Estos días me tienen hasta el gorro con el famoso crucero del virus. Según todos los expertos a los que he tenido ocasión de escuchar en televisión, y no han sido pocos, están de acuerdo en que este patógeno no tiene capacidad para provocar una pandemia porque, aunque es muy letal, tiene un desarrollo lento y no se trasmite con facilidad.

Pues bien, los políticos han decidido que “vamos a morir todos”. Los hunos se han dedicado a criticar al Gobierno por lo que hace y por lo que no hace; y los hotros, el propio Gobierno, se ha dedicado a matar moscas a cañonazos para que no les acusen de que no han hecho nada.

La principal obligación de los políticos, los que gobiernan y los que están en la oposición, es informar con la verdad a los ciudadanos. Y, si no hay razones científicas objetivas para acojonar al personal, contribuir a mantener la calma y nunca generar la desconfianza y el caos. Los que provocan alboroto se llaman alborotadores; los que causan terror se llaman terroristas; y los que mienten a sabiendas, se llaman mentirosos. Que cada cual aplique el sustantivo preferido.

Mención aparte merece la prensa, al menos la televisión. Llevamos no sé cuántos días dedicando un tiempo asombrosamente largo a repetir hasta la saciedad las mismas historias o historietas. Hemos seguido al barco milimétricamente, sabemos el número de infectados y solo ese dato, entre personas que conviven en un barco no muy grande, ya nos debería hacer pensar que el bicho no es tan listo colonizando seres humanos. Aun así, la televisión ha seguido “erre que erre” con la misma cantinela. ¿De verdad creen los periodistas responsables que eso es dar información veraz a la ciudadanía? El comportamiento ha sido tan amarillista que parece obra del presidente zanahoria.

Estoy seguro de que ni todos los políticos ni todos los periodistas se han comportado así, pero tengo esa misma seguridad al afirmar que así es como nos hemos sentido muchos ciudadanos.

El tema ha resultado morboso y hasta perverso, ¿son más importantes unos turistas en un crucero exclusivo que los palestinos, los libaneses, los sudaneses o los 7.000 niños que mueren de hambre cada día en nuestro maravilloso sistema capitalista?

Por favor, seamos serios. Ruego a todos los responsables políticos y de los medios de comunicación que nos traten a los ciudadanos como adultos y con respeto.

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Ángel Díez es socio de infoLibre.

La evacuación de los pasajeros del crucero Hondius, en el que se ha declarado un brote de hantavirus, se producirá "en un solo movimiento" durante el fondeo del buque en el interior del dique del puerto de Granadilla (Tenerife) a lo largo de la mañana del domingo.

Será una operación precisa para aprovechar "la ventana de oportunidad" que supondrá el buen estado previsto de la mar y del viento, que empeorará a partir del lunes, ha informado el portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, este viernes.

Ha explicado a los periodistas que, tras el fondeo del barco, se evacuará a los pasajeros y se les trasladará en falúas hasta unos autobuses 'burbuja', que los llevarán directamente hasta la pista de aterrizaje del aeropuerto Tenerife Sur para ser embarcados en aviones que los llevarán a sus respectivos países.

Cabello ha señalado que este protocolo ha sido diseñado por Sanidad Exterior, y el objetivo es que no se produzca ningún contacto con la población.

La condición indispensable para que pueda producirse este operativo es que los aviones que tienen que repatriar a todas las personas estén en tierra entre la noche del sábado y la mañana del domingo, "porque todo debe producirse en un único movimiento", ha subrayado el portavoz.

El barco se posicionará frente a la costa de Tenerife en la madrugada del domingo, entre las 03:00 y las 05:00 horas, y tan pronto como amanezca fondeará en el interior del puerto de Granadilla, donde "se dan las condiciones marítimas óptimas para garantizar la seguridad de la operación en el menor tiempo posible", pero en ningún caso tocará tierra.

Los prácticos portuarios garantizarán la estabilidad del barco para que se produzca la evacuación de las personas en falúas hasta el muelle, donde se dispondrá un dispositivo con distintas barreras de seguridad que garantizan que no se produce "ningún contacto ni con la población ni con nadie en la isla de Tenerife".

Una vez en tierra, los pasajeros serán trasladados en "guaguas (autobuses) burbuja encapsuladas", hasta la pista de aterrizaje del aeropuerto Tenerife Sur, en donde estarán los aviones que los llevarán a sus respectivos países.

"Ni siquiera se van a detener en el control de pasaportes. El control se realizaría en el propio puerto; de ahí, guagua encapsulada, escolta, entrada al aeropuerto, pista, avión y despegue", ha resumido el portavoz.

Para Cabello, el elemento clave de esta operativa es que en la noche del sábado o la mañana del domingo estén todos los aviones listos, para así poder "alinear todo este dominó: una pieza depende de la siguiente y no puede fallar nada".

Está confirmada la presencia de cuatro aviones de Países Bajos, Gran Bretaña, Estados Unidos y España, si bien se van a agrupar los nacionales de nueve países de la Unión Europea y de tres países extracomunitarios en un solo vuelo.

También es posible que el armador y Países Bajos asuman la responsabilidad de algunos otros vuelos correspondientes a parte de la tripulación.

Además, es muy importante que todo el proceso se realice en un único movimiento, porque está previsto que las condiciones del mar cambien "de forma muy importante a partir del lunes", se habla de "un mar de fuerza 9", que impediría la operativa, según Cabello.

Las condiciones favorables de la mar no se recuperarían hasta finales de mayo, según esas previsiones.

"Exigimos que se garantice la operativa aérea y, si no puede garantizarla la Unión Europea, que la garantice el propio Estado español mediante recursos militares u otros medios", ha subrayado.

Una vez evacuado el pasaje, se continuará el procedimiento de desinfección del barco, repostaje y disposición del cadáver que permanece en el crucero y zarpará hacia Países Bajos con al menos treinta de sus sesenta tripulantes.

Cabello indicó que en el barco hay 147 personas de 23 nacionalidades, todas asintomáticas desde el 28 de abril, y se calcula que entre 80 y cien sean desembarcadas, ya que un número indeterminado de tripulantes, al menos treinta, seguirán a bordo.

Cabello ha informado además de que Sanidad Exterior va a desarrollar un protocolo específico de protección para cada perfil profesional de los trabajadores implicados en la maniobra, desde los conductores de las guaguas hasta el personal de atraque, pasando por la Guardia Civil o la Policía Nacional.

Tras las discrepancias sobre la obligatoriedad de las cuarentenas de los españoles que mostraron el Ministerio de Defensa y el de Sanidad, fue el titular de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, quien ha explicado que será obligatoria "en los casos que se determinen" por las autoridades científicas.

El periodo de incubación del hantavirus puede oscilar —según la OMS— entre una y seis semanas, pero ahora hay que establecer el día cero en el que han dejado de tener contacto con contagiados para calcular las cuarentenas sin que se alargue el proceso. Ninguno de los ocupantes del buque presenta síntomas desde el 28 de abril.

Los catorce españoles se encuentran bien y cuando lleguen a Madrid serán evaluados en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla de Madrid —que cuenta con una de las unidades de aislamiento de alto nivel (UATAN) más importantes de Europa, en caso de ser necesaria—, previa firma del consentimiento para ello, y posteriormente se analizará día a día su evolución con todas las pruebas que sean necesarias.

Además, la UATAN del Hospital Universitario de Nuestra Señora de La Candelaria, en Tenerife, ya está lista por si fuera necesario usarla con alguno de los pasajeros.

Esta unidad de Tenerife es la única en Canarias y una de las 17 que existen en España, motivo por el que la isla era el lugar más apropiado para la operación.

Respecto a la tripulación, en principio se baraja que sea Países Bajos como país de bandera y del armador del barco quienes asuman sus necesidades, así como la desinfección del buque, que no es una tarea compleja y que se desconoce si se hará en alta mar o una vez regrese su país de origen.

La OMS, por su parte, trabaja en hallar el origen del brote, que podría estar en un viaje ornitológico por Argentina, Chile y Uruguay realizado por el matrimonio neerlandés que falleció. Además, otra mujer murió en el barco tras presentar síntomas de neumonía.

La obesidad empieza en el cerebro y hoy sabemos que su desarrollo –y su tratamiento– no es igual en hombres y mujeres. Esta pandemia silenciosa, que avanza junto con la diabetes tipo 2 como una de sus complicaciones principales, afecta ya a más de mil millones de personas.

Mientras nuestro entorno se vuelve cada vez más obesogénico, el cerebro sigue funcionando con reglas ancestrales que dificultan mantener la pérdida de peso, incluso con fármacos tan revolucionarios como la semaglutida (Ozempic). Este cambio de mirada está transformando los tratamientos actuales y abriendo la puerta a nuevas terapias dirigidas directamente al cerebro.

La obesidad y el sobrepeso suelen describirse como un exceso de grasa o un problema metabólico, pero su origen profundo reside en el sistema nervioso central, especialmente en el hipotálamo, la región que actúa como un “termostato energético”. Durante el 95 % de nuestra historia evolutiva hemos vivido en escasez: caminar, cazar y recolectar era imprescindible, y el cerebro desarrolló mecanismos muy eficaces para defender la masa grasa, porque perderla podía significar no sobrevivir.

Ese “cerebro ancestral” opera hoy en un entorno absolutamente opuesto: alimentos hipercalóricos disponibles 24 horas, sedentarismo, estrés crónico, alteraciones del sueño y dietas ultraprocesadas. El resultado es un desajuste entre nuestra biología y nuestro estilo de vida, amplificado en personas con predisposición genética. A ello se suma algo que la investigación empieza a explorar con claridad: el sistema que regula el peso no funciona igual en hombres y en mujeres.

El hipotálamo integra señales hormonales (como leptina o insulina), metabólicas y sensoriales para equilibrar la energía ingerida y la gastada. Cuando perdemos peso, el cerebro interpreta la situación como una amenaza y activa potentes mecanismos de defensa: aumenta el apetito, reduce el gasto energético y refuerza una “memoria metabólica u obesogénica” que empuja a recuperar el peso previo.

Por eso, aunque la dieta y el ejercicio son esenciales para la salud y deben ser siempre la primera intervención, en muchas personas no bastan para revertir la obesidad cuando los circuitos cerebrales ya están alterados. Este punto no invalida el beneficio del estilo de vida: simplemente reconoce que, en ciertos casos, el cerebro necesita apoyo farmacológico para salir del bucle obesogénico.

