España ya puede presumir de estar en la cima de la defensa europea de los derechos LGTBIQ+. Es la conclusión del mapeo que cada año confecciona la organización ILGA Europa, un análisis que pone sobre la mesa los avances simbólicos, materiales y legislativos, pero también los retrocesos y la reacción ultra que pone en la diana las conquistas del colectivo.

El mapa que escudriña la situación de las personas LGTBIQ+ en casi medio centenar de países europeos concede a España el primer puesto tras haber constatado que el Gobierno "ha cumplido con los compromisos establecidos en las leyes LGBTI y trans de 2023", mediante la adopción de planes de acción para la igualdad, la creación de una autoridad independiente para la igualdad de trato y la implementación plena de la despatologización de las personas trans en el sistema sanitario, tal y como ha publicado la organización este martes. 

España destaca por encima de los demás países en prácticamente todas las áreas estudiadas. Los expertos le otorgan la máxima puntuación en terrenos como la participación política, en tanto que las personas del colectivo cuentan con las bases necesarias para el ejercicio de la libertad de reunión, asociación y expresión. También obtiene sobresaliente en cuanto al reconocimiento y la protección de los derechos familiares de las personas LGTBIQ+, gracias a las leyes que regulan el matrimonio igualitario, la adopción, la inseminación artificial y la paternidad trans. Y las políticas de asilo incluyen medidas positivas respecto a las personas del colectivo, como la formación específica o la existencia de módulos especializados para garantizar los derechos de los solicitantes de asilo.

La responsable de la puntuación obtenida es fundamentalmente la conocida como ley trans, elogiada por los autores y autoras del informe en el grueso de su análisis. Si España puede hoy ser referente en cuanto a la despatologización del colectivo, la autodeterminación del género o la educación en diversidad, es gracias a la legislación aprobada hace ahora tres años y a su aplicación efectiva.

"Hoy es un día importante", ha señalado la ministra de Igualdad, Ana Redondo. "Es el reconocimiento de mucho trabajo durante muchos años", ha presumido en declaraciones a los medios, tras advertir que aun así urge estar "muy atentos y muy alerta para que no haya retrocesos".

Katrin Hugendubel, subdirectora de ILGA Europa, ha situado este martes a España como "un claro ejemplo de lo que se puede lograr cuando un Gobierno decide deliberadamente impulsar la igualdad en lugar de retroceder". Sin embargo, su organización advierte de "la brecha entre el progreso legal y la experiencia cotidiana". Las agresiones contra las personas LGTBIQ+, según el último informe de la Federación Estatal, han aumentado un 15% "impulsadas por un clima de discurso de odio que envalentona la violencia contra los grupos vulnerables".

En enero del año pasado, una discoteca de Torremolinos (Málaga) publicó en redes sociales un reglamento de admisión para entrar en el espacio de ocio. Entre los requisitos, figuraba uno muy concreto: no ser homosexual. Es uno de los hechos que recoge el informe anual, cuyos expertos ponen la lupa también sobre todos los mecanismos que inmediatamente se activaron para corregir la situación.

ILGA no pasa por alto aquellos recovecos en los que las buenas prácticas todavía no han logrado resultados. Mencionan, entre otras cuestiones, la falta de reconocimiento formal hacia las personas no binarias, la restricción de edad para la plena autodeterminación de género o la ausencia de una justicia accesible para las personas intersexuales que hayan sido víctimas de intervenciones médicas. 

El informe menciona a la extrema derecha como principal responsable de difundir discursos de odio y obstaculizar los derechos del colectivo. Pero no solo: el Partido Popular también ha llamado la atención de la organización por su oposición reiterada a la ley trans estatal y sus alianzas autonómicas con la ultraderecha para restringir derechos. El informe recoge, en ese sentido, los intentos de retroceso en Valencia y Madrid tras las modificaciones de sus leyes específicas, ambas recurridas ante la justicia y suspendidas parcialmente por el Tribunal Constitucional.

Lo cierto es que no todo son buenas noticias para las personas LGTBIQ+ que habitan en suelo europeo. En siete países no existe ninguna protección legal contra la discriminación hacia el colectivo y solo diez países prohíben las mal llamadas terapias de conversión. En menos de la mitad de los países analizados se permite el matrimonio igualitario y en un total de 18 no existe ningún tipo de protección legal para las parejas del mismo género. 

Únicamente Alemania, Grecia, Islandia, Malta, Portugal y España prohíben las intervenciones quirúrgicas o médicas innecesarias en menores intersexuales. Y doce países no cuentan con ningún procedimiento legal o administrativo para el reconocimiento legal del género.

Países como Rusia, Azerbaiyán, Turquía, Bielorrusia, Armenia, Georgia, Mónaco, Rumanía o Ucrania están a la cola en la defensa de las personas LGTBIQ+. Pero no son los únicos: la media europea no llega al aprobado –el porcentaje se instala en el 42,73% en Europa y en el 52,1% en la Unión Europea–, mientras que territorios como Italia, Polonia, Hungría o Chipre están lejos de ser lugares seguros para el colectivo.

Este martes, 21 de abril, se ha producido un nuevo avance en materia de derechos LGTBI+ en Europa. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha emitido una sentencia por la que determina que Hungría “ha violado el derecho de la Unión” con su conocida como Ley antipropaganda LGTBIQ+, aprobada en 2021.

Este hecho llega casi dos semanas después de arrasar en las urnas el candidato a las elecciones húngaras de Tisza, Péter Magyar, quien había evitado pronunciarse sobre el tema pero declaró tras su victoria electoral que Hungría sería “un país en el que no se castigue a nadie por pensar distinto que la mayoría, por amar a alguien de forma diferente que la mayoría”.

Con esta decisión, Europa ha sentado un precedente condenando por primera vez a uno de los Estados miembros por violar los principios fundacionales de la Unión Europea.

El 15 de junio de 2021, el Parlamento de Hungría aprobaba con los votos de Fidesz –el partido del ultranacionalista Viktor Orbán– su polémica Ley de Protección de la Infancia, escudándose en la protección de los menores y vetando para ello la divulgación de información sobre el colectivo LGTBIQ+ en las escuelas.

Entre las principales medidas de esta ley se encuentran la restricción de contenidos que "fomenten la homosexualidad" –relacionada por el Gobierno húngaro con la pedofilia– tanto en los centros escolares como en los medios de comunicación, cine y libros.

En agosto de ese año, se emitió un decreto por el cual los libros infantiles que "describan una desviación respecto de la identidad de género concebida en el nacimiento, o describan un cambio de género, o popularicen la homosexualidad", entre otras condiciones, no podrán mostrarse en los escaparates o exhibirse claramente en el interior de las librerías.

Por otro lado, y siguiendo con su particular cruzada contra las personas LGTBIQ+, en el verano de 2025 se prohibió la marcha del Orgullo apoyándose en una enmienda que anteponía "la protección de la infancia" a derechos fundamentales como son el de reunión y libre expresión.

El texto de esta enmienda constitucional señalaba que "todo niño tiene derecho a la protección y a los cuidados necesarios para su correcto desarrollo físico, mental y moral".

Ya en 2021, la Comisión Europea expedientó a Hungría por esta ley; su presidenta, Ursula Von der Leyen, la calificó de “vergüenza”. "Europa no tolerará nunca que miembros de nuestra sociedad sean estigmatizados, ya sea por la persona a la que aman, por su edad, por su origen étnico, sus opiniones políticas o sus convicciones religiosas", expresó.

Así, la Comisión envió una carta de emplazamiento detallando las razones por las que Bruselas se hallaba preocupada ante esta nueva ley y pidiendo a las autoridades húngaras enmendar la situación en el plazo de dos meses.

Ya en aquel entonces se había previsto una segunda etapa de diálogo de no resolverse el conflicto en el plazo acordado y, como último recurso, se elevaría el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Finalmente, ha sido este martes, 21 de abril de 2026, cuando el TJUE ha condenado al Gobierno húngaro. Y lo ha hecho con rotundidad: "esta ley es contraria a la propia identidad de la Unión como ordenamiento jurídico común en una sociedad caracterizada por el pluralismo”. “Hungría no puede invocar válidamente su identidad nacional para justificar la adopción de una ley que vulnera los valores mencionados", recoge la sentencia.

Veinte Estados miembros de la Unión Europea –Austria, Bélgica, Chipre, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Portugal, Eslovenia, España y Suecia– exigieron la anulación de esta ley y sus enmiendas.

Según la sentencia, Hungría ha “incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del Derecho de la Unión” al adoptar esta ley, y ha incumplido tanto el Tratado de la Unión Europea y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea como diversas directivas y reglamentos.

El TJUE define la ley como "un conjunto coordinado de medidas discriminatorias que vulneran, de manera manifiesta y especialmente grave, los derechos de las personas no cisgénero, incluidas las personas trans, o no heterosexuales".

