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Sanidad pública

Quirófanos públicos desaprovechados y derivaciones a la privada: así avanza la concertada en las listas de espera

Quirófano en un hospital público de la Comunitat Valenciana.

El sistema público envía pacientes a la sanidad privada, corriendo con la factura, mientras rebaja la cantidad y el uso de sus propios recursos. Es la conclusión extraída de las estadísticas e informes oficiales del Ministerio de Sanidad consultados por infoLibre, que apuntan a un incesante drenaje de recursos estatales. Sobre el tema ha situado el foco el Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos, que ha anunciado un plan de urgencia de 25,4 millones para atajar las listas de espera de los que 15,5 son para conciertos.

Las derivaciones a la sanidad privada de pacientes en lista de espera no son nuevas: ya las practicaba la Junta con el PSOE. Ni tampoco son exclusivas de Andalucía: se producen en todas las comunidades. Pero el anuncio del consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre (PP), ha puesto negro sobre blanco una situación que suele pasar desapercibida. Y ha planteado dudas sobre la eficiencia de los conciertos. Pese a copar un 61% del presupuesto del plan de choque andaluz para rebajar las listas de espera, en su planificación económica la sanidad privada asume sólo un 30% de los pacientes que se prevé derivar.

Las listas de espera en la sanidad pública crecen. La dinámica es continua. La dimensión del problema se observa en la evolución de los diez últimos años, lo que desvela el impacto de la crisis. La tasa de pacientes en lista de espera quirúrgica por cada 1.000 habitantes ha pasado de 9,38 en junio de 2008 a 12,95 en junio de 2018, un 38,05% más, según los datos del Sistema de Información sobre Listas de Espera del Sistema Nacional de Salud. En el mismo periodo, el tiempo medio de espera para operarse ha pasado de 68 a 93 días, un incremento del 36,7%. La tasa de pacientes en lista de espera para consulta hospitalaria por cada 1.000 habitantes ha subido de 37,07 a 43,06 (16,1% más). El único indicador favorable es el tiempo medio de espera para estas consultas, que pasa de 59 a 54 días (8,47% menos).

Las estadísticas oficiales muestran cómo la sanidad pública deriva pacientes mientras está lejos de explotar todo su potencial. El ciclo comparado abarca de 2010 a 2016. El personal de los hospitales públicos ha subido de 471.661 sanitarios a 476.128 (0,94%). En cambio, en los privados ha subido de 81.107 a 93.905 (15.77%). Los hospitales privados sacan más rendimiento a sus instalaciones. En sus quirófanos se realizan 908 intervenciones al año, frente a 833 en los públicos, un 9% más, con datos de 2016. El número de intervenciones por quirófano al año ha subido en la sanidad privada entre 2010 y 2016 (de 877 a 908, un 3,53% más) mientras que se ha mantenido estable en la pública (de 835 a 833, un 0,23% menos).

El porcentaje de operaciones que se realizan en los hospitales privados con respecto al total ha crecido entre 2010 y 2016 del 28,6% al 31,1%. Mientras en la sanidad pública subía, el tiempo de espera medio para una intervención quirúrgica en la sanidad privada bajaba de 32,85 a 29,10 días, según el último estudio RESA del Instituto para el Desarrollo de la Sanidad (IDIS). Este lobby de la sanidad privada, que agrupa a los pesos pesados del sector, reivindica que el sistema de conciertos es un favor para la sanidad pública, en un esquema argumentativo similar al que hacen las organizaciones promotoras de la educación concertada.

  Menos conflictivo

Es frecuente que en los hospitales públicos determinadas pruebas e intervenciones se dejen de hacer los viernes a mediodía. En cambio, en la privada concertada hay citas incluso los fines de semana. Esto redunda a su vez en una impresión de mayor eficacia de la sanidad privada por parte de los pacientes derivados, cuando en realidad se trata un servicio prestado con fondos públicos. Romper esta dinámica exigiría o bien contrataciones en la pública o bien cambios laborales u organizativos.

"El uso de listas de espera es muy cómodo para las administraciones. Las dinámicas internas de cambio tienen más coste laboral. En vez de reducir las listas de espera poniendo el sistema público al máximo rendimiento, se opta por utilizarlas como excusa para acudir al sector al privado", señala Antonio Vergara, portavoz en Andalucía de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública.

