La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ha concedido uno de sus Premios a la Excelencia Periodística 2024 a los NarcoFiles, una investigación del consorcio OCCRP en la que participaron infoLibre y Narcodiario en España. El galardón, en la categoría de Periodismo en profundidad, reconoce a NarcoFiles por describir “mediante una impresionante investigación, el submundo de producción, logística, comercialización y lavado de dinero” procedente del negocio internacional de la droga.

A juicio de la SIP, se trata de “un magnífico ejemplo de trabajo colaborativo, apoyado en técnicas avanzadas de análisis, trabajo de campo y diversidad de fuentes documentales, verificación, cruce de datos y colaboración transnacional”.

En efecto, en NarcoFiles colaboraron 40 medios de comunicación de 23 países, desde Ecuador hasta Lituania. Su origen se sitúa en una filtración de correos electrónicos de la Fiscalía General de la Nación de Colombia, que fue compartida el año pasado con OCCRP y con varios medios latinoamericanos, entre ellos, Cerosetenta / 070, Vorágine y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP).

Con un tamaño de cinco terabytes, la filtración contenía más de siete millones de correos electrónicos de la Fiscalía de Colombia, entre ellos correspondencia con embajadas y autoridades de todo el planeta. Los archivos –que también contienen audios, imágenes, PDF, hojas de cálculo y calendarios– se remontan hasta 2001, aunque la mayoría de ellos se concentran entre 2017 y 2022.

OCCRP recopiló esos datos e invitó a medios de 23 países de América y Europa para analizar su contenido. El resultado fue un completo retrato de cómo colaboran, se comunican e innovan los grupos criminales en un mundo globalizado. NarcoFiles revela cómo los puertos comerciales se han convertido en focos de actividad criminal, desde Amberes y Rotterdam hasta Gioia Tauro y Guayaquil. O destapa los flujos subterráneos por los que circulan los beneficios generados por el narcotráfico y los profesionales financieros que los facilitan. También pone el foco en el impacto medioambiental del crimen organizado y cómo sus actividades están destruyendo la vida salvaje, contaminando ríos y amenazando áreas protegidas. Incluso desvela cómo a veces los agentes de las fuerzas de seguridad forman parte del problema.

InfoLibre y Narcodiario publicaron que los seis capos del supercártel detenidos por Europol en 2022 llevaban un año libres y pendientes de extradición en Dubái, además de descubrir al supuesto capo gallego que envíaba droga del Amazonas a las Rías Baixas en submarino y la alianza de disidentes de las FARC con narcos brasileños y gallegos para traer cocaína a Europa. Las investigaciones de infoLibre y Narcodiario dejan claro que el narco global ha convertido a España en un centro de negocios y en un paraíso para el blanqueo, además de un gran productor de droga, cuando antes no pasaba de puerta de entrada de la cocaína y el hachís a Europa.

La SIP, una organización sin ánimo de lucro integrada por más de 1.300 publicaciones, se dedica a defender y promover la libertad de prensa y expresión en América. Según ha destacado la presidenta de la Comisión de Premios de la SIP, María Lorente, que es también la directora regional de la Agencia France Presse en América Latina, los premiados este año han hecho “un aporte significativo al conocimiento público, la vitalidad de la democracia y el bienestar de las sociedades americanas”.

La ceremonia de entrega de los Premios SIP a la Excelencia Periodística se celebrará durante la 80ª Asamblea General de la SIP, del 17 al 20 de octubre en Córdoba (Argentina). Los premios constan de un diploma de reconocimiento y, en su mayoría, de una gratificación de 2.000 dólares (1.803 euros).

Los Premios a la Excelencia Periodística se dividen en 12 categorías, que abarcan desde la caricatura y la fotografía hasta el periodismo de datos, el de medio ambiente o la crónica. Este año se han concedido por primera vez un galardón sobre migración –a la Agencia France Presse– y otro de periodismo de soluciones –al Semanario Vanguardia de México–.

Además, la SIP dará a conocer esta misma semana el ganador del Gran Premio a la Libertad de Prensa y los galardonados como Ejecutivo del Año, Gran Amigo de la Prensa, Sustentabilidad y Transformación Digital.

Entre los premiados este año se encuentran una ilustración sobre la plaga de la droga de Ezequiel Omar García publicada en la revista Rolling Stone argentina, un trabajo del también argentino La Nación sobre la tragedia de los Andes –el accidente aéreo de los jugadores de rugby uruguayos en 1972–, y dos historias sobre migración: la tragedia de quienes cruzan el río Darén para llegar a Estados Unidos, del colombiano Vorágine, y la odisea de los venezolanos hasta alcanzar EEUU, de France Presse. La favelas de São Paulo, los asesinatos de ambientalistas en Perú y las violaciones de derechos humanos en la flota pesquera china son otros trabajos galardonados en esta convocatoria.

Además de infoLibre, ha sido premiado un artículo publicado en El País por el periodista nicaragüense Wilfredo Ernesto Mirando Aburto, que fue despojado de su nacionalidad por el Gobierno de Daniel Ortega, y ha recibido una mención honorífica una entrevista a la soprano Nadine Sierra publicado en El Español.

La Oficina de Asilo ha registrado una cifra récord de solicitudes de protección internacional en 2023, con 163.218. Supone un 37% más que en el año anterior y la mayor cifra desde la creación de la oficina en 1992, según los datos provisionales cerrados a 31 de diciembre del Ministerio del Interior recogidos por Europa Press.

Asimismo, según han informado, estas cifras sitúan a España como el tercer país receptor de protección internacional en la Unión Europea.

Por nacionalidades, el país de procedencia del mayor número de solicitantes ha sido Venezuela, con 60.534 peticiones, un 37% del total, seguido de Colombia (53.564) y Perú (14.306). Los tres países concentran el 78,6% del total de los expedientes registrados.

Por lugar de presentación, la Comunidad de Madrid encabeza la lista de comunidades autónomas con más solicitudes (52.684), seguida por Andalucía (25.948) y Cataluña (14.775). El Ministerio del Interior ha resuelto en 2023, además, un total de 92.963 expedientes de protección internacional, lo que supone un incremento del 1,8% respecto al año anterior.

Igualmente, Interior ha indicado que en 2023 se han concedido 7.521 estatutos de refugiado, cifra récord hasta la fecha y que supone un 26,5% de los estatutos otorgados por la OAR desde 2012 (28.232). Las cinco primeras nacionalidades de las personas a quienes se les ha concedido estatuto son Afganistán, Siria, Nicaragua, Colombia y Honduras.

También ha señalado que se ha tramitado la protección subsidiaria para 3.850 personas, principalmente procedentes de Mali. A 41.478 ciudadanos, venezolanos en su mayor parte, les ha sido concedida residencia y trabajo por razones humanitarias durante un año. De acuerdo con estas cifras, la tasa de reconocimiento del estatuto de refugiado y de protección subsidiaria se ha situado en un 12,23% y la tasa de protección internacional alcanza un 56,85%.

Asimismo, ha explicado que en 2023 se han presentado 953 solicitudes para el reconocimiento del estatuto de apátrida y se han resuelto 1.022 expedientes. La apatridia es un procedimiento dirigido a identificar entre los solicitantes a las personas que no sean consideradas como nacionales por ningún Estado, conforme a su legislación, y manifiesten carecer de nacionalidad, según lo dispuesto en la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas, celebrada en Nueva York el 28 de septiembre de 1954.

Por otro lado, ha informado que la OAR ha sumado durante 2023 la concesión del régimen de protección temporal a 33.928 personas, lo que eleva a casi 195.000 el número de ciudadanos desplazados por la invasión de Rusia a Ucrania que están amparados por esta figura en España.

El Gobierno puso en marcha en marzo de 2022 este procedimiento de urgencia y entregó la primera resolución de concesión el 11 de ese mes, en cumplimiento del acuerdo de la Unión Europea que autorizaba, por primera vez, la aplicación de la Directiva de Protección Temporal.

Por su parte, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha celebrado este jueves el "extraordinario esfuerzo" realizado por España en materia de protección internacional, en su intervención en la Conferencia de Embajadores celebrada en Madrid.

"España ha incrementado en un 3.500% las solicitudes con respecto a las recibidas en 2013, hace apenas 10 años", ha subrayado para destacar los mecanismos de protección internacional, que "permiten garantizar con creces esta obligación, de acuerdo con las normativas nacional, europea e internacional".

También ha hecho balance de la presidencia española de la UE en materia de Interior, que ha calificado de "intensa, exitosa y emocionante", con mención especial al acuerdo alcanzado en el pacto migratorio, "después de casi ocho años de negociaciones y división interna". "Con este acuerdo, la Unión Europea se dota de un nuevo marco jurídico, actualizado, con el que rediseñar su política migratoria y de asilo para hacer frente, de una manera más realista, al principio del justo reparto de la responsabilidad y la solidaridad", ha afirmado.

En el ámbito migratorio, el ministro ha pedido a los embajadores destinados en Europa que transmitan "el denodado esfuerzo preventivo" de España en inmigración irregular, "que es la vía más eficaz para abordar este fenómeno, proteger las fronteras exteriores y, lo más importante, salvar vidas".

Finalmente, se ha dirigido expresamente a los embajadores en África para que trasladen a los países africanos la disposición de España a intensificar la colaboración en la lucha contra las mafias que trafican con personas, "para evitar que sus ciudadanos, entre ellos muchos jóvenes, mujeres y niños, se pongan en manos de redes sin escrúpulos que no dudarán en poner en riesgo sus vidas".

Lo de emigrar para buscar un futuro lleva sucediendo desde hace generaciones. Personas que dejan atrás su país, su familia, amigos y conocidos para buscar oportunidades (por lo general, de carácter laboral) que no se encuentran dentro de nuestras fronteras. Sucedió durante los siglos XIX y XX, con una migración masiva hacia Iberoamérica y continuó durante el franquismo, cuando cerca del 10% de la población activa tuvo que dejar su hogar para abastecer a su familia. La historia volvió a repetirse tras la crisis económica iniciada en 2008, aunque con significativas diferencias.

Según se desgrana en este estudio sobre la movilidad social de los emigrantes españoles en Europa, publicado en la Revista Española de Investigaciones Sociológicas (REIS), mientras que en los años sesenta y setenta las migraciones a países como Francia, Alemania, Suiza y Reino Unido se caracterizaban por unos perfiles profesionales de baja cualificación, las migraciones actuales son protagonizadas por trabajadores altamente cualificados atraídos por la búsqueda de un mayor reconocimiento social y laboral.

En el año 2009 había millón y medio de personas viviendo en el extranjero, concretamente 1.471.691, tal y como reflejan los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), aunque cabe destacar que hay un porcentaje que no aparece en las estadísticas por no notificar a efectos administrativos su presencia en el país. Cinco años después, en 2014, esa cifra superó los dos millones de personas, situándose en 2.058.048.

Este fenómeno, popularmente conocido como fuga de cerebros, llegó a ser celebrado por el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que abogó por “llevar el talento y el conocimiento donde sea excedente hacia donde sea deficitario”, durante un encuentro de la Cumbre Iberoamericana. Su ministra de Empleo, Fátima Bañez, lo calificó como “movilidad exterior” y defendió que medidas como la reforma laboral atraerían “el talento fugado”.

Las políticas del PP y sus recortes en investigación fueron censuradas por la oposición. “Aquí no hay fuga de cerebros; hay expulsión de cerebros”, le llegó a decir el entonces líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, a Rajoy en una sesión en el Congreso. “Hay 500.000 jóvenes que han abandonado España porque no hay oportunidades, lo que Báñez llama movilidad exterior”, censuró años más tarde el sucesor de Rubalcaba, Pedro Sánchez, en otra sesión de control.

Más de dos y medio de españoles viven en el extranjero: la mayoría en América y Europa

En este contexto, después de que Pedro Sánchez llegase a la presidencia del Gobierno en el año 2018, se comprometió a repatriar a los españoles que se fueron en durante la última gran crisis económica. Esa labor recayó en la Secretaría de Estado de Migraciones, entonces dependiente del Ministerio de Trabajo que pilotaba Magdalena Valerio, con el objetivo de “dar respuesta a las necesidades de las personas emigrantes españolas durante su etapa migratoria y su retorno, eliminando las barreras a las que se enfrentan y fomentando su retorno en las mejores condiciones”.

Sin embargo, a tenor de los datos, esta fuga no se ha frenado. A 1 de enero de 2021 la población española residente en el extranjero asciendía a 2.654.72 personas, según datos del INE. Tres años antes, el 1 de enero de 2018 (cuando todavía gobernaba el PP) eran 2.482.808. Es decir, en tres años la población emigrada ha aumentado un 6,92%. Ni siquiera la pandemia ha frenado ese crecimiento, aunque sí lo ha ralentizado un poco.

De estos más de dos millones y medios de personas, 974.482 residen en Europa. La lista la lidera Francia, con 280.000 personas, seguida de Alemania con 172.000, Reino Unido con 160.000 residentes españoles, Suiza con 127.000 y Bélgica con casi 70.000. En el continente americano viven 1.581.434 españoles, casi medio millón de ellos (475.000) en Argentina. En segunda posición se sitúa Estados Unidos con 173.000, en tercer lugar Cuba con 150.000, seguida de México con 145.000 y Brasil con 133.000 españoles.

Por lo que respecta al resto de continentes, no llegan a 100.000 los españoles que viven en Asia, África u Oceanía. En Asia habitan 46.484, en una lista que encabeza Emiratos Árabes Unidos con casi 6.000 expatriados, seguida de Israel con 5.474, Turquia con 5.142, China con 5.050, Filipinas con 4.400 y Japón con 3.248 personas. En África, de los 27.727 españoles que residen allí, casi la mitad lo hacen en Marruecos (11.605), en segundo lugar se sitúa Guinea Ecuatoria (2.650), y le siguen Senegal (2.336), Sudáfrica (1.803) y Gambia (1.446). Por último, en Oceanía, donde viven 24.596 españoles, la mayoría se condensa en Australia (22.980), mientras que 1.589 viven en Nueva Zelanda.

Menos del 30% de participantes del programa del Gobierno volvieron a España

El 22 de marzo de 2019, el Ejecutivo socialista (entonces monocolor) puso en marcha un programa piloto de un año de duración (julio 2019 - junio 2020) en el que participaron 200 personas e incluía un total de 50 medidas encaminadas a facilitar la vuelta a España, entre ellas conectar a migrantes y empresas, eliminar las barreras administrativas (como bonificar la cuota de autónomos), asesoramiento en la búsqueda de una nueva vivienda en España e incluso ayuda psicológica.

El resultado del proyecto piloto no fue demasiado alentador: de los 200 participantes volvieron a España 58, menos de un 30% del total, aunque desde Migraciones añaden que 33 usuarios adicionales (el 17%) habían fijado ya una fecha de regreso a España. De ese total, el 59% eran mujeres y el 41% hombres, con una media de 35 años de edad, procedentes de 29 países de residencia. El proyecto contó con un presupuesto total de 24,2 millones de euros, 12,4 millones en 2019 y 11,8 millones en 2020, implicando a una decena de ministerios.

Este programa experimental finalizó hace más de un año pero desde el departamento de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, dirigido ahora por José Luis Escrivà, evitan dar más detalles sobre su continuación a preguntas de infoLibre. Este medio se ha interesado por conocer las iniciativas que se han puesto en marcha y el presupuesto para hacerlo, pero no ha obtenido respuesta. “Contestaremos en cuanto podamos”, sintetizan.

Otro de los ministerios implicados en esta vuelta de personas emigradas es el de Trabajo y Economía Social, que lidera Yolanda Díaz. En su plan de choque por el empleo joven se comprometió a “contribuir al retorno de jóvenes emigrantes que salieron de nuestro país por no encontrar una salida profesional en España”. A preguntas de este medio, indican que la derogación de los aspectos más lesivos de la reforma laboral contribuirá a atraer esos jóvenes.

Los emigrados hablan: "El discurso del esfuérzate no sirve de nada"

Pau Sebastià (28), María Bofill (29), Nerea Parro (27) y Carmen Sánchez (26) comparten con infoLibre sus experiencias viviendo en el extranjero, mayoritariamente en territorio europeo. Residen en Suiza, Francia, Bruselas y Holanda, pero antes lo hicieron en otros países como Alemania o Estados Unidos. Sus perfiles son muy diversos: biotecnología, periodismo, traducción, veterinaria y literatura.

Nerea Parro estudió traducción e interpretación y vive en Suiza. ¿Los motivos? Una beca de doctorado. “No tenía ninguna posibilidad de realizar un doctorado con un contrato en España ni una beca que son, por lo general, las dos maneras de poder realizar los estudios de doctorado en unas condiciones medianamente dignas”, señala. “Tuve la suerte de conseguir un contrato de assistante doctorant en la universidad de Neuchâtel en Suiza. Y digo la suerte porque éramos más de un centenar de personas quienes nos encontrábamos en la misma situación, intentando encontrar una oportunidad aunque fuese fuera”, explica.

A María Bofill fueron las prácticas del máster de periodismo político internacional las que le llevaron a Bruselas, donde reside desde hace cinco años: “Aquí tengo un trabajo bien pagado, he intentado buscar trabajo en España y no tiene nada que ver las condiciones que ofrecen allí con lo que tengo aquí”. A Carmen Sánchez le sucede lo mismo. “El trabajo de veterinaria está muy mal pagado, o tienes dinero para formarte y poder especializarte o presentarte a unas oposiciones o no tienes futuro en España", resume.

Pau Sebastià hizo su doctorado en Biotecnología Vegetal en la Wageningen University and Research (Holanda) y asegura que “si bien es cierto que hay algunas universidades en España que ofrecen másters similares, el contexto académico, empresarial y cultural de Wageningen es difícilmente alcanzable. Además de todo esto y por si fuera poco, el precio del máster era inferior a los ofertados en España”.

Me gustaría saber por qué me vine. O, mejor: por qué me fui. Hace ocho años decidí dejar otra vez ¿mi país?, la Argentina. Allí nací, de allí me fui por mucho tiempo y después volví y viví 25 años corridos, con alguna interrupción de uno o dos cada tanto. Me sorprendió: me creía más inquieto.

Los vaivenes habían empezado en 1976, cuando hubo un golpe un poco bruto y me tuve que ir. En esos días tenía 18 años, recalé en París, estudié, trabajé, la pasé bomba; con el tiempo decidí que intentaría escribir y que, para eso, sería mejor vivir en un lugar que hablara mi idioma. Confundido, me fui a Barcelona; después vine a Madrid y, casi sin proponérmelo, terminé quedándome hasta 1987. En esos años escribí mis primeras novelas y aprendí muchas cosas; aprendí, sobre todo, que cambiar de lugar también es una opción y, a veces, la única posible. Ahora sé que aquel aprendizaje definió mi vida.

