La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, ha anunciado la elevación del nivel de emergencia de la ciudad a nivel 2 y la evacuación inmediata de 14 zonas del municipio ante la evolución "compleja y cambiante" del río Guadalete, cuya crecida podría generar momentos críticos en las próximas horas del jueves.

Tras la reunión del puesto de mando avanzado, García-Pelayo ha explicado que el comportamiento del río "cambia en muy poco tiempo" al tratarse de un "río vivo" que no solo depende de su propio caudal, sino también de las aportaciones de otros cauces, de la lluvia, del viento y de las mareas, lo que obliga a adoptar decisiones rápidas y coordinadas.

La alcaldesa ha señalado que, según la información técnica disponible, se esperan momentos especialmente complicados a partir de las tres de la tarde de este jueves y a primera hora de la mañana del viernes, lo que ha motivado la activación de un amplio dispositivo de evacuación coordinado por Guardia Civil y Policía Nacional, con prioridad en la zona rural de La Ina, donde el acceso ya se encuentra prácticamente bloqueado.

García-Pelayo ha destacado que el puesto de mando avanzado actúa en coordinación directa con la Junta de Andalucía, ha subrayado la "responsabilidad compartida" entre todas las administraciones implicadas y ha agradecido el trabajo de los técnicos de emergencias, así como la colaboración de los alcaldes y alcaldesas pedáneos de las barriadas rurales afectadas.

En paralelo a las evacuaciones, el Ayuntamiento ha activado un operativo social especial para atender a personas electrodependientes, mayores dependientes y colectivos vulnerables, con el objetivo de garantizar la continuidad de tratamientos médicos y de la ayuda a domicilio, especialmente en las zonas rurales.

En el caso de La Ina, los vecinos evacuados serán trasladados inicialmente en autobús hasta La Cartuja y, desde allí, al Polideportivo de Chapín, donde Cruz Roja ha habilitado un dispositivo de recepción, atención y suministro de alimentos, tras solicitar la declaración de la zona como área de atención prioritaria.

La alcaldesa ha informado además de que en el término municipal de Jerez se han registrado ya más de 400 intervenciones, dentro de un total de más de 700 en la provincia, así como más de un centenar de incidencias en centros educativos. El colegio de La Ina permanece cerrado y el transporte escolar está suspendido en varias zonas rurales afectadas por las inundaciones.

García-Pelayo ha advertido de que la situación actual es "distinta y más compleja" que las inundaciones recientes y la ha comparado con el episodio registrado en 2009, por lo que ha pedido a la ciudadanía "responsabilidad, serenidad y confianza en los profesionales".

La Policía Nacional ha detenido a 16 personas en la provincia de Cádiz y ha investigado a otras cuatro por un presunto fraude a la Seguridad Social cometido mediante empresas ficticias en Jerez de la Frontera, lo que ha generado un perjuicio económico cercano a los 500.000 euros, según informa EFE.

Según ha detallado la Policía en un comunicado, la investigación, desarrollada con la colaboración de la Tesorería General de la Seguridad Social, ha permitido destapar un entramado de empresas sin actividad real que daban de alta a personas sin prestación laboral efectiva para que pudieran acceder de forma indebida a prestaciones, subsidios y otros beneficios del sistema público.

Los hechos se han centrado en la ciudad de Jerez, donde los agentes han constatado la inexistencia de actividad empresarial, así como la ocultación deliberada de ingresos, el impago reiterado de cuotas y el uso de altas fraudulentas para obtener prestaciones y causar un perjuicio a distintos organismos públicos.

Según la Policía Nacional, hasta 25 trabajadores ficticios han llegado a percibir prestaciones del Servicio Público de Empleo Estatal por un importe global de 140.218 euros, a los que se suman 5.825 euros cobrados por varias personas en concepto de prestaciones por nacimiento y cuidado de menor del Instituto Nacional de la Seguridad Social.

Además, tres personas han percibido prestaciones por incapacidad temporal mediante el pago directo de una mutualidad por un importe de 15.876 euros, mientras que uno de los supuestos trabajadores ha utilizado el alta fraudulenta para renovar su documentación como extranjero y regularizar su situación administrativa en España.

Un avión privado Cessna procedente del aeropuerto de Jerez de la Frontera se ha estrellado en aguas del mar Báltico cerca de Ventspils, Letonia, cuando se dirigía a Colonia/Bonn, en Alemania, según su plan de vuelo e informa Europa Press.

El aparato habría tenido problemas por la presión en cabina, según recoge el diario sensacionalista alemán Bild, que asegura que en el avión viajaban una mujer, la piloto, un hombre y la hija de ambos.

Según la web de seguimiento de vuelos Flightradar el aparato partió de Jerez, en la mañana del domingo, atravesó España, Francia, Alemania y se adentró en el mar Báltico. El contacto se perdió tras superar las costas de Polonia, el enclave ruso de Kaliningrado y las costas de Lituania hasta entrar en la zona marítima más cercana a Letonia.

Aviones de combate españoles y franceses despegaron para comprobar la situación en el avión privado, pero los pilotos no pudieron distinguir a nadie en la cabina, siempre según Bild. Ya en Alemania un avión de combate Eurofighter despegó de la base aérea de Rostock para hacer el seguimiento del avión Cessna, pero tampoco pudo obtener información.

Más tarde, un avión de combate F-16 danés asumió la escolta del aparato y los pilotos pudieron ver cómo el avión viraba y se estrellaba frente a Letonia alrededor de las 19.45 horas. La Guardia Costera sueca ha enviado aviones de rescate, embarcaciones y un helicóptero al lugar del accidente.

Un hombre ha sido detenido este jueves tras personarse la Policía Nacional en una vivienda ocupada por ciudadanos rumanos en Jerez de la Frontera (Cádiz) y encontrar el cuerpo sin vida de una mujer de 57 años en silla de ruedas. La Policía fue alertada por varias llamadas que indicaban que se escuchaban gritos fruto de una pelea. Los agentes han identificado a un hombre como autor del asesinato, que según confirma la Cadena Ser, se ha efectuado con un martillo.

Según ha informado la Policía Nacional a Europa Press, los hechos se han producido sobre las 7,50 horas, cuando en el CIMACC 091 se recibían varias llamadas para informar de que en una vivienda de la calle Justicia se escuchaban voces y gritos fruto de una pelea que se estaba llevando acabo en su interior.

Una vez personados los agentes de la Policía Nacional en el lugar de los hechos, localizaron el cuerpo sin vida de una mujer de 57 años en silla de ruedas y han detenido a un hombre de 55 años, al parecer pareja de la fallecida y autor del crimen machista.

Cinco funcionarios del Ayuntamiento de Jerez que se encuentran ya camino del banquillo por los contratos a Gürtel acaban de pedir a la Audiencia Nacional que les aplique el mismo criterio por el que el Tribunal Supremo exoneró a quien era alcaldesa cuando el grupo de Francisco Correa recibió aquellas adjudicaciones: la exsenadora y hoy diputada al Congreso María José García Pelayo, del PP.

Los recursos de súplica de estos cinco inculpados constituyen el último eslabón en una cadena de temblores de carácter procesaltemblores. Y el epicentro se sitúa en las dependencias de la Sala Penal del alto tribunal y en las de los fiscales que intervienen en esa instancia respecto de causas que afectan a aforados.

El cerrojazo al caso máster tras el rechazo del Supremo a investigar a Pablo Casado llegó después de un primer episodio todavía pendiente de resolución: la negativa férrea de la Fiscalía del alto tribunal a que se mantenga la imputación que pesa sobre la senadora Pilar Barreiro en la Operación Púnica mientras Anticorrupción mantiene intactas sus acusaciones contra no aforados y las sostiene exactamente por los mismos indicios de criminalidad. Son esos picos en el sismógrafo judicial los que trazan una línea de puntos con un denominador común: la repercusión que la doctrina aplicada a los cargos políticos con escaño comienza a tener sobre investigaciones simétricas en cuanto a los hechos y delitos examinados pero divergentes en tanto que los imputados en esas piezas carecen de blindaje judicial.

El Supremo exculpó a García Pelayo el 28 de abril de 2016 con dos argumentos esenciales: que, a tenor de los indicios, la exalcaldesa de Jerez ignoraba las irregularidades de las adjudicaciones efectuadas en 2004 para el stand de la ciudad en Fitur; y que, en cualquier caso, los delitos habrían prescrito.

Firmado por el magistrado conservador Antonio del Moral, el auto que salvó a la entonces senadora y hoy diputada dice lo siguiente: "En su declaración la aforada sostuvo de forma creíble queignoraba todas esas irregularidades; y que cuando estampó su firma en los distintos acuerdos relacionados con ese asunto lo hizo como era habitual en su gestión en la confianza de su corrección, única forma razonable de operar a la vista del cúmulo de asuntos que tenía que despachar, fiada de los criterios de los técnicos".

