El último informe de la investigación de la Guardia Civil sobre el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) que causó la muerte de 46 personas señala que no se pudo detectar la rotura de la vía el día anterior debido a que el sistema de alerta no estaba preparado para ello, a pesar de que se constató una bajada de tensión en la zona del accidente.

En un informe remitido al juzgado de Montoro que investiga el caso el pasado 28 de marzo al que ha tenido acceso EFE, la Guardia Civil indica que el sistema de señalización donde ocurrió el suceso "no estaba configurado para alertar" de la rotura de la vía "de forma automática por falta de fiabilidad" del método utilizado en la infraestructura.

Además, añade que el sistema de apoyo al mantenimiento (SAM) registró una "caída brusca de la tensión" en la vía en la noche del 17 de enero, el día previo del accidente, pero al mantenerse "por encima del umbral" especificado "no generó ninguna alarma al enclavamiento ni al personal de mantenimiento".

El incendio forestal de A Laracha y Carballo (A Coruña), que son dos focos unidos, ha quedado controlado este martes tras quemar 190 hectáreas, informa la Consellería do Medio Rural, informa EFE.

El fuego de Carballo empezó en la parroquia de Noicela a las 14:18 horas del lunes, mientras que el de A Laracha, en Caión, arrancó a las 13:13 horas, según detalló la Guardia Civil.

Las llamas obligaron a la Guardia Civil a desalojar a trece personas en los lugares de Goxán de Arriba y de Outeiro —ubicados en la parroquia de Caión, en el término municipal de A Laracha— y han sido trasladadas al centro cívico de Caión.

El incendio forestal está controlado —sin llama visible— desde las 15:37 horas de este martes, tras su estabilización de anoche.

En él trabajan diecisiete agentes, veintiún brigadas, veinte motobombas, dos palas, cuatro técnicos, tres helicópteros, tres unidades técnicas de apoyo y cuatro aviones.

Los fuegos obligaron a cortar la carretera DP-1909 entre los kilómetros 12 y 15, el tramo que une Caión con A Laracha, debido a la falta de visibilidad provocada por el intenso humo. 

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil apunta en un nuevo informe a una participación directa de la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera en el contrato de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión, investigada en el caso Koldo.

La UCO ha remitido un nuevo informe al juez del caso Koldo, al que ha tenido acceso EFE, que analiza los dispositivos que le fueron intervenidos a Pardo de Vera, entre otros, en los registros que se decretaron en relación a la investigación de presuntos amaños en la adjudicación de obra pública, así como los de otros investigados.

A la luz de lo investigado, la UCO deduce que su implicación en los contratos de compra de mascarillas adjudicados a la empresa Soluciones de Gestión para Adif y Puertos del Estado fue mayor de la que expuso en su testimonio de ese 21 de febrero de 2024, en el que, recuerda la Guardia Civil, como testigo estaba obligada a decir la verdad.

Los investigadores han constatado que Pardo de Vera intercambió mensajes con el exasesor de Ábalos, Koldo García, "con carácter previo" a la adjudicación del contrato y detectó además comunicaciones entre ambos relativas a la entrega de determinadas cantidades de mascarillas.

Hasta este momento, la implicación de Pardo de Vera se circunscribía a su condición de presidenta de Adif cuando su Consejo de Administración adjudicó el contrato por 12,5 millones de euros.

En cambio, los investigadores consideran ahora que Koldo intervino en la selección de la empresa a la que representaba Víctor de Aldama e hizo efectiva la contratación a través de Pardo de Vera, en una dinámica que "guarda coherencia" con la expuesta en informes sobre los amaños en obra pública.

Pese a ello, en su declaración en sede policial, Pardo de Vera declaró que no conocía al adjudicatario del contrato de mascarillas y, preguntada sobre si Koldo García intercedió, dijo que no lo sabía pero que en ese tema y otros muchos el asesor era "muy insistente" y contactó con ella en "numerosas ocasiones", según destaca la UCO.

La UCO desvela además como la expresidenta de ADIF propuso al exministro José Luis Ábalos que hablara con una abogada de su confianza una hora después de testificar ante la Guardia Civil por los contratos de mascarillas, un día después de la detención de Koldo García el 21 de febrero de 2024.

Ábalos reaccionó con sorpresa y le preguntó si la recomendación de esa letrada -la abogada del Estado Rosa María Seoane, que fue Secretaria General de Adif- era para él, y tras contestarle ella afirmativamente, el exministro respondió: "No estoy en la investigación que se sepa".

El informe de la UCO señala además que el examen de los dispositivos electrónicos incautados a Pardo de Vera puso de manifiesto que "parte del contenido correspondiente al periodo temporal de los hechos investigados habría sido eliminado", lo que ha llevado a los investigadores a analizar información presente en terminales asociados a otros investigados.

Los investigadores apuntan además al papel jugado por ex director general de Gestión de Personas de Adif Michaux Miranda, también investigado, y que según la UCO habría seguido instrucciones del Ministerio de Transportes e intercambiado mensajes con el titular de Soluciones de Gestión Íñigo Rotaeche, un contacto que le fue facilitado a Koldo García por Pardo de Vera.

Según la UCO, Pardo de Vera se valió de Miranda "para la gestión de material sanitario". Ambos intercambiaron mensajes un mes después de la detención de Koldo García, a raíz de informaciones periodísticas sobre un contrato, cuando Pardo de Vera preguntó a este alto cargo cómo había podido firmar ella un contrato menor.

"Debe ser el contacto que te pasaron cuando estábamos buscando suministro de geles y guantes en plena pandemia", le dice éste, que también le da explicaciones tras declarar ante el juez.

Un comisario de la Policía Nacional ha denunciado este martes al ex director adjunto de la Policía (DAO), José Ángel González, ante la Guardia Civil por "abuso de autoridad, coacciones y delito contra la integridad moral".

Fuentes conocedoras de la denuncia han informado a EFE de que el comisario ha optado por presentarla en la Comandancia de la Guardia Civil de Tres Cantos, en Madrid.

En ella, acusa al ex jefe operativo de la Policía, cesado la pasada semana tras la presentación de una querella por agresión sexual por parte de una subordinada, de haberle coaccionado para que aceptase un destino.

Los hechos, según las fuentes, habrían ocurrido en octubre de 2024, cuando el comisario denunciante fue cesado de su resposabilidad y trasladado de manera forzosa. La denuncia se ha presentado este martes, una semana después del cese de González como DAO tras conocerse la querella.

Esta misma semana se ha abierto el proceso para nombrar a la persona que asuma la máxima responsabilidad operativa en el cuerpo que, de momento, ocupa de manera interina la subdirectora de Recursos Humanos, Gemma Barroso.

Adif ha asegurado este martes que entre el 22 y el 23 de enero sólo retiró aquel material que ni la Guardia Civil ni la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) se llevaron en su inspección tras el accidente de Adamuz (Córdoba) y que se conservó siempre a disposición policial y judicial, según informa EFE.