Y sin embargo en 2012 llevaba mucho tiempo en Buenos Aires –y decidí dejarlo–. La primera vez que me fui no había tenido opción y fue más fácil; lo difícil, en general, es elegir. La segunda lo hice: mis razones todavía no están claras. Eso me tranquiliza: nunca confié en los que creen que saben por qué hacen lo que hacen.

En esos días las circunstancias me jugaban a favor. Sonaba aquel fracaso de mis veinte años: vivir en Barcelona se me había vuelto una especie de asignatura pendiente, y no me queda tanto tiempo para tratar de solventarlas. Tengo un privilegio: hace muchos años que viajo mucho pero, sobre todo, puedo hacer mi trabajo donde quiera que esté; no necesito incrustarme en ningún sitio para escribir mis tonterías –y escribirlas me permite sobrevivir en cualquier sitio. Así que, para mí, la idea de cambiar de lugar no significaba grandes cambios laborales: pasa cada vez más en el mundo globalizado y ultraconectado. El home working puede ser, al fin y al cabo, country working.

Nada práctico me impedía la partida, y para colmo acababa de terminar –ella– una relación larga y no tenía compromisos y parecía el momento. Pero, creo, todas esas son minucias al lado de una razón de peso: la Argentina me pesaba mucho –que es una forma fina de decir que me rompía las pelotas–. Imagino que no me habría ido de no ser por eso.

En la Argentina llevaba años y años interviniendo bastante en el debate público –con libros, artículos, columnas, trabajos en diversos medios–. En ese momento, tras diez de gobierno peronista, tenía la sensación –la certeza– de que ya había dicho casi todo lo que podía decir: que me empezaba a repetir como ese, mi “país calesita” –o tiovivo o carrusel–. La argentina era una sociedad que parecía moverse pero estaba siempre en el mismo lugar –y yo con ella–: mes tras mes, año tras año redundaba en los mismos conceptos con ligeras variantes, con suaves maquillajes. Era una sociedad encantada con sus propias impotencias, absorta en sus pequeñas discusiones, incapaz de mirar un poco más allá: tan provinciana, como casi todas –con el agravante terrible de que es, pese a todo, la mía–. Estaba harto, sentía que perdía el tiempo, que cada vez me quedaba menos y lo desperdiciaba como un tonto –y al mismo tiempo no creía que pudiera evitar esas reyertas y querellas–. Nunca lo había hecho, no sabía cómo hacerlo. De pronto, creí que irme sería la única manera de pensar en cuestiones más interesantes.

Así que me fui a Barcelona, como a mis 22. Y, como a mis 22, terminé por dejarla y me vine a Madrid. En estos ocho años he vivido en la una y la otra y la otra y la una, aunque nunca del todo: siempre estuve viajando –por trabajos– la mitad del tiempo. Hasta la peste.

La peste, como a tantos en tantos otros campos, me obligó a elegir. O, en verdad: confirmó las elecciones que había hecho pero no terminaba de confesarme. Ahora me he empadronado, soy un vecino de mi calle. Es extraño. Soy español porque siempre lo fui: mi padre Antonio nació en Madrid en 1928 y recién se fue a la Argentina, con sus padres, cuando a mi abuelo Antonio lo soltaron de una cárcel franquista en el cuarenta y tantos. O sea que en mi casa infantil el acento español era la mitad de las palabras –y sin embargo soy brutal, claramente argentino–.

Me gusta, y otras veces no. Algunas me cabrea que me digan que no puedo o no debo opinar sobre asuntos de acá porque no soy de aquí –a veces incluso les contesto que no soy de acá ni de aquí porque un dictador expulsó a mis mayores, pero no es del todo cierto porque mi otra mitad es judía rusa y polaca–. En cualquier caso, mantengo una rara relación con la ciudad donde me voy quedando. Madrid no me parece bonita, no me parece especialmente apetecible; ya he vivido en ella muchos años pero nunca elegí vivir en ella pero vivo en ella. Siempre seré, supongo, en ella un extranjero, y eso me gusta y me disgusta. Suelen decir que lo bueno de Madrid es que todos venimos de fuera, y es cierto pero no: no es lo mismo venir de fuera si fuera es Badajoz o Zaragoza que si es Buenos Aires o Caracas. Y sin embargo Madrid es la ciudad donde mi padre nació, donde murió, la segunda ciudad donde más he vivido.

Así que tengo lo mejor y lo peor de cada mundo: soy forastero y no siempre puedo opinar o intervenir y –a diferencia de Buenos Aires– nadie me pregunta, pero al mismo tiempo soy forastero y lo que pasa no es del todo mi asunto. Soy español y tengo derecho a todos los derechos y nadie puede decirme que me vaya o me quede, pero al mismo tiempo soy español y tengo los deberes.

Y aquí estoy, tratando de entenderlo o resignado a no entenderlo. Me gustaría poder contar una historia de persecuciones y penurias, que son las que nos gustan y conmueven, pero ya no hay; de tanto en tanto cambio de sitio porque me da la gana: ni por obligación ni por necesidad ni por nada que un par de vinos no remedie. Y ya he cambiado demasiadas veces. Sé que soy un privilegiado, pero querría saber por qué lo hice, por qué lo sigo haciendo. Una razón es más o menos presentable: la neurosis de pensar que el mundo ofrece demasiadas atracciones como para pasarse toda la vida en un lugar. Esa idea de que siempre hay más, que siempre hay más allá, que siempre hay otros y otras y otras cosas que me estoy perdiendo: la razón de mi vida.

La otra razón no es razón sino comprobación. Soy, digamos, un viajero –un migrante– por la causa más boba, la que no suele entrar en ninguna estadística: más acá de cualquier argumento, la enorme mayoría de esas veces en que he cambiado de lugar fue por seguir un amor. No me jacto; a veces me sorprende, pero ya terminé por aceptarlo: hoy, a mis 64, negarlo sería necio. Y lo soy, por supuesto, pero me muevo mucho para disimularlo.

El Gobierno de España aprobó en 2020 solo una de cada veinte solicitudes de asilo presentadas, según se recoge en el Informe Anual del Comité Español de Ayuda al Refugiado (CEAR), que se ha presentado este viernes y que analiza cifras en materia de migración y asilo del año pasado, incluida la irrupción de la pandemia, el aumento de las llegadas a Canarias, los obstáculos en la acogida o los nuevos pactos mundiales y europeos, según recoge Europa Press.

Para los autores del documento, "España ha vuelto a defraudar a las personas refugiadas" en 2020 situándose "lejos de la tasa media de reconocimiento" de solicitudes de asilo en la UE, que es del 33%.

Además, CEAR advierte de que, al mismo tiempo, el Ejecutivo sí ha concedido la autorización de residencia por razones humanitarias a cerca de 41.000 personas, en su práctica totalidad procedentes de Venezuela.

A su juicio, España ha tenido un escaso reconocimiento hacia las víctimas de persecución por parte de agentes no estatales (pandillas, bandas criminales), algo que, en su opinión, es "fundamental" ya que representa una forma de persecución digna de protección.

"Es preciso avanzar en su protección y eliminar trabas para que puedan venir de forma segura personas procedentes de países en conflicto como Siria, Yemen o Palestina debido a la exigencia del visado de tránsito", ha reclamado la directora de CEAR, Estrella Galán.

Las consecuencias de la pandemia

Pero, además CEAR denuncia que, pese a la caída registrada en 2020 con respecto a las llegadas a través de Ceuta y Melilla, se han producido al menos 212 devoluciones en caliente.

En ese sentido, la entidad apunta que tanto el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo como el Constitucional español ya señalaron las garantías legales exigibles para realizarlas (que se atienda siempre a la situación de vulnerabilidad de la persona), unos requisitos que, según CEAR, no se están llevando a cabo.

Por otra parte, el informe destaca que, como consecuencia de la pandemia vivida durante el año pasado y las restricciones de movimiento que esta supuso, "miles de personas" se quedaron "atrapadas en países no seguros".

Ante esta situación, apunta Galán, "es más urgente que nunca que España active vías legales y seguras como el reasentamiento, los visados humanitarios, petición de asilo en embajadas y representaciones consulares y facilitar la reagrupación familiar".

La crisis sanitaria ha estado protagonizada, también, por una crisis migratoria en Canarias, que supuso la llegada de más de 23.000 personas en 2020. Para que no se vuelvan a vivir situaciones como la del muelle de Arguineguín, ni la cronificación de macrocampamentos, advierte CEAR, "son necesarias políticas migratorias con otra mirada, planificadas y coordinadas, no solo centradas en el blindaje de fronteras".

Para ello, apuntan, deben incluir "un sistema de traslados a la península ágil, transparente y sin discriminación por nacionalidad, con un reparto solidario por todo el territorio español, evitando convertir los territorios insulares y periféricos en grandes espacios de retención, así como modificar los protocolos de atención a menores".

Dentro de esta situación, la ONG celebra que, tras décadas de reivindicación, el Tribunal Supremo haya reconocido la libertad de circulación por todo el estado español para los solicitantes de asilo que residen en Ceuta y Melilla.

Europa da la espalda al refugio

Finalmente, CEAR estudia la situación de los refugiados en Europa, un informe que determina que, en 2020, la ruta migratoria del Mediterráneo sigue siendo "la más mortal del mundo", con al menos 1.417 personas fallecidas tratando de llegar al continente. Esto, a pesar de que la pandemia las llegadas de migrantes se redujeron a menos de 100.000 durante el año.

En cuanto a las solicitudes de asilo en el conjunto de la UE, descendieron con respecto al año anterior y se concentraron principalmente en Alemania, Francia y España, mientras que la tasa de reconocimiento se mantuvo estable y se aprobaron de media una de cada tres peticiones.

En este sentido, CEAR se ha mostrado preocupada porque el nuevo Pacto de la UE sobre Migración y Asilo supone continuar en la misma línea, es decir, con "una política basada en los retornos, reforzando el papel de Frontex" e imponiendo "la responsabilidad de la acogida al primer país de entrada", sin ofrecer soluciones basadas en una solidaridad compartida.

"Al no definir un mecanismo de reparto obligatorio, el supuesto sistema de solidaridad entre países se queda convertido en un menú a la carta que permite a los estados del norte de la UE convertir a los países del Mediterráneo en el parapeto de las llegadas y acogidas", ha lamentado Galán.

Vaya por delante que lo de charnegos lo escribo irónica y cariñosamente y, para los pocos que no sepan lo que esta palabra significa, les recordaré que así llamaban irónica y despectivamente en los años sesenta a los inmigrantes que llegaban a Cataluña, procedentes del resto de las regiones españolas, mayoritariamente de Andalucía.

Y no solamente los catalanes de pura cepa empleaban ese calificativo, sino también los mismos inmigrantes con sus demás prójimos.

¡Qué ironía!

Seguramente pensaban que así ellos subían un peldaño en el escalafón y se acercaban un poco más al estatus de catalán, catalán genuino.

Yo me pregunto, ¿de qué tendría que sentirse orgulloso cualquiera por ser genuino? Pero lo mismo me pregunto de los demás naturales de las distintas comunidades, de españoles, polacos americanos o alemanes. Quizás estos últimos, ante la patente barbarie cometida por los nazis no hace tanto, sean los únicos, exceptuando los pocos descerebrados que aún les quedan, que no se sientan orgullosos de su nacionalidad.

El siguiente escalón en el escalafón para los charnegosfue el del independentismo, en el que ya se volvieron “más papistas que el papa” y superaron con creces al propio Pujol y su prole, que utilizaban lo del independentismo según soplaba el viento para, bajo cuerda, forrarse descaradamente, como se ha ido demostrando fehaciente y lentamente en sus consecuencias.

Curiosamente, en mis tiempos de joven emigrante, conocí a muy buenos amigos catalanes (también emigrantes) y que no parecían para nada independentistas, que me aclararon muy bien por qué dos hermanos no podían remediar el hablar catalán entre ellos, lo mismo que para mí era imposible hablar con mi hermano de otra manera que no fuera en andaluz fullero, aunque los dos sabíamos el alemán.

En Alemania conocí a una niña cuatro años más joven que yo, que había sufrido lo de sentirse charnega y descendiente de andaluces en Barcelona y nuestros primeros tres hijos nacieron en Alemania, y me seguía preguntando, ¿qué culpa o qué mérito tenían ellos de haber nacido en Düsseldorf?

A mi vuelta en Andalucía, entré a trabajar en una famosa empresa catalana y genuina como era Gispert S.A., que a los veinte años terminó siendo americana, después de pasar por ser holandesa.

¿Lo veis, dónde está lo del nacionalismo?

Yo creo, sinceramente, que la mayoría de los charnegos independentistas tendrían que hacérselo mirar seriamente o ir al psicólogo y dejar esa quimera de ser catalanes genuinos como los Pujol, que no querían emparentarse con los charnegos… ¡A no ser que quisieran ser tan millonarios como ellos, aunque fuese de la misma manera…! Un remedio muy eficaz para curarse de ese mal del nacionalismo sería emigrar unos añitos a Senegal, por ejemplo, y tener que volver a Europa en patera…

Seguro que quedaban curados ipso facto de ese mal.

Juan Priego Romero es socio de infoLibre

Los recuerdos tienen un valor incalculable para la mayoría de las personas, como también para muchos animales, entre los cuales el máximo exponente quizás sea el elefante, del que hoy sabemos su gran capacidad para recordar elementos vitales para su subsistencia.

En los humanos, gracias a su mayor inteligencia (con excepciones), se ha visto como paulatinamente esa capacidad natural se ha ido atrofiando, sustituyéndose poco a poco por la enorme evolución de los adelantos y la tecnología.

A pesar de todo, el ser humano no pierde esa maravillosa sensación de emocionarse con los recuerdos, tanto a nivel personal como colectivo, de cultivarlos y de trasmitirlos a través del habla y la escritura, si bien éstas van siendo también superadas por esos adelantos tecnológicos que no paran.

Yo tengo que reconocer que los recuerdos me apasionan conforme voy a mayor y que los tengo desde una edad difícil de creer que sea posible. Quizás sea gracias a mi abuela materna María, que me cantaba canciones y me contaba cuentos, los mismos que le oía contar a mis hijos y nietos, con su maravillosa memoria y bondad.

Cuando terminó mi etapa de emigrante, en la que también nos acompañó mi querida abuela, a la que ya había convertido en bisabuela, y ya rozando los treinta años, empecé a ordenarlos y escribirlos junto con los de aquellas personas que me acompañaron en el camino, enriquecidos con anécdotas, retratos con palabras y con fotografías y pudiendo constatar el gratificante efecto que producen también en los demás.

Así empezaba mi primer libro, que escribía a finales del siglo veinte sobre los recuerdos de mis vecinos y amigos de nuestro querido y añorado barrio cordobés, a pocos años después de la fatal posguerra civil en España:

A mis libros de Historias

Libros que contáis historias

de tiempos que ya pasaron

y son muchas las memorias

que siempre las recordaron.

Recién salidos de imprenta

con hermosos contenidos

que tendremos siempre en cuenta

de nuestros seres queridos.

Ya sois de papel con alma

vais a distintos destinos

e iréis repartiendo calma

andando nuevos caminos.

Os tratarán con afecto

o tal vez con frialdad

siempre seréis instrumento

que fomente la amistad.

Ya veremos algún año

la suerte que habréis tenido

sí os tienen como oro en paño

sin caer en el olvido.

A cada libro editado

le deseo de corazón

que lo lean con agrado

y que dé satisfacción.

******

Y seguía…

Una historia que empieza en los años cuarenta del siglo XX y la escribe uno de sus protagonistas en los primeros años del siglo XXI, con la ayuda de la última tecnología como ordenadores, escáner y fotografía digital y con la colaboración de varios amigos y amigas, también protagonistas de esta historia que nunca se acaba…

El escritor, basado principalmente en sus experiencias y recuerdos personales desde niño y con una amplia memoria histórica, describe y retrata personajes reales y anécdotas, que reflejan fielmente lo que podría ser la historia de la inmensa mayoría de los críos y mayores de aquella época de la posguerra de 1936 en España, del hambre, la miseria, la escasez de todo y el estraperlo en los primeros años de la larga Dictadura del general Franco y de la emigración.

También es, sin duda, la historia de la amistad y del cariño, del ingenio ante las necesidades, de la sexualidad reprimida o de la fraternidad y la alegría como una manera de resistir mejor las adversidades, propiciada por la estrecha convivencia en aquellas casas de vecinos, con patios y servicios compartidos y veladas en común al aire libre y al fresco de las noches de la mayor parte del año, en aquellas inolvidables tertulias a las puertas de las casas, sentados en sillas de aneas o simplemente en el suelo de espaldas a la pared.

Todas las vidas tienen su encanto, con sus historias que dejan innumerables recuerdos, unos más frescos y otros no tanto, pero dispuestos para aflorar en cuanto se les ayuda lo más mínimo, enlazándose con los demás.

Todas son dignas en sí mismo y son únicas y entrañables por haberse desarrollado de una determinada manera, cuando pudieron haber sido de incontables formas diferentes.

Cada una lo es en función de sus circunstancias, del azar, de los pensamientos de cada uno, de sus sueños y fantasías, de las amistades con las que se relacionaron, de las lecturas que practicaron y de un sinfín de factores que rodean a cada ser, desde el momento en que nace, para ir forjando su propia historia, un verdadero tesoro de valor incalculable.

Nadie debería comportarse de manera altiva por determinados logros que haya podido conseguir a través de su particular camino por la vida y tendría que reconocer por lógica, la imposibilidad de controlar y menos aún dominar, toda esa infinidad de factores y circunstancias, que determinan el aparente éxito o fracaso, que por otra parte no suele ser definitivo como se desprende de antiguas y modernas historias reales.

Me gustaría haber leído más a los clásicos filósofos de siempre para poder citar con propiedad sus ilustres pensamientos, pero me conformaré por exponer los propios, animando a todos para hacer lo mismo, utilizando esa lógica natural que el ser humano posee.

Con ella, cada cual podrá entender y valorar mejor su propia historia, sus recuerdos, sus vivencias y el entorno que le rodea y con su propia fantasía podrá imaginarse ese futuro, siempre incierto que la vida nos pueda deparar, sin caer en la trampa de tanto iluso, futurólogo o vividor que pretenda predecirlo con mejores o peores intenciones.