"La legislación húngara estigmatiza y margina a las personas no cisgénero, incluidas las personas trans, o no heterosexuales, tachándolas de perjudiciales para el desarrollo físico, mental y moral de los menores debido únicamente a su identidad o su orientación sexuales y (...) las asocia con la delincuencia pedófila, lo que puede reforzar esta estigmatización y fomentar comportamientos de odio hacia ellas", advierte.

“Las disposiciones nacionales en cuestión son manifiestamente contrarias a las exigencias que, en una sociedad basada en el pluralismo, se derivan de la prohibición de discriminación por razón de sexo y de orientación sexual establecida en el artículo 21, apartado 1, de la Carta y vulneran, por tanto, el contenido esencial de dicha disposición”, recoge la sentencia.

Asimismo, hace hincapié en que la protección a los menores puede darse “sin para ello operar una discriminación directa por razón de sexo y de orientación sexual”.

“En efecto, la mera circunstancia de que los contenidos popularicen o representen la desviación de la identidad propia del sexo correspondiente al nacimiento, el cambio de sexo o la homosexualidad no permite, por sí misma, demostrar el carácter potencialmente perjudicial de tales contenidos”, añade.

Por otro lado, el TJUE hace alusión a la Carta incidiendo en que “a nadie se le puede negar el derecho a la instrucción” y, además, “el Estado, en el ejercicio de las funciones que asuma en el campo de la educación y de la enseñanza, respetará el derecho de los padres a asegurar esta educación y esta enseñanza conforme a sus convicciones religiosas y filosóficas”. 

Asimismo, el TJUE considera que esta ley atentaría también contra la ley general de protección de datos y contra la libertad de prestar y recibir servicios de comunicación audiovisual. 

“La restricción impuesta a la emisión de programas que tengan como elemento central la violencia o la popularización o representación de la desviación de la identidad propia del sexo correspondiente al nacimiento, del cambio de sexo o de la homosexualidad elimina la presencia efectiva, en esos programas, de personas no cisgénero o no heterosexuales, así como de su modo de vida, aun cuando esas personas forman parte integrante de una sociedad caracterizada por la diversidad y el pluralismo, de conformidad con los valores contemplados en el artículo 2 TUE. La Comisión concluye de ello que el artículo 9, apartado 6, de la Ley de Servicios de Medios de Comunicación da lugar a una discriminación directa por razón de sexo o de orientación sexual, prohibida por el artículo 21, apartado 1, de la Carta”, informa la sentencia.

Tras esta sentencia, que tanto la Comisión Europea como distintas ONG en un comunicado conjunto –Amnistía  Internacional de Hungría, el Comité Helsinki húngaro y la Asociación Háttér– han calificado de “histórica”, sólo queda que el nuevo Gobierno de Péter Magyar la ejecute, acabando así con una de las leyes más injustas y polémicas en materia LGTBIQ+ del continente europeo.

Era imposible que no me ocupara del tuit de Santaolalla contra Vito Quiles porque este es un asunto del que he escrito mucho: el armario. Y porque estamos en la víspera del homenaje que el Gobierno va a ofrecerle a Dolores Vázquez, sobre cuyo caso escribí también un libro en el que sostenía precisamente que la causa de que la condenaran fue… el armario. No me ha sorprendido que haya personas heterosexuales que critiquen a la periodista por el tuit, no todo el mundo entiende que el armario es un mecanismo de opresión, pero sí que lo hagan asociaciones LGTB… gays… ¡a estas alturas!.

Sinceramente, me parece definitivamente bien que Sarah Santaolalla se defienda de un acoso intolerable del que la justicia no la ha defendido. Decir que Santaolalla es homófoba porque utiliza la homosexualidad para hacer daño a Vito Quiles es absurdo. Todos sabemos que no es homófoba, admito que quiere darle un puñetazo al individuo, mucha gente querría. En realidad, Santaolalla utiliza la homofobia de Quiles contra él mismo, no me parece mal. Estamos en una sociedad que no nos defiende de acosadores como este tipo, que permite que se insulte, se difame, se agreda. Los medios que tenemos para defendernos son escasos. Hay que poner dinero y hay que dar con un juez “normal” y no con un juez quintacolumnista de la derecha dura, que abundan. 

El mecanismo del armario tiene su historia. En un primer momento, cuando la homosexualidad era un delito y visibilizarse como LGTBI podía costar muy caro o era impensable, el derecho al armario, al secreto en definitiva, era un mecanismo de protección básico. Los estados homófobos de la guerra fría usaban ese secreto (fuera cierto o no) para chantajear, amenazar y acabar con la vida civil de quien molestara, ya fuera un gay o un comunista. El armario servía, precisamente, para amenazar con sacar del armario a cualquier disidente, a cualquier peligroso social. Las personas homosexuales invocaron en ese momento el derecho a la privacidad frente a un Estado y frente a una concepción de la sociedad que usaba la homosexualidad como mecanismo de castigo y advertencia para todas. Una sociedad homogénea en lo sexual (homogéneamente heterosexual) era moralmente superior, se suponía que era una sociedad más sana y fuerte que cualquier contraparte del otro lado del telón de acero. Cualquier disidencia sexual suponía debilitar la democracia frente al comunismo, la homosexualidad era un peligro social; era la época de MacCarthy. 

En un segundo momento, gracias a la lucha militante del movimiento LGTB y al fin de la guerra fría, la homosexualidad deja de ser un delito y la lucha cambia de sentido. Lo que el Estado quiere ahora no es sacar a la gente del armario, sino lo contrario, que nadie salga. El objetivo de esta maniobra es que las sexualidades no normativas no se visibilicen, aunque ya no sean delito. Se trata de mantener la ficción de que la ciudadanía es homogénea y está libre de taras. Ya no se quiere encarcelar o chantajear a las personas homosexuales, simplemente se pretende que desarrollen su existencia dentro de las paredes de su casa. El arma que se utiliza ahora ya no es la tortura o la cárcel, sino el estigma social, la burla, la injuria. El Estado ya no busca interferir en lo que se define como la intimidad de cada uno/a, sino impedir que uno/a mismo/a se autonombre desde la libertad; porque salir del armario políticamente significa afirmar el valor igual de la homosexualidad. El armario se refuerza y se convierte en una de las principales herramientas de la homofobia de los 90. A esta fase la llamamos el armario liberal. Es la base, entre otras, de la política de Clinton en el ejército, aquella de “no preguntes, no digas”. Se nos dice que si nos quedamos dentro podemos hacer lo que queramos, siempre en nuestra casa, en nuestra cama y mejor por la noche… pero ¡sorpresa!, no funciona así y, parafraseando a Audry Lorde, enseguida vamos a descubrir que el silencio no nos protege de nada, sino al contrario, nos vulnerabiliza. 

Lo descubrimos con el sida. Es el secreto, el armario, lo que impide luchar efectivamente contra la enfermedad y sus consecuencias, así como desarrollar políticas de prevención. El silencio no es que no nos proteja, es que nos mata (a partir de los 90 aparece el lema 'silencio=muerte'). Descubrimos que, por guardar el secreto, no hemos conquistado derechos ni hemos adquirido una ciudadanía equiparable a la de los ciudadanos/as heterosexuales. Descubrimos que si no nos visibilizamos no podemos denunciar ni combatir la homofobia y el odio, que el estigma es un arma que entregamos en manos de quien nos quiere invisibles. Entonces comprendemos que la existencia homosexual tiene que ser tan pública como lo es la heterosexualidad, que si aquella no se visibiliza esta siempre se presume, por defecto. El derecho a la privacidad no puede ya ser invocado en un contexto en el que lo que se pretende es, justamente, obligarnos a llevar vidas privadas (únicamente a las personas homosexuales; la heterosexualidad es necesariamente pública). El derecho a la privacidad, antaño invocado, ahora se convierte en la reclamación del derecho a la igualdad y a la libertad. Siguiendo la estela del movimiento feminista, lo personal se hace político.  

El Estado, defensor a ultranza del heterosexismo, pugna por devolvernos al armario (como ocurrió en el caso de Dolores Vázquez), pugna por dificultar en lo posible la expresión pública de la existencia homosexual (y de las disidencias sexuales en general). Más o menos lo que hoy siguen diciendo en Vox: “No tengo nada contra ellos pero…¿Por qué tienen que contarlo?” Nos quieren dentro, pero nosotras hemos comprendido que la visibilidad es el arma más potente que tenemos. Cuando nos dejamos encerrar en el armario todas nos hacemos más vulnerables. El mecanismo del armario pretende evitar, mediante la violencia real o simbólica, que nos visibilicemos, es decir, que nos politicemos. Hace difícil salir y, cuando se sale, presiona constantemente para devolverte al interior, incluso aunque la persona no lo desee. Nunca se acaba de salir, la lucha es constante y diaria. Cada vez que en el trabajo o en cualquier sitio me preguntan por un marido o un novio, me están obligando a tomar una decisión política, no siempre fácil, que no todo el mundo puede enfrentar con la misma seguridad. Esta presión sólo terminará cuando hayamos destruido todos los armarios, cuando toda la diversidad sexual sea tan visible y legítima como la heterosexualidad. A estas alturas, desde un punto de vista progresista, no podemos asumir que exista un supuesto derecho al armario. 

