Y Alberto no estaba allí después de habernos prometido la llegada de la decencia. Alberto no estaba y tampoco ninguno de su partido. Y uno se pregunta: ¿De qué decencia hablarán? ¿De la que llega con discursos solemnes o de la que se demuestra cuando toca mirar hacia dentro?

Hay palabras que en política tienen una vida curiosa. Una de ellas, por ejemplo, es libertad y la otra podría ser decencia. Aparecen cada cierto tiempo, especialmente cuando algún partido político necesita presentarse como guardián de las buenas costumbres, aunque al abrir el armario de los recuerdos salgan demasiados fantasmas y esté lleno de mierda.

Hemos manoseado la libertad hasta límites insospechados y ahora parece que le toca a la decencia.

Porque vuelve Nevenka Fernández a Ponferrada y su historia vuelve a poner delante del espejo una cuestión incómoda para el PP. Todos recordamos qué ocurrió cuando Nevenka denunció desde una posición de enorme desigualdad un tremendo acoso laboral y sexual por parte de su alcalde y compañero de partido. Cuántos años han pasado sin que nadie del PP haya hecho una revisión profunda de aquel episodio. No hay más que ver sus actitudes actuales, que no han cambiado casi nada. Hace 25 años miraron para otro lado y la culpable era la acosada y ahora, por ejemplo con el alcalde de Móstoles, vuelven a hacer prácticamente lo mismo.

Para el PP ahora parece que es la ocasión de presumir de ejemplaridad, pero la hemeroteca parece querer decir otras cosas. Ahí siguen episodios como la Gürtel, la trama del caso Kitchen, las investigaciones y condenas relacionadas con financiación irregular en diferentes etapas del partido, el caso de Cristóbal Montoro o las polémicas alrededor de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. La bandera de la ejemplaridad es fácil de ondear cuando se mira al adversario, pero más difícil cuando toca revisar la propia casa.

La política española tiene una curiosa tradición: algunos creen que la regeneración consiste en cambiar el cartel de la puerta, aunque dentro sigan acumulándose los mismos trastos viejos. La decencia no es un eslogan de campaña, ni es una palabra que se tenga que estrenar en cada legislatura. Es una conducta: consiste en reconocer errores, reparar daños y no pedir a la sociedad que olvide lo que todavía no ha sido explicado. La decencia se anuncia con mucha solemnidad, pero nadie debería confundirse: en la política española casi nadie tiene el monopolio en este terreno.

Ya sabemos que en el PSOE tampoco bajan las aguas precisamente cristalinas. También han tenido sus indecencias, sus contradicciones y sus episodios difíciles de explicar. No me puedo olvidar de los GAL, y ahí quedan las recientes sentencias a Ábalos y Koldo García, ahí está Leire "la fontanera", y por último la reciente imputación de Zapatero.

Quizá el problema no sea el color de la bandera que se ondea, sino la facilidad con la que algunos la levantan cuando están en la oposición y la esconden cuando les toca responder públicamente. Porque la decencia no pertenece a siglas. No es patrimonio de un partido, ni debería ser un arma contra el rival.

La decencia es algo más incómodo: es mirarse al espejo cuando nadie te obliga y reconocer tus malas andanzas. Y algunos espejos llevan demasiados años acumulando polvo.

Y un comentario final. La sentencia de un tal Víctor Aldama: ¿Decencia o indecencia? Ahí lo dejo, juzguen ustedes.

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Alfonso Donnay Gómez de Segura es socio de infoLibre.

“Fuimos víctimas de la sumisión química demasiado pronto”. Alizée es una de las víctimas de Christian Nègre, un ex alto funcionario del Ministerio de Cultura que la drogó con un diurético en 2014. Presentó una denuncia en 2018, cuando empezaba el movimiento #MeToo y el concepto de sumisión química aún era prácticamente desconocido para el gran público. “Nos maltrataron al principio y hoy seguimos siendo menospreciadas”, afirma, enfadada por una investigación judicial que reconoce “fuera de lo común”, pero que considera “demasiado lento”.

Su dolor comenzó con la publicación de un artículo de Le Canard enchaîné en mayo de 2019, tanto por los hechos revelados como por la forma elegida para tratarlos. “La fiscalía se hace cargo de una historia para mearse de risa”, titulaba el semanario, que revelaba que decenas de mujeres que habían solicitado un puesto en el Ministerio de Cultura denunciaban el comportamiento de Christian Nègre durante sus entrevistas.

Desde la Rue de Valois, Nègre, director de recursos humanos, recibía sin descanso, entre 2009 y 2018, a mujeres jóvenes a las que hacía creer que tenían un puesto asegurado. Durante las entrevistas en el ministerio, les ofrecía un té o un café, les administraba a escondidas un potente diurético y las obligaba a ir a dar un paseo.

El recorrido, por los muelles del Sena, era largo y estaba minuciosamente calculado para que sus víctimas sintieran ganas de orinar en el mismo momento y en el mismo lugar: una zona aislada, sin ningún baño cerca.

Cuando la necesidad se volvía irrefrenable, las cubría con una chaqueta, observaba atentamente la escena, disfrutaba viéndolas humilladas y anotaba hasta el más mínimo detalle en una tabla de Excel titulada “Experiencias”.

“Empieza a bajarse las medias y las bragas (negras). Se pone en cuclillas y suelta un chorro muy fuerte y muy largo”, se puede leer. O también: “Se baja los pantalones incluso antes de que yo la tape. Varios: orina durante bastante tiempo. Le ofrezco papel. Se limpia de pie justo delante de mí”. Su tabla menciona a cerca de 200 mujeres, pero la justicia ha identificado “al menos 240”.

A raíz de ello, Libération reveló las múltiples alertas ignoradas por el Ministerio de Cultura y las graves consecuencias para las mujeres afectadas. Algunas fueron hospitalizadas tras sufrir intoxicaciones, graves infecciones urinarias o por tomar medicamentos incompatibles con ese diurético. Todas quedaron traumatizadas, temiendo acudir a otras entrevistas y pensando que todo había sido culpa suya.

Tras actuar así durante casi diez años, Nègre fue finalmente detenido después de ser sorprendido fotografiando los muslos de una subprefecta. Fue destituido, imputado por 21 delitos, entre ellos la administración de sustancias nocivas, violencia por parte de una persona encargada de una misión de servicio público y violación de la intimidad, y puesto bajo control judicial. Por ahora, goza de la presunción de inocencia.

Cuando Libération reveló la magnitud del caso, decenas de mujeres se descubrieron víctimas al leer el artículo y se pusieron en contacto con la redacción para saber qué hacer y a quién acudir. El Ministerio de Cultura, por su parte, nunca consideró oportuno hacer un llamamiento a las víctimas y tardó en poner en marcha un servicio de atención.

Fue Alizée, también víctima, quien asumió durante meses la carga de tener que identificarlas, tranquilizarlas y derivarlas a la policía judicial antes de que la Fundación de las Mujeres tomara el relevo.

Rápidamente llegaron a una conclusión: la dirección del ministerio no podía ignorar las acciones de ese alto funcionario. Sus compañeros lo apodaban “el fotógrafo” y algunas funcionarias sabían que había que evitarlo. También se habían enviado cartas a las ministras Fleur Pellerin y Audrey Azoulay, e incluso se había alertado al servicio de medicina del trabajo.

Por todas esas razones, han sido citadas cuatro víctimas en el Tribunal Administrativo el jueves 4 de junio para que la justicia reconozca la responsabilidad del Estado por incumplir su obligación de seguridad. Otras siete ya fueron indemnizadas en 2023 por “la culpa personal de Christian Nègre” pero el tribunal no reconoció entonces la responsabilidad del ministerio.

“Ahora somos más optimistas, porque hemos conseguido recabar casi 22 testimonios de personas que denunciaron las actuaciones de Christian Nègre o que confirman que hubo alertas previas”, explica Capucine des Ligneris, una de las abogadas que lleva la parte administrativa junto con su colega Cécile Kurz.

Una de sus clientas, intoxicada con diuréticos, se cruzó, por ejemplo, con una de las responsables de recursos humanos del ministerio durante el paseo que le impuso Christian Nègre. “Estaba a punto de orinarse debajo de un puente, al borde del desmayo, cuando se cruzaron con esa directora de RRHH. Christian Nègre se recompuso, la saludó, y mi clienta se orinó justo después de que él le pasara un abrigo y la mirara fijamente a los ojos”, describe.