Cuando el hipotálamo se inflama –por estrés, dietas hipercalóricas, falta de sueño, alteraciones hormonales o susceptibilidad genética– se altera la actividad de las neuronas que regulan el hambre y la saciedad. Algunas personas logran volver espontáneamente al peso inicial tras una sobrealimentación; otras, en cambio, muestran un “freno hipotalámico” menos eficaz y acumulan peso con más facilidad. La diferencia está en el cerebro.

Las neuronas hipotalámicas AgRP (que estimulan el hambre) y POMC (que promueven la saciedad) regulan de forma precisa el comportamiento alimentario. Sin embargo, el hipotálamo no es solo un conjunto de neuronas: también incluye microglía, las células inmunitarias del cerebro, cuyo papel se ha revelado determinante. En nuestro grupo hemos descrito tres fases de activación microglial en las primeras etapas de la sobrealimentación:

Estas fases no se comportan igual en hombres y mujeres. En modelos de roedores, las hembras muestran una respuesta neuroinmune más estable y protectora, lo que podría explicar por qué desarrollan obesidad más tarde. Este patrón recuerda a lo que se observa en mujeres premenopáusicas. Antes de la menopausia, las mujeres tienen menor riesgo de enfermedades metabólicas y cardiovasculares que los hombres, gracias al efecto protector de los estrógenos. Pero la protección disminuye en la perimenopausia y la menopausia, un periodo todavía muy poco estudiado y crítico para el riesgo cardiometabólico.

Además, en modelos animales y cultivos celulares hemos detectado alteraciones muy tempranas –en microglía, en señales lipídicas como los endocannabinoides y en la sensibilidad neuronal a la insulina– incluso antes de que aparezcan cambios visibles en tejidos periféricos. Esto sugiere que el detonante inicial de la obesidad es cerebral. Integrar esta perspectiva de género resulta esencial para avanzar hacia tratamientos más precisos y efectivos.

El tratamiento de la obesidad ha cambiado de manera drástica desde 2021 con los agonistas del receptor GLP-1. La semaglutida y otros fármacos de la familia de las incretinas, desarrollados inicialmente para la diabetes tipo 2, demostraron una notable capacidad de reducir peso mediante acciones tanto periféricas como centrales. Sin embargo, presentan limitaciones conocidas: efectos gastrointestinales, pérdida de masa magra, recuperación del peso tras suspenderlos o respuestas variables según el perfil biológico del paciente.

Estudios recientes muestran, además, diferencias por sexo: las mujeres premenopáusicas tienden a responder mejor a estos tratamientos que los hombres.

Esto plantea un desafío: necesitamos terapias que actúen directamente sobre el cerebro, con mayor precisión y menos efectos sistémicos. Aquí es donde la nanomedicina dirigida al cerebro abre un nuevo horizonte. En nuestro grupo desarrollamos nanoplataformas (micelas poliméricas, nanopartículas proteicas o formulaciones intranasales) capaces de transportar fármacos de forma selectiva al cerebro. Estas tecnologías permiten encapsular moléculas que, administradas sin protección, serían ineficaces o tóxicas, y dirigirlas a las células que controlan el apetito y la homeostasis energética.

Estas aproximaciones podrían complementar o potenciar las incretinas, reducir efectos secundarios, mejorar la adherencia y ampliar el número de pacientes que responden. Representan una vía para tratar la obesidad desde su origen cerebral, con intervenciones más personalizadas y sostenibles.

La obesidad no es un fallo de voluntad, como está estigmatizado a nivel social, ni un problema individual. Es una enfermedad compleja con raíces profundas en un cerebro adaptado para sobrevivir en la escasez. Abordarla requiere un doble enfoque: promover estilos de vida saludables y, cuando es necesario, utilizar terapias que actúen sobre los circuitos cerebrales que regulan el peso.

Comprender cómo funciona –y cómo falla– el hipotálamo será clave para frenar la pandemia silenciosa del siglo XXI. Y es ahí, en el cerebro, donde se está librando la batalla científica más prometedora.

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Rosalia Rodriguez Rodriguez es catedrática del Departamento de Ciencias Biomédicas en la Universitat Internacional de Catalunya.

El Congreso ha aprobado por unanimidad la convalidación del real decreto para desarrollar las medidas de la ley ELA con el que las personas en fase avanzada de esta enfermedad tendrán derecho a una prestación de hasta 10.000 euros al mes, gracias al apoyo de todos los grupos parlamentarios.

La iniciativa ha salido adelante con 346 votos a favor y ninguno en contra.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha sido el encargado de defender esta iniciativa ante los parlamentarios y de pedirles su voto a favor, ya que, según ha dicho, "en lo esencial" están de acuerdo y es que las personas con ELA u otras enfermedades irreversibles "por fin van a contar con una protección y un acompañamiento por parte de los poderes públicos".

Este real decreto ley crea un nuevo grado de dependencia extrema o Grado III+ para dar protección específica a personas con enfermedades neurológicas con cuidados de alta complejidad y garantizarles atención personalizada 24 horas y refuerza el sistema de dependencia con 500 millones de euros para garantizar la atención "intensiva y personalizada" de las personas con esclerosis lateral amiotrófica en fase avanzada.

Bustinduy ha agradecido el apoyo de los grupos de la Cámara, "más allá de alguna excepción esperable", por demostrar que "propiciar estos acuerdos y empujarlos no invalida ninguna estrategia política, no supone una concesión ni una derrota y no es algo que ningún electorado vaya a ver negativamente".

"La política social tiene esa capacidad de suspender el enfrentamiento gratuito e improductivo para poder convertirse en acuerdos, en consensos, en avances para mejorar el conjunto de nuestros servicios públicos", ha apostillado.

El ministro ha valorado el trabajo que se está haciendo con las comunidades para que el despliegue, desarrollo y aterrizaje de esta ley se haga "con la mayor celeridad, fiabilidad y coherencia posible" y sin infringir ninguna de las competencias autonómicas.

Todos los grupos parlamentarios han votado a favor de la convalidación del decreto, aunque han sido muy críticos con el hecho de que la financiación para implementar esta ley llega muy tarde, ya que ha pasado un año desde la aprobación de la norma.

"12 meses y 20 días desde la publicación en el BOE de la ley ELA, que entraba en vigor al día siguiente, y no han hecho nada en este año", ha lamentado la diputada del PP Elvira Velasco, quien cree que "no hay excusa alguna" sino falta de voluntad política para disponer antes de una dotación presupuestaria para financiarla.

El diputado de ERC Jordi Salvador ha aprovechado para recordar a la Cámara que "hay muchas otras elas que por cuestiones electoralistas no se están solucionando", y ha instado "a la humanidad de los diputados y diputadas" para que avancen con temas cruciales como el de la vivienda o el ingreso mínimo vital.

"Este día se ha hecho esperar demasiado, llega más de 1.100 muertes tarde, 1.100 familias afectadas por la ELA que no han visto los beneficios de su ley por dejadez del Gobierno español", ha criticado Pilar Clavo, de Junts, que ha reclamado al Ejecutivo que active de forma urgente e inmediata las ayudas.

Desde el PNV, Maribel Vaquero ha dicho ser consciente de las dificultades de implementar esta norma, si bien ha subrayado que "las personas afectadas no pueden esperar más", en tanto que Marije Fullaondo (EH Bildu) ha remarcado que "cualquier demora en la asignación de recursos implicaría el pago de un precio demasiado alto".

La diputada de Vox Rocío de Meer ha considerado que "la bancada azul tiene que pedir perdón" porque lleva años "dejando tiradas" a las personas con ELA, ya que hace dos años vetaron la ley que presentó su grupo.

También han apoyado el decreto UPN, Coalición Canaria, BNG y Podemos porque era "necesario e imprescindible", aunque algunos han advertido de que la financiación puede ser insuficiente.

La llamada ley ELA fue aprobada el 10 de octubre de 2024, con un apoyo de 344 votos, y entró en vigor el 1 de noviembre de ese año. Sin embargo, hasta este miércoles la ley se ha encontrado en un estado de bloqueo.

Como señaló El País, uno de los motivos de esta paralización es la escasez de datos fiables sobre el número total de enfermos en España, que, según los ministerios de Sanidad y Derechos Sociales, oscila entre 1.400 a 4.000 pacientes.

Estas carteras ministeriales también han apuntado que otra problemática es la falta de estructura de las asociaciones de afectados, que serían las encargadas de gestionar las subvenciones.

Al tratarse de una enfermedad que necesita una respuesta rápida, Sanidad ha elaborado un plan de choque coyuntural dotado con 10 millones de euros para solucionar las urgencias de las familias que accedan a las ayudas. Las autonomías se ocuparán de administrar estas ayudas.

En marzo de 2022 se admitió a trámite el primer texto, planteado por Ciudadanos, como proposición de Ley. Sin embargo, la convocatoria de elecciones generales en 2023 paralizó su tramitación. En esta legislatura, se han admitido a trámite tres proposiciones de ley para el cuidado de los enfermos de ELA: una del PSOE y Sumar, otra del PP y otra de Junts. Una cuarta proposición, la de Vox, fue rechazada.

Cuestiones como la de si las ayudas deben extenderse a otros pacientes de enfermedades neurodegenerativas han ido alargando el proceso. Finalmente, en 2024 se consiguió aprobar un texto conjunto y, ahora, la convalidación del real decreto para desarrollar las medidas.

La actriz Antonia San Juan ha anunciado que tiene cáncer en un vídeo publicado en la madrugada de este jueves en sus redes sociales el que ha explicado que se retira de los escenarios durante un tiempo para curarse: "Confío plenamente en la ciencia", según recoge EFE.

La intérprete (Las Palmas de Gran Canaria, 1961) ha explicado que se alejará de los escenarios para centrarse en su tratamiento. "Cuando analicen la biopsia me dirán qué tipo de cáncer es y si tiene solución. Yo confío plenamente en la ciencia y ahora lo que me toca es seguir el tratamiento que me pongan", ha señalado.

Conocida por sus trabajos en Todo sobre mi madre (1999) o en la serie de televisión La que se avecina, explica que siempre ha tenido faringitis crónica: "Este año he suspendido funciones por esa causa, hasta que el otro día fui al médico de familia y me dijo que veía un problema en las cuerdas vocales". "Me mandó al otorrino, me ha hecho pruebas, un TAC, me han hecho de todo. Me hicieron una biopsia y ya me han dado el medio diagnóstico: tengo cáncer", ha dicho.

La actriz concluye el comunicado diciendo que su vida "ha sido y es bonita" y que no le gusta quejarse ni que la gente le tenga "compasión"; "solamente quiero dar las gracias a los que están ahí. Si ven que no estoy activa pues bueno, es que estoy enferma. Gracias a todos y voy a hacer todo lo posible por curarme. Un abrazo. Gracias".