En estos días estamos recordando que lo que condenó a Dolores Vázquez no fue su lesbianismo, sino el manejo que los medios y el Estado hicieron del mecanismo del armario donde la sospecha se extendió como una falta monstruosa que nadie nombraba pero que, precisamente por eso, tuvo fácil conectar con miedos y prejuicios que sólo pueden combatirse desde la visibilidad. Si Dolores Vázquez hubiera podido posicionarse claramente fuera del armario en aquel momento (no tuvo la oportunidad), los prejuicios no hubieran prendido tan fácilmente; se la hubiera podido defender de aquello que no se nombraba y que contribuyó enormemente a condenarla.

No hay homofobia en decir que Vito Quiles es gay, decirlo no es algo que pueda criticarse porque lo contrario, defender que Vito Quiles tiene derecho a mantener ese secreto, sólo sirve para reforzar las paredes del armario que nos oprime a todos y todas y favorece el crecimiento de la homofobia. En general, no aparece la ocasión de mencionar que alguien es gay o deja de serlo, pero si dejamos de hacerlo por considerarlo un asunto privado estamos apelando a la tolerancia liberal y asumiendo un pacto reaccionario sobre la necesidad del secreto. 

Si sacar del armario a un fascista le hace daño es porque esta persona se sitúa a sí mismo en un contexto de defensa del machismo y de la homofobia. En lo que a mí respecta, bien por Sarah. 

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Beatriz Gimeno es exdirectora del Instituto de las Mujeres.

La población LGTBIQ+ no se libra del odio: el 54% del colectivo afirma haber sido víctima de algún tipo de ataque en el último año, motivado por su orientación sexual, identidad o expresión de género. Así lo indica el informe Estado del Odio 2026, una investigación publicada este jueves por la Federación Estatal LGTBI+ a partir de una encuesta realizada por el centro demoscópico 40dB. "Una proporción significativa" de esta comunidad continúa "enfrentándose a incidentes motivados por prejuicio o rechazo hacia su orientación sexual, identidad o expresión de género, o por sus características sexuales". 

Los resultados de la encuesta arrojan datos alarmantes: el 22% de las personas entrevistadas afirman haber sufrido algún tipo de agresión, el 36% dice haber sido víctima de acoso y el 29% convive con la discriminación, siendo las personas trans quienes en mayor proporción soportan este tipo de violencia. "Si el odio avanza, la protección debe hacerlo a pasos más agigantados, porque solo así podremos frenar la violencia que viven cada día miles de personas", ha sentenciado la presidenta de la Federación Estatal, Paula Iglesias. 

Sin embargo, advierten los autores del informe, ninguno de estos fenómenos sucede de forma aislada: "Una proporción considerable de personas declara haber experimentado múltiples formas de violencia de manera simultánea". Y un 11% asegura haber sufrido las tres situaciones de forma conjunta. "Este patrón sugiere que, para una parte significativa de las víctimas, estos episodios no constituyen hechos aislados, sino experiencias repetidas a lo largo del tiempo, siendo, además, igual de frecuentes todas las formas de violencia", en palabras de la responsable de investigación, formación y calidad de la Federación Estatal, María Rodríguez.

La violencia que sufren las personas del colectivo se produce a la vista de toda la población. La calle es el espacio que con mayor frecuencia se convierte en un escenario de odio (32%), seguido del centro de trabajo (13%), los espacios de ocio (13%) y el transporte público (9%). Pero ni siquiera los espacios que se presuponen seguros son garantía para estas personas: el 11% reporta violencia en el ámbito familiar.

El odio contra el colectivo ha encontrado, en los últimos años, expresiones más amplias gracias a la inestimable ayuda de las redes sociales. Los insultos en el entorno digital constituyen la forma más frecuente de violencia en el plano online, mencionados por el 18% de las personas encuestadas. A ello le sigue el aislamiento o rechazo (13%) y la discriminación laboral en plataformas digitales (11%). El 7% de las personas del colectivo declaran, además, haber sufrido coacciones, amenazas y sextorsión.

Instagram es la red social más señalada por las personas del colectivo (29%), seguida de X (25%), Facebook (17%) y TikTok (16%). Se trata de espacios donde "la interacción con personas desconocidas es más frecuente y los mecanismos de moderación o control social pueden ser más limitados", expresan los autores del informe.

El problema estructural que implica el odio generalizado contra el colectivo se ve alimentado por otra gran brecha: la falta de recursos a la hora de dar la voz de alarma. La inmensa mayoría de expresiones de odio son susceptibles de ser denunciadas, insiste el informe, pero el problema de la infradenuncia sigue enquistado.

El 65% de las personas encuestadas optó por no denunciar ante las autoridades, si bien entre ellas el 18% sí acudió a alguna asociación especializada. Únicamente el 35% decidió llamar a la puerta de alguna comisaría.

Las razones que disuaden a las personas del colectivo a la hora de denunciar son diversas: no conceder importancia a lo sucedido es citado por el 25%, la vergüenza disuade al 19%, mientras que el 13% sencillamente reconoce que no se le ocurrió. El 12% se instala en la normalización de la violencia al destacar que le sucede todo el rato. Sin embargo, la mayoría evita denunciar por motivos relacionados con el trato que esperan recibir: un 24% pensaba que no le iba a servir para nada y el 13% asumía que no le iban a creer. El 16% no confía en la Policía e incluso piensa que la respuesta entre las autoridades será discriminatoria.

Entre quienes denuncian, lo cierto es que las experiencias negativas prevalecen con mucho (74%) sobre las positivas (57%). Las voces recopiladas para la confección del estudio reportan que la Policía minimizó lo sucedido, hizo sentir mal a la víctima, formuló preguntas incómodas o negó la raíz LGTBIfóbica del hecho denunciado a través de sus comentarios.

“Volví a su habitación y me desnudé como lo haría una mujer al adentrarse en una pira. Cien manos de fantasmas me sostenían las piernas y la espalda, y evitaba que las dudas me aflojasen los miembros; todas las mujeres del mundo me contemplaban”. Todas las mujeres se titula justamente el último capítulo de La mala costumbre, novela que Alana S. Portero publicó a mediados de 2023 desde su convencimiento de las posibilidades expansivas de la autoficción. Estaba narrando su vida individual como mujer trans, desde luego, pero no existe tal cosa como una vida sin otras vidas dentro, y su historia era trascendida por toda una comunidad de sentimientos y lazos.

El poder de esta novela —la razón por la que resulta tan conmovedora— radica en su carácter de crisol, a partir del cual ni siquiera cabría erigir a Portero como portavoz de una identidad, un colectivo o lo que sea. Portero, según sus diversas particularidades, constituye una energía dinámica y dialéctica que comunica con muchas otras —generacionales, de género, de clase— para finalmente apuntalar una estética adaptable. Muchas otras mujeres obreras —en definitiva, todas las mujeres— encuentran un espacio en ella. Pueden reconocerse en ella, en La mala costumbre. Incluida una mujer intersexual, como es la que protagoniza Mi querida señorita.

Mi querida señorita es el primer guion de Portero para cines y lo declama como protagonista Elisabeth Martínez. A Martínez le pasó lo que a Adela: nació con rasgos sexuales biológicos que no encajaban con un cuerpo convencionalmente femenino o masculino. Sus circunstancias difieren, obvio, de la condición trans de Portero. Y aún así parece adecuado que sea Portero la principal voz creativa del film, acudiendo a actualizar una película de hace 54 años que fue un éxito en taquilla sin que por ello el término intersex llegara a ser interiorizado entonces por la población española. Sin que esa historia, la historia de Adela, pudiera aspirar a ser la de alguien más.

Los artífices de esta película —que llegará al catálogo de Netflix el 1 de mayo previo paso por cines desde el 17 de abril— aseguran que esa es la principal motivación tras el remake de Mi querida señorita: llamar a las cosas por su nombre. Concretar el vínculo de su personaje con el colectivo queer y hacerlo con una actriz propiamente intersex, luego de que en 1972 José Luis López Vázquez hubiera sido el intérprete de Adela. Y lo hubiera sido con temores comprensibles: Vázquez era una estrella de la comedia tardofranquista, y pensaba que al público se le iba a escapar la risa floja frente a su personaje. Al fin y al cabo, aparecía disfrazado de mujer. 

Los guionistas de Mi querida señorita eran Jaime de Armiñán (también encargado de dirigir) y José Luis Borau, poco antes de consagrarse ante la crítica con el estreno de Furtivos en 1975. Mi querida señorita planteaba los dilemas de una mujer de mediana edad a la que de pronto le aseguraban que siempre había sido un hombre. La descripción actual de este film dentro del catálogo de Netflix sostiene que el médico le revela que “es intersexual”, lo que es falso y únicamente se adecua a la inminente pertenencia a ese mismo catálogo del remake. El médico le dice a Adela que es un hombre, y Adela asume que ha de empezar a vivir como tal.

