Hace dos años, el Orgullo de Santa María de los Llanos (Cuenca) se llenó de asistentes ataviados con orejas de conejo. Apenas unos días antes, un vecino del pueblo había compartido en redes sociales su preocupación: "Estos días va a haber más maricones que conejos", se lamentaba. El municipio conquense, habitado por poco más de 600 personas, tiene una sobrepoblación de liebres, una suerte de plaga que afecta severamente a la comarca. La respuesta al disgusto expresado por el vecino fue masiva: "La gente del pueblo empezó a hacer manualidades y creó diademas con orejas de conejo para que todos fuéramos así".

Lo cuenta Noelia al otro lado del teléfono, orgullosa de la capacidad para transformar la hostilidad en combustible. Noelia vive en realidad en Pedro Muñoz (Ciudad Real), pero se encarga de coordinar, como parte de la Asociación Plural LGTBIQA+ Mancha Centro, movilizaciones y actos en distintos pueblos de la comunidad. 

La activista conoce bien las particularidades de organizarse en un mundo rural al que a veces no llegan los recursos, donde muchos desean no ser vistos y otros tantos esperan la oportunidad para señalar a quien tienen al lado. La entidad en la que participa ha conseguido, en los últimos años, llegar a siete pueblos –Villafranca de los Caballeros, Campo de Criptana, Herencia, La Puebla de Almoradiel, Santa María de los Llanos, Alcázar de San Juan y Villacañas–, pero en muchos otros se han topado con un muro infranqueable. "Se nos quedan pueblos en medio, como el mío", lamenta. A veces no basta ni todo el empeño del mundo. 

Noelia presume de ser visible en todas las esferas de su vida, no solo por el discurso que abandera, sino también por los símbolos de los que hace gala. Ella que trabaja con menores sabe bien de la importancia que tienen los gestos, los espejos donde uno pueda reconocerse y la imperiosa necesidad de construir espacios seguros para tender la mano a quien pueda necesitarlo. 

Contar con lugares seguros fue un salvavidas para Sergio. Forma parte de la Asociación Diversas, una organización que nace hace diez años en el norte de Tenerife. El activista trabaja en el Valle de la Orotava, una zona que comprende tres municipios: La Orotava, Los Realejos y Puerto de la Cruz. Sergio habita en el segundo y conoce a la perfección lo que es salir del armario teniendo que sortear las miradas de quienes hasta ese momento no se habían molestado en dirigirle la palabra. "Recuerdo perfectamente cómo se me perseguía al grito de maricón", comparte. Tenía 14 años y pocos alicientes para expresarse con la normalidad que habría deseado.

Pero sí contó con algunos sostenes. Apenas una semana después de salir del armario, el tinerfeño leyó una noticia en el periódico: su pueblo se declaraba municipio libre de LGTBIfobia. "Creo que mi adolescencia no habría sido igual si yo fuera de una gran ciudad, pero con el paso del tiempo me he dado cuenta de que nunca he querido irme de aquí. El hecho de vivir en un pueblo donde estos temas se trabajaban me ayudó salir de esa espiral de odio". 

En Cedeira (A Coruña), la normalidad brotó en los bares, las plazas y los mercados gracias a un grupo de amigas decididas a organizarse. "Queríamos que pasaran cosas", resume Ánxela. Así que llenaron todos los "espacios de socialización" de banderas, charlas y recitales, hasta el nacimiento hace dos años del primer Cedeira Queer. "Ocupamos todo el pueblo, fue hermoso", recuerda hoy la activista. Aquel grupo de amigas construyó con sus propias manos la organización Mestas Cedeira.

Ánxela nació en el municipio costero de Muros, pero terminaría pasando gran parte de su vida en A Coruña, "un núcleo más grande en el que es más fácil pasar desapercibida". Hace cinco años que vive en Cedeira y desde entonces no ha dejado de pensar en la necesidad de crear algo tan sencillo y valioso como puntos de encuentro para la comunidad LGTBIQ+. Conoció a sus compañeras en un acto institucional a iniciativa del concello y enseguida prendió la mecha. "Fuimos a la llamada porque confiamos en encontrar a otras personas del colectivo. Surgió una amistad maravillosa y empezamos a planear cosas". 

La acogida fue inmediata: "Mucha gente del pueblo que no es del colectivo se acerca porque quieren aprender, escuchar y apoyar", presume la activista. También las personas mayores, especialmente fieles a las actividades que organizan. "Ver a dos señoras jubiladas en una charla sobre no monogamias y perspectiva LGTBI es una maravilla". 

Sobre iniciativas que nacen de encuentros informales saben algo Bebi y Claudia. Sus circunstancias son del todo extraordinarias: en la pedanía de La Alberguería (Salamanca) están censadas algo menos de medio centenar de personas, pero solo residen ellas dos. "Si el total de la población es gay, por qué no íbamos a tener nuestro propio Orgullo", relata Bebi. Así fue como nació el festival la Albergayría, sufragado en su totalidad por la pareja. 

La iniciativa caló entre los vecinos de los municipios colindantes. Hasta tal punto que "casi todo el mundo colabora voluntariamente, los negocios de alrededor donan bebidas, comidas y productos para el bingo". El pueblo se tiñe de arcoíris, batucadas, espectáculos drag y mucha reivindicación. Bebi confía en poder reeditar el éxito este año, incluso superarlo. "Que se vea que no pasa nada, que en las zonas rurales, incluso en la Castilla profunda, se puede vivir con libertad". 

Se trata, al fin y al cabo, de hacer más habitable la vida de quienes "viven en los márgenes de los márgenes", asiente Sergio. Y de allanar el camino a todo aquel que lo necesite. "Yo pasé de decirle a mi madre que era gay y que llorase sin parar, a ir acompañado de ella a las manifestaciones del Orgullo", zanja.

En Gay Bar. Fragmentos de aquellas fiestas, el estadounidense Jeremy Artheton Lin reconstruye, a través de sus historias personales y llevando al lector a otras épocas, la importancia que tuvieron los bares gais como espacios donde generaciones enteras pudieron imaginar otras formas de vida. Publicado originalmente en inglés en 2021, el libro acaba de llegar a las librerías españolas de la mano de Capitán Swing, con traducción de María Porras. En esta entrevista con infoLibre, el autor reflexiona sobre la desaparición de estos lugares, la memoria queer y los desafíos que afronta hoy la comunidad LGTBIQ+.

¿Qué le impulsó a escribir Gay Bar. Fragmentos de aquellas fiestas? 

El libro se publicó en inglés en 2021 y, en los años previos, en Londres, donde vivía entonces, los bares gais estaban cerrando a gran velocidad, igual que en muchas otras partes del mundo. Era una pena, porque habían sido espacios seguros, centros de comunidad y activismo. Pero también quería examinar la complejidad de esas experiencias. Quería escribir un libro que incluyera una historia cultural, pero que estuviera profundamente anclado en mis propias experiencias.

En su libro, transporta al lector a otras épocas. ¿Le ha costado mucho investigar cómo eran esos bares gais y qué situaciones se habían producido en ellos? ¿Qué fue lo más difícil?

Lo más difícil fue darme cuenta, a mitad del proceso, de que había elegido como objeto de estudio negocios privados. Pero, sinceramente, la mayor parte del tiempo me estaba divirtiendo mucho. Suelo rebuscar en informes policiales, sentencias judiciales y, en el caso de Gay Bar, también en documentos de protección patrimonial que defendían que ciertos edificios fueran reconocidos por su valor histórico. A simple vista parecen documentos aburridos, pero están llenos de sorpresas.

Mi trabajo consiste en destilar todo eso y encontrar los momentos que revelan hipocresías, dobles raseros, incomodidades morales o mecanismos de chivo expiatorio. Si estoy en un archivo y me encuentro riéndome ante lo absurdo de algo que está escrito en un informe policial, sé que probablemente pertenece al libro. El humor impide que la historia se convierta en una narración lineal de “antes todo era peor y ahora todo es mejor”. La realidad es mucho más caótica y compleja, y el humor la humaniza.

Si pudiera rescatar un solo lugar histórico mencionado en el libro y preservarlo para siempre, ¿cuál sería y por qué?

Probablemente elegiría un bar de San Francisco llamado El Rio. Siempre me ha parecido un espacio construido desde abajo, desde la comunidad, y no desde los inversores. Ha acogido noches y eventos dirigidos a personas de identidades sexuales y de género muy distintas, pero también a personas procedentes de posiciones sociales muy diversas. Es un lugar genuinamente diverso y también un poco desaliñado, en el mejor sentido de la palabra. No es un espacio asociado a una gran narrativa histórica, sino a algo más silencioso pero constante: permitir que la gente se sienta auténtica.

En el libro muestra cómo esos espacios eran racistas, clasistas o excluyentes. ¿Hasta qué punto se corre el riesgo de idealizar aquellos bares?

Precisamente quería evitar idealizar esos espacios. Quería celebrar lo que significaron, pero también mostrar sus contradicciones. El problema es que los medios suelen simplificar las historias. Recuerdo una entrevista en la que hablé de un bar de Los Ángeles que había sido un lugar de libertad, pero también de sus políticas sexistas, racistas y transfóbicas. En la emisión eliminaron esa segunda parte y luego pusieron música disco. Por eso sigo defendiendo los libros frente a formatos más rápidos: hacen falta espacio y tiempo para abordar estos asuntos. 

¿Qué función cumplen estos bares que no pueden cumplir las redes sociales o las aplicaciones?

Las redes y las aplicaciones nos empujan a convertirnos en mercancía. Presentamos una única imagen de nosotros mismos. Creamos una versión de nosotros que queda encerrada tras un cristal. Además, los encuentros se producen a partir de criterios preseleccionados, y todos sabemos que la realidad no funciona así. A veces la conexión surge por una sorpresa, por una forma de reír, por un olor, por algo vivo que ocurre en el espacio compartido y no hablo sólo de relaciones románticas. 

Si pudiera diseñar hoy un bar gay, ¿cómo sería? ¿Qué tendría que conservar necesariamente de los viejos bares para seguir siendo un espacio queer?

Bueno, ahora soy mayor y, en cierto modo, ya estoy retirado de la vida nocturna. Mi bar gay ideal sería casi un chiringuito de playa. Un lugar relajado donde lo importante fueran la música y la forma en que la gente se reúne, más que la estética. Cuando empecé a salir por los bares, esos espacios reflejaban el miedo al sida, todo era blanco, impecable y obsesionado con la apariencia saludable. Hoy diseñaría un lugar más orgánico, cálido e imperfecto, con madera en lugar de plástico. Un espacio más humano, donde la música siguiera siendo el punto de partida.

Actualmente, si tuviera que destacar una tensión o problemática de la comunidad queer, ¿cuál sería?

Hay dos cuestiones que me preocupan especialmente. La primera es el uso de las personas trans como chivo expiatorio en Reino Unido y Estados Unidos dentro de un movimiento político claramente regresivo. La segunda, que abordo también en mi próximo libro,Deep House, es cómo se suele hablar de inmigración y de diversidad sexual como si fueran asuntos separados. Pero hay muchísimas personas que se encuentran atrapadas en ambas realidades: son queer y, al mismo tiempo, tienen la necesidad de cruzar fronteras o migrar.

¿Cree que esas nuevas generaciones no entienden el mundo que han heredado?

Creo que tendemos a idealizar el pasado y a buscar héroes perfectos, cuando el progreso siempre ha llegado a través de contradicciones y giros inesperados. Además, muchas de estas luchas son mucho más recientes de lo que pensamos. En mi próximo libro hablo del caso Lawrence contra Texas, que anuló las leyes contra la sodomía en Estados Unidos en 2003. Mientras se esperaba esa sentencia, mis amigos y yo escuchábamos Milkshake, de Kelis. Me gusta recordar ejemplos como ese porque muestran hasta qué punto estas luchas siguen estando muy cerca de nosotros.

La normalización del matrimonio igualitario y su aceptación social han sido victorias históricas en algunos países, ¿qué aspectos de la vida gay han quedado neutralizados por esas mismas victorias?

La asimilación nunca fue realmente el objetivo de muchos movimientos por los derechos civiles. Por ejemplo, una de las primeras parejas que reclamó el reconocimiento federal de su matrimonio lo hizo por motivos migratorios, no porque defendiera la institución matrimonial, sino porque era una vía para alcanzar la igualdad. Hoy muchas personas queer siguen priorizando la solidaridad con otros colectivos que sufren injusticias. Esa solidaridad es una forma de evitar que la integración se convierta simplemente en una adaptación a las normas sociales dominantes.

En el libro destaca la historia de Kavumarz Anklesaria, asesinado a golpes por sonreír en el año 1980. ¿La homofobia castiga a los homosexuales o castiga cualquier desviación de la masculinidad normativa?

Ese episodio me recuerda que la identidad social no depende solo de cómo nos definimos nosotros mismos, sino también de lo que otros proyectan sobre nosotros. Me impactó descubrir en los archivos cómo una identidad equivocadamente atribuida podía tener esas consecuencias. Aquel hombre fue considerado homosexual y agredido simplemente por sonreír en público. Creo que, en memoria de él y de tantas otras personas, debemos recordar que nuestras preocupaciones sociales nunca pertenecen a una sola categoría; todas están conectadas con las experiencias de los demás.

Después de recorrer tantos bares, ciudades, historias y generaciones, ¿qué cree que estaba buscando realmente el joven Jeremy cuando entró por primera vez en un bar gay, es decir, sexo, amor, identidad, comunidad o algo que todavía no sabía nombrar?

Creo que una de las cosas importantes del libro es que yo no decidí ir solo al bar, me llevaron. A menudo son las personas que nos rodean quienes nos identifican antes incluso de que comprendamos plenamente nuestra propia identidad. Yo tenía curiosidad, y esa curiosidad fue el comienzo de todo. Durante un tiempo, las conversaciones sobre género y orientación sexual parecían centrarse solo en la identidad o la comunidad, pero creo que son precisamente nuestros deseos y pasiones los que generan formas inesperadas de comunidad. Entras en esos espacios buscando una cosa y acabas encontrando otra. Lo importante son los encuentros con otras personas.

"Me gustaría que algún día nos expliquen cómo van a llevar una competencia que se llama Diversidad en el Gobierno autonómico". Las palabras las pronunciaba hace apenas una semana el presidente de la Diputación de Segovia, el conservador Miguel Ángel de Vicente, dirigiéndose al diputado de Vox Pedro María Varela. Lo hacía después de que la formación ultra votara en contra de aprobar una moción para condenar los discursos de odio contra el colectivo LGTBIQ+.

