunidades duraderas. Que la verdadera sostenibilidad no está en las cuentas, sino en la coherencia de los vínculos. Y que toda empresa, antes que un modelo de negocio, puede ser una escuela de vida donde aprendemos a conjugar los pronombres personales en plural.

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Julián Menéndez es vicepresidente de la Federación Empresarial de Sociedades Laborales y Participadas de España (LABORPAR) y Director Gerente de Sociedades Laborales de Madrid (ASALMA).

Hoy en la SER en una crónica un periodista se felicitaba porque por lo menos esta noche “el ruido se desvanecería”: los despidos en Profand, en Alcampo, en Amazon, en Getronics, los ERES en Telefónica, en Arcelormittall, en Cruz Roja, la lista no es exhaustiva… ¿Es a ese ruido al que se refería? Esta noche, como las siguientes, continuarán los ataques de la patronal contra la clase trabajadora, las bombas continuarán cayendo en las regiones en guerra, la hambruna continuará en Gaza y en los países que la padecen ya desde hace tiempo. Ese ruido solo se desvanecerá esta noche en los medios de comunicación.

¿Quizás se refería al ruido provocado por Albiol en Badalona? Seguramente que los desalojados de Badalona estarán pensando en este instante qué receta de pavo utilizarán para complacer a sus invitados. Como los más de cuatro millones de personas que viven con 644 € al mes o los 12,5 millones de personas en el umbral de la pobreza.

En donde no habrá ruido, no siendo el que harán al abrir las botellas de champán, es en casa de los Botín, de los Ortega y de los accionistas que vieron sus dividendos dispararse.

Y ya no hablo con qué placer acogerán las trabajadoras y trabajadores los discursos de felicitación pronunciados aquí o allá, por los que están ocupando la palestra representando los intereses de la gran burguesía, seguro que sus discursos tendrán un impactante efecto sobre los explotados y explotadas, no solo en nuestro país sino en todos aquellos en donde el gran espectáculo navideño intenta mostrar que la felicidad chorrea por las calles de sus países respectivos.

En el siglo XXI, en donde nada es igual ni comparable al siglo XX, según algunos intelectuales, la clase obrera ya no existe, el marxismo es una herramienta anticuada, los partidos tienen que ser transversales (tiendas de ultramarinos en donde hay de todo), hasta incluso el socialismo del siglo XX tiene que cambiar de versión y pasar a la del XXI… todo sigue igual e incluso peor que en el siglo XX.

Aprovechemos estas fiestas para recargar las pilas y prometerles a la patronal y a sus vasallos un mal año 2026.

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Mario Diego Rodríguez es socio de infoLibre.