De ahí viene el conflicto del personaje y una bienintencionada reflexión sobre el carácter más allá de las asignaciones sociales, que pudo esquivar la censura franquista gracias a su falta de interés (o de conocimiento) en explicitar ciertas cuestiones. Y no solo la esquivó, sino que Mi querida señorita fue la película más taquillera en España durante su año, llegando incluso a ser nominada al Oscar a Mejor película de habla no inglesa. El premio se lo arrebató un compatriota, Luis Buñuel, tras haber producido en Francia El discreto encanto de la burguesía.

El legado de Mi querida señorita es complicado de cifrar. Sin duda existe un valor en la sensibilidad con la que narra la historia y este valor no precisa de detalles nominales o teóricos para calar: tal y como está configurado es suficiente para atender a la asimetría de géneros en la España de la época —las dificultades de Adela al intentar vivir como un hombre—, o desarrollar un poderoso romance (el de López Vázquez con Julieta Serrano) que desmantela cualquier binarismo. Al mismo tiempo es una película inmensamente tosca, de formas relamidas —la cursi banda sonora de Rafael Ferro, la ruidosa pulsión melodramática—, que fuerza a justificar su permanencia en la conversación contemporánea más por una cuestión de intenciones que de resultados.

Que se haya regresado a una película así —tan extravagante y solemne que ni siquiera encuentra afinidad con el camp o unas formas pre-almodovarianas— en 2026 obedece a una industria deseosa de releer iconos. Suma Content lleva haciendo algo parecido desde su fundación a manos de los Javis la década pasada. La huella de sus productores se deja notar en la voluntad de Mi querida señorita de explicar y contextualizar las oclusiones de la versión de los 70, y de hacerlo con un talante pop. Tan melodramático, a su modo, como el de Armiñán, aunque este sea reemplazado por un artífice de taquillazos patrios y fenómenos adolescentes estilo Tres metros sobre el cielo.

Nos referimos a Fernando González Molina, el director. Y aún así no hay que engañarse. Si hay una voz creativa central en esta nueva versión de Mi querida señorita —mucho más que la de Borau o Armiñán y mucho más que la entonada por la escuela de los Javis— esta es la de Portero. La autora de La mala costumbre se ha adueñado de Mi querida señorita, y con tal fiereza como para que las virtudes y defectos del film sean prácticamente de su responsabilidad exclusiva.

La película producida por Netflix realiza un par de guiños a la original setentera. La visualización de la traumática huida de Adela a Madrid, un par de planos donde aparece atusándose distraída un bigote remitente a López Vázquez. En ese sentido no despacha su parentesco como una mera propiedad intelectual y la estructura narrativa es en buena parte la misma, manteniendo personajes centrales como el pretendiente de Adela (de Antonio Ferrandis a Eneko Sagardoy) o la chica cuyo amor sobrevive a la traumática revelación del médico (de Julieta Serrano a Anna Castillo).

Es a fin de cuentas un remake puro y duro. Y lo es en una medida oportuna y trabajada desde el mero ejercicio divulgativo, que resulta ejemplar. La odisea de esta nueva Adela, que trabaja como catequista y dependiente de una tienda de antigüedades en Pamplona, está enfocada desde una mirada tan tierna y comprensiva como la quisiera plantear originalmente Armiñán, sin que desentonen las explicaciones extra alrededor de la identidad de la protagonista. Siendo evidentemente una adecuación a la época y un trasvase de significados, la propuesta está ejecutada con cuidado y empatía, seguramente desde una documentación muy asesorada. 

Sin embargo Mi querida señorita no es la misma película que la de 1972, y esta diferencia no se fundamenta únicamente en la aclaración de su personaje como sujeto intersexual. Pues este personaje está rodeado de otras circunstancias clave: una ambientación temporal —finales de los 90, a caballo del norte y el centro de España—, la presencia de la religión católica —entre la fe de Adela y su apoyo en el cura gay que interpreta Paco León— y sobre todo la progresiva edificación de una comunidad, con la que Adela se topa al llegar a la capital. Otros sujetos queer, algunos tan confusos como el de ella, en cuya compañía se reconoce y se funde. 

Este planteamiento, naturalmente, recuerda mucho al de La mala costumbre y al propio recorrido vital de Portero —que llega a hacer un cameo en una escena de la película—, confirmando a Mi querida señorita más como una expansión de los postulados de su novela que como una revisión contemporánea de un ¿olvidado? film de los 70. Lo que, en la medida que Portero escribe diálogos como escribió situaciones y arcos en su libro, depara varios problemas. Mi querida señorita transcurre entre personajes que, con las emociones a flor de piel, ansían compartir reflexiones y enseñanzas como taglines que no solo iluminen a Adela, sino a todo el futuro del colectivo queer.

Se trata de una metralla emocional que llega a extremos ridículos y estomagantes, y que en su reiteración —a la que no ayuda nada las formas asépticas del estándar Netflix— llega a enfangar el desarrollo narrativo del film. En otras ocasiones, sin embargo, la visceralidad de Portero y las interpretaciones de todo el elenco logran imponerse a estos histrionismos, y se abraza una verdad emocional que resuena y eleva a Mi querida señorita por encima del precedente setentero. 

No demasiado, claro. Hablamos de buenas intenciones, aciertos dispersos, que al final no han terminado de modular ninguna versión realmente memorable de la historia de Adela. Sí han pulido, a cambio, un imaginario que por suerte va haciéndose más y más grande. Donde caben todas las mujeres, todos los cuerpos, todas las personas que solo se entienden junto a otras personas.

La trampa del mal menor en política no está en elegir entre opciones imperfectas, sino en lo que ocurre después de elegir: el riesgo de convertir la derrota de la gesticulación autoritaria en la normalización ideológica del extremismo y tratar el alivio como si fuera un logro. La victoria de Péter Magyar y su partido Tisza en las elecciones húngaras de este domingo es el ejemplo más reciente y más nítido de ese mecanismo.

Las capitales europeas han celebrado el resultado como un retorno de Hungría a la “senda europea”. Lo que no han explicado es qué significa exactamente esa senda cuando el nuevo primer ministro mantiene la valla fronteriza de Orbán, rechaza el Pacto de Migración de la UE, no se ha comprometido a derogar las leyes que estigmatizan a la comunidad LGTBI y ha evitado cuidadosamente cualquier posición que incomode a su base electoral conservadora. Bruselas respira aliviada. La pregunta es si tiene razones para tanto alivio, o si simplemente ha decidido que ya no las necesita.

Magyar no llegó desde fuera a desafiar el régimen de Orbán. Fue miembro de Fidesz durante más de dos décadas y formó parte de su entorno de gobierno antes de romper con él. El politólogo Cas Mudde, una de las referencias más sólidas en el estudio del populismo europeo, lo ha formulado sin eufemismos: “Pasó años trabajando para el régimen de Orbán y está claramente alineado ideológicamente con su antiguo partido”.

Pero es “uno de los nuestros”, desde el punto de vista del PP Europeo, al que pertenece desde 2024. Lo que ya es un primer indicador de hasta qué punto la derecha tradicional, incluido el partido de Alberto Núñez Feijóo, se ha ido escorando hacia posiciones cada vez más extremistas.

Esa alineación tiene consecuencias programáticas concretas. En migración, Magyar ha sido explícito: mantendrá la valla fronteriza con amenazadoras cuchillas que Orbán levantó en la frontera con Serbia y una parte de Croacia, rechazará las cuotas obligatorias de reubicación de refugiados y se opondrá al Pacto de Migración y Asilo de la UE. Sus eurodiputados son del PPE, pero han votado en el Parlamento Europeo alineados con Fidesz en resoluciones sobre seguridad fronteriza.

La posición de Magyar sobre la mano de obra extranjera implica, además, una paradoja que dice mucho sobre la naturaleza de su conservadurismo. Orbán, pese a su retórica antiinmigración, permitió la entrada de decenas de miles de trabajadores asiáticos —filipinos, vietnamitas, indonesios— para cubrir las líneas de producción de las fábricas de baterías chinas instaladas en el país, con cuotas que rozaban los 35.000 trabajadores para 2026, los llamados “trabajadores invitados”.

Magyar ha calificado ese sistema de “traición” a los trabajadores húngaros y promete desmantelarlo: auditoría de los permisos vigentes, reducción drástica de las cuotas de contratación extranjera y fomento del retorno de los cerca de un millón de húngaros emigrados a Alemania, Austria o el Reino Unido mediante incentivos salariales.

No se trata, en su planteamiento, de una política de acogida más humana, sino de la versión economicista del mismo nativismo: primero los nuestros. La xenofobia de Orbán era identitaria y performativa; la de Magyar es laboral y tecnocrática. Salvo sorpresa, el resultado para los trabajadores extranjeros afectados será prácticamente el mismo.

En derechos LGTBI, su posición ha sido de neutralidad estratégica en un asunto que no admite equidistancias: no participó en la marcha del Orgullo de Budapest en 2025, no ha incluido en su programa la derogación de la ley de “protección infantil” de 2021 que prohíbe la representación de la homosexualidad ante menores, y no ha dado garantías sobre la retirada de cargos criminales contra activistas procesados por organizar marchas.