La preocupación expresada en sede parlamentaria es en realidad compartida: ¿en qué lugar dejan los pactos con la extrema derecha a la comunidad LGTBIQ+? Pero quien la verbaliza está, al mismo tiempo, haciendo gala de sus propias contradicciones: estrechar primero la mano de la extrema derecha, para después alarmarse con sus de sobra conocidas posiciones ideológicas. Si Vox lleva el timón de las políticas sociales en Castilla y León es gracias a los acuerdos con los conservadores, quienes no se han preguntado hasta ahora "cómo van a llevar una competencia que se llama diversidad".

Sucede en suelo castellanoleonés, pero son varias las comunidades en las que el colectivo camina en vilo hacia su fecha más importante, temeroso de perder los derechos conquistados y en una suerte de calma tensa, consciente de que cualquier paso en falso puede hacerle retroceder décadas. 

El PP y Vox se han vuelto a dar la mano con una serie de pactos autonómicos rubricados en los últimos meses en cuatro regiones: Castilla y León, Extremadura, Aragón y Andalucía. Ambas fuerzas han resituado sus prioridades y estrategias, reduciendo las discrepancias públicas y buscando, en términos generales, caminar hacia una convivencia marcada por una línea ideológica común en el grueso de los asuntos.

En materia LGTBIQ+, los de Santiago Abascal han decidido bajar los decibelios, pero tanto su ideario como su hoja de ruta no se han movido ni un milímetro: alertan sobre los peligros de la educación en diversidad, rechazan frontalmente las leyes específicas y claman contra el respaldo simbólico al colectivo. 

El caso de Castilla y León es paradigmático, porque el punto de partida es la inacción histórica en materia de políticas públicas. Se trata de la única comunidad sin una ley para el colectivo, una deuda a la que Vox se opone tácitamente, pero que el PP ha venido desoyendo desde hace años. "El PP no termina de entender ni de trabajar en todo lo que respecta a la diversidad". Habla Gema Segoviano, portavoz de Segoentiende. 

En la región, comenta la activista, se reproduce una dinámica que no es extraña: el compromiso de cada territorio varía en función de las sensibilidades particulares de los representantes públicos. En Valladolid, el gobierno municipal del PP ha rechazado un año más cubrir la fachada consistorial con la bandera del colectivo, al contrario de lo que ocurre en otros territorios también conservadores, como Salamanca. "Hay diputaciones que se implican, a nivel local se intenta dar visibilidad a esta realidad, pero hay una brecha enorme en el plano autonómico", traza la activista. 

Se detiene específicamente en la ausencia de una ley propia. "Llevamos más de quince años intentando tramitarla", pero los conservadores se acomodan en pretextos de muy diversa naturaleza para mantenerla en un limbo. "Vox puede frenar iniciativas, pero el PP a nivel autonómico ni siquiera ha dado pasos", lamenta la activista, por lo que a su juicio a los conservadores "les va a venir muy bien" la presencia de la extrema derecha, porque "así tienen la excusa". Sencillamente, vaticina la portavoz, a muchos líderes políticos "no les va a merecer la pena" significarse a favor del colectivo. 

Y eso tiene su eco en el día a día. "En algunos colegios hay ya cierto temor a que en algún momento un padre o madre empiece a levantar la voz y use los argumentos de Vox para no hablar de diversidad afectivo-sexual".

En términos de reparto de poder, desaparece la consejería de Igualdad y el ultra Carlos Pollán asumirá la de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales. Fue Pollán quien, como presidente de las Cortes de Castilla y León, se ha negado en reiteradas ocasiones a colocar la bandera arcoíris en la sede parlamentaria, un gesto que el nuevo líder de la cámara prevé recuperar. 

También quedarán en manos de la ultraderecha todas las políticas vinculadas al colectivo en Aragón. En la comunidad, los pactos de gobierno han llevado al ultra Alejandro Nolasco al frente de la consejería de Desregulación, Bienestar Social y Familia, borrando de un plumazo la anterior dirección general específica de Igualdad. 

En la comunidad, Vox ha hecho explícito su propósito de derogar, o al menos reformar, las leyes específicas del colectivo. Hace tan solo un año, se quedó solo al intentar fulminar la ley trans aragonesa, encajada por los ultras en el apartado de la "cultura woke" e "ideología de género". Este año, las Cortes de Aragón no emitirán declaración institucional, fruto de la falta de acuerdo entre los grupos.

A Natalia Aventín, sin embargo, le resulta más sangrante la permisividad del PP. Ella es miembro de Euforia Familias Trans-Aliadas y reside en el Valle de Benasque, en el Pirineo aragonés. La fórmula que han encontrado ella y sus compañeros ante un panorama desalentador es la organización de base. "Hay incertidumbre, pero hemos constituido una red de entidades para unir fuerzas entre los diferentes colectivos ya existentes, tener una estrategia, demostrar que estamos aquí y que se sigan desarrollando las leyes", asiente. 

Aventín, quien conoce en primera persona las secuelas del discurso de odio, siente cierto pudor ante la "ignorancia" de la que hacen gala algunos representantes políticos, a través de "las declaraciones que lanzan, sin ningún tipo de complejo, sobre todo contra las identidades trans". La activista recuerda que el PP aragonés votó a favor de todas las leyes específicas del colectivo, pero ahora ha decidido "mirar para otro lado, sin poner líneas rojas que tienen que ver con los derechos humanos y que un partido democrático no debería cruzar". Esa "ambivalencia", asiente la activista, sitúa a los conservadores "en un lugar muy peligroso". 

Igual que sus homólogos aragoneses, los representantes de la ultraderecha institucional en Extremadura persiguen la derogación de la ley autonómica. Hablan de "adoctrinamiento ideológico" en las aulas y lo incluyen como un objetivo irrenunciable. Pero en este caso, al contrario que en los demás territorios analizados, la Consejería de Igualdad no solo no desaparece, sino que permanece en manos del PP, con Ara Sánchez al frente. 

Tanto la consejera como su partido se han esforzado en consagrar la idea de que los derechos del colectivo están garantizados en el territorio. A mediados de mayo, con motivo del día contra la LGTBIfobia, la bandera arcoíris amaneció ondeando en la sede de la Presidencia de Extremadura. El gesto no sorprendió a Vox: "Nos hemos desmarcado, pero respetamos en este caso la sensibilidad de la señora [María] Guardiola y del PP", asintió su secretario general, Ignacio Garriga. 

Aquellas palabras funcionaban como una suerte de declaración de intenciones que insufló alivio al colectivo. Lo explica Sara Ramos, miembro de Extremadura Entiende. "Por ahora estamos tranquilas, pero no significa que no nos preocupe la entrada de la extrema derecha", sostiene. Y añade que la inquietud es global, porque aunque Vox no controle áreas clave para el colectivo, lo cierto es que "los derechos y las necesidades son transversales", así que cualquier retroceso en políticas sociales, laborales y económicas tendrá impacto también en ellos. 

Aunque en esas tres comunidades "el ambiente es más desesperanzador", existen otras muchas señales de preocupación más allá de sus fronteras. Así lo entiende Paula Iglesias, presidenta de la Federación Estatal LGTBI+. Su mirada se sitúa casi de inmediato en la Comunidad de Madrid. En la región, se suceden "pequeños grandes gestos que lanzan mensajes muy claros". La activista se refiere a la decisión de no colgar la bandera en los edificios institucionales de la Comunidad y el Ayuntamiento, pero también a la campaña municipal diseñada por el consistorio y que vacía de contenido político al Orgullo.

Iglesias contempla con preocupación también los pasos hacia atrás en la Comunitat Valenciana, donde un intento de reforma legislativa ha sido temporalmente paralizado por el Tribunal Constitucional. PP y Vox estaban decididos a modificar la ley trans de la comunidad, pero el Gobierno de Pedro Sánchez interpuso un recurso debido al recorte de derechos. La dinámica es prácticamente idéntica a la que sucedió ya en la Comunidad de Madrid. También en Valencia, el gobierno regional ha decidido eliminar las referencias a las políticas LGTBIQ+ en los presupuestos del área de Diversidad. 

Y en Totana (Murcia), la derecha y la ultraderecha incluyeron en su acuerdo presupuestario una cláusula que suprime los actos institucionales relacionados con el Orgullo y la colocación de la bandera en los edificios municipales. 

El pasado mes de marzo, la Federación Estatal publicaba su informe sobre el voto de la comunidad LGTBIQ+. Ante la pregunta de si la llegada de un gobierno ultraconservador pondría en riesgo los derechos conquistados, el 64,9% de los encuestados respondía afirmativamente. El principal miedo expresado por quienes participaron en el estudio tenía que ver con una eventual falta de protección frente al odio. Este domingo el colectivo sale a la calle no solo para celebrar, sino también para ponerse de frente ante cualquier intento de retroceso.

Hay quien dice que a las personas LGTBI nos roban una parte de nuestra vida. En mi caso es cierto. Durante los últimos años de mi infancia y toda mi adolescencia, me inocularon una idea que se extendió en mí como un parásito a medida que iba creciendo. La idea de que ser como era estaba mal. Que lo que me pasaba era una enfermedad que se podía curar.

No necesité escucharlo en casa de boca de mis padres. Me lo enseñó la poca vida que podía tener por entonces un niño de 13 años. Porque la primera información que tuve sobre lo que significaba ser homosexual fue a través de un insulto que recibí y que ni siquiera era capaz de identificar. Una sola palabra, pero llena de contenido: maricón.

“¿Qué significa eso?”, pregunté a mis amigos. “Eso es que te gustan los tíos”. Como es lógico pensé que, si aquello era algo por lo que los demás podían insultarte, no quería serlo.

Pero llegó la pubertad y, con ella, la constatación de que no compartía ese interés por las chicas que sí manifestaban mis amigos, mis compañeros de equipo y el resto de compañeros que me rodeaban. Me di cuenta, para mi vergüenza, de que efectivamente era eso que me habían llamado. Un maricón.

Y así fue como crecí. Pensando que había algo malo en mí. Con el peso de la culpa. Con la vergüenza como compañera perpetua, y con miedo. Con mucho miedo de que alguien pudiese enterarse y comenzasen los insultos, las humillaciones, las burlas e incluso los golpes. Todo aquello no era fruto de mi imaginación. Era lo que mis propios ojos veían cuando otros chicos identificaban a alguien como yo.

Pero lo peor de todo era la soledad. Porque precisamente esa vergüenza, ese miedo y esa culpa me impedían compartir lo que sentía con nadie. Me aterrorizaba sufrir acoso. Pero también decepcionar a mi familia. Así que hice lo que la inmensa mayoría de personas LGTBI nos vemos obligadas a hacer: sobrevivir. Me puse una careta y fingí ser otra persona. Vigilaba cómo me reía, cómo me sentaba, con quién me juntaba… todo para eliminar cualquier resquicio que pudiese descubrirme como un “maricón”. Traté de educar mis gustos, mis compañías, mis deseos… me apliqué, sin saberlo, una autoterapia de conversión.

Mi alivio llegó en pleno debate social de la ley de matrimonio igualitario, cuando un día escuché en la televisión a un psicólogo decir que la homosexualidad era una enfermedad y que se podía curar. Recuerdo perfectamente lo que sentí: un alivio ensordecedor. “Lo mío tiene solución”. Alguien era capaz de curar aquello. Me interesé, como el que no quiere la cosa para no despertar sospechas, por saber más sobre aquel hombre, y pude conocer su nombre: Aquilino Polaino.

Corrí a mi habitación, apunté su nombre en un papel y lo escondí pensando, “cuando sea mayor, iré a curarme”.

Por suerte, con el paso de los años conseguí destruir aquella idea que como un cáncer se apoderó de mí durante tantos años. Conseguí entender que no me pasaba nada malo. Conseguí desprenderme de la pesada culpa, de la vergüenza y del miedo. Y entonces dejé de sentirme solo. Me di cuenta de que mi familia y mis amigos me querían tal y como era. Me di cuenta de que la mayor parte de la sociedad era capaz de verme con ojos de naturalidad y normalidad. Y sin darme cuenta, también empecé a ser feliz.

Ahora sé que tuve suerte. Porque, aunque crecí pensando que estaba enfermo, nunca caí en las garras de las terapias de conversión. Tuve el apoyo de mi familia y mi entorno. Tuve unas redes que me sostuvieron, incluso en momentos oscuros.

Pero no puedo dejar de pensar en que otros muchos chicos y chicas no tuvieron la misma suerte. Críos, como yo entonces, que tuvieron que escuchar en su casa que estaban enfermos, que eran un error y que les podían arreglar. Chavales que no consiguieron soltar la mochila de la culpa y la vergüenza. E incluso otros muchos que fueron arrastrados a esas terapias por sus propios padres. Yo podría haber sido uno de ellos.

La aprobación este jueves de la Ley para penalizar las terapias de conversión que convierte a estas en un delito no sólo es un avance para las personas LGTBI. Es un símbolo. Lanza el mensaje de que este país no mira hacia otro lado, como hizo durante tanto tiempo. Y también son justicia democrática. Por todas aquellas personas que las sufrieron. Por todas aquellas personas a las que destrozaron la vida. Me enorgullece ver que, como país, mayoritariamente queremos pasar esta terrible página de nuestra historia. Aunque la pasamos no sin resistencia, la del PP y VOX.

Como cada avance LGTBI, nos encontramos enfrente a un PP que defiende la libertad… Pero la libertad de llevar a sus hijos a estas torturas, o de que estas queden impunes si se realizan con el consentimiento de la persona. Por suerte todo esto no se permitirá por ley.

Su oposición es, quizás, el mayor ejemplo de que, aunque avancemos, debemos seguir luchando en otros frentes, porque seguirá habiendo niños y niñas que piensen que están enfermos, y padres que quieran curarles. Y ante esa maldad, nada mejor que una ley que nos dice que nunca nos pasó nada malo. Que lo verdaderamente cruel e indigno es querer arrancar la propia identidad a una persona.

Llegamos tarde, pero llegamos para hacer justicia y proteger.

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Víctor Gutiérrez es diputado del PSOE.

Cada mes de junio, las calles de muchas ciudades se llenan de celebraciones y reivindicaciones por el orgullo LGTBIQA+, aparecen escaparates decorados con los colores arcoíris y campañas publicitarias que celebran la diversidad. Grandes empresas, bancos, multinacionales tecnológicas y marcas de moda compiten por mostrar su apoyo a la comunidad LGTBIQA+. A simple vista, podría parecer una señal clara de progreso social. Sin embargo, detrás de esta aparente celebración de la inclusión surge una pregunta incómoda: ¿hasta qué punto este apoyo responde a un compromiso real con los derechos LGTBIQA+ y no simplemente a una estrategia comercial?

El capitalismo cuenta con una enorme capacidad para aprovecharse de movimientos sociales y transformarlos en productos de consumo. Lo que comenzó como una lucha política contra la discriminación, la violencia y la exclusión ha sido, en muchos casos, convertido en una herramienta de marketing. El Orgullo nació de la resistencia y la protesta, especialmente tras los disturbios de Stonewall en 1969, cuando personas queer se enfrentaron a la represión policial. Su esencia era profundamente reivindicativa: exigir derechos, denunciar injusticias y desafiar estructuras de poder. Sin embargo, en la actualidad, gran parte de la atención mediática durante junio gira en torno a promociones especiales, colecciones temáticas y campañas corporativas.