Fuentes del administrador de la infraestructura ferroviaria señalan que si Adif no hubiera retirado y custodiado en sus instalaciones esas piezas que ni la Guardia Civil ni la CIAF se llevaron, con el inicio de las obras "hubieran acabado en cualquier vertedero" una vez iniciados los trabajos el día 26.

Desde Adif subrayan que todo se trasladó a un edificio de mantenimiento de Adif en Hornachuelos y que siempre estuvo a disposición judicial y policial.

En este sentido, explican que se trataba de material del tramo dirección Madrid, del que no se produjo el descarrilamiento del accidente, ocurrido el 18 de enero y en el que murieron 46 personas.

"Lo que hizo Adif fue preservar el material sobrante y conservarlo siempre a disposición policial y judicial", recalcan desde la empresa pública.

Asimismo, indican que el 27 de enero, Adif obtuvo permiso judicial para iniciar las obras de recuperación de la línea y que, por tanto, podía trabajar en la zona afectada para poder volver a poner en marcha el servicio.

El día 30, agregan las citadas fuentes, la Guardia Civil volvió y requirió material. Se le indicó entonces que estaba en Hornachuelos "donde ha estado siempre a su disposición".

Según apuntan varios medios, la Guardia Civil señala en un anexo remitido a la jueza que investiga el accidente ferroviario, que Adif retiró material sin pedirlo.

En concreto, indica que "realizó distintas operaciones tendentes a la extracción y traslado de material desde la zona del accidente hasta la base de mantenimiento de Hornachuelos (Córdoba) y practicó distintas pruebas en material, sin advertirlo ni solicitarlo".

Además, la Guardia Civil asegura que el responsable del centro de mantenimiento de Adif en Hornachuelos afirmó haber recibido una orden de un jefe de área para que retira los "cupones" de raíl, lo que, según el escrito, se produjo entre el 22 y el 23 de enero.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha defendido este martes que Adif tuviese la precaución de preservar los restos que no se llevó ni Guardia Civil y ni la CIAF y ha difundido la introducción del informe de caracterización de los restos del accidente.

A través de la red social X muestra una de las 23 páginas del citado informe que firman Adif y la ingeniería pública Ineco, sobre la trazabilidad de la retirada y posterior depósito en la base de Hornachuelos de soldaduras pertenecientes a la cabecera sur del PBA (Puesto de Banalización) de Adamuz tras el accidente.

En esa introducción se indica que después de que la Guardia Civil y la CIAF retiraran del lugar el material que consideraron pertinente y, sin ninguna medida cautelar sobre la zona o los materiales abandonados y sin precintar, Adif procedió a su traslado a la base "sin manipularlos ni alterarlos".

Se identifican también las localizaciones de las soldaduras y aclara que las identificadas con los números 25 y 26 no están en la base de Hornachuelos porque se trasladaron al laboratorio.

Se indica además que se depositaron en la base varias soldaduras que por la vía 2 realizaban la unión entre el carril de la obra de renovación (dureza de 350) y el carril de la línea (dureza 260).

El 3 de febrero, la Guardia Civil se personó en la base para corroborar el acopio de elementos y precintarlos y volvió el 9 de febrero para asistir a la reubicación de los citados cupones (segmentos de raíl). 

Un informe inicial de la Guardia Civil no cierra ninguna línea de investigación sobre las causas del accidente ferroviario ocurrido el pasado 18 de enero en Adamuz (Córdoba) que causó la muerte de 46 personas y dejó más de 150 heridos. Sin embargo, ve la rotura del carril o la soldadura como las principales posibilidades.

El informe, al que ha tenido acceso EFE, se entregó en el juzgado de Montoro (Córdoba), que investiga el suceso, el pasado 5 de febrero y es una continuación del elaborado inicialmente y que se entregó en la misma sede judicial el 22 de enero.

Concreta que el accidente se produjo exactamente a la altura del kilómetro 318,693 de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla en el término municipal de Adamuz entre las 19:43:37 y las 19:43:41 del 18 de enero y en dirección Madrid.

Pone de manifiesto que las cámaras de seguridad de Adif permiten conocer la hora del impacto pero "no permiten confirmar cómo se produce, al no observarse el momento de la colisión".

Además, se indica que el tren Iryo viajaba en dirección Madrid cuando descarriló parcialmente e invadió el sentido contrario con sus coches traseros, mientras que el otro tren siniestrado, el Alvia procedente de Madrid con destino Huelva cruzó en ese momento a una velocidad exacta de 208 kilómetros por hora.

El informe analiza las distintas investigaciones llevadas a cabo por la Guardia Civil y no descarta de forma definitiva ninguna de las hipótesis analizadas.

La primera de las investigaciones se centra en "un problema en las infraestructuras ferroviarias" con tres derivadas, como pueden ser "un carril o riel de fabricación defectuoso", "una soldadura defectuosa" o el "estado general del conjunto". Por ello, los investigadores han pedido al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) todos los datos que existan sobre los lotes de rieles usados en el tramo del siniestro, se ha solicitado al juzgado un análisis de cuatro muestras de la soldadura y también se están mirando las traviesas, el balasto, el carril, los clips y más soldaduras de todo el tramo que se renovó.

La segunda de las hipótesis está en que un tren anterior pudiese perder una pieza que a su vez dañase la infraestructura, por lo que se han pedido datos sobre el estado de los trenes que circularon por la zona para ver si se ha perdido alguna pieza o no.

Un accidente por una conducción negligente o imprudente es otra de las hipótesis analizadas y en este supuesto "se investigan a los dos maquinistas implicados en el accidente" cuya actuación pudo influir en el siniestro.

El informe hace referencia a que el maquinista del Alvia falleció en el accidente y a falta de los informes toxicológicos "nada indica a priori" una "actuación anómala". En el caso del maquinista del Iryo tanto las pruebas de alcoholemia como las toxicológicas resultaron negativas.

El informe apunta a otra hipótesis que denomina de "otras causas" en la que se alude a un "sabotaje" o actuación "terrorista", a una falta de prevención, a otra falta de mantenimiento o el uso de materiales inadecuados en la obra, por lo que se ha pedido informes de laboratorio sobre si hay capacidad técnica para determinar "la presencia de trazas mecánicas" que indiquen el "uso de alguna herramienta para el corte" o la presencia de "sustancias explosivas o corrosivas".

Recoge que "actualmente no se puede descartar ni corroborar ninguna de las líneas de investigación al completo" para lo que es "imprescindible" aspectos como la designación de peritos judiciales para valorar la documentación o la autorización para "la práctica de los análisis relativos a las soldaduras o rieles pendientes de llevarse a cabo".

También falta el estudio de la documentación solicitada que en parte aún no ha recibido la Guardia Civil.

Una jueza ha imputado por primera vez a dos exdirectores de la Guardia Civil por el espionaje al independentismo con los software Pegasus y Candiru, y ha citado también como investigada a la exdirectora del CNI, Paz Esteban que acumula con esta cinco imputaciones.