Donde Magyar difiere de Orbán es en las formas institucionales: promete desbloquear los 18.000 millones de euros en fondos europeos congelados, restaurar la independencia judicial, sumarse a la Fiscalía Europea y comprometer a Hungría con la eurozona en 2030. Son reformas sustanciales en términos procedimentales. Pero el procedimiento, por sí solo, no es un programa de derechos.

El problema no es elegir a Magyar sobre Orbán —dadas las circunstancias, esa elección, para muchos, tiene sentido—. El problema es la narrativa que acompaña esa elección: la que convierte un cambio de gestión en una victoria de valores, la que celebra el retorno al marco institucional como si fuera equivalente al retorno a los principios.

Cuando una sociedad acepta durante años que el debate se desplace hacia la derecha, el punto de referencia de lo razonable se desplaza con él. Lo que antes era la posición extrema se convierte en el nuevo centro, y lo que antes era el centro desaparece del mapa. Los politólogos llaman a esto el efecto ventana de Overton: el rango de ideas consideradas aceptables se mueve y lo hace sin que nadie firme ningún acuerdo. Basta con que las instituciones traten ciertas posiciones como normales para que lo sean.

Para muchos analistas, la celebración acrítica de Magyar es un acto de esa naturaleza: al presentarlo como la solución, Europa está ratificando que su programa —xenofobia gestionada, ambigüedad sobre los derechos LGTBI— y el contexto en el que lo desarrollará —un parlamento sin izquierda— son el nuevo estándar de lo aceptable.

Frente a las celebraciones de gran parte de la Europa progresista, algunos de cuyos dirigentes han hablado de “esperanza”, de “vibrante y sólida democracia”, e incluso de “punto de inflexión” para Europa, Manon Aubry, copresidenta del grupo The Left en el Parlamento Europeo, alzó una voz mucho más crítica que es toda una advertencia: “Péter Magyar no es una ruptura clara con la era Orbán. Liderará una política firmemente anclada en la derecha”.

La UE ha construido en los últimos años una doctrina implícita: si un gobierno es proeuropeo y antiputinista, el resto es negociable. Ese credo tiene una lógica geopolítica comprensible en el contexto de la guerra en Ucrania y de la erosión del proyecto comunitario desde dentro. Pero tiene un coste ético que raramente se contabiliza.

Al priorizar la estabilidad institucional sobre el progreso en derechos, Europa está diciendo a sus minorías —a los solicitantes de asilo que seguirán encontrando la valla, a la comunidad LGTBI húngara que seguirá viviendo bajo leyes discriminatorias— que su situación es un asunto de segunda categoría. Que lo que importa es el voto en el Consejo Europeo y el desbloqueo de fondos, no la arquitectura legal que regula sus vidas.

El contexto parlamentario completa un cuadro mucho más sombrío de lo que la mera caída de Orbán sugiere. Por primera vez desde el fin del régimen totalitario, en 1989, la Asamblea Nacional húngara no tendrá ningún partido de izquierda. Tisza, Fidesz y Mi Hazánk —centroderecha, derecha nacionalista y extrema derecha— ocuparán todos los escaños. 

Es como si en el Congreso solo tuviesen asiento Ayuso, Abascal y Falange. La Coalición Democrática (centro izquierda) no superó el umbral del 5%. El Partido Socialista Húngaro (MSZP), los partidos verdes y los centristas de Momentum, con escasas expectativas en solitario, renunciaron a presentar candidatos para facilitar la victoria del partido de la oposición mejor situado.

Tisza cuenta con una supermayoría de dos tercios que le permite reformar la Constitución. Sin una oposición parlamentaria progresista, esa capacidad de reforma se ejercerá en un espacio ideológico que va del conservadurismo moderado al ultranacionalismo.

Para los sindicatos, los movimientos sociales y las organizaciones de derechos humanos, eso significa operar sin representación institucional, dependiendo exclusivamente de la presión desde fuera del sistema. Es, en términos prácticos, la institucionalización del orbánismo bajo una dirección más presentable.

La derrota electoral de Orbán es real y todo hace pensar que tendrá consecuencias reales. El fin de la captura sistemática de instituciones, de la presión sobre la prensa independiente, del bloqueo a los fondos europeos como herramienta de chantaje político: todo eso importa.

Pero confundir el fin del síntoma con el fin de la enfermedad, advierten cada vez más analistas, es un error que la izquierda europea lleva cometiendo con demasiada frecuencia. La enfermedad es la normalización de un programa político que excluye a las minorías, cierra las fronteras a quienes huyen de la guerra o la pobreza y trata los derechos civiles como moneda de cambio electoral. Esa enfermedad no desaparece porque su portador aprenda a hablar en los foros de Bruselas con buenos modales.

Human Rights Watch ya ha señalado que la prueba real para el gobierno de Magyar será concreta y medible: si retira los cargos criminales contra activistas LGTBI, si reforma los criterios que permiten prohibir eventos del colectivo bajo estándares vagos de “daño a menores” o si da señales de que la arquitectura legal discriminatoria heredada de Orbán tiene fecha de caducidad. Hasta ahora, Magyar no ha dado esas señales.

Lo que queda, si se confirman los peores temores, no es una primavera democrática. Es algo más parecido a un invierno social: el fin de los ataques más estridentes del Estado, sin la voluntad política —al menos de momento— de desmantelar las estructuras que los hacían posibles. Una transición gestionada en términos conservadores, paradójicamente celebrada en términos progresistas. Y en ese desajuste entre lo que se celebra y lo que ha ocurrido realmente reside, para muchos observadores europeos, el problema más duradero de todos: el de una izquierda que lleva tanto tiempo gestionando derrotas que ha olvidado cómo se distinguen de las victorias.

En noviembre de 1975, apenas unos días después de la muerte del dictador, centenares de mujeres celebraron en Madrid las primeras Jornadas de Liberación de la Mujer en semiclandestinidad. Medio siglo después, esa memoria volvió a ocupar el centro del debate en la conversación “Igualdad de género y derechos conquistados”, organizada por infoLibre dentro del proyecto La Memoria que Somos, con el apoyo de la Celebración de los 50 años de España en libertad.

El encuentro estuvo moderado por Marta Jaenes, subdirectora de infoLibre, y reunió a la activista, feminista y experta en políticas de género, Justa Montero, y a Daniel Valero 'Tigrillo', creador de contenido, escritor, periodista y columnista de infoLibre, en un diálogo intergeneracional con la participación de estudiantes y jóvenes desde el público.

La intervención de Justa Montero desmontó uno de los mitos más extendidos sobre la Transición: el de un proceso pacífico y ordenado, casi providencial. Franco murió “matando”, recordó, con fusilamientos apenas dos meses antes de su fallecimiento. Y tras su muerte, el aparato del Estado permaneció intacto: represión policial, violencia de la ultraderecha, asesinatos como los de Atocha o la matanza de Vitoria en 1976.

Montero reivindicó el papel del movimiento feminista en aquel contexto de incertidumbre y riesgo. “Nada nos ha venido concedido por la gracia de no se sabe quién ”, subrayó. Cada derecho, desde la despenalización de la homosexualidad hasta el acceso al aborto, fue fruto de una lucha sostenida.

La memoria feminista, explicó, no es un apéndice del relato general sobre la dictadura, es una parte central. Miles de mujeres fueron internadas en cárceles, psiquiátricos o en centros del Patronato de Protección a la Mujer por romper el modelo de “buena esposa” impuesto por el régimen. Instituciones que, recordó, sobrevivieron hasta 1985. La represión no fue anecdótica: fue estructural.

Y, sin embargo, medio siglo después, el desconocimiento persiste incluso entre quienes han nacido en democracia. Los jóvenes presentes en el acto reconocían conocer poco o muy poco lo que era el Patronato de la Mujer u otro lugar de memoria como es el Pasaje Begoña, en Torremolinos, cuna de los derechos y libertades LGTBIQ+ en España.

Por ello, desde la otra orilla generacional, Daniel Valero puso el foco en el déficit educativo. La historia del franquismo, y en particular la represión contra mujeres y personas LGTBIQ+, apenas ocupa espacio en los currículos escolares. Muchos jóvenes, reflexionó Valero, desconocen hitos fundamentales de esa memoria, como el ya nombrado Pasaje Begoña en Torremolinos, uno de los primeros espacios de libertad para el colectivo LGTBIQ+ durante el franquismo, desmantelado por redadas policiales.

El también creador de contenido denunció que mientras el Stonewall estadounidense forma parte del imaginario colectivo, la historia LGTBIQ+ española sigue borrada. Y advirtió de las consecuencias: sin memoria, los derechos parecen naturales; y lo que parece natural, puede perderse sin resistencia. “Toda esa parte está borrada, entonces todo ese dolor ni siquiera está reparado. Si no está reparado, ¿cómo podemos mirar hacia un futuro en el que genuinamente tengamos una libertad que no está ser heredada de todo ese tiempo?”, reflexionó, pero añadiendo al mismo tiempo: “Tenemos muchísima historia que honrar y tenemos hitos históricos maravillosos en los que inspirarnos para decir, ‘Oye, la lucha no hay que abandonarla’”.