“Mi clienta intentó avisar a la recepción, pidió hablar con la enfermería o con el CHSCT [comité de higiene, seguridad y condiciones de trabajo] del ministerio, pero le denegaron el acceso. Hoy, esta mujer está destrozada y acaba de obtener el reconocimiento de su discapacidad a raíz del trastorno de estrés postraumático”.

Para muchas demandantes, el Ministerio de Cultura ha fallado “de principio a fin”. Recientemente, la exministra Rachida Dati afirmó que todas las mujeres podrían beneficiarse de la protección funcional y de la cobertura de sus costas judiciales. En realidad, esa protección solo se aplica a funcionarios, por lo que quedan excluidas todas las mujeres afectadas por Christian Nègre que nunca habían trabajado en la función pública.

Aún más sorprendente es que el Ministerio de Cultura haya puesto en marcha todo un sistema para eludir los litigios administrativos masivos que veía venir, haciendo que las víctimas firmaran acuerdos amistosos. Quienes aceptan renuncian a acudir al Tribunal Administrativo, perciben una indemnización de unos 10.000 euros y firman una cláusula de confidencialidad que les prohíbe de forma absoluta “denigrar al Ministerio de Cultura”. Contactado por Mediapart, el ministerio no respondió.

Para colmo, el comportamiento de Christian Nègre, objeto de una investigación penal, no ha hecho sino aumentar la indignación de las víctimas. Desde que fue imputado, el exdirectivo del ministerio ha cambiado de nombre y ahora se hace llamar “Bernard Genre”.

Gracias a esta nueva identidad, continúa su carrera profesional en recursos humanos y se relaciona con perfiles similares a los de sus presuntas víctimas. En sus redes sociales aparece junto a mujeres jóvenes, recomienda sus currículos y ofrece sus servicios por 850 euros al día: “Mi trabajo es contribuir a que vivas el tuyo con tranquilidad”.

Como reveló Ouest-France, también firmó contratos de coaching con la región de Normandía e impartió clases entre 2023 y 2025 en dos escuelas de comercio —MBway y Ecofac— situadas en Caen y Colombelles, en Calvados.

“En cuanto nos enteramos de lo que se le imputaba, lo denunciamos a la dirección de la escuela, que lo apartó”, confirma una estudiante de Ecofac a Mediapart. “No he sido víctima de nuevos abusos”, añade, “pero la escuela no tomó ninguna medida para informar a todos los alumnos de los motivos de su marcha ni para averiguar si había reincidido”.

En julio de 2025, la abogada Zoé Royaux, una de las 15 letradas de la Fundación de las Mujeres movilizadas en este caso, alertó a los jueces de instrucción sobre sus actividades profesionales. Aunque su control judicial no prevé ninguna prohibición de ejercer una actividad profesional en este ámbito, su cambio de nombre impide que quienes lo emplean, así como las mujeres con las que se relaciona, conozcan sus antecedentes.

“El señor Christian Nègre se presume inocente, pero ha reconocido los hechos, cometidos en un contexto profesional”, recuerda la abogada en su carta. De hecho, durante la detención policial, admitió haber drogado a esas mujeres. “Me hubiera gustado que me detuvieran antes. Era compulsivo, pero no tenía la intención de envenenar a esas mujeres”, declaró también a Libération.

“Es indignante”, lamenta Camille*, una de las acusaciones civiles. “La justicia responde que no puede privar a nadie de su derecho al trabajo, pero al permitir esto no protege”. La Fiscalía de París precisa a Mediapart que no existe ninguna medida de control judicial que le prohíba ejercer una actividad profesional o estar en contacto “con mujeres”.

En julio de 2025, la Fundación de las Mujeres publicó un comunicado para denunciar “una instrucción ralentizada”, “una justicia de dos velocidades” y unas “víctimas olvidadas”. La crítica se dirige contra la lentitud de un caso que se prolonga ya desde hace seis años y contra un procedimiento que muchas consideran “derogatorio”.

“La mayoría de las víctimas solo pudieron ser escuchadas por agentes de la policía judicial, por falta de tiempo y de medios para que la jueza de instrucción las recibiera individualmente”, señala la asociación. La abogada Iris Biehler también lamenta que sus clientas no hayan podido tener acceso a una verdadera evaluación psicológica. Solo les ofrecieron un “examen documental” y una evaluación de la asociación Paris aides aux victimes, que concluyó con un único día de baja laboral.

Sin embargo, algunas de las pocas denunciantes que sí fueron examinadas por los servicios forenses al inicio de la investigación obtuvieron 30 días de baja. “Dado que la naturaleza de los hechos no requería recurrir a peritajes con fines probatorios para demostrar su comisión, los jueces de instrucción decidieron llevar a cabo una evaluación psicológica”, justifica la Fiscalía.

En febrero de 2026, la fiscal de París lanzó un llamamiento a las víctimas que aún no se habían presentado para que lo hicieran “lo antes posible” y prometió una nueva reunión informativa, con la esperanza de cerrar este caso de aquí a finales de este año.

“Dado que el acusado actuó durante ocho años y que el número de víctimas es considerable, el procedimiento es largo y los medios de la justicia siguen siendo insuficientes”, lamenta la abogada Capucine des Ligneris. “Los jueces de instrucción hacen su trabajo, pero este procedimiento genera mucha frustración y dolor”.

“Los jueces de instrucción se esfuerzan por prestar especial atención al papel de las partes civiles en la investigación judicial, al respeto de sus derechos y a la limitación de la victimización secundaria”, defiende la Fiscalía, que recuerda las iniciativas sin precedentes puestas en marcha por las magistradas: la organización de una reunión informativa para las partes civiles, otra con sus abogados y la creación de un buzón de correo electrónico específico “con una única interlocutora que permite un contacto personalizado y bien informado”.

“Cuando me informaron de este caso, me pregunté cómo podía haber tanta invisibilización y tanta lentitud”, reacciona también la diputada Sandrine Josso, a quien el exsenador Joël Guerriau drogó sin su conocimiento en noviembre de 2023. Desde entonces, ha invitado a las víctimas de Christian Nègre a la Asamblea Nacional y colabora estrechamente con Sylvie, una de las denunciantes en este caso.

Siete años después de las primeras revelaciones en la prensa, esta mujer “no ceja en su empeño” y recurre a los medios de comunicación y a los políticos “para que traten este asunto como se merece”. “Para que dejemos de tratar este caso como una vulgar historia de pipi”, añade Alizée.

* Nombre ficticio.

Contactado por Mediapart, Christian Nègre no respondió. Su abogada, por su parte, no quiso hacer declaraciones.

Traducción de Miguel López

Las instituciones de la Unión Europea llegaron este jueves a un acuerdo para prohibir la creación de imágenes sexualizadas generadas con inteligencia artificial, sin el consentimiento de las personas afectadas.

El pacto, cerrado de madrugada, prohíbe los sistemas de inteligencia artificial cuyo único propósito es el de generar este tipo de imágenes o de abuso sexual infantil, además de los que se pueden emplear para múltiples propósitos, si no tienen "medidas de seguridad razonables" para evitar la propagación de este contenido.

El veto, que entrará en vigor el 2 de diciembre de 2026, se ha pactado tras el escándalo que ha causado la generación de fotografías con Grok, la herramienta de inteligencia artificial de la red social X, que ahora tendrá hasta finales de año para diseñar medidas de protección adecuadas.

"Nuestras empresas y ciudadanos quieren dos cosas de las reglas de inteligencia artificial. Quieren poder innovar y sentirse seguros. El acuerdo de hoy hace ambas cosas", dijo en redes sociales la vicepresidenta de la Comisión Europea encargada de la política digital, Henna Virkkunen.

En una iniciativa que ha promovido España junto a otros países como Francia y Alemania, la UE añade así una limitación adicional a la generación de este tipo de contenido, perseguido ya por el derecho penal en los Estados miembros.

"España sigue liderando el despliegue de un modelo europeo propio de IA, que ha de caracterizarse por ser el más confiable de todos, en línea con las iniciativas aprobadas por el Gobierno de España en los últimos meses", señaló también el ministro para la Transformación Digital y la Función Pública de España, Óscar López.

Además, las instituciones comunitarias retrasaron hasta diciembre de 2026 la obligación de incorporar marcas de agua a todo tipo de contenido generados con inteligencia artificial, ya sean fotos, vídeos o audio, para que los usuarios puedan detectar con facilidad que se han generado con una máquina.