En un auto, al que ha tenido acceso EFE, la titular del juzgado de Instrucción número 2 de Barcelona ha acordado imputar a los exdirectores de la Guardia Civil, Félix Vicente Azón y María Gámez a raíz de una querella presentada por cinco afectados, entre ellos el empresario Joan Matamala.

La magistrada Miriam de Rosa Palacio cita asimismo en el auto como investigados a Paz Esteban, a directivos de NSO Group (Pegasus) y, por primera vez en España, a directivos de Saito Tech Ltd (Candiru).

El pasado mes de septiembre, la juez admitió a trámite la querella presentada por estos cinco afectados, al entender que los hechos denunciados podrían constituir delitos de descubrimiento y revelación de secretos informáticos y acceso ilegal a sistemas informáticos.

La querella de estos cinco afectados se dirigía contra el exdirector de la Guardia Civil entre 2018 y 2020, Félix Vicente Azón y su sucesora hasta 2023, María Gámez -en la primera vez que la justicia indaga el papel del instituto armado en el espionaje al independentismo-, así como contra la exdirectora del CNI, Paz Esteban -ya imputada en otras cuatro causas- y directivos de las empresas israelís NSO y Saito Tech, que comercializan los softwares maliciosos.

Se trataba además de la primera denuncia por el uso del programario espía Candiru, un software que los querellantes aseguran fue utilizado por la Guardia Civil para infectar sus móviles, en el marco de la causa abierta en la Audiencia Nacional contra los organizadores de la plataforma anónima Tsunami Democràtic, que convocó las protestas contra la sentencia del 'procés'.

Esa infección, mantienen los querellantes, fue acreditada por análisis llevados a cabo por el laboratorio canadiense Citizen Lab, que destapó el caso del espionaje masivo en el independentismo que ha dado pie a múltiples investigaciones en juzgados de Barcelona.

De hecho, los querellantes -empresarios y desarrolladores tecnológicos agrupados en la asociación internacional Sentinel Alliance- presentaron inicialmente su denuncia ante la Audiencia Nacional, que rechazó investigarla por falta de competencia, lo que motivó que la llevaran ante los juzgados de Barcelona.

Puesto que en la querella no figuran los domicilios de algunos de los querellados, residentes en Israel, la jueza requiere en su providencia a la Unidad Adscrita del Cuerpo Nacional de Policía que realice las gestiones necesarias para conocer la dirección de los mismos.

En un comunicado, Sentinel Alliance sostiene que los cinco querellantes -Joan Arús, Joan Matamala, Jordi Baylina, Pau Escrich y Xavier Vives-, todos ellos empresarios y desarrolladores de código abierto, fueron espiados por su actividad profesional.

Según este grupo, durante dos años, desde 2019, sus dispositivos fueron atacados con Pegasus y Candiru, software espía de grado militar capaz de extraer chats, correos, contraseñas, archivos y fotografías, y de activar remotamente el micrófono y la cámara, y cifra en 78 los ataques contra los querellantes y su entorno, incluidos familiares.

La acusación popular exige mayor celeridad en la causa contra el empresario Alberto González Amador. En un escrito presentado la pasada semana, al que ha tenido acceso infoLibre, PSOE y Más Madrid reclaman al titular del Juzgado de Instrucción nº19 de Madrid, Antonio Viejo, que apriete a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para que entregue cuanto antes el informe que hace ya siete meses se le encargó en la pieza por soborno que se sigue contra la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. En otro, ambos partidos pedían también que se diera un impulso procesal al caso del fraude fiscal para que se enjuicie a la mayor brevedad posible, algo que el magistrado hizo pocas horas antes sin que ellos tuvieran constancia en el momento de presentar el escrito.

La pieza del soborno, abierta en octubre de 2024, se centra en una empresa: Masterman & Whitaker. Es la sociedad a la que Maxwell Cremona, también controlada por González Amador, cedió a finales de 2021 parte de los servicios que había acordado prestar a Quirón Prevención SL, filial del gigante que se ha beneficiado de la privatización sanitaria del PP en la Comunidad de Madrid. Una maniobra que, a ojos de la Agencia Tributaria, no era más que una "simulación" –la empresa no tenía medios suficientes para realizar los servicios cedidos– para generar "bases [imponibles] negativas" a compensar en un futuro, es decir, provocar pérdidas artificialmente para que la empresa pague menos o ningún impuesto.

Esta empresa no siempre se llamó así. La sociedad se constituyó el 3 de noviembre de 2008 con un capital social de 3.300 euros y con el nombre Círculo de Belleza. Las participaciones se dividieron entre tres accionistas. Gloria Carrasco, a la que se designó como administradora única de esta compañía dedicada a la cosmética, se quedó con el 60%. Su hermano, con un 20%. Y su esposo, Fernando Camino, con otro 20%. Este último es, desde hace años, director general de Quirón Prevención. Y era consejero de Mape, la empresa para la que intermedió la pareja de Ayuso en una operación de compraventa de mascarillas que le reportó 1,97 millones de euros.

La pareja de la presidenta madrileña compró en plena pandemia la sociedad a la mujer de Camino, que con el paso de los años se convirtió en accionista única. Por dicha empresa pagó por 499.836 euros, a pesar de que facturaba muy poco, de que no tenía trabajadores ni inmuebles a su nombre y de que unos meses antes Carrasco había abonado solo 16.000 euros por hacerse con las acciones que tenían en la empresa su hermano y su marido –el 40%–. Tanto la jueza instructora –ya jubilada– como la Fiscalía sospechan que esa operación esconde el pago de una comisión a Camino por la operación de compraventa de mascarillas en la que intervino González Amador o por "el incremento de la facturación" recibida de Quirón Prevención, uno de los grandes clientes del empresario.

Dada la "complejidad de la investigación" y el "carácter interprovincial de la trama supuestamente delictiva", la jueza activó a la unidad de élite de la Guardia Civil para que investigara los hechos. Lo hizo el pasado 27 de junio. Pero siete meses después, los investigadores aún no han remitido al juzgado ningún informe. Y eso ha llevado a mover ficha a las acusaciones populares, que en un escrito fechado la pasada semana han pedido al magistrado instructor que impulse el procedimiento y requiera a la UCO el documento. Y no solo eso. También que se informe a los investigadores de que, según publicó eldiario.es, González Amador operaba en el grupo Quirón con una identidad falsa –Alberto Burnet González– para que indaguen sobre este asunto.

Un empujón que también reclamaron dar en el caso por fraude fiscal contra la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. A finales de septiembre, la jueza Carmen Rodríguez Medel, que sustituyó a la instructora hasta que llegada de Viejo al juzgado, dictó auto de apertura de juicio oral contra el empresario. Confirmada la apertura de juicio oral y desestimados los recursos de apelación formulados, quedaron formalizados los escritos de acusación. "Sin embargo, a fecha de este escrito no consta que por las defensas se hayan presentado los correspondientes escritos de defensa, a pesar de todo el tiempo transcurrido", apuntaba la acusación popular.