Más de 24 horas en una silla de un servicio de urgencias que tiene hasta otros 41 pacientes repartidos por varias camas en sus pasillos. No es una imagen nueva. Los profesionales del Hospital 12 de Octubre de Madrid denuncian con cierta periodicidad que no llegan. Que no hay camas suficientes en planta. Y que es difícil ofrecer una atención de calidad en esas condiciones. Es un problema estructural, pero que ha estallado (otra vez) esta última semana, coincidiendo con una expansión de un virus de la gripe que también está poniendo en jaque a otros hospitales de toda España. Un año más ha faltado vacunación, ha faltado previsión y ha faltado, además, un plan global. Los consejeros del PP bloquearon el que el Ministerio de Sanidad intentó aprobar el pasado mes de diciembre. "Fue muy lamentable. Se tomó la decisión por pura estrategia política, no por lógica sanitaria", lamenta el epidemiólogo y exdirector de Acción Sanitaria en situaciones de crisis de la OMS Daniel López Acuña.

Ocurre cada año y siempre por las mismas fechas. Con la llegada de la temporada de otoño e invierno vuelven los tres virus respiratorios que ponen a prueba, también, lo que aprendimos de la pandemia de coronavirus: el de la gripe, el covid y el sincitial. Los últimos datos publicados por el Instituto de Salud Carlos III este jueves —correspondientes a la situación de la semana de entre el 30 de diciembre y el 5 de enero— muestran que la tasa de infecciones que han supuesto un ingreso en los hospitales es ya de 23 casos por 100.000 habitantes, un 16,7% más que una semana antes. Los vistos en atención primaria, por su parte, son ya 639,8, un 13,6% más.

Pero casi todas estas cifras son responsabilidad de la gripe. En concreto, la influenza ha pasado en tan sólo una semana de una tasa estimada de 134 casos detectados en centros de salud a 200,9 (un 50% más), mientras que la de los ingresos hospitalarios casi se ha duplicado, al pasar de los 2,5 casos por cada 100.000 habitantes que registró la última semana de 2024, a 4,7 en la primera de 2025. "El impacto y la presencia de la gripe está siendo particular. En las últimas dos semanas, de hecho, ya ha rebasado los umbrales epidémicos", señala López Acuña. No se espera además que el fin esté cerca. El experto de hecho estima que seguirá así, al menos, otras dos semanas. Y eso puede ocasionar todavía muchos más problemas. "No podemos banalizarlo porque estos virus pueden ser severos en población de riesgo. La letalidad de los ingresados por covid alcanza el 6% y la de los ingresados por gripe está ya en el 2%. No es pecata minuta", advierte.

La relación está clara: si los contagios crecen, es más probable que lo hagan también entre personas mayores y enfermos crónicos. Y eso incrementa la mortalidad de los virus. Pasó durante la pandemia y pasa ahora. Por eso la prevención no sólo es importante, sino crucial. Y este año no ha sido suficiente. "No se ha hecho lo que se tendría que haber hecho. En primer lugar, porque no se ha conseguido una adecuada cobertura de vacunación", lamenta.

Es algo que lleva pasando ya varios años. Según los datos del Ministerio de Sanidad, en 2022 se vacunó el 50,8% del personal sanitario, casi diez puntos menos que en 2021 (59,9%) y quince puntos por debajo de 2020 (65,6%). En cuanto a los mayores de 74 años la cobertura contra la gripe perdió un punto entre 2021 y 2022, prácticamente lo mismo que perdieron los mayores de 64. En 2023, por su parte, sólo se vacunaron el 43,7% de los sanitarios, el 74% de los mayores de 74 y el 66% de los mayores de 64.

Este año la Asociación Española de Vacunología ya alertó de que todo apuntaba a que los números bajarían todavía más. El 3 de diciembre, dos meses después del inicio de la campaña, la organización científica lamentó que sólo se había vacunado un 56,3% de los mayores de 65 años, una cifra muy lejana de los estándares fijados como ideales por las autoridades sanitarias, que hablan de la necesidad de cubrir al 75% de esa población diana.

La pregunta es por qué. No parece, al menos a priori, que sea porque ha crecido el porcentaje de población antivacunas. Según el último barómetro sanitario del CIS, una inmensa mayoría del 89,4% de los españoles cree que vacunarse es una buena manera de protegerse de las enfermedades y el 85,9% sigue las recomendaciones de los profesionales sanitarios respecto de la vacunación. Un 27%, a pesar de ello, cree que provocan efectos adversos en la salud.

¿Entonces, qué es lo que ocurre? Según López Acuña, es necesaria una mayor "conciencia de la población", pero también una mayor "contundencia de las autoridades".

Ahí está la clave para los profesionales sanitarios. La gripe regresa cada otoño y prácticamente en todas las temporadas los servicios de atención primaria y de hospitales se ven, cuanto menos, tensionados. "Eso lo que hace es denotar, por desgracia, que el déficit de plantillas es estructural y que falta una adecuada gestión y organización", denuncia Ángela Hernández, del sindicato médico madrileño Amyts.

El Hospital 12 de Octubre es el mejor ejemplo. Sus profesionales, en un comunicado publicado este martes, lamentaron que "la situación de colapso" que sufre el centro "está mediada fundamentalmente por una infradotación crónica del personal médico" y del de enfermería. Según sus cálculos, hacen falta 25 nuevos facultativos. Pero no llegan. Y mientras tanto, señalan, se ha incrementado la asistencia anual un 47% en una década. "En áreas de gravedad alta donde hay 42 puestos disponibles con cama, estamos atendiendo a casi 60 pacientes, con los mismos recursos de medicina y enfermería, regularmente durante todo el año y no solo en el pico de invierno ocasionado por el aumento de infecciones respiratorias como la gripe", denuncian.

"Cuando llega algo que se sale de lo normal, como esta temporada de virus, la sobrecarga ya es absolutamente tremenda", lamenta Hernández.

Ocurre así en todas partes. "Todo el mundo sabe lo que va a pasar cuando llega el frío, pero nadie pone remedio. Y así pasa año tras año", afirma Javier Martínez, secretario de Sanidad, Servicios Sociosanitarios y Dependencia de UGT-Servizos Públicos de Galicia. Allí, según informa, la "tónica común" en todos los hospitales es la misma: "saturación por enfermedades respiratorias, gente en pasillos, plantas saturadas, etc.". "En algunos hospitales de Euskadi ha habido días con esperas de cuatro o cinco horas y en algún caso han llegado a ocho. Muchos podrían haber sido atendidos en centros de salud, pero los pacientes dice que no les daban cita", señalan por su parte desde el Sindicato Médico de Euskadi.

Y la historia se repite también en Andalucía, donde CCOO lamenta que no han dejado de subir los ingresos en menores de un año y mayores de 79. Y en la Comunitat Valenciana, donde centros como La Fe acumulan han llegado a tener hasta 44 pacientes en urgencias esperando una cama.

La situación ha provocado que cada comunidad decida, por su cuenta, si toma o no medidas. Y así, según ha informado EFE, Andalucía ha activado su Plan de Alta Frecuentación a principios de diciembre, que consta de cuatro fases en función de la demanda; Aragón ha dirigido a los profesionales sanitarios de centros médicos, sociosanitarios y de servicios sociales una instrucción que recomienda la mascarilla, que pueden hacer obligatoria si así lo deciden sus direcciones; y Cataluña tampoco descarta la medida, puesto que su sindicato médico Metges de Catalunya también habla de saturación.

Todas estas medidas se están tomando ante la falta de un plan común, que es lo que pretendía aprobar el Ministerio de Sanidad para evitar lo que tuvo que hacer el año pasado, cuando acabó imponiendo el uso de mascarilla en los centros sanitarios de todo el país. Los técnicos ministeriales y autonómicos lograron avanzar en un documento de medidas que, sin embargo, no pasó después el filtro de la Comisión de Salud Pública, donde los directores generales de las autonomías del PP se negaron a votarlo.

Flexibilidad es una palabra apetecible pero con trampa. Flexibilidad produce injusticia cuando vincula a dos partes en desigualdad de condiciones, que es tantas veces. España, el país de la trágica jornada partida y de las sillas bien calientes, debate desde este jueves sobre una flexibilidad inconcebible hasta ahora: que se pueda estar enfermo a medias. Baja laboral flexible. Al presidente de la patronal le ha parecido fabuloso, un Gobierno de izquierdas haciéndole el trabajo. 

Dicen que es un globo sonda, un atrevido y estruendoso globo sonda, pero yo creo que es una grieta. Se apunta a que las “nuevas formas de trabajo”, es decir, hacerlo desde casa con un ordenador, permiten que un empleado que no esté para ir a la oficina sí pueda, digamos, revisar unos documentos, contestar unos correos, en pijama medio incorporado en la cama. Que si tienes una lesión de rodilla que te impide impartir tus clases en el gimnasio puedas dar clases de inglés online. El ejemplo es del presidente de la CEOE. Qué parte del cuerpo tiene usted disponible, como si no fuéramos un todo conectado.

Si ya tantísima gente acude a trabajar enferma por miedo propio o por presiones ajenas, ¿qué puerta abre plantear que una baja médica no sea algo absoluto, innegociable? La ministra de Inclusión, Elma Saiz, puso además un ejemplo durísimo: una persona que está saliendo de un tratamiento de cáncer. Sólo imaginar a un empleador achuchando a alguien que está en ese proceso para que vuelva a trabajar produce pavor. Esa es la grieta abierta.

Un país aún esclavo de la presencialidad, donde una gran parte de los trabajadores siente que apenas le queda vida después de trasladarse a la oficina, comer en la oficia y volver de la oficina, le ofrece ahora un matrimonio en la salud y en la enfermedad a los empleadores. De los creadores de “me voy de los últimos para que no piensen que soy un vago”, llega “voy a trabajar con un dolor inmenso para que no digan que soy un vago”. Yo he conocido personas, en otros sitios, que no se cogen vacaciones en dos años para hacer méritos. Esa es la grieta abierta.

Un país con un desempleo juvenil inaceptable se empeña en que trabajen los que pasaron la edad de jubilarse y, ahora, que lo hagan también quienes están enfermos. Detrás de estos intentos, y lo justo sería que lo dijeran con todas sus letras y sin otras ocurrencias, sólo hay una necesidad de hacer números. Pero hacer números con la salud y con el derecho al descanso después de una vida laboral completa no es de recibo. Hagan mejores cuentas con los empresarios que nadan en beneficios y márgenes amplísimos mientras quienes se dejan su existencia trabajando para ellos no pueden ni pagarse un salón propio.