En este punto, el debate derivó hacia la educación sexual. Una estudiante de 18 años reconoció no haber recibido nunca formación en este ámbito. Para los participantes en la mesa, esa carencia no es neutra: deja espacio a discursos reaccionarios que promueven modelos rígidos de masculinidad y feminidad, hoy reciclados por la extrema derecha en clave digital.

Tanto Montero como Valero coincidieron en que los derechos de las mujeres y del colectivo LGTBIQ+ se han convertido en moneda de cambio en pactos políticos y en objetivo prioritario de la ofensiva ultraconservadora.

El aborto es un ejemplo paradigmático. Montero recordó cómo el movimiento feminista logró frenar en 2014 la reforma restrictiva impulsada por el entonces ministro Alberto Ruiz-Gallardón. Pero alertó de que el derecho sigue siendo frágil: no todas las mujeres pueden ejercerlo en igualdad de condiciones, especialmente las que se encuentran en situación administrativa irregular.

Valero amplió el foco: las personas trans, migrantes o racializadas son hoy chivos expiatorios en una estrategia que busca desviar la atención de las desigualdades económicas estructurales. Se trata, dijo, de una importación de guiones internacionales, desde Estados Unidos hasta Hungría, donde la ultraderecha necesita enemigos simbólicos para cohesionar a su base social.

Una de las preguntas más sugerentes del público planteó si el feminismo tiene una meta alcanzable o si está condenado a ser una lucha activa indefinida, y si esa ausencia de “final” puede resultar desesperanzadora.

Justa Montero respondió que el feminismo “tiene un horizonte, efectivamente”, pero que ese horizonte “va mucho más allá de lo que este sistema puede conceder”. No se trata de una meta cerrada ni de una fotografía fija del futuro, sino de un proceso colectivo de transformación profunda. Habló de que “el feminismo es una lucha contra el patriarcado que es también antirracista, anticapitalista, transinclusiva” y defendió que no puede reducirse a una apuesta individual —que agota—, sino que debe entenderse como un movimiento social plural. El horizonte, insistió, es “muy esperanzador”, aunque su forma concreta esté aún por construirse.

En esa misma línea, Daniel Valero coincidió en la necesidad de mantener una mirada esperanzadora. Admitió que no sabemos cuál será la “photo finish”, pero subrayó que el movimiento feminista y el LGTBIQ+ forman parte “de raíz” de esa transformación social más amplia. Para él, el avance no se mide en una meta cerrada, sino en algo más tangible: en que cada vez haya “un poquito más de confianza y de comodidad en un mundo que a mucha gente nos había dicho que no era para nosotras”. Ese desplazamiento —del miedo a la pertenencia— es ya, en sí mismo, una conquista política: “Creo que solo con eso, merece la pena seguir peleando para ver hasta dónde nos lleva”.

El título del proyecto, La Memoria que Somos, no es casual. La memoria no es un ejercicio conmemorativo, sino una herramienta política. Recordar que hubo mujeres encarceladas por besarse en un cine o por abortar es entender que los derechos no son un punto de partida, sino una conquista.

En un contexto de polarización y repliegue identitario, el mensaje que dejó la conversación fue inequívoco: la igualdad no está garantizada. Se construye, se defiende y se amplía. Y la única forma de hacerlo es desde lo colectivo, tejiendo alianzas entre feminismo, movimiento LGTBIQ+, antirracismo y defensa de los derechos sociales. Como señalaba Valero en una de sus intervenciones: “La ciudadanía no tenemos un poder enorme de manera individual, pero igual tampoco hace falta porque tenemos que buscarlo en el comunitario”.

Es en ese camino colectivo en el que hay que mirar hacia atrás, hacer memoria, porque tal y como recordó Marta Jaenes al cerrar el acto, la memoria no solo explica de dónde venimos. También marca hacia dónde queremos ir.

Laura (nombre ficticio), que se define bisexual, asexual y persona no binaria, tenía 20 años cuando su tía la expulsó de casa. “Siempre ha sido una persona bastante violenta y hubo una reacción violenta en el momento que se dio cuenta [de mi orientación sexual]”, cuenta a infoLibre. A pesar de que considera que no le obligaron a abandonar la vivienda solamente por su identidad, confiesa que este factor aumentó la tensión.

El caso de Laura es parecido al de Daniel, que se identifica como gay y que con 18 años abandonó su hogar familiar, al que describe como un “territorio hostil bastante complejo”. “Que yo fuese del colectivo nunca fue un problema directo, pero había comentarios y actitudes que me hacían sentir incomprendido y no escuchado”, explica a este medio.

Más de un tercio de las personas del colectivo LGTBIQ+ (el 36%) se ha encontrado en algún momento de su vida en situación de sinhogarismo. Esto no quiere decir que hayan estado viviendo necesariamente en la calle, también engloba a aquellas personas que no han conseguido estabilidad habitacional. Así lo establece el informe de la Federación Estatal LGTBI+ (FELGTBI+), Estado LGTBI+ 2025: Informe Socioeconómico, que subraya que “la orientación sexual se erige como el principal argumento que justifica la expulsión residencial”. 

Es más, según el informe anual de la Mesa Técnica de Atención a personas LGTBIQ+ en riesgo de exclusión social de Madrid (Maper) –un foro de entidades sociales visibiliza la situación de las personas del colectivo LGTBIQ+ que están en riesgo de exclusión social y, especialmente, residencial–, el perfil social de las personas atendidas en 2024 por esta plataforma es joven, con una edad media de 32 años, dos menos que en 2023. “Principalmente se debe al rechazo familiar. Una vez que expresan su orientación sexual o su identidad de género a veces son invitados forzosamente a salir del domicilio, si no expulsados”, afirma a infoLibre el experto y trabajador social José Gabriel Rodríguez Pérez, que añade que el propio núcleo familiar a veces es el primer tipo de discriminación y violencia, seguido por el ámbito escolar.

Según este investigador, el factor edad influye en que muchas de estas personas emigren a otros países. De hecho, la gran mayoría de los solicitantes de las instalaciones de Maper (el 85,5%) procede de un país extracomunitario. Las nacionalidades más frecuentes son de Colombia, Venezuela y Perú. El informe de la plataforma sostiene que más de la mitad de estas personas extranjeras se encuentran en una situación administrativa irregular, lo que les hace, según la integradora social e investigadora Almudena Gómez Jiménez, “estar exentas al acceso de derechos sociales durante largos periplos de tiempo”, y puede implicar una mayor temporalidad de esta circunstancia.

“Hablamos de situaciones muy graves en las que muchas personas se ven obligadas a huir con lo poco que tienen, ante situaciones de alto riesgo donde sus propias vidas corren peligro, donde sus propias familias son los agresores o donde son expulsados de sus propios pueblos”, explica el investigador Juan Daniel Ugalde, secretario del Observatorio para el Análisis y Visibilidad de la Exclusión Social de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC). Sin embargo, los expertos coinciden en que la exclusión residencial es multicausal y está relacionada con diversos factores como las adicciones, la salud mental o los problemas familiares, entre otros.

Aunque los hombres cisgénero gays concentran el mayor número de casos, los informes advierten de que las mujeres trans afrontan un riesgo significativamente mayor de exclusión. “El desconocimiento, el miedo a lo desconocido, los prejuicios y estereotipos hacen que, por desgracia, estas personas sufran un mayor índice de discriminación laboral y residencial, que, unido al frecuente rechazo familiar que padecen, dificulta sus posibilidades de inserción social y les hace víctimas fáciles de discriminación y más vulnerables a terminar en estas situaciones”, afirma Gómez Jiménez.

Rodríguez Pérez puntualiza que determinados estereotipos dirigidos hacia ellas dificultan el acceso al alquiler: “Piensan que le van a poner ahí un prostíbulo, que van a tener drogas y les suben incluso los alquileres”. En cuanto al desempleo, Ugalde señala que es uno de los principales motivos por los que el colectivo trans se mantiene en situación de calle: “Esto empuja a muchas mujeres trans a la marginalidad o al ejercicio de la prostitución como vía de subsistencia, si bien, no se puede generalizar y por suerte cada vez podemos ver más mujeres trans ocupando posiciones más visibles de cara a la sociedad que permiten ‘normalizar’ una realidad oculta hasta el momento”.

Precisamente, uno de los rasgos diferenciadores respecto a la población sin hogar en general es la posibilidad de ser objeto de discriminación “directa, indirecta y múltiple”, según Gómez Jiménez. Es decir, se trata de una vulnerabilidad que no es lineal ni única, sino el resultado de capas de discriminación que se superponen y refuerzan entre sí. Sin embargo, Ugalde señala que la cronificación de la situación de calle es mucho menor, en parte debido a la reducida edad media, que facilita mayores oportunidades de inserción laboral. “En algunos casos, hablamos de personas que incluso no han llegado a estar nunca en situación de calle o lo que llamamos tipología ETHOS 1 y 2, si no que han permanecido en una situación de couchsurfing, pernoctando en sofás de casas de amigos”, añade.