  Recortes y conciertos

Las estadísticas oficiales no detallan cuál es el coste de las derivaciones de pacientes en lista de espera. Son una parte no detallada del gasto en conciertos. Y este sí es un gasto oficialmente expuesto: 7.450 millones de euros en 2016, último año del que el ministerio ha hecho públicos los datos. Se trata de un 11,17% del gasto sanitario público total (66.678 millones). El porcentaje permanece estable desde el arranque de la crisis.

El informe realizado por CCOO a partir de los presupuestos de las autonomías, las administraciones que asumen la inmensa mayoría de la inversión sanitaria, señala que, si se hubiera mantenido a lo largo de la crisis el pico presupuestario en sanidad de 2010, se habrían invertido 8.000 millones más. CCOO considera que esto supone que ha habido más de 8.000 millones en recortes. Estos ajustes se han realizado sin cuestionar la concertación, pero rebajando en casi 5.000 el número de camas, según la información oficial comparada entre 2010 y 2016.

  Percepción del problema

El sistema se encuentra ahora en una encrucijada. Las autonomías han recuperado pulso. En 2018 todas menos cinco (Castilla La Mancha, Cataluña, Murcia, Navarra y Comunidad Valenciana) alcanzaron su techo presupuestario. Tras el largo ciclo de recortes, el sistema examina ahora los daños. Y ahí destaca el problema de las listas de espera. Es un asunto muy sensible. El Barómetro Sanitario de 2018 desvela que las listas de espera son consideradas como un problema que hay que solucionar por el 86,8% de los entrevistados. No hay nada que concite más acuerdo. Y no es sólo un problema de percepción en la calle. Los informes sobre eficiencia de la sanidad indican que la acumulación de listas de espera asfixia al sistema. "Es intrínsecamente más barato gestionar un sistema sanitario sin listas de espera. Contrariamente a la creencia popular, sobre todo entre los políticos, las listas de espera no ahorran dinero, cuestan dinero", señala el reciente Euro Health Consumer Index.

Dicho estudio explica que, al ser el cuidado de la salud un "proceso", es fundamental para su eficiencia que los procedimientos "se desarrollen sin problemas y con un mínimo de pausas o interrupciones para mantener los costos bajos". Y llama la atención sobre la paradoja de que países ricos como Suecia, Noruega y Reino Unido estén teniendo problemas para poner bajo control sus listas de espera mientras otros más pobres, como Serbia, van camino de eliminarlas. El estudio no se atreve con ninguna respuesta a la paradoja. Pero organizaciones como la Federación de Asociaciones de Defensa de la Sanidad Pública y las distintas mareas y asociaciones que protagonizan movilizaciones desde el inicio de la crisis han advertido de la fuerte presión que la sanidad privada viene ejerciendo en pos de su bocado en la gestión del problema de las listas de espera.

  Decretos de garantía y negocio

La pregunta es: ¿Qué políticas se van a adoptar para darles solución? La norma viene siendo desde mediados de la década pasada un sistema mixto que reserva una parte a la derivación. Es una dinámica que viene de atrás. El famoso Informe Abril de 1991, pistoletazo de salida de las experiencias privatizadoras, ya apunta el dedo a las listas de espera. El plan de gestión de listas de espera de la Comunidad Valenciana en 2005 marcó un camino que han seguido País Vasco, Cataluña, Castilla y León, Castilla la Mancha, Asturias, Canarias, Baleares... Autonomías como Madrid, Galicia y Andalucía han aprobado incluso los llamados "decretos de garantías", que aseguran al paciente un tratamiento en la sanidad privada si no es atendido dentro de un determinado plazo en la pública. En Andalucía los decretos cubren 90 días para determinadas afecciones cardíacas y 180 para un detallado catálogo de técnicas. La patronal Alianza de la Sanidad Privada Española es una encendida defensora de estos decretos de garantías, que considera vitales para "descongestionar" la sanidad pública. Y para alimentar su negocio.

