Los acusados de 'Kitchen' mantienen hasta el final un relato defensivo que choca con las pruebas recopiladas

El caso Kitchen ha quedado esta semana visto para sentencia. Tras cuatro intensos meses y cerca de un centenar de testigos, el juicio ha finalizado prácticamente como comenzó: con algunas acusaciones insinuando que no se sientan en el banquillo todos los responsables y las defensas trabajando en bloque en busca de la absolución. Pese a las manifiestas desavenencias personales entre algunos de ellos, los acusados han mantenido hasta el final prietas las filas. Y lo han hecho en torno a una idea, la de la legalidad del operativo que se encuentra bajo la lupa, que choca con algunas de las pruebas recopiladas y expuestas durante la vista oral.

Las defensas nunca han negado el espionaje al entorno del extesorero del PP Luis Bárcenas. Básicamente, porque las vigilancias, que en su mayor parte se llevaron a cabo en el verano de 2013 por agentes de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Comisaría General de Información, están perfectamente documentadas en más de una veintena de informes elaborados sobre las mismas. Ahora bien, han rechazado que formaran parte de una operación parapolicial orientada a obtener y destruir pruebas en poder de Bárcenas que pudieran resultar incriminatorias para el PP y sus máximos dirigentes en Gürtel.

Los acusados, cuya situación procesal les permite mentir, han mantenido hasta el final que lo que se hizo fue "totalmente legal". Y que la captación como confidente de Sergio Ríos, exchófer de la familia Bárcenas, y los seguimientos estaban orientados a localizar el dinero que el extesorero pudiera tener en el exterior. "Estamos ante una operación de inteligencia", sostuvo en su informe final el abogado del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz. "Existía una operación real policial lícita y legal de inteligencia para buscar el dinero y el patrimonio del señor Bárcenas y su familia", insistió el letrado del ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez.

Una tesis defensiva que Anticorrupción, que ha mantenido las mismas peticiones de pena que al inicio del juicio –entre otras, 15 años de cárcel para el exministro y su ex número dos–, ha buscado derribar. "Desde el momento en el que fue concebido, ya se puso de manifiesto la finalidad bastarda, delictiva, de todo el operativo. Nada tenía que ver con la investigación del caso Gürtel. Todo lo contrario, estaba dirigida a obtener información y documentación que pudiera resultar comprometedora para el PP y sus máximos dirigentes y dirigida, precisamente, a boicotear, a obstaculizar, la investigación de Gürtel", resaltó el fiscal César de Rivas durante su informe final.

Agendas y grabaciones

Esta afirmación se apoya, entre otros elementos probatorios, en las agendas de José Manuel Villarejo, uno de los personajes principales de las llamadas cloacas del Estado –y para quien se piden 19 años de cárcel–. Con fecha 20 de febrero de 2013, el comisario jubilado anotó "Grabaciones BARCEN" –en referencia a supuestos audios incriminatorios que decía tener con dirigentes conservadores– junto a "Chisco", que es como se refería al ex secretario de Estado de Seguridad. Un mes después, el 25 de marzo, volvió a escribir en relación a Martínez: "Propone más acercamiento y mejor control sobre BAR". "Quiere plan estratégico para salir del caso LB", anotó, también junto al nombre de "Chisco", con fecha 11 de julio.

El primer informe de seguimiento del que se tiene constancia en relación a Kitchen está fechado el 25 de julio de aquel mes. Dos días antes, Villarejo escribió en su agenda la información que le iba trasladando el "Chef", que era como se refería a Ríos –aunque también le llamaban "Coci"–. E hizo una larga lista, rematada con un "OPER: LB", en la que se incluían cuestiones como "SMS Arenas" o "Dos disc. duros", que anotó sobre un "anular y/o destruir". Esto evidencia que la operación nada tenía que ver con la vendida por los acusados. "Nada tiene que ver con la localización de bienes en el extranjero pero sí con documentación referida al caso Gürtel o con grabaciones que Bárcenas pudiera tener en su poder", resaltó el fiscal en su turno de última palabra.

También las grabaciones del comisario jubilado apuntan en esa misma dirección. Destaca, por ejemplo, una del 2 de octubre de 2013 en la que se advierte el interés de Villarejo por hacerse con grabaciones comprometedoras que Bárcenas pudiera tener sobre dirigentes del PP. "Lo único es que ese tipo de conversaciones, macho, en ese pendrive, es algo que de alguna manera hay que darle al tarro para, para encontrarlo", le dijo Villarejo a Ríos, al tiempo que insistía en "recuperar" las "grabaciones" y "discos duros". En aquella conversación, el exchófer informaba de que al día siguiente trasladaría a los "abogados" unos "poderes notariales" en los que aparecía la firma de Álvaro Lapuerta, extesorero del PP.

El comisario jubilado plasmó el contenido de dicha reunión en su agenda, lo que para el fiscal evidencia la "veracidad tanto del archivo del audio como de las anotaciones". Las defensas han restado importancia al contenido de las libretas durante el juicio. "¿Qué escribe una persona en un diario? Pueden ser hechos reales, pero también pueden ser hipótesis, informaciones no verificadas, escenarios, líneas de investigación, evaluaciones preliminares, valoraciones personales... O simples rumores", resaltó el abogado de Villarejo, Antonio García Cabrera. "Cuando escribe en sus agendas, Villarejo no se engaña a sí mismo. Es decir, plasma exactamente lo que está ocurriendo en cada momento", defendió, por su parte, el fiscal.