Una situación que, alegaban, "está produciendo una gran dilación al procedimiento en su tramitación". Por eso, exigen que se adopten "las resoluciones que correspondan" para la correcta continuación del procedimiento. "En el supuesto de que existan incidencias procesales que hayan causado la paralización o demora no justificada del procedimiento [...] se solicita expresamente que se subsanen a la mayor brevedad, en aras de salvaguardar el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas", sostenían PSOE y Más Madrid en su escrito.

Pero horas antes de la presentación, y sin que ellos tuvieran constancia, el magistrado ya había reactivado el asunto. Según una diligencia de ordenación adelantada este martes por elDiario.es, el magistrado daba diez días a los acusados para que presentaran sus escritos de defensa. Y de no hacerlo, completaba, "se entenderá que se oponen a las acusaciones y seguirá su curso el procedimiento".

El Tribunal Supremo ha confirmado la sanción impuesta a un guardia civil que se emborrachó durante su turno de trabajo en el gimnasio del personal de seguridad de Presidencia del Gobierno y, ebrio, hizo un calvo -se bajó los pantalones y enseñó el culo- al jefe de escoltas del presidente Pedro Sánchez, según recoge EFE.

La Sala de lo Militar del Tribunal Supremo ha confirmado la sanción impuesta a este agente, la "pérdida de veinte días de haberes con suspensión de funciones", tras un expediente disciplinario por unos hechos que ocurrieron el 1 de abril de 2022, en el lugar de trabajo de este guardia civil.

Ese día, el guardia civil acudió a su turno de tarde tras tomar dos cervezas y varios pinchos en la cafetería. Estaba al cargo de vigilar el gimnasio al que acude el personal de seguridad de Presidencia del Gobierno.

A las 15.00 horas un brigada y un cabo llegaron con una botella de ginebra a la sala de cardio y el guardia civil, encargado de mantener el orden, permitió que introdujeran alcohol y, además, bebió con ellos combinados de ginebra y cocacola.

Cuatro horas después llegaron a la sala de cardio un subinspector de Policía y el jefe de escoltas de Pedro Sánchez, que encontraron al guardia civil con "síntomas de haber consumido, en exceso, bebidas alcohólicas".

Entonces, el guardia civil sancionado "se bajó los pantalones y les enseñó el culo, a la vez que bailaba y se ponía de cuclillas".

Así figura en los hechos probados en la sentencia dictada por el Tribunal Militar Central, que el Supremo confirma en otra sentencia a la que ha tenido acceso EFE y que rechaza el recurso interpuesto por el guardia civil sancionado.

El Supremo desestima todos los motivos aducidos por el sancionado en su recurso. Así, señala que no se vulneró su presunción de inocencia explicando que hay bastantes declaraciones testificales de que éste se encontraba "con síntomas de embriaguez, con un fuerte olor a alcohol, con voz pastosa, frases incoherentes, bailando y bajándose el pantalón durante unos segundos en posición de sentadilla, enseñando el culo".

De hecho, en la sentencia recurrida se hace referencia a la declaración de un cabo que reconoció que habían tomado unas copas.

La Sala de lo Militar también descarta que se hayan vulnerado el principio de legalidad el derecho de defensa o la proporcionalidad y confirma la sanción impuesta por una falta grave.

Para imponer la sanción se tuvo en cuenta el hecho de que el agente estuviese de servicio bajo los efectos del alcohol contraviniendo las normas del gimnasio que debía vigilar y su conducta "incorrecta e irrespetuosa" al bajarse los pantalones y enseñar el culo, que se califica de "conducta indigna de un guardia civil" en la sentencia de instancia.

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, ha anunciado la elevación del nivel de emergencia de la ciudad a nivel 2 y la evacuación inmediata de 14 zonas del municipio ante la evolución "compleja y cambiante" del río Guadalete, cuya crecida podría generar momentos críticos en las próximas horas del jueves.

Tras la reunión del puesto de mando avanzado, García-Pelayo ha explicado que el comportamiento del río "cambia en muy poco tiempo" al tratarse de un "río vivo" que no solo depende de su propio caudal, sino también de las aportaciones de otros cauces, de la lluvia, del viento y de las mareas, lo que obliga a adoptar decisiones rápidas y coordinadas.

La alcaldesa ha señalado que, según la información técnica disponible, se esperan momentos especialmente complicados a partir de las tres de la tarde de este jueves y a primera hora de la mañana del viernes, lo que ha motivado la activación de un amplio dispositivo de evacuación coordinado por Guardia Civil y Policía Nacional, con prioridad en la zona rural de La Ina, donde el acceso ya se encuentra prácticamente bloqueado.

García-Pelayo ha destacado que el puesto de mando avanzado actúa en coordinación directa con la Junta de Andalucía, ha subrayado la "responsabilidad compartida" entre todas las administraciones implicadas y ha agradecido el trabajo de los técnicos de emergencias, así como la colaboración de los alcaldes y alcaldesas pedáneos de las barriadas rurales afectadas.

En paralelo a las evacuaciones, el Ayuntamiento ha activado un operativo social especial para atender a personas electrodependientes, mayores dependientes y colectivos vulnerables, con el objetivo de garantizar la continuidad de tratamientos médicos y de la ayuda a domicilio, especialmente en las zonas rurales.

En el caso de La Ina, los vecinos evacuados serán trasladados inicialmente en autobús hasta La Cartuja y, desde allí, al Polideportivo de Chapín, donde Cruz Roja ha habilitado un dispositivo de recepción, atención y suministro de alimentos, tras solicitar la declaración de la zona como área de atención prioritaria.

La alcaldesa ha informado además de que en el término municipal de Jerez se han registrado ya más de 400 intervenciones, dentro de un total de más de 700 en la provincia, así como más de un centenar de incidencias en centros educativos. El colegio de La Ina permanece cerrado y el transporte escolar está suspendido en varias zonas rurales afectadas por las inundaciones.

García-Pelayo ha advertido de que la situación actual es "distinta y más compleja" que las inundaciones recientes y la ha comparado con el episodio registrado en 2009, por lo que ha pedido a la ciudadanía "responsabilidad, serenidad y confianza en los profesionales".

La Guardia Civil ha terminado la inspección del lugar donde ocurrió el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) y ha entregado ya un primer atestado al juzgado, según ha explicado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en una rueda de prensa, informa EFE.

El titular de Interior ha dicho también que una vez terminada la inspección, el instituto armado custodia todos los elementos localizados en el lugar que puedan resultar de interés para la investigación de las causas del accidente, de la que se ocupa el juzgado de Montoro.

El número de muertos asciende ya a 45, después de que los servicios de emergencia que actúan en la zona hayan encontrado este jueves otros dos cadáveres, que han aparecido debajo del tren Alvia.