Ahora, y en los recursos de súplica dirigidos a la Sala Penal de la Audiencia Nacional, sus antiguos subordinados alegan esto: que si el Supremo entendió que el delito estaría siempre prescrito porque las "resoluciones arbitrarias", incluso en el supuesto de que fueran atribuibles a la antigua regidora, se localizaban más de diez años atrás –en enero de 2004– también a ellos debe hacerse extensivo ese razonamiento. 

El Supremo sostuvo que la cuenta atrás hacia los 10 años de prescripción comenzó el 1 de octubre de 2004, que es cuando entró en vigor la reforma del Código Penal aprobada el año antes y que amplió el plazo de prescripción hasta los 15 años en caso de delito continuado. Pero, según el alto tribunal, nada después del 1 de octubre de 2004 permitía inferir que la alcaldesa hubiese podido cometer delito continuado. Porque, según el auto, resulta inocuo a efectos penales que la datación tanto de los pagos a las dos firmas de Correa contratadas –Special Events y Down Town Consulting– como de la decisión de no retenerles la fianza exigible fuera posterior a esa "fecha clave" del 1 de octubre.

Casado, el trato de favor y la prescripción

Hace menos de tres semanas, la jueza que en Madrid investigaba el llamado caso máster archivó el 1 de octubre las diligencias abiertas contra 19 personas por prevaricación y cohecho apenas 72 horas después de que el Supremo rechazara abrir causa contra Pablo Casado por esos mismos delitos. "No resulta posible –argumentó en su auto la magistrada Carmen Rodríguez-Medel– circunscribir la decisión del Alto Tribunal al aforado". Contra el archivo ha recurrido la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) pero no el ministerio público.

Como ocurrió en la pieza de Jerez, la irrupción de Casado evidenció una brecha entre la posición que durante seis meses había manejado la Fiscalía madrileña y la que esgrimió la del Supremo. Desde la apertura de las diligencias, la Fiscalía madrileña había avalado las resoluciones de la magistrada Carmen Rodríguez-Medel, que en los juzgados ordinarios de Plaza de Castilla investigaba a los 19 imputados sin aforamiento.

El procedimiento se dirigía contra todos ellos por los mismos delitos que la juez incluyó en la exposición razonada donde solicitaba al Supremo la imputación del líder del PP: prevaricación y cohecho impropio, la modalidad más leve del soborno. La magistrada sostenía que todos ellos, profesores y estudiantes, habían participado en un "sistema de prebendas" urdido por el Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos en beneficio de lo que podría denominarse alumnos VIP.

Frente a esa tesis, y ya con María José Segarra en la cúpula del ministerio público, la Fiscalía del Supremo vino a aducir que ningún dato avalaba la existencia de un plan –o un concierto– en cuyo desarrollo hubiera participado Pablo Casado. Días después, el alto tribunal dictaba un auto que exoneraba a Casado pese a admitir los indicios de "trato de favor". La resolución presentaba al líder del PP como un sujeto pasivo sin intervención alguna en el regalo del máster, si este existió, y sin responsabilidad por tanto en un hipotético delito de prevaricación. Según el Supremo, ni siquiera cabía examinar si Casado cometió cohecho al aceptar supuestamente ese regalo dado que, en ausencia de prevaricación, ese delito estaría siempre prescrito.

Del caso máster solo queda viva una pieza: la que, por delitos distintos –presunta falsedad, la que habrían cometido quienes supuestamente falsificaron el acta del Trabajo de Fin de Máster (TFM)–, involucra a la expresidenta de Madrid, Cristina Cifuentes.

Carmen Montón, efímera ministra de Sanidad en el Gobierno de Pedro Sánchez, se encuentra en espera de que también la jueza Rodríguez-Medel decida si sigue adelante o archiva las actuaciones abiertas por prevaricación y cohecho tras una denuncia anónima. La titular del juzgado de instrucción 51 de Madrid, que había requerido documentación a la Universidad Rey Juan Carlos, ya la ha recibido. El viernes dio traslado a la Fiscalía para que se pronuncie sobre qué hacer. Las fuentes conocedoras del caso auguran que, tras lo sucedido con Casado y los otros imputados, la exministra saldrá también ilesa.

La senadora Barreiro y la "mera suposición"

En un tercer procedimiento anterior en su origen al del caso máster, el de la pieza de la Operación Púnica relativa a los contratos que Alejandro de Pedro obtuvo en Murcia para mejorar reputaciones políticas en internet, acusaciones y defensas aguardan expectantes la decisión del Supremo sobre Pilar Barreiro, senadora del PP y exalcaldesa de Cartagena.

En marzo, hace ya siete meses, el fiscal que tiene asignado el caso en el Supremo, Fernando Sequeros, pidió el sobreseimiento de su imputación y lo hizo con un informe que asestaba una auténtica bofetada  al primer juez instructor de Púnica, Eloy Velasco, y se situaba en las antípodas de lo que había venido sosteniendo Anticorrupción. Según Sequeros, la exposición razonada con la que Velasco había pedido al Supremo la imputación de Barreiro alcanzaba conclusiones que "no parecen respetar el principio de intervención mínima".

Es decir, el principio según el cual la vía penal solo debe utilizarse como último recurso. Y los "indicios acumulados" contra la exalcaldesa de Cartagena –añadía– no pasaban de ser una "mera suposición". Cuando el escrito vio la luz, fuentes conocedoras de la Operación Púnica reaccionaron con sorpresa y se formularon la siguiente pregunta: "¿Y si la exposición razonada no respetaba el principio de intervención mínima por qué la Fiscalía del Supremo se declaró partidaria de que se aceptara y por qué el Supremo finalmente la aceptó?" 

Contra Barreiro, la Fiscalía Anticorrupción esgrimió exactamente los mismos argumentos que amenazan con sentar en el banquillo al expresidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, que perdió su aforamiento –este, ante el Tribunal Superior de su comunidad– al dimitir. Pero, a diferencia del Ayuntamiento de Cartagena, el Gobierno murciano no llegó a firmar los contratos con De Pedro. El sucesor de Eloy Velasco en la instrucción del caso, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, no ha dictado aún el auto de apertura de juicio.

De momento, ninguna de las defensas ha enarbolado ante García Castellón el escrito por el que el fiscal del Supremo Fernando Sequeros pide el archivo de las diligencias para Pilar Barreiro. "Lo lógico –opina un jurista vinculado al caso– es que todo el mundo espere a que el Supremo tome una decisión sobre la senadora, porque si finalmente decide seguir adelante con la causa pese a la oposición de la Fiscalía del Supremo y a instancias de las acusaciones privadas [el Ayuntamiento de Cartagena, la asociación de abogados Adade y el PSOE], el argumento se les volvería en contra y empeoraría el panorama de sus clientes". 

Pero lo cierto, conviene la misma fuente, es que la discrepancia flagrante entre la Fiscalía del Supremo y Anticorrupción supone una "amenaza" para la investigación del caso. "A estas alturas –resume de modo coloquial– más de uno estará pensando que quien a buen árbol se arrima buena sombra le cobija". El buen árbol –aclara la fuente– es aquí el aforado.

Agentes de Policía Nacional y Local de Jerez de la Frontera (Cádiz) han rescatado de su domicilio a un anciano en avanzado estado de desnutrición y deshidratación que llevaba, según su propio relato, cerca de diez días sin poder moverse ni levantarse tendido en la cama.

Según informa la Comisaría Provincial en un comunicado, sobre las 18.57 horas del pasado martes la sala operativa del 091 recibía la llamada de varias personas que relataban que llevaban mas de 15 días sin ver a uno de los vecinos residentes en el patio de vecinos.

Uno de ellos, funcionario de la Policía Nacional, se interesó por lo que ocurría y trató de establecer contacto con el vecino de nacionalidad alemana acertando a escuchar unos apagados lamentos y peticiones de auxilio en inglés, extremo que manifestó con a los agentes de servicio que se personaron en el lugar, aunque estos no pudieron comprobarlo porque el varón ya no emitía ningún sonido.

Los policías lograron alcanzar la altura de una de las ventanas de la casa ubicada en un segundo piso y ver el interior del salón donde no se observaba a su ocupante, comprobando que las luces de vivienda estaban encendidas y el aparato de la calefacción funcionaba a todo rendimiento.

Ante los indicios y testimonios recabados y la seguridad del agente fuera de servicio de que había oído débiles lamentos, los policías optaron por tratar de entrar por todos lo medios al interior de la casa y lo lograron a través del acceso principal gracias a que el afectado sólo había cerrado la puerta con el pestillo del resbalón.