El acuerdo pospone también hasta el 2 de diciembre de 2027 las obligaciones que la ley de inteligencia artificial de la UE impone a los sistemas de alto riesgo, como los que se usan para proteger a infraestructuras críticas, los que emplean los bancos para calcular la probabilidad de devolución de un préstamo, para contratar a personal o, por ejemplo, gestionar el control de las fronteras.

Inicialmente, la ley estableció este año para la entrada en vigor de estas obligaciones, pero las instituciones comunitarias han pactado un retraso de dieciséis meses porque Bruselas aún no ha diseñado los requisitos técnicos que deberán cumplir los sistemas de IA para ser seguros, sin poner en riesgo a las personas o vulnerar derechos fundamentales.

La reforma de la ley de inteligencia artificial se ha pactado, principalmente, con el pretexto de reducir la carga burocrática a las empresas y con este objetivo, se ha eximido a varios sectores industriales de tener que cumplir los requisitos de transparencia o de notificación de incidentes que la norma prevé para los sistemas de alto riesgo.

Productos como dispositivos médicos, juguetes o ascensores estarán exentos de tener que demostrar que sus sistemas de IA son seguros si otras normas sectoriales ya les imponen requisitos similares.

"Para que Europa se convierta en un continente de IA, necesitamos promover la innovación, apoyar a las empresas emergentes y a las empresas en expansión", dijo la eurodiputada Arba Kokalari, ponente en la Eurocámara de la reforma de la normativa.

La organización CCIA Europe, que representa los intereses de las grandes tecnológicas, mostró su rechazo a la reforma.

"Dadas las mínimas mejoras introducidas en la Ley de IA, resulta difícil ignorar la enorme brecha que existe entre la retórica política sobre la simplificación regulatoria y los resultados concretos", dijo esa plataforma en un comunicado.

El alcalde de Móstoles, Manuel Bautista (PP), ha anunciado que se querellará contra el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, por "vulnerar su honor" al "instrumentalizar" la Junta Local de Seguridad de este viernes para exigirle su dimisión por la querella por el presunto acoso a una exedil, según recoge EFE.

Fuentes municipales han trasladado a EFE que el alcalde ha afeado a Martín que utilizara una reunión institucional, centrada en la seguridad ciudadana y en la coordinación de las fiestas del 2 de Mayo, para "introducir ataques personales", "instrumentalizando las instituciones con fines políticos ajenos al interés de los vecinos".

Al término de la Junta Local de Seguridad, el alcalde se ha negado a comparecer públicamente y ha trasladado a través de su gabinete de prensa que "la prioridad del encuentro debía ser abordar la seguridad del municipio y no desviar el foco hacia cuestiones judiciales, por lo que considera inadmisible la actuación del delegado del Gobierno".

"Ante esta situación, el alcalde ha confirmado que emprenderá acciones legales al entender que las manifestaciones realizadas suponen una intromisión en su honor y un uso partidista de un órgano institucional", han añadido fuentes municipales, aventurando una querella por "vulnerar su honor".

El delegado del Gobierno, en su comparecencia ante los medios a la salida del Ayuntamiento, ha reiterado su exigencia de que el regidor mostoleño presente su dimisión después de las acusaciones de acoso sexual y laboral por parte de una exedil del PP.

Bautista descartó nuevamente el pasado lunes su dimisión después de que la Sección 1 de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Móstoles haya admitido a trámite la querella interpuesta contra el alcalde y contra el PP, y que cita a la exconcejala para que preste declaración el 29 de junio.

El delegado del Gobierno por su parte ya había advertido a lo largo de esta semana que esperaba que Bautista no estuviera ya en la Junta Local de Seguridad prevista para este viernes, ya que considera "absolutamente impresentable que el alcalde de Móstoles siga en su asiento" después de las acusaciones de acoso sexual y laboral.

Sin embargo, la reunión comenzaba esta mañana de viernes, en torno a las 9:00 horas, en la Sala de Juntas del Ayuntamiento de Móstoles con Manuel Bautista al frente, algo que para el delegado del Gobierno "nunca había debido de producirse", según ha explicado Martín al término de la reunión.

"Tenía que haber dimitido hace mucho tiempo y que en todo caso él no la debía presidir por responsabilidad con los mostoleños y mostoleñas", ha añadido. El delegado del Gobierno ha denunciado también "el lamentable amparo que está teniendo por parte del señor Feijóo y de la señora Díaz Ayuso, cómplices absolutos de lo que está pasando".

El alcalde de Móstoles, Manuel Bautista (PP), ha descartado nuevamente dimitir y ha denunciado que hay una "cacería política" contra él, después de que un juzgado haya admitido a trámite la querella interpuesta por una exconcejal de su partido que le acusa de presuntos delitos de acoso sexual y laboral, según informa EFE.

"Lo digo alto y claro: Manuel Bautista no va a dimitir, Manuel Bautista va a seguir trabajando por y para Móstoles, como ha hecho desde el primer día", ha insistido el regidor en una comparecencia ofrecida este lunes a las puertas del Ayuntamiento, donde únicamente ha admitido una pregunta.

Esta reacción llega después de que este domingo trascendiera que la magistrada titular de la plaza 1 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Móstoles ha admitido a trámite la querella interpuesta contra el alcalde y contra el PP, y que cita la exconcejala para que preste declaración el 29 de junio.

Tras conocer el auto, el alcalde ha asegurado que todavía está "esperando" a que el juzgado le haga llegar esta querella, por lo que no sabe aún de qué defenderse. "Lo bueno que tiene que se haya admitido la causa es que por lo menos voy a tener la querella", ha añadido Bautista.

La querella fue interpuesta el 17 de febrero pasado por la exedil de Móstoles que denunció internamente al alcalde por presunto acoso sexual y laboral, además de delitos contra la integridad moral, lesiones, coacciones y revelación de secretos, en la que también señala al Partido Popular (PP) por no ampararla.

El letrado de la denunciante, Antonio Suárez-Valdés, ha afirmado al ser consultado sobre la admisión que "ante la notoria existencia de presuntos indicios de criminalidad por parte de Manuel Bautista y del PP" la resolución judicial "no podía ser otra que la admisión a trámite de la querella, iniciándose a continuación las labores de investigación judicial".

En el auto de admisión a trámite, fechado el 15 de abril y al que ha tenido acceso EFE, la magistrada ordena que la querellante sea reconocida por un médico forense para "determinar las consecuencias lesivas sufridas por la misma como consecuencia de los hechos denunciados".

La jueza explica que "los hechos que resultan de las anteriores actuaciones presentan características que hacen presumir la posible existencia de delitos de acoso sexual, acoso laboral, contra la integridad moral, lesiones, coacciones y revelación de secretos cuya instrucción corresponde a este órgano judicial".

La Fiscalía ha enviado un escrito al Juzgado sobre el que recayó la querella presentada contra el alcalde de Móstoles, Manuel Bautista (PP), por un presunto caso de acoso sexual y laboral a una exconcejal del PP solicitándole que de un impulso procesal a la causa ante su "inactividad manifiesta".

Según ha avanzado la Cadena Ser y han confirmado a EFE fuentes de la Fiscalía, el escrito se ha dirigido después de la "inactividad manifiesta del juzgado" sobre este asunto, ya que en más de un mes no ha ordenado "ninguna diligencia de ningún tipo" y ni ha citado a las partes.

El abogado de la querellante, Antonio Suárez-Valdés, ha corroborado a EFE este escrito dirigido a la plaza número 1 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Móstoles, que ha asumido provisionalmente el caso ante la ausencia de juez titular en la plaza número 2, en el que recayó inicialmente.

La querella fue interpuesta el 17 de febrero pasado por la exedil de Móstoles que denunció al alcalde por presunto acoso sexual y laboral, además de delitos contra la integridad moral, lesiones, coacciones y revelación de secretos, en la que también señala al Partido Popular (PP) por no ampararla.

El Tribunal Supremo (TS) ha establecido que dar un beso en la mano a una mujer sin su consentimiento cuando se la formula una proposición de carácter sexual es agresión sexual, aunque no haya violencia ni intimidación, informa EFE.

El caso ocurrió la mañana del 10 de enero de 2023. Aquel día un hombre se acercó a una mujer que se encontraba esperando el autobús en la avenida de España 52 de Alcobendas (Madrid).

Sin su consentimiento, la cogió la mano y se la besó, al tiempo que le solicitaba mediante gestos que le acompañara ofreciéndole dinero, conducta que repitió en dos ocasiones, según el relato de hechos probados de la sentencia, a la que ha tenido acceso EFE este lunes.