Existe un fenómeno conocido como rainbow capitalism o "capitalismo arcoíris" que hace referencia precisamente a esta dinámica. Muchas empresas incorporan símbolos LGTBIQA+ a sus productos y estrategias publicitarias durante el mes de junio porque han identificado a la diversidad como un algo rentable. El apoyo a la comunidad se convierte así en una marca de modernidad y responsabilidad social que puede atraer consumidores, especialmente entre las generaciones más jóvenes. La bandera del Orgullo deja de ser solamente un símbolo político para convertirse también en una herramienta comercial.

Pero cuando se examinan las acciones de estas compañías más allá de sus campañas publicitaria aparece la realidad. Existen empresas que celebran el Orgullo en países donde la aceptación social es amplia, mientras mantienen silencio en mercados donde defender los derechos LGTBIQA+ podría afectar a sus beneficios. Otras financian campañas de inclusión a la vez que apoyan, directa o indirectamente, a organizaciones o partidos políticos que promueven políticas discriminatorias. En estos casos, la diversidad se convierte en un recurso estético y comercial y no una concienciación real.

Un problema importante aparece cuando la reivindicación se transforma en un evento patrocinado por corporaciones, porque existe el riesgo de que las demandas más urgentes queden relegadas a un segundo plano. La discriminación laboral, la violencia contra las personas trans, la situación de quienes sufren rechazo familiar o las desigualdades que afectan a personas LGTBIQA+ racializadas o en situación de pobreza reciben mucha menos atención que las campañas de marketing diseñadas para generar una imagen positiva de su marca.

Por ello, el mes de junio debería ser una oportunidad para reflexionar sobre la diferencia entre apoyo y apropiación. La comunidad LGTBIQA+ no necesita únicamente campañas publicitarias coloreadas de arcoíris, sino políticas concretas, derechos garantizados y una defensa constante de la igualdad durante los doce meses del año. 

Por último, me resulta importante resaltar que la crítica al capitalismo en este aspecto no busca rechazar la visibilidad ni negar los avances alcanzados. Pretende recordar que los derechos no son una mercancía y que las luchas sociales no deberían reducirse a oportunidades para las empresas de hacer negocio con ellas. El Orgullo emergió como una protesta social, no como una campaña de marketing. Mantener viva esa memoria es fundamental para evitar que la reivindicación quede opacada por el consumo y para asegurar que la búsqueda de igualdad siga siendo un objetivo político antes que una estrategia comercial.

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Andrea Mezquida es psicóloga, formadora con perspectiva de género y experta en psicología afirmativa (LGTB).

La campaña promocional del Orgullo de Madrid, que se celebra del 25 de junio al 5 de julio, se ha visto envuelta, un año más, en la polémica. El Ayuntamiento ha comenzado a instalar por las calles de la capital su nueva cartelería de publicidad del evento. En los carteles se puede leer “Orgullosamente de Madrid”, junto a diferentes escenas pintadas con los colores de la bandera arcoíris que representa al colectivo: flores en un balcón, una terraza con sillas de plástico apiladas y un escaparate de un comercio con caramelos. Diversos colectivos LGTBIQ+ y la oposición política critican que la campaña despoja de significado las reivindicaciones históricas del Orgullo y diluye su carácter reivindicativo.

Ronny de la Cruz, presidente del Colectivo de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales de Madrid (COGAM) ha señalado en declaraciones a infoLibre que la iniciativa supone “la decepción de todos los años”. A su juicio, se trata de una campaña institucional “totalmente alejada de lo que es el Orgullo, de los valores que representa y de las propias personas”.

Pese a las críticas, desde la organización mantienen “la mano tendida” para colaborar con el consistorio, aportando ideas y valorando propuestas con el fin de lograr una cartelería que realmente represente al colectivo. Además, advierten de que, por más que se evite representarlo como corresponde, el movimiento LGTBIQ+ “no se va a dejar invisibilizar”.

Arcópoli, asociación sin ánimo de lucro de la Comunidad de Madrid dedicada a la defensa de los derechos, la igualdad y la plena inclusión de las personas LGTBI+, también ha cargado contra la campaña. En un comunicado difundido a través de sus redes sociales, denuncia que la iniciativa institucional del Ayuntamiento de Madrid para el 28J supone un “borrado sistemático de las personas LGTBI+”, constituye una “falta de respeto intolerable a la memoria histórica” de quienes lucharon por los derechos del colectivo y responde a una “provocación política consciente” que busca “despolitizar, desarmar y volver invisible la disidencia sexual y de género” en los espacios públicos de la ciudad.

"Nunca falla, en vez de acompañar las reivindicaciones LGTBI+, [el consistorio] intenta vaciarlas de contenido, convertirlas en una postal amable y a veces hasta insultante, una fiesta sin memoria y una ciudad sin quienes la hicieron posible", añaden en sus redes sociales.

La oposición política también ha mostrado su rechazo a los carteles del consistorio. En declaraciones a Europa Press, la portavoz del PSOE, Reyes Maroto, ha acusado al alcalde de “reducir esta celebración a un elemento decorativo, borrando a las personas del colectivo y la memoria de quienes lucharon por nuestros derechos”.

Sin embargo, José Luis Martínez-Almeida ha restado importancia a las críticas y ha reprochado la actitud de la oposición: “Ellos se entretienen con las banderas y con los carteles. Nosotros nos ocupamos de que el Orgullo sea esa fiesta reivindicativa, abierta y alegre que ha sido siempre en la ciudad de Madrid”, ha afirmado el alcalde madrileño. Desde el área de Políticas Sociales del consistorio, responsable de la campaña, se han limitado a reafirmar “el compromiso del Ayuntamiento de Madrid con la defensa y promoción de los derechos de las personas LGTBI”.

No es la primera vez que el Ayuntamiento madrileño escoge elementos estereotipados para promocionar el Orgullo. En 2024 relacionó la celebración con tacones, condones y fuegos artificiales; mientras que en 2023, bajo el lema “Muestra tu orgullo”, utilizó pompones y abanicos como motivo principal. Unas elecciones gráficas que, según denuncian las asociaciones LGTBIQ+, contribuyen a despolitizar la manifestación, vaciarla de su carga reivindicativa y restar fuerza al movimiento.

En medio de las críticas, Martínez-Almeida será galardonado en el Orgullo de Ávila "por su activismo LGTBI+". El Ayuntamiento de Madrid recibirá un reconocimiento en los Premios a la Diversidad organizados por la plataforma ArcoÁvila, cuyo presidente es, a su vez, concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de la capital abulense.

Pocos sabían qué era una persona intersexual antes de ver en pantalla grande a José Luis López Vázquez interpretar a Adela en Mi querida señorita, la película de 1972 en la que una mujer descubre, tras acudir al médico, que legal y biológicamente es un hombre. Quienes la vieron entonces tampoco salieron del cine con una idea muy clara de lo que era la intersexualidad: el largometraje ni siquiera la nombraba.

Más de medio siglo después, el desconocimiento sigue siendo enorme. La película está otra vez está en cartelera —o en el salón de casa gracias a Netflix—, en una nueva versión con Alana S. Portero como guionista. Y esta vez con una diferencia fundamental: las personas intersex ocupan el centro del relato y la realidad se nombra por fin por su nombre.

La I de LGTBIQ+ es quizá la sigla más desconocida de todas y, sin embargo, ser intersex es más común de lo que parece: alrededor del 1,7% de la población presenta alguna variación intersex, una proporción similar a la de las personas pelirrojas. La intersexualidad engloba una amplia gama de variaciones biológicas en las características sexuales corporales que no se ajustan a lo que se entiende tradicionalmente como hombre o mujer. Por ejemplo, pueden presentar características sexuales que no encajan en las categorías binarias tradicionales, patrones hormonales que no se corresponden con un sexo concreto o una disidencia entre los órganos internos y externos. 

Tal es la falta de información que incluso hay quienes ni siquiera saben que lo son. Algunos lo averiguaron ya en su edad adulta. Otros jamás lo sabrán, por las intervenciones quirúrgicas que se les hicieron desde pequeños. “No hay casi información de lo que es ser intersex. Lo que sí es cierto es que en los últimos años, aunque todavía hay poca, es de más calidad. Pero todavía no hay espacio para la intersexualidad, está todo basado en el binarismo”, cuenta a infoLibre Cira López Salvago, investigadora y experta en intersexualidades. 

Hasta hace poco, lo que se hacía cuando nacía un bebé intersex era, por procedimiento habitual, una operación quirúrgica que modificaba los genitales del menor. Esta decisión la tomaban entre los médicos y los padres que, por falta de conocimiento y ese sentimiento de “así le irá mejor”, aceptaban que se hiciera lo que los activistas intersex tachan de “mutilación”. Los problemas llegan en la edad adulta, con complicaciones médicas derivadas de esa operación o la posibilidad de que su género —su identidad— no se correspondiera con el sexo —los órganos sexuales—. 

“Se sigue tratando como una patología. Y así ha sucedido con todas las letras del colectivo. Primero se patologiza y luego, con la lucha, se consigue avanzar. Consiste en intentar separar todos los cuerpos entre macho y hembra. Por lo tanto, la intersexualidad se presenta como algo que hay que arreglar y que tiene que caber en una de estas dos casillas”, argumenta Ariana A. Celorio, miembro del grupo del año temático intersexual de la FELGTBI+, activista intersex y escritora, en conversación con este medio. 

Esta forma de patologización tiene varias derivadas, explica López Salvago. La primera es que el concepto de intersexualidad ha caído siempre bajo el marco de la medicina. La segunda es la visión binaria que existe en la sociedad española, afincada desde los tiempos de Franco. La mujer y el hombre, no hay más. “La corporalidad intersexual es una contestación al sistema cisheteronormativo. Son cuerpos que rompen las normas”, cuenta López Salvago. Y para la experta, esto ha tenido una consecuencia muy clara: la estigmatización. “Estos dos elementos han hecho que la intersexualidad esté envuelta en un halo de alarma, de escándalo e, incluso, de monstruosidad”, recalca. 

Sin embargo, en los últimos años el asunto ha comenzado a cambiar tanto en lo social —basta ver el regreso de Mi Querida Señorita— como en el plano legislativo. La ley trans de 2023 incluyó medidas para avanzar en la despatologización de las personas intersex y limitar las intervenciones médicas no consentidas. El texto prohíbe la modificación genital en menores de 12 años, pero introduce una excepción: permite esas intervenciones cuando existan “indicaciones médicas” para proteger la salud de la persona, a juicio del personal sanitario. Y ahí, advierten las activistas, está el problema. Muchas operaciones se han presentado durante años como “médicamente necesarias” sin que existiera una urgencia vital real, según un informe elaborado por ILGA Mundo en 2023. 

“Cuando esto se deja en manos de profesionales, se parte de la idea de que la ciencia y la medicina son neutrales, como si hubiera un diagnóstico objetivo y libre de valores. Pero la decisión de un médico no está exenta de prejuicios ni de valores morales. Actúan, en teoría, 'por humanidad', pensando que la persona intersex sufrirá si no se adapta a una norma corporal concreta. Entonces, justifican la intervención diciendo que quieren evitarle un sufrimiento futuro. Pero eso implica asumir que hay una única forma válida de cuerpo. Y ahí hay un problema”, recalca Rafael Cáceres-Feria, antropólogo en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, a infoLibre. 

El personal sanitario no tiene por qué conocer las realidades intersex, puesto que no se incluye en el temario de la carrera. De aquí nace esta forma de tratarlo, como si fuera un problema, según indica el antropólogo. “En la Facultad de Medicina se enseña una visión concreta del cuerpo y del sexo. Y ahí no entra la intersexualidad. En el fondo, manejan la misma lógica binaria que el resto de la sociedad: hombre o mujer”, expone Cáceres-Feria.

Aunque no todo es negativo. “Se siguen realizando mutilaciones, pero cada vez hay más personal de la salud concienciado”. La solución, por lo tanto, estaría en esto mismo: la concienciación. “No basta con que sepan del tema los ginecólogos o los urólogos; tiene que saber todo el personal sanitario. Hacen falta protocolos específicos y una educación que les haga ver que no somos una patología”, concuerda Celorio. 

Precisamente, la falta de información es lo que ha provocado la invisibilidad de las personas intersex, apunta Celorio. También las agresiones contra ellos. “En los colegios”, relata la activista, “la mayoría de niños intersex sufren más acoso y bullying porque el resto no sabe cuál es su realidad. Que no se sepa nada sobre ti hace que seas más fácil de agredir”, cuenta. 

Y esto se traduce en la edad adulta. Las personas intersexuales son las que sufren más discriminación, según revelaba el informe de Estado del Odio LGTBIQ+ 2025, elaborado por la FELGTBI+. De hecho, el estudio indica que el 100% de los encuestados intersexuales habían sufrido situaciones de discriminación.

Algo que parece que acaba teniendo efecto. En un estudio publicado en PLOS ONE, una revista científica editada por la Public Library of Science, un 21,1% de los encuestados —todos intersexuales— declaraba tener una salud mental “mala”. El 32,5% la calificaba de “aceptable”, pero la gran mayoría (un 62,6%) declaraba tener ansiedad. Los motivos, según el estudio, pasan por la vergüenza, el estigma, la baja autoestima y la insatisfacción con el sistema sanitario. 

“Las personas intersex están más discriminadas, principalmente por el gran desconocimiento que hay. Sigue siendo una realidad poco conocida y poco explicada. Además, la intersexualidad introduce una dimensión corporal dentro de la diversidad sexual, que tradicionalmente suele entenderse solo desde la identidad de género o la orientación sexual. Incorporar esta dimensión corporal exige salir de marcos tradicionales y comprender una realidad que muchas veces no se enseña ni se visibiliza. Sin educación, referentes o ejemplos cercanos, resulta difícil entenderla, y por eso no me extraña que el colectivo intersex sea uno de los más discriminados”, zanja López Salvago. 

España ya puede presumir de estar en la cima de la defensa europea de los derechos LGTBIQ+. Es la conclusión del mapeo que cada año confecciona la organización ILGA Europa, un análisis que pone sobre la mesa los avances simbólicos, materiales y legislativos, pero también los retrocesos y la reacción ultra que pone en la diana las conquistas del colectivo.

El mapa que escudriña la situación de las personas LGTBIQ+ en casi medio centenar de países europeos concede a España el primer puesto tras haber constatado que el Gobierno "ha cumplido con los compromisos establecidos en las leyes LGBTI y trans de 2023", mediante la adopción de planes de acción para la igualdad, la creación de una autoridad independiente para la igualdad de trato y la implementación plena de la despatologización de las personas trans en el sistema sanitario, tal y como ha publicado la organización este martes. 