Como personal sanitario quería dar mi visión desde mi experiencia de varias de las áreas sanitarias que están fallando, creando grandes problemas a la población, meramente por estar el sector mercantilizado para los intereses y las ganancias de unos pocos. Situación que nada tiene que ver con la prevención, la promoción y la mejora de la salud de la población, atentando en contra de las profesiones sanitarias y de los ciudadanos. 

Con más de quince  años de experiencia  en el sector de los cuidados a personas dependientes en residencias, he vivido de cerca el gran negocio. He  denunciado a uno de los grandes grupos de los 12 que gestionan y se reparten el pastel en España. Grupos que poseen un índice muy elevado de fallecimientos durante la pandemia, en comparación con otras residencias similares que no han tenido casi fallecidos durante la gran hecatombe de  los meses de marzo y abril del 2020 por la COVID-19.  En Madrid ha habido más de 7.000 fallecimientos y más de 30.000 a nivel nacional.

La dependencia es una de las necesidades poblacionales donde más vulnerables somos, tanto las personas como los familiares. Nuestras instituciones  no favorecen otras alternativas. Como profesional he decidido salir de este sector porque no puedo ejercer correctamente mi profesión, teniendo muchos problemas a nivel personal por reclamar lo que deberían ser derechos fundamentales. Debería ser premiado y no castigado. Es una realidad muy injusta de la que debería haber responsables y en la que nos hemos sentido coaccionados y abandonados.

Son muchas las publicaciones que he hecho sobre este tema, además de escribir el libro Lodo y Fango en las Residencias. Sigo colaborando para tratar de cambiar un sector en el que hay inversores tratando de ganar grandes cantidades de dinero a costa de una necesidad poblacional, subvencionadas con dinero de todos los ciudadanos que acaban en manos de empresas privadas y no en las personas y sus cuidados.

En mi sentencia, y a pesar de haberlo avisado con denuncias y reclamaciones, tanto por mi parte como por la de los familiares, no fuimos escuchados. Denuncié en Noviembre de 2019 (4 meses antes del estallido de la COVID) sin darme la razón en primera instancia. Tuve que aceptar que hubiera 52 fallecidos durante mi proceso de suplicación por no estar de acuerdo con la decisión del juez. Aun así me dieron la razón a medias obligándome durante ese tiempo a trabajar con esta empresa tan indigna. Esto demuestra la poca implicación por parte de nuestras instituciones (jueces y fiscales). Nos negaron un derecho que supuestamente deberíamos tener en un sistema democrático y constitucional.

En la sentencia,  el juez reconoce que durante períodos largos y mantenidos, tenía una carga laboral cuatro veces superior a la que contempla la normativa. Un dato curioso es que las  inspecciones nunca detectaron estos problemas, pero sí se demostró  judicialmente. Mi pregunta es: ¿qué hacen estos inspectores?

Por detrás de esta falta de personal y de los problemas estructurales hay consecuencias directas en el empeoramiento de la salud y en la mortalidad. La falta de personal, de profesionalidad, de higiene, de limpieza, de ventilación (ventanas y salidas de emergencia cerradas), de medidas preventivas, de alimentación, hidratación y las temperaturas excesivas hacen que haya una incidencia directa que influyó en que las personas más vulnerables llegaran muy debilitadas a la pandemia, y es ahí donde debería haber responsabilidades.

Por otro lado, la política y su incompetencia, derivada de algún interés oculto que desconocemos pero podemos imaginar, han decidido cerrar las comisiones de investigación, volviendo a negar otro de los derechos fundamentales. Muchos ciudadanos y familiares necesitamos que se esclarezca qué es lo que ocurrió. Desde Marea de Residencias y Verdad y Justicia (plataformas de las que soy miembro) hemos allanado este trabajo. Se ha impulsado una comisión de investigación ciudadana con expertos de gran prestigio y carisma, un trabajo que deberían haber hecho ellos y que ha llevado mucho tiempo.

Nuestras instituciones no están siendo “trigo limpio”, ya que deberían proteger los derechos de los ciudadanos y no los intereses de estos inversores, poniendo en riesgo nuestra Constitución y sistema democrático y judicial a favor de las grandes economías, abandonando y yendo en contra de los derechos de la mayor parte de la población en un sistema que debería ir a favor de estos mismos.

Se ha culpabilizado de todo a la COVID-19, cuando parte de esos fallecidos fueron por otras causas según datos aportados por infoLibre. Seguiremos luchando por estas causas.

Es otro de los problemas que afectan directamente a la promoción y a la prevención de la salud de la ciudadanía. Son muchos los sanitarios que se quejan de las condiciones laborales que tienen, sin poder desempeñar bien su trabajo. Pero también es cierto que son pocos los que se enfrentan a sus directivas, la mayoría parece mirar hacia otro lado, siendo víctimas y cómplices a la vez. Saben muy bien cuáles son las buenas prácticas cara a los ciudadanos, rigiéndose y aceptando unos protocolos por parte de las directivas que nada tienen que ver, una vez más, con la mejora de la salud de los ciudadanos, y que fomentan el ahorro económico a corto plazo, poniendo en riesgo la salud de las personas y creando un problema a largo plazo. 

A día de hoy, continúo ejerciendo como sanitario, teniendo contacto con muchas personas que tienen problemas de salud. Muchas de ellas me reafirman mis pensamientos: "hacemos filosofía de algo que es ciencia, llegando a poner tratamientos con medicaciones muy fuertes sin un diagnóstico previo, como es el caso del uso del fentanilo". Tratamientos que no buscan la mejor solución para la persona sino la más rentable a corto plazo y la más perjudicial para las personas.

Otra de las áreas donde se debería hacer más hincapié es en la psicología. A día de hoy es escasa de cara a los ciudadanos. Casi no hay tratamientos terapéuticos con psicólogos en el sistema público de salud, derivando todo a psiquiatría y medicando a la población para tratar la sintomatología (alarma de que algo no funciona bien en nuestro interior). No se solventa el problema de forma terapéutica, con una media de 2 sesiones anuales. Somos el país con mayor ingesta de benzodiacepinas. Hay un documental que habla de ello, Empastillados. La psicología es para muchas familias un producto de lujo que no pueden costearse y su única solución es consumir estas drogas para no sufrir más, creándoles mucha dependencia. Los trastornos mentales están en aumento, al igual que los suicidios, y lo más preocupante es que se están dando en la población más joven, porque no pueden más. Creo que es un tema en el que la población debería reflexionar y exigir cambios. Como sociedad parece que, si no nos toca directamente, no nos afecta.

Otra de las áreas en la que también debemos invertir y proteger es en la fisioterapia, la rehabilitación y el ejercicio físico. Se trata de patrones que una vez más y a largo plazo interfieren en la prevención y promoción de la salud. La realidad es otra y resulta que vuelve a ser para muchos un producto de lujo, donde en muchas ocasiones volvemos a tratar la sintomatología con medicamentos en vez de tratar el problema de forma terapéutica.

Como sociedad deberíamos reflexionar sobre estos problemas y exigir mayor inversión en la prevención y promoción de la salud de la población. Debemos cuidar al personal sanitario, y junto con la educación, ser los pilares fundamentales de nuestra sociedad. Invertimos mucha economía en turismo y ocio y nos despreocupamos de invertir en lo más importante y fundamental.

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Alejandro Joaquín Salado Monreal es técnico en cuidados auxiliares de enfermería, técnico en atención sociosanitaria y autor del ensayo  Lodo y Fango en las Residencias.

El Grupo Parlamentario Socialista del Congreso ha registrado una proposición no de ley para regular y definir la situación de electrodependencia y promover medidas de ayuda a las familias con algún electrodependiente, como garantizar que no se les pueda cortar el suministro eléctrico, informa Europa Press.

Además, la iniciativa registrada por el Grupo Socialista para su debate en el Pleno propone que los electrodependientes puedan acceder a bonificaciones en la tarifa eléctrica y que tengan a su disposición dispositivos que garanticen el suministro en casos de cortes programados e inevitables o coyunturas imprevistas, como equipos electrógenos o sistemas de alimentación ininterrumpida.

La proposición no de ley está firmada por los diputados Sonia Guerra López, Noelia Cobo Pérez, Emilia Almodóvar Sánchez, Carmen Andrés Añón, Mª Luisa Faneca López, María Guijarro Ceballos, Margarita Martín Rodríguez, Inés Mª Plaza García, Modesto Pose Mesura, Mª Nieves Ramírez Moreno, A. Esther Rodríguez Suárez, Luis Carlos Sahuquillo García, así como las portavoces socialistas Isabel García López y Montserrat Mínguez García.

En concreto, en ella explican que la expresión "electrodependencia" se utiliza para hablar de personas que dependen de una o varias máquinas conectadas a la red eléctrica para preservar su salud y en ocasiones también su vida. De esta manera, si la conexión se apaga o falla, las consecuencias pueden ser fatales. Además, a esto hay que añadir que las familias afectadas tienen que hacer frente a unas facturas eléctricas de importe muy superior al que tendrían que asumir si no tuvieran que afrontar la electrodependencia de uno de sus miembros.

Por ello, explican que hay un antecedente al reconocimiento legal a los electrodependientes en la Ley del Sector Eléctrico, que señala que, entre otros, se podrán considerar "suministros esenciales" aquellos de ámbito doméstico en los que exista constancia documental formalizada por personal médico de que el suministro de energía eléctrica es imprescindible para la alimentación de un equipo médico que resulte indispensable para mantener con vida a una persona. Además, recuerdan que según esta norma en ningún caso podrá suspenderse el suministro de energía eléctrica a las instalaciones cuyos servicios hayan sido declarados como esenciales.

La incidencia de las enfermedades respiratorias ha repuntado la última semana, desde los 523 casos por cada 100.000 habitantes hasta rozar los 800, por un aumento de la transmisión de gripe —que está provocando más hospitalizaciones de mayores— y, en menor medida, de covid-19 y bronquiolitis en niños, ha recogido EFE.

Lo ponen de manifiesto los informes del Sistema de Vigilancia de Infección Respiratoria aguda (SIVIRA) que divulga el Instituto de Salud Carlos III, que ya adelantaron un aumento en la positividad de las pruebas gripe y covid-19 que detecta la atención primaria y los hospitales, así como de los ingresos a causa de estos virus, en mayor medida, en población considerada de riesgo.