La confesión de García Castaño

La tesis defensiva también choca con la confesión que hizo en fase de instrucción Enrique García Castaño, alias El Gordo, quien fuera durante más de dos décadas jefe de la UCAO y que no se sienta en el banquillo de los acusados por motivos de salud. Según dijo, a él le hicieron varios encargos. Uno de ellos, que partió del director adjunto operativo (DAO), Eugenio Pino, estaba orientado a conseguir información sobre el patrimonio en el extranjero que pudiera tener Bárcenas. Pero luego, Martínez introdujo un "plus" a ese operativo. Le dijo que existía "preocupación" por unos "discos duros" que se habría llevado el extesorero con la "contabilidad". "Y todo lo que hacía en el partido: pagos en A, en B, donaciones...", concretó. "Estaba muy interesado", añadió.

El Gordo, cuyo testimonio han negado los acusados y han tratado de desvirtuar sus defensas durante la vista oral, aseguró que nunca llegó a los famosos discos duros. Pero sí tuvo acceso a varios dispositivos móviles de Bárcenas que, aseguró, le fueron entregados por Ríos. Un equipo de la UCAO volcó, y así lo han confirmado durante el juicio, el contenido de aquellos teléfonos. En ellos, había contactos, correos electrónicos, mensajes. Entre otros, el famoso "Luis, sé fuerte, hacemos lo que podemos" que el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, envió a Bárcenas. Toda esa información, que entregó al instructor durante la investigación de Kitchen, se copió en una memoria USB que, afirmó, entregó al secretario de Estado de Seguridad.

En junio y octubre de 2019, cuando la investigación aún se encontraba bajo secreto, Martínez protocolizó ante notario una serie de mensajes. Los mismos, dijo, le fueron enviados desde el teléfono de Jorge Fernández Díaz. "La operación se hizo con éxito. Se ha volcado todo (2 iPhone y 1 iPad). Mañana tendremos el informe. Según dice el informador (veremos si es así), ese material lo había dado B a los abogados para poder obtener a través de ellos los teléfonos y otros datos de su agenda, en orden a contactar con ellos para poder preparar su defensa jurídica", reza uno fechado el 18 de octubre de 2013, un día después de que Villarejo anotase en su agenda junto a "Big" –es así como se refería a García Castaño– lo siguiente: "Relación cocinero-copiando Tfnos".

Esos "mensajes de contenido absolutamente incriminatorio", en palabras del fiscal Anticorrupción, son una de las principales pruebas de cargo contra Fernández Díaz, que en todo momento ha negado haber tenido conocimiento de la operación llevada a cabo sobre el extesorero del PP y su familia. Sin embargo, en el marco de la estrategia conjunta de defensa y aprovechando que las conversaciones fueron borradas en su momento, el abogado del exministro del Interior ha restado credibilidad a las mismas –"no existieron nunca"– mientras la defensa de su ex secretario de Estado de Seguridad miraba hacia otro lado, renunciando al propio perito informático con el que se buscaba confirmar la veracidad de los mensajes.

Una operación de la que no se informó a nadie

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Durante su declaración en fase de instrucción, El Gordo terminó señalando que entendía que lo que se buscaba con la operación Kitchen no era facilitar la información al juez instructor, sino "ocultarla". "Todas las cosas que hice yo de los testaferros no sé dónde han ido a parar", llegó a señalar. "¿Usted esta carpeta [la del volcado de móviles de Bárcenas] se la entregó al juez?", insistió el fiscal. "No", respondió el investigado. Durante el juicio, se ha puesto de manifiesto que los acusados no tuvieron interlocución alguna ni con el magistrado de Gürtel ni con los investigadores de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF). Y que la captación de Ríos se hizo al margen de los mismos. 

"Esa falta de interlocución les impedía conocer cualquier laguna que pudiera presentar la investigación del caso y que necesitase ser completada a través de ningún tipo de operativo", resaltó en su informe final el representante del Ministerio Público, que también recordó que "nunca se elaboró" ningún acta de los seguimientos realizados "dirigida a ser incorporada al procedimiento judicial". Pero es que, además, para cuando se puso en marcha el supuesto "operativo de inteligencia" para localizar patrimonio en el extranjero de Bárcenas, hacía meses que constaba en la causa la información relativa a los fondos del extesorero en Suiza. La respuesta de la Confederación Helvética a la comisión rogatoria cursada había llegado a finales de 2012.

Otro de los elementos que han sido utilizados por las acusaciones para ahondar en la opacidad alrededor del operativo es la falta de incorporación del mismo a las bases de datos policiales hasta casi dos años después. La Kitchen no se introdujo hasta mediados de 2015 en GATI, el fichero de inteligencia policial en el que se registran las diferentes investigaciones, de forma que se establezcan cruces entre ellas por si hubiera elementos coincidentes y, en ese caso, se tuvieran que tomar medidas a nivel de coordinación entre unidades investigadoras. La Fiscalía Anticorrupción considera que con ese movimiento los acusados buscaban "enmascarar la operación policial". Es decir, legalizarla.