España destaca por encima de los demás países en prácticamente todas las áreas estudiadas. Los expertos le otorgan la máxima puntuación en terrenos como la participación política, en tanto que las personas del colectivo cuentan con las bases necesarias para el ejercicio de la libertad de reunión, asociación y expresión. También obtiene sobresaliente en cuanto al reconocimiento y la protección de los derechos familiares de las personas LGTBIQ+, gracias a las leyes que regulan el matrimonio igualitario, la adopción, la inseminación artificial y la paternidad trans. Y las políticas de asilo incluyen medidas positivas respecto a las personas del colectivo, como la formación específica o la existencia de módulos especializados para garantizar los derechos de los solicitantes de asilo.

La responsable de la puntuación obtenida es fundamentalmente la conocida como ley trans, elogiada por los autores y autoras del informe en el grueso de su análisis. Si España puede hoy ser referente en cuanto a la despatologización del colectivo, la autodeterminación del género o la educación en diversidad, es gracias a la legislación aprobada hace ahora tres años y a su aplicación efectiva.

"Hoy es un día importante", ha señalado la ministra de Igualdad, Ana Redondo. "Es el reconocimiento de mucho trabajo durante muchos años", ha presumido en declaraciones a los medios, tras advertir que aun así urge estar "muy atentos y muy alerta para que no haya retrocesos".

Katrin Hugendubel, subdirectora de ILGA Europa, ha situado este martes a España como "un claro ejemplo de lo que se puede lograr cuando un Gobierno decide deliberadamente impulsar la igualdad en lugar de retroceder". Sin embargo, su organización advierte de "la brecha entre el progreso legal y la experiencia cotidiana". Las agresiones contra las personas LGTBIQ+, según el último informe de la Federación Estatal, han aumentado un 15% "impulsadas por un clima de discurso de odio que envalentona la violencia contra los grupos vulnerables".

En enero del año pasado, una discoteca de Torremolinos (Málaga) publicó en redes sociales un reglamento de admisión para entrar en el espacio de ocio. Entre los requisitos, figuraba uno muy concreto: no ser homosexual. Es uno de los hechos que recoge el informe anual, cuyos expertos ponen la lupa también sobre todos los mecanismos que inmediatamente se activaron para corregir la situación.

ILGA no pasa por alto aquellos recovecos en los que las buenas prácticas todavía no han logrado resultados. Mencionan, entre otras cuestiones, la falta de reconocimiento formal hacia las personas no binarias, la restricción de edad para la plena autodeterminación de género o la ausencia de una justicia accesible para las personas intersexuales que hayan sido víctimas de intervenciones médicas. 

El informe menciona a la extrema derecha como principal responsable de difundir discursos de odio y obstaculizar los derechos del colectivo. Pero no solo: el Partido Popular también ha llamado la atención de la organización por su oposición reiterada a la ley trans estatal y sus alianzas autonómicas con la ultraderecha para restringir derechos. El informe recoge, en ese sentido, los intentos de retroceso en Valencia y Madrid tras las modificaciones de sus leyes específicas, ambas recurridas ante la justicia y suspendidas parcialmente por el Tribunal Constitucional.

Lo cierto es que no todo son buenas noticias para las personas LGTBIQ+ que habitan en suelo europeo. En siete países no existe ninguna protección legal contra la discriminación hacia el colectivo y solo diez países prohíben las mal llamadas terapias de conversión. En menos de la mitad de los países analizados se permite el matrimonio igualitario y en un total de 18 no existe ningún tipo de protección legal para las parejas del mismo género. 

Únicamente Alemania, Grecia, Islandia, Malta, Portugal y España prohíben las intervenciones quirúrgicas o médicas innecesarias en menores intersexuales. Y doce países no cuentan con ningún procedimiento legal o administrativo para el reconocimiento legal del género.

Países como Rusia, Azerbaiyán, Turquía, Bielorrusia, Armenia, Georgia, Mónaco, Rumanía o Ucrania están a la cola en la defensa de las personas LGTBIQ+. Pero no son los únicos: la media europea no llega al aprobado –el porcentaje se instala en el 42,73% en Europa y en el 52,1% en la Unión Europea–, mientras que territorios como Italia, Polonia, Hungría o Chipre están lejos de ser lugares seguros para el colectivo.

Este martes, 21 de abril, se ha producido un nuevo avance en materia de derechos LGTBI+ en Europa. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha emitido una sentencia por la que determina que Hungría “ha violado el derecho de la Unión” con su conocida como Ley antipropaganda LGTBIQ+, aprobada en 2021.

Este hecho llega casi dos semanas después de arrasar en las urnas el candidato a las elecciones húngaras de Tisza, Péter Magyar, quien había evitado pronunciarse sobre el tema pero declaró tras su victoria electoral que Hungría sería “un país en el que no se castigue a nadie por pensar distinto que la mayoría, por amar a alguien de forma diferente que la mayoría”.

Con esta decisión, Europa ha sentado un precedente condenando por primera vez a uno de los Estados miembros por violar los principios fundacionales de la Unión Europea.

El 15 de junio de 2021, el Parlamento de Hungría aprobaba con los votos de Fidesz –el partido del ultranacionalista Viktor Orbán– su polémica Ley de Protección de la Infancia, escudándose en la protección de los menores y vetando para ello la divulgación de información sobre el colectivo LGTBIQ+ en las escuelas.

Entre las principales medidas de esta ley se encuentran la restricción de contenidos que "fomenten la homosexualidad" –relacionada por el Gobierno húngaro con la pedofilia– tanto en los centros escolares como en los medios de comunicación, cine y libros.

En agosto de ese año, se emitió un decreto por el cual los libros infantiles que "describan una desviación respecto de la identidad de género concebida en el nacimiento, o describan un cambio de género, o popularicen la homosexualidad", entre otras condiciones, no podrán mostrarse en los escaparates o exhibirse claramente en el interior de las librerías.

Por otro lado, y siguiendo con su particular cruzada contra las personas LGTBIQ+, en el verano de 2025 se prohibió la marcha del Orgullo apoyándose en una enmienda que anteponía "la protección de la infancia" a derechos fundamentales como son el de reunión y libre expresión.

El texto de esta enmienda constitucional señalaba que "todo niño tiene derecho a la protección y a los cuidados necesarios para su correcto desarrollo físico, mental y moral".

Ya en 2021, la Comisión Europea expedientó a Hungría por esta ley; su presidenta, Ursula Von der Leyen, la calificó de “vergüenza”. "Europa no tolerará nunca que miembros de nuestra sociedad sean estigmatizados, ya sea por la persona a la que aman, por su edad, por su origen étnico, sus opiniones políticas o sus convicciones religiosas", expresó.

Así, la Comisión envió una carta de emplazamiento detallando las razones por las que Bruselas se hallaba preocupada ante esta nueva ley y pidiendo a las autoridades húngaras enmendar la situación en el plazo de dos meses.

Ya en aquel entonces se había previsto una segunda etapa de diálogo de no resolverse el conflicto en el plazo acordado y, como último recurso, se elevaría el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Finalmente, ha sido este martes, 21 de abril de 2026, cuando el TJUE ha condenado al Gobierno húngaro. Y lo ha hecho con rotundidad: "esta ley es contraria a la propia identidad de la Unión como ordenamiento jurídico común en una sociedad caracterizada por el pluralismo”. “Hungría no puede invocar válidamente su identidad nacional para justificar la adopción de una ley que vulnera los valores mencionados", recoge la sentencia.

Veinte Estados miembros de la Unión Europea –Austria, Bélgica, Chipre, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Portugal, Eslovenia, España y Suecia– exigieron la anulación de esta ley y sus enmiendas.

Según la sentencia, Hungría ha “incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del Derecho de la Unión” al adoptar esta ley, y ha incumplido tanto el Tratado de la Unión Europea y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea como diversas directivas y reglamentos.

El TJUE define la ley como "un conjunto coordinado de medidas discriminatorias que vulneran, de manera manifiesta y especialmente grave, los derechos de las personas no cisgénero, incluidas las personas trans, o no heterosexuales".

"La legislación húngara estigmatiza y margina a las personas no cisgénero, incluidas las personas trans, o no heterosexuales, tachándolas de perjudiciales para el desarrollo físico, mental y moral de los menores debido únicamente a su identidad o su orientación sexuales y (...) las asocia con la delincuencia pedófila, lo que puede reforzar esta estigmatización y fomentar comportamientos de odio hacia ellas", advierte.

“Las disposiciones nacionales en cuestión son manifiestamente contrarias a las exigencias que, en una sociedad basada en el pluralismo, se derivan de la prohibición de discriminación por razón de sexo y de orientación sexual establecida en el artículo 21, apartado 1, de la Carta y vulneran, por tanto, el contenido esencial de dicha disposición”, recoge la sentencia.

Asimismo, hace hincapié en que la protección a los menores puede darse “sin para ello operar una discriminación directa por razón de sexo y de orientación sexual”.

“En efecto, la mera circunstancia de que los contenidos popularicen o representen la desviación de la identidad propia del sexo correspondiente al nacimiento, el cambio de sexo o la homosexualidad no permite, por sí misma, demostrar el carácter potencialmente perjudicial de tales contenidos”, añade.

Por otro lado, el TJUE hace alusión a la Carta incidiendo en que “a nadie se le puede negar el derecho a la instrucción” y, además, “el Estado, en el ejercicio de las funciones que asuma en el campo de la educación y de la enseñanza, respetará el derecho de los padres a asegurar esta educación y esta enseñanza conforme a sus convicciones religiosas y filosóficas”. 

Asimismo, el TJUE considera que esta ley atentaría también contra la ley general de protección de datos y contra la libertad de prestar y recibir servicios de comunicación audiovisual. 

“La restricción impuesta a la emisión de programas que tengan como elemento central la violencia o la popularización o representación de la desviación de la identidad propia del sexo correspondiente al nacimiento, del cambio de sexo o de la homosexualidad elimina la presencia efectiva, en esos programas, de personas no cisgénero o no heterosexuales, así como de su modo de vida, aun cuando esas personas forman parte integrante de una sociedad caracterizada por la diversidad y el pluralismo, de conformidad con los valores contemplados en el artículo 2 TUE. La Comisión concluye de ello que el artículo 9, apartado 6, de la Ley de Servicios de Medios de Comunicación da lugar a una discriminación directa por razón de sexo o de orientación sexual, prohibida por el artículo 21, apartado 1, de la Carta”, informa la sentencia.

Tras esta sentencia, que tanto la Comisión Europea como distintas ONG en un comunicado conjunto –Amnistía  Internacional de Hungría, el Comité Helsinki húngaro y la Asociación Háttér– han calificado de “histórica”, sólo queda que el nuevo Gobierno de Péter Magyar la ejecute, acabando así con una de las leyes más injustas y polémicas en materia LGTBIQ+ del continente europeo.

Era imposible que no me ocupara del tuit de Santaolalla contra Vito Quiles porque este es un asunto del que he escrito mucho: el armario. Y porque estamos en la víspera del homenaje que el Gobierno va a ofrecerle a Dolores Vázquez, sobre cuyo caso escribí también un libro en el que sostenía precisamente que la causa de que la condenaran fue… el armario. No me ha sorprendido que haya personas heterosexuales que critiquen a la periodista por el tuit, no todo el mundo entiende que el armario es un mecanismo de opresión, pero sí que lo hagan asociaciones LGTB… gays… ¡a estas alturas!.

Sinceramente, me parece definitivamente bien que Sarah Santaolalla se defienda de un acoso intolerable del que la justicia no la ha defendido. Decir que Santaolalla es homófoba porque utiliza la homosexualidad para hacer daño a Vito Quiles es absurdo. Todos sabemos que no es homófoba, admito que quiere darle un puñetazo al individuo, mucha gente querría. En realidad, Santaolalla utiliza la homofobia de Quiles contra él mismo, no me parece mal. Estamos en una sociedad que no nos defiende de acosadores como este tipo, que permite que se insulte, se difame, se agreda. Los medios que tenemos para defendernos son escasos. Hay que poner dinero y hay que dar con un juez “normal” y no con un juez quintacolumnista de la derecha dura, que abundan. 

El mecanismo del armario tiene su historia. En un primer momento, cuando la homosexualidad era un delito y visibilizarse como LGTBI podía costar muy caro o era impensable, el derecho al armario, al secreto en definitiva, era un mecanismo de protección básico. Los estados homófobos de la guerra fría usaban ese secreto (fuera cierto o no) para chantajear, amenazar y acabar con la vida civil de quien molestara, ya fuera un gay o un comunista. El armario servía, precisamente, para amenazar con sacar del armario a cualquier disidente, a cualquier peligroso social. Las personas homosexuales invocaron en ese momento el derecho a la privacidad frente a un Estado y frente a una concepción de la sociedad que usaba la homosexualidad como mecanismo de castigo y advertencia para todas. Una sociedad homogénea en lo sexual (homogéneamente heterosexual) era moralmente superior, se suponía que era una sociedad más sana y fuerte que cualquier contraparte del otro lado del telón de acero. Cualquier disidencia sexual suponía debilitar la democracia frente al comunismo, la homosexualidad era un peligro social; era la época de MacCarthy. 

En un segundo momento, gracias a la lucha militante del movimiento LGTB y al fin de la guerra fría, la homosexualidad deja de ser un delito y la lucha cambia de sentido. Lo que el Estado quiere ahora no es sacar a la gente del armario, sino lo contrario, que nadie salga. El objetivo de esta maniobra es que las sexualidades no normativas no se visibilicen, aunque ya no sean delito. Se trata de mantener la ficción de que la ciudadanía es homogénea y está libre de taras. Ya no se quiere encarcelar o chantajear a las personas homosexuales, simplemente se pretende que desarrollen su existencia dentro de las paredes de su casa. El arma que se utiliza ahora ya no es la tortura o la cárcel, sino el estigma social, la burla, la injuria. El Estado ya no busca interferir en lo que se define como la intimidad de cada uno/a, sino impedir que uno/a mismo/a se autonombre desde la libertad; porque salir del armario políticamente significa afirmar el valor igual de la homosexualidad. El armario se refuerza y se convierte en una de las principales herramientas de la homofobia de los 90. A esta fase la llamamos el armario liberal. Es la base, entre otras, de la política de Clinton en el ejército, aquella de “no preguntes, no digas”. Se nos dice que si nos quedamos dentro podemos hacer lo que queramos, siempre en nuestra casa, en nuestra cama y mejor por la noche… pero ¡sorpresa!, no funciona así y, parafraseando a Audry Lorde, enseguida vamos a descubrir que el silencio no nos protege de nada, sino al contrario, nos vulnerabiliza. 