El Juzgado de lo Penal número 25 de Madrid le condenó a 1.620 euros de multa por un delito de agresión sexual, con la aplicación del subtipo atenuado por la menor entidad del hecho, un fallo que confirmó la Audiencia Provincial de Madrid.

El condenado recurrió al alto tribunal alegando que los hechos, como mucho, serían merecedores de un delito de acoso callejero de carácter sexual, como recoge el articulo 173.4 del Código Penal.

Sostiene que no se puede hablar de agresión sexual, porque "no hay violencia, intimidación, abuso de superioridad o vulnerabilidad de la víctima", es decir, "el riesgo para la integridad física de la víctima fue mínimo, la víctima nunca describió que sintiera su integridad sexual vulnerada, se pudo sentir molesta, agraviada, víctima de una intromisión en su "zona de confort", pero nunca se produjo un claro riesgo para su integridad sexual".

Ademas, "los hechos habrían ocurrido a plena luz del día, al lado de una comisaría, en una parada de autobús de una vía pública con tres carriles por casa sentido, es decir, en un lugar por el que transita mucha gente y no hay ningún testigo que acredite que hay una conducta violenta o intimidatoria" por parte del acusado.

Pero el Supremo no le da la razón, porque "hay un acto de tocamiento del agresor a la víctima, y ello excluye el acoso callejero", y "en cuanto existe ya un tocamiento a la víctima en cualquier parte del cuerpo de la misma no cabe aplicar el art. 173.4, porque se comete un exceso del autor al realizar ese tocamiento que la víctima no tiene obligación de soportar".

Y deja claro la distinción entre acoso callejero y agresión sexual: "Cuando estamos en acciones de expresiones, comportamientos o proposiciones de carácter sexuales, estamos en actos ad extra al cuerpo de la víctima, y cuando existen actos de tocamientos, estamos en actos ad intra, que suponen delito contra la libertad sexual".

Dicho de otro modo, señala que "no se trató de un acto de cogerle de la mano, sino que llevaba consigo un componente claro sexual, ya que incluso se la besó", por lo que "una mujer no puede soportar la servidumbre de que un hombre le coja de la mano y le bese sin consentimiento en actos claros y evidentes de connotación sexual".

Así, el consentimiento de la mujer "también concurre y es exigente para la realización por parte del sujeto varón de cualquier acto de tocamiento, que no debe soportar la mujer, sino es consentido".

La sentencia cuenta con el voto particular de los magistrados Leopoldo Puente y Antonio del Moral, quienes reconocen que no hubo consentimiento, pero que entienden que los hechos descritos "carecen de naturaleza sexual" y se enmarcan más en el acoso callejero.

"Un beso (o dos) en la mano de otra persona resulta, en nuestra cultura, una forma de saludo, hoy en desuso (con frecuencia sustituida por el estrechamiento de manos o por dos besos en las mejillas)", explican los magistrados, que añaden que "tan frecuente llegó a ser como fórmula de cortesía" que dio nombre al besamanos.

Y añaden: A nuestro parecer, es notorio que las conductas referidas (el beso en la mano, el estrechamiento, los besos en las mejillas no son actos de naturaleza sexual). Ningún tercer observador consideraría en presencia de estas conductas, cuando consentidas por todos sus protagonistas, que se encuentra ante actos de naturaleza sexual. Tampoco pueden serlo entonces, cuando no se consienten".

Ni Sherlock Holmes ni el doctor Watson, que siempre se adelantan a los agentes de la Met (Policía Metropolitana de Londres), podrían sospechar de la misoginia, el racismo y la homofobia que ejercen los bobbies —apodo que reciben los agentes de ese cuerpo—. En el quinto aniversario del secuestro, violación y asesinato de Sara Everard a manos del policía Wayne Couzens, perpetrado el 3 de marzo de 2021, Sir Mark Rowley, jefe de la Met, ha hecho públicas las cifras de la purga que se está llevando a cabo en la institución.

“Unos 1.500 agentes han sido expulsados desde 2022 por comportamiento indebido; muchos de ellos por conducta inapropiada contra las mujeres”, ha explicado Rowley a la BBC. La Met cuenta con unos 42.000 empleados (30.000 policías, personal administrativo, especializados, cargos, etc.). En 2025, 28 agentes fueron expulsados por comportamiento indebido de carácter sexual y violencia contra mujeres; otros 39 dimitieron o se jubilaron por los mismos motivos.

El jefe policial cree que “algunos casos macabros de policías contra mujeres nos han llevado adonde estamos; por eso, tardaremos en recuperar la confianza de las mujeres, pero, por ahora, denuncian más que antes y aumenta también el número de mujeres incorporadas a la institución, lo cual es positivo”. Wayne Couzens, que se encuentra en prisión, no es el único que se hizo policía sin que se comprobaran sus antecedentes penales: David Carrick fue condenado por ochenta agresiones sexuales, incluidas 24 violaciones, antes y después de llevar el uniforme policial.

El asesinato de Sara Everard, secuestrada en un parque de Londres, provocó una investigación sobre el funcionamiento de la Met dirigida por la investigadora independiente Louise Casey que concluyó en un informe, publicado en 2023, en el que se constataba “la institucionalización del racismo, la misoginia y la homofobia”. En el informe se citan casos como el de una violación cuyo juicio fue cancelado porque se había estropeado el congelador en el que se guardaban pruebas para el juicio. El informe presenta, además, un programa de medidas para resolver la discriminación por raza, género u orientación sexual en la Policía de Londres.

La misma Louise Casey ha dicho estos días a la BBC que desde que se publicó su informe, “se han hecho avances, pero no suficientes para proteger a las mujeres y las niñas de la violencia machista; como país no nos tomamos en serio este tipo de violencia”. Las mujeres ocupan el 27% de los puestos de la Met, un porcentaje que va bajando a medida que suben los cargos; un 18% de ellas trabajan en posiciones como inspectores o rangos medios y el 3% llegan a los puestos más altos de la jerarquía policial.

La que mira con lupa las purgas y los cambios en el cuerpo de seguridad es Janet Hills, expresidenta de la Asociación de Policías Negros —National Black Police Association— y jubilada de la Met, quien manifiesta a infoLibre que “la Met se ha reformado desde el informe Casey, que la declaró institucionalmente racista, misógina y homófoba, pero no está claro aún el alcance de los cambios; ahora hay una segunda investigación que tiene que determinar si se aplican las recomendaciones de la primera. De esta segunda investigación veremos si las reformas son genuinas o maquillaje”.

En el centro de las reformas está el mismo Sir Mark Rowley, nombrado tras la ola de indignación que generó el caso de Sara Everard o la existencia de violadores con uniforme de policía. A tenor de Janet Hills, el jefe de la Met tiene aún que demostrar que es un reformista. “Sir Mark ha emprendido reformas internas, pero no acepta las conclusiones del informe Casey que califica la Met de institución racista, misógina y homófoba, con lo cual no reconoce la magnitud del problema o cómo resolverlo. La confianza del público en la Policía ha ido cayendo bajo su mandato hasta el punto más bajo en 2025; veremos en esta fase de aplicación de reformas recomendadas si va en serio o es un lavado de cara”, comenta Janet Hills.

La expresidenta de la Asociación de Policías Negros tiene su propia hoja de ruta contra la discriminación en la Met: “Se requiere una reformulación sobre a quién se recluta, cómo se gestionan los comportamientos indebidos o cómo se relacionan los agentes con el público. No es casual que las mujeres o los negros sean quienes menos confíen en los policías: urge ganar la confianza de estos sectores”, alerta Janet, mujer de raza negra y miembro de la Met durante 35 años.

Las organizaciones de mujeres mantienen los ojos abiertos ante el alcance de las purgas y de los cambios anunciados en la Met. El Gobierno ha encargado las dos investigaciones citadas: la de Louise Casey, que habló en 2023 de una “discriminación institucionalizada” en la Met y recomendó un programa de reformas, y la más reciente, dirigida por Gillian Fairfield, que deberá comprobar la aplicación de aquellas pautas marcadas en esa evaluación previa.

Desde organizaciones como Women’s Aid (Ayuda a las mujeres), su directora, Farah Nazeer, dice a infoLibre que “hemos visto investigaciones, libros verdes, blancos y rojos, pero lo que necesitamos ahora es acción, y lo más importante para la Policía es que trabajen con especialistas como nuestra organización y que oigan y se relacionen con las supervivientes de la violencia contra mujeres y niñas”. En otra de las asociaciones, Refuge (Refugio), Ellie Butt recuerda que “respecto a la violencia contra las mujeres y niñas, los cambios en la Policía deben tener en cuenta que a menudo el maltratador está en casa”.