Lo que sí es verdaderamente inamovible y valioso es nuestro pasado, además de entrañable, con esa perspectiva que nos da el tiempo al pasar, rodeando a las historias y personajes con un halo de nostalgia y cariño, que lo hace todo incluso más bonito de lo que pudiera haber sido, haciendo maravillosos los recuerdos del pasado de cada uno, más aún si estos son compartidos por igual por muchos, que así se sienten unidos por lazos de verdadera amistad y cariño.

Se puede constatar fácilmente cuando esto sucede, que nadie pone en duda esta riqueza personal y colectiva y que todos se emocionan por igual con esos recuerdos colectivos que los unen con aquellos tiempos, que pasan a ser sencillamente maravillosos…

A continuación, cuento una de las innumerables historias que de mi barrio se podrían contar; tantas como las vividas por cada uno de los vecinos que allí se criaron en las distintas épocas.

Esta es la mía personal, la que yo viví y como la llevo en mis recuerdos de infancia y juventud, más hermosa y mejor con el paso de años, como los buenos vinos.

Así lo terminaba en el 2007:

Recuerdos

Mucho escribo de recuerdos

que por mi mente pasean

poco de los sentimientos

que escondidos se recrean.

Cuando pienso en el motivo

si es que alguno ha de existir

me pregunto si yo escribo

para volver a vivir.

Al final yo me respondo

que a mí lo mismo me da

que el sentimiento es tan hondo

que estará bien donde está.

Pero en cambio las historias

que nos unen al amigo

yo las cuento en mis memorias

y las comparto contigo.

Juan Priego Romero es socio de infoLibre

Mientras Alemania avanza en su plan de desconfinamiento para reactivar la vida y la economía, a pesar de los profundos estragos por la dureza del covid-19, la comunidad española se vislumbra como una de las poblaciones más afectadas para encarar lo que viene tras la pandemia.

"Lo que me sorprendió mayormente de esta pandemia fue el sentido de pertenencia a Alemania que manifestaron muchos españoles que viven en el país. Incluso cuando la situación se puso muy fea, hubo mucha solidaridad. 'Esta es mi segunda patria', me decían. Ha sido una buena señal en medio de una catástrofe".

El coronavirus está destruyendo la vida que con mucho esfuerzo muchos españoles se han construido en años de trabajo y sacrificios en Alemania. Pero también hay muestras de fuerte resiliencia a las adversidades.

El momento es complicado. En el momento de escribir estas líneas, Alemania ya se encuentra en un estado avanzado de su desconfinamiento. Gran parte de la actividad económica está interesado en la reapertura, pero también se empiezan a calcular daños y a hacer balances, en un país que se prepara a afrontar una gran recesión económica. Y los emigrantes españoles, una significativa comunidad entre los migrantes que viven en Alemania, corren el riesgo de ser unos de los grandes afectados.

"El impacto fue devastador para mi familia.Uno de los reclamos que están empezando a llegar es el de personas que ya no sabemos cómo pagar las deudas que tenemos con entidades financieras. Por nuestra condición de migrantes, muchos no podemos acceder a préstamos bancarios y he tenido que recurrir a estas entidades que dan préstamos a tasas de interés elevadas". Lo vivi en mis carnes.

"A largo plazo, el riesgo es el de caer en listas de morosos o que, si tenemos nómina nos embargan las cuentas bancarias ,  nos incauten bienes quedando en la precariedad , Por eso es importante que pidamos ayuda, pero no siempre lo hacemos ". No es el único escollo al que se debe enfrentar la comunidad. A causa de que muchos no tienen un dominio perfecto del alemán y de que carecen de hogares dotados de buenas herramientas tecnológicas y acceso a internet, solo un número limitado de españoles lograron sortear adecuadamente la burocracia alemana y obtener las ayudas que el Gobierno ha entregado en estas semanas a la población .

Rosa María, una psicóloga que vive desde hace 40 años en Solingen, y que desde marzo coordina un servicio en internet de atención psicológica que se abrió para brindar apoyo a migrantes españoles en esta localidad del norte del río Rin, dibuja un escenario aún peor. "Aquí en Solingen la crisis sanitaria ha sido mucho más fuerte que en el resto del país, así que las consecuencias sobre la comunidad también han sido más duras. Muchísima gente que trabajaba en la restauración, pero también cuidando a ancianos y en tareas domésticas, perdieron sus trabajos. Y algunos incluso ya no tienen una vivienda, por lo que ahora viven de la caridad de organizaciones humanitarias locales", cuenta Rosa María.

"El impacto fue devastador, sobre todo para las personas sin documentos", reitera Rosa Maria.

Doble desprotección para los migrantes sin permiso de residencia. Estas cifras, sin embargo, no incluyen la desconocida cifra de migrantes sin permiso de residencia, un colectivo casi invisible que, con la pandemia, se ha quedado en un estado de doble desprotección. Peor aún, según fuentes consultadas para escribir estas líneas, han sido las situaciones sufridas por aquellas comunidades que provienen de países latinoamericanos. Por otra parte, hasta la fecha, las autoridades alemanas no han proporcionado cifras oficiales sobre el número de españoles infectados y fallecidos por covid-19, y una petición enviada por el colectivo no tuvo respuesta por “razones de privacidad”.

La pandemia en Alemania parece estar exacerbando las desigualdades ya existentes en los países del sur Europa .

El mismo discurso también vale para los que quedaron varados en el país y han sido repatriados. Muchos de los que siguen en Alemania son personas que o no han podido pagar el alto coste de un pasaje de solo ida a sus países de origen o proceden de países que han efectuado limitados vuelos de repatriación.

Y no todos los que han querido irse de Alemania eran turistas. “Entre los repatriados españoles hubo también numerosos deportistas, en particular jóvenes futbolistas que trabajaban para pequeños clubes, cuyos contratos no fueron renovados y que se habían quedado sin medios de subsistencia”, según la cónsul de España en Alemania.

Las ONG en Alemania establecen puntos de reparto de comida gratis para universitarios que han perdido ingresos y las universidades ofrecen menús a un euro en las cantinas.  La primera vez siempre es difícil. Verse en una fila junto a decenas, a veces centenares de personas, esperando bajo el frío y la oscuridad para recoger una bolsa con comida resulta chocante para muchos. Pronto se acostumbran y para algunos ya es una rutina.

“No tengo otra opción”, decía hace unos días Diana, estudiante de Artes Escénicas de 23 años y española de Valladolid, mientras hacía cola, como cada semana desde hace meses, junto a otro medio millar de estudiantes ante un centro de reparto de alimentos en colonia . “La bolsa con alimentos me da para comer bien dos días, tres máximo. Es una ayuda formidable”, reitera Diana.

Las colas de estudiantes ante puntos de distribución de alimentos gratuitos se han convertido en Alemania en rutina cotidiana.

“Siendo estudiante, es un poco difícil pagarse el alquiler y alimentarse”, resume mi hija Yhasmin Mateos, de 20 años, y alumna de segundo curso de idiomas en la Universidad de Colonia . “Ahora mismo es difícil encontrar trabajo. Yo tengo suerte porque mi familia me ayuda, pero el nivel de vida en Alemania es alto, e incluso encontrar un apartamento es complicado en Colonia; al mes necesito 100 euros de transporte, la matrícula de la universidad cuesta 8.000 euros al año. Con gastos y demás, necesito más de 11.000 euros, y eso que vivo con mis padres".

Algunos están aquí porque se han quedado sin los empleos imprescindibles para pagar el alquiler o comprar en el supermercado. Otros, veinteañeros que empiezan a volar solos, son reticentes a pedir dinero a los padres, o buscan una alimentación más variada que los “días y días”, como dice mi hija Yhasmin, de pasta y arroz. El reparto, organizado por la asociación , ofrece, dos veces por semana, un paquete con platos cocinados con carne o pescado y fruta y verduras. En los paquetes hay comida sobrante que, si no se distribuyese de los supermercados donantes, iría a la basura, y también platos cocinados por chefs de restaurantes cerrados por las medidas contra el coronavirus.

José Mateos Mariscal es socio de infoLibre

La opinión pública no les presta atención en España, pero de este problema lleva hablándose desde hace al menos tres años: en 2019 se movilizó incluso la televisión, interesada en saber por qué miles de jóvenes españoles malvivían en cámpings insalubres de Países Bajos. O en por qué muchos no solo no ahorraban dinero sino que tenían que pagar a su ETT más de lo que ganaban en el sector logístico. El nuevo fenómeno migratorio hacia Holanda empezó en la anterior crisis (2008-2014) pero se ha exacerbado en los últimos años por la digitalización del sector -un monstruo en Holanda- y, últimamente, por el covid-19 que ha disparado el e-commerce a niveles inimaginables. Hoy el 90% de los productos que consumimos pasa por un almacén, según el sociólogo David Gaborieau, y eso tiene consecuencias laborales terribles para decenas de miles de españoles en el país de los tulipanes. 

Proliferan quejas de veinteañeros atraídos por promesas de un sueldo decente que al final se queda en migajas, de trabajadores españoles que cambian semanalmente de alojamiento de manera forzosa, de episodios puntuales de violencia, de despidos sin motivo aparente. Se dan problemas con la inmigración polaca -que llegó antes que la española-, episodios racistas con superiores holandeses (muchos se refieren a los españoles como "manitos") y casos de gente que se larga a Holanda a vivir con la promesa de que empaquetaría productos y está en casa sin trabajar y sin cobrar. 

Por el contrario, están quienes denuncian jornadas extenuantes de 18 horas sin descanso con achaques para la salud o llamadas para incorporarse al trabajo con media hora de antelación. Y planeando sobre la organización laboral de los contratados vía ETT, hay incluso un algoritmo llamado Isabel que mide el rendimiento de los expatriados de forma arbitraria, y en consecuencia decide su despido si considera que la productividad es baja. Todo este mejunje ha sido recogido en un monumental trabajo sociológico publicado el pasado mes de noviembre por la Fundación Primero de Mayo, de CCOO: Bienvenidos al Norte: Explotación de la nueva emigración española en el corazón logístico de Europa. Un epicentro marcado por el Puerto de Rotterdam, el más grande de Europa. 

infoLibre ha contactado con los autores del documento, coordinado por el profesor de la Universidad Complutense Pablo López Calle; con la embajada española en Países Bajos, que ha tomado conciencia del problema y habilitó en mayo un apartado en su web titulado Cuidado con las ofertad de empleo a través de Empresas de Trabajo Temportal (ETTs) en Países Bajos; con varias Empresas de Trabajo Temporal denunciadas por explotación, como Covebo o T&S o Team Tempo, que no han respondido a este medio. Y con una quincenade afectados españoles, a los que eufemísticamente se denomina flexworkers, llamados en su día por los cantos de sirena de un buen salario en un país de tradición abierta y liberal. Muchos de los testigos no han querido hablar y otros han pedido después que se les cambie el nombre por miedo a represalias. Y otros, que se borre directamente el testimonio que habían prestado horas antes.

Las ETT mencionadas trabajan con multinacionales: Bol.com (el Amazon holandés, nueve millones de usuarios al año), Ingram Micro o Solvus. Para agravar la presión logística, Amazon acaba de construir su gran centro de distribución en la frontera germano-holandesa -sexto en Europa- y el gigante chino AliBaba construirá en Lieja (Bélgica) su centro de logística, el EWTP (Electronic World Trade Platform), la primera plataforma de e-commerce de Europa. 

El estudio cifra en 50.000 el número de residentes españoles, censados o no. El hecho de estar registrado en un ayuntamiento es un trámite crucial para obtener derechos como el acceso a la Sanidad, un problema recurrente entre los expatriados. Porque mucha gente está sin registrar, una práctica ilegal que fomentan las agencias de colocación al cambiar permanentemente de alojamiento a los expatriados, de manera forzada y de cámping en cámping. El informe de la Primero de Mayo cita un artículo de prensa que dice que Holanda no tiene localizados a 2,3 millones de trabajadores inmigrantes. La mayoría de la comunidad española pasará allí la Navidad porque es el periodo en que la logística está en su apogeo. 

El de los españoles es "un colectivo del que no se sabe prácticamente nada respecto de los motivos de la migración, sus condiciones de vida y trabajo, su integración social y sus intenciones", cita el estudio a partir de la encuesta The New Immigrant Survey del año 2018 en Holanda. Tan grande es la comunidad que, en los sondeos sobre nuevas tendencias migratorias, las nacionalidades china y marroquí se han caído de las encuestas y se ha incluido la española. Por delante solo hay polacos, turcos y rumanos, si bien la población procedente de Marruecos, Surinam o Antillas Holandesas (las dos últimas ex colonias) copan el grueso de los migrantes.

Los problemas se dan nada más llegar. Erica llegó procedente de Valencia en 2017, siguiendo los pasos de su amiga Rosa. Ambas tenían Bachillerato y apenas 20 años. "El contacto español de la ETT (Covebo) me dijo que me recogería en el aeropuerto de Schipol, Ámsterdam", cuenta la primera. "Antes de embarcar, de repente me envía un WhatsApp diciendo que no podría ir a buscarme y me adjunta los siete enlaces de tren que me llevarían a un pueblo perdido. Al sexto tren me perdí y pagué 200 euros por un taxi". Al llegar no tenía cama y tuvo que dormir en un sofá en la habitación compartida de su amiga. El contacto español -que Erica identifica pero pide no dar su nombre- introduce una nueva figura: la del explotador al servicio de las ETT que se mueve al filo de la legalidad explotador entre ambos países.

La nueva servidumbre capitalista

A partir de aquí, ambas describen una movilidad laboral y residencial desquiciante. "Saltabas de una empresa cárnica a hacer cualquier otra cosa relacionada con la logística. Teníamos problemas de espalda por el frío que hace en los almacenes. Llorábamos al ver nuestras nóminas". Contactaron con un abogado porque al cobrar "te quitaban impuestos que no existían". Sobre el alojamiento, empezaron en un "bungalow en un cámping relativamente decente" que compartían con otros inmigrantes. Luego, cada semana les trasladaban a un cámping peor ("camas sin sábanas", "casas marcadas por una cruz roja para identificarnos") hasta que finalmente les alojan en un psiquiátrico abandonado en medio de la nada, sin Internet y completamente deteriorado. Convivían una quincena de personas, polacos y españoles, y relatan casos de violencia de género entre los polacos. 

Para López Calle, que la explotación masiva a trabajadores españoles no haya causado aún un revuelo sigue siendo una "incógnita". "Con la logística hay una gran aceptación por parte de la opinión pública: al abaratarse los costes, hay una sensación de participar del beneficio al comprar. Es un poco como criticar el modelo laboral de los rider y encargar comida para llevar a un mensajero precario en su bici, no deja de ser una contradicción social", razona. El equipo investigador hizo varias estancias en Países Bajos durante un año y medio.

Antonio Pedreño, profesor de Sociología de la Universidad de Murcia y co-autor, detalla la experiencia de ver funcionar el puerto de Rotterdam. "Al final del dique entraba a puerto un inmenso buque lleno de containers, un Maesrsk clase Triple E, de los más grandes del mundo, equivalente a varios cientos de camiones trailer". El problema viene después porque, una vez se descargan, las mercancías pasan a los numerosos centros de logística en un radio de 70 kilómetros alrededor de Rotterdam, que es donde principalmente faenan los españoles.

"Quienes distribuyen esas mercancías por media Europa parece que no existieran", denuncia Pedreño. "Carecen de política migratoria, son trabajadores desafiliados malviviendo en cámping o albergues, o en el mejor de los casos, alquilados en viviendas compartidas, y siempre, siempre esperando que ese día los llamen a trabajar. Son una nueva servidumbre bajo mando capitalista".

A puñetazos en zonas comunes

La Consejería de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social de la Embajada de España en Países Bajos recibió 102 quejas en 2019, "la mayoría relacionadas con problemas laborales", revelan en el organismo. "Los españoles se quedan con una idea falsa, que les van a pagar 1.600 euros", dicen fuentes del Ministerio de Exteriores consultadas por este medio. "Luego vienen por ETT, se les aloja en varios sitios, se les quita dinero por todos lados de la nómina y se frustran", agregan estos consultados. En ocasiones les sale a pagar dinero a la empresa. "La realidad es que en ningún momento las ETT te garantizan que vayas a trabajar 40 horas semanales y a las nóminas les dan luego un tijeretazo que les impide ahorrar".

Los datos de la Embajada arrojan unos 49.000 españoles inscritos y otros 5.000 que no lo han hecho ante ningún ayuntamiento. Varias fuentes confirman que muchos de los españoles recientemente instalados en Países Bajos son ciudadanos de origen venezolano con nacionalidad española, confirmando el auge de la inmigración venezolana en los últimos años. 

El desahogo de muchos españoles se produce en páginas de Internet: "Me vine hace mes y medio a trabajar a una ETT. Me prometieron coche para desplazarnos al trabajo pero no me dieron nada. A mi y a otros nos metieron en unas habitaciones compartidas y llenas de mierda, con uno de recepción súper racista con todo lo que no fuera raza aria", contaba recientemente un usuario en Facebook. "Hemos tenido que aguantar peleas a puñetazos en zonas comunes de hoteles, residencias o cámpings. Y cualquier excusa es buena para dejarte en la calle, como me ha pasado a mi: entraron de noche en los cuartos sin avisar y me pillaron una bolsita con dos petas. Estamos en un Airbnb desde hace semana y media, pero nos piden 2.500 euros por quedarnos en diciembre, una locura...  Si alguien sabe de alguna habitación o estudio asequible, por favor, háganmelo saber".

Los autores del estudio han hablado con casi un centenar de expatriados. Uno les cuenta su experiencia en los bungalow:  "El grupo de seguridad [del cámping] era totalmente atroz. Yo no fumo pero recuerdo un chaval que conocí en el siguiente camping que era argentino, que fumaba y le pillaron fumando un porro, fuera de su vivienda. Y paliza y al hospital directamente. Una cosa tremenda". El profesor Pablo López Calle afirma tener documentados "casos de brotes psicóticos y consumo de ansiolíticos por el nivel de incertidumbre sobre si me llamarán o no, no saber con qué personas vas a convivir… ".