Lo descubrimos con el sida. Es el secreto, el armario, lo que impide luchar efectivamente contra la enfermedad y sus consecuencias, así como desarrollar políticas de prevención. El silencio no es que no nos proteja, es que nos mata (a partir de los 90 aparece el lema 'silencio=muerte'). Descubrimos que, por guardar el secreto, no hemos conquistado derechos ni hemos adquirido una ciudadanía equiparable a la de los ciudadanos/as heterosexuales. Descubrimos que si no nos visibilizamos no podemos denunciar ni combatir la homofobia y el odio, que el estigma es un arma que entregamos en manos de quien nos quiere invisibles. Entonces comprendemos que la existencia homosexual tiene que ser tan pública como lo es la heterosexualidad, que si aquella no se visibiliza esta siempre se presume, por defecto. El derecho a la privacidad no puede ya ser invocado en un contexto en el que lo que se pretende es, justamente, obligarnos a llevar vidas privadas (únicamente a las personas homosexuales; la heterosexualidad es necesariamente pública). El derecho a la privacidad, antaño invocado, ahora se convierte en la reclamación del derecho a la igualdad y a la libertad. Siguiendo la estela del movimiento feminista, lo personal se hace político.  

El Estado, defensor a ultranza del heterosexismo, pugna por devolvernos al armario (como ocurrió en el caso de Dolores Vázquez), pugna por dificultar en lo posible la expresión pública de la existencia homosexual (y de las disidencias sexuales en general). Más o menos lo que hoy siguen diciendo en Vox: “No tengo nada contra ellos pero…¿Por qué tienen que contarlo?” Nos quieren dentro, pero nosotras hemos comprendido que la visibilidad es el arma más potente que tenemos. Cuando nos dejamos encerrar en el armario todas nos hacemos más vulnerables. El mecanismo del armario pretende evitar, mediante la violencia real o simbólica, que nos visibilicemos, es decir, que nos politicemos. Hace difícil salir y, cuando se sale, presiona constantemente para devolverte al interior, incluso aunque la persona no lo desee. Nunca se acaba de salir, la lucha es constante y diaria. Cada vez que en el trabajo o en cualquier sitio me preguntan por un marido o un novio, me están obligando a tomar una decisión política, no siempre fácil, que no todo el mundo puede enfrentar con la misma seguridad. Esta presión sólo terminará cuando hayamos destruido todos los armarios, cuando toda la diversidad sexual sea tan visible y legítima como la heterosexualidad. A estas alturas, desde un punto de vista progresista, no podemos asumir que exista un supuesto derecho al armario. 

En estos días estamos recordando que lo que condenó a Dolores Vázquez no fue su lesbianismo, sino el manejo que los medios y el Estado hicieron del mecanismo del armario donde la sospecha se extendió como una falta monstruosa que nadie nombraba pero que, precisamente por eso, tuvo fácil conectar con miedos y prejuicios que sólo pueden combatirse desde la visibilidad. Si Dolores Vázquez hubiera podido posicionarse claramente fuera del armario en aquel momento (no tuvo la oportunidad), los prejuicios no hubieran prendido tan fácilmente; se la hubiera podido defender de aquello que no se nombraba y que contribuyó enormemente a condenarla.

No hay homofobia en decir que Vito Quiles es gay, decirlo no es algo que pueda criticarse porque lo contrario, defender que Vito Quiles tiene derecho a mantener ese secreto, sólo sirve para reforzar las paredes del armario que nos oprime a todos y todas y favorece el crecimiento de la homofobia. En general, no aparece la ocasión de mencionar que alguien es gay o deja de serlo, pero si dejamos de hacerlo por considerarlo un asunto privado estamos apelando a la tolerancia liberal y asumiendo un pacto reaccionario sobre la necesidad del secreto. 

Si sacar del armario a un fascista le hace daño es porque esta persona se sitúa a sí mismo en un contexto de defensa del machismo y de la homofobia. En lo que a mí respecta, bien por Sarah. 

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Beatriz Gimeno es exdirectora del Instituto de las Mujeres.

La población LGTBIQ+ no se libra del odio: el 54% del colectivo afirma haber sido víctima de algún tipo de ataque en el último año, motivado por su orientación sexual, identidad o expresión de género. Así lo indica el informe Estado del Odio 2026, una investigación publicada este jueves por la Federación Estatal LGTBI+ a partir de una encuesta realizada por el centro demoscópico 40dB. "Una proporción significativa" de esta comunidad continúa "enfrentándose a incidentes motivados por prejuicio o rechazo hacia su orientación sexual, identidad o expresión de género, o por sus características sexuales". 

Los resultados de la encuesta arrojan datos alarmantes: el 22% de las personas entrevistadas afirman haber sufrido algún tipo de agresión, el 36% dice haber sido víctima de acoso y el 29% convive con la discriminación, siendo las personas trans quienes en mayor proporción soportan este tipo de violencia. "Si el odio avanza, la protección debe hacerlo a pasos más agigantados, porque solo así podremos frenar la violencia que viven cada día miles de personas", ha sentenciado la presidenta de la Federación Estatal, Paula Iglesias. 

Sin embargo, advierten los autores del informe, ninguno de estos fenómenos sucede de forma aislada: "Una proporción considerable de personas declara haber experimentado múltiples formas de violencia de manera simultánea". Y un 11% asegura haber sufrido las tres situaciones de forma conjunta. "Este patrón sugiere que, para una parte significativa de las víctimas, estos episodios no constituyen hechos aislados, sino experiencias repetidas a lo largo del tiempo, siendo, además, igual de frecuentes todas las formas de violencia", en palabras de la responsable de investigación, formación y calidad de la Federación Estatal, María Rodríguez.

La violencia que sufren las personas del colectivo se produce a la vista de toda la población. La calle es el espacio que con mayor frecuencia se convierte en un escenario de odio (32%), seguido del centro de trabajo (13%), los espacios de ocio (13%) y el transporte público (9%). Pero ni siquiera los espacios que se presuponen seguros son garantía para estas personas: el 11% reporta violencia en el ámbito familiar.

El odio contra el colectivo ha encontrado, en los últimos años, expresiones más amplias gracias a la inestimable ayuda de las redes sociales. Los insultos en el entorno digital constituyen la forma más frecuente de violencia en el plano online, mencionados por el 18% de las personas encuestadas. A ello le sigue el aislamiento o rechazo (13%) y la discriminación laboral en plataformas digitales (11%). El 7% de las personas del colectivo declaran, además, haber sufrido coacciones, amenazas y sextorsión.

Instagram es la red social más señalada por las personas del colectivo (29%), seguida de X (25%), Facebook (17%) y TikTok (16%). Se trata de espacios donde "la interacción con personas desconocidas es más frecuente y los mecanismos de moderación o control social pueden ser más limitados", expresan los autores del informe.

El problema estructural que implica el odio generalizado contra el colectivo se ve alimentado por otra gran brecha: la falta de recursos a la hora de dar la voz de alarma. La inmensa mayoría de expresiones de odio son susceptibles de ser denunciadas, insiste el informe, pero el problema de la infradenuncia sigue enquistado.

El 65% de las personas encuestadas optó por no denunciar ante las autoridades, si bien entre ellas el 18% sí acudió a alguna asociación especializada. Únicamente el 35% decidió llamar a la puerta de alguna comisaría.

Las razones que disuaden a las personas del colectivo a la hora de denunciar son diversas: no conceder importancia a lo sucedido es citado por el 25%, la vergüenza disuade al 19%, mientras que el 13% sencillamente reconoce que no se le ocurrió. El 12% se instala en la normalización de la violencia al destacar que le sucede todo el rato. Sin embargo, la mayoría evita denunciar por motivos relacionados con el trato que esperan recibir: un 24% pensaba que no le iba a servir para nada y el 13% asumía que no le iban a creer. El 16% no confía en la Policía e incluso piensa que la respuesta entre las autoridades será discriminatoria.

Entre quienes denuncian, lo cierto es que las experiencias negativas prevalecen con mucho (74%) sobre las positivas (57%). Las voces recopiladas para la confección del estudio reportan que la Policía minimizó lo sucedido, hizo sentir mal a la víctima, formuló preguntas incómodas o negó la raíz LGTBIfóbica del hecho denunciado a través de sus comentarios.

“Volví a su habitación y me desnudé como lo haría una mujer al adentrarse en una pira. Cien manos de fantasmas me sostenían las piernas y la espalda, y evitaba que las dudas me aflojasen los miembros; todas las mujeres del mundo me contemplaban”. Todas las mujeres se titula justamente el último capítulo de La mala costumbre, novela que Alana S. Portero publicó a mediados de 2023 desde su convencimiento de las posibilidades expansivas de la autoficción. Estaba narrando su vida individual como mujer trans, desde luego, pero no existe tal cosa como una vida sin otras vidas dentro, y su historia era trascendida por toda una comunidad de sentimientos y lazos.

El poder de esta novela —la razón por la que resulta tan conmovedora— radica en su carácter de crisol, a partir del cual ni siquiera cabría erigir a Portero como portavoz de una identidad, un colectivo o lo que sea. Portero, según sus diversas particularidades, constituye una energía dinámica y dialéctica que comunica con muchas otras —generacionales, de género, de clase— para finalmente apuntalar una estética adaptable. Muchas otras mujeres obreras —en definitiva, todas las mujeres— encuentran un espacio en ella. Pueden reconocerse en ella, en La mala costumbre. Incluida una mujer intersexual, como es la que protagoniza Mi querida señorita.

Mi querida señorita es el primer guion de Portero para cines y lo declama como protagonista Elisabeth Martínez. A Martínez le pasó lo que a Adela: nació con rasgos sexuales biológicos que no encajaban con un cuerpo convencionalmente femenino o masculino. Sus circunstancias difieren, obvio, de la condición trans de Portero. Y aún así parece adecuado que sea Portero la principal voz creativa del film, acudiendo a actualizar una película de hace 54 años que fue un éxito en taquilla sin que por ello el término intersex llegara a ser interiorizado entonces por la población española. Sin que esa historia, la historia de Adela, pudiera aspirar a ser la de alguien más.

Los artífices de esta película —que llegará al catálogo de Netflix el 1 de mayo previo paso por cines desde el 17 de abril— aseguran que esa es la principal motivación tras el remake de Mi querida señorita: llamar a las cosas por su nombre. Concretar el vínculo de su personaje con el colectivo queer y hacerlo con una actriz propiamente intersex, luego de que en 1972 José Luis López Vázquez hubiera sido el intérprete de Adela. Y lo hubiera sido con temores comprensibles: Vázquez era una estrella de la comedia tardofranquista, y pensaba que al público se le iba a escapar la risa floja frente a su personaje. Al fin y al cabo, aparecía disfrazado de mujer. 

Los guionistas de Mi querida señorita eran Jaime de Armiñán (también encargado de dirigir) y José Luis Borau, poco antes de consagrarse ante la crítica con el estreno de Furtivos en 1975. Mi querida señorita planteaba los dilemas de una mujer de mediana edad a la que de pronto le aseguraban que siempre había sido un hombre. La descripción actual de este film dentro del catálogo de Netflix sostiene que el médico le revela que “es intersexual”, lo que es falso y únicamente se adecua a la inminente pertenencia a ese mismo catálogo del remake. El médico le dice a Adela que es un hombre, y Adela asume que ha de empezar a vivir como tal.

De ahí viene el conflicto del personaje y una bienintencionada reflexión sobre el carácter más allá de las asignaciones sociales, que pudo esquivar la censura franquista gracias a su falta de interés (o de conocimiento) en explicitar ciertas cuestiones. Y no solo la esquivó, sino que Mi querida señorita fue la película más taquillera en España durante su año, llegando incluso a ser nominada al Oscar a Mejor película de habla no inglesa. El premio se lo arrebató un compatriota, Luis Buñuel, tras haber producido en Francia El discreto encanto de la burguesía.

El legado de Mi querida señorita es complicado de cifrar. Sin duda existe un valor en la sensibilidad con la que narra la historia y este valor no precisa de detalles nominales o teóricos para calar: tal y como está configurado es suficiente para atender a la asimetría de géneros en la España de la época —las dificultades de Adela al intentar vivir como un hombre—, o desarrollar un poderoso romance (el de López Vázquez con Julieta Serrano) que desmantela cualquier binarismo. Al mismo tiempo es una película inmensamente tosca, de formas relamidas —la cursi banda sonora de Rafael Ferro, la ruidosa pulsión melodramática—, que fuerza a justificar su permanencia en la conversación contemporánea más por una cuestión de intenciones que de resultados.

Que se haya regresado a una película así —tan extravagante y solemne que ni siquiera encuentra afinidad con el camp o unas formas pre-almodovarianas— en 2026 obedece a una industria deseosa de releer iconos. Suma Content lleva haciendo algo parecido desde su fundación a manos de los Javis la década pasada. La huella de sus productores se deja notar en la voluntad de Mi querida señorita de explicar y contextualizar las oclusiones de la versión de los 70, y de hacerlo con un talante pop. Tan melodramático, a su modo, como el de Armiñán, aunque este sea reemplazado por un artífice de taquillazos patrios y fenómenos adolescentes estilo Tres metros sobre el cielo.

Nos referimos a Fernando González Molina, el director. Y aún así no hay que engañarse. Si hay una voz creativa central en esta nueva versión de Mi querida señorita —mucho más que la de Borau o Armiñán y mucho más que la entonada por la escuela de los Javis— esta es la de Portero. La autora de La mala costumbre se ha adueñado de Mi querida señorita, y con tal fiereza como para que las virtudes y defectos del film sean prácticamente de su responsabilidad exclusiva.

La película producida por Netflix realiza un par de guiños a la original setentera. La visualización de la traumática huida de Adela a Madrid, un par de planos donde aparece atusándose distraída un bigote remitente a López Vázquez. En ese sentido no despacha su parentesco como una mera propiedad intelectual y la estructura narrativa es en buena parte la misma, manteniendo personajes centrales como el pretendiente de Adela (de Antonio Ferrandis a Eneko Sagardoy) o la chica cuyo amor sobrevive a la traumática revelación del médico (de Julieta Serrano a Anna Castillo).

Es a fin de cuentas un remake puro y duro. Y lo es en una medida oportuna y trabajada desde el mero ejercicio divulgativo, que resulta ejemplar. La odisea de esta nueva Adela, que trabaja como catequista y dependiente de una tienda de antigüedades en Pamplona, está enfocada desde una mirada tan tierna y comprensiva como la quisiera plantear originalmente Armiñán, sin que desentonen las explicaciones extra alrededor de la identidad de la protagonista. Siendo evidentemente una adecuación a la época y un trasvase de significados, la propuesta está ejecutada con cuidado y empatía, seguramente desde una documentación muy asesorada. 