El PSOE ha expulsado al alcalde de Almussafes (Valencia), Toni González, por las declaraciones públicas realizadas en las últimas semanas contra las mujeres que le denunciaron por acoso sexual y que suponen una "revictimación de las mismas", según han informado EFE fuentes del partido.

González fue suspendido cautelarmente de militancia el pasado mes de diciembre al hacerse públicas unas acusaciones de acoso sexual y laboral presentadas contra él, aunque mantenía el cargo de alcalde de Almussafes y su acta en el grupo socialista.

Según las fuentes del partido, la expulsión decidida por el área de Organización federal del partido se produce a raíz de las manifestaciones y comentarios que ha realizado González contra las mujeres que le denunciaron. El pasado 25 de febrero, el Comité de Ética y Garantías del PSPV-PSOE le abrió un expediente por "amenaza velada" a la secretaria general del partido y ministra de Ciencia, Diana Morant, y por "menospreciar" a la mujer que le denunció por presunto acoso sexual.

Las mismas fuentes señalaron que el expediente también se abrió por "deslealtad al proyecto socialista", al asegurar que el alcalde reconoció que "está en conversaciones con otros partidos" para presentar una alternativa política en el municipio.

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital, Rita Maestre, ha denunciado que sufre desde hace alrededor de un año una situación de acoso después de que alguien difundiera su dirección en internet en anuncios anónimos que ofrecen servicios sexuales, lo que ha provocado que hombres acudan a su casa pensando que pueden pagar por sexo, informa EFE.

En un mensaje difundido en redes sociales, Maestre ha explicado que durante meses han acudido a su domicilio hombres que llaman al timbre o a la puerta, en ocasiones por la noche y en algunos casos en estado de embriaguez, tras haber obtenido la dirección a través de canales de internet.

Según ha relatado, la situación comenzó hace aproximadamente un año y en uno de esos episodios un hombre llegó a subir hasta su vivienda y llamó al timbre dirigiéndose a ella por su nombre.

La portavoz de Más Madrid decidió entonces acudir a la Policía para presentar una denuncia, y tras varias semanas de investigación, ha señalado que los agentes le comunicaron que alguien estaba difundiendo su dirección en internet “como si fuera un lugar donde se ofrecen servicios sexuales”.

La concejala ha vinculado lo ocurrido con una forma de violencia digital y ha señalado que se trata de un acoso político dirigido contra ella “por ser mujer, por ser de izquierdas y por ser feminista”. “Es una forma de decir: sé dónde vives y puedo acosarte cuando quiera en tu lugar más sagrado, que es tu casa”, ha afirmado.

La portavoz de Más Madrid ha asegurado que continuará con su actividad política y ha advertido a quienes la acosan de que “no lo van a conseguir”.

En respuesta a esta denuncia, en declaraciones a la prensa tras la Junta de Gobierno, la vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, ha trasladado la “condena y repulsa total y absoluta” del Gobierno municipal ante los hechos denunciados por Maestre.

Sanz ha asegurado que la portavoz de Más Madrid cuenta con “todo el apoyo y respaldo” del Ayuntamiento y con la ayuda de la Policía Municipal para reforzar su protección si fuera necesario.

“Vamos a darle toda la protección que necesite y, si es necesario incrementarla, se incrementará”, ha señalado, al tiempo que ha expresado el apoyo del equipo de Gobierno municipal ante la situación que está sufriendo la concejala.

La defensa del ex director adjunto de la Policía (DAO) José Ángel González ha enviado un escrito al juez que le investiga por presunta agresión sexual en el que sostiene que las conversaciones que se escuchan en un audio aportado por la agente denunciante "no encajan" con ese delito, sino con una relación de confianza en la que ella demuestra "un ataque de celos".

El letrado José Carlos Velasco firma un escrito, fechado este martes y al que ha tenido acceso EFE, en el que pide al juzgado de violencia sobre la mujer número 8 de Madrid que solicite a Recursos Humanos de la Policía Nacional información sobre si la denunciante fue destinada al edificio policial sito en la calle Miguel Ángel número 5, en el que trabajaba el denunciado, de manera voluntaria o no.

Aprovecha esta defensa para advertir sobre "contradicciones entre el relato de la querella y el contenido de la grabación aportada como prueba documental fundamental", poniendo de relieve que "no nos encontramos ante un mero audio aportado como prueba, sino ante la prueba angular" en la que pretende basarse la denunciante.

"Las afirmaciones vertidas por la querellante no encajan con lo descrito en el audio aportado como prueba esencial", concluye la defensa del exDAO, que afirma que en la conversación grabada el 23 de abril de 2025 -día en el que la agente denuncia que se produjo la agresión sexual- lo que denota es "complicidad, trato íntimo e interacción mutua verbal" entre dos personas que habían mantenido una relación.

Todo ello -añade- "en un entorno de confianza, incompatible (...), con el argumento de una 'negativa rotunda, expresa y continuada en todo momento', como se expone en la querella".

Va más allá el letrado al afirmar que "lo que realmente se desprende del audio es una conversación propia de una relación personal en la que existe un ataque de 'celos' y una clara exigencia de atención" por parte de la agente hacia el mando policial. "Estas expresiones describen una escena marcada por los celos y por una demanda de atención y exclusividad" en la que es la agente "quien marca las condiciones", según la defensa del ex jefe policial.

Subraya varias de las frases de que se escuchan y que demostrarían que el ex mando policial no la agredió sexualmente ni la obligó a quedarse en su piso, sino al contrario, la instó a marcharse, mientras la agente le decía: "No te beso como un idiota, yo te quiero muchísimo”.

"Lejos de reflejar una negativa en todo momento por parte de la querellante, una imposibilidad de abandonar el lugar, o con un contexto de sometimiento constante, lo que se desprende de la literalidad de la conversación son unos reproches de celos y demandas de atención" por parte de la agente, con "expresiones afectivas y un tono de confianza personal".

En su escrito, la defensa del exjefe policial denuncia también el "perjuicio grave e irreparable" que le ha causado la "exposición mediática del procedimiento" debido a las numerosas apariciones del abogado de la inspectora en medios de comunicación -más de 20, recalca-, "anunciando, comentando y 'engordando' la supuesta trascendencia de la interpretación que hace del contenido del audio" aportado.

Y cuestiona que el abogado de la denunciante haya tratado de "restringir" al ex número dos de la Policía "el acceso a una prueba esencial", al pedir sin éxito que la grabación solo pueda ser escuchada en el juzgado con presencia de la letrada de la administración de justicia, "a la misma vez que se alimenta públicamente -desde la propia parte que realiza la solicitud- un juicio paralelo".

"Esto no solo perjudica a mi mandante, sino que pretende condicionar la percepción del juzgador y de la sociedad", colocando al exDAO "en una situación de desventaja injustificada", concluye. 

El juez ha rechazado dar especial protección a los audios que presentó la inspectora que denunció por agresión sexual al ex director adjunto de la Policía (DAO) José Ángel González, si bien ha garantizado que ha dado traslado a las partes a través de "un canal seguro que garantiza la confidencialidad", informa EFE.

La denunciante solicitó la "plena reserva y salvaguardia" de los audios que aportó su abogado para sustentar la querella contra el ex número dos de la Policía Nacional, de tal forma que la prueba solo pudiese ser consultada en el juzgado y en presencia de la letrada de la administración de justicia.

El magistrado que investiga la querella ha rechazado la fórmula propuesta por el abogado en una providencia, a la que ha tenido acceso EFE este lunes, "habida cuenta que el traslado se realiza a las partes personadas (el querellado) y al Ministerio Público a través de un canal seguro que garantiza la confidencialidad".

Entre los documentos que ha presentado el abogado de la inspectora figura "un listado de llamadas recibidas" por la agente por parte del ex número dos de la Policía, pantallazos de los mensajes que recibió por WhatsApp y a los que aludió en la querella, y una "grabación de los audios" que realizó y que sustentan, según manifestó el abogado, los hechos que denuncia.

En la querella, que derivó en la salida del ex número dos de la Policía, se detalla el contenido de una serie de conversaciones, en una de la cuales participa el comisario Óscar San Juan, hombre de confianza del ex-DAO y que también ha sido relevado del puesto por presuntamente coaccionar a la víctima.