El algoritmo que juzga la desmotivación

Cristian Bailén, ex trabajador de la agencia T&S y creador del grupo de Facebook, Españoles en Tillburg (más de mil seguidores), sufrió en sus carnes a las agencias de colocación antes de regresar a España y poner rumbo a una vida mejor. "La High Season (temporada alta) es a partir de septiembre y alcanza su pico en noviembre-diciembre. A partir de enero, solo consiguen quedarse o quienes hablan inglés o quienes trabajan mucho y bien. Estos últimos pueden encontrar buenos trabajos. La mayoría, el 90%, termina regresando a España". Bailén apunta a lo que para él es el gran obstáculo: "Si no te registras, no puedes afiliarte a un sindicato, no puedes acceder a la Sanidad. No estás, en definitiva, en Holanda. La ley holandesa dice que tienes que ser informado de la opción del registro en el lugar donde te ofrecen trabajo. Eso no ocurre y te mueven de un lado para otro. Las autoridades españolas no hacen nada". 

El algoritmo Isabel mide la productividad de los trabajadoresIsabel . "El algoritmo que gestiona la vida laboral es Big Data que opera con memoria acumulada", explica el profesor López Calle. "Se basa en funciones matemáticas que toman decisiones en función del recuerdo de anteriores decisiones empresariales, incluidos los despidos. Juzga la desmotivación o la disciplina. Es racionalidad económica pero no empresarial. Se despidena trabajadores con ratios de productividad muy altos, porque la lógica de Isabel se mueve en el corto plazo".

Hay opiniones alternativas a la explotación. Marcos, que ha llegado a alcanzar rango de jefe o coordinador, dice estar "harto de ver a españoles con bajo nivel de inglés y que lo quieren todo hecho". "A la oficina me vienen quejas de todas las maneras, pero es cierto que hay problemas con los reclutadores en España que se traen a la gente a Holanda. La gente firma los contratos con las empresas sin leerlos antes y se convierten en flexworkers, personal disponible las 24 horas para lo que la empresa necesite".

La diferencia de Marcos con la mayoría es la cualificación: él tenía estudios universitarios y experiencia laboral en distintos países, lo que le permitió asimilar el ritmo y obtener unos ingresos. "He visto barbaridades, es cierto. Casos en los que el reclutador no estaba en contacto con la agencia en Holanda, envía gente y la deja tirada en Eindhoven. O una agencia que cogió a varios trabajadores y los metió en un almacén con colchones, un caso que terminó en juicio". Según este coordinador, "en Holanda se quedan un 2% de los que vienen".

El febrero de 2019, El País reportó la situación y contactó con un reclutador en España: "Llevo cinco años mandando gente a Holanda. Emigrar no es fácil", decía esta persona de los emigrados. "Pero algunos no acuden al trabajo, se drogan con marihuana y llegan a conducir en ese estado. Se les aloja en casas en las ciudades y en algún camping, pero pocos".

Ciudades impersonales

El informe de la Fundación Primer de Mayo aborda el problema global de la logística, y sitúa el "punto de partida" en 1975 en el G-6, la primera reunión de líderes de las economías mundiales celebrada en el Castillo de Rambouillet. En aquella discusión, en plena crisis capitalista, el entonces canciller alemán Helmut Schmidt tomó la palabra y aventuró lo que sucedería casi medio siglo después: “Dados los altos niveles de salarios en Europa, no puedo evitar creer que, a la larga, la industria textil tendrá que desaparecer. Los salarios del Este de Asia son muy bajos comparados con los nuestros. La industria textil alemana es viable, pero desaparecerá en diez o doce años”.

Desde entonces, Los centros de producción manufacturera se han ido deslocalizando a Asia de manera frenética mientras que los centros logísticos se han hecho fuertes en Europa. "Las viejas fábricas fordistas abandonarían el norte de Europa con destino al sudeste asiático. Los salarios bajos y los avances tecnológicos posibilitarían la producción de ingentes cantidades de mercancías que serían transportadas hacia Europa a través de los grandes barcos cargados de containers", resume el informe de CCOO. 

Como consecuencia de lo anterior, la morfología de muchas ciudades está cambiando rápidamente en torno a lo que se conoce como Northern Range europea: los puertos de Dunkerque, Zeebrugge, Gante, Amberes, Amsterdam y -el más importante- el puerto de Rotterdam debido a la velocidad que se exige al transporte (just in time) y a los hábitos de consumo, cada vez más fundados en comprar online. La creación de hubs logísticos ni muy cerca ni muy lejos de los grandes puertos multiplica el tamaño de las ciudades a base de polígonos impersonales dotados de enormes almacenes, algo que no es exclusivo de Europa: en el Corredor del Henares, Zaragoza, Vitoria, Miranda de Ebro o la Provincia de Jaén el monstruo logístico no para de crecer. Sus consecuencias serán impredecibles. 

Cambio a mejor

La irrupción del covid-19 a comienzos de 2020 cambió un poco la situación. A mejor, detallan en la Embajada en La Haya. "El Gobierno de Países Bajos se puso en contacto con nosotros para repatriar lo antes posible y en las mejores condiciones a los empleados españoles, sobre todo a los que no tuvieran un contrato fijo ni los medios de aguantar en el país". Algunos testigos de esa operación relata que las autoridades de ambos países "se pusieron las pilas" para evitar males mayores. 

Los sindicatos holandeses se están haciendo eco de la situación, y la Federación de Sindicatos Neerlandeses (FNV, en el idioma local) ha tomado nota y está contactando con inmigrantes españoles para que se afilien y dispongan de los servicios de las organizaciones en defensa de sus derechos. Paralelamente, el diputado del Partido Socialista (SP, ideológicamente más cercano a Podemos que al PSOE) Emile Roemer ha presentado un informe ante el Parlamento de los Países Bajos para estrechar la vigilancia sobre las agencias que contratan trabajadores extranjeros para operar en el sector logístico. Según Roemer, "se dan casos en los que varios trabajadores son hacinados en una habitación. Esto tiene que terminar ya". 

La emigración española pelea por volver a casa estas navidades. Y no lo tiene fácil. Los residentes en el extranjero se enfrentan a una serie de requisitos que consideran "prohibitivos" y "clasistas" para poder regresar con sus familias en estas fiestas. Encaran, además, una "presión psicológica" difícil de gestionar. Mientras la movilidad entre las comunidades quedará permitida por motivos de "reagrupación familiar", esas razones de peso quedan condicionadas para quienes residen en el extranjero.

Desde el pasado 23 de noviembre, toda persona que se encuentre en un país de riesgo –el listado incluye 65 territorios– deberá contar, si quiere retornar a España, con una PCR negativa realizada las 72 horas previas al viaje. El certificado que acredite ese resultado deberá estar en inglés o español, y tendrá que contar con los datos del pasaporte o DNI de la persona. Se trata de requisitos inapelables para quienes viajen por vía aérea o marítima, pero no para quienes decidan trasladarse en tren, autobús o coche.

De frustración habla Alba Fernández. La joven de 29 años llegó a Brighton (Inglaterra) hace tres años y medio. Trabaja en el sistema nacional de salud del país y mira con preocupación la vuelta a su Noia (A Coruña) natal. En su caso, trabajar como sanitaria le obliga a someterse a pruebas de antígenos dos veces por semana. "Están dando negativo, pero si quiero viajar a España esa prueba no me vale", lamenta. Alba dice entender la prudencia, pero reprocha los excesivos requisitos: "Entiendo que pidan pruebas por seguridad, pero no nos lo pueden poner imposible".

Alba conoce "un par de compañías privadas que ofrecen las pruebas", pero conseguirlas cumpliendo con todas las condiciones dictadas no es tarea sencilla. "Hay que pedirla por correo, pero no te aseguran cuándo van a llegar los resultados". Además, lamenta, "te piden que la pagues por anticipado", de manera que si los resultados no llegan a tiempo o si se produce un cambio en el vuelo, el dinero se pierde. En el aeropuerto de Gatwick, existe la posibilidad de someterse a una prueba que oscila entre las 60 y las 100 libras, en función de si el vuelo sale o no desde allí, pero en otras clínicas privadas rondan las 150 o 200 libras. "Se me quitan las ganas de ir, es un estrés que no es normal", reconoce al otro lado del teléfono.

Guadalupe Cañas, residente en Leiden (Países Bajos).

Guadalupe Cañas también ha buceado entre los laboratorios privados que ofertan pruebas. Vive desde hace cinco años con su pareja a las afueras de la ciudad holandesa de Leiden, entre Ámsterdam y La Haya. La cántabra de 27 años cursa actualmente un Doctorado en Física Teórica y ya cuenta con los billetes a su ciudad. "Tenemos vuelos para el día 26 de diciembre, pensábamos ir y quedarnos hasta después de reyes", comenta en conversación con este diario, "pero ahora se complica bastante". En Países Bajos, explica, la política general es que cualquier persona con síntomas o todo contacto estrecho de un positivo puede acceder a una prueba gratuita. Pero no es tan fácil para quienes no cumplan con estos parámetros. "Sólo te queda la opción de ir al mercado privado, que es muy especulativo: los laboratorios privados han subido los precios por el aumento de la demanda". Entre las opciones más baratas y las más costosas, los precios pueden ir de los 120 a los 230 euros, señala la cántabra. "Nosotros somos sólo dos, podríamos asumir el gasto extra, pero en el peor de los casos podríamos ponernos en casi 500 euros, son palabras mayores". Una suma económica que pesa más al carecer de resultados garantizados en el plazo requerido.

La mayoría de los laboratorios, además, comunican los resultados "online, en holandés y sin datos del pasaporte o DNI". Como ocurre en otros territorios, el colapso hace difícil conseguir cita. "Y cuando la consigues no se atreven a asegurarte margen de tiempo". En su caso, ocurre además que el límite temporal se cruza con varios festivos de por medio: el 25 y el 26 de diciembre.

Lara Camargo, residente en París (Francia).

Lara Camargo tiene 36 años y reside en Francia desde el año 2013. Actualmente trabaja en una librería parisina y aunque sí ha planificado su viaje de vuelta a casa, todavía no ha dado el paso de comprar los billetes. "Hace siete años que no voy a España en Navidad, no he podido por trabajo", lamenta. Este era el año. "Mi madre es una persona mayor, no quiero que sea ella quien se mueva", así que la madrileña había pensado en pasar algo menos de una semana en la capital.

En el caso del país vecino, la sanidad pública se encarga de realizar las pruebas sin ninguna limitación. Sin embargo, la incertidumbre en torno a los plazos sigue ahí. Lara ha pedido cita dos días antes de su partida en un laboratorio que el Gobierno ha instalado en el aeropuerto porque "se supone que lo hacen en inglés". Es la única opción viable que ha encontrado y sin embargo arrastra incertezas: "No sabemos si constará DNI o pasaporte, porque normalmente sólo te piden la tarjeta sanitaria, así que tendremos que pedirlo y esperar a que el laboratorio acceda".

Alba Fernández, residente en Brighton (Inglaterra).

Alba ha decidido, por el momento, comprar sólo el billete de ida. De perderlo, únicamente se esfumaría una parte del dinero invertido. "Psicológicamente esto nos está machacando a nosotros y a las familias", confiesa afectada. "Es una medida clasista y aunque entiendo que quieran contar con garantías, no es que pidan que vayas limpio, es que nos están pidiendo que no vayamos". En su caso, además, Reino Unido iniciará los procedimientos para proceder a la vacunación próximamente, y el personal sanitario es prioritario. "¿Si me vacunan, entonces necesitaré PCR?", se pregunta la gallega, quien relata el miedo también de sus allegados. "En Galicia están mucho mejor que aquí, pero yo les escucho el miedo en la voz, están aterrorizados con todo y no puedes hacer nada".

La presión que expone Alba ha hecho que algunos españoles sopesen alternativas, como volar hasta Portugal y coger carretera. Otros se plantean volver al país en tren o autobús, pero no siempre es una opción viable para todo el mundo. "De París a Madrid en coche serían dos días de viaje: una vez más es discriminatorio", sentencia Lara.

Algo así señala también María Almena, española residente en Francia y portavoz de Marea Granate. En su caso, la vuelta a Toledo es para tres: ella, su pareja y su hija de dos años y medio. "Con una niña pequeña, no puedo estar dos días de viaje en coche", lamenta. Sólo le queda buscar un laboratorio y arriesgar, lo que puede conllevar, si sale mal, multas de hasta 6.000 euros6.000 euros. Tampoco entiende el requisito del idioma: "El francés es lengua oficial de la Unión Europea" y en cualquier caso, la frase fundamental, relativa al resultado diagnóstico, es fácilmente entendible en cualquier idioma, defiende.

María Almena recuerda que el Consejo de Europa recomendó, el pasado 12 de octubre, priorizar a los nacionales en cuanto al retorno. El organismo demandaba a los países que, en la medida de lo posible, no se privase el paso a los residentes en el extranjero, a los nacionales y a sus familiares y que las pruebas requeridas fueran proporcionales. "España ha decidido ir a la parte más estricta de lo estricto", lamenta la portavoz del movimiento. Y no sólo para estas fechas, recuerda, sino que la "norma parece haber llegado para quedarse".

Emigrantes, no turistas

Una rigidez que, lamenta la emigración española, no se tomó en verano con los turistas. "Nos meten en el mismo saco a turistas y emigrantes", reprocha Alba Fernández, quien insiste en que la única voluntad de quienes residen en el extranjero es poder pasar las navidades con sus familias. "No vamos a pasar las navidades de siempre, queremos estar con los nuestros porque no sabemos cuándo les vamos a volver a ver. Yo me voy a quedar en casa, voy a cumplir".

También Lara Camargo echa en falta una mayor "flexibilidad" con los nacionales. "No somos turistas, somos ciudadanos del Estado", recuerda. La madrileña apela igualmente a la responsabilidad e incide en que ella misma planeaba retornar a su ciudad con una prueba hecha, precisamente porque pasará las fiestas con una persona mayor. "Pero a lo mejor no está en tres días, tendrían que conceder un margen más amplio". También Guadalupe Cañas reconoce que volver a casa con un diagnóstico negativo no será excusa para dejar de ser prudente. "Yo no me voy a atrever a tocar a mis padres", afirma.

La sensación de las voces que residen fuera de las fronteras es unánime: "No les importamos". Para Lara, "no se está teniendo en cuenta que son muchos millones los que están fuera". Guadalupe se reconoce decepcionada: "Nos duele, no entendemos cómo el Gobierno se ha olvidado de millones de personas que viven en el extranjero y que no son turistas".

Marea Granate reclama que el acceso a las pruebas, así como su gratuidad, esté garantizado para toda la emigración española. "Las medidas sanitarias extremas (y ésta lo es) deben garantizar la accesibilidad de las mismas a toda la población en igualdad de condiciones". Ciudadanos ha pedido este miércoles algo parecido a Arancha González Laya, al frente del Ministerio de Exteriores. La formación naranja reclama una modificación de las exigencias legales, con el objetivo de permitir a los españoles emigrados realizar una prueba a su llegada y sin ningún coste. El colectivo de españoles en el extranjero se ha dirigido a cuatro ministerios: Sanidad, Exteriores, Fomento y Derechos Sociales. Por el momento sin respuesta.

Reporteros sin Fronteras (RSF) denuncia los obstáculos impuestos por las autoridades a fotoperiodistas durante las desembarcaciones de migrantes en Canarias. 

El pasado 21 de agosto llegaba un cayuco con migrantes al puerto de Arinaga, en Las Palmas, con víctimas mortales. Emilio Morenatti, fotógrafo enviado por Associated Press, cuenta: “En la delegación del Gobierno, se pasaron el día dilatando una respuesta clara a nuestras preguntas sobre el lugar y la hora en que remolcarían el cayuco. Pese a nuestro ofrecimiento a colaborar de todas las maneras, fueron poniendo pegas y dando largas hasta que trasladaron la embarcación a un lugar muy lejano a nuestra posición, ya de noche”. El periodista subía una foto a su cuenta de Twitter desde la distancia a la que se habían visto obligados a trabajar. 

Desde que Marruecos intensificó su control migratorio, como consecuencia de las aportaciones económicas de España y la Unión Europea, menos barcos españoles de Salvamento Marítimo se adentran en aguas marroquíes. Sin embargo, la ruta migratoria que antes pasaba por el Estrecho de Gibraltar, se ha trasladado a las Islas Canarias, ruta mucho más peligrosa y mortífera que dejó víctimas mortales la década pasada. 

“Es la primera vez que se impide fotografiar de forma tan contundente. Creo que es porque había fallecidos y porque la semana anterior hubo disturbios importantes en un pueblo cercano por la llegada de migrantes en cuarentena debido al coronavirus”, explica el periodista local y colaborador de la agencia EFE, Ángel Medina, “espero que sea la última, pero tengo dudas porque los obstáculos para que fotografiemos no dejan de crecer”, añade.

Las maniobras que utilizó la Delegación del Gobierno en Canarias para entorpecer la cobertura gráfica en este caso, denuncia la asociación, son similares a las usadas en puertos andaluces en años anteriores. RSF ofrece algunos ejemplos: evitar dar datos concisos sobre rescates y desembarcos; elegir lugares de difícil acceso; esperar a que no haya luz para complicar la toma de imágenes; apostar a los periodistas en lugares con poca o nula visibilidad; colocar obstáculos físicos en el tiro de cámara; aducir supuestos protocolos de seguridad, ahora con la excusa añadida de la pandemia…

El fotoperiodista y premio Pulitzer Javier Bauluz, con 25 años de experiencia en la cobertura de flujos migratorios, apunta más alto y afirma contundente que el objetivo del Gobierno español es “hacer un black out a la cobertura de la llegada de migrantes” para que la población “solo reciba las fotos adecuadas para calmar sus conciencias y no recibir información sobre la situación real”. Algunos argumentan que el exceso de información sobre la llegada de personas migrantes solo avivará los argumentos xenófobos a la extrema derecha. Otras contraponen que el Gobierno también tiene intereses en que no florezca información sobre cómo se ha logrado reducir el número de personas migrantes que llegan a España.

Consecuencias de las maniobras de disuasión 

Por un lado, dificultando las labores periodísticas de los fotógrafos, se perpetúa un progresivo silencio de los medios sobre una tragedia que causa miles de muertes, explican desde RSF. También se da un paulatino abandono de la información sobre migración por parte de periodistas locales. Además, las trabas dificultan que siga habiendo periodistas trabajando sobre el terreno si no tienen contenido que ofrecer a las agencias. Javier Bauluz lleva más de dos décadas tratando temas migratorios y nunca había presenciado "tantas trabas", se lamenta.

"Hay una forma muy sutil de lograr que una información molesta deje de darse: poner todas las trabas posibles, hasta que el periodista desiste.”, afirma Alfonso Armada, presidente de RSF España.