También aumentan los casos de bronquiolitis, provocada por el Virus Sincitial Respiratorio (VRS), y sus hospitalizaciones, principalmente en menores de 5 años, hasta alcanzar una tasa aproximada de 4 ingresos por cada 100.000 habitantes (3,2 en la semana previa).

El indicador de positividad de las pruebas para gripe en pacientes de atención primaria ha repuntado en una semana del 13 al 20% y para covid-19, que en semanas anteriores estaba por encima de la gripe, pasa del 13,3 al 14,3%.

En cuanto a la gripe, a diferencia del repunte del tipo B detectado el año pasado en la temporada de invierno, la del tipo A está presente en un 98,2% de los casos y registra "una pendiente en ascenso" en todos los grupos de edad, según los datos de Atención Primaria.

Sobre las hospitalizaciones, la tasa a causa de la gripe sube en la última semana a 2,9 casos por cada 100.000 habitantes (se encontraba en 0,6 hace tres semanas) con una mayor afectación, como suele ocurrir en cada temporada, en los mayores de 80 años (15,5 casos por la citada proporción de habitantes).

Los pediatras de la atención primaria están detectando las mayores tasas de covid-19 en niños de menos de 1 año, un colectivo que no se ha expuesto a las sucesivas oleadas de SARS-CoV-2 desde la pandemia que estalló en 2020.

Las hospitalizaciones vinculadas a este virus continúan su ascenso en las tres últimas semanas.

En la última han aumentado de 1,7 casos por cada cien mil habitantes hasta 1,9 casos, con una mayor afectación nuevamente en los mayores de 80 años (16,6 casos por la citada proporción de habitantes).

El informe que divulga semanalmente el Instituto de Salud Carlos III apunta que la bronquiolitis, que afecta principalmente a niños de 0 a 5 años y a mayores de 80, "aumenta su pendiente" pero con una tendencia a la estabilización en menores de edad.

Sin embargo, la incidencia en niños de menos de un año supera los 100 casos por cada 100.000 menores en este rango de edad, una cifra elevada en comparación con otras enfermedades respiratorias.

La nueva vacuna intranasal contra el VRS estrenó campaña el pasado mes de septiembre, con una tasa de inoculación en menores que ha alcanzado en algunas comunidades el 90 %, lo que, según pediatras y médicos de familia consultados por EFE, está contribuyendo a la estabilización de la bronquiolitis y a cuadros de menor gravedad.

El Hospital Severo Ochoa de Leganés (Madrid) agotó el pasado 30 de junio el presupuesto de todo el año para pagar las peonadas, que es como se conoce en el sector sanitario a las retribuciones que reciben sus profesionales por operar o hacer pruebas diagnósticas por las tardes a fin de reducir las listas de espera. Así lo comunicó la gerencia, según las fuentes que ha consultado infoLibre. No es algo inusual: cada hospital tiene asignada una partida anual para este fin que, a veces, no llega para cubrir el ejercicio. Cuando se agota, los hospitales pueden pedir a la Consejería de Sanidad –en realidad, a la de Hacienda, que es la que paga– que se la amplíen para gestionar los meses que faltan hasta diciembre.

La primera consecuencia de la falta de dinero en el Severo Ochoa: los pacientes recibieron una llamada para informarles de que se les aplazaba sine die la prueba que tenían programada. Al menos es lo que este periódico ha podido saber sobre las pruebas del servicio de radiología del hospital. La segunda, las nóminas de muchos médicos, enfermeras y celadores han encogido de forma sustancial. “Como los salarios no son muy buenos, a muchos la peonada les supone un sobresueldo importante”, explica Marisol Castro, portavoz de la Federación de Sanidad de CCOO en Madrid.

Lo que no quiere decir que este sistema para reducir listas de espera sea del agrado del sindicato. De hecho, es un método controvertido desde que se instauró. “[A la Consejería de Sanidad] le sale más barato pagar peonadas que contratar el personal que falta”, abunda por su parte Javier Ortega, responsable de atención hospitalaria de la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts). El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso “no quiere invertir en recursos humanos, en capital humano, más que en lo básico”, resume. Los delegados de Amyts en el Severo Ochoa ya han pedido a la gerencia una reunión en septiembre para solicitar más dinero a Sanidad.

A preguntas de infoLibre, la consejería niega que haya “problemas” este verano en el hospital de Leganés relacionados con las peonadas. Por el contrario, asegura que “la demanda de pacientes se atiende con todas las garantías de manera óptima”. “En julio y agosto”, añade, “nunca se realizan jornadas extraordinarias por la baja demanda de pacientes para el abordaje de tratamientos, así como por las vacaciones de los profesionales”. Pero no contesta si se ha agotado ya el presupuesto anual para peonadas de todo el año en este hospital. “No disponemos de la información sobre los presupuestos [de los hospitales]” , asegura un portavoz.

Esas partidas se asignan en los contratos programa que los hospitales de la red pública firman con el Servicio Madrileño de Salud (Sermas) cada año. En 2023, Sanidad ha repartido un total de 38,4 millones de euros entre 23 hospitales y la Unidad Central de Radiodiagnóstico. La cantidad se ha reducido apenas un 0,6% respecto a 2022. El centro que más dinero recibe es el Doce de Octubre, 4,72 millones de euros, seguido del Ramón y Cajal y el Gregorio Marañón, con 3,05 millones cada uno. El que menos, el Hospital del Tajo, sólo 157.446. “Algún año se nos acabó el presupuesto en octubre”, admite Javier Ortega, que es cirujano en ese hospital. El Hospital Severo Ochoa consiguió 956.225 euros este año, un poco más que en 2022 –745.497 euros–, pero mucho menos que en 2019, antes del covid, cuando se le concedieron 1,56 millones de euros.

En 2019, el año previo a la crisis del covid, Sanidad repartió 26,9 millones de euros entre 18 hospitales y la Unidad Central de Radiodiagnóstico. Es decir, ha aumentado el gasto en peonadas un 42,7% en cuatro años. Sólo gastan hoy menos que en 2019 los hospitales de La Paz, el Gregorio Marañón, el Severo Ochoa, el Clínico San Carlos y el del Sureste. Javier Ortega también advierte de que algún hospital no ha agoado el dinero que se le había dado, por una gestión inapropiada o porque no hubo personal suficiente que quisiera trabajar por las tardes. Entonces, el sobrante se devuelve y se reparte entre otros centros.

Sin embargo, los resultados de esa “actividad extraordinaria” fuera de la jornada laboral, como la denomina la consejería en sus documentos oficiales, están lejos de ser los mejores. “La lista de espera siempre sube, porque la gente vive más años, aumentan las patologías, su diagnóstico es cada vez más precoz, y el sistema no puede absorber la mayor demanda, la esponja ya está llena”, describe. Por las tardes, además, sólo se hacen operaciones de cirugía ambulatoria, las que no requieren ingreso en una cama: hernias, varices, cataratas, prótesis de cadera y rodilla, vasectomías, extirpación de vesícula…

Según las estadísticas que publica la Comunidad de Madrid en su página web, la lista de espera quirúrgica la integran, a fecha de junio de 2023, 81.711 personas, de las que 64.892 forman parte de la lista de espera estructural, la demanda que no se puede atender con la “organización y recursos disponibles”. Otros 9.229 pacientes no han sido operados después de haber rechazado la propuesta de la consejería de ser derivados a un “centro alternativo, público o privado”. La demora media en la lista de espera estructural es de 44,96 días, aunque 9.594 pacientes llevan en la lista entre 90 y 180 días, y otros 371 más de 180 días. Pero los que rechazan ser derivados al hospital alternativo propuesto por la consejería sufren una demora media de 93,12 días e incluso hay 65 que llevan más de 360 días, más de un año, esperando. El Plan Integral de Mejora de la Lista de Espera Quirúrgica 2016-2019 del Sermas tenía como objetivo reducir a 150 días el tiempo máximo en lista de espera estructural y en 240 días el resto. Respecto a junio de 2022, se ha rebajado el número de pacientes de la lista de espera estructural, pero no la de quienes rechazan ser derivados. También se ha recortado la demora media estructural, que entonces era de 64,54 días, pero ha crecido dos días la de pacientes que rechazan la derivación.

En pruebas diagnósticas, el número de pacientes de la lista de espera estructural ha crecido en el último año, de 165.872 a 177.226 personas, pero ha disminuido el tiempo de demora medio, de 48,97 a 45,36 días. Aunque aún 78.497 pacientes superan los tres meses de espera sin que se les haya dado fecha para una cita.

También ha empeorado la lista de espera de consultas externas, donde hay ahora 628.846 pacientes, casi 60.000 más de los que había el año pasado. Las peonadas no se pagan para rebajar la presión sobre las consultas. La demora media estructural en este caso ha aumentado igualmente, de 47,25 a 51,12 días. Y hay nada menos que 348.566 personas que llevan más de tres meses sin que se les haya dado fecha para una cita con el especialista; es decir, más de la mitad –55,43%– de quienes figuran en la lista de espera.

El pago de las peonadas se regulaba mediante unos “pactos de gestión” que firmaba anualmente la gerencia de cada hospital con los jefes de los servicios implicados. Formaban parte del Plan Integral de Mejora de la Lista de Espera Quirúrgica antes citado. Pero esos pactos de gestión fueron anulados por una sentencia del Tribunal Supremo de 2018, después de que CCOO interpusiera una demanda en el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 24 de Madrid. El Alto Tribunal dio la razón al sindicato, que consideraba contrarios a la libertad sindical dichos pactos: se habían adoptado sin negociación colectiva previa unos acuerdos que modificaban las condiciones laborales del personal sanitario. El hecho de que el trabajo extra por las tardes fuera de carácter voluntario, dictaminó el Supremo, no obsta para que sea negociado con los representantes sindicales. “Cada centro y cada jefe de servicio tenía la potestad de fijar la cuantía de las peonadas y a qué trabajadores se les ofrecían”, protesta Marisol Castro, quien asegura que la nueva consejera de Sanidad, Fátima Matute, prometió revisar este asunto cuando el sindicato se reunió con ella. Porque desde que la sentencia que anuló los 44 pactos de gestión existentes entonces, no ha habido nuevos acuerdos, asegura Castro.

En Castilla y León, la Consejería de Sanidad publicó el pasado mayo una orden con la que se asigna una partida de nueve millones de euros para reducir las listas de espera: siete millones para la quirúrgica y dos millones para Atención Primaria. Las peonadas para operar por las tardes serán de 450 euros para un médico especialista, 300 euros para una enfermera, 110 euros para un auxiliar de enfermería y 90 euros para un celador. Para consultas y pruebas diagnósticas, la retribución es menor: 322 euros para el médico, 214 euros para el enfermero, 155 para un técnico en imagen para el diagnóstico, 80 para un auxiliar de enfermería y 60 para el celador. En cambio, en Madrid, “no existen tablas ni nada parecido en la orden de nóminas”, apunta Marisol Castro.