Cuando los agentes entraron en la casa se encontraron el interior en estado de abandono, sucio y desordenado, localizando al afectado en el único dormitorio con avanzados síntomas de deshidratación e inanición, rodeado de heces y orines, logrando articular y hacer entender a los agentes que llevaba mas de diez días sin poder moverse, solo sobreviviendo gracias a una botella de agua de plástico y un bote de mermelada que podía alcanzar en la mesilla contigua.

De inmediato, los agentes ofrecieron los primeros auxilios al afectado hasta la llegada de los servicios sanitarios de emergencia del 061 que estabilizaron al anciano, valorando que el afectado habría perdido la vida si se hubiera dilatado unas horas más su rescate debido al extremo estado de salud que presentaba, y fue trasladado en estado grave hasta el Hospital del Servicio Andaluz de Salud (SAS) en Jerez donde ha quedado ingresado.

La intervención ha sido realizada por agentes del Grupo de Atención al Ciudadano GAC (radio patrullas), del servicio de motocicletas (Omegas) de la Brigada de Seguridad Ciudadana de la Comisaría de la Policía Nacional en Jerez junto a agentes de la Policía Local de Jerez (Cádiz).

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Barbate (Cádiz) ha decretado el ingreso en prisión del joven detenido en la capital gaditana por agentes de la Policía Local de Cádiz y la Guardia Civil que estaba reclamado como presunto autor de haber provocado cuatro incendios este verano en la zona de la Janda, en el Parque natural de La Breña y Marismas de Barbate, según ha confirmado a Europa Press la Guardia Civil.

Cabe recordar que el joven fue localizado por los agentes de la Policía Local en las proximidades de las calles Francisco García de Sola y la confluencia con calle Amor Brujo. Así, tras ser identificado y comprobar la vigencia de la búsqueda, los agentes le dieron a conocer su condición de detenido, informándole de los derechos que le asisten e instruyendo las oportunas diligencias.

Una vez que fue trasladado a la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía, donde quedó a disposición de la autoridad judicial, desde el municipio de Barbate se trasladaron miembros del grupo de investigación de la Guardia Civil al objeto de seguir con las oportunas diligencias.

Según adelantó La Voz, el joven llevaba cuatro meses huido y según la investigación se le achacan cuatro fuegos intencionados, como el del 28 de junio en el paraje natural de la Breña con hasta nueve focos distintos.

El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) decidió el pasado 27 de abril dar un paso adelante contra el sexismo. Todos los grupos, a excepción del PP y Ciudadanos, apoyaron la iniciativa presentada por Ganemos Jerez para evitar la "cosificación" de las mujeres en el Campeonato Mundial de Motociclismo, que se celebra este fin de semana. La propuesta insta a Dorna, la empresa organizadora del evento, a prescindir de las prácticas que emplean el cuerpo de la mujer como "adorno y reclamo para captar la atención del público". Pese al pronunciamiento del Ayuntamiento, la empresa ha mantenido su firme apuesta por conservar el trabajo que desempeñan las azafatas en las actuales condiciones.

Algunas de las mujeres implicadas ya se han manifestado al respecto, en una línea similar a la defendida por la empresa. Irene Gómez, que ha trabajado como azafata en el circuito, expresó en sus redes sociales que "no es cuestión de feminismo ni machismo" y que "un escote o llevar las piernas fuera no es delito, ni es venderte, es un estilo de vida, una tendencia que no sólo la vemos en estos eventos, sino en la calle día tras día". Carmen Fernández, con una experiencia de siete años en el circuito, reconoció en una entrevista que "la vestimenta es sexy y algunas marcas visten más provocativas que otras", pero enfatizó en que prescindir de su trabajo "sí es sexista".

Kika González, concejala de Ganemos Jerez y diputada provincial, señala en conversación con infoLibre que el objetivo de la propuesta radica en "denunciar la cosificación de la mujer" porque ya existen "leyes que prohíben que se use a la mujer como objeto en publicidad". González subraya que es necesario "proteger el empleo de todas las personas, en especial de las mujeres", pero ello también implica que las mujeres puedan "trabajar sin ser cosificadas: se puede hacer publicidad sin tener que ponerle un paraguas a un piloto y sin ese atuendo".

La concejala jerezana insiste en que el sentido de las leyes busca impedir que "las mujeres tengan valor en base a lo deseable que son sexualmente". Asimismo, considera "impensable" que mientras el ayuntamiento invierte en medidas de igualdad apoye prácticas que echan por tierra dichas políticas. En todo caso, González celebra que se haya abierto el debate: "Tarde o temprano esto caerá por su propio peso, y con la apertura del debate lo que hacemos es agilizar esa caída".

El papel de las instituciones

No es la primera vez que la polémica brota en torno a la figura de las azafatas en los eventos deportivos. En este debate, las instituciones tienen un papel clave. En enero del presente año la Challenge Ciclista de Mallorca celebró su ceremonia de premios sin ninguna azafata, gracias a la iniciativa de la Agència de Turisme de les Illes Balears, patrocinadora principal de la carrera. El Govern, "siguiendo su compromiso con la igualdad de género", apostó por "evitar imágenes en las que la mujer es reducida a la categoría de objeto sexual".

Hace apenas unos días, las azafatas contratadas por Schweppes para trabajar como paragüeras durante la celebración del torneo de tenis Conde de Godó, celebrado en Barcelona, denunciaron que estaban obligadas a llevar minifalda pese a las condiciones climáticas adversas. UGT pidió la actuación de Inspección de Trabajo, mientras que la CUP instó al Ayuntamiento de Ada Colau a imponer sanciones contra los organizadores del torneo. Este mismo viernes, el consistorio barcelonés ha recibido a las denunciantes, y los organizadores han comunicado al ayuntamiento que de cara a la próxima edición se tomarán las medidas pertinentes.

Laura Nuño, directora del Observatorio de Igualdad de Género de la Universidad Rey Juan Carlos, entiende que "cualquier trabajo que fomente el reclamo sexual debería ser intervenido" por parte de las instituciones. Esta intervención, continúa, no debe basarse únicamente en el freno de subvenciones y ayudas públicas, sino que deben tomarse acciones de condena contra las prácticas que "abonan ideologías excluyentes".

La presidenta de la Fundación Mujeres, Marisa Soleto, coincide con Nuño al defender que "las instituciones deben perseguir objetivos de derechos públicos". En este sentido, añade, "carece de sentido que los ayuntamientos tengan planes de igualdad y que luego gasten el dinero en cuestiones que van directamente en contra de estos propósitos".

También Pilar López Díez, experta en Comunicación y Género, entiende que los ayuntamientos "tienen que hacer cumplir las leyes españolas y las directivas europeas e internacionales" en materia de igualdad. López Díez pone como ejemplo lo establecido por la ONU cuando señala que "la violencia contra las mujeres y las niñas se caracteriza por el uso y el abuso de poder y control, y está intrínsecamente vinculada a los estereotipos de género que son la causa subyacente de dicha violencia y la perpetúan". La experta celebra que el Ayuntamiento de Jerez haya dado el paso de "luchar contra los estereotipos que hacen que las mujeres sean asesinadas", e insta a que, "si la organización no atiende a razones", sean "las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, además de la policía local, las que impidan de facto la celebración del Mundial de MotoGP en Jerez"

Cambio de mentalidad

El debate abierto tras la actuación del ayuntamiento jerezano apenas deja margen de duda entre las expertas consultadas. "Cualquier trabajo diseñado por los hombres para las mujeres a propósito, como es el de azafata de eventos, con la finalidad de defender sus intereses económicos y que convierte a las mujeres en objetos, debe ser proscrito en cualquier sociedad moderna", argumenta López Díez. Tal y como señala la ONU, "el estereotipo de las mujeres como objetos sexuales es la base y el sustrato de la violencia masculina en su contra", por lo que resulta imprescindible una apuesta en firme por los "intereses estratégicos de todas las mujeres", continúa López Díez, frente a los "intereses prácticos de las modelos".

Tales intereses prácticos, prosigue, "parten de las necesidades individuales de las modelos", mientras que "los intereses estratégicos, esto es, aquellos que buscan transformar las relaciones de género, de manera que corrijan las posiciones de poder desiguales entre hombres y mujeres, son los que deberían ser tenidos en cuenta por las afectadas, ya que son los emancipadores y liberadores para todas ellas". López Díez recalca que dichos intereses estratégicos "dignifican a las mujeres, asaltan y rompen las barreras tradicionales y colocan a las mujeres en una posición de igualdad respecto a los hombres".