No obstante, las personas del colectivo también se ven expuestas a mayores riesgos. Según Ugalde, no solo es mayor el número de violencias con respecto a sus homólogos no LGTBIQ+ –con casi un 25% más de situaciones de riesgo–, sino que estas son más graves. El investigador señala que, además de sufrir agresiones y robos, también existe “un porcentaje llamativo de violaciones y abusos sexuales que apenas fueron reportados por personas sin hogar no LGTBIQ+”.

Ante esta problemática, existen diversas formas de superación: mientras que Laura consiguió en 2025 mudarse con su novio, Daniel vive solo en Madrid con varios trabajos. Este joven emprendió la búsqueda de un lugar mejor donde vivir, hasta que la Fundación Eddy-G se cruzó en su camino, y se convirtió en el primer usuario del hogar de acogida para jóvenes del colectivo que ofrecía esta institución. “Me dio mucha bondad normalizada, el poder ver a una persona independientemente de su identidad, de su orientación, que estaba en las mismas paredes que yo y decir, ‘wow, hermana, te entiendo’”, cuenta Daniel, que actualmente sigue colaborando en Eddy-G como voluntario.

Paula Avilés, trabajadora social de esta fundación, explica a infoLibre la importancia de un lugar exclusivo para personas LGTBIQ+: “Hace que exista un lugar de confianza donde puedan expresarse tal y como son y no sentir miedo de poder sufrir algún tipo de discriminación que sí que puede verse en sitios generalizados como los albergues”.

Otras asociaciones que ofrecen apoyo residencial y otros recursos son la Fundación Manolita Chen o Ahora dónde. Sin embargo, los expertos y las propias organizaciones señalan la escasez de plazas ofertadas como una traba a su labor. Otro de los retos es la financiación. Según cuenta Avilés, Eddy-G tendrá que afrontar 2026 sin dos de las principales subvenciones que sí tenía en el pasado: una de Fundación la Caixa y otra de la Comunidad de Madrid. 

A pesar de que España es considerado un país abierto en materia de derechos LGTBIQ+, la realidad de la exclusión residencial en este colectivo es difícilmente medible. Desde el ámbito académico, los expertos hacen hincapié en el escaso número de investigaciones sobre esta realidad y la dificultad para obtener muestras, sobre todo de mujeres trans. Según Ugalde, “los estudios internacionales nos indican que un alto porcentaje de la población en situación de sinhogarismo que vive en las calles pertenece al colectivo LGTBIQ+, sin embargo, en España apenas conocemos datos aislados en muy pocas ciudades”.

En la Comunidad de Madrid, los últimos datos publicados son de 2019 y pertenecen al Estudio Sociológico de las Personas LGTBIQ+ Sin Hogar, encargado por FACIAM –la Federación de Asociaciones y Centros de Ayuda a Personas Sin Hogar de Madrid– con la colaboración de la URJC. Organizaciones y plataformas como FELGTBI+ o Maper también realizan sus propios informes que sirven para ilustrar las dimensiones del problema. “Lo que no se estudia no se conoce y, por lo tanto, a la hora de desarrollar políticas o programas de intervención, es necesario conocer esta realidad para poder alcanzar los objetivos marcados con éxito”, afirma Ugalde.

La Fiscalía Provincial de Valencia solicita una pena de prisión de hasta tres años para la concejala de Vox en el Ayuntamiento de València, Cecilia Herrero por la difusión reiterada de mensajes de odio contra personas migrantes, LGTBI y con discapacidad a través de la red social Twitter, actualmente X, entre los años 2020 y 2024, según recoge EFE.

En un escrito al que ha tenido acceso EFE, la sección de Delitos de Odio del Ministerio Público secunda la apertura de juicio oral y reproduce una treintena de los referidos mensajes.

La Fiscalía sostiene que, durante al menos cuatro años, Herrero utilizó de forma continuada varias cuentas abiertas al público para publicar mensajes dirigidos a “propagar el rechazo, el desprecio, la hostilidad y la animadversión” hacia distintos colectivos protegidos.

Por ello, atribuye a la procesada la autoría de un delito cometido con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas, previsto en el artículo 510 del Código Penal, por fomentar el odio y la hostilidad mediante expresiones vejatorias, deshumanizadoras y estigmatizadoras, aunque plantea alternativamente una calificación menos grave dentro del mismo precepto penal (510.2 del CP).

En consecuencia, la primera petición es de 3 años de prisión y una multa de doce meses con una cuota diaria de 20 euros, pero subsidiariamente se pide una condena de un año y dos meses de prisión y multa de ocho meses. 

En ambos supuestos interesa también la inhabilitación para empleo o cargo público por el mismo periodo que la pena de prisión.

El escrito detalla que la acusada gestionaba cuentas con miles de seguidores, abiertas sin restricciones, desde las que difundía de forma “masiva e indiscriminada” mensajes dirigidos a estigmatizar a personas migrantes, especialmente de origen magrebí o musulmán, así como a integrantes del colectivo LGTBIQ+, personas racializadas y personas con discapacidad. 

Según la Fiscalía, estos mensajes asociaban de forma generalizada la inmigración con la delincuencia, la invasión del territorio y el deterioro de los servicios públicos.

La acusación subraya que la procesada vinculaba de manera reiterada el origen nacional, el color de la piel o la religión de determinadas personas con conductas delictivas, utilizando expresiones de burla y menosprecio y recurriendo en ocasiones a una selección “interesada y manipulada” de noticias para generar alarma social. 

A juicio del Ministerio Público, este discurso tenía un especial impacto al dirigirse de forma concreta a la ciudadanía de València y al producirse en el contexto de la actividad política de la acusada.

Entre los mensajes recogidos en el escrito se incluyen respuestas a publicaciones de medios de comunicación y de otros usuarios de la red social en las que se emplean términos despectivos hacia personas migrantes, se reclama su expulsión del país, se cuestiona la identidad de menores extranjeros no acompañados y se realizan comentarios vejatorios sobre personas LGTBI y con discapacidad. 

La Fiscalía destaca la reiteración de este tipo de expresiones a lo largo de varios años y su carácter público y accesible.

El Ministerio Público no aprecia circunstancias atenuantes ni agravantes y considera que la acusada actuó de forma consciente y voluntaria. En el escrito también se interesa el decomiso de las direcciones URL concretas a través de las cuales se difundieron los contenidos objeto de acusación, al amparo de la legislación sobre servicios de la sociedad de la información.

Estos hechos fueron denunciados inicialmente por Compromís en abril de 2024 y posteriormente se sumó el PSPV, que aportó más mensajes a la Fiscalía.

Un mural homenaje al poeta Federico García Lorca que se muestra en el mirador del Troncoso de Zamora ha sido vandalizado con pintadas con insultos homófobos, han informado a EFE este lunes fuentes municipales.

Las palabras con pintura negra aparecieron el domingo en esa zona turística del casco antiguo de Zamora con vistas al río Duero y el mismo día fueron eliminadas por el servicio municipal de Limpieza y del autor del mural, el pintor Carlos Adeva.

El mural vandalizado muestra una imagen de García Lorca junto a unos versos alusivos al río, unas barcas y la cúpula de la Catedral de Zamora.

Tras tener conocimiento del acto vandálico, el consistorio se puso en contacto con el autor del mural que unas horas después acudió al lugar para recomponer la imagen de Lorca que había sido objeto de algunas de las pintadas.

Los delitos de odio contra la comunidad LGTBIQ+ han aumentado en el último año, según datos de la FELGTBI+. Según el informe Estado del Odio: Estado LGTBI+ 2025, elaborado por la Federación, el 20,3 % de los miembros del colectivo han sufrido acoso. También, un 25,25% sufren discriminación en áreas como el trabajo o la vivienda y un 16,25 % han sido agredidas por su orientación sexual o identidad de género.

Aproximarse a la homoerótica de las mujeres que vivieron en el Madrid de los años 20 y 30 del pasado siglo implica encontrarse con un silencio sepulcral, navegar en el vacío. ¿Cómo abordar sentires y deseos tan subalternizados que no llegaron siquiera a enunciarse en su día? ¿Podemos referenciar las identidades lesbianas o bisexuales del pasado a través de las categorías que empleamos en la actualidad? Las fuentes para conocer los encuentros formales e informales entre mujeres amantes —y que además estaban conectadas por múltiples inquietudes intelectuales comunes— son escasas, como también lo ha sido el interés de la academia por investigar los espacios específicamente femeninos. Por fortuna, la intensa correspondencia epistolar que muchas mujeres mantuvieron durante años, así como la difusión fragmentaria de diarios, fotografías, memorias y ficciones literarias ambientadas en lugares de gran popularidad de la época han permitido que hoy podamos conocer parcialmente esos espacios.