Sin embargo Mi querida señorita no es la misma película que la de 1972, y esta diferencia no se fundamenta únicamente en la aclaración de su personaje como sujeto intersexual. Pues este personaje está rodeado de otras circunstancias clave: una ambientación temporal —finales de los 90, a caballo del norte y el centro de España—, la presencia de la religión católica —entre la fe de Adela y su apoyo en el cura gay que interpreta Paco León— y sobre todo la progresiva edificación de una comunidad, con la que Adela se topa al llegar a la capital. Otros sujetos queer, algunos tan confusos como el de ella, en cuya compañía se reconoce y se funde. 

Este planteamiento, naturalmente, recuerda mucho al de La mala costumbre y al propio recorrido vital de Portero —que llega a hacer un cameo en una escena de la película—, confirmando a Mi querida señorita más como una expansión de los postulados de su novela que como una revisión contemporánea de un ¿olvidado? film de los 70. Lo que, en la medida que Portero escribe diálogos como escribió situaciones y arcos en su libro, depara varios problemas. Mi querida señorita transcurre entre personajes que, con las emociones a flor de piel, ansían compartir reflexiones y enseñanzas como taglines que no solo iluminen a Adela, sino a todo el futuro del colectivo queer.

Se trata de una metralla emocional que llega a extremos ridículos y estomagantes, y que en su reiteración —a la que no ayuda nada las formas asépticas del estándar Netflix— llega a enfangar el desarrollo narrativo del film. En otras ocasiones, sin embargo, la visceralidad de Portero y las interpretaciones de todo el elenco logran imponerse a estos histrionismos, y se abraza una verdad emocional que resuena y eleva a Mi querida señorita por encima del precedente setentero. 

No demasiado, claro. Hablamos de buenas intenciones, aciertos dispersos, que al final no han terminado de modular ninguna versión realmente memorable de la historia de Adela. Sí han pulido, a cambio, un imaginario que por suerte va haciéndose más y más grande. Donde caben todas las mujeres, todos los cuerpos, todas las personas que solo se entienden junto a otras personas.

La trampa del mal menor en política no está en elegir entre opciones imperfectas, sino en lo que ocurre después de elegir: el riesgo de convertir la derrota de la gesticulación autoritaria en la normalización ideológica del extremismo y tratar el alivio como si fuera un logro. La victoria de Péter Magyar y su partido Tisza en las elecciones húngaras de este domingo es el ejemplo más reciente y más nítido de ese mecanismo.

Las capitales europeas han celebrado el resultado como un retorno de Hungría a la “senda europea”. Lo que no han explicado es qué significa exactamente esa senda cuando el nuevo primer ministro mantiene la valla fronteriza de Orbán, rechaza el Pacto de Migración de la UE, no se ha comprometido a derogar las leyes que estigmatizan a la comunidad LGTBI y ha evitado cuidadosamente cualquier posición que incomode a su base electoral conservadora. Bruselas respira aliviada. La pregunta es si tiene razones para tanto alivio, o si simplemente ha decidido que ya no las necesita.

Magyar no llegó desde fuera a desafiar el régimen de Orbán. Fue miembro de Fidesz durante más de dos décadas y formó parte de su entorno de gobierno antes de romper con él. El politólogo Cas Mudde, una de las referencias más sólidas en el estudio del populismo europeo, lo ha formulado sin eufemismos: “Pasó años trabajando para el régimen de Orbán y está claramente alineado ideológicamente con su antiguo partido”.

Pero es “uno de los nuestros”, desde el punto de vista del PP Europeo, al que pertenece desde 2024. Lo que ya es un primer indicador de hasta qué punto la derecha tradicional, incluido el partido de Alberto Núñez Feijóo, se ha ido escorando hacia posiciones cada vez más extremistas.

Esa alineación tiene consecuencias programáticas concretas. En migración, Magyar ha sido explícito: mantendrá la valla fronteriza con amenazadoras cuchillas que Orbán levantó en la frontera con Serbia y una parte de Croacia, rechazará las cuotas obligatorias de reubicación de refugiados y se opondrá al Pacto de Migración y Asilo de la UE. Sus eurodiputados son del PPE, pero han votado en el Parlamento Europeo alineados con Fidesz en resoluciones sobre seguridad fronteriza.

La posición de Magyar sobre la mano de obra extranjera implica, además, una paradoja que dice mucho sobre la naturaleza de su conservadurismo. Orbán, pese a su retórica antiinmigración, permitió la entrada de decenas de miles de trabajadores asiáticos —filipinos, vietnamitas, indonesios— para cubrir las líneas de producción de las fábricas de baterías chinas instaladas en el país, con cuotas que rozaban los 35.000 trabajadores para 2026, los llamados “trabajadores invitados”.

Magyar ha calificado ese sistema de “traición” a los trabajadores húngaros y promete desmantelarlo: auditoría de los permisos vigentes, reducción drástica de las cuotas de contratación extranjera y fomento del retorno de los cerca de un millón de húngaros emigrados a Alemania, Austria o el Reino Unido mediante incentivos salariales.

No se trata, en su planteamiento, de una política de acogida más humana, sino de la versión economicista del mismo nativismo: primero los nuestros. La xenofobia de Orbán era identitaria y performativa; la de Magyar es laboral y tecnocrática. Salvo sorpresa, el resultado para los trabajadores extranjeros afectados será prácticamente el mismo.

En derechos LGTBI, su posición ha sido de neutralidad estratégica en un asunto que no admite equidistancias: no participó en la marcha del Orgullo de Budapest en 2025, no ha incluido en su programa la derogación de la ley de “protección infantil” de 2021 que prohíbe la representación de la homosexualidad ante menores, y no ha dado garantías sobre la retirada de cargos criminales contra activistas procesados por organizar marchas.

Donde Magyar difiere de Orbán es en las formas institucionales: promete desbloquear los 18.000 millones de euros en fondos europeos congelados, restaurar la independencia judicial, sumarse a la Fiscalía Europea y comprometer a Hungría con la eurozona en 2030. Son reformas sustanciales en términos procedimentales. Pero el procedimiento, por sí solo, no es un programa de derechos.

El problema no es elegir a Magyar sobre Orbán —dadas las circunstancias, esa elección, para muchos, tiene sentido—. El problema es la narrativa que acompaña esa elección: la que convierte un cambio de gestión en una victoria de valores, la que celebra el retorno al marco institucional como si fuera equivalente al retorno a los principios.

Cuando una sociedad acepta durante años que el debate se desplace hacia la derecha, el punto de referencia de lo razonable se desplaza con él. Lo que antes era la posición extrema se convierte en el nuevo centro, y lo que antes era el centro desaparece del mapa. Los politólogos llaman a esto el efecto ventana de Overton: el rango de ideas consideradas aceptables se mueve y lo hace sin que nadie firme ningún acuerdo. Basta con que las instituciones traten ciertas posiciones como normales para que lo sean.

Para muchos analistas, la celebración acrítica de Magyar es un acto de esa naturaleza: al presentarlo como la solución, Europa está ratificando que su programa —xenofobia gestionada, ambigüedad sobre los derechos LGTBI— y el contexto en el que lo desarrollará —un parlamento sin izquierda— son el nuevo estándar de lo aceptable.

Frente a las celebraciones de gran parte de la Europa progresista, algunos de cuyos dirigentes han hablado de “esperanza”, de “vibrante y sólida democracia”, e incluso de “punto de inflexión” para Europa, Manon Aubry, copresidenta del grupo The Left en el Parlamento Europeo, alzó una voz mucho más crítica que es toda una advertencia: “Péter Magyar no es una ruptura clara con la era Orbán. Liderará una política firmemente anclada en la derecha”.

La UE ha construido en los últimos años una doctrina implícita: si un gobierno es proeuropeo y antiputinista, el resto es negociable. Ese credo tiene una lógica geopolítica comprensible en el contexto de la guerra en Ucrania y de la erosión del proyecto comunitario desde dentro. Pero tiene un coste ético que raramente se contabiliza.

Al priorizar la estabilidad institucional sobre el progreso en derechos, Europa está diciendo a sus minorías —a los solicitantes de asilo que seguirán encontrando la valla, a la comunidad LGTBI húngara que seguirá viviendo bajo leyes discriminatorias— que su situación es un asunto de segunda categoría. Que lo que importa es el voto en el Consejo Europeo y el desbloqueo de fondos, no la arquitectura legal que regula sus vidas.

El contexto parlamentario completa un cuadro mucho más sombrío de lo que la mera caída de Orbán sugiere. Por primera vez desde el fin del régimen totalitario, en 1989, la Asamblea Nacional húngara no tendrá ningún partido de izquierda. Tisza, Fidesz y Mi Hazánk —centroderecha, derecha nacionalista y extrema derecha— ocuparán todos los escaños. 

Es como si en el Congreso solo tuviesen asiento Ayuso, Abascal y Falange. La Coalición Democrática (centro izquierda) no superó el umbral del 5%. El Partido Socialista Húngaro (MSZP), los partidos verdes y los centristas de Momentum, con escasas expectativas en solitario, renunciaron a presentar candidatos para facilitar la victoria del partido de la oposición mejor situado.

Tisza cuenta con una supermayoría de dos tercios que le permite reformar la Constitución. Sin una oposición parlamentaria progresista, esa capacidad de reforma se ejercerá en un espacio ideológico que va del conservadurismo moderado al ultranacionalismo.

Para los sindicatos, los movimientos sociales y las organizaciones de derechos humanos, eso significa operar sin representación institucional, dependiendo exclusivamente de la presión desde fuera del sistema. Es, en términos prácticos, la institucionalización del orbánismo bajo una dirección más presentable.

La derrota electoral de Orbán es real y todo hace pensar que tendrá consecuencias reales. El fin de la captura sistemática de instituciones, de la presión sobre la prensa independiente, del bloqueo a los fondos europeos como herramienta de chantaje político: todo eso importa.

Pero confundir el fin del síntoma con el fin de la enfermedad, advierten cada vez más analistas, es un error que la izquierda europea lleva cometiendo con demasiada frecuencia. La enfermedad es la normalización de un programa político que excluye a las minorías, cierra las fronteras a quienes huyen de la guerra o la pobreza y trata los derechos civiles como moneda de cambio electoral. Esa enfermedad no desaparece porque su portador aprenda a hablar en los foros de Bruselas con buenos modales.

Human Rights Watch ya ha señalado que la prueba real para el gobierno de Magyar será concreta y medible: si retira los cargos criminales contra activistas LGTBI, si reforma los criterios que permiten prohibir eventos del colectivo bajo estándares vagos de “daño a menores” o si da señales de que la arquitectura legal discriminatoria heredada de Orbán tiene fecha de caducidad. Hasta ahora, Magyar no ha dado esas señales.

Lo que queda, si se confirman los peores temores, no es una primavera democrática. Es algo más parecido a un invierno social: el fin de los ataques más estridentes del Estado, sin la voluntad política —al menos de momento— de desmantelar las estructuras que los hacían posibles. Una transición gestionada en términos conservadores, paradójicamente celebrada en términos progresistas. Y en ese desajuste entre lo que se celebra y lo que ha ocurrido realmente reside, para muchos observadores europeos, el problema más duradero de todos: el de una izquierda que lleva tanto tiempo gestionando derrotas que ha olvidado cómo se distinguen de las victorias.

En noviembre de 1975, apenas unos días después de la muerte del dictador, centenares de mujeres celebraron en Madrid las primeras Jornadas de Liberación de la Mujer en semiclandestinidad. Medio siglo después, esa memoria volvió a ocupar el centro del debate en la conversación “Igualdad de género y derechos conquistados”, organizada por infoLibre dentro del proyecto La Memoria que Somos, con el apoyo de la Celebración de los 50 años de España en libertad.

El encuentro estuvo moderado por Marta Jaenes, subdirectora de infoLibre, y reunió a la activista, feminista y experta en políticas de género, Justa Montero, y a Daniel Valero 'Tigrillo', creador de contenido, escritor, periodista y columnista de infoLibre, en un diálogo intergeneracional con la participación de estudiantes y jóvenes desde el público.

La intervención de Justa Montero desmontó uno de los mitos más extendidos sobre la Transición: el de un proceso pacífico y ordenado, casi providencial. Franco murió “matando”, recordó, con fusilamientos apenas dos meses antes de su fallecimiento. Y tras su muerte, el aparato del Estado permaneció intacto: represión policial, violencia de la ultraderecha, asesinatos como los de Atocha o la matanza de Vitoria en 1976.

Montero reivindicó el papel del movimiento feminista en aquel contexto de incertidumbre y riesgo. “Nada nos ha venido concedido por la gracia de no se sabe quién ”, subrayó. Cada derecho, desde la despenalización de la homosexualidad hasta el acceso al aborto, fue fruto de una lucha sostenida.

La memoria feminista, explicó, no es un apéndice del relato general sobre la dictadura, es una parte central. Miles de mujeres fueron internadas en cárceles, psiquiátricos o en centros del Patronato de Protección a la Mujer por romper el modelo de “buena esposa” impuesto por el régimen. Instituciones que, recordó, sobrevivieron hasta 1985. La represión no fue anecdótica: fue estructural.

Y, sin embargo, medio siglo después, el desconocimiento persiste incluso entre quienes han nacido en democracia. Los jóvenes presentes en el acto reconocían conocer poco o muy poco lo que era el Patronato de la Mujer u otro lugar de memoria como es el Pasaje Begoña, en Torremolinos, cuna de los derechos y libertades LGTBIQ+ en España.

Por ello, desde la otra orilla generacional, Daniel Valero puso el foco en el déficit educativo. La historia del franquismo, y en particular la represión contra mujeres y personas LGTBIQ+, apenas ocupa espacio en los currículos escolares. Muchos jóvenes, reflexionó Valero, desconocen hitos fundamentales de esa memoria, como el ya nombrado Pasaje Begoña en Torremolinos, uno de los primeros espacios de libertad para el colectivo LGTBIQ+ durante el franquismo, desmantelado por redadas policiales.

El también creador de contenido denunció que mientras el Stonewall estadounidense forma parte del imaginario colectivo, la historia LGTBIQ+ española sigue borrada. Y advirtió de las consecuencias: sin memoria, los derechos parecen naturales; y lo que parece natural, puede perderse sin resistencia. “Toda esa parte está borrada, entonces todo ese dolor ni siquiera está reparado. Si no está reparado, ¿cómo podemos mirar hacia un futuro en el que genuinamente tengamos una libertad que no está ser heredada de todo ese tiempo?”, reflexionó, pero añadiendo al mismo tiempo: “Tenemos muchísima historia que honrar y tenemos hitos históricos maravillosos en los que inspirarnos para decir, ‘Oye, la lucha no hay que abandonarla’”.