Justa Montero, miembro de la Asamblea Feminista de Madrid, entiende que "la existencia en estos eventos de figuras con una funcionalidad meramente decorativa no tienen ningún sentido" y además no guarda "relación alguna con el hecho deportivo". Apuesta por la defensa de los derechos laborales de las mujeres azafatas mediante la proporción de "otras funciones que puedan cubrir". No es necesaria, sostiene, la disyuntiva entre "seguir igual o quedarse sin trabajo". Por otro lado, Montero demanda que dichas labores se repartan entre hombres y mujeres con atuendos "cómodos y normales". También Laura Nuño coincide en que "el planteamiento no consiste en prescindir de las mujeres", sino que "no tengan que ir vestidas como un reclamo sexual" y, tras valorar sus funciones en términos de utilidad de servicio y condiciones laborales, "que haya hombres y mujeres, como en todos los trabajos, sin funcionar como reclamo".

La idea, añade Marisa Soleto, "no es que nadie se quede sin trabajo, sino que sería tan fácil como no dar esa imagen y ese significado de mujer estereotipada al puesto". Además, subraya, "ni el atuendo ni el papel lleva a poner en valor al espacio de la mujer en el deporte", ámbito tradicionalmente minado para las deportistas, que aún a día de hoy han de enfrentarse a "mayores dificultades para participar".

La nueva recusación planteada en Gürtel contra los magistrados Enrique López y Concepción Espejel, ya apartados por su relación con el PP de las dos primeras piezas del caso que juzgará la Audiencia Nacional, no se resolverá hasta después de las elecciones vascas y gallegas del día 25.

Inicialmente prevista para el viernes 23, finalmente se ha aplazado al día 30 la sesión de la Sala de lo Penal que debe decidir si también aparta a los dos magistrados de los tribunales que enjuiciarán en dos procesos los contratos otorgados a la trama corrupta por AENA y el Ayuntamiento de Jerez.

Fuentes oficiales de la Audiencia aseguran que el aplazamiento se produce a petición de varios miembros de la Sala de lo Penal que el viernes 23 estarán fuera de Madrid. Uno de los peticionarios, aseguran las fuentes consultadas por infoLibre, ha sido el magistrado Ramón Sáez, del sector progresista. 

Como adelantó este diario, la Fiscalía Anticorrupción no solo apoya la recusación de López y Espejel en las piezas AENA y Ayuntamiento de Jerez sino que se opone a que cualquiera de los dos juzgue cualquiera de las ramas que nacen del tronco común de Gürtel. La Fiscalía no cree que esté en cuestión la imparcialidad en sí de López ni la de Espejel sino la "apariencia" de imparcialidad. Y que la justicia no genere dudas sobre la imparcialidad de quienes la imparten es tan importante como que en efecto sean imparciales, alega Anticorrupción.

Por quinta vez, el ministerio público acaba de sumar sus argumentos a los de las acusaciones particulares -aquí, los socialistas valencianos (PSPV) y la Generalitat- para recusar a López y Espejel en la pieza sobre la visita del Papa a Valencia. 

"Las dudas iniciales sobre su parcialidad o interés también se comunican a todas las piezas derivadas de la misma causa", adujo ya en junio Anticorrupción en su informe sobre la recusación planteada en el caso de AENA.

 "Es imprescindible -argumentaba igualmente la Fiscalía- mantener un único criterio coherente (...) de modo que la apariencia de independencia e imparcialidad de los jueces y tribunales (...) no se aprecie como algo tan voluble, inconstante y caprichoso que solo dependa de que nos encontremos ante una u otra pieza separada de la causa". Ese entrecomillado aparece reproducido ahora de manera literal en el informe de Anticorrupción sobre la recusación planteada en el caso de la visita del Papa a Valencia.

La incógnita de la visita del Papa

Pero ni López ni Espejel consideran que deban abstenerse por definición una vez apartados de los dos primeros procedimientos que juzgará la Audiencia: el de la llamada Época I, cuyo inicio está fijado para el 4 de octubre; y el más político de todos, el de los papeles de Bárcenas, para el que todavía no hay fecha y donde la presunta financiación del PP ocupa el espacio central de la escena. 

Desde luego, no lo han considerado ni en el caso de AENA ni en el del Ayuntamiento de Jerez. Qué ocurrirá con la pieza relativa a la visita del Papa a Valencia si de nuevo son apartados el día 30 es una incógnita todavía por despejar. ¿Y cabe la posibilidad de que la Audiencia avale la presencia de López y/o Espejel en los juicios de AENA y/o Jerez pese al contundente rechazo de la Fiscalía? Parece difícil pero, al menos en teoría, cabe. 

En su recusación por la visita del Papa a Valencia, los socialistas valencianos han incorporado un argumento nuevo en lo que respecta a Enrique López y del que infoLibre informó días atrás: en 2005, el magistrado participó en un curso organizado por la Fundación FAES y al que también asistió quien ahora se erige en principal acusado en esa pieza separada de Gürtel, Juan Cotino, exvicepresidente de la Generalitat valenciana. 

El magistrado ha rehusado hasta ahora pronunciarse sobre esa coincidencia, aunque algunas fuentes sostienen que López ni siquiera conoce a Cotino. No obstante, la memoria anual de FAES certifica que ambos se encontraban entre los solo 27 asistentes al seminario que sobre terrorismo y seguridad celebró la fundación el 27 de octubre de aquel año.

En la recusación contra López y Espejel en la pieza de AENA actuará como ponente la jueza Manuela Fernández Prado, tradicionalmente considerada del sector progresista. Y en la de la pieza sobre el Ayuntamiento de Jerez ese papel corresponde a la jueza Teresa Palacios, una histórica de la conservadora y mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM).

En una nota, el Ayuntamiento ha explicado que el trabajo de control horario y de asistencia de los empleados municipales ha arrojado nuevos datos que han derivado en el inicio del proceso de apertura de expedientes disciplinarios a una serie de representantes sindicales de CGT y SIP (Sindicato Independiente de la Policía Local). Ha detallado que los hechos podrán conllevar diferentes tipos de sanciones si al concluir el proceso se confirma que los afectados han cometido algún tipo de irregularidad, siendo posible en el peor de los casos suspensiones de empleo, si se demuestra que se tratan de faltas graves.

El equipo de gobierno del PSOE "confirma así de nuevo su firme decisión de acabar con los agravios comparativos y las situaciones laborales irregulares que puedan estar sucediendo desde hace tiempo en el seno del Ayuntamiento", que en el caso de los representantes sindicales "no es lo común, ya que la mayoría cumple con el ejercicio de sus derechos y obligaciones sindicales y también con los laborales".

El Ayuntamiento ha explicado que el trabajo realizado por el área de Recursos Humanos ha revelado, por ejemplo, la existencia de dos representantes de CGT que "podrían llevar varios años sin acudir a trabajar", ya que "según un escrito de ellos mismos, esta situación podría datar hasta de 15 años". La labor de control evidenció en un principio que las dos personas en cuestión llevaban todo el año 2015 y lo que va de 2016 (hasta el 31 de mayo) en esa situación, excediendo con mucho el número de horas sindicales de que disponían, por lo que se les requirió por escrito que se reincorporasen a su puesto de trabajo.

Ante un segundo requerimiento, ambos trabajadores remitieron escrito en el que "reconocen abiertamente que sus situaciones obedecían 'un acuerdo tácito' con los diferentes gobiernos municipales, desde hace más de 15 años". Tras los requerimientos, uno de los dos trabajadores en cuestión se ha incorporado a su puesto de trabajo. El otro ha presentado un escrito en el que notifica la acumulación en su persona de horas sindicales de compañeros, aunque "insuficiente para poder liberarse totalmente de trabajar el resto del año, que es su intención manifestada en dicho escrito".

También se ha detectado otro representante sindical de la CGT que "ha venido fichando como si estuviera trabajando, cuando participaba de forma pública en actividades sindicales, evitando con esta actitud que se puedan controlar el número de horas sindicales que ha usado y las horas de trabajo efectivo que ha realizado". Por otro lado, también se han detectado situaciones presuntamente irregulares por parte de algunos representantes del SIP, dándose la circunstancia de que "uno trabajó únicamente 47 días reales en todo el año 2015". El reseñado no es el único caso, ya que hubo otro en el que el policía local en cuestión cerró 2015 con un saldo de 66 días reales trabajados; y otro con sólo 96 días.

Estos representantes sindicales del SIP, tanto en 2015 como en lo que va de 2016, "han dispuesto de jornadas enteras sin trabajar, aludiendo a asistencia a reuniones sindicales convocadas por el Ayuntamiento, que se comprueba son inexistentes". En algunos casos resulta "curioso" que "dicen haber tenido este tipo de reuniones oficiales hasta en días festivos, obviamente sin haber existido convocatoria alguna". Sobre estos hechos, se ha iniciado el proceso para la apertura de los oportunos expedientes disciplinarios.