En este blog no se ha tratado hasta ahora este asunto pero quienes formamos parte del colectivo Foro Milicia y Democracia no podemos permanecer ajenos a la despiadada realidad que arroja cifras escalofriantes de muertes entre los miles y miles de personas que cada año tratan de alcanzar un puerto en este lado del Mediterráneo para poner fin a su agónica existencia. Prefieren correr el riesgo de morir en pocos minutos y ser pasto de los peces que la muerte lenta y segura que supone en muchísimos casos continuar bajo las condiciones de penosidad perpetua que les ha tocado vivir por haber nacido en determinado lugar o tiempo. Europa, España, no pueden permanecer impasibles ante la tragedia constante de los ahogados en nuestro mar común, ahora enrojecido por la sangre de miles de seres humanos. No pueden obviarlo los gobiernos ni debe aceptarlo la sociedad. Acudir en ayuda de esas pobres gentes cuando peligra su vida es un mandato legal: Declaración Universal de Derechos Humanos, Convención de Ginebra, Carta de Derechos Fundamentales de la UE, Convención de NNUU y Derecho del Mar. Pero es también una obligación moral.

No cabe duda de que las migraciones siempre han existido y su frecuencia e intensidad derivan de acontecimientos sobrevenidos por causas naturales, guerras, hambrunas u otras causas. Las migraciones ocurren en muchas otras partes del mundo como en el Sudeste asiático, en la península arábiga o en América, pero en esta ocasión voy a referirme a “mi negociado”, a Europa. Está poco justificado que nos importe más lo que ocurre con este fenómeno humano en el Mediterráneo y en el interior de nuestra “fortaleza” europea que en otros lugares del planeta, pero es por otra parte comprensible que la proximidad del problema nos haga más sensibles. Todos hemos visto con nuestros propios ojos grupos de inmigrantes deambulando por calles y playas y reparamos en ellos  por su color de piel o por su indumentaria, aunque según la estadísticas son muchísimos más lo que pasan desapercibidos porque son como nosotros, caucásicos, incluso rubios y bien parecidos y no llegan en pateras u ocultos en camiones, sino por los aeropuertos y estaciones de tren o autobús.

Este fenómeno migratorio, el más importante desde la Segunda Guerra Mundial, se ha agudizado en los últimos años, con un repunte en 2015, año en el que entraron en la Unión Europea más de un millón de personas. Su procedencia mayoritaria era Oriente Medio, África, Asia del Sur y los Balcanes, movimiento migratorio forzado que obedece a diversas causas como los conflictos armados, pobreza extrema, violaciones masivas de derechos humanos o cambio climático en el que la parte más vulnerable, mujeres y niños, está expuesta a la depredación humana por parte de las redes delictivas internacionales.

Inacción gubernamental

La reciente crisis humanitaria creada por el tratamiento que han recibido los centenares de inmigrantes rescatados en el mar por barcos de diferentes ONG ha puesto de manifiesto la inacción de los gobiernos concernidos, en especial los de Malta, Italia y España por ser la frontera sur, y la de las instituciones correspondientes de la UE. Sólo la enorme presión ejercida por algunas organizaciones con el inestimable empuje de la opinión pública a través de las redes sociales ha llevado  a “buen puerto” –aunque no siempre– a esas pobres gentes desesperadas (pendientes de un seguimiento a un destino final incierto) si es que no han terminado en el fondo del mar. Pero ¿de qué magnitudes estamos hablando? ¿que incidencia real tiene en nuestras vidas la llegada de esos miles de inmigrantes aparte de la atención momentánea a las imágenes de los telediarios?

Por tomar un ejemplo (datos de Eurostat), en 2016 la emigración en el seno de la UE fue de 4,3 millones de personas, cifra que incluye los flujos de migración a o desde la UE en general, pues se incluyen movimientos de población entre diferentes Estados miembros. De ese total de migrantes, sólo dos millones eran ciudadanos de terceros países, 1,3 millones tenían la nacionalidad de un Estado miembro y cerca de un millón migraron a un Estado miembro del que tenían la nacionalidad, por ejemplo nacionales retornados o nacidos en el extranjero. Es decir, unos dos millones de personas procedentes de terceros países, incluyendo naturalmente no sólo migrantes económicos, refugiados y demandantes de asilo, sino también a los profesionales de todo tipo representando a empresas, instituciones y gobiernos, los llamados expatriados.

Riqueza para nuestra sociedad

Partamos de la base de que la Unión Europea tiene una población de algo más de 500 millones de habitantes, la tercera del mundo después de China y la India. En ella viven unos 22 millones de personas procedentes de terceros países, lo que supone apenas un 4% del total. La distribución de extranjeros no UE por países va desde los 5,2 millones en Alemania (6,3% de su población) hasta los 13.300 en Lituania (0,5% de su población). España se sitúa en cuarto lugar en términos absolutos con 2,5 millones de extranjeros de terceros países (5,3% de su población) y en octavo lugar en porcentaje (según datos de Eurostat, 2017). Por cierto, un caso particular lo conforma Luxemburgo que, con más del 40% de extranjeros en su población de 600.000 habitantes, es el segundo país del mundo en PIB per capita y el más rico de la UE.

Pero no quiero ser indigesto con más datos. Lo que quiero explicar, algo que muchos autores han escrito en estas páginas, es que la inmigración que estamos recibiendo desde hace años, procedente de países no UE, no supone invasión alguna, como tratan de presentar ciertos líderes políticos de las derechas, ni merma de la calidad de vida de que gozamos en nuestra Unión que, por muy mejorable que sea en tantos aspectos, no deja de ser el espacio social más avanzado del mundo. En ese sentido, parece infundada y confusa, en mi opinión, la reciente creación de una vicepresidencia en el seno de la Comisión Europea, encargada de la protección de “nuestro estilo de vida europeo” (Protecting Our European way of life). ¿Qué estilo de vida quiere proteger la flamante presidenta Ursula von der Leyen? ¿El de Grecia, de donde procede Margaritis Schinas, vicepresidente responsable de guardar esa quintaesencia? ¿El estilo de vida sueco, portugués, lituano, tal vez el chipriota...? No quiero pensar que sea un guiño a ciertos países del Este para que no pongan más palos en la rueda hacia una mayor integración europea, como expliqué en mi precedente entrada en este blog. Pues bien, al parecer en la Comisión se lo han pensado bien y esa vicepresidencia será relevada de tamaña responsabilidad, tantas han sido las voces que se han alzado contra la brillante idea.

La llegada de inmigrantes, sean nacionales de otros Estados miembros o de terceros países, es favorable para Europa, en primer lugar atendiendo a su decadencia demográfica. La inmigración ha sido necesaria, lo es actualmente y lo seguirá siendo durante décadas. Ahora bien, con las limitaciones y controles -siempre ajustados a derecho- que sean necesarios para no agudizar los eventuales problemas que cada país tenga en cada momento. Las políticas de puertas abiertas, sin más, no conducirían a mejorar nuestra situación económica y desde luego no facilitarían la cohesión y la paz social. En España, aunque ha registrado en la última década alrededor de 130.000 entradas irregulares de inmigrantes, no ha supuesto ninguna alerta real que no sea la orquestada por medios de comunicación sensacionalistas, obedientes a determinados intereses partidistas o empresariales. Mención aparte merecen los refugiados y las gentes en extrema necesidad que, por mucho que estén incrustados en nuestras retinas por obra de las imágenes televisivas, no dejan de ser una minoría dentro de las cifras totales de migrantes hacia Europa.

Recordemos que los Estados Unidos, esa gran nación otrora pujante y dominante desde hace ya más de un siglo, se formó y se fortaleció con oleadas masivas de migrantes de todas las partes del mundo (entre ellos Albert Einstein, Nikola Tesla, Sergei Brin y tantos otros). Recordemos también la solidaridad mostrada por México, Venezuela, Uruguay o Chile al aceptar a finales de los años 30 a los inmigrantes que escapaban de la persecución y la miseria de la España negra del régimen franquista, o los brazos abiertos de Alemania, Francia, Suiza o Bélgica a los trabajadores españoles de las capas más desfavorecidas a partir de 1959. Remontemos un poco en la historia de esta gran nación de naciones que es España: por nuestras venas corre sangre romana, sangre goda y sangre mora. ¡Despojémonos de la (des)memoria selectiva!

Y doy fe aquí que algunos, muchos, las hacían como lo demostraba el hecho de aquellos indianos que retornaban conduciendo formidables cadillacs, a través de viejas y depauperadas carreteras  que discurrían por aldeas o pueblos semiabandonados. Pero también doy fe de que otros muchos de aquellos viejos emigrantes, muchos miles, cientos de miles de emigrantes, no regresaban jamás a la tierra que les vio nacer y partir, como si el inmenso océano, aquel "charco"que se decidieron a cruzar en larga y zozobrante singladura, se los hubiera tragado para siempre y nunca jamás. Y, por último, doy fe de que también eran muchos los que retornaban a su tierra, viejos, abatidos y sin fortuna, como viejo y abatido retornó aquel afilador llamado Pancho de Rábade, al que me imagino ver, como el cuento que oí de rapaz, sentado sobre un peñasco a las puertas de su aldea natal, meditando sobre el embarazoso trance de encontrarse con los suyos.

Estaba el viejo Pancho sumergido en tales cavilaciones, cuando acertó a pasar por allí un joven afilador, entablándose entre ambos el siguiente dialogo:

-¿Hacia donde caminas, rapaz?

-Voy a recorrer mundo, como un día lo hizo mi padre, el famoso Pancho de Rábade . ¡Voy a América a hacer fortuna!

De pronto, el viejo emigrante se ha quedado mudo y sin aliento; acaba de darse cuenta que el joven y animoso afilador era su propio hijo. Piensa entonces en decirle  que lo de su fama es mentira, que no abandone a los suyos y que no cometa el mismo error, pues él no ha cosechado por el mundo más que penalidades y desilusiones. Pero al mismo tiempo el viejo Pancho de Rábade acaba de reconocer en los animosos ojos de su hijo aquella misma ilusión con la que él partió un ya lejano día; y no se atreve entonces a desanimarle, pues piensa que aquella ilusión... ¡valía por todo el oro del mundo!

Y sin darse a conocer, el viejo emigrante se despidió del joven afilador, arrancándose de esta manera:

-Suerte, rapaz.

-Gracias, viejo.

Y Pancho de Rábade baja, seguidamente, hacia su aldea. A encontrarse de nuevo con los suyos...

Pero... ¿por qué se iban aquellos jóvenes gallegos, asturianos, leoneses, vascos, entre otros, la flor y nata de la juventud? Y cuando digo la flor y nata no lo digo por decir, si no convencido de que así lo eran, porque a falta muchos de ellos de formación y de conocimientos -y no precisamente por su culpa-, suplían con creces ambas cosas en valor, fortaleza y espíritu aventurero, avales necesarios entonces para arribar al  nuevo y lejano continente: la boina a la cabeza, la hogaza de pan bajo el brazo, faltos de protección y de derechos, cuando no carnaza de desaprensivos contrabandistas del trabajo, de la ignorancia y de la buena fe, en aquellos lejanos puertos de contratación.

Alguien, tal vez parodiando a cierto famoso torero, me diría que esos jóvenes se iban por aquello de "más cornás da el hambre", con lo que no andaría descaminado al así opinar, pero añadiría también aquí el valor, la ilusión y el espíritu aventurero de una raza, ya que otros, teniendo más "hambre" y los mismos barcos a la puerta de embarque, no han tenido el valor de "arrancarse", jugándose como ellos a una carta la aventura de un larguísimo y penoso viaje a veces sin posibilidades de retorno.

Es muy cierto que más de un millón de emigrantes de la vieja ola no han hecho las Américashecho las Américascomo otros compañeros de viaje y de aventura. Pero también es cierto que si no han hecho "su América" han contribuido a hacer América; y, lo que es más importante, se ha hecho a sí mismos -los que no se han "deshecho"- y lo que han hecho tantos por sus descendientes, muchos de ellos hoy pilares de la joven sociedad americana. Justo es reconocer este dato -y que sirva a la vez de  homenaje a la grandiosa odisea de la gran ola atlántica de la emigración española- ahora precisamente que tantos jóvenes andan vacíos de ilusiones y de rumbo, pues al menos aquellos jóvenes emigrantes si sabían lo que querían, aunque ahora sus ideales estén ya desfasados, como desfasada está -al menos en parte, para no pecar de optimistas- aquella injusta y voraz circunstancia que les ha tocado vivir.

Juan Bautista Filgueira es socio de infoLibre y autor del libro Los Emigrantes (Plaza Janes, 1974)

Estas últimas semanas han florecido en las redes sociales mexicanas caricaturas del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, vestido con el uniforme verde oliva de la Border Patrol, la policía de fronteras americana. “Marcelo [Ebrard, el ministro de Exteriores mexicano] se ha ido a ver a los americanos y me ha traído esto”, dice como extrañado el jefe del Estado de pelo blanco, señalando su estrafalaria vestimenta.

A finales de mayo, Donald Trump sembró el pánico entre sus vecinos del sur al anunciar que quería imponer sin miramientos una tasa de entre el 5 y el 25% a las exportaciones mexicanas si el país no paraba a los migrantes antes de que pasen la frontera con los Estados Unidos.

Para México, que destina el 80% de sus exportaciones a su gran vecino del norte, la amenaza es considerable. El jefe de la diplomacia mexicana, Marcelo Ebrard, se presentó inmediatamente en Washington. Después de tres días de intensas negociaciones, consiguió alejar in extremis el espectro de las tarifas aduaneras que habrían atrapado a la economía mexicana, de crecimiento vacilante, en una probable recesión. Pero todo tiene un precio: a cambio, México se ha comprometido a una serie de concesiones en el ámbito migratorio.

El presidente, Andrés Manuel López Obrador, llegado al poder en diciembre del año pasado, había prometido sin embargo poner en marcha una política migratoria basada en “el derecho de los migrantes, no las expulsiones”, al contrario que su predecesor, Enrique Peña Nieto. Su caballo de batalla es un plan de desarrollo regional que aborde las causas del problema de América Central. En enero ofrecía a los migrantes un generoso visado humanitario que les permitía trabajar y desplazarse por todo México durante un año. Un documento ideal para llegar hasta la frontera norte del país sin al menos el riesgo de la clandestinidad.

Sobrepasados por el éxito de esa medida –12.000 peticiones en quince días–, las autoridades han dado marcha atrás inmediatamente al reemplazar esa llave maestra por visados regionales con la idea de confinar a los migrantes en los Estados del sur del país. “López Obrador empezó su mandato con una visión muy ingenua de la migración”, opina Josefina Pérez, del Centro de Investigación sobre la Frontera Norte de México (Colef). “Pero ha habido que transigir rápidamente con la realidad del flujo migratorio”. Señal de que se pasa página, el jefe de los Servicios Migratorios, Tonatiuh Guillén, universitario y conocido defensor de los derechos de los migrantes, ha dimitido el pasado viernes 14 de junio, una semana después del acuerdo entre los Estados Unidos y México. Su sustituto, Francisco Garduño, dirigía hasta ahora el sistema penitenciario del país.

El número de llegadas de migrantes centroamericanos, en alza desde hace varios años, ha explosionado en 2019. Expulsados de sus países por la violencia y la pobreza que allí reina, decididos a alcanzar los Estados Unidos antes de que Trump ejecute sus amenazas recurrentes de cerrar la frontera, han entrado en México más de 520.000 migrantes desde enero, cuatro veces más que en los años precedentes. En mayo fueron interpelados en la frontera sur de los Estados Unidos 132.000 migrantes, lo nunca visto desde hacía trece años.

Una afluencia que ha atizado la cólera del inquilino de la Casa Blanca, que ha hecho de la lucha contra la inmigración su toque político personal. Días antes de confirmar su candidatura a las elecciones presidenciales de 2020, acusa a México, a golpe de tuits rabiosos, de permanecer con los brazos cruzados frente a la situación. “México, en realidad, ha expulsado más centroamericanos que Estados Unidos estos últimos años”, recuerda Andrew Selee, director del Migration Policy Institute, un think tank independiente con base en Washington. “De manera no explícita, los dos países ya comparten la responsabilidad de gestionar el flujo migratorio”, añade.

Para tranquilizar a Donald Trump, México ha aceptado tomar medidas complementarias, como la expansión relámpago del programa Quedarse en México, en virtud del cual, desde enero, los centroamericanos que hayan presentado una petición de asilo serán reenviados a México para esperar allí una respuesta. “Si no, una vez en Estados Unidos, se esfuman”, argumentaba en diciembre pasado el ex secretario de seguridad americano, Kirstjen Nielsen. Como media, la decisión puede tardar dos años en llegar.

Mientras que la legalidad de este protocolo sigue siendo objeto de debate en la justicia americana, las autoridades han reenviado ya más de 11.000 solicitantes de asilo a México. Y esa cadencia va a acelerarse: de aquí al mes de agosto podrían unirse a ellos 60.000 más.

El acuerdo prevé que México se haga cargo de esos demandantes de asilo durante su espera, lo que no ha hecho con los primeros llegados. La promesa deja de piedra a Kennji Kizuka, de la ONG Human Rights Firts, que acaba de llegar de una visita a Ciudad Juárez, en la frontera norte de México. Ha visto a familias que duermen en colchones en el suelo de una iglesia. Cada jueves y domingo tienen que recoger todos sus efectos para que puedan dar misa. “Los niños no están escolarizados, no tienen permiso de trabajo ni alojamiento previsto. No veo cómo México va a gestionar en unas semanas el regreso de 1.000 personas al día. Avanzamos hacia una crisis humanitaria”, advierte el activista.

Otra consecuencia de esta medida es que los solicitantes reenviados a México son, de facto, privados de abogados. Los que recomienda la Administración americana están en Estados Unidos y sus colegas mexicanos están desbordados. Es esencial sin embargo su presencia en el momento de convencer a los tribunales de la legitimidad de la demanda de asilo: “Esto se inscribe en una estrategia global para restringir el derecho de asilo”, opina Kizuka. “En vista de los palos que les ponen en las ruedas, la mayor parte de ellos abandonarán a mitad de camino o verán desestimadas sus demandas”, nos anticipa.

A 3.000 kilómetros más al sur, México ha prometido reforzar el control de su frontera con Guatemala desplegando allí 6.000 miembros de la Guardia Nacional, la flamante policía militarizada creada por el presidente López Obrador para luchar contra el crimen organizado.

Es una militarización de la región que corre el riesgo de provocar un aumento de violaciones de los derechos de los migrantes, advierten las asociaciones del sector. Ya en estos últimos meses, las autoridades migratorias han multiplicado las fuertes redadas en el sur del país arrestando a más de 80.000 personas. “México se está convirtiendo realmente en el muro con el que sueña Estados Unidos”, dice enfadada Claudia León, coordinadora del Servicio Jesuita a los Migrantes.