La sanidad privada tiene depositadas elevadas expectativas en las listas de espera. En su análisis del sector sanitario de 2018, la fundación IDIS afirma que "la actividad que lleva a cabo la sanidad privada contribuye a la consecución del cumplimento de los objetivos sanitarios del sistema público como es, entre otros, la reducción de las listas de espera". Este lobby de la sanidad privada lanzó en agosto de 2017 un plan para "acabar con las listas de espera quirúrgicas" que supondría una inversión de 1.500 millones de euros públicos, "450 de los cuales retornarían a las administraciones vía impuestos". infoLibre preguntó a la fundación por el recorrido de este ofrecimiento, pero no obtuvo aclaración. La que fue ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, afirmó en 2017, preguntada por la propuesta, que el asunto concernía a cada comunidad autónoma.

  Acusaciones de "maquillaje"

Y es en las comunidades donde ha estado la lupa. En Madrid las listas de espera han formado parte del conflicto social en torno a la sanidad. El movimiento contra las privatizaciones llegó a lanzar una campaña llamada "Yo100x100pública" que invitaba a los pacientes a rechazar ser derivados a la privada. En Madrid, al igual que en Andalucía, ha habido acusaciones de "maquillaje de listas de espera". Es decir, de utilización de técnicas para evitar la introducción en el cómputo de pacientes de según qué perfiles y así evitar salir mal en el listado que publica el Sistema Nacional de Salud. La diferencia es que en Andalucía la acusación ha salido del propio Gobierno. El Ejecutivo de PP y Cs ha acusado a la Junta de ocultar más de medio millón de pacientes en lista de espera mediante prácticas como sacar de la información a los que no están cubiertos por decretos de garantías o retrasar la llamada al paciente para darle cita y evitar así que entre en la lista.

El consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, admite que con la nueva forma de contar los pacientes en lista de espera en Andalucía –que ahora serían 843.538, un 10% de la población total de la comunidad–, los datos no son "homogéneos" con los del resto de comunidades. En palabras de Aguirre, "cada comunidad hace de su capa un sayo". La Consejería de Salud y Familias evita hacer más aclaraciones que las realizadas por Aguirre en su rueda de prensa del martes, cuando no se mostró seguro de si la cifra de 843.538 que ofreció como de pacientes podía ser en realidad de actos médicos pendientes. El Ministerio de Sanidad se limita a aclarar que los pacientes en lista de espera están definidos legalmente a partir de un real decreto homogeneizador de criterios de 2003. Pacientes como los que están a la espera de recibir llamada para recibir cita no entrarían en esa categoría.

  "Manipulación" y "catastrofismo"

"Las listas de espera han sido claramente manipuladas, en Andalucía y otras comunidades autónomas. Eso lo llevamos denunciando años. Es urgente que las prioridades estén claras. Porque una cosa es quedar a la espera de una operación de artrosis, que es grave pero no es mortal, y otra a la espera de una prueba que te diga qué tienes, cuando lo que tienes puede ser muy grave", señala el doctor Antonio Vergara, que afirma que la Junta en la etapa del PSOE ha estado más preocupada por disimular deficiencias que por atacar de raíz el problema, lo cual exigiría más personal y cambios organizativos profundos. A su juicio, no obstante, la cifra aportada por Aguirre parece una exageración, ofrecida además sin el detalle exigible a un asunto tan serio. El PSOE ha acusado al Gobierno de PP y Cs de estar "preparando el terreno" para las privatizaciones y de lanzar mensajes catastrofistas para desprestigiar la sanidad pública en el tema de mayor calado popular.

De momento a la sanidad privada concertada andaluza le corresponden 15,5 millones del plan de choque. En cuanto a la orientación del modelo sanitario del PP y Cs para Andalucía, la mayoría se desvelará en el próximo presupuesto. Está por ver si crece el porcentaje de gasto sanitario dedicado a conciertos, actualmente algo superior al 4%, la cuarta que menos dedica en España, con datos de 2016. La oposición de PSOE y Adelante Andalucía afirma que PP y Cs no quieren presentar las cuentas hasta que no acabe el ciclo electoral. Lo que sí sabemos ya es que entre las medidas para los cien primeros días del nuevo Gobierno está "eliminación de la discriminación salarial entre los facultativos por razón de exclusividad", que supone subir más de 800 euros el sueldo público a los médicos con otro trabajo en la sanidad privada. La Junta también ha anunciado que pondrá fin a la subasta pública de medicamentos, una medida con la que el anterior Ejecutivo afirmaba haber ahorrado 540 millones de euros y ganado independencia ante los grandes laboratorios.

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