El equipo de gobierno ha destacado que "todos los reseñados son casos puntuales, que en ningún caso se pueden tener como proceder habitual entre los representantes del resto de las diferentes organizaciones sindicales del Ayuntamiento, incluso tampoco del resto de representantes de los sindicatos SIP y CGT que sí cumplen con sus derechos y obligaciones sindicales y laborales".

El Tribunal Supremo acordó el sobreseimiento provisional y archivo de la causa contra la exalcaldesa de Jerez de la Frontera y diputada del PP Maria José García-Pelayo en la pieza separada en la que investiga la contratación de la trama Gürtel en Fitur. El alto tribunal reconoce que existen "datos abrumadores" de irregularidades en la adjudicación de contratos del consistorio pero considera que la entonces regidora del municipio gaditano no tenía por qué saber lo que firmaba.

Los hechos investigados se remontan al año 2004 cuando se cerraron varios contratos administrativos para el desarrollo de Fitur, así como otros para llevar a cabo actos en la Plaza Mayor de Madrid. La Audiencia Nacional se inhibió a favor del Supremo ante los indicios de criminalidad contra la diputada conservadora.

El instructor, Antonio del Moral, califica de "creíble" el testimonio de García-Pelayo sobre su desconocimiento de "toda esa trastienda de la que emana un fuerte aroma a irregularidades, tráfico de influencias o decisiones opacas y, dicho castizamente, caciquiles, resultan no sólo muy verosímiles sino además sugestivas de acomodarse a lo más probable", informa Europa Press.

Del Moral no cuestiona la posible relevancia penal de los hechos investigados, ante el cúmulo "nada despreciable" de indicios que apuntan, según explica en su resolución, que la asignación de esos contratos se hizo de forma "voluntarista".

La adjudicación de los contratos a empresas de la trama fue una decisión arbitraria adoptada "al margen de todo procedimiento legal" que benefició a tres empresas. "Dos de ellas estaban vinculadas a una trama implicada en operaciones irregulares con administraciones gobernadas por el grupo político que, en ese momento, había accedido a la alcaldía", destaca.

El carácter absolutamente irregular de aquella contratación, según el instructor, radica en la constatación de que la decisión de adjudicar los contratos a las tres empresas fue anterior a los propios expedientes, que se tramitaron después de la celebración de la Feria de Turismo.

No obstante, el juez considera que no se puede atribuir a García-Pelayo una "conducta dolosa" en relación a esos contratos y descarta que los avalara a sabiendas de su arbitrariedad.

No sirve sólo la firma

El auto cita dos sentencias de la Sala de lo Penal que establecen que para que exista un delito de prevaricación necesita algo más que la pura constatación de la firma en una resolución arbitraria e injusta.

El juez considera "obvio" que en determinados ámbitos tanto administrativos como empresariales es necesario actuar "con un principio de confianza en la labor de los escalones previos al ámbito estrictamente decisional". "No es exigible que el alcalde de un ayuntamiento como el de Jerez, contraste y coteje con cada expediente todas y cada una de las decisiones o acuerdos que firma", agrega.

Jerez de la Frontera no levanta cabeza. Con dos ex alcaldes en prisión, Pilar Sánchez (PSOE) y Pedro Pacheco (Partido Andalucista), la quinta ciudad por población de Andalucía, con casi 213.000 habitantes, ofrece síntomas de depresión. Tiene un 38% de paro y su ayuntamiento acumula una deuda de mil millones de euros. Le cuelga el sambenito de ciudad en quiebra. Y es cierto que ha sido brutalmente golpeada por la crisis y la mala gestión. Los sindicatos cifran en más de 500 las empresas cerradas desde el inicio de la crisis económica. "La ciudad está estancada. Hay mucha gente viviendo indignamente", explica Antonio Gómez, presidente fundador de Madre Coraje. El Gobierno del Ayuntamiento (PSOE), requerido en numerosas ocasiones desde el 3 de febrero, ha rehusado participar en este reportaje. Ante la pregunta reiterada de si tiene algún plan, idea o posible solución para enderezar la lamentable situación social de la ciudad y la terrible situación económica del Consistorio, no ha sido capaz de ofrecer ninguna respuesta.

El Teatro Villamarta, emblema del vigor y singularidad de la cultura jerezana, está seriamente amenazado de cierre

por la incapacidad del Ayuntamiento para asumir su funcionamiento. El propio Ministerio de Hacienda ha disuelto la fundación del teatro en aplicación de la Ley de Bases de Régimen Local, argumentado que arrojó pérdidas en 2012, 2013 "y al parecer, ya que las cuentas no están formuladas, también en 2014". El conflicto y la sensación de incertidumbre alcanzan hasta el último rincón del ámbito municipal: desde el Teatro Villamarta hasta la propia Banda de Música, pasando por la posible reincorporación de trabajadores despedidos en el ERE de 2012, que afectó a 260 trabajadores de un total de más de 1.300 y que viene siendo objeto de una compleja lucha judicial.

La rama andaluza de la Gürtel

Ante este panorama, la política no le da a Jerez motivos para recuperar la moral. No sólo por los dos alcaldes en prisión, que precipitan en algunos medios desaforadas comparaciones –con muy escaso fundamento– con la época de la corrupción en Marbella. También por lo que puede quedar por delante. Este mismo lunes está citada a declarar como imputada la ex alcaldesa María José García-Pelayo, diputada del PP María José García-PelayoPP, que se está beneficiando de lo lindo en lo personal de la distracción que provocan las conversaciones para formar un gobierno: su situación –imputada en toda regla y ocupando su escaño– está pasando casi desapercibida. Es más, el PP le ha dado la vicepresidencia de la Comisión de Sanidad en el Congreso.

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata elevó la parte jerezana del caso al Supremo, por ser García-Pelayo aforada, al considerar que la entonces alcaldesa pudo haber ordenado la confección de expedientes falsos para justificar a posteriori los servicios de las empresas de Francisco Correa al Ayuntamiento durante la feria de turismo Fitur. Era 2004, cuando Correa aún era feliz y ningún español sin nociones de alemán había oído la palabra Gürtel.

Es muy pronto para especular sobre si García-Pelayo podría terminar corriendo la misma suerte que sus predecesores, aunque distintas fuentes jurídicas se inclinan a pensar que es complicado que acabe entre rejas. ¿Es que el andalucista Pacheco y la socialista Sánchez cometieron delitos de mayor gravedad que los imputados a García-Pelayo? Es subjetivo. Pero sí es imprescindible señalar, para comprender en su justa medida lo que ocurre en Jerez, que el encarcelamiento de ambos no obedece a casos demostrados de tinglados de corrupción con estructura más o menos estable, tipo Púnica o los ERE, sino a hechos sumamente graves pero podría decirse que localizados.

La justicia no era "un cachondeo"

El 24 de octubre de 2014 la Guardia Civil detuvo a Pedro Pacheco cerca de un bar próximo a su domicilio y se lo llevó a Puerto II sin darle tiempo ni a despedirse de su familia. La Audiencia Nacional ni siquiera esperó a que el Supremo resolviera el incidente de nulidad de la defensa de Pacheco, alcalde de 1979 a 2003 y al que puede considerarse primer responsable de la ruina municipal. Había sido condenado a cinco años y medio de prisión por prevaricación, malversación de fondos y falsedad documental, pero su encarcelamiento cogió por sorpresa a propios y extraños. Los hechos: había colocado irregularmente en el Ayuntamiento a dos asesores que cobraron 200.000 euros trabajando en realidad para el partido (entonces el Partido Socialista Andaluz, o PSA, uno de los diversos partidos de autor que fue creando Pacheco tras romper con el PA).

Pacheco se enfrenta además a otros seis años de cárcel por la venta fraudulenta de los terrenos de la antigua estación de autobuses. A estas alturas, el astuto y carismático dirigente andalucista ya habrá repasado mentalmente decenas de veces su frase más famosa, aquella de "la justicia es un cachondeo" que pronunció en 1985 cuando la Audiencia de Cádiz paralizó la demolición del chalé de Bertín Osborne, empeño en el que Pacheco puso no pocas energías. Resulta que la mítica frase, como ha quedado demostrado, no estaba del todo ajustada a los hechos.