La llegada de la Guardia Nacional significa el fin de las caravanas. Desde octubre de 2018, los migrantes habían encontrado en estos desplazamientos en masa un medio de progresar relativamente seguro hacia el norte y más barato que un coyote. Pero las últimas llegadas han sido desmanteladas por las emboscadas de las fuerzas del orden, devolviendo a los migrantes a la peligrosa clandestinidad.

“Si hubiera voluntad política, el país podrían aumentar las expulsiones de migrantes a corto plazo” para deshinchar las estadísticas, estima Stéphanie Leutert, responsable del programa Mexico Security Initiative, de la Universidad de Austin (Texas). “Pero no estoy segura de que puedan mantener ese ritmo a largo plazo”, añade. “México busca sobre todo ganar tiempo”, dice el profesor Humberto Garza, del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México. “Habría primero que alejar la amenaza de las tarifas aduaneras, y luego pensárselo bien”, añade.

Pero el diablo se esconde en los detalles: el último párrafo del acuerdo firmado a primeros de junio estipula que México tiene 45 días para obtener resultados concretos, sin lo cual las negociaciones se reiniciarán con más fuerza. Una segunda parte que México, que se jactaba de haber “conservado su dignidad” al final de las negociaciones, había silenciado. Pero no contaba con que Donald Trump ha estado multiplicando sus alusiones a “una cláusula secreta muy poderosa” que México tendría que “desvelar a su debido tiempo”.

El jefe de la diplomacia mexicana, incómodo, ha reconocido que, en caso de un fracaso, el país estaría dispuesto a hablar de una reforma del derecho de asilo: una conversación que va mucho más allá de las medidas actuales. En el punto de mira está la etiqueta de “tercer país seguro” que Estados Unidos trata de imponer a México desde hace mucho tiempo, y que les permitiría rechazar el estudio de la demanda de asilo de los migrantes llegados a través de México con el pretexto de que es un país seguro.

“Es una línea roja que México siempre se ha negado a cruzar”, subraya Andrew Selee, del Migration Policy Institut , advirtiendo que “Estados Unidos está subcontratando su política migratoria con México. Hacen que el peso de su sistema de asilo recaiga sobre su vecino del sur, por la falta de voluntad política que le ha hecho deficiente”.

México, entre la espada y la pared, quiere replicar con la propuesta de un acuerdo regional, similar al reglamento de Dublín en Europa, que delega la responsabilidad del estudio de la demanda de asilo de un migrante en el país de primera entrada. El acuerdo incluiría otros países afectados por los movimientos migratorios como Guatemala, Brasil o Panamá. “No veo a México ni a Guatemala, ambos dotados de sistemas de asilo subdimensionados, capaces de gestionar el flujo sin precedentes de hondureños y salvadoreños”, opina Kennji Kizuka. “Sin contar con que la seguridad está lejos de ser garantizada en estos dos países”, añade.

Mientras tanto, la Guardia Nacional mexicana comienza una nueva carrera contra reloj. Tiene un mes y medio para probar al presidente americano que puede cortar el flujo de migrantes venidos de América Central y evitar así una segunda ronda de negociaciones.

  Traducción: Miguel López.

Aquí puedes leer el texto original en francés:  

"Entre opacidad y desinformación". Son las palabras escogidas por Marea Granate para describir la odisea que una vez más supuso para los electores en el extranjero votar durante los comicios generales del 28 de abril. Así lo advierten ahora, a menos de tres semanas para las elecciones autonómicas, municipales y europeas que se celebrarán el 26 de mayo. No quieren que votar desde el extranjero sea de nuevo "una misión imposible". "El sistema sigue fallando, por lo que la participación electoral exterior queda diezmada", denuncian.

El pasado 27 de abril terminó el plazo para solicitar el voto por correo desde el exterior, una operación conocida bajo el sintomático término de rogar el voto. Desde el lunes y hasta el próximo 14 de mayo, está abierto el plazo para el envío de papeletas. A partir de entonces los electores podrán votar, hasta el 21 de mayo para el caso de los electores CERA –Censo Electoral de los Residentes Ausentes– y hasta el 22 para los ERTA –Electores españoles residentes en España que se encuentren temporalmente en el extranjero–. En el caso de los primeros, tendrán además la posibilidad de depositar su papeleta en la urna que habilite cada consulado entre el 22 y el 24 de mayo.

Los residentes en el extranjero únicamente podrán participar en las elecciones autonómicas, mientras que aquellos electores que se encuentran temporalmente fuera de las fronteras estatales tendrán la opción de votar en ambas.

Hace ahora cuatro años, los electores decidían los representantes al frente de sus ayuntamientos y gobiernos autonómicos. Lo hacían el 24 de mayo de 2015. Aquel domingo, los residentes en el extranjero se preparaban para votar. Los votos CERA presentados, según el Instituto Nacional de Estadística (INE) fueron 50.256. De todos ellos, 46.543 fueron aceptados y 3.713 denegados. Pero no todos lograron superar los filtros impuestos en el camino hacia las urnas. Los votos entregados a las Juntas Electorales Provinciales fueron 27.336, es decir, el 58,73% de los solicitados y tan sólo el 2,97% de los electores. Respecto a los votos ERTA, que sí participaron en ambos comicios, el INE únicamente dispone de las solicitudes aceptadas, pero no de aquellas papeletas que completaron el proceso. Fueron, en el caso de los residentes temporalmente en el extranjero, un total de 7.058.

Las cifras no han dejado de empeorar cita tras cita. En las autonómicas y municipales de 2011, año de entrada en vigor del sufragio rogado, el electorado CERA emitió 69.234 solicitudes de voto, de las que fueron aceptadas 58.097. Finalmente, sólo 26.030 electores ejercieron su derecho a voto, el 3,69% del total. En cuanto al voto ERTA, sólo fueron aceptadas 2.560 papeletas.

Evitar la debacle de las elecciones generales

El grupo de electores que se concentra en torno a Marea Granate cree que ya es hora de terminar con un sistema que "arrebata" el derecho a voto de una abrumadora mayoría. En las elecciones del pasado 28 de abril, sólo un 6,16% de los residentes en el extranjero pudo ejercerlo. De los 2,1 millones de residentes ausentes (votantes CERA) que hay inscritos, sólo lograron rogar el voto 182.545 personas. Y de ellas votaron un total de 129.271, según el Ministerio de Asuntos Exteriores.

"Hay al menos 53.274 residentes CERA que rogaron el voto y no consiguieron superar el resto de trabas burocráticas necesarias para que su voto fuera efectivo", denuncia Marea Granate a través de un comunicado emitido este martes. Por su parte, tan sólo 18.124 de los residentes temporales (votantes ERTA) lograron tan siquiera rogar el voto. "No podemos saber ni cuántos residentes temporales hay registrados, ni cuántos de esos votos llegaron a tiempo y fueron contabilizados", explica Marea Granate.

María Almena, portavoz de la plataforma, comenta en conversación con infoLibre que las quejas "son recurrentes". Viejas conocidas desde que en el año 2011 se dio el pistoletazo de salida al sistema de voto rogado. "Tenemos como siempre cartas fuera de tiempo, papeletas incompletas, falta de información y distintas irregularidades en cada caso", lamenta.

Uno de los principales escollos que detectan los electores residentes en el extranjero tiene que ver con la dificultad de cumplir los plazos marcados. El ejemplo más reciente da buena cuenta de ello. Aunque las elecciones generales se convocaron en febrero de 2019, el censo electoral se cerró el 30 de diciembre del año anterior, lo que significa que toda persona que cambiara su residencia a partir de esa fecha "ya estaba, automáticamente, fuera del censo exterior". El remedio, no obstante, no puso solución al problema. Aunque se habilitó una semana de subsanación, Marea Granate denuncia el "caos informativo y las largas filas de espera en los consulados". "Un caso extremo fue el del Consulado español en Londres, donde sólo se atendía para inscripción consular con cita previa, pero se daba cita previa para abril, es decir, fuera del plazo habilitado para subsanar errores", relata la plataforma.

La incompatibilidad de horarios consulares y laborales es otra de las grandes trabas que sufren los electores en el extranjero. "Además del tiempo y los gastos que suponen estos viajes, en algunos casos ni siquiera es dentro del mismo territorio ni del mismo país", señala Marea Granate. En cuanto a los electores que pueden rogar su voto por correo postal, por fax o vía telemática (CERA), las dificultades no son tampoco escasas: la necesidad de un certificado electrónico, los errores en las páginas web, el colapso de los faxes… Marea Granate denuncia un sistema "ineficaz" que se cimenta sobre "plazos limitados, medios obsoletos y falta de información constante". 

Una vez rogado el voto, denuncia la plataforma, "hay que esperar a que lleguen las papeletas a nuestros hogares en el extranjero y, de nuevo, el sistema falló y nos quedamos con las ganas de votar". A los errores que brotan por el camino se une la "incapacidad de la Junta Electoral Central para paliar las dificultades".

Los electores residentes en el extranjero reiteran su petición de derogar el sistema de voto rogado. "Este año aún nos quedan otras elecciones, autonómicas y municipales, sin que nada haya cambiado, por lo que nuestro derecho a votar sigue estando vulnerado y limitado", censuran. Fuentes del Ministerio del Interior aclaran a infoLibre que "no hay posibilidad de hacer cambios en el sistema de voto rogado para el 26M". El margen de actuación es mínimo, por tratarse de un sistema "muy pautado" cuya única posibilidad de alteración sería mediante una "reforma" de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG).

María Almena reconoce que las instituciones están "relativamente atadas por la Ley Electoral", pero recuerda que muchas de sus peticiones son cuestión de "voluntad política", especialmente por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores. Marea Granate se conformaría con algunos cambios paulatinos hasta el fin definitivo del voto rogado. Apela, por ejemplo, a una mayor agilización de los trámites de inscripción consular y subsanación de errores, de manera que se puedan realizar en los consulados honorarios o a distancia. Para la recepción y el envío de papeletas demanda una ampliación de plazos, además de una circunscripción electoral única que represente a los más de dos millones de votantes en el exterior.

Pide igualmente un recuento "público y transparente" de los votos. Todo ello, agrega Almena, acompañado de una mayor "dotación de medios" que impida la "contratación de personal en condiciones precarias". Aunque el objetivo final apunta a la derogación del voto rogado, la portavoz de la plataforma rechaza la dinámica de "echar balones fuera" y subraya que algunos de estos pequeños cambios "mejorarían muchísimo el sistema".

Siempre, en torno a noviembre, cuando ya he comprado los billetes (antes de tren, avisándonos entre amigos sobre las ofertas de Renfe; ahora pendiente de las oscilaciones de la ecuación de ofertas de Skyscanner) para volver por unos días a casa, al Sur, le pregunto por las comidas navideñas. En realidad, en el fondo, le estoy preguntando por mis primas. Por Clara, por Irene. Aunque ya no son solo Clara a Irene. Ahora cada una de ellas ha formado una familia. Al más pequeño todavía no lo conozco. En unas semanas, además, tendrá un primito. Todo este tiempo hemos estado bromeando por Whatsapp sobre qué nombre iba a ponerle Irene a su primer hijo, porque ella y su pareja querían que sonara igual en español y en francés. Porque, como ellas desde hace unos años, es bastante probable que estos hijos e hijas del exilio no tengan más remedio que vivir, en cierto modo, entre dos países.

Las de Clara e Irene son dos historias más de las muchas que dan cuerpo a uno de los capítulos más tristes y vergonzosos de la historia reciente de nuestro país: el de toda una generación “perdida”, por no decir traicionada, humillada, abandonada. Pero no son víctimas de la crisis. Son heroínas que, no sin sufrimiento, sobrevivieron a ella y salieron adelante. Lo hicieron, eso sí, fuera de España. No sé cuántas Navidades llevan ya fuera; he perdido la cuenta, si es que alguna vez la llevé. Pero recuerdo casi todas las videollamadas. Recuerdo los nervios al pasarnos la tableta o el teléfono para hablar con la imagen, cada año un poco menos borrosa a medida que iban mejorando los aparatos, de cada una de ellas: qué contarles, qué preguntarles, qué palabras elegir para evitar tocar una herida todavía abierta. O la sensación de culpabilidad por caer en la cuenta, de repente, de lo poco que me he había preocupado por ellas desde la última vez que nos dimos un abrazo, de que a lo largo de todos esos meses tendría que haberles escrito más a menudo, incluso que haberlas llamado alguna vez. O los comentarios de los miembros de más edad de la familia, a veces casi en susurros, que golpeaban más fuerte que un grito al oído. “Mi niña, qué lejos está”. O las lágrimas, o su ausencia en un hercúleo esfuerzo por reconfortar en un salón en el que todos veíamos los mismos fantasmas.

Dice el INE que, una vez más, antes siquiera de que se celebren las elecciones, ya sabemos que el voto exterior será mínimo. Ni siquiera los años han bastado para que la ciudadanía española en el extranjero aprendiese a sortear los obstáculos que el Congreso decidió imponerles para ejercer su derecho al voto. Obstáculos, por cierto, que en todos estos años nadie se ha dado prisa en eliminar, aunque sea injusto ignorar las diferencias entre quienes empujaron para intentarlo y quienes mientras tanto se quedaron mirando, o incluso se atrevieron a poner piedras en el camino. En España florecían las banderas por doquier, pero el patriotismo que ondeaba al viento, el pecho henchido de orgullo nacional, seguía estando demasiado lejos, fuera del campo de visión de quienes no tuvieron más remedio que abandonar su hogar en busca de una vida digna. Aunque, mejor dicho, siempre fueron los segundos los invisibles.

Semanas antes de las elecciones, el Gobierno aprobó un plan de retorno para tratar de hacer volver a algunos de los que se fueron. A una mínima parte, eso sí, y con una visión cortoplacista que ha denunciado entre otros la Marea Granate, la red de emigrados que surgió en plena crisis para dar asistencia a quienes hicieron las maletas en aquellos años y veían que la madre patria poco estaba dispuesta a hacer por ellos. En cualquier caso, algo es algo, nos dicen desde arriba. Al menos se habló un par de días de este exilio. Creo recordar, corríjanme si me equivoco, que ha sido el único protagonismo (relativo) que se les ha concedido en mucho tiempo. Como si debajo de las piedras hubiera otra juventud que fuese a tomar las riendas del país cuando le llegue el momento a la generación de mis primas y esta última, con su vida ya hecha, decida con él corazón roto no responder a la llamada de teléfono con prefijo español. Como si la ciudadanía estuviese hecha de otra cosa que de personas.

Las sillas vacías que dejaron mis primas, que siguen diciendo que les gustaría volver, en las comidas navideñas no son el único agravio de este país, tan dado a las glorias nacionales, contra su recurso patrio más preciado, o al menos contra el sector más joven (por ello en muchos sentidos de los más vulnerables) de este. De puertas para adentro, las sillas vacías también tienen su equivalente en forma de muros que a menudo insalvables para las demandas más básicas del sentido común: condiciones laborales propias de un país “desarrollado”, conciliación entre las esferas del trabajo y la privada, acceso a una vivienda asequible, sea en alquiler o en propiedad, o un mínimo de seguridad de cara al futuro. Aunque solo sea por el deseo conformista de “sentar la cabeza”, entendiendo por ello lo que cada persona entienda. Llámenme tradicional.

Las pasadas vacaciones de Navidad también mi silla estuvo vacía. O al menos parte de ese tiempo. Me prohibí a mí mismo abrir Instagram el 24 a partir del mediodía. Por suerte, pude abrazar a mi familia y a mis amigos unos días más tarde. Por suerte, cada día que paso en este otro país, que tantos dolores de cabeza me causa, casi tantos como oportunidades me ha brindado y cosas buenas ha traído a mi vida, lo paso sabiendo que mi familia y mis amigos estarán ahí cuando vuelva. Porque quiero volver. Volveré. O igual para entonces, aunque eche de menos terriblemente los domingos en Madrid y el olor a sal de mi tierra, habrán brotado demasiadas flores en un jardín de Berlín, Bruselas o cualquier otra ciudad en la que encuentre algo a lo que llamar hogar. Y mis padres, mis amigos y yo tendremos que aprender a leer el rostro y los silencios pese al caprichoso funcionamiento de las conexiones. Aquí en Alemania, por cierto, son terribles.

Dice el politólogo Pablo Simón que en el fondo no se trata de una generación perdida, sino de un país perdido. No hay lógica económica, demográfica o política capaz de explicar cómo podrá sostenerse en un futuro un sistema, el que sea, sin ese pilar en el que se ha invertido tanto tiempo, dinero y esfuerzo, por no decir ya amor. Ni de izquierdas, ni de derechas, ni de centro; ni de arriba, ni de abajo. No tiene sentido y por eso tiene todo el sentido del mundo: será que, entre tanto discurso y tanta bandera, no hay sitio para el país, para la comunidad humana que habita el territorio que demarcan las fronteras, así como ramificaciones por la geografía global. Será que, con tantas cosas que han cambiado, otras tantas siguen igual.

Abril llega a su fin y ya se acerca mayo. El otro día mis padres, abrigados como jamás lo estarían en estas fechas en Andalucía para combatir el tozudo frío berlinés, me preguntaron si sabía cuándo iba en verano. “No te preocupes, tú ven cuando puedas, nosotros vendremos a verte de todas formas”, me dijeron al ver que dudaba mientras hacía equilibrios mentales con el calendario. No les he preguntado aún, pero intuyo que si veo a mis primas, no será en la playa de nuestra infancia, como siempre solía ser. Quizás. Para entonces, en cualquier caso, España tendrá un nuevo gobierno. Nosotras, las sillas vacías, sabremos que nuestros seres queridos siguen esperándonos para sentarnos todos juntos en torno al brasero. Pero volver, como escribió Gil de Biedma, “volver, pasados los años, hacia la felicidad”, volver sin tener que volver a sacrificar, es un deseo que quienes nos gobiernan aún no nos han querido conceder. Una historia que quizás no termine mal, como decía el poeta, pero que por ahora termina lejos. ______________

Enrique Anarte es periodista con base en Berlín.

Dos años y medio después de la votación del referéndum y a pocas semanas para que el Reino Unido abandone la Unión Europea, ni Theresa May, ni Jean-Claude Juncker y mucho menos los ciudadanos saben si la ruptura se llevará a cabo con o sin un acuerdo entre ambas partes.