En este punto, el debate derivó hacia la educación sexual. Una estudiante de 18 años reconoció no haber recibido nunca formación en este ámbito. Para los participantes en la mesa, esa carencia no es neutra: deja espacio a discursos reaccionarios que promueven modelos rígidos de masculinidad y feminidad, hoy reciclados por la extrema derecha en clave digital.

Tanto Montero como Valero coincidieron en que los derechos de las mujeres y del colectivo LGTBIQ+ se han convertido en moneda de cambio en pactos políticos y en objetivo prioritario de la ofensiva ultraconservadora.

El aborto es un ejemplo paradigmático. Montero recordó cómo el movimiento feminista logró frenar en 2014 la reforma restrictiva impulsada por el entonces ministro Alberto Ruiz-Gallardón. Pero alertó de que el derecho sigue siendo frágil: no todas las mujeres pueden ejercerlo en igualdad de condiciones, especialmente las que se encuentran en situación administrativa irregular.

Valero amplió el foco: las personas trans, migrantes o racializadas son hoy chivos expiatorios en una estrategia que busca desviar la atención de las desigualdades económicas estructurales. Se trata, dijo, de una importación de guiones internacionales, desde Estados Unidos hasta Hungría, donde la ultraderecha necesita enemigos simbólicos para cohesionar a su base social.

Una de las preguntas más sugerentes del público planteó si el feminismo tiene una meta alcanzable o si está condenado a ser una lucha activa indefinida, y si esa ausencia de “final” puede resultar desesperanzadora.

Justa Montero respondió que el feminismo “tiene un horizonte, efectivamente”, pero que ese horizonte “va mucho más allá de lo que este sistema puede conceder”. No se trata de una meta cerrada ni de una fotografía fija del futuro, sino de un proceso colectivo de transformación profunda. Habló de que “el feminismo es una lucha contra el patriarcado que es también antirracista, anticapitalista, transinclusiva” y defendió que no puede reducirse a una apuesta individual —que agota—, sino que debe entenderse como un movimiento social plural. El horizonte, insistió, es “muy esperanzador”, aunque su forma concreta esté aún por construirse.

En esa misma línea, Daniel Valero coincidió en la necesidad de mantener una mirada esperanzadora. Admitió que no sabemos cuál será la “photo finish”, pero subrayó que el movimiento feminista y el LGTBIQ+ forman parte “de raíz” de esa transformación social más amplia. Para él, el avance no se mide en una meta cerrada, sino en algo más tangible: en que cada vez haya “un poquito más de confianza y de comodidad en un mundo que a mucha gente nos había dicho que no era para nosotras”. Ese desplazamiento —del miedo a la pertenencia— es ya, en sí mismo, una conquista política: “Creo que solo con eso, merece la pena seguir peleando para ver hasta dónde nos lleva”.

El título del proyecto, La Memoria que Somos, no es casual. La memoria no es un ejercicio conmemorativo, sino una herramienta política. Recordar que hubo mujeres encarceladas por besarse en un cine o por abortar es entender que los derechos no son un punto de partida, sino una conquista.

En un contexto de polarización y repliegue identitario, el mensaje que dejó la conversación fue inequívoco: la igualdad no está garantizada. Se construye, se defiende y se amplía. Y la única forma de hacerlo es desde lo colectivo, tejiendo alianzas entre feminismo, movimiento LGTBIQ+, antirracismo y defensa de los derechos sociales. Como señalaba Valero en una de sus intervenciones: “La ciudadanía no tenemos un poder enorme de manera individual, pero igual tampoco hace falta porque tenemos que buscarlo en el comunitario”.

Es en ese camino colectivo en el que hay que mirar hacia atrás, hacer memoria, porque tal y como recordó Marta Jaenes al cerrar el acto, la memoria no solo explica de dónde venimos. También marca hacia dónde queremos ir.

Laura (nombre ficticio), que se define bisexual, asexual y persona no binaria, tenía 20 años cuando su tía la expulsó de casa. “Siempre ha sido una persona bastante violenta y hubo una reacción violenta en el momento que se dio cuenta [de mi orientación sexual]”, cuenta a infoLibre. A pesar de que considera que no le obligaron a abandonar la vivienda solamente por su identidad, confiesa que este factor aumentó la tensión.

El caso de Laura es parecido al de Daniel, que se identifica como gay y que con 18 años abandonó su hogar familiar, al que describe como un “territorio hostil bastante complejo”. “Que yo fuese del colectivo nunca fue un problema directo, pero había comentarios y actitudes que me hacían sentir incomprendido y no escuchado”, explica a este medio.

Más de un tercio de las personas del colectivo LGTBIQ+ (el 36%) se ha encontrado en algún momento de su vida en situación de sinhogarismo. Esto no quiere decir que hayan estado viviendo necesariamente en la calle, también engloba a aquellas personas que no han conseguido estabilidad habitacional. Así lo establece el informe de la Federación Estatal LGTBI+ (FELGTBI+), Estado LGTBI+ 2025: Informe Socioeconómico, que subraya que “la orientación sexual se erige como el principal argumento que justifica la expulsión residencial”. 

Es más, según el informe anual de la Mesa Técnica de Atención a personas LGTBIQ+ en riesgo de exclusión social de Madrid (Maper) –un foro de entidades sociales visibiliza la situación de las personas del colectivo LGTBIQ+ que están en riesgo de exclusión social y, especialmente, residencial–, el perfil social de las personas atendidas en 2024 por esta plataforma es joven, con una edad media de 32 años, dos menos que en 2023. “Principalmente se debe al rechazo familiar. Una vez que expresan su orientación sexual o su identidad de género a veces son invitados forzosamente a salir del domicilio, si no expulsados”, afirma a infoLibre el experto y trabajador social José Gabriel Rodríguez Pérez, que añade que el propio núcleo familiar a veces es el primer tipo de discriminación y violencia, seguido por el ámbito escolar.

Según este investigador, el factor edad influye en que muchas de estas personas emigren a otros países. De hecho, la gran mayoría de los solicitantes de las instalaciones de Maper (el 85,5%) procede de un país extracomunitario. Las nacionalidades más frecuentes son de Colombia, Venezuela y Perú. El informe de la plataforma sostiene que más de la mitad de estas personas extranjeras se encuentran en una situación administrativa irregular, lo que les hace, según la integradora social e investigadora Almudena Gómez Jiménez, “estar exentas al acceso de derechos sociales durante largos periplos de tiempo”, y puede implicar una mayor temporalidad de esta circunstancia.

“Hablamos de situaciones muy graves en las que muchas personas se ven obligadas a huir con lo poco que tienen, ante situaciones de alto riesgo donde sus propias vidas corren peligro, donde sus propias familias son los agresores o donde son expulsados de sus propios pueblos”, explica el investigador Juan Daniel Ugalde, secretario del Observatorio para el Análisis y Visibilidad de la Exclusión Social de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC). Sin embargo, los expertos coinciden en que la exclusión residencial es multicausal y está relacionada con diversos factores como las adicciones, la salud mental o los problemas familiares, entre otros.

Aunque los hombres cisgénero gays concentran el mayor número de casos, los informes advierten de que las mujeres trans afrontan un riesgo significativamente mayor de exclusión. “El desconocimiento, el miedo a lo desconocido, los prejuicios y estereotipos hacen que, por desgracia, estas personas sufran un mayor índice de discriminación laboral y residencial, que, unido al frecuente rechazo familiar que padecen, dificulta sus posibilidades de inserción social y les hace víctimas fáciles de discriminación y más vulnerables a terminar en estas situaciones”, afirma Gómez Jiménez.

Rodríguez Pérez puntualiza que determinados estereotipos dirigidos hacia ellas dificultan el acceso al alquiler: “Piensan que le van a poner ahí un prostíbulo, que van a tener drogas y les suben incluso los alquileres”. En cuanto al desempleo, Ugalde señala que es uno de los principales motivos por los que el colectivo trans se mantiene en situación de calle: “Esto empuja a muchas mujeres trans a la marginalidad o al ejercicio de la prostitución como vía de subsistencia, si bien, no se puede generalizar y por suerte cada vez podemos ver más mujeres trans ocupando posiciones más visibles de cara a la sociedad que permiten ‘normalizar’ una realidad oculta hasta el momento”.

Precisamente, uno de los rasgos diferenciadores respecto a la población sin hogar en general es la posibilidad de ser objeto de discriminación “directa, indirecta y múltiple”, según Gómez Jiménez. Es decir, se trata de una vulnerabilidad que no es lineal ni única, sino el resultado de capas de discriminación que se superponen y refuerzan entre sí. Sin embargo, Ugalde señala que la cronificación de la situación de calle es mucho menor, en parte debido a la reducida edad media, que facilita mayores oportunidades de inserción laboral. “En algunos casos, hablamos de personas que incluso no han llegado a estar nunca en situación de calle o lo que llamamos tipología ETHOS 1 y 2, si no que han permanecido en una situación de couchsurfing, pernoctando en sofás de casas de amigos”, añade.

No obstante, las personas del colectivo también se ven expuestas a mayores riesgos. Según Ugalde, no solo es mayor el número de violencias con respecto a sus homólogos no LGTBIQ+ –con casi un 25% más de situaciones de riesgo–, sino que estas son más graves. El investigador señala que, además de sufrir agresiones y robos, también existe “un porcentaje llamativo de violaciones y abusos sexuales que apenas fueron reportados por personas sin hogar no LGTBIQ+”.

Ante esta problemática, existen diversas formas de superación: mientras que Laura consiguió en 2025 mudarse con su novio, Daniel vive solo en Madrid con varios trabajos. Este joven emprendió la búsqueda de un lugar mejor donde vivir, hasta que la Fundación Eddy-G se cruzó en su camino, y se convirtió en el primer usuario del hogar de acogida para jóvenes del colectivo que ofrecía esta institución. “Me dio mucha bondad normalizada, el poder ver a una persona independientemente de su identidad, de su orientación, que estaba en las mismas paredes que yo y decir, ‘wow, hermana, te entiendo’”, cuenta Daniel, que actualmente sigue colaborando en Eddy-G como voluntario.

Paula Avilés, trabajadora social de esta fundación, explica a infoLibre la importancia de un lugar exclusivo para personas LGTBIQ+: “Hace que exista un lugar de confianza donde puedan expresarse tal y como son y no sentir miedo de poder sufrir algún tipo de discriminación que sí que puede verse en sitios generalizados como los albergues”.

Otras asociaciones que ofrecen apoyo residencial y otros recursos son la Fundación Manolita Chen o Ahora dónde. Sin embargo, los expertos y las propias organizaciones señalan la escasez de plazas ofertadas como una traba a su labor. Otro de los retos es la financiación. Según cuenta Avilés, Eddy-G tendrá que afrontar 2026 sin dos de las principales subvenciones que sí tenía en el pasado: una de Fundación la Caixa y otra de la Comunidad de Madrid. 

A pesar de que España es considerado un país abierto en materia de derechos LGTBIQ+, la realidad de la exclusión residencial en este colectivo es difícilmente medible. Desde el ámbito académico, los expertos hacen hincapié en el escaso número de investigaciones sobre esta realidad y la dificultad para obtener muestras, sobre todo de mujeres trans. Según Ugalde, “los estudios internacionales nos indican que un alto porcentaje de la población en situación de sinhogarismo que vive en las calles pertenece al colectivo LGTBIQ+, sin embargo, en España apenas conocemos datos aislados en muy pocas ciudades”.

En la Comunidad de Madrid, los últimos datos publicados son de 2019 y pertenecen al Estudio Sociológico de las Personas LGTBIQ+ Sin Hogar, encargado por FACIAM –la Federación de Asociaciones y Centros de Ayuda a Personas Sin Hogar de Madrid– con la colaboración de la URJC. Organizaciones y plataformas como FELGTBI+ o Maper también realizan sus propios informes que sirven para ilustrar las dimensiones del problema. “Lo que no se estudia no se conoce y, por lo tanto, a la hora de desarrollar políticas o programas de intervención, es necesario conocer esta realidad para poder alcanzar los objetivos marcados con éxito”, afirma Ugalde.

La Fiscalía Provincial de Valencia solicita una pena de prisión de hasta tres años para la concejala de Vox en el Ayuntamiento de València, Cecilia Herrero por la difusión reiterada de mensajes de odio contra personas migrantes, LGTBI y con discapacidad a través de la red social Twitter, actualmente X, entre los años 2020 y 2024, según recoge EFE.

En un escrito al que ha tenido acceso EFE, la sección de Delitos de Odio del Ministerio Público secunda la apertura de juicio oral y reproduce una treintena de los referidos mensajes.

La Fiscalía sostiene que, durante al menos cuatro años, Herrero utilizó de forma continuada varias cuentas abiertas al público para publicar mensajes dirigidos a “propagar el rechazo, el desprecio, la hostilidad y la animadversión” hacia distintos colectivos protegidos.

Por ello, atribuye a la procesada la autoría de un delito cometido con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas, previsto en el artículo 510 del Código Penal, por fomentar el odio y la hostilidad mediante expresiones vejatorias, deshumanizadoras y estigmatizadoras, aunque plantea alternativamente una calificación menos grave dentro del mismo precepto penal (510.2 del CP).

En consecuencia, la primera petición es de 3 años de prisión y una multa de doce meses con una cuota diaria de 20 euros, pero subsidiariamente se pide una condena de un año y dos meses de prisión y multa de ocho meses. 

En ambos supuestos interesa también la inhabilitación para empleo o cargo público por el mismo periodo que la pena de prisión.

El escrito detalla que la acusada gestionaba cuentas con miles de seguidores, abiertas sin restricciones, desde las que difundía de forma “masiva e indiscriminada” mensajes dirigidos a estigmatizar a personas migrantes, especialmente de origen magrebí o musulmán, así como a integrantes del colectivo LGTBIQ+, personas racializadas y personas con discapacidad. 

Según la Fiscalía, estos mensajes asociaban de forma generalizada la inmigración con la delincuencia, la invasión del territorio y el deterioro de los servicios públicos.

La acusación subraya que la procesada vinculaba de manera reiterada el origen nacional, el color de la piel o la religión de determinadas personas con conductas delictivas, utilizando expresiones de burla y menosprecio y recurriendo en ocasiones a una selección “interesada y manipulada” de noticias para generar alarma social. 

A juicio del Ministerio Público, este discurso tenía un especial impacto al dirigirse de forma concreta a la ciudadanía de València y al producirse en el contexto de la actividad política de la acusada.

Entre los mensajes recogidos en el escrito se incluyen respuestas a publicaciones de medios de comunicación y de otros usuarios de la red social en las que se emplean términos despectivos hacia personas migrantes, se reclama su expulsión del país, se cuestiona la identidad de menores extranjeros no acompañados y se realizan comentarios vejatorios sobre personas LGTBI y con discapacidad. 

La Fiscalía destaca la reiteración de este tipo de expresiones a lo largo de varios años y su carácter público y accesible.