Una subvención irregular

También lo ha comprobado en carne propia Pilar Sánchez, en prisión desde el pasado 1 de febrero por falsedad en documento oficial, prevaricación y malversación de caudales públicos por la concesión supuestamente irregular de una subvención a la empresa Tecnología e Innovación Sanitaria (TISA) para instalarse en un parque agroindustrial de Jerez. Cuando entró en la cárcel, el secretario general del PP de Cádiz, Antonio Saldaña, dijo en público, pese a la rivalidad política, lo que en muchas ocasiones se comenta en privado: que la entrada en prisión de Sánchez –no la condena a pena de prisión, sino su entrada física en la cárcel– es justa conforme a derecho, pero que contrasta con la impunidad de otras conductas que, al menos en apariencia, se antojan mucho más graves y en cambio no desembocan en encarcelamientos. "Le doy mi más sincero apoyo y ánimo [a Sánchez] ante una circunstancia que no debe ser agradable para ella ni para su familia. En el Ayuntamiento han hecho barbaridades durante muchos años y no llegaban a nada y, sin embargo, ahora se están juzgando cosas que a lo mejor tienen menos importancia y están llegando a tener sentencias que en algunos casos los ciudadanos pueden entender hasta desproporcionadas", dijo Saldaña.

Pacheco y la pasión por el poder

Sánchez, que fracasó en su intento de que se la aplicase la doctrina Botín, entró voluntariamente en prisión, evitándose el amargo trago que sufrió su ex socio Pedro Pacheco, también su enemigo íntimo. Porque Pacheco perdió la alcaldía en 2003, pero se resistió a dejar el poder. Es un hombre que no concebía estar fuera de la sala de máquinas. Así que se fue convirtiendo en aliado imprescindible de García-Pelayo, del PP, y de Pilar Sánchez, del PSOE, sus sucesoras en la alcaldía, para seguir siendo el personaje clave.

Ninguna logró despegar con Pacheco rondando como primer teniente de alcalde, así que las relaciones entre los tres acabaron como el rosario de la aurora. García-Pelayo fue alcaldesa por un pacto con Pacheco, que se rompió en 2005. El dirigente andalucista se ofreció entonces a Pilar Sánchez. Con ella terminó todavía peor. García-Pelayo, subida a la ola del PP de 2011, finiquitó finalmente a Pacheco con una mayoría absoluta en 2011. De todas aquellas batallas quedó un resentimiento brutal entre los tres: de las críticas privadas se pasó a las públicas, y de ahí a una espiral de denuncias en los tribunales que explica en buena medida que Sánchez y Pacheco estén entre rejas, y que García-Pelayo esté en dificultades graves.

La "revolución social y económica"

El crédito de la política en Jerez está seriamente dañado. Mamen Sánchez, alcaldesa desde las últimas municipales, socialista, se propuso restablecerlo desde el primer día de su mandato. "Jerez necesita una revolución social y económica", dijo el 13 de junio de 2015, en su toma de posesión. Una "revolución", nada menos. La expresión da idea del ánimo en Jerez.

La prensa da cuenta de cómo numerosos edificios históricos languidecen. El comercio en el centro de la ciudad –enorme y cargado de atractivo patrimonial, en el pasado mucho más animado– ahora sufre y a menudo se ve medio vacío y tristón, en parte también por la apertura de grandes espacios comerciales a las afueras, caso de Luz Shopping o Área Sur, al estilo americano. Jerez, la quinta ciudad por población de Andalucía, primera de la provincia de Cádiz, parece incapaz de sacar suficiente partido de su singular riqueza cultural, de su innegable condición (clichés aparte) de referente del vino y el flamenco. Es cierto que el sector bodeguero ofrece indicios de cierto vigor por las exportaciones y el menor coste de las materias primas, pero en general el panorama es poco halagüeño. El turismo es la esperanza, pero no da resultados espectaculares.

Readmisión de trabajadores despedidos

La actualidad gira en torno al reingreso de trabajadores despedidos en 2012 en el ERE municipal, realizado por García-Pelayo y que puso en la calle a 260 personas, abriendo una larguísima batalla judicial. El PSOE, Ganemos e IU han defendido la readmisión. En total está previsto, y comprometido, que antes del 30 de junio se reincorporen 118 de los 144 menores de 59 años puestos en la calle. "El ERE lo hizo García-Pelayo, que declara ahora por la Gürtel. Así hizo el ERE, como lo hizo todo. Mal", afirma Juan Carlos Quintero. Con 53 años y dos hijas estudiando, Quintero era jefe de departamento en el centro municipal de formación cuando lo despidieron en 2012. Como el resto de compañeros que esperan reincorporarse, renuncia a los salarios de tramitación para facilitar el acuerdo con el Ayuntamiento. "En mi caso son 60.000 euros. Yo he trabajado un año durante este tiempo. Hay compañeros que lo tienen mucho peor. Conozco a varios que van a comedores sociales", explica.

La alcaldesa insiste en que la readmisión comprometida se producirá, pero ante la falta de avances concretos ni Ganemos ni IU se fían. "No queremos pensar que esta actitud calmada responda a una intención oculta de no concretar la reincorporación", señalan desde Ganemos JerezGanemos Jerez, donde urgen al Ayuntamiento a firmar acuerdos transaccionales con los trabajadores que reclaman su reincorporación antes de que, de la maraña de resoluciones judiciales pendientes, salga alguna que convierta cualquier readmisión en una infracción. Hasta ahora, grosso modo, el Supremo consideró procedente el despido en la demanda colectiva, pero los juzgados se inclinan por declarar los despidos improcedentes en las demandas individuales.

Quintero prefiere confiar, aunque con cautela, en que el PSOE cumplirá. Pondera que el Ayuntamiento está intervenido por Hacienda, y que aún hay margen para cumplir los compromisos. "La readmisión está en el programa de todos los partidos", recuerda, toda vez que en los últimos cuatro años han sido puestas en evidencia numerosas arbitrariedades en el ERE que hacen difícil defenderlo, al menos en el cómo se hizo.

Los plazos de los créditos

Pero, ¿es viable para el Ayuntamiento la readmisión? Es un tema espinoso. El Ayuntamiento, que a finales de 2015 aprobó el presupuesto ¡de 2015!, está intentando ampliar los plazos de devolución de los créditos ICO de 20 a 30 años. La reincorporación parece encontrar escollos por todas partes. "Todo este tema de los encarcelamientos ha ocasionado una psicosis en el funcionamiento del Ayuntamiento. De ser cauteloso, como debe ser todo acto administrativo, se ha pasado a pecar de falta de agilidad", afirma Raúl Ruiz-Berdejo, portavoz de IU en Jerez, que defiende que los más de cien trabajadores por reincorporar "no sólo son viables, sino necesarios". "La cifra de paro aquí es brutal. Los servicios sociales están desbordados", afirma el portavoz de IU. Y añade: "En lo social se están intentando dar pasos, pero faltan recursos, y falta dinero".

Antonio Gómez, fundador de Madre Coraje, afirma que "las lacras estancadas están por resolver", en referencia a las "dificultades de miles de familias para salir adelante en el día a día". "Hay una situación de estancamiento", reitera, destacando que los 1.400 voluntarios de la ONG en la ciudad son "gotitas en el océano". Más de 2.200 familias salen adelante gracias a ayudas sociales, según datos hechos públicos en enero por el Ayuntamiento. En este contexto, el que los funcionarios no acumulen ya nóminas pendientes de cobro o que se haya llegado a un acuerdo para evitar huelgas de basura se consideran logros reseñables.

¿Algún plan, alguna medida del Ayuntamiento, la administración con mayor incidencia en la ciudad, para ir más allá en la búsqueda de la "revolución social y económica" que anticipó su alcaldesa en su primer día? Imposible saberlo. infoLibre trasladó diversas cuestiones al Gobierno local, primero telefónicamente y luego por escrito, el 3 de febrero, y a pesar de la insistencia desde entonces, el Consistorio no ha ofrecido respuesta a una batería de preguntas sencillas, entre ellas "qué está haciendo y va a seguir haciendo el Ayuntamiento" para solucionar los problemas sociales en la ciudad.

La exalcaldesa de Jérez de la Frontera María José García Pelayo, imputada por un presunto delito continuado de prevaricación administrativa y otro de falsedad en documento público en relación con determinados contratos administrativos realizados para FITUR 2004, tendrá que declarar ante el Tribunal Supremo después de haber obtenido escaño en el Congreso de los Diputados en las elecciones celebradas este domingo, tal y como informó Europa Press.

El Tribunal Supremo abrió el pasado mes de septiembre causa en su contra a raíz de los contratos cerrados por el consistorio a empresas de la trama Gürtel como Special Events y Down Twon Consulting por un importe de 355.000 euros. Tiene pendiente aún citarla a declarar, informaron fuentes jurídicas.

García Pelayo concurría como número dos a la cámara baja por Cádiz, donde los conservadores han obtenido tres escaños. Era senadora del PP en la pasada legislatura por lo que mantiene el fuero del que ya disfrutaba.