Pese a que tampoco Javier Ortega considera las peonadas el sistema óptimo para reducir las listas de espera, cree que son preferibles a derivar a los pacientes a la sanidad privada como también está haciendo el Gobierno de Madrid. “Cualquier complicación la tenemos que asumir luego en la pública”, lamenta. A su juicio, sería más adecuado crear un turno de tarde o incluso utilizar el Zendal, “llenándolo, no de enfermos, sino de personal”. CCOO reclama planes de choque contra las listas de espera. “¿Por qué no normalizar que los quirófanos estén operativos los fines de semana?”, se pregunta Marisol Castro. 

La actriz Carmen Sevilla ha sido trasladada desde la residencia donde vive en Aravaca (Madrid) hasta un hospital madrileño al agravarse su estado de salud, según han confirmado a Europa Press fuentes cercanas a la intérprete.

Sevilla vive en una residencia geriátrica desde 2015, seis años después de ser diagnosticada de Alzhéimer. La última aparición de la legendaria actriz tuvo lugar durante la gala del 20 aniversario de Telecinco —cadena que vivió su vuelta a la pequeña pantalla a finales de 1991—, un evento en el que se hizo evidente algún problema de salud dado su discurso inconexo que tuvieron que cortar los presentadores de la gala. Así, de la televisión se retiró en 2010, un año después de ser diagnosticada de Alzhéimer, después de años conduciendo Cine de barrio.

Nacida en el barrio sevillano de Heliópolis en 1930, Carmen Sevilla se casó con el compositor, arreglista y director de orquesta español Augusto Algueró, con quien tuvo a su único hijo, y en segundas nupcias con el empresario Vicente Patuel, que falleció en el año 2000 tras 15 años de matrimonio.

Carmen Sevilla participó en 80 películas tanto en España como en Argentina, México, Francia o Italia, pero también en Hollywood (Estados Unidos); fue bailarina, cantante y presentadora de televisión. Amiga de otras grandes artistas estrellas como Lola Flores, Sara Montiel o Paquita Rico y se ganó el sobrenombre de novia de España.

Comenzó como bailaora flamante en 1942 de la mano de la cantante y actriz Estrellita Castro, debutó en el cine en Serenata española (1947) y en julio de 1949 tuvo su primer papel protagonista en la película Jalisco canta en Sevilla, junto a Jorge Negrete, a la que seguiría poco después La revoltosa, de José Díez Morales.

Con la década de los 50 llegaría su primera gran época de éxito, convirtiéndose en una de las actrices más solicitadas por el público, con películas tan emblemáticas como la dirigida por Richard Pottier, Violetas Imperiales (1952), junto a Luis Mariano, con quien también trabajó en El sueño de Andalucía y La Bella de Cádiz.

Otros títulos de esta etapa también son El Sueño de Andalucía (1951), El deseo y el amor (1952), La hermana San Sulpicio (1952), La pícara molineta (1955), El amor de Don Juan (1956) o La fierecilla domada (1956). Destacable fue La venganza (1957), dirigida por Juan A. Bardem, y convertida en la primera película española nominada al Oscar a Mejor Película de habla no inglesa.

Su capacidad interpretativa también la llevó a trabajar en producciones internacionales como Rey de reyes (1961), dirigida por Nicholas Ray y en la que Carmen Sevilla dio vida a María Magdalena, o Marco Antonio y Cleopatra (1962), en la que interpretó a Octavia en esta versión de Charlton Heston del clásido de William Shakespeare. Un paso por la meca del cine que le sirvió para codearse con Frank Sinatra, Cary Grant o Ricardo Montalbán.

La década de los 60 también fue la etapa en la que se consolidó como cantante, aprovechando el tirón de la década previa gracias a las canciones que interpretaba en sus películas, llegando a publicar más de 15 discos de coplas, boleros, tangos o chotis.

En los años 70 volvió a conseguir el apoyo del público y de la crítica cuando se convirtió en una de las protagonistas del nuevo cine español, marcado por la llegada de directores como Eloy de la Iglesia, con el que trabajó en El techo de cristal (1971), Julio Diamante, que la dirigió en Sex o no sex (1974), o Gonzalo Suárez, con quien hizo La loba y la paloma (1974), entre otros.

Una popularidad que se mantuvo en las últimas décadas sobre todo por sus trabajos e intervenciones en televisión, siendo la responsable de despedir el año desde la Puerta del Sol en varias ocasiones, entre ellas en 1994 cuando deseó a todos los españoles un feliz 1964 ante la atónita mirada de José María Íñigo.

Tras 15 años sin participar en ninguna película, Antena 3 le ofreció volver a interpretar con una serie titulada Ada Madrina, protagonizada junto a Jesús Puente y la modelo Mar Flores, aunque la cadena la retiró de las pantallas tras cuatro capítulos.

Inolvidable fue también su aparición diaria al frente del Telecupón de Telecinco desde finales de 1991 hasta 1997, donde conquistó al público con su naturalidad y dejando expresiones para la memoria colectiva como las "ovejitas" y su "cuponsito", o en el espacio de Antena 3 Queridos presentadores, junto a Bertín Osborne.

Tras pasar por varios trabajos en Canal Sur y Canal 9, recaló en TVE, donde condujo programas como Cine de Barrio, que presentó desde 2004 a 2010.

Ha sido reconocida con las Medallas del Círculo de Escritores Cinematográficos como mejor actriz principal por La fierecilla domada, concedida en 1995, como mejor actriz en El techo de cristal, en 1970, y la Medalla de Honor, que recibió en 2003.

Entre los múltiples galardones que ha recibido figuran también la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo (2001) o la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes (2003), así como un Fotogramas de Plata, un TP, una Antena y un Micrófono de Oro y la Medalla de Andalucía o el premio a toda una vida de cine de la Comunidad de Madrid, entre otros.

Además de Hija Predilecta de Sevilla, da nombre a avenidas de Roquetas de Mar (Cádiz) y Marbella (Málaga), a calles en San Pedro de Alcántara (Málaga) y Villafranca de Córdoba (Córdoba) y cuenta con una estrella en el Paseo de la fama de Madrid.

El Consejo General de Enfermería (CGE) ha advertido de que la desigualdad en el número de matronas (enfermeras especialistas en Obstetricia y Ginecología) entre comunidades autónomas "pone en riesgo la salud reproductiva y sexual de miles de mujeres en edad fértil", según informa Europa Press.

Según las últimas cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE), existe una enorme diferencia entre la ciudad autónoma de Melilla, con 151,86 matronas por cada 100.000 mujeres en edad fértil, o el País Vasco, con 132,08 matronas, y Asturias, con 41,76, o Canarias, con 24,5. Estos datos están muy alejados también entre sí de la media española (75,1).

A la cola por número de matronas por cada 100.000 mujeres en edad fértil están Cataluña (59,49), Andalucía (61,37) y Comunidad Valenciana (72,13). Ya dentro de la media se encuentran Castilla-La Mancha (77,91) y Murcia (79,57). Extremadura (80,91), Baleares (82,15) y Madrid (86,74) ya están por encima de la media nacional. Por arriba de la lista, y tras Melilla y País Vasco, se sitúan Navarra (123,75), Castilla y León (111,90), Cantabria (108,35), Aragón (101,48), Ceuta (97,14) y Galicia (91,18).

"Una diferencia enorme entre zonas que supone un retroceso en los cuidados de las mujeres de aquellas comunidades con un menor número de matronas, así como una sobrecarga de trabajo de las profesionales, que, después de tres años de pandemia, se encuentran exhaustas", ha lamentado el CGE a través de un comunicado.

Desde el órgano que aglutina a las más de 330.000 enfermeras de España, han instado a las administraciones a "poner solución a esta situación, puesto que la gran escasez de matronas en la actualidad, así como las futuras jubilaciones, supondrá un gravísimo problema de salud pública en menos de una década".

"Existen en la actualidad casi 10.000 matronas en activo. Este año se están formando 437 nuevas profesionales en esta especialidad, pero siguen siendo insuficientes para atender las necesidades de la población. Nos encontramos en un punto sin retorno y el Ministerio de Sanidad debe instar a las comunidades autónomas a convocar más plazas en las próximas ediciones del EIR. Asimismo, también desde las administraciones autonómicas deben convocarse plazas para incorporar más matronas al sistema de salud", ha afirmado el presidente del CGE, Florentino Pérez Raya.

Por su parte, Montserrat Angulo, vocal matrona del CGE y presidenta del Colegio Oficial de Enfermería de Alicante, ha alertado de que la falta de matronas pone en riesgo una buena calidad de la vida reproductiva de la mujer.

"Existe una escasez de todo tipo de trabajadores del área de la salud sexual, reproductiva, materna, neonatal, infantil y adolescente, pero la mayor carencia es de matronas. Además, es importante destacar que la escasez de matronas no puede cubrirse con otras especialidades porque también hay carencia global de estas. Un mayor número de matronas no solo permitiría que más mujeres, adolescentes y recién nacidos tuvieran acceso a sus singulares habilidades, sino que también liberaría a los médicos y enfermeras para que pudieran centrarse en otras necesidades sanitarias", ha apuntado.

Para el CGE, es "fundamental" aumentar las plazas para formar especialistas en Obstetricia y Ginecología, pero, sobre todo, apostar por estos profesionales en los sistemas de salud.

"Contamos con una de las formaciones más avanzadas del mundo en este ámbito ya que además de los 4 años de Grado, una matrona en España completa su formación con dos años de especialización en Enfermería obstétrico-ginecológica, creando un binomio con el que no cuentan en todos los países. Las matronas salvan vidas y prestan servicios críticos en cuanto a Derechos de la salud sexual y reproductiva cada día, pero sus voces no se escuchan. Las administraciones no pueden ponerse de perfil en este asunto y deben ser conocedoras que la falta de matronas pone en riesgo la salud de todas las mujeres de nuestro país", ha puntualizado Angulo.

De hecho, la experta subraya que en la atención al parto hay que lograr el one to one (una matrona por mujer), pero en muchas ocasiones es imposible conseguirlo porque "las matronas no trabajan sólo en el paritorio".