Aquel 24 de junio de 2016, en el que 17,4 millones de británicos votaron a favor del BrexitBrexit, cambió el panorama de la política británica. Y europea. Ese mismo día, el artífice del referéndum, el conservador David Cameron, dimitió de su cargo como primer ministro y líder de los tories; poco después, el favorito en la carrera hacia el número 10 de Downing Street, el ex alcalde de Londres Boris Johnson, anunció que no se presentaría como candidato a sucederle; y, finalmente, Theresa May, ministra del Interior en el momento referéndum, fue la elegida para dirigir la negociación con la UE e invocar el artículo 50 del Tratado de Lisboa.

Los largos meses de negociaciones entre la primera ministra británica y Bruselas culminaron en noviembre de 2018 con un polémico acuerdo que May no consigue vender a los miembros de la Cámara de los Comunes y que podría ser el motivo de que Gran Bretaña abandone el bloque comunitario sin un acuerdo. Los parlamentarios rechazaron en enero el texto por considerar que Reino Unido seguiría vinculado a las normas de la UE a través de la salvaguarda irlandesa o Backstop, una garantía legal que evitaría una frontera física entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte y que entraría en vigor en caso de que Gran Bretaña y la Unión Europea no lleguen a un acuerdo comercial durante el período de transición del Brexit, en diciembre de 2020. Desde entonces, May ha mantenido reuniones con el negociador de la UE para el Brexit, Michel Barnier, pero todavía no ha logrado que Bruselas modifique su propuesta de divorcio. Este martes May vuelve a someter su plan a una votación en la Cámara de los Comunes sin que se prevea que logre el sí definitivo.

Manifestantes antibrexit este martes a las puertas del Parlamento en Londres (Reino Unido)

Los meses previos al temido día B se han caracterizado por una sucesión de crisis dentro de la política británica. Antes de la votación del borrador del acuerdo alcanzado entre Theresa May y la UE en el Parlamento europeo, la primera ministra británica se enfrentó a una cascada de dimisiones dentro de su propio gabinete; entre ellas, la del ministro para la salida de la Unión Europea, Dominic Raab, por desacuerdos con dicho pacto preliminar. En diciembre, May sobrevivió a un voto de confianza —200 parlamentarios votaron a su favor frente a 117 que votaron en contra—impulsado por 48 diputados conservadores por considerar que el acuerdo es una “traición” al resultado del referéndum de 2016. Asimismo, el líder del Partido Laborista, Jeremy Corbyn, planteó a principios de año una moción de censura contra la primera ministra tras el rechazo de la Cámara de los Comunes —con 432 votos en contra y 202 a favor— al acuerdo del Brexit alcanzado con la UE. May salvó la moción de censura al no contar Corbyn con los apoyos necesarios.

En lo que se refiere al Partido Laborista, este periodo tampoco ha estado exento de sobresaltos y es que, a pesar de que en las elecciones generales de 2017 Corbyn remontó 10 puntos respecto a los anteriores comicios y se quedó a tan solo dos puntos de su rival, muchos dentro del partido nunca le han visto como una alternativa real a May.  Al final, las críticas internas por la postura ambigua de Corbyn respecto al Brexit dieron lugar a la dimisión de siete diputados laboristas a mediados de febrero.

Theresa May, la Unión Europea, el Parlamento británico, la libra, las empresas o el Backstop han acaparado la atención de los medios de comunicación a lo largo de estos dos años y medio pero no son los únicos actores  que participan en la función. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, cuando se produjo la votación del referéndum, en Reino Unido vivían más de 100.000 españoles. En la actualidad, esa cifra asciende a casi 130.000 a los que la consumación del Brexit les podría cambiar la vida.

Las empresas quieren a los extranjeros

“Los extranjeros quitan los puestos de trabajo a los británicos” fue uno de los principales argumentos enarbolados por los partidarios del Brexit con los que consiguieron decantar la balanza a su favor en el referéndum de 2016. Desde entonces, los planes de la primera ministra británica y su Gabinete han estados orientados a dejar claro que los británicos tendrán preferencia sobre los extranjeros, tanto a nivel laboral como educativo. Dos ejemplos de ello son: el anuncio de la ministra de Interior por aquel entonces, Amber Rudd, de que las empresas tendrían que elaborar un informe detallando el número de extranjeros en plantilla —medida que desmintió al día siguiente el ministro de Defensa, Michael Fallon— o el comentario del ministro de Sanidad británico, Jeremy Hunt, sobre que entre sus objetivos principales estaba “lograr que en 10 años todos los médicos que ejerzan en el país sean británicos”.

Alrededor de 130.000 ciudadanos de la Unión Europea abandonaron en 2017 Reino Unido, según los datos facilitados por la Oficina Nacional de Estadística, aunque no es posible determinar con precisión si el Brexit fue la razón principal o un motivo más. infoLibre se ha puesto en contacto con cinco españoles residentes en Gran Bretaña para conocer cómo afrontan este momento histórico.

“No me veo viviendo aquí toda la vida pero no quiero que me digan cuándo me tengo que volver”, dice David, licenciado en ADE. Llegó a Edimburgo después del referéndum —en febrero de 2017— y, al igual que la mayoría de los españoles que viven en Reino Unido, se mudó en busca de trabajo. Él no tuvo ningún problema para encontrar empleo. Su jefe actual no consideró que el hecho de ser extranjero fuera un problema y en ningún momento mencionó el asunto del Brexit durante la entrevista. “Si dependiera de muchos empresarios, por ejemplo de mi jefe, harían lo que estuviera en sus manos para ayudarte si realmente te quieres quedar”, explica David.

El caso de Conchita es un poco diferente. Ella se mudó a Londres en 2012 por motivos personales, no profesionales, pero coincide con David en cuanto a la postura de las empresas y los trabajares extranjeros. Licenciada en Psicología, trabaja en el departamento de formación de una multinacional. Recuerda que el día  que salieron los resultados de la votación tuvo una reunión con su jefa directa y con la responsable del departamento, un poco para ver que tal estaba y para decirle que no se preocupara, "que ellas no eran brexiters, y que, aunque no sabían que iba a pasar, me ayudarían en todo lo que pudieran”. Según señala, en su empresa ofrecen a los posibles afectados por el Brexit una consulta con un empleado de la consultora PwC para resolver cualquier duda.

¿Un país más racistas después del 'Brexit'?

Según un informe elaborado por el Ministerio del Interior británico, los ataques por motivos de odio aumentaron hasta alcanzar niveles récord entre los meses de julio y septiembre de 2016.  Dos años después, la relatora especial de Naciones Unidos en materias relacionadas con racismo y xenofobia, Tendayi Achiume, declaró tras una visita a Gran Bretaña que “el ambiente antes, durante y después del referéndum ha provocado que inmigrantes irregulares, minorías raciales y étnicas que están en situación regular, así como a muchos británicos que tienen reconocida su ciudadanía desde la época colonial, sean más vulnerables a la discriminación racial y a la intolerancia”.

En el caso de los españoles con los que ha hablado infoLibre, todos han escuchado historias y casos de ataques o conductas racistas aunque ninguno ha vivido o presenciado una situación por el estilo y tampoco han tenido la sensación de que no ser bienvenidos. Irache solo lleva unos meses en Londres trabajando en una tienda de ropa pero lo tiene claro: “El racismo no es algo que veas muy a menudo, aunque también exista, Londres es una ciudad con una diversidad increíble de nacionalidades y razas; no sé las cifras exactas pero me da la sensación que hay más gente de fuera de Reino Unido que de aquí”.

David coincide con Irache pero matiza que “no es lo mismo vivir en una ciudad como Edimburgo  o la capital del país que en un pueblo en el norte de Escocía o en plena campiña inglesa donde la gente tiene una mentalidad más cerrada”.

Por su parte, Conchita sí que considera que el Brexit ha cambiado la actitud de la sociedad, “ha dado alas a un racismo que antes no existía y ahora en la sociedad hay un racismo latente”.

Un segundo referéndum

“Nada más conocerse los resultados, cundió el pánico: se desplomó la libra, en las noticias decían que Irlanda del Norte se iba a unir a la República de Irlanda y la sensación general era que Gran Bretaña se hundía”, recuerda Silvia, una barcelonesa que lleva desde 2012 impartiendo clases de español a empleados de bancos y  aseguradoras financieras en Londres. Silvia recuerda que cuando llegó a clase aquella mañana, un alumno le comentó que había votado a favor del Brexit pero que se arrepentía de haberlo hecho, “fue entonces cuando me di cuenta de que gente de Londres también había votadosí, que no era algo exclusivo de los pueblos pequeños”.

En los días posteriores a la votación, muchos todavía albergaban la esperanza de que fuera posible enmendar el error y hacer como si nada hubiera pasado. El de 2 julio de 2016, más de 40.000 de personas tomaron las calles de Londres para exigir la celebración de elecciones y un nuevo referéndum. Esa esperanza desapareció el 29 de marzo de 2017, día en el que Theresa May firmó la carta dirigida al presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, en la que invocaba al artículo 50 del Tratado de Lisboa y ponía en marcha el proceso de negociación para abandonar la UE.

Miguel trabaja como BIM coordinator en Londres y no conoce a nadie que votara sí pero si sabe que, por ejemplo, mucha gente no ha visto la película sobre el Brexit (Brexit: The Uncivil War cuenta las maquinaciones de Dominic Cummings, el político y ex asesor de Michael Gove que consiguió, gracias a mentiras y el uso de datos personales de los votantes facilitados por Cambridge Analytica, que triunfara el frente eurófobo defensor de la salida de Reino Unido de la UE) porque “les da vergüenza lo tontos que han sido”.

La celebración de un segundo referéndum ha vuelto a ser una opción desde que parece poco probable que el Parlamento británico apruebe el plan de salida negociado por May. Después de la cascada de dimisiones en las filas de los laboristas, Corbyn cedió a las presiones y tomó posiciones mediante el anuncio de que su partido estaría dispuesto a abstenerse durante la votación que tendrá lugar el próximo 12 de marzo con la condición de que se convoque un segundo referéndum en el que los británicos tendrían la última palabra.

La campaña People’s Vote ha convocado la manifestación Put it to the People (Póngalo en manos de la gente) el próximo 23 de marzo en centro de Londres, seis días antes de que el Reino Unido abandone la UE, para exigir la celebración de un segundo referéndum.

La reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) por la que se introdujo la figura del voto rogado acaba de cumplir ocho años. Se aprobó en el Congreso de los Diputados en el año 2011 con los votos del PSOE y el PP —y el respaldo de CiU y el PNV—. Desde entonces, ha estado rodeada de polémica. Lo que se hizo fue, exactamente, modificar el artículo 75 de la LOREG. Quedó redactado de la siguiente manera: "Los españoles inscritos en el censo de los electores residentes-ausentes que viven en el extranjero deberán formular mediante impreso oficial la solicitud de voto dirigida a la correspondiente Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral". Los emigrantes españoles, de este modo, comenzaron a tener que mostrar su voluntad de votar antes de cada cita con las urnas. Empezaron a "rogar" su voto.

La medida fue duramente criticada por todos aquellos españoles que, por una cuestión u otra, ya no residían en España pero querían seguir teniendo voz, y sobre todo voto, en los comicios de su país. Reclamaron que se diera marcha atrás a la reforma. Pero de poco sirvió. Ahora, ocho años después, la situación es la misma. Siguen exigiendo que se ponga fin a una fórmula que, según dicen, ha puesto barreras innecesarias al voto, provocando un descenso considerable en la participación electoral desde el exterior. Los datos les avalan: en 2008, el último año en el que se celebraron elecciones generales sin que existiera el voto rogado, la participación de los españoles emigrados fue del 31,7%, según los datos del Ministerio del Interior. En los siguientes comicios, los de noviembre de 2011, la abstención llegó al 95% (participó un 4,9% del Censo Electoral de los Residentes Ausentes, CERA). Desde entonces, la tónica ha sido esa. 

La reforma que intentaron acometer el Gobierno y Unidos Podemos finalmente tendrá que esperar, como mínimo, hasta el inicio de la siguiente legislatura. Será entonces cuando, espera María Almena, de la plataforma de emigrantes Marea Granate, no solo se derogue el ruego del voto, sino que se acometan reformas importantes destinadas a mejorar el funcionamiento del voto exterior. Para ello, además de las propuestas que presentó la propia organización ante la Comisión Constitucional que estudiaba la reforma de la ley electoral, hay otros países en los que fijarse. El modelo del voto exterior es muy diverso. En ningún país es idéntico a otro. 

Método de votación de los electores residentes en el extranjero. | Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA)

De hecho, el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA), una fundación sueca, realizó un exhaustivo estudio en el año 2007 [que se puede consultar en este enlace] destinado a explicar, país por país, cómo funciona la legislación del voto exterior. Además del documento, elaboraron una página web con los datos actualizados al máximo posible, tal y como explican fuentes de la organización a infoLibre. Así, se puede observar que el método de votación desde el exterior más frecuente es el presencial, seguido del envío postal de las papeletas —y de los países que, directamente, no permiten el voto de los emigrantes—. No obstante, hay países en los que rige un sistema mixto de votación. 

Método de votación de los electores residentes en el extranjero. | Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA)

España no es el único país del mundo en el que sus emigrantes tienen que solicitar el voto antes de las elecciones, mostrando su deseo de participar en los comicios. En Estados Unidos ocurre lo mismo, informa Raquel Romero, de Podemos Exterior, un grupo que, dice, ha estudiado las fórmulas empleadas en otros lugares del mundo a la hora de acometer una legislación regulatoria del voto exterior. Almena lo confirma: "Allí hay un requisito de preinscripción, por eso la participación es tan baja. Es un método disuasorio", asegura. Pero hay matices. Tienen que hacerlo para absolutamente todas las elecciones y vivan donde vivan: dentro o fuera del país. "El registro se hace una vez al año y vale para todas las elecciones", explica Romero. Portugal, según informa Jesús García, perteneciente a la Marea Granate y residente en el país, lo ha eliminado recientemente. 

infoLibre ha consultado al resto de partidos políticos si han observado modos de legislar el voto exterior en otros países que pudieran trasladarse a España. Además de Podemos, el PP respondió que, más que tomar el ejemplo de otros lugares, prefiere adaptar sus demandas de reforma del voto rogado a las necesidades que consideran específicas de los españoles residentes en el extranjero. A la hora de editar esta información, el PSOE no pudo responder y no se obtuvieron comentarios desde Ciudadanos. 

Circunscripción exterior

Hay muchas vías que otros países han adoptado para facilitar el voto de los residentes en el extranjero. Una es la circunscripción exterior. Es, de hecho, una de las demandas más repetidas por Marea Granate y una de las reclamaciones incluidas en el informe que presentaron ante la Cámara Baja. "Creemos que es fundamental que los intereses de la ciudadanía española que vive en el extranjero se vean representados en ambas cámaras a través de la creación de una circunscripción exterior, cumpliendo de esta forma con una reivindicación histórica de la emigración española. La problemática específica de quienes vivimos fuera de nuestro país queda con muchísima frecuencia alejada de leyes y parlamentos y es difícil de abordar sin una representación directa", consideran. 

No es algo anómalo. Existe, por ejemplo, en Francia, donde reside Almena. "Es una demanda histórica de la emigración. De hecho, el programa socialista de José Luis Rodríguez Zapatero la incluyó", dice. "Es un mecanismo que no solo tiene Francia, sino que también existe en Italia y Portugal", añade. ¿En qué consiste? En reservar una serie de diputados y senadores para ser escogidos mediante el voto de los residentes en el extranjero. Por ejemplo, en Portugal, según García, los emigrantes pueden escoger "a cuatro diputados de los 230 que puede llegar a tener la Asamblea". "La circunscripción exterior apunta al logro de ciertos objetivos como los de reforzar los términos de vinculación con la comunidad política nacional, promover una agenda propia legislativa e intervenir directamente en los debates y procesos de toma de decisión política sobre los temas de interés nacional", afirma Marea Granate. 

Pero Almena lamenta que sea una demanda difícil de conseguir: "Nos daría mucho peso político, convirtiéndonos en la tercera provincia española por la cantidad de población que está fuera", indica. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), a fecha 1 de enero de 2019 hay 2.084.479 residentes en el extranjero incluidos en el CERA. Pero no es complicado solo por eso. "Incluirlo requiere una reforma de la Constitución", afirma. Así lo dijo un informe elaborado por el Consejo de Estado en el año 2009. No obstante, todos los grupos del Senado aprobaron en 2017 una moción presentada por Unidos Podemos que incluía estudiar este aspecto concreto. 

Voto por delegación

Pero no solo existe ese elemento. Hay otro que también Francia ha puesto en práctica. Se trata del voto por delegación o voto proxyproxy, tal y como lo denomina la fundación IDEA. "Aquí en Francia funciona incluso para los residentes dentro del país", explica Almena. "Es sencillo y funciona muy bien. La persona que vota va a cualquier comisaría y pide que otra persona vote por ella en la mesa electoral que corresponda", explica. Es otra de las propuestas que se llevaron al Congreso.

"La delegación de poder permitiría el ejercicio del derecho a voto en países con dificultades en los sistemas de envíos postales o en situaciones de movilidad extrema de los emigrantes", explicó la organización en su informe presentado ante la Cámara Baja. Esto, dicen, paliaría los problemas de inscripción de los emigrantes en los consulados. Un proceso que, según explica Almena, no es tan sencillo como parece por la ausencia de instituciones en todas las ciudades o, incluso, por los horarios tan restringidos que tienen. 

Además de en Francia, según los datos de IDEA, este método está presente en otros países como Reino Unido, Países Bajos o Bélgica. En España, en cambio, no ha sido una propuesta que haya estado tan encima de la mesa como sí lo estuvo la creación de una circunscripción exterior. 

Papeleta en blanco

El Gobierno socialista de Pedro Sánchez y Unidos Podemos presentaron el pasado 8 de febrero en el Congreso de los Diputados una proposición de ley de reforma de la Ley Electoral que la Mesa aceptó tramitar por el procedimiento de urgencia y de lectura única. La iniciativa partía de la eliminación del voto rogado y, para agilizar los trámites, proponía que los electores residentes fuera de España recibieran una papeleta en blanco, lo que facilitaría que disponer de esa documentación en plazo. 

Concretamente, lo que planteaban PSOE y Unidos Podemos en esta reforma es que los electores ya no tendrán que esperar a conocer todas las candidaturas, sino que recibirán una papeleta en blanco donde escribir el sentido de su voto y una documentación con las instrucciones sobre cómo podrán conocer las candidaturas proclamadas, de las que se informará en la página web del Ministerio de Exteriores, vía telefónica o a través de la oficina consular.