La Sala de lo Penal del alto tribunal advirtió de "la trascendencia de los indicios" recogidos por el instructor del juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, en la exposición razonada remitida. La Fiscalía también informó a favor de la apertura de las investigaciones.

El TS mantiene así la competencia para investigar a la aforada aunque no lo hará respecto a los presuntos cerebros de la red corrupta, Francisco Correa y Pablo Crespo; Isidro Cuberos, exjefe de prensa del exsecretario general del PP Javier Arenas; el director del IPDC, José Agüera; la funcionaria municipal Lourdes Montenegro y los empleados de la trama Gürtel Isabel Jordán y Javier Nombela, imputados también en esta pieza.

Aprobación de pliegos sin competencia

El juez instructor de la Audiencia Nacional atribuye a la exalcaldesa jerezana la "consciente adopción" de resoluciones sobre la participación del Ayuntamiento de Jerez en FITUR 2004 como la aprobación de pliegos de condiciones de concursos para adjudicar contratos sin tener competencia para ello.

"Sería la propia imputada –señala el auto en referencia a la exedil–, la que habría ordenado la confección de los expedientes después de la ejecución de los servicios por las adjudicatarias, a la que hizo el encargo sin condición alguna". Después presuntamente dictó las nuevas resoluciones necesarias para que se llevaran a cabo los pagos. Concluye que la valoración jurídica de los "hechos posibles" atribuidos a la aforada son susceptibles de ser calificados como constitutivos de un delito de prevaricación continuada y otro de falsedad en documento público.

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha propuesto juzgar a nueve personas, entre ellas al líder de la trama Gürtel,Francisco Correa, y a su presunto número dos, Pablo Crespo, por las adjudicaciones que el Ayuntamiento de Jerez concedió a la red en el marco de la Feria Internacional de Turismo (FITUR) de 2004.

El magistrado da por finalizada la investigación de esta pieza separada de Gürtel en un auto en el que transforma las actuaciones en procedimiento abreviado, trámite equivalente al procesamiento, tras constatar que los contratos se adjudicaron "sin concurso público" e incurrieron en "groseras ilegalidades".

En concreto, el magistrado propone sentar en el banquillo de los acusados a Correa y Crespo, junto a los trabajadores de la trama Isabel Jordán y Javier Nombela, las interventoras municipales María del Milagro Pérez y Milagros Abascal, al que fuera director del Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad (IPDC) José Agüero, la empleada del Instituto, Lourdes Montenegro, y al antiguo secretario del Ayuntamiento, Manuel Báez.

El juez, que envió al Tribunal Supremo la acusación contra la senadora del Partido Popular (PP) y exalcaldesa de Jerez María José García-Pelayo, ha investigado tres contratos relativos a la adjudicación del stand del Ayuntamiento en FITUR, la celebración de un espectáculo ecuestre en la plaza Mayor de Madrid y una muestra de flamenco.

La contratación, por importe de 355.391 euros, se adjudicó directamente a tres empresas vinculadas a Correa: Special Events, Down Town Consulting y Teleanuncio.

El Tribunal Supremo ha abierto causa contra la senadora del PP y exalcaldesa de Jerez de la Frontera María José García Pelayo por un presunto delito continuado de prevaricación administrativa y otro de falsedad en documento público en relación con determinados contratos administrativos realizados para Fitur 2004. Se contrató a empresas de la trama Gürtel como Special Events y Down Twon Consulting por 355.000 euros.

La Sala de lo Penal comparte "la trascendencia de los indicios" recogidos por el instructor del juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, en la exposición razonada remitida al Tribunal Supremo el pasado 15 de junio. La Fiscalía informó a favor de la apertura de las investigaciones.

El PP acordó el pasado 9 de septiembre nombrar a García Pelayo miembro suplente de la Diputación Permanente de la cámara alta, lo que supone que no perderá su aforamiento cuando dentro de unas semanas se disuelvan las Cortes de cara a las elecciones generales.

El instructor de la causa será el magistrado Antonio del Moral, según se detalla en el auto dado a conocer este jueves en el que el alto tribunal asume la competencia sólo sobre la aforada García Pelayo y no sobre las otras siete personas incluidas en dicha exposición razonada.

Se trata de los presuntos cerebros de la red corrupta, Francisco Correa y Pablo Crespo; Isidro Cuberos, exjefe de prensa del exsecretario general del PP Javier Arenas; el director del IPDC, José Agüera; la funcionaria municipal Lourdes Montenegro y los empleados de la trama Gürtel Isabel Jordán y Javier Nombela. La investigación sobre todos ellos en relación con esta pieza de Fitur 2004 seguirá bajo competencia del juez De La Mata.

En el presente caso, el auto recuerda que el delito de prevaricación que se atribuye a la aforada es un delito especial propio cuya imputación difiere de lo que se pueda imputar a los no aforados. Y respecto al otro delito, el de falsedad, también se puede investigar por separado.

Aprobación de pliegos sin competencia

El auto, cuyo ponente es el magistrado Luciano Varela, destaca que la "detallada y bien articulada" exposición imputa a la senadora del PP la consciente adopción de resoluciones sobre la participación del Ayuntamiento de Jerez en Fitur 2004 como la aprobación de pliegos de condiciones de concursos para adjudicar contratos sin tener competencia para ello.

De la prolija enumeración de documentos aportados, según la Sala, puede inferirse la "incompetencia orgánica de quien dicta las resoluciones, la modalidad contractual ilícita con exclusión de competencia frente a los adjudicatarios, la constatación de que esos adjudicatarios ya habían pactado con terceros incluso antes de adquirir tal condición y el postergamiento en el tiempo de la elaboración de los documentos y el conocimiento presumible de que toda la simulación procedimental se construyó después de la ejecución de los servicios contratados.

"Sería la propia imputada -señala el auto en referencia a la exalcaldesa-, la que habría ordenado la confección de los expedientes después de la ejecución del os servicios por las adjudicatarias, a la que hizo el encargo sin condición alguna".

Después presuntamente dictó las nuevas resoluciones necesarias para que se llevaran a cabo los pagos.

Concluye que la valoración jurídica de los "hechos posibles" atribuidos a la aforada son suceptibles de ser calificados como constitutivos de un delito de prevaricación continuada y otro de falsedad en documento público. "Ambas calificaciones han sido extensa y atinadamente justificadas en la exposición del Juzgado Central".

En contra de los macroprocesos

La Sala de Admisión aprovecha para reiterar los perjuicios que causan los "llamados macroprocesos" frente al criterio de conexidad que invocaba el instructor para investigar en la misma pieza a la aforada y a los que no lo son.

En este sentido argumenta que esa conexidad debe ponderarse para evitar los macroprocesos, "cuando las pretendidas ventajas de dicha acumulación son de relevancia muy inferior a la de los perjuicios que conlleva".

Una poco leal interpretación de la norma –explica la Sala– ha venido dando lugar a una voracidad oficiosa de algunas instrucciones que recuerdan la implicación arrastrante de los ramos de cerezas y que podría poner incluso en cuestión la compatibilidad de tal oficiosidad con la percepción de imparcialidad de los órganos judiciales que así actúan".

Entre los perjuicios de los macroprocesos, el tribunal señala las dilaciones, la disparatada prolongación de las sesiones de juicio oral, con separaciones en el tiempo de pruebas que versan sobre hechos diversos y que en la flaqueza de la humana memoria se pueden traducir en un debilitamiento de los deseables beneficios de la inmediación.

En cuanto a la prescripción de los delitos alegada por la senadora, la Sala coincide con la Fiscalía en que no puede hablarse de que los delitos investigados hayan concluido porque su comisión no concluyó en el momento de la adjudicación de un stand para Fitur a las empresas de Gürtel sino que lo hay que tener en cuenta son las fechas de los distintos pagos efectuados posteriormente por el consistorio.

En la exposición motivada que remitió al Supremo, el juez De la Mata señalaba que las adjudicaciones a la red de Francisco Correa incurrieron en "groseras ilegalidades" y se hicieron "incumpliendo los estatutos" del Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad de Jerez (IPDC), del que era presidenta, y sin el aval de su Consejo Rector.

Según el juez, la entonces alcaldesa sabía que todos los documentos presentados por las empresas de Correa para hacerse con estas adjudicaciones y los propios documentos administrativos "se confeccionaron, se presentaron y se incorporaron a los expedientes en fecha posterior a la que se hizo constar en los mismos".