Se trata de los dos últimos desaparecidos que quedaban por localizar, de acuerdo con las denuncias presentadas por los familiares.

Hay 43 personas ya con autopsias practicadas e identificadas: 22 mujeres y 21 hombres, uno de ellos menor. 40 de ellos son españoles, así como una rusa, una alemana y una marroquí.

Tanto el ministro como el coronel han explicado que la Guardia Civil recibió aviso del accidente a las 19.47 horas y a las 20.00 horas llegó al lugar la primera patrulla de la Guardia Civil. Fuentes del Ministerio del Interior han precisado que los primeros agentes visualizaron el Alvia a las 20.15 horas.

"La Guardia Civil se trasladó inmediatamente", ha subrayado Marlaska, quien ha recalcado que la reacción del instituto armado y del resto de servicios públicos tuvo una "inmediatez que es propia de una sociedad avanzada como es la nuestra y dotada de un servicio público absolutamente ejemplar".

Los primeros agentes que llegaron se dedicaron a la atención y socorro a las víctimas y activaron el resto de los medios al apreciar "la entidad de la tragedia". Según fueron llegando los demás servicios sanitarios y de emergencias, aseguraron el lugar y habilitaron el paso a esos servicios, además de colaborar en la evacuación de heridos.

El coronel ha explicado que se ha puesto a disposición de la autoridad judicial un primer informe preliminar, que incluye más de 2.500 fotografías aéreas y terrestres de la zona del accidente.

Ha detallado que la inspección ocular realizada se ha dividido en cuatro fases: el recorrido previo del tren Iryo antes de la colisión, los vagones de este primer tren, el espacio que se encuentra entre los dos trenes y los cuatro vagones del Alvia que habían descarrilado.

Las primeras diligencias también comprenden las cajas negras de los trenes, que han sido entregadas por parte de la Unidad de Policía Judicial a la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), la cual es la que dispone de los mejores medios para proceder a su apertura, ha precisado el coronel.

Sin embargo, esta apertura se llevará a cabo en Madrid con miembros de la Unidad Orgánica y, tras los volcados, se hará una copia que quedará a disposición de la Guardia Civil.

A preguntas de los periodistas, el coronel ha señalado que se ha tomado declaración al maquinista del Iryo, a varios tripulantes y a determinados viajeros, sin perjuicio de que más adelante, en el transcurso de las investigaciones, se interrogue a más personas, y ha negado poder ofrecer detalles sobre su contenido debido a su carácter reservado.

El coronel jefe del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil ha detallado el despliegue de efectivos de la Guardia Civil que han intervenido en el accidente, un total de 976: 240 agentes de Seguridad Ciudadana, 239 de la Agrupación de Tráfico, 214 de la Unidad de Reserva, 223 especialistas de la Policía Judicial y 60 de apoyo procedentes de órganos centrales. 

Un hombre ha fallecido este domingo tras quedar atrapada en un alud originado en el barranco de Puimestre, fuera de pistas de la estación de esquí de Cerler, en el término municipal de Benasque (Huesca), según recoge EFE. 

Según han informado a EFE fuentes de la Guardia Civil de Huesca, ha sido personal de la propia estación de Cerler el que ha comunicado al 112 Aragón, sobre las 14:00 horas, que se habían originado dos pequeños aludes en este barranco, fuera de pistas, y que una persona había quedado semienterrada bajo la nieve.

Hasta el lugar se ha desplazado personal de la estación de esquí y efectivos de los Grupos de Rescate e Intervención en Montaña (Greim) de Benasque que han rescatado inconsciente a esta persona aunque finalmente ha fallecido.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activada para este domingo la alerta amarilla por riesgo de aludes de nivel 4 en el Pirineo por encima de 1.800 metros en el Pirineo en los macizos del Alto Gállego, Sobrarbe y Ribagorza.

Esta es la quinta víctima mortal en menos de un mes en el Pirineo aragonés sepultadas por aludes después de que el pasado 29 de diciembre fallecieran tres personas cuando practicaban esquí de montaña en la ladera oeste del pico Tablato, en el zona del Balneario de Panticosa.

Dos días después, el 1 de enero, la Guardia Civil rescató el cadáver de un hombre sepultado por un alud en la zona de Urdiceto, en el Valle de Bielsa.

Especialistas de la Guardia Civil han rescatado los cadáveres de tres personas y a una tercera con hipotermia leve, tras verse arrastradas por un alud mientras practicaban esquí de montaña en la zona del pico Tablato, en el municipio pirenaico de Panticosa (Huesca).

Según han informado fuentes del Gobierno aragonés, la avalancha sorprendió a un grupo de seis esquiadores del que formaban parte tanto las personas fallecidas, como la mujer herida, que sufre una hipotermia leve.

En la zona trabajan especialistas en montaña de la Guardia Civil con el apoyo del helicóptero del cuerpo y del enviado por el servicio de emergencias 112 para auxiliar a los afectados.

Fuentes del Ejecutivo aragonés han informado de que se han desplazado a Panticosa el consejero de Hacienda e Interior, Roberto Bermúdez de Castro, y el director general de Interior, Miguel Ángel Clavero, para seguir la evolución de los hechos y ofrecer colaboración al Gobierno central.

También el presidente del Gobierno aragonés, Jorge Azcón, ha informado a través de la red social X su decisión de cancelar su agenda para hoy, "conmocionado por las trágicas noticias que llegan del accidente de montaña".

Según fuentes de ámbitos montañeros de Aragón, la zona del suceso es muy frecuentada por los aficionados al esquí de montaña, dado que hay una pendiente de 1.000 metros de desnivel.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene en esta zona la situación de riesgo de aludes en un nivel dos sobre cinco. 

Las tres víctimas mortales del alud registrado en la cara oeste del pico Tablato, y las otras personas que formaban parte de su grupo de montaña procedían del País Vasco.

Así lo ha asegurado en declaraciones a los medios de comunicación el director general de Interior del Gobierno aragonés, Miguel Ángel Clavero, que no ha precisado, sin embargo, de que poblaciones de esta Comunidad eran las víctimas.

Ha comentado que la nieve no había sepultado a los montañeros, a excepción de uno que había sido localizado semienterrado, y que todos presentaban lesiones por los golpes sufridos durante el arrastre.

Clavero ha señalado que los cuerpos de las víctimas están todavía en la zona del accidente, a la espera de ser trasladados al Instituto Anatómico Forense de Aragón, una vez se produzca la orden judicial de levantamiento de los cadáveres.

El juez Juan Carlos Peinado ha pedido a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que le informe de si han aparecido "hechos nuevos" respecto del rescate de Air Europa después de que la Audiencia Provincial le advirtiera por cuarta vez de que no puede investigar la implicación de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, en el mismo, según recoge EFE.

En una providencia dictada este lunes y a la que ha tenido acceso EFE, el juez hace este nuevo movimiento en respuesta a la Audiencia, que le reprochó su intento de investigar sin aportar "el más mínimo indicio" más allá de "noticias periodísticas" de hechos ajenos a la causa.