Fue una medida controvertida. Generó dudas, de hecho, en PP y Ciudadanos, que no terminaron de apoyarla. Pero la medida no era nueva. "Se da la circunstancia de que este modelo de papeleta es bien conocido por los electores en el extranjero, ya que se utilizó en las elecciones municipales hasta 2011 y desde entonces se ha seguido utilizando para el voto en las elecciones municipales de los españoles que se encuentran temporalmente en el extranjero", recuerda la propuesta presentada en la Cámara. Pero es algo que, además, está en marcha en Finlandia —donde a cada candidato se le asigna un número, que es el que se escribe— y Suecia, según Romero. 

El adelanto de los comicios ha frustrado la reforma de la ley electoral y, con ella, la derogación del voto rogado, que seguirá vigente en las próximas elecciones del 28 de abril y del 26 de mayo. Será después, con la composición de las próximas Cortes, cuando el nuevo equilibrio de fuerzas resultante de las urnas tenga que comenzar, de nuevo de cero, como lamenta Almena, a debatir cómo acometer lo que desde fuera de España se lleva años exigiendo. 

El adelanto electoral frustró la reforma y, finalmente, los españoles residentes en el extranjero tendrán que "rogar" el voto para las citas con las urnas del próximo 28 de abril y 26 de mayo. El Gobierno socialista de Pedro Sánchez, con el apoyo de Unidos Podemos, pretendía reformar la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) y eliminar, concretamente, la modificación del artículo 75 que hizo el Partido Popular en el año 2011 y que introdujo la figura del voto rogado. Los motivos para eliminar el método estaban claros: desde la reforma, la participación electoral de los españoles inscritos en el CERA (Censo Electoral de los Residentes Ausentes) ha caído en picado. 

El Ejecutivo quería que esto no ocurriera durante el súperdomingo electoral del próximo mes de mayo. Para ello, PSOE y Unidos Podemos presentaron el pasado 8 de febrero en el Congreso de los Diputados una proposición de ley de reforma de la Ley Electoral que la Mesa aceptó tramitar por el procedimiento de urgencia y de lectura única.Pero el fracaso de los Presupuestos Generales del Estado y el adelanto de la cita electoral precipitó todo. Y ya es oficial: el voto rogado sobrevivirá hasta, por lo menos, el comienzo de la siguiente legislatura.

"Estamos muy disgustados con que la reforma no se haya podido realizar a tiempo", lamenta María Almena, portavoz de la Marea Granate, que teme que, ante el complicado ciclo electoral que se acerca, la participación sea aun menor. "El proceso ahora es mucho más complicado y auguramos que la participación sea mucho más baja de lo que ya es", dice. De este modo, explica el sociólogo Fernando Vallespín, en estas citas electorales continuará favoreciéndose a los partidos tradicionales. La explicación es sencilla: ahora es más complicado votar desde fuera de España y la mayoría de emigrantes españoles actualmente son jóvenes con un perfil de votante de nuevos partidos, en su mayoría Podemos.

Y es que los datos hablan por sí solos. En 2008, el último año en el que se celebraron elecciones generales sin que existiera el voto rogado, la participación de los españoles emigrados fue del 31,7%, según los datos del Ministerio del Interior. En los siguientes comicios, los de noviembre de 2011, la abstención llegó al 95% (participó un 4,9% del CERA). La tónica desde la barrera al voto exterior impuesto en 2011 fue esa: en 2015 la participación alcanzó el 4,7% y en 2016, el 6,3%. 

Ahora, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), a fecha 1 de enero de 2019 hay 2.084.479 residentes en el extranjero censados. Pero la continuidad del sistema del voto rogado podrá provocar que, al igual que en las fechas electorales previas, la participación no supere el 6%. 

Y con el desplome de la participación, ¿ha cambiado la tendencia del voto exterior? ¿Beneficia más a un partido o a otro? Los expertos consultados por infoLibre advierten de que, aunque no hay una norma que explique que el voto rogado beneficia más a unas fuerzas políticas que a otras, sí hay cierta tendencia. Y esta se explica por el contexto político y el perfil del emigrante, que ha variado desde los años de la crisis hasta ahora.

Emigración más joven: más voto de izquierdas

El número de españoles inscritos en el CERA ha aumentado de forma imparable desde el año 2000. En cada cita electoral ha habido un incremento del número de emigrantes llamados a las urnas. Pero fue especialmente abrupto en el año 2015. En las elecciones celebradas el 20 de noviembre de 2011 estaban llamadas a las urnas 1.482.786 personas. Cuatro años después, 1.880.064. Es decir, 397.278 más, lo que supuso un incremento del 27% en el censo de españoles residentes en el extranjero. 

Tiene fácil explicación: la crisis económica. Sus efectos en el empleo y en los recortes comenzaron a notarse especialmente a partir del año 2012. Y quienes más lo sufrieron fueron los jóvenes que iniciaban entonces su trayectoria laboral. "No nos vamos, nos echan", fue el lema de decenas de miles de españoles que, año tras año, hacían las maletas y se iban, en su mayoría, a otros países europeos. Ellos, los emigrados por obligación, fueron los que, a juicio de Vallespín, hicieron que el voto exterior se dirigiera, en su mayoría, a los partidos de izquierdas en las elecciones generales del año 2015 y 2016.

Estos años, a su vez, fueron los primeros en los que se celebraron elecciones generales con el voto rogado en vigor. ¿Y cómo ha influido esto? Pues según Vallespín, perjudicando a los partidos nuevos, sobre todo a Podemos, la opción más escogida entre los jóvenes emigrados. "El voto rogado implica que hay que solicitar votar, y eso lleva una serie de trámites para todos estos nuevos emigrantes españoles". Por eso, opina, el voto rogado "favorece al statu quo". "Eliminar el voto rogado favorecería claramente a este nuevo sector de la población que está más politizado y prefiere a los partidos nuevos, sobre todo Podemos", argumenta. 

"Quienes estuvieron obligados a emigrar por la crisis fueron jóvenes preparados", explica. Y estos "tienen perfil de votantes de partidos de izquierdas", añade. De hecho, Vallespín opina que un gran porcentaje de estos emigrantes podrían haber sido votantes de Podemos, un partido que en 2015 se presentaba por primera vez a las elecciones generales y que, además, insistió mucho en los efectos devastadores que la crisis estaba teniendo en la población joven que tenía que abandonar el país. "Os han echado y estamos trabajando para que podáis volver", llegó a decir el secretario general de la formación morada, Pablo Iglesias. 

Con Vallespín coincide el sociólogo Manuel Jiménez. "Es un voto [el exterior] que depende de la influencia del perfil. Con la crisis era gente joven, y normalmente el voto más joven sigue la tendencia de cambio que en ese momento se está dando. Mayoritariamente se fue a Podemos", explica a infoLibre. La formación morada, añade, "ganó bastante en el voto exterior en términos relativos. Si hubiera sido una circunscripción única [en las elecciones de 2015 y 2016] habría ganado la izquierda" que estaba, además, mucho más movilizada. Y una de las razones de esa movilización era, precisamente, el aumento de la emigración. 

No obstante, el PP siguió a la cabeza. De este modo, en el año 2015 Podemos obtuvo el 18,5% de los votos procedentes del exterior —lo que supuso un sorpasso al PSOE, con el 17%—; los conservadores, por su parte, el 23,7%. 

Emigración tradicional en América Latina: voto conservador

Tal y como se observa en los datos recogidos por el Ministerio del Interior, no ha habido elección, desde el año 2000, que el PP no haya ganado en el exterior. Con voto rogado y sin voto rogado, los conservadores han sido la fuerza política más votada entre los españoles residentes en el extranjero. ¿Por qué? Según Vallespín, hay un voto tradicional que escoge partidos conservadores. Procede, en su mayoría, de la emigración española que reside en países de América Latina. "Son los que emigraron a países como Argentina y Uruguay", explica. 

"Hay más de un millón de personas residiendo en Latinoamérica cuyo voto era favorable al PP", indica. Hay por tanto, dice, "dos sensibilidades muy distintas": "Los que abandonaron España por la crisis y que votan más a partidos de izquierdas y los que emigraron antes, cuyo voto es más conservador", afirma.

No obstante, puntualiza, el voto de estos últimos es también conservador en el sentido de que se orienta hacia los partidos del gobierno. "En la época gloriosa del PSOE votaban al PSOE, y cuando gobernaba el PP, votaron al PP", argumenta. "Se trata de una pauta muy sistémica. Votan por el partido del gobierno, de la corriente", añade. 

Hay, por tanto, una "diferencia sociológica estructural", según Vallespín. El voto rogado beneficia a uno u otro partido dependiendo del perfil del votante. En este sentido, ¿qué puede ocurrir en las próximas elecciones?

"Ahora la incógnita es mayor porque el PP tiene salidas de voto y no sabemos si esto se va a trasladar a los votantes que residen fuera de España", dice Jiménez. "El hecho de que pierda fuerza en los resultados generales hace que haya más competencia en muchos distritos y que unos pocos votos sean más importantes. Habría más votos en juego y podría ser más relevante el voto exterior", añade. 

Tras reunirse la Comisión de General de Secretarios de Estado y Subsecretarios el miércoles y la Comisión Delegada del Gobierno el jueves, el Ministerio de Trabajo convocó por la tarde a patronal y sindicatos a la Mesa de Diálogo Social. Los representantes de CEOE, CCOO y UGT esperaban desde el pasado martes, cuando se anuló la reunión a la que habían sido citados para ese día, a que el Gobierno les llamara para conocer el calendario y el contenido de los decretos sobre empleo y Seguridad Social que negocia también con los grupos parlamentarios a la búsqueda de su posterior convalidación en la Diputación Permanente del Congreso. Entre las dificultades para reunir esos apoyos políticos y el protagonismo mediático de las reivindicaciones feministas del 8M, las dudas cundían alrededor de los “decretos sociales” anunciados por el Gobierno.

Finalmente, según las fuentes consultadas por infoLibre, este viernes el Gobierno devolverá el subsidio de desempleo para parados mayores de 55 años a las condiciones en que se concedía antes de que el PP lo reformara en 2012. Por tanto, a partir de ahora podrán solicitarlo los mayores de 52 años, el SEPE volverá a pagar la cuota a la Seguridad Social por una base del 125%, en lugar del 100% de estos últimos siete años, y para el cálculo de la renta mínima permitida para cobrar la ayuda ya no se incluirá también las rentas de cónyuges o hijos, sólo la del desempleado, que no puede superar el 75% del Salario Mínimo Interprofesional. La cuantía del subsidio es de 430,27 euros al mes. Otra limitación que desaparecerá se refiere a que los beneficiarios del subsidio podrán seguir cobrándolo hasta los 63 años, si es que cumplen los requisitos de cotización para jubilarse de forma anticipada, cuando antes dejaban de hacerlo a los 61 años.

Registro obligatorio de jornada

En el real decreto-ley de medidas urgentes de protección social y lucha contra la precariedad laboral, el Gobierno aprobará también el registro obligatorio de la jornada laboral, una medida que cuenta con el rechazo de la CEOE. Las empresas tendrán que consignar la hora de entrada y salida de sus trabajadores, informarles de sus jornadas con periodicidad mensual y conservar los registros durante cuatro años. “La Inspección de Trabajo nos lo demanda y los sindicatos están de acuerdo”, justificó la ministra Magdalena Valerio cuando se le preguntó por la medida. Si las empresas no cumplen, la norma prevé sanciones. El abogado general del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) dictaminó hace un mes que las empresas están obligadas a implantar un sistema de cómputo de la jornada laboral efectiva de sus plantillas, para garantizar que no supera los límites legales. Aún falta que el TJUE se pronuncie definitivamente sobre la cuestión prejudicial que le envió la Audiencia Nacional a propósito de una demanda de UGT y CCOO contra Deutsche Bank.

En dos sentencias anteriores, de 2017, referidas a otras tantas demandas sindicales contra Bankia y Abanca, el Tribunal Supremo había dictaminado contra la obligatoriedad de las empresas de registrar las horas trabajadas por sus empleados. Por el contrario, la Inspección de Trabajo lleva tiempo quejándose de la falta de instrumentos para controlar si los asalariados hacen horas extraordinarias y si éstas se pagan o no, así como el fraude en los contratos a tiempo parcial con horas abonadas en negro. Según la última Encuesta de Población Activa (EPA), el 46% de las horas extras realizadas en España no se retribuyen a los trabajadoresel 46% de las horas extras realizadas en España no se retribuyen a los trabajadores. Precisamente uno de los motivos alegados por el abogado general del TJUE para obligar a las empresas a llevar ese registro horario es que, de otra manera, sería imposible diferenciar entre horas ordinarias y extraordinarias, además de dificutarse a los trabajadores la defensa judicial de sus derechos, al privárseles de “un primer indicio probatorio esencial”.

Por el contrario, la CEOE rechaza la obligatoriedad del registro de jornada como un “cambio hacia lo antiguo”. “Se ha planteado matar moscas a cañonazos”, protestó su presidente, Antonio Garamendi, “en el pasado, a la hora de fichar, fueron los propios trabajadores quienes rompieron los aparatos porque decían que iban en contra de su libertad individual”. Además, la patronal aduce que aumentará la burocracia y los costes de las empresas, y es de difícil aplicación en las pymes. Al igual que Ciudadanos, la CEOE cree que el registro debería ser materia de negociación en los convenios colectivos.

Por el contrario, sigue en el cajónel decreto que derogará parte de la reforma laboral de 2012, reforma laborala la espera del deseado apoyo parlamentario.

Seguridad Social

El decreto sí incluirá, en cambio, otras iniciativas en materia de Seguridad Social, como los incentivos a la contratación indefinida de los parados de larga duración, aquellos que llevan sin trabajo más de un año. Se trata de bonificaciones de las cuotas a la Seguridad Social que pagan las empresas: tendrán descuentos de 1.300 euros anuales durante los tres primeros años del contrato, 1.500 euros si emplean a una mujer. A cambio, deberán mantenerlos en el puesto al menos cinco años y no recortar plantilla durante al menos dos años.

También se estimulará con descuentos en las cuotas la conversión de contratos temporales en fijos o fijos-discontinuos para los trabajadores agrarios. La medida tiene una fecha tope, el 1 de enero de 2020. Para ingenieros y licenciados, las bonificaciones serán de 480 euros al año durante dos años, 640 euros si el beneficiado es una mujer, siempre que trabajen durante todo el mes y su base de cotización mensual sea inferior a 1.800 euros. En caso de que coticen por jornadas reales trabajadas y su base de cotización diaria no supere los 81 euros, la bonificación será de dos euros al día durante dos años, 2,66 euros si es una mujer. Para el resto de los grupos de cotización, de ingenieros técnicos a peones y menores de 18 años, el descuento deberá resultar en una cuota inferior a 88,15 euros al mes o cuatro euros por jornada real trabajada; o inferior a 58,77 euros o 2,68 euros por jornada si el beneficiado es una mujer.

Igualmente el Consejo de Ministros aprobará el aumento de la prestación por hijo a cargo, que pasará de 291 euros al año a 341 euros para las familias en situación de pobreza y a 588 euros si su pobreza es severa porque viven con una renta inferior al 25% del umbral de pobreza –fijado en 17.238 euros anuales para un hogar formado por dos adultos y dos hijos menores de 14 años–. La iniciativa fue pactada con Unidos Podemos el pasado mes de octubre, junto a otras medidas de carácter laboral.

Más medidas: se recupera la cotización a la Seguridad Social de los cuidadores familiares de personas dependientes, se mejoran las cuantías mínimas de las pensiones por incapacidad permanente total, se reduce la cotización de los trabajadores agrarios para amortiguar el impacto de la subida del salario mínimo y se aprueba el pago de las cuotas a los autónomos que se hallaban de baja antes de la entrada en vigor del real decreto que revalorizaba las pensiones.

Garantía Juvenil

El Ejecutivo cambiará también el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, uno de los programas estrella del anterior Gobierno. La iniciativa, diseñada y financiada por la Unión Europea, beneficiará a partir de ahora a todos los parados menores de 30 años. Hasta el momento, asistía a los menores de 25 años y a quienes, entre los 25 y los 30 años, tuvieran una discapacidad igual o superior al 33%. Igualmente se suprime la limitación que permitía el acceso de los parados de 25 a 30 años mientras que la tasa de desempleo en ese intervalo de edad no bajase del 20%. En la última Encuesta de Población Activa (EPA) de 2018, la tasa se situaba ya en el 19,67%, por lo que, si no se cambiaba la ley, este grupo dejaba de beneficiarse del sistema. Además, dejarán de causar baja automática en el sistema los inscritos que rechacen alguna de las medidas –cursos, cualificación profesional, un empleo– que se les ofrezcan.

Dotado de 6.400 millones de euros hasta 2020, el Sistema Nacional de Garantía Juvenil consiste en que cada país de la UE debe garantizar a los menores de 29 años “una buena oferta de empleo adecuada a su formación, capacitación y experiencia, o una oferta de formación para encontrar un puesto de trabajo en el futuro”, bien sea un curso, ciclos de Formación Profesional, un contrato en prácticas o de aprendiz. Y la oferta debe hacerse en un plazo de cuatro meses tras terminar los estudios o quedarse en el paro.

Cobro de derechos de autor y pensión

Otra medida a la que dará salida el Consejo de Ministros es el reglamento que desarrollará el decreto-ley que permite a los creadores compatibilizar la pensión de jubilación con el cobro de derechos de autor. Aprobado por unanimidad en el Congreso el pasado mes de enero, daba al Gobierno seis meses para aprobar el reglamento, un plazo que no ha consumido. La compatibilidad lleva aparejada una cotización de solidaridad del 8%, que en caso de tratarse de trabajadores por cuenta ajena se repartirá entre el empresario –el 6%– y el trabajador –el 2% restante–.

Hace sólo una semana, el Juzgado de lo Social número 14 de Madrid falló a favor del escritor y periodista Javier Reverte, que había demandado al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) a fin de anular la multa de 150.000 euros que le impuso por cobrar una pensión al tiempo que los derechos de autor de sus libros.

Además, obtendrá el visto bueno el Plan Anual de Política de Empleo para este año, que recoge todos los programas de activación laboral –formación, orientación y recualificación profesional– tanto del Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE) como de los servicios de empleo autonómicos. Y el Plan de Retorno a España, con el que se quiere incentivar el regreso de un buen número del casi millón de trabajadores que han abandonado el país desde que estalló la crisis. En principio, se creará una plataforma en internet para poner en contacto a empresarios y a trabajadores que quieran volver.