"En Primaria tenemos un abanico muy grande de atención a la vida sexual y reproductiva de la mujer, en el que se incluye a la adolescencia, anticoncepción, embarazo, parto y postparto, menopausia... En definitiva, es imprescindible poner sobre la mesa el número de matronas que hay actualmente, las que se van a jubilar y ver cuántas mujeres en edad fértil hay para así calcular el déficit que tenemos", ha remachado.

Hace un tiempo entrevisté a Enrique Villarreal, alias El Drogas, el mítico líder de Barricada, en mi podcast Dile que Baje (promoción: en exclusiva en Spotify). El podcast trata de hablar con personas conocidas sobre sus orígenes, de dónde son, su barrio, su pueblo, su infancia. Trato, y a veces lo consigo, de guiar una conversación en la que los oyentes se expliquen cómo son esas personas comprendiendo de dónde vienen. Me gusta hacerlo, la verdad. Escuchar y comprender son cosas que todos deberíamos hacer. Si te pagan por ello, más.

Estaba el otro día, decía, hablando con El Drogas y el plan era hacerlo sobre La Txantrea, el barrio de Pamplona donde creció y vive. De la España de los 70. De por qué Enrique se convirtió en un tipo duro y contestatario. La conversación, casi sin pretenderlo, viró hacia la última etapa en vida de su madre. Ella tuvo Alzheimer y había leído, de pasada en una entrevista, que Enrique decía haber tenido más contacto fisico con ella en sus últimos años que en su infancia. Le pregunté por qué y empezó a contarme cómo fueron esos ultimos años. El Drogas, el tipo que el escenario muestra rabioso y malencarado, se convirtió en un hombre (que lo es) sensible y encantador. Un señor ya mayor hablando de una de las mejores experiencias de su vida. De cómo, cito textualmente, le encantaba bañar a su madre anciana, le cambiaba el pañal, le limpiaba el culo. De cómo una vez que asumió que su madre vivía en su mundo y no lo conocía, tras un duro proceso, empezó a disfrutar de esa nueva relación. De cómo se reían. De cómo le hacía bromas infantiles, le cantaba, jugaban. De cómo el bisnieto de esa señora la visitaba y lo bien que se llevaban, ella apagándose y él encendiéndose. 

Me emocioné profundamente con lo que contaba. La gente que lo escuchó me consta que también. Primero, por la historia. Segundo, por quién la contaba. Era sorprendente ver la evolución de El Drogas, como hijo, como pareja, como padre, como abuelo. Su visión sobre el papel de las mujeres en su vida y en la vida. Su profundo y bien contado amor por la madre, la "socia" (así llama a su pareja de hace más de 40 años), los hijos, los nietos. Su madre murió en la pandemia, pero tengo la sensación de que El Drogas está bastante en paz con eso por esa última etapa. Los cuidados cerraron bien esa relación. Es precioso.

Todos y todas cuidaremos y, si se nos da bien, nos cuidarán. Vamos a estar en los dos lados de la ecuación casi seguro. Como persona de mediana edad con madre e hijos que cuidar y que, sinceramente, está a veces hasta los cojones de hacerlo, me reconfortó pensar en El Drogas. También en su madre. Estoy en una edad, insisto, en la que cuido mucho más de lo que me cuidan. A veces, de hecho, solo quiero tumbarme y que alguien me acaricie la cabeza y me diga que no pasa nada. Todos lo necesitamos. No sé si en el futuro perderé la cabeza como la madre de El Drogas, pero en el fondo me gustaría que no pasara si tengo a alguien que va a disfrutar de mí tanto como él lo hizo de su madre. Muy pocas veces los dramas son bellos. Esta es una.

El sindicato de Enfermería (Satse) ha trasladado a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, un documento con más de 50 medidas y actuaciones para mejorar la situación de la atención primaria y sus profesionales, por el "claro abandono y precariedad" que sufre desde hace años este nivel asistencial en España, según informa Europa Press.

Este documento, que también será trasladado a los consejeros de Sanidad y a los gerentes de los servicios autonómicos de salud, surge tras constatar que la situación actual de la atención primaria es de "extrema gravedad", al no contar con los recursos y medios "necesarios" y requerir, además, distintas mejoras a nivel organizativo y de gestión, así como de desarrollo de las competencias profesionales de las enfermeras y fisioterapeutas.

"Tras la pandemia del covid-19, gobiernos y partidos no han cumplido sus compromisos y las principales consecuencias son esperas de días e, incluso, semanas para ser atendido en los centros de salud, poco tiempo para la atención, profesionales saturados y sobrecargados, o la supresión de programas de salud pública y de promoción de la salud, entre otras", ha dicho la organización sindical.

A su entender, es necesario un "cambio urgente" del modelo actual de la Atención Primaria para que el centro del sistema sea la persona y la sociedad en su conjunto, y donde la prevención, el fomento de la salud y la rehabilitación sean el pilar prioritario, siendo los garantes de este modelo los profesionales de Enfermería y Fisioterapia.

Asimismo, el sindicato cree que hay que destinar entre el 20 y 25% de los presupuestos sanitarios autonómicos a la atención primaria y que, además de reestructurar los recursos que actualmente se disponen, se tienen que desarrollar y potenciar las competencias profesionales de las enfermeras asumiendo nuevas responsabilidades.

"Los profesionales médicos se centrarían en realizar diagnósticos y tratamientos de los procesos agudos y descompensaciones de los crónicos, y gran parte de las demás actuaciones podrían ser asumidas por Enfermería, con el soporte legal correspondiente y la dotación de recursos materiales y humanos adicionales necesarios, así como los protocolos, procedimientos y formación que se requiera", ha explicado la organización sindical.

Respecto al "déficit estructural y crónico" de enfermeras, matronas y fisioterapeutas que sufre la atención primaria, Satse ha propuesto una ratio como máximo de una enfermera por cada 1.500 habitantes, una matrona por cada zona básica de salud, y un fisioterapeuta por cada 3.000 habitantes. "Todo ello susceptible de incrementarse en función de la dispersión geográfica existente y las zonas de especial aislamiento", ha apostillado.

Del mismo modo, Satse aboga en el documento por impulsar el desarrollo de profesionales de Enfermería con competencias específicas (enfermeras comunitarias de Enlace, enfermeras de Cuidados Paliativos, enfermeras de Epidemiología, y enfermeras referentes de centros sociosanitarios...), e integrarlos en Atención Primaria, con presupuestos específicos, y considerarlos personal independiente del resto del equipo de Enfermería.

Además de apostar por la figura de la enfermera escolar en los centros educativos, pero dependiendo de los servicios de salud, Satse ha propuesto normalizar la primera visita de Enfermería a los pacientes/ciudadanos, y mejorar la accesibilidad del usuario a la consulta de Enfermería, potenciando la consulta presencial y posibilitando la tele consulta en situaciones muy particulares y de baja complejidad clínica. También apuesta por el desarrollo de la figura de la enfermera gestora de casos en los lugares en los que no esté implantada para mejorar la comunicación con la Atención Especializada.

Otras medidas "muy beneficiosas", según Satse, son crear una cartera de servicios propia de enfermeras y matronas, y establecer un cupo y tarjeta individual, teniendo en cuenta las características sociodemográficas de la población en función de la morbilidad, envejecimiento, necesidades asistenciales, educación para la salud, prevención y actividades comunitarias.

En cuanto a los horarios de los centros de salud, el Sindicato entiende que deben habilitarse las tardes, ya que avisa de que "no es razonable" que tengan un horario solo de mañanas cuando las personas esperan días para ser atendidos.

Por otra parte, la organización ha destacado la necesidad de articular un sistema de atención a las Urgencias "efectivo e independiente" de la jornada ordinaria y que todos los centros de salud puedan atender a las emergencias durante las 24 horas del día.

Además, ha demandado que se establezca una adecuada política y gestión de los registros en Atención Primaria. Para ello, hay que propiciar la interoperabilidad de la historia AP/Especializada, optimizar los programas informáticos, como herramienta ágil y operativa en la consulta, y digitalizar aquellos procesos para su vinculación con la historia clínica.

"También resulta necesario el control en el número de pacientes atendidos en las consultas con un ajuste de las agendas, e, incluso, plantearse la posibilidad de realizar auditorías externas, ya que se dan casos de duplicidades de citas de pacientes, citas de personas que ya han fallecido o simplemente citas de pacientes que no la han solicitado, lo cual requiere mayor rigor en la gestión de los mismos", ha argumentado el sindicato.

Finalmente, Satse ha apostado por promover la implantación estructural en los centros de atención primaria de la consulta de acogida para prestar atención a las personas que acuden al centro de salud por alguna necesidad sanitaria pero no tienen cita agendada para ese día. Una actuación ya implantada en Andalucía y que ha obtenido resultados "muy satisfactorios".

Las mujeres que trabajan en el sector sanitario ganan un 24% menos que los hombres, según ha puesto de manifiesto un nuevo informe realizado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Organización Mundial de la Salud (OMS) recogido por Europa Press.

El trabajo, que es el más completo del mundo sobre las desigualdades salariales de género en la salud, ha evidenciado una brecha salarial de género de aproximadamente 20 puntos porcentuales, lo que muestra las mujeres están mal pagadas en comparación con los hombres.

El informe también encuentra que los salarios en el sector de la salud y la atención tienden a ser más bajos en general, en comparación con otros sectores económicos. Esto es consistente con el hallazgo de que los salarios a menudo son más bajos en los sectores económicos donde predominan las mujeres.

El estudio ha mostrado una amplia variación en las brechas salariales de género en diferentes países, lo que sugiere que las brechas salariales en el sector "no son inevitables y que se puede hacer más para cerrarlas".

"Las mujeres constituyen la mayoría de los trabajadores en el sector sanitario, pero en demasiados países los sesgos sistémicos están dando como resultado sanciones salariales perniciosas en su contra. La evidencia y el análisis de este informe deben servir a los gobiernos, empleadores y trabajadores para tomar medidas efectivas. Es alentador que las historias de éxito en varios países muestren el camino, incluidos los aumentos salariales y el compromiso político con la equidad salarial", ha dicho el director de Personal de Salud de la OMS, Jim Campbell.

Asimismo, las madres que trabajan en el sector de la salud y el cuidado parecen sufrir más, dado que durante los años reproductivos de una mujer, las brechas salariales de empleo y de género en el sector aumentan de manera significativa y persisten durante el resto de la vida laboral de la mujer.

El análisis también analiza los factores que están impulsando las brechas salariales de género en el sector. Las diferencias de edad, educación, tiempo de trabajo y la diferencia en la participación de hombres y mujeres en los sectores público o privado solo abordan una parte del problema.