En concreto, se investigará la adjudicación del stand del Ayuntamiento de Jerez en la Feria Internacional de Turismo en 2004, la celebración de un espectáculo ecuestre en la plaza Mayor de Madrid y una muestra de flamenco que tuvo lugar en los jardines de Cecilio Rodríguez. Los adjudicatarios fueron tres empresas vinculadas a Correa: Special Events, Down Town Consulting y Teleanuncio.

IU en Jerez de la Frontera (Cádiz) mostró este jueves su "apoyo más absoluto" a su concejal Ana Fernández ante la demanda presentada por los hijos de José María Pemán, la cual consideran "injusta" por estar "personalizada" contra la edil jerezana, ya que "actuaba como portavoz en el ejercicio de su función pública".

En un comunicado, IU añadió en este sentido que Ana Fernández lo que hizo durante el transcurso del pleno municipal en el que se debatía sobre la figura de Pemán fue "transmitir el pensamiento, el sentimiento y la opinión de la organización local, actuando como portavoz del grupo municipal y, por ende, de Izquierda Unida Jerez, y no a título personal".

En cuanto a la demanda, la formación política aseguró que todavía no tienen "comunicación oficial" y señaló que una vez que se produzca una notificación judicial "se procederá a estudiar el caso con el departamento jurídico del partido, para posteriormente adoptar las medidas que se estimen convenientes".

Además, IU lamentó que no haya recibido la misma "atención mediática" otra moción que llevaba, referente a una batería de 18 medidas para luchar contra los desahucios en Jerez, en el citado pleno donde se debatió sobre la conveniencia de retirar el busto de Pemán del Teatro Villamarta.

No obstante, IU concluyó manifestando que "al menos ha servido para que los jerezanos conozcan la realidad histórica de la figura de José María Pemán y puedan así diferenciarla de esa visión edulcorada que, tanto de él como de otras muchas figuras importantes del franquismo, se encargaron de proyectar los medios del régimen".

La demanda contra la concejal fue interpuesta por los hijos del escritor el pasado martes después de que Fernández tachase a José María Pemán de "fascista, misógino y asesino", según informó Europa Press.

El pesidente de las Nuevas Generaciones del PP de Jerez, Jaime Espinar, lamentó este jueves que "a las fechas en las que estamos aún no se conozca por parte del Ayuntamiento" si se va a abrir la sala de estudio que en años anteriores ha estado abierta por estas fechas.

Y abierta está también este verano porque, según informa Diario de Jerez, tras la nota del PP el equipo de Gobierno socialista emitió un comunicado en el que advertía lo siguiente: "La sala de estudio Sala Paúl está abierta, de lunes a viernes de 8 a 13:45 horas. La entrada se realiza por la calle Santo Domingo".

Espinar pidió a la alcaldesa de la localidad, Mamen Sánchez (PSOE), que "informe a los estudiantes jerezanos sobre qué va a ocurrir los meses de agosto y septiembre con la Sala de Estudio que se habilitaba en Sala Paúl durante estos meses y que a día de hoy se encuentra cerrada". El dirigente de las NNGG llegó a criticar "la falta de información y compromiso (...) con los estudiantes jerezanos puesto que dijeron en un principio que la sala de estudio se abriría en agosto y lo que se han encontrado los estudiantes es con las puertas de las instalaciones cerradas a cal y canto".

Tantos fotos, cansan, claro:

Y gracias al alcalde de A Coruña, el tío de la vara se apareció en la mismísima Plaza de María Pita:

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha enviado al Tribunal Supremo la causa contra la senadora y exalcaldesa de Jerez de la Frontera, María José García Pelayo (PP), tras determinar que existen indicios de prevaricación continuada en las adjudicaciones que realizó a la trama Gürtel.

En una exposición motivada elevada este lunes al alto tribunal, el magistrado instructor señala que las adjudicaciones a la red corrupta incurrieron en "groseras ilegalidades" y se hicieron "incumpliendo los estatutos" del Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad de Jerez, del que era presidenta, y sin el aval de su Consejo Rector.

Según el juez, la entonces alcaldesa sabía que todos los documentos presentados por las empresas de Correa para hacerse con estas adjudicaciones y los propios documentos administrativos "se confeccionaron, se presentaron y se incorporaron a los expedientes en fecha posterior a la que se hizo constar en los mismos".

En concreto, el juez investiga la adjudicación del stand del Ayuntamiento de Jerez en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) en 2004, la celebración de un espectáculo ecuestre en la Plaza Mayor de Madrid y una muestra de flamenco.

La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) remitió este jueves al Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, que investiga el caso Gürtel, un informe ampliatorio sobre el procedimiento de contratación de los servicios desarrollado por el Instituto de Promoción y Desarrollo (IPDC) de la Ciudad de Jerez de la Frontera (Cádiz) con motivo de la celebración de la Feria Internacional del Turismo (Fitur) 2004, donde se detectan numerosas irregularidades. 

Estos hechos coinciden en el tiempo con la primera etapa de María José García-Pelayo (PP) como alcaldesa de la localidad en un gobierno de coalición con el PSA de Pedro Pacheco.

El informe elaborado a petición del juzgado, al que ha tenido acceso Europa Press, se centra en sus 70 páginas en analizar y evaluar los expedientes de contratación realizados con el fin de verificar que en su tramitación se ha cumplido con lo dispuesto en las normas reguladoras de la contratación pública en la materia y ámbito que sea de aplicación y también que se han garantizado y cumplido los principios de publicidad, concurrencia, objetividad y transparencia.

Detalla que el IPDC es, de acuerdo con los estatutos, un organismo autónomo de carácter administrativo que desarrolla sus funciones bajo la tutela del Ayuntamiento de Jerez, por lo que su actuación debe ajustarse a la normativa vigente en materia de régimen local y en la de carácter general que le sea de aplicación. 

Concretamente, se adjudicaron contratos por importe de 355.391,93 euros a empresas vinculadas a la trama Gürtel para el montaje y gestión del estand –a Special Events, S.L. por 162.806,37 euros–, publicidad y propaganda–a Teleanuncio, S.L. por 141.362,56 euros–, para el acondicionamiento de la plaza Mayor de Madrid para un espectáculo ecuestre –a Down Town Consulting por 39.366,92 euros– y para un espectáculo flamenco en los Jardines de Cecilio Rodríguez --también a Down Town Consulting por 11.855,08 euros--.

En sus conclusiones, la IGAE considera acreditado que los días 15 y 25 de noviembre de 2003 se llevaron a efecto dos reuniones preparatorias en las que participaron personas vinculadas al Ayuntamiento de Jerez en las que se abordó la planificación del Ayuntamiento en estos actos, los contenidos del estand, la publicidad, la celebración del Día de Jerez y el acto en la plaza Mayor.

También se abordaron los presupuestos, los procedimientos de contratación administrativa a emplear, el reparto de las gestiones necesarias para la ejecución de los mismos y "el papel de intermediación de Isidro Cuberos", consejero propuesto por el PP en el Consejo Audiovisual de Andalucía y jefe de prensa de Javier Arenas cuando lideraba el PP-A. Señala que Cuberos cobró por sus gestiones la cantidad de 53.355,22 euros.

Encargados con anterioridad al concurso

Apunta que el personal de las distintas empresas del Grupo FCS (Francisco Correa Sánchez –presunto cabecilla de la trama Gürtel–) iniciaron gestiones, realizaron contrataciones y efectuaron distintos pagos a proveedores de servicios para la ejecución del estand de Jerez en Fitur 2004 y los eventos relacionados "con anterioridad al 16 de enero de 2004, fecha de adjudicación de dichos servicios por parte del IPDC".

La documentación administrativa confeccionada por las tres mercantiles señaladas al objeto de presentarse a los "concursos negociados sin publicidad" –lo cual el IGAE pone en entredicho al no considerar justificada la "imperiosa urgencia" e imprevisibilidad que marca la normativa– fue elaborada y entregada al IPDC "una vez ejecutados los trabajos y transcurrido casi un mes después de su finalización".

Por su parte, los diferentes documentos justificativos del expediente administrativo, proposiciones económicas y demás documentación administrativa, incluidos en los contratos suscritos, "no fueron elaborados ni firmados en las fechas que constan en los mismos, sino en fechas posteriores y una vez ejecutados los trabajos".

Sostiene que, con posterioridad a la realización de los trabajos, "personal del Ayuntamiento y del IPDC confeccionó los diferentes documentos administrativos y estableció los procedimientos de contratación necesarios para dar al expediente una apariencia de legalidad y de que en la tramitación y gestión de estos actos se había seguido el procedimiento administrativo".

En consecuencia, concluye que los expedientes mencionados fueron adjudicados por el IPDC "al margen de lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Contratos de la Administración pública y demás normativa aplicable, vulnerándose los principios de publicidad, concurrencia, objetividad y transparencia aplicables en la contratación pública".