La agente sostiene que el ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía, con quien mantuvo en el pasado una "relación de afectividad", la agredió sexualmente el 23 de abril de 2025 en una vivienda oficial propiedad del Ministerio del Interior a la que fue presionada a acudir.

La querella subraya las "negativas inequívocas, claras y persistentes" de la agente, alude a la "violencia física" y a la "intimidación ambiental", y denuncia la "situación de aislamiento, superioridad física y autoridad ambiental".

El juez, titular de la plaza 8 de la sección de violencia sobre la mujer del tribunal de instancia de Madrid (antiguo juzgado de violencia sobre la mujer número 8) tiene previsto tomar declaración tanto al ex número 2 de Policía como a la denunciante el próximo 17 de marzo.

La Fiscalía Provincial de Lugo ha interpuesto una querella contra el alcalde de Monforte y expresidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, tras recibir una denuncia particular por hechos presuntamente delictivos cometidos contra una mujer en septiembre de 2025, según ha informado el propio ministerio público.

La Fiscalía de Lugo considera en un comunicado que los hechos denunciados, con carácter provisional y sin perjuicio del resultado que pudiera arrojar la investigación penal, podrían ser constitutivos “bien de un delito de acoso sexual, bien de un delito de abuso en el ejercicio de la función pública”.

De hecho, considera la Fiscalía que los hechos “están suficientemente determinados y poseen indicios fundados de criminalidad" para ejercer de forma inmediata la acción penal, mediante la apertura de unas diligencias de investigación preprocesal (DIP) y la interposición de querella.

José Tomé solicitó la baja de militancia en el PSOE el pasado mes de diciembre y presentó su dimisión como presidente de la Diputación de Lugo como consecuencia de una denuncia por un supuesto caso de acoso sexual a través del canal interno de la formación política.

En cambio, se mantuvo como alcalde de Monforte de Lemos, no adscrito, aunque con el apoyo del grupo municipal del PSdeG-PSOE, y también conservó su acta como diputado provincial -también como no adscrito-.

El hasta ahora gerente del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), José Manuel Bernabé, ha renunciado a su cargo, después de conocerse un presunto caso de acoso denunciado por la ex secretaria general.

El patronato del CNIO, reunido este viernes en sesión extraordinaria, ha quedado informado de la renuncia de Bernabé. No obstante, este jueves ya el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades anunció que pediría en este órgano la destitución del gerente.

Por decisión propia, esta corporación celebrará una nueva reunión "a la mayor brevedad posible" para analizar la situación actual y el futuro del centro, informa en un comunicado.

La solicitud de cese y la posterior renuncia se han producido tras la publicación de informaciones periodísticas. Según el ABC, el CNIO investiga la queja que Laura Muñoz presentó, cuando era secretaria general, en el área de Recursos Humanos contra el gerente, por su "situación laboral y solicitud de amparo frente a posibles represalias".

Según la denunciante, desde la incorporación de Bernabé como gerente, el 1 de septiembre de 2025, se produjeron cambios en su dinámica profesional y un trato personal poco habitual; Muñoz habla de modificaciones de horarios para coincidir con su jornada y de mensajes telefónicos más allá de cuestiones laborales. Con el tiempo, asegura, esto fue en aumento, lo que le fue resultando "progresivamente incómodo e inapropiado en el contexto de una relación jerárquica". El gerente le enviaba supuestamente mensajes personales desde el gimnasio y alardeaba de las mujeres con las que se acostaba, según el diario.

Este viernes y antes de conocerse públicamente detalles de la reunión del patronato, la ministra de Ciencia, Diana Morant, desde Alicante, ha afirmado que Bernabé tenía que "abandonar su puesto" a raíz de una conducta "reprobable" que ha conducido a un caso de presunto acoso.

Morant ha señalado que en este tipo de situaciones es "rotunda" y que los mensajes denunciados contra Bernabé "no caben en el ejercicio laboral entre un gerente y una subordinada". Según fuentes conocedoras del caso, la ministra se enteró del contenido de la denuncia por la información periodística, "nunca antes" había tenido acceso al mismo.

Bernabé sustituyó en el cargo a Juan Arroyo y se incorporó al centro el pasado septiembre. Unos meses después, el 25 de noviembre, el patronato acordó por unanimidad una reorganización de la estructura del organismo que incluyó la destitución de Arroyo, que aunque ya no era gerente todavía ostentaba un alto cargo en el área económica. Esta decisión se llevó a cabo tras una denuncia por presuntas irregularidades.

Este órgano dio luz verde a una propuesta de Bernabé para eliminar, de forma inmediata, "duplicidades y capas intermedias que no aportan valor diferencial". Esa reorganización de la estructura implicaba también el cese y posterior despido de otros dos cargos del área económica, entre ellos el de Laura Muñoz (del círculo de Arroyo).

La decisión y el reajuste se produjeron a raíz de que un ex alto cargo del CNIO denunciara en la Fiscalía Anticorrupción a antiguos directivos del área económica del CNIO y a empresas afines por, supuestamente, haberse lucrado con contratos, todo con la presunta protección del exgerente Arroyo.

A última hora del jueves, jefes de grupo y de las unidades del CNIO mostraron en una carta abierta su apoyo al gerente y denunciaron una campaña de desprestigio "orquestada y dirigida" a minar su reputación. "Nuestro total respaldo" a la labor de Bernabé durante los últimos meses, en su esfuerzo por conseguir una gestión transparente en el CNIO, escriben los científicos, que este viernes se han concentrado a las puertas del centro junto a otros trabajadores (en una pancarta se leía "-mafia +ciencia").

Para los firmantes, Bernabé fue el principal actor a la hora de ayudar a las autoridades a esclarecer las presuntas actividades delictivas asociadas al anterior equipo de gerencia. Por ahora, han rubricado el escrito casi todos los jefes de grupo y de unidades —no Mariano Barbacid—, además de otros científicos y personal del CNIO, según fuentes del centro. El patronato también ha sido informado de este texto.

No es la primera crisis que vive la institución. Esta quiso empezar una nueva etapa el 29 de enero de 2025 después de que el patronato decidiera, ese mismo día y por unanimidad, cesar a su por entonces directora científica, María Blasco, y también al gerente Arroyo.

La determinación se tomó porque el "ambiente que se vivía en el centro no era compatible con la excelencia científica requerida". Se eligió a una nueva dirección científica, Raúl Rabadán, y a un nuevo gerente, que acaba de renunciar, que entre sus misiones tenía recabar toda la información sobre la situación del CNIO durante los últimos 18 años y "poner negro sobre blanco".

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades solicitará este viernes en el patronato del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) que se proceda al cese del gerente de la institución, José Manuel Bernabé, por un presunto caso de acoso sexual.

Así lo han señalado a EFE fuentes del departamento que dirige Diana Morant, después de conocerse las informaciones publicadas por el diario ABC sobre un presunto caso en el citado centro.

El Ministerio condena de "forma rotunda lo que consideramos unos hechos impropios de una institución como el CNIO". "Por ello, el ministerio solicitará mañana en el patronato del CNIO, que se proceda al cese del gerente de la institución", han agregado las mismas fuentes.

ABC publica que el CNIO investiga una denuncia de la exsecretaria general Laura Muñoz. Siempre según el citado periódico, Muñoz presentó el 11 de noviembre de 2025, cuando era secretaria general, una queja en el área de Recursos Humanos contra el gerente de la institución, José Manuel Bernabé, por su "situación laboral y solicitud de amparo frente a posibles represalias".

Según la denunciante, desde la incorporación de Bernabé como gerente, el 1 de septiembre de 2025, se produjeron cambios en su dinámica profesional y un trato personal poco habitual que, con el paso de las semanas, le hicieron sentir cada vez más incómoda e insegura en el ejercicio de sus funciones.

Muñoz habla de modificaciones de horarios para coincidir con su jornada, pero "la situación se volvió tensa y desconcertante". "Mientras se producían todas estas situaciones laborales (...), el gerente me escribía con frecuencia por WhatsApp", que es donde surgieron las conversaciones denunciadas, detalla el diario. "Este canal que inicialmente se utilizó para cuestiones laborales, acabó siendo usado por su parte para enviarme fotografías, vídeos y comentarios sobre su vida privada", relata Muñoz.

Con el tiempo, el contenido de los mensajes fue derivando hacia cuestiones cada vez más personales, lo que le fue resultando "progresivamente incómodo e inapropiado en el contexto de una relación jerárquica".