La Audiencia de Madrid ya había ordenado en tres ocasiones a Peinado dejar a Air Europa fuera del procedimiento en el que investiga a Gómez por presunto tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida, intrusismo y malversación, pero lo hizo de nuevo en noviembre al resolver un recurso del mes de mayo.

Entonces, el juez decidió reactivar la investigación y pedir un informe a la UCO de la Guardia Civil sobre el rescate, pero él mismo se corrigió poco después y anuló esa solicitud. Lo hizo tras un nuevo varapalo de la Audiencia a sus movimientos sobre la empresa filial de Globalia.

Es más, en junio asumió que no podía investigar y planteó ceder a otro juzgado una querella presentada por Vox relacionada con ese rescate.

Meses después, la Audiencia resolvió los recursos de Begoña Gómez y del fiscal contra la decisión anterior del juez -es decir, la de pedir informe a la UCO-, y les dio la razón parcialmente en un auto en el que cuestionó que el magistrado actuase guiado por una noticia periodística. 

"La resolución dictada carece de fundamentación (...), se refiere a noticias periodísticas de hechos que no se investigan en este procedimiento y, como ya hemos dicho, parece tratarse de noticias que se han obtenido de otros procedimientos, en los que se investigan otros hechos supuestamente cometidos por personas aforadas y que algunas de ellas pudieran tener relación con los investigados en este procedimiento", argumentaron los magistrados.

Recalcaron que "la resolución recurrida carece de la motivación necesaria que se exigía en nuestras anteriores resoluciones, para justificar una ampliación del objeto de la investigación". 

Tras este cuarto aviso de la Audiencia, el magistrado pide a la UCO que le informe de si se ha producido alguna novedad en relación con el rescate.

El Ministerio del Interior ha nombrado al coronel Pedro Merino Castro nuevo jefe de la Unidad Central Operativa (UCO), han informado a EFE fuentes del instituto armado, según informa EFE.

El nuevo jefe de la UCO ya ha trabajado en esta unidad, además de formar parte de la seguridad de Casa Real, del Departamento de Seguridad Nacional, de la Unidad Técnica de Policía Judicial, de la Jefatura del Estado Mayor de la Dirección General de la Guardia Civil y de ser jefe de la Comandancia de Salamanca. 

Merino Castro, propuesto por la directora del cuerpo, Mercedes González, toma el relevo Rafael Yuste tras su ascenso a general de brigada.

Yuste dirigió la UCO de desde junio de 2023, una etapa marcada por las investigaciones de esa unidad como las del caso Koldo o el de Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno.

La UCO también sigue actualmente la investigación sobre una presunta trama de corrupción con mordidas de contratos en la diputación de Almería y ha estado detrás de las pesquisas ordenadas por el Tribunal Supremo en torno al ya ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, juzgado hace un mes y que ha sido condenado por revelación de datos reservados.

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se ha desvinculado este jueves del expresidente de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández, detenido por presuntas irregularidades en contratos públicos, y ha asegurado que no tiene contacto con él desde que dejó el cargo hace seis años. "Yo no tengo ningún contacto con este señor desde que salió. Él estuvo escasamente año y pico en SEPI (...) y, por tanto, no tengo ni idea de lo que estaba haciendo este señor", ha explicado en declaraciones en el Congreso.

Fernández ha sido detenido miércoles por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, junto a la exmilitante del PSOE Leire Díez. Ambos han sido arrestados debido a una causa que se sigue en el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción, y en la que las diligencias están bajo secreto sumarial.

Montero ha asegurado que no ha tenido "ningún contacto de WhatsApp, ni llamadas, ni reuniones con él, ni un entorno que compartamos, ni amigos de amigos". Además, ha subrayado que el "perfil profesional" de Vicente Fernández "avalaba su nombramiento" al frente de la SEPI, porque había sido interventor general de la Junta de Andalucía y miembro del Cuerpo de Letrados de la Junta.

"Tiene toda una trayectoria trabajando en la Junta de Andalucía, su perfil profesional avala su nombramiento", ha incidido la vicepresidenta, tras apuntar que, dado que el sumario del caso Leire Díez es secreto, no sabe ni las actividades ni el periodo que investiga la Guardia Civil.

No obstante, ha recordado que, según lo publicado en prensa, "todo lo de (la empresa) Servinabar (propiedad del empresario Antxon Alonso, también detenido) es posterior a su salida de la SEPI". Montero ha reiterado que el Gobierno esta colaborando con la justicia y respondiendo rápido a todos los requerimientos para que "respondan ante la justicia todos los que estén implicados en una trama o hayan cometido un delito".

Fernández presidió la SEPI desde junio de 2018 a octubre de 2019, fecha en la que dimitió tras ser imputado por un supuesto amaño en el concurso internacional que adjudicó a la empresa México-Minorbis la explotación de la reserva minera de Aznalcóllar (Sevilla), un caso del que fue absuelto al igual que el resto de acusados. 

Una amplia investigación policial desarrollada de forma conjunta por la Guardia Civil y la Gendarmería Real de Marruecos ha desembocado en la caída de la primera gran flota de aviones no tripulados diseñados exclusivamente para el transporte de drogas entre España y África, con capacidad para sobrevolar más de 200 kilómetros con una carga de varios kilos de estupefaciente en su interior. En el pasado se realizaron acciones operativas relacionadas con el uso de drones para transportes, entre las que destacó una en 2024 en la que se incautaron tres aparatos de fabricación ucraniana en el Campo de Gibraltar. En el mar, la Policía también desmanteló una red que disponía de drones submarinos, pero esta es la primera acción de gran calado contra el tráfico aéreo de drogas mediante aeronaves autónomas, no solo en España, sino a nivel global.

Las pesquisas comenzaron en ambos lados del Estrecho, cuando autoridades de los dos países implicados se percataron, mediante sus sistemas de vigilancia, de la llegada de artefactos aéreos no tripulados que volaban ajenos a la normativa vigente, sin permisos ni advertencias de su tránsito. Ahí comenzaron las sospechas. La mayor parte de los aterrizajes eran en horario nocturno.

Las aeronaves, además, estaban fabricadas de forma artesanal, partiendo de modelos lícitos pero dotándoles de un ala fija, a imagen y semejanza de un avión de hélices, pero en tamaño pequeño. En el centro disponían de un espacio diáfano para la carga de la sustancia estupefaciente.

Así se pudo llegar a la fase de explotación de la operación, desarrollada este lunes, 10 de noviembre de 2025, en la que se ejecutaron cinco registros domiciliarios en Alcalá de los Gazules, Vejer de la Frontera, Algeciras y San Roque, en el corazón del Campo de Gibraltar. Uno de los dispositivos resultó fundamental, pues permitió interceptar un vehículo que transportaba 57,2 kilos de hachís que habían sido previamente trasladados con los drones, y que tenía como destino su distribución por la Península y, en segunda instancia, por otros puntos de Europa.