El Ministerio Público no aprecia circunstancias atenuantes ni agravantes y considera que la acusada actuó de forma consciente y voluntaria. En el escrito también se interesa el decomiso de las direcciones URL concretas a través de las cuales se difundieron los contenidos objeto de acusación, al amparo de la legislación sobre servicios de la sociedad de la información.

Estos hechos fueron denunciados inicialmente por Compromís en abril de 2024 y posteriormente se sumó el PSPV, que aportó más mensajes a la Fiscalía.

Un mural homenaje al poeta Federico García Lorca que se muestra en el mirador del Troncoso de Zamora ha sido vandalizado con pintadas con insultos homófobos, han informado a EFE este lunes fuentes municipales.

Las palabras con pintura negra aparecieron el domingo en esa zona turística del casco antiguo de Zamora con vistas al río Duero y el mismo día fueron eliminadas por el servicio municipal de Limpieza y del autor del mural, el pintor Carlos Adeva.

El mural vandalizado muestra una imagen de García Lorca junto a unos versos alusivos al río, unas barcas y la cúpula de la Catedral de Zamora.

Tras tener conocimiento del acto vandálico, el consistorio se puso en contacto con el autor del mural que unas horas después acudió al lugar para recomponer la imagen de Lorca que había sido objeto de algunas de las pintadas.

Los delitos de odio contra la comunidad LGTBIQ+ han aumentado en el último año, según datos de la FELGTBI+. Según el informe Estado del Odio: Estado LGTBI+ 2025, elaborado por la Federación, el 20,3 % de los miembros del colectivo han sufrido acoso. También, un 25,25% sufren discriminación en áreas como el trabajo o la vivienda y un 16,25 % han sido agredidas por su orientación sexual o identidad de género.

Aproximarse a la homoerótica de las mujeres que vivieron en el Madrid de los años 20 y 30 del pasado siglo implica encontrarse con un silencio sepulcral, navegar en el vacío. ¿Cómo abordar sentires y deseos tan subalternizados que no llegaron siquiera a enunciarse en su día? ¿Podemos referenciar las identidades lesbianas o bisexuales del pasado a través de las categorías que empleamos en la actualidad? Las fuentes para conocer los encuentros formales e informales entre mujeres amantes —y que además estaban conectadas por múltiples inquietudes intelectuales comunes— son escasas, como también lo ha sido el interés de la academia por investigar los espacios específicamente femeninos. Por fortuna, la intensa correspondencia epistolar que muchas mujeres mantuvieron durante años, así como la difusión fragmentaria de diarios, fotografías, memorias y ficciones literarias ambientadas en lugares de gran popularidad de la época han permitido que hoy podamos conocer parcialmente esos espacios.

Algunos de estos lugares de liberación sexual que congregaron a decenas de mujeres burguesas fueron los llamados círculos sáficos, donde podían escapar esporádicamente del yugo familiar para dar rienda suelta a sus pasiones pero también debatir, comentar lecturas, recitar poesías, presentar sus obras de teatro y reflexionar sobre cuestiones políticas y culturales. Instituciones como la Residencia de Señoritas de Madrid y el Lyceum Club Femenino fueron quizás los círculos sáficos más emblemáticos, aunque también acostumbraban a reunirse en cafés de la capital o casas de amigas para mayor intimidad y seguridad. No obstante, deben entenderse por encima de todo como lugares simbólicos, redes clandestinas y rituales de resistencia lesbiana en tiempos de silencio. Llegaron a recibir también apelativos como el Club de las Maridas, ya que muchas eran esposas de autores reconocidos y mantenían relaciones homo extramatrimoniales.

La investigadora Eva Moreno, en su estudio sobre la reconstrucción de los círculos sáficos madrileños en las obras de Elena Fortún y Rosa Chacel (habituales de estos espacios), habla de “hogares temporales” de aquellas mujeres que anhelaban tener un contacto con las vanguardias para escapar del ambiente opresivo en el que vivían. Por tanto, las tertulias literarias y cafés bohemios como el Bar Dublin o el Café Roma escondían redes de apoyo mutuo que jamás se nombraban como lo que verdaderamente eran para evitar la rumorología. Al referirse a los círculos a través de epístolas, estas escritoras empleaban códigos velados para disfrazar el funcionamiento de los encuentros.

De esta forma, la Dra. Angela Acosta, coeditora del número especial de Feminist Modernist Studies sobre la modernidad sáfica española, infiere a infoLibre que existían determinados “códigos sáficos” para apuntar a la identidad sexual lesbiana sin llegar a nombrarla per se, utilizando por ejemplo referencias a la literatura anglosajona. “Podían mencionar las cartas a Catherine Mansfield o también apuntar a otras personas de ese ámbito. Eso fue súper importante para saber si tu nueva amiga tenía interés en esos temas, si conocía la literatura sáfica, qué libros podrías recomendarle. Eran códigos secretos para escapar la censura o la represión”, explica.

Este hecho a su vez revela el perfil de mujeres que acudían a los círculos. La inmensa mayoría disponía de un capital económico y cultural poco frecuente, no sólo sabían leer y escribir, lo que ya era un privilegio reservado a las élites, sino que habían viajado, gozaban de cierta independencia y se movían en ambientes vanguardistas propios de la modernidad. La historia femenina que conocemos se circunscribe casi siempre a las genealogías de las mujeres acaudaladas, ya que son las únicas que han podido legar un testimonio de sus experiencias a través de la escritura. Por tanto, la brecha epistémica sí entiende de clases, no solo de géneros. Encontrar evidencia de las obreras en los archivos y los manuales de literatura es una tarea prácticamente imposible.

La escenógrafa y pintora Victorina Durán ejerció la docencia en la Residencia de Señoritas de Madrid —fundada por María de Maeztu durante la Segunda República— y frecuentó en numerosas ocasiones los círculos sáficos de este lugar. Este espacio, que en su momento reunió a figuras como Alfonsina Storni, Victoria Kent, Gabriela Mistral, Carmen Conde o Teresa de la Parra, sirvió de puente entre las mujeres “modernas” en Europa y América Latina gracias a los programas de intercambio existentes, que favorecieron redes internacionales de solidaridad entre mujeres.

Como refiere la investigadora y docente Elena Lindholm, las décadas previas al régimen de Franco ofrecían “pequeños espacios de cierta tolerancia hacia las mujeres que desafiaban los límites del comportamiento femenino tradicional, especialmente entre los círculos de artistas y autoras de vanguardia, donde trasgredir límites formaba parte del proyecto artístico común”. Por su parte, la profesora titular del Departamento de Estudios Hispánicos e Hispanoamericanos de la Universidad Toulouse, Jean Jaurès Thérèse Courau, cuenta en una investigación en torno al lesbianismo cosmopolita y los círculos sáficos españoles que en esa residencia se gestaron textos que hoy conforman algunas de las primeras manifestaciones de literatura lésbica en español.

Otros círculos presentes en el entorno europeo fueron el Templo de la Amistad de Natalie Clifford Barney en París y el salón de Virginia Woolf en Tavistock Square. La obra Becoming Lesbian de la historiadora Tamara Chaplinlos pone de manifiesto que los referentes de los círculos sáficos de Madrid fueron los cabarés parisinos donde comenzaba a explorarse el deseo entre mujeres, creándose una contracultura sáfica que salpicaría más tarde a España.

Es importante enfatizar que durante estos años la sociedad no castigaba per se la homosexualidad femenina porque tampoco la reconocía como tal. El conflicto llegaba cuando, fruto de estos encuentros, las mujeres dejaban de lado sus deberes matrimoniales. Esto es así porque la mera idea de que una mujer pudiera desear a otra no entraba siquiera dentro del imaginario colectivo —la mujer ha sido históricamente un sujeto deseable pero no deseante, la negación de su capacidad de deseo hacia otras es clave para entender este contexto de silencio y borrado identitario—. Por ello, la clandestinidad de los círculos obedecía a ocultar las negligencias de las mujeres como madres y esposas, que además se relacionaban entre sí sexoafectivamente.

“En aquel momento no se entendía que dos mujeres podían llegar a tener una relación más allá de la amistad porque, por supuesto, no existía. El matrimonio era la forma o el paso que tenía que dar cualquier mujer”. ¿Cómo tú vas a relatar algo que realmente se te ha prohibido o que no se te permite pero tú realmente sí que lo estás sintiendo?”, señala a este medio Cristina Álvarez, vocal de Feminismos y formación de la FELGTBI+. Había un deseo que se consideraba enfermo y que era invisible, casi siempre enmascarado tras el velo de la amistad femenina. Por este motivo, añade, cuando se empieza a utilizar el término “invertida”, este calificativo no apela necesariamente a las identidades lesbianas o bisexuales, sino a todas aquellas mujeres que desobedecen la imposición patriarcal, sobre todo del matrimonio y la maternidad, rompiendo con las normas de género preestablecidas.

Los círculos, precisamente por las dificultades que planteaba en todos los sentidos enfrentar la clandestinidad, fueron transitorios y apenas pudieron dilatarse en el tiempo en el caso de la Academia de las Brujas, espacio ubicado en el segundo piso de la casa de Vicente Alexandre (se llegaron a reunir un total de seis veces) pero algunos pudieron mantenerse a flote durante el franquismo desde el exilio. Cuando estalla la Guerra Civil en 1936, autoras que habían marchado a Latinoamérica como Victorina Durán, Elena Fortún y Rosa Chacel siguieron reuniéndose en países como Francia, Argentina, México o Chile durante un tiempo. Sin embargo, las que permanecieron en España atrapadas bajo el manto del régimen fascista de Franco vieron como la represión sexual, la censura estatal y la subyugación de la mujer al matrimonio se recrudecían como nunca antes, haciéndose imposible la continuidad de estos encuentros.

Más de la mitad de las personas que viven con VIH en Europa reciben el diagnóstico de forma tardía, lo que supone una "falla crítica" en las pruebas de detección del virus que "amenaza con socavar" la lucha global contra el sida, advierte el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC), según informa EFE.

Según el informe anual de vigilancia del VIH/SIDA, publicado con motivo del Día Mundial del Sida, que se celebra este 1 de diciembre, en 2024 se diagnosticaron 106.000 casos de VIH en la Región Europea de la OMS (53 países de Europa y Asia Central), de los cuales el 54% se realizaron demasiado tarde para un tratamiento óptimo.

"Europa no está haciendo pruebas ni tratando el VIH de forma temprana. Esta falla crítica en las pruebas, combinada con un número creciente de casos sin diagnosticar, está poniendo en grave peligro el objetivo para 2030 de acabar con el sida como amenaza para la salud pública", señalan el ECDC y la Oficina Regional de la OMS para Europa.

Por este motivo, ambas instituciones de salud instan a que se tomen "medidas urgentes" para rutinizar, normalizar y ampliar las pruebas, incluyendo un mayor acceso a las pruebas de autodiagnóstico y a opciones comunitarias, para quienes no tienen acceso a servicios de salud.

Por regiones, el este de Europa registró la mayoría de casos (66%), por encima de los estados del oeste (25%) y el centro (10%). 

De hecho, de los 106.000 casos notificados en la Región Europea de la OMS, el 22% (24.000) se notificaron dentro de la Unión Europea y el Espacio Económico Europeo (UE/EEE), de los cuales el 48% se detectaron de forma tardía.

En cuanto a la causa de las infecciones en el conjunto del continente, la proporción fue mayor entre las personas que contrajeron el virus por transmisión heterosexual (especialmente hombres), con uno de cada siete casos, mientras que el sexo entre hombres representó el 15% y las inyecciones de drogas el 14%.

No obstante, en el territorio de la UE/EEE, las relaciones sexuales entre hombres siguen siendo la vía de transmisión más común (48%).

Además, casi uno de cada tres diagnósticos de VIH en 2024 se produjo en personas nacidas fuera del país donde fueron diagnosticadas, y en la Unión Europea, este grupo representó más de la mitad de los nuevos diagnósticos, especialmente en ciudadanos procedentes de África Subsahariana (32,2%) y el centro o este de Europa (26,4%).

En la última década, la tasa de diagnósticos de VIH disminuyó en la Región Europea de la OMS de 18,3 a 11,8 por cada 100.000 habitantes, con una fuerte caída en 2020 relacionada con las perturbaciones relacionadas con la pandemia de COVID-19. Tras un repunte temporal durante el período 2021-2023, la tasa volvió a descender en 2024 y los diagnósticos disminuyeron aproximadamente un tercio desde 2015.

Para los países de la UE/EEE, la tasa en 2024 fue de 5,3 por cada 100.000 habitantes, lo que marca una disminución del 14,5% respecto a la tasa de 6,2 por 100.000 observada en 2015. 

Sin embargo, el número estimado de personas que viven con el VIH sin diagnosticar "está aumentando", lo que aboca a "una crisis silenciosa que impulsa la transmisión", según el doctor belga Hans Kluge, Director Regional de la OMS para Europa.

La causa de esa "crisis silenciosa" está en "las barreras mortales del estigma y la discriminación", que impiden que las personas se realicen una prueba sencilla, constata el experto en salud pública.

"Debemos innovar urgentemente nuestras estrategias de diagnóstico, adoptar las pruebas comunitarias y el autodiagnóstico, y garantizar una rápida conexión con la atención médica. Solo podremos erradicar el sida si las personas conocen su estado serológico", concluyó la doctora Pamela Rendi-Wagner, directora del ECDC.

Cuatro de cada diez mujeres lesbianas, trans, bisexuales o intersexuales ha padecido algún tipo de violencia en los últimos 12 meses, según alerta la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (Felgtbi+) con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, recoge EFE.

En un comunicado, la Felgtbi+ denuncia que el 13,8% de las mujeres de la comunidad ha sufrido violencia física o verbal; un 14,8% acoso y un 24,2% discriminación en el último año. 

Según se desprende de su investigación Estado LGTBI+ 2025, elaborada junto a la agencia 40db, un 26,8% de las víctimas sufrió esta violencia en la calle; el 17,6%, en los centros de enseñanza; el 14,4% en un lugar de ocio y el 13,1% en el transporte público.

La presidenta de la Felgtbi+, Paula Iglesias, explica que las mujeres LTBI+ están expuestas a una doble discriminación por el hecho de ser mujeres y de pertenecer al colectivo y que los discursos de odio están incrementando la violencia que sufren.

"Se trata de estrategias organizadas que pretenden señalarnos como la otredad, como una amenaza, para conseguir rédito político. Las mujeres lesbianas somos señaladas como degeneradas; las mujeres bisexuales son hipersexualizadas y las mujeres trans son dibujadas como una amenaza. Otras mujeres que forman parte del colectivo LTBI+, como las mujeres intersexuales o las que pertenecen al espectro asexual siguen muy invisibilizadas. Todos los discursos de odio se basan en deshumanizarnos para que parezca legítimo rechazarnos", subraya.