El gerente le enviaba supuestamente mensajes personales desde el gimnasio y alardeaba de las mujeres con las que se acostaba: "Este año llevo catorce", recoge el ABC.

Según fuentes conocedoras del caso, Diana Morant se ha enterado del contenido de la denuncia por la información de este diario, "nunca antes" había tenido acceso al mismo. Bernabé sustituyó en el cargo a Juan Arroyo y se incorporó al centro el pasado septiembre.

Unos meses después, el 25 de noviembre, el patronato del CNIO acordó por unanimidad una reorganización de la estructura del organismo que pasaría por la destitución del todavía alto cargo que ostentaba Juan Arroyo en el área económica, tras una denuncia por presuntas irregularidades.

Este órgano rector dio luz verde a una propuesta de Bernabé para eliminar, de forma inmediata, "duplicidades y capas intermedias que no aportan valor diferencial". Esa reorganización de la estructura incluía también el cese en sus puestos de otros dos cargos del área económica, entre ellos el de Laura Muñoz.

La decisión se produjo a raíz de que un ex alto cargo del CNIO denunciara en la Fiscalía Anticorrupción a antiguos directivos del área económica del organismo y empresas afines por, supuestamente, haberse lucrado con contratos. 

El Comité de Ética y Garantías del PSPV-PSOE ha abierto un expediente contra el alcalde de Almussafes (Valencia), Toni González, por "amenaza velada" a la secretaria general del partido y ministra de Ciencia, Diana Morant, y por "menospreciar" a la mujer que le denunció por presunto acoso sexual.

Fuentes del PSPV-PSOE han explicado a EFE que esa "amenaza velada" contra la líder de los socialistas valencianos hace referencia a unas declaraciones en las que el alcalde habría dicho: "Juro que como le pase algo a mi familia, Diana Morant se las verá conmigo".

Las mismas fuentes han señalado que el expediente también se ha abierto por "deslealtad al proyecto socialista", al asegurar que el alcalde ha reconocido que "está en conversaciones con otros partidos" para presentar una alternativa política en el municipio.

González, que fue suspendido cautelarmente de militancia el pasado mes de diciembre al hacerse públicas unas acusaciones de acoso sexual y laboral presentadas contra él, mantiene el cargo de alcalde de Almussafes y su acta en el grupo socialista, por lo que tiene que responder a la disciplina interna del partido, según las mismas fuentes socialistas, que también han dicho que son "varias" las denuncias por acoso sexual presentadas internamente contra el alcalde.

El alcalde, por su parte, en declaraciones a EFE, ha negado las acusaciones de acoso y asegura que no ha tenido ninguna comunicación oficial por parte del PSOE de que se haya presentado una segunda denuncia contra él.

De hecho, ha remitido un burofax a la dirección nacional del PSOE, al que ha tenido acceso EFE, para que le informen de la existencia o no de esa segunda denuncia "con el fin de ejercitar, si fuera necesario, el derecho de defensa".

González ha asegurado que toda esa situación obedece a una guerra interna del PSPV-PSOE en la provincia de Valencia, "que está abierto en canal", según ha dicho.

En una carta abierta publicada en sus redes sociales González ha señalado que "la denuncia falsa por acoso sexual y laboral no es un hecho aislado, sino que es el punto culminante de una campaña de acoso y derribo" contra su persona, que se inició hace más de cuatro años para menoscabar su imagen política, personal, familiar y profesional.

"Ante la falta de pruebas en mi contra y las pruebas y testimonios de mi inocencia que yo sí he aportado ante mi partido, resulta incomprensible que el caso no haya sido archivado", afirma el alcalde, y añade que luchará "en todos los frentes posibles" para defender su honor y su imagen.

Por su parte, la secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, en declaraciones a los periodistas en Les Corts Valencianes, ha manifestado que ella va a estar siempre "del lado de la víctima".

Un comisario de la Policía Nacional ha denunciado este martes al ex director adjunto de la Policía (DAO), José Ángel González, ante la Guardia Civil por "abuso de autoridad, coacciones y delito contra la integridad moral".

Fuentes conocedoras de la denuncia han informado a EFE de que el comisario ha optado por presentarla en la Comandancia de la Guardia Civil de Tres Cantos, en Madrid.

En ella, acusa al ex jefe operativo de la Policía, cesado la pasada semana tras la presentación de una querella por agresión sexual por parte de una subordinada, de haberle coaccionado para que aceptase un destino.

Los hechos, según las fuentes, habrían ocurrido en octubre de 2024, cuando el comisario denunciante fue cesado de su resposabilidad y trasladado de manera forzosa. La denuncia se ha presentado este martes, una semana después del cese de González como DAO tras conocerse la querella.

Esta misma semana se ha abierto el proceso para nombrar a la persona que asuma la máxima responsabilidad operativa en el cuerpo que, de momento, ocupa de manera interina la subdirectora de Recursos Humanos, Gemma Barroso.

El recién dimitido alcalde socialista de La Algaba (Sevilla), Diego Manuel Agüera, ha sido suspendido de forma cautelar de militancia después de haberlo solicitado él mismo, tras abrir la Fiscalía diligencias en su contra por un presunto acoso sexual a un menor, ha informado este martes el PSOE.

En rueda de prensa, el secretario de Organización del PSOE andaluz, Alejandro Moyano, ha explicado que el propio Agüera ha pedido la suspensión cautelar de forma voluntaria "para que el partido no se vea involucrado en una cuestión que nada tiene que ver" con la organización.

"Hemos hecho como partido lo que teníamos que hacer", ha remarcado Moyano, después de una denuncia presentada por el que fuera director de la Escuela Taurina de La Algaba por un presunto caso de acoso sexual a un menor aprendiz de la institución y sobre la que la Fiscalía ha abierto diligencias de investigación.

Preguntado sobre si este caso, y el arresto la pasada semana del exedil socialista y ex jefe de gabinete del delegado del Gobierno en Andalucía, Rafael Pineda, afectarán al PSOE, Moyano ha asegurado que no les preocupan.

"Defendemos el estado de derecho y la presunción de inocencia. Hay investigación en ambos casos, y en ambos casos, el exconcejal Rafa Pineda no es militante del partido, y en el caso del exalcalde de La Algaba decir que ha dimitido, que ha dejado también de forma cautelar la militancia de este partido, y todo esto para defenderse", ha apuntado el secretario de Organización del PSOE-A.

Sobre el alcalde dimitido de La Algaba, Moyano ha defendido que da un paso a un lado porque "se siente inocente" y no quiere perjudicar ni a la institución municipal, ni a la organización política, al tiempo que ha recalcado que no es responsabilidad del PSOE "juzgar a nadie".

En ese sentido, ha afirmado que como partido, en el PSOE están "muy tranquilos", puesto que son "muy garantes, tanto con las posibles víctimas, como con aquellos que tienen la necesidad de defenderse y la presunción de inocencia".

El alcalde de la localidad madrileña de Móstoles, Manuel Bautista (PP), ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a su equipo en Moncloa de "montar una gran mentira" en torno a las "falsas" acusaciones de un presunto acoso sexual y laboral de una exconcejala del PP, y ha amenazado con acciones legales por "difamarle", según informa EFE.

Lo ha hecho minutos antes de comenzar el Pleno extraordinario solicitado por todos los grupos de la oposición (PSOE, Más Madrid, Podemos y Vox) para que diera explicaciones por las citadas acusaciones de un presunto acoso sexual y laboral formuladas por la exedil del PP que presentó una denuncia en los juzgados la semana pasada.

"El señor Sánchez y Moncloa han montado una gran mentira y están alentando y me están difamando y eso no lo podemos consentir en ningún caso. Esto no le va a salir gratis al señor Sánchez, no puede, sin haber una causa judicial abierta, sin haber tan siquiera una querella, en ningún caso, actuar como está actuando", ha añadido.

El regidor mostoleño ha insistido en que estas acusaciones son "una argucia más" por parte del presidente y "una obra más de esa fábrica de expandir bulos" que tiene en Moncloa para "intentar penetrar" en la ciudad de Móstoles "de forma absolutamente antidemocrática" y en la Comunidad de Madrid.

"En Móstoles está gobernado por el Partido Popular porque quieren los mostoleños que esté gobernado por el Partido Popular. Y lo quieren por dos razones fundamentales. Una, poner a Móstoles donde se merece, en las cuotas que se merece. Dos, por limpiar de la corrupción sanchista que aquí había y estaba corroyendo esta institución", ha asegurado. Por ello, ha avanzado que va a seguir "velando por su integridad, por su honor, por el honor de su gobierno", reiterando que esto "no le va a salir gratis al señor Sánchez": "No va a poder con la voluntad de los mostoleños, no va a poder conmigo, no va a poder con mi equipo".

