Hacienda investiga desde hace un año al directivo de Quirón vinculado al novio de Ayuso

Hacienda investiga desde hace un año a Fernando Camino Maculet, el directivo del gigante sanitario Quirón vinculado a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. En una comunicación remitida al Juzgado de Instrucción nº19 de Madrid, a la que ha accedido infoLibre, la Agencia Tributaria informa que las "actuaciones de comprobación e investigación inspectora" relativas al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) de 2020 se iniciaron en junio del año pasado. Y solicita al magistrado Antonio Viejo, instructor de la causa en la que se investiga si el empresario Alberto González Amador pagó un soborno al directivo de Quirón, que ordene la "paralización del procedimiento inspector" mientras se desarrollan las pesquisas.

Con la pieza principal –la del fraude fiscal y la falsedad documental– ya lista para juicio, la pareja de Ayuso aún arrastra una segunda línea de investigación judicial en su contra. Los hechos se centran en la compra por parte de González Amador de todas las participaciones de Círculo de Belleza –que luego pasaría a llamarse Masterman & Whitaker– a Gloria Carrasco, mujer de Camino. El empresario pagó, en diciembre de 2020, 499.836 euros por una sociedad que, según la Fiscalía, tenía poco valor: "No tenía inmuebles a su nombre; no tenía (ni había tenido en los años anteriores) trabajadores; y su activo material estaba compuesto por un ordenador portátil sin valor y tres aparatos de depilación y remodelación corporal".

"Es claro que González Amador no pagó medio millón de euros a Carrasco Fernández porque pensara que iba a obtener algo de esa empresa, y es muy alta la probabilidad de que lo hiciera para retribuir un favor recibido, ya fuera en relación a la intermediación entre FCS y Mape, o por el incremento de la facturación recibida de Quirón Prevención (y la que haya obtenido después, que por el momento no consta en los autos), o por ambas cosas", sostenía el fiscal cuando solicitó la intervención de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el caso.

Aquella sociedad se constituyó el 3 de noviembre de 2008 con un capital social de 3.300 euros. Las participaciones se dividieron entre tres accionistas. Carrasco, a la que se designó como administradora única de esta compañía dedicada a la cosmética, se quedó con el 60%. Su hermano, con un 20%. Y su esposo con otro 20%. Camino es, desde hace años, director general de Quirón Prevención, filial del gigante sanitario que fue durante años principal cliente de González Amador. Y era consejero de Mape, la empresa para la que intermedió la pareja de Ayuso en una operación de compraventa de mascarillas con FCS que le reportó 1,97 millones de euros.

"Mayores y más intensas facultades investigadoras"

En el marco de esta causa, en la que por el momento han declarado como investigados la pareja de Ayuso y Carrasco, la Agencia Tributaria hizo llegar el pasado mes de febrero al instructor una comunicación avisándole de que hace un año inició "actuaciones de comprobación e investigación inspectora" contra el directivo de Quirón Prevención en relación al IRPF de 2020. "Como quiera que las personas físicas y entidades objeto de la instrucción penal, así como las conductas investigadas en dicha sede, pudieran ser las mismas que las que están siendo comprobadas en vía administrativa, la determinación o imputación de las obligaciones tributarias [...] podría depender directamente de los hechos y conductas que están siendo investigados [...] en el ámbito penal", explica.

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Hacienda, por tanto, considera que "concurren circunstancias de prejudicialidad penal" que permitirían dejar en stand by el procedimiento inspector mientras se desarrolla la investigación judicial –interrumpiéndose, además, los plazos de prescripción–. Pero esa decisión corresponde al órgano judicial, al que piden dar el paso. En caso de que lo haga, solicita que el juez les comunique la "sentencia firme" que recaiga para "poder reanudar" los "procedimientos" de inspección.

La Agencia Tributaria argumenta que no es "lógico" que la "la instrucción e investigación de unos mismos hechos" la realicen "varios órganos judiciales y administrativos distintos". También recuerda que en la vía penal tienen "mayores y más intensas facultades investigadoras". O que "la posible existencia de duplicidades" podría generar "conclusiones" contradictorias. Y señala que "la determinación de unos hechos probados" a nivel penal "condiciona la calificación e imputación de las posibles rentas en vía administrativa".

"Si no se procediera a suspender las actuaciones inspectoras por prejudicialidad penal, tendrían que finalizarse las mismas en vía administrativa con los hechos acreditados en el expediente administrativo (presumiblemente de mucha menor solidez probatoria que las que se recaben en vía penal, por encontrarse dicha documentación en el juzgado), de lo que podría derivarse un riesgo de calificaciones contradictorias en vía penal y administrativa", completa el escrito de Hacienda.