El grupo criminal encontró una fórmula efectiva y difícil de seguir. Los vuelos partían de la localidad de Alcalá de los Gazules (Cádiz), donde habían instalado un sofisticado taller para la fabricación y mantenimiento de los aparatos, y aprovechaban las noches y condiciones meteorológicas favorables para operar sin ser detectados.

Durante una sola noche, la organización era capaz de introducir hasta 200 kilos de hachís, utilizando drones modificados con autonomía, precisión y capacidad de carga superiores a los modelos convencionales. Los aparatos volvían tras soltar la carga, que aterrizaba en zonas próximas a Vejer de la Frontera y Tarifa, empleando sistemas de geolocalización, radiofrecuencia, visores nocturnos y fluorescentes en los paquetes. En total fueron intervenidos 18 aparatos, ocho de ellos perfectamente preparados para volar y diez más desmontados.

El grupo estaba compuesto por individuos que contaban con conocimientos en sistemas de vuelo remoto, ensamblaje de componentes y modificación de aeronaves. Las estructuras bases las compraban a proveedores asiáticos, pero la mayor parte de los trabajos de mejora, refuerzo y adaptación los realizaban ellos en su propio centro de operaciones en Cádiz, modificando sistemas electrónicos.

Durante esa intervención, varios agentes resultaron heridos tras una persecución a los narcos y el posterior accidente, requiriendo uno de ellos intervención quirúrgica. El despliegue policial permitió localizar no solo los drones, sino también herramientas electrónicas, repuestos y aparatos, permitiendo desmantelar el entramado al completo.

Se incautaron 210 kilos de hachís y 320.000 euros en efectivo durante los citados allanamientos, lo que da una idea del potencial económico de la organización objeto de la investigación.

En total, nueve sospechosos han sido detenidos y puestos a disposición del Juzgado de Instrucción 4 de Algeciras y la investigación se mantuvo bajo coordinación de la Fiscalía Antidroga del Campo de Gibraltar y su titular, Macarena Arroyo, una de las fiscales más especializadas en la lucha contra el tráfico de drogas en España.

La fiscalía ha pedido este jueves 61 años de cárcel para un exentrenador de un club de baloncesto por 19 delitos de agresión sexual a sus jugadoras, entre ellos pedir fotos íntimas a varias de ellas a través de la red social Whatsapp, según informa EFE.

El extécnico, que era el segundo entrenador, ha sido juzgado en la Audiencia Provincial de Alicante y ha negado los hechos con el argumento de que nunca hizo tocamientos con la intencionalidad que se le atribuye aunque sí ha admitido que contactó con dos de sus pupilas para pedirles que le enviaran fotos de sus pechos.

Sí ha manifestado que les dio abrazos como fórmula para mostrarles apoyo porque algunas estaban desanimadas por el trato que recibían de su primer entrenador y también ha reconocido que las cogía para subirlas “a caballo” o como si se tratasen de “un saco”, aunque ha asegurado que se trataba de “un juego infantil” habitual en el comportamiento de los equipos deportivos.

Respecto a los hechos que le atribuía la Fiscalía, solo ha reconocido que contactó a través de una aplicación de mensajería para teléfonos móviles (whatsapp) con dos de las jugadoras para pedirles que le enviasen fotos de sus pechos y ha añadido que fue una manera “torpe” de buscar la “integración social” entre los compañeros, con la que tratar de demostrar su masculinidad porque arrastraba problemas de integración desde la niñez al padecer tartamudez.

Los hechos objeto de juicio tuvieron lugar entre los años 2021 y 2022, durante la relación que el acusado mantuvo con al menos 14 jugadoras del club en esa temporada, todas ellas menores, con edades comprendidas entre los 14 y los 17 años. De acuerdo con el relato sostenido por la Fiscalía, el encausado las sometió a diversas acciones con ánimo de satisfacer sus deseos libidinosos y con pretensiones de índole sexual. 

El ministerio público mantiene que en los entrenamientos el hombre besaba, abrazaba y tocaba a las víctimas, al ponerles la mano en la cintura, en las caderas, en los muslos o en el glúteo, lo que provocaba incomodidad y agobio en las víctimas.

Además, tenía conversaciones privadas a través de redes sociales con las chicas en las que les proponía quedar a solas, fuera de las actividades del ámbito deportivo, o les enviaba fotografías de un pecho desnudo, a la vez que les pedía que le enviaran fotos de sus partes íntimas.

Finalmente, el presidente del club de baloncesto interpuso una denuncia ante la Guardia Civil para poner de manifiesto los hechos que le habían transmitido los padres de las jugadoras, lo que dio pie, después, a la apertura de la causa judicial.

En el juicio han comparecido varias de las jugadoras, que han confirmado que el entrenador se había ganado su confianza y que era “cariñoso”, por lo que tenían un trato cercano hasta que se iniciaron los envíos de los mensajes. 

Algunas de las testigos han señalado que sentían “incomodidad” por la forma en la que las abrazaba y que así se lo transmitieron. Y que después de conocer lo sucedido a otras compañeras dieron otro significado a esos abrazos. 

El presidente del club ha explicado que, al tener constancia de las quejas de los padres, hablaron con el acusado y que éste les confesó que había presumido ante los compañeros de tener alguna relación con una jugadora, aunque era falso. Finalmente interpuso la denuncia después de saber del envío de los mensajes y su contenido.

Servicios de emergencia, comerciantes y vecinos de la isla de Ibiza han trabajado este miércoles para recuperar la normalidad, principalmente en la capital de la isla, el municipio más afectado por las fuertes lluvias del martes, cuyo alcalde pedirá al Gobierno la declaración de zona catastrófica. 

El operativo de la Dirección General de Emergencias se ha volcado en el restablecimiento de las carreteras, infraestructuras críticas y viviendas sin suministro eléctrico o condiciones de habitabilidad, después de trabajar durante toda la noche gestionando 37 incidentes identificados como “prioritarios”, como la limpieza de la planta de logística de hidrocarburos de Exolum, que abastece todo el combustible de la isla, para que los equipos técnicos puedan reparar su instalación de bombeo.

En total, 270 efectivos y 60 vehículos que han llegado a Ibiza para reforzar las capacidades de los servicios de emergencias de la isla han trabajado a la par de los residentes, que han tenido que achicar agua y limpiar barro de sus establecimientos y viviendas afectadas por las lluvias. 

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, que se ha desplazado a la isla junto a seis consellers, ha asegurado que la administración autonómica habilitará ayudas para Ibiza y dará apoyo a la declaración de zona catastrófica que soliciten los ayuntamientos de la isla, como ya ha anunciado el alcalde Triguero para la capital ibicenca.