"El sector sanitario tiene salarios bajos en general, brechas salariales de género obstinadamente grandes y condiciones laborales muy exigentes. La pandemia de covid-19 expuso claramente esta situación al tiempo que demostró cuán vitales son el sector y sus trabajadores para mantener en marcha a las familias, las sociedades y las economías. No habrá una recuperación inclusiva, resiliente y sostenible sin un sector sanitario y asistencial más fuerte", ha dicho la directora del Departamento de Condiciones de Trabajo e Igualdad de la Organización Internacional del Trabajo, Manuela Tomei.

El Sindicato de Enfermería, SATSE, se ha dirigido por escrito a algunas empresas de comercio electrónico, como Amazon, Ebay y Aliexpress, y a grandes superficies, como Carrefour, para pedirles que no continúen ofertando a sus clientes disfraces y complementos de 'enfermera sexy' o 'enfermera sangrienta', y que sigan el ejemplo de otras empresas, como Alcampo, Kiabi o el Corte Inglés, las cuales, tras la reclamación planteada por el sindicato, decidieron retirarlos de la venta al público, informa Europa Press.

El sindicato critica que se continúe perpetuando una imagen sexista de las enfermeras (vestido ajustado, falda corta, escote pronunciado, tacones altos, tect) en fiestas, como la de Halloween, a pesar del rechazo generalizado que suscita entre las mujeres enfermeras al ver "seriamente dañada su imagen y reconocimiento social".

Un año más lamentan que se siga recurriendo a una imagen sexista y estereotipada de las mujeres enfermeras para publicitar fiestas con motivo de la celebración de Halloween y comercializar disfraces, tanto para adultos como para niñas. No obstante ha constatado que se ha producido un avance en "positivo" y ha observado que "son cada vez menos" los casos de empresas dedicadas al ocio o la comercialización y venta de disfraces que recurren a una imagen estereotipada y sexualizada de las mujeres enfermeras.

Uno de los casos sobre los que el Sindicato de Enfermería ha tenido conocimiento es el de un local de ocio situado en el Mercado de Abastos de Talavera de la Reina, en Toledo, que ha organizado una fiesta con motivo de Halloween en cuyo cartel anunciador se pueden ver dos imágenes de mujeres enfermeras totalmente inapropiadas.

"Si bien es cierto que la crisis sanitaria del covid-19 ha propiciado una mayor visibilidad y conocimiento de la labor asistencial y de cuidados que realizan las enfermeras dentro de nuestro sistema sanitario, y que se han logrado importantes avances, aún queda camino por recorrer para acabar con los comportamientos, actitudes e imágenes sexistas sobre estas profesionales sanitarias", apuntan desde la organización sindical.

El 90% de los profesionales de enfermería ven estereotipos 

Esta nueva denuncia pública se enmarca dentro de la campaña de información y sensibilización social que mantiene de forma permanente el Sindicato de Enfermería, bajo el lema 'Rompe con los estereotipos', con el objetivo de acabar con la difusión de imágenes sexistas y retrógradas de las mujeres enfermeras.

De igual manera, y en una reciente reunión mantenida con la ministra de Sanidad, Carolina Darias, el presidente de SATSE, Manuel Cascos, le pidió que se retome el proyecto de crear un Observatorio de la Imagen de la Mujer en el ámbito sanitario, que trabaje para la erradicación de este tipo de comportamientos e imágenes.

Una encuesta realizada por la organización sindical concluye que nueve de cada diez enfermeras y enfermeros cree que aún persisten estereotipos sexistas y retrógrados vinculados con la Enfermería, especialmente con las mujeres.

Asimismo, un 94% asegura que la imagen que se traslada de ellos a través de los medios de comunicación y otros ámbitos (cine, espectáculos, moda...) no es acorde con sus competencias y funciones reales, y un 88,79% entiende que la difusión de estos estereotipos supone un claro obstáculo, e incluso un retroceso, para el desarrollo de su profesión.

El Sindicato de Enfermería (Satse) ha denunciado que las diferentes administraciones públicas han abandonado "a su suerte" a los profesionales sanitarios que se han visto gravemente afectados a nivel psicológico por su labor asistencial y de cuidados durante la pandemia de covid-19, al no haber implantado gabinetes de apoyo especializados en los propios hospitales, áreas de Atención Primaria o en los centros sociosanitarios, según recoge Europa Press.

A través de un comunicado, SATSE ha criticado que, transcurridos cerca de dos años desde el inicio de la pandemia, "no se han puesto en marcha los programas y gabinetes de apoyo necesarios para dar respuesta a las necesidades de atención psicológica de los profesionales sanitarios que han sufrido durante muchos meses una gran carga de sufrimiento, ansiedad, estrés y desgaste emocional por su labor sin descanso contra la pandemia".

El Sindicato de Enfermería subraya que los enfermeros, fisioterapeutas y el conjunto del personal sanitario han ido soportando, ola tras ola, "innumerables situaciones de dolor, sufrimiento, impotencia y, en muchas ocasiones, de muerte, lo que, sin duda, ha hecho mella en su salud emocional y psicológica". "Se trata de profesionales preparados y acostumbrados a lidiar con las consecuencias de cualquier proceso o enfermedad que tengan las personas a las que atienden y cuidan, pero lo vivido en estos meses de pandemia, por su especial intensidad y virulencia, no tiene precedentes", apuntan desde la organización sindical.

Ante esta realidad, y salvo algunas iniciativas y programas de apoyo concretos y puntuales, SATSE incide que las distintas administraciones competentes "han incumplido su compromiso de atender y cuidar a sus profesionales al no ofrecerles los recursos y asistencia necesaria para paliar los efectos de un problema cuya magnitud y gravedad puede ir a más con el paso de los meses, según aseguran estudios y expertos".

En concreto, la organización sindical demanda la implantación de gabinetes de atención psicológica en todos los hospitales, áreas de Atención Primaria y otros centros sanitarios y sociosanitarios, como pueden ser las residencias de mayores, con el objetivo de ayudar a los profesionales ante las graves consecuencias que ha tenido para su salud psicológica y emocional la atención y cuidados a pacientes covid y con otros problemas de salud.

Al respecto, el Sindicato recuerda que existen ya numerosos estudios, tanto a nivel nacional como internacional, que constatan el deterioro a nivel psicológico sufrido, en mayor o menor medida, por el conjunto de los profesionales sanitarios, incluyendo depresión, ataques de pánico y estrés postraumático como los trastornos más comunes por las especialmente difíciles y penosas condiciones sufridas durante meses en sus respectivos centros de trabajo.

Asimismo, una encuesta realizada recientemente por SATSE concluye que la gran sobrecarga y tensión laboral sufrida por las enfermeras y enfermeros durante la pandemia ha supuesto un notable empeoramiento de su salud a nivel psicológico. En concreto, siete de cada diez profesionales reconocieron sufrir el síndrome del profesional "quemado" y estrés casi nueve de cada diez. También el agotamiento emocional, la ansiedad, el temor o la angustia afecta a la práctica totalidad de estos profesionales.

Decenas de personas, convocadas por la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts), han homenajeado este sábado al más de un centenar de médicos y más de una decena de enfermeras fallecidos en España en el ejercicio de su profesión durante la pandemia del covid-19. El Templo de Debod ha acogido así un acto en memoria de los 19 facultativos que han perdido la vida en la región en la pandemia. Un homenaje que, entre otros, ha reunido a familiares de víctimas, representantes del colectivo sanitario madrileño y a políticos de PP, PSOE, Vox y Más Madrid, según informa Europa Press.

En un emotivo acto que ha contado con actuaciones musicales y homenajes florales de rosas blancas sobre un corazón negro, los familiares de las victimas han tenido un recuerdo para los fallecidos por el covid-19 y han reclamado durante el acto una mayor apuesta por parte de las administraciones por la sanidad pública.

Representados por la hija del primer médico fallecido por coronavirus, Luis Antonio Pérez Suárez, los familiares de las víctimas han trasladado su descontento con la gestión de los recursos sanitarios por parte de la Comunidad de MadridComunidad de Madrid. "La mala gestión de las instituciones expertas, la desprotección de todos los sanitarios al no ofrecerles material de protección homologado y el nulo plan de prevención ante esta pandemia", ha indicado Marta Pérez.

En este mismo sentido, el secretario general de Amyts, Julián Ezquerra, ha denunciado el "sobreesfuerzo" que han tenido que realizar "todos los profesionales" sanitarios, algunos de ellos con "consecuencias trágicas". Desde la asociación también han recordado que "cada 72 horas la profesión médica ha perdido a un compañero por hacer frente a la pandemia desde su puesto de trabajo".

Desde que el médico del Summa Luis Antonio Pérez Suárez perdiera la vida el pasado mes de marzo, son más de cien los sanitarios que han fallecido por el covid-19. "Un avión completo, para que tengamos idea de la magnitud", ha subrayado el responsable de prevención de riesgos de Amyts, Pelayo Pedrero. Además, Pedrero ha solicitado el inmediato reconocimiento del covid-19 como enfermedad profesional para que así los sanitarios puedan acceder a las prestaciones correspondientes.

En esta línea se ha pronunciado también la líder de Vox en la Comunidad, Rocío Monasterio, que ha anunciado que su grupo volverá a llevar al Pleno de la Asamblea de Madrid esta reivindicación. El acto también ha contado con la asistencia de representantes de la Mesa Sectorial de Sanidad, de la que forman parte sindicatos y asociaciones, de la plataforma de pacientes, así como otros responsables políticos como la portavoz del PSOE en la Asamblea, Hana Jalloul, el portavoz del PP, Alfonso Serrano, o Miguel Montejo y Javier Padilla, de Más Madrid.

Un trabajador fuera de servicio ha degollado este sábado a un compañero en el Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares, según ha informado a Europa Press un portavoz de la Jefatura Superior de Policía.

En concreto, el suceso ha ocurrido en torno a las 14.20 horas de esta tarde y el hombre implicado es un conductor de ambulancia que se encontraba fuera de servicio.

Según ha informado Emergencias 112 Comunidad de Madrid, el hombre fallecido era un enfermero del Hospital que ha sido agredido con un arma blanca en el interior del centro, en concreto en Urgencias, y que han sido los propios servicios sanitarios del centro los han atendido al agredido, aunque solo han podido confirmar su fallecimiento.

Un equipo de psicólogos del Summa 112 está atendiendo a familiares y trabajadores del Hospital Príncipe de Asturias y los servicios sanitarios han acudido también a las dependencias policiales donde permanece detenido el agresor para asistirle por unos cortes en la mano.

Por su parte, los agentes de la Policía Nacional continúan investigando lo sucedido.