"Esto es una campaña absoluta de deshumanización de una persona. Esto ya se hacía hace años en la antigua Alemania, deshumanizar. No hay ninguna condena, no hay tan siquiera la condición de querellado, no hay ninguna resolución judicial. ¿Qué hay? Hay seis portadas en un medio de comunicación para mí, dos para el DAO", ha afirmado.

También ha acusado al Gobierno central de fabricar "otra cortina de humo para hablar de ese falso feminismo que no deja de ser un machismo rancio" y para "tapar" asuntos como "el catálogo de prostitutas de Ábalos, del Tito Berni" o del caso de Francisco Salazar. "Voy a defenderme, voy a defender mi honor, voy a defender mi persona, voy a defender a mi familia y voy a emprender acciones legales contra todo aquel que haya mancillado mi honor y que me haya calumniado o que haya actuado de mala fe, como lo está haciendo, en primer lugar, el presidente del Gobierno", ha zanjado Bautista.

Todo comenzó cuando El País publicó que el PP madrileño había estado presionando a una concejala para que no denunciara al alcalde por acoso sexual. La información adelantada por el diario destaca que esta edil, que salió elegida en las elecciones municipales de 2023 tras llevar ya unos meses trabajando activamente en la carrera de Bautista hacia la alcaldía, pidió ayuda a su partido en varias ocasiones. Tres cartas, dos reuniones y otro intento fallido de reunión que no sirvieron para conseguir su objetivo: sentir el amparo de su partido.

Tras pedir ayuda —una de las cartas iba dirigida a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso—, la edil asegura que desde su partido no hicieron más que presionarla. Dentro del PP, el caso fue asignado a Ana Millán, vicesecretaria de Organización del partido y vicepresidenta de la Asamblea de Madrid, que le dijo en una reunión en marzo de 2024 a la potencial denunciante que “una denuncia pública" le iba a perjudicar. "Protegerte es no hacer nada”, continuó.

Ante la falta de protección de su partido, la exconcejala finalmente presentó la semana pasada una querella por un presunto acoso sexual y laboral, además de los delitos contra la integridad moral, lesiones, coacciones y revelación de secretos.

Es casi medianoche y en una de las míticas esquinas del barrio de la Viña se acaba de romper el silencio para que resuenen a la vez carcajadas, aplausos y vítores. Ha vuelto a surgir la magia. Su actuación, impregnada de humor, ironía, crítica social y feminismo, deja huella. Ella da las gracias y aprovecha para lanzar a los presentes: “Le pido al público, por favor, que también se implique, que si presencia algún insulto o ataque machista que lo diga, que lo señale”. El mensaje responde a la polémica surgida cuando la fiesta apenas acaba de empezar.

Ella es Ana Magallanes, pionera en el Carnaval de Cádiz, una de las primeras mujeres que, más allá del archiconocido concurso del Teatro Falla, sale a cantar directamente a la calle, sin pasar por el certamen oficial, con una de esas llamadas agrupaciones ‘ilegales’. Este año se ha bautizado como Esquimala de los nervios, en clara referencia a las pretensiones de Trump de hacerse con Groenlandia.

Lo suyo tiene aún más mérito porque va sola con su romancero, una modalidad heredada de los juglares de la Edad Media. Recita su repertorio con versos que buscan hacer reír y hacer pensar. Que el humor sirva para remover conciencias y señalar injusticias.

Entre ellas, la desigualdad. De ahí que la presencia femenina en el Carnaval gaditano sea cada vez más evidente. De ahí que cada año adquiera más relevancia. 

¿Y cuál ha sido la polémica? Al menos cuatro agrupaciones (dos romanceros, una comparsa y una chirigota) han denunciado agresiones machistas en los dos primeros días de la fiesta. Han recibido insultos o vivido situaciones intimidatorias. Por ello, el Ayuntamiento de Cádiz se ha visto obligado a emitir un comunicado oficial exigiendo “respeto”. “Especialmente para las mujeres, para que puedan cantar con libertad en las calles, porque precisamente es eso lo que ha caracterizado y ha dado identidad a nuestra fiesta a lo largo de su historia, y rechazamos cualquier situación que pueda atentar contra este derecho", reza el texto que han difundido, en el que instan a poner los hechos en conocimiento de los “cuerpos de seguridad presentes en la calle” o a través de los teléfonos 091 y 092.

En el escrito, se añade: «Cádiz está encantada de acoger a la gente que viene a disfrutar, pero con respeto y en convivencia. Ese es el público y el visitante que queremos en nuestra ciudad estos días».

Magallanes, que lleva 25 años siendo parte del Carnaval gaditano, lo explica así: “Esto nos ha pasado siempre, no es nada nuevo, pero cada vez somos más conscientes y por eso lo denunciamos”, asegura. Ella recuerda momentos en los que, por ejemplo, mientras estaba actuando “se ha acercado algún patoso a intentar ligar conmigo”. Y contextos más graves, “como un intento de violación que tuve una noche volviendo a casa después de cantar”.

Pero también es consciente de que hay “una reacción” a que la mujer, sus letras y sus reivindicaciones ocupen ahora más espacio público. “Nos acusan de querer protagonismo. Y bueno, lo típico de que el mismo chiste o la misma broma si la hacen ellos resulta graciosa y en nosotras es ordinaria”.

En este sentido, pone en valor el camino recorrido: “Cuando yo empecé, las mujeres que cantaban en la calle eran prácticamente las que pertenecían a agrupaciones familiares, y cuando los niños ya se tenían que ir a casa, eran ellas las que se los llevaban”, señala. 

En cuanto a los ataques machistas recibidos por compañeras, Magallanes destaca la presencia de público joven y de otras ciudades: “Esta fiesta también atrae a las manadas al botellón”.  

Ella habla de gente de fuera, de hecho, el Ayuntamiento de Cádiz también hace referencia al público visitante, pero los altercados no han sido solo con ellos. Le ha ocurrido a la comparsa La Camorra, una de las denunciantes. Marta Ortiz, encargada de la letra y la música de esta agrupación, cuenta que tuvieron un encontronazo con un vecino del barrio donde estaban actuando. “Empezó a gritarnos, me dijo que le daba igual que yo fuera mujer, un compañero tuvo que meterse en medio y se llevó un cabezazo”, afirma.

Esta carnavalera –y con ella coincide Magallanes– resalta cierto cambio en el público en general, con una actitud más a la contra cuando se aborda la reivindicación feminista en el repertorio. “Pero no vamos a dar ni un paso atrás, van a tener el plato lleno, porque lo que queremos es a los agresores fuera de nuestra fiesta”.

Hace cuatro años que, de manera oficial, su comparsa acude al Teatro Falla y después también canta en la calle. Este 2026 han ganado el II Premio Capitán Veneno por ofrecer la letra más transgresora en el concurso. Este galardón rinde homenaje al afamado carnavalero Juan Carlos Aragón –ya fallecido–, que convertía la crítica social en la esencia de sus coplas.

Este año, la comparsa de Marta Ortiz, en su popurrí, defiende el derecho al aborto y denuncia los vientres de alquiler (“incubadoras humanas”, cantan), mientras que ataca a la Iglesia, a la institución eclesiástica, por su trato a las mujeres.

La chirigota callejera Las Beduinas ha sido otra de las agrupaciones que ha sufrido insultos en una de sus actuaciones. Por ello, escribieron en sus redes sociales: “Un tipejo nos llamó guarras. La libertad y la alegría de cantar, disfrutar y decir lo que queramos no nos la van a quitar”.

Ante este contexto, Magallanes, que es experta en temas de igualdad y lleva dos décadas impartiendo talleres a alumnos de instituto, reflexiona: “Antes había desconocimiento entre los adolescentes, ahora lo que nos encontramos es un rechazo directo ante cualquier actividad que tenga que ver con la violencia machista. Llevan de base ese prejuicio”. Y agrega: “Les llega de todo a través de las redes sociales. Y ya sabemos cómo funciona la machosfera, cómo se alimenta la hostilidad hacia las mujeres”. 

Por eso, al igual que sus compañeras, considera que el Carnaval de Cádiz, como una forma más de libertad de expresión, debe potenciar su espíritu reivindicativo y feminista. En el teatro y en la calle.