Prohens ha comparecido desde la avenida de Santa Eulària, una de las vías que permanecía cortada por los efectos de las intensas lluvias del martes, y ha señalado que al final del día se podrá tener una “foto más exacta” de las ayudas que serán necesarias, dado que todos los consellers tendrán un “estado de la situación muy exhaustivo” para saber lo que se tiene que “poner en marcha”.

Entre los consellers desplazados se encuentra el responsable de Educación, Antoni Vera, que ha anunciado que todos los centros educativos de Ibiza y Formentera, cerrados por las lluvias e inundaciones, podrán reabrir el jueves con normalidad, a excepción del CEIP Can Misses. Este centro educativo permanecerá cerrado para que los operarios puedan completar las tareas de limpieza y reparación.

Tras la última reunión de seguimiento realizada a primera hora de la tarde por el Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi), el Govern balear ha comunicado que la situación en la isla de Ibiza se va estabilizando al “ritmo previsto”. 

Por su parte, la Guardia Civil ha informado de que rescató a un total de 148 personas durante el episodio de fuertes lluvias y que llevó a cabo 59 intervenciones de auxilio en viviendas y vehículos durante las inundaciones.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha señalado que llegaron a registrarse más de 230 litros por metro cuadrado (l/m²) de agua acumulada, y ha considerado estas lluvias como "históricas y extraordinarias”.

La ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha dado por sentado que el Gobierno aprobará la declaración de zona catastrófica solicitada por las autoridades de Ibiza y ha defendido la actuación de la Aemet, que ha proporcionado "la información disponible en base a criterios técnicos".

La sala del madrileño Teatro del Barrio se queda a oscuras y comienza la proyección del documental Arg(h)itzen, del director Mikelatxo Urbi, en el que diferentes voces denuncian haber sido torturadas por el Estado español. Mediante los testimonios de 30 personas, la cinta hace un recorrido por la violencia institucional que se vivió en la comarca de Sakana (Navarra) durante más de 50 años, desde 1966 hasta 2011. Una región de unos 20.000 habitantes, de los que, al menos 169, fueron objeto de torturas. 

Así, el documental relata cómo el Estado español ha tratado de ocultar estas prácticas y proteger a sus verdugos durante años, ignorando así a las víctimas. A través de los testimonios, se revela la violencia y la impunidad con la que el Estado ejercía su poder. Las vidas de personas rotas, hundidas por aquellos que supuestamente estaban para ‘proteger y servir’. Pero también, cómo estas pueden ser reconstruidas. 

Esta forma de violencia, cuenta el documental, se exportó de los regímenes totalitarios fascistas y nazis que colaboraron con el franquismo tras la Guerra Civil. La tortura, empleada de diferentes formas y métodos, se conformó como una forma habitual de represión ante los movimientos de activistas, sobre todo en el País Vasco. 

Tanto la Policía como la Guardia Civil “actuaban de manera paralela a la ley” de forma irregular, cuentan distintos expertos en el documental. Los testimonios que se relatan son duros y crueles. Bolsas en la cabeza, testículos destrozados a patadas, ahogamientos, maltratos a familias y parejas, personas a las que dejaban horas de pie y a oscuras con un trapo en la cabeza… Esto es lo que vivieron miles de personas durante años y por lo que hoy se busca justicia. El documental finaliza con la declaración de un joven que relata que su mayor miedo es “que todo esto vuelva a suceder”.

Tras la proyección se abrió la mesa redonda moderada por el activista y Premio Nacional de Derechos Humanos, Jorge del Cura. La ponencia comenzó con el testimonio de Juan Cruz, también víctima de esta violencia, que recordó que “la tortura no es solo memoria, sino presente”. Ainara Gorostiaga, integrante de la Red de Personas Torturadas de Nafarroa, agradeció que el documental se pudiera proyectar en la capital, pese a que, subraya, “Madrid nos recuerda a la tortura”. Habló de esta red de personas torturadas y remarcó su importancia porque, dijo, “si no éramos nosotros los que lo contaban, nadie lo iba a hacer por nosotros. Había que romper con el silencio que se había creado”. 

Laura Pego, doctora en Derecho e investigadora de la práctica de la tortura en la Comunidad Autónoma Vasca y la Comunidad Foral de Navarra, repasó distintos documentos de fuentes oficiales y organismos tanto nacionales como internacionales en los que se exponen datos y testimonios que prueban la abrumadora realidad de esta violencia institucional. Por ejemplo, que el total de los casos de tortura hoy día se sitúa en 4.113. Estos corresponden a 3.415 denunciantes, muchos de ellos torturados en varias ocasiones. De ellos, el 73,4% se realizaron de 1979 hasta 2014, es decir, durante la democracia. Y lo más grave, aún a día de hoy siguen saliendo nuevos casos a la luz tras años de silencio. 

Por último, el periodista Martxelo Otamendi, exdirector de los diarios Egunkaria y Berria, comenzó bromeando con las palabras de Isabel Díaz Ayuso y agradecido por invitar “a un autobús de Kale borroka aquí a Madrid”. Aludió a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado diciendo que todavía es necesario “educar a la Policía en la protección de los Derechos Humanos”, recalcando que mecanismos de violencia institucional como la tortura aún perviven. Acabó dirigiéndose a magistrados que habían asistido al acto y preguntándose por qué los jueces que miraron a otro lado no han sufrido ningún tipo de consecuencia: “¿Por qué se libra el juez de las responsabilidades judiciales de la tortura?” 

En los últimos minutos, el público interactuó con los ponentes ofreciendo sus testimonios. Uno de los asistentes relató que estuvo más de dos semanas secuestrado en prisión, que le torturaron, que "jueces como Baltasar Garzón o Grande Marlaska miraron a otro lado" y que, para él, “ya no existe el perdón”. 

El pasado 4 de junio de 2024, se puso en manos del Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, la documentación acreditativa de la tortura que en la jornada de este martes se ha expuesto con el fin de que éste lo trasladase al Parlamento. Tras varios acercamientos, Gabilondo recomendó enviar esta petición a la Fiscalía de la Memoria. 

El objetivo de estas jornadas —la próxima será el martes 7 de octubre en la misma ubicación— es abrir un debate público previo a la creación de un Comité de la Verdad sobre la tortura en el Estado español. A la salida del acto, infoLibre habla con Martxelo Otamendi sobre la creación de este comité. “Es muy importante que se ponga en marcha esta comisión y es necesario también un reconocimiento por parte del Estado y del Gobierno vasco de que se ha torturado”, comenzaba afirmando Otamendi. 

Sobre las trabas que se han encontrado en el camino para crear la comisión, Otamendi argumenta: “es muy grave reconocer que se ha torturado durante un período constitucional y que se ha torturado mucho y de manera estructural y directa por parte del Estado español”. Además, resalta que existía “todo un enjambre de colaboración” entre “policías, fiscales, forenses y magistrados”. Pero es optimista y comenta que “algún día el Gobierno reconocerá lo que pasó, pero se necesita voluntad política y reconocer que se hizo mal desde abajo hasta arriba”.