Algunos de estos lugares de liberación sexual que congregaron a decenas de mujeres burguesas fueron los llamados círculos sáficos, donde podían escapar esporádicamente del yugo familiar para dar rienda suelta a sus pasiones pero también debatir, comentar lecturas, recitar poesías, presentar sus obras de teatro y reflexionar sobre cuestiones políticas y culturales. Instituciones como la Residencia de Señoritas de Madrid y el Lyceum Club Femenino fueron quizás los círculos sáficos más emblemáticos, aunque también acostumbraban a reunirse en cafés de la capital o casas de amigas para mayor intimidad y seguridad. No obstante, deben entenderse por encima de todo como lugares simbólicos, redes clandestinas y rituales de resistencia lesbiana en tiempos de silencio. Llegaron a recibir también apelativos como el Club de las Maridas, ya que muchas eran esposas de autores reconocidos y mantenían relaciones homo extramatrimoniales.

La investigadora Eva Moreno, en su estudio sobre la reconstrucción de los círculos sáficos madrileños en las obras de Elena Fortún y Rosa Chacel (habituales de estos espacios), habla de “hogares temporales” de aquellas mujeres que anhelaban tener un contacto con las vanguardias para escapar del ambiente opresivo en el que vivían. Por tanto, las tertulias literarias y cafés bohemios como el Bar Dublin o el Café Roma escondían redes de apoyo mutuo que jamás se nombraban como lo que verdaderamente eran para evitar la rumorología. Al referirse a los círculos a través de epístolas, estas escritoras empleaban códigos velados para disfrazar el funcionamiento de los encuentros.

De esta forma, la Dra. Angela Acosta, coeditora del número especial de Feminist Modernist Studies sobre la modernidad sáfica española, infiere a infoLibre que existían determinados “códigos sáficos” para apuntar a la identidad sexual lesbiana sin llegar a nombrarla per se, utilizando por ejemplo referencias a la literatura anglosajona. “Podían mencionar las cartas a Catherine Mansfield o también apuntar a otras personas de ese ámbito. Eso fue súper importante para saber si tu nueva amiga tenía interés en esos temas, si conocía la literatura sáfica, qué libros podrías recomendarle. Eran códigos secretos para escapar la censura o la represión”, explica.

Este hecho a su vez revela el perfil de mujeres que acudían a los círculos. La inmensa mayoría disponía de un capital económico y cultural poco frecuente, no sólo sabían leer y escribir, lo que ya era un privilegio reservado a las élites, sino que habían viajado, gozaban de cierta independencia y se movían en ambientes vanguardistas propios de la modernidad. La historia femenina que conocemos se circunscribe casi siempre a las genealogías de las mujeres acaudaladas, ya que son las únicas que han podido legar un testimonio de sus experiencias a través de la escritura. Por tanto, la brecha epistémica sí entiende de clases, no solo de géneros. Encontrar evidencia de las obreras en los archivos y los manuales de literatura es una tarea prácticamente imposible.

La escenógrafa y pintora Victorina Durán ejerció la docencia en la Residencia de Señoritas de Madrid —fundada por María de Maeztu durante la Segunda República— y frecuentó en numerosas ocasiones los círculos sáficos de este lugar. Este espacio, que en su momento reunió a figuras como Alfonsina Storni, Victoria Kent, Gabriela Mistral, Carmen Conde o Teresa de la Parra, sirvió de puente entre las mujeres “modernas” en Europa y América Latina gracias a los programas de intercambio existentes, que favorecieron redes internacionales de solidaridad entre mujeres.

Como refiere la investigadora y docente Elena Lindholm, las décadas previas al régimen de Franco ofrecían “pequeños espacios de cierta tolerancia hacia las mujeres que desafiaban los límites del comportamiento femenino tradicional, especialmente entre los círculos de artistas y autoras de vanguardia, donde trasgredir límites formaba parte del proyecto artístico común”. Por su parte, la profesora titular del Departamento de Estudios Hispánicos e Hispanoamericanos de la Universidad Toulouse, Jean Jaurès Thérèse Courau, cuenta en una investigación en torno al lesbianismo cosmopolita y los círculos sáficos españoles que en esa residencia se gestaron textos que hoy conforman algunas de las primeras manifestaciones de literatura lésbica en español.

Otros círculos presentes en el entorno europeo fueron el Templo de la Amistad de Natalie Clifford Barney en París y el salón de Virginia Woolf en Tavistock Square. La obra Becoming Lesbian de la historiadora Tamara Chaplinlos pone de manifiesto que los referentes de los círculos sáficos de Madrid fueron los cabarés parisinos donde comenzaba a explorarse el deseo entre mujeres, creándose una contracultura sáfica que salpicaría más tarde a España.

Es importante enfatizar que durante estos años la sociedad no castigaba per se la homosexualidad femenina porque tampoco la reconocía como tal. El conflicto llegaba cuando, fruto de estos encuentros, las mujeres dejaban de lado sus deberes matrimoniales. Esto es así porque la mera idea de que una mujer pudiera desear a otra no entraba siquiera dentro del imaginario colectivo —la mujer ha sido históricamente un sujeto deseable pero no deseante, la negación de su capacidad de deseo hacia otras es clave para entender este contexto de silencio y borrado identitario—. Por ello, la clandestinidad de los círculos obedecía a ocultar las negligencias de las mujeres como madres y esposas, que además se relacionaban entre sí sexoafectivamente.

“En aquel momento no se entendía que dos mujeres podían llegar a tener una relación más allá de la amistad porque, por supuesto, no existía. El matrimonio era la forma o el paso que tenía que dar cualquier mujer”. ¿Cómo tú vas a relatar algo que realmente se te ha prohibido o que no se te permite pero tú realmente sí que lo estás sintiendo?”, señala a este medio Cristina Álvarez, vocal de Feminismos y formación de la FELGTBI+. Había un deseo que se consideraba enfermo y que era invisible, casi siempre enmascarado tras el velo de la amistad femenina. Por este motivo, añade, cuando se empieza a utilizar el término “invertida”, este calificativo no apela necesariamente a las identidades lesbianas o bisexuales, sino a todas aquellas mujeres que desobedecen la imposición patriarcal, sobre todo del matrimonio y la maternidad, rompiendo con las normas de género preestablecidas.

Los círculos, precisamente por las dificultades que planteaba en todos los sentidos enfrentar la clandestinidad, fueron transitorios y apenas pudieron dilatarse en el tiempo en el caso de la Academia de las Brujas, espacio ubicado en el segundo piso de la casa de Vicente Alexandre (se llegaron a reunir un total de seis veces) pero algunos pudieron mantenerse a flote durante el franquismo desde el exilio. Cuando estalla la Guerra Civil en 1936, autoras que habían marchado a Latinoamérica como Victorina Durán, Elena Fortún y Rosa Chacel siguieron reuniéndose en países como Francia, Argentina, México o Chile durante un tiempo. Sin embargo, las que permanecieron en España atrapadas bajo el manto del régimen fascista de Franco vieron como la represión sexual, la censura estatal y la subyugación de la mujer al matrimonio se recrudecían como nunca antes, haciéndose imposible la continuidad de estos encuentros.

Más de la mitad de las personas que viven con VIH en Europa reciben el diagnóstico de forma tardía, lo que supone una "falla crítica" en las pruebas de detección del virus que "amenaza con socavar" la lucha global contra el sida, advierte el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC), según informa EFE.

Según el informe anual de vigilancia del VIH/SIDA, publicado con motivo del Día Mundial del Sida, que se celebra este 1 de diciembre, en 2024 se diagnosticaron 106.000 casos de VIH en la Región Europea de la OMS (53 países de Europa y Asia Central), de los cuales el 54% se realizaron demasiado tarde para un tratamiento óptimo.

"Europa no está haciendo pruebas ni tratando el VIH de forma temprana. Esta falla crítica en las pruebas, combinada con un número creciente de casos sin diagnosticar, está poniendo en grave peligro el objetivo para 2030 de acabar con el sida como amenaza para la salud pública", señalan el ECDC y la Oficina Regional de la OMS para Europa.

Por este motivo, ambas instituciones de salud instan a que se tomen "medidas urgentes" para rutinizar, normalizar y ampliar las pruebas, incluyendo un mayor acceso a las pruebas de autodiagnóstico y a opciones comunitarias, para quienes no tienen acceso a servicios de salud.

Por regiones, el este de Europa registró la mayoría de casos (66%), por encima de los estados del oeste (25%) y el centro (10%). 

De hecho, de los 106.000 casos notificados en la Región Europea de la OMS, el 22% (24.000) se notificaron dentro de la Unión Europea y el Espacio Económico Europeo (UE/EEE), de los cuales el 48% se detectaron de forma tardía.

En cuanto a la causa de las infecciones en el conjunto del continente, la proporción fue mayor entre las personas que contrajeron el virus por transmisión heterosexual (especialmente hombres), con uno de cada siete casos, mientras que el sexo entre hombres representó el 15% y las inyecciones de drogas el 14%.

No obstante, en el territorio de la UE/EEE, las relaciones sexuales entre hombres siguen siendo la vía de transmisión más común (48%).

Además, casi uno de cada tres diagnósticos de VIH en 2024 se produjo en personas nacidas fuera del país donde fueron diagnosticadas, y en la Unión Europea, este grupo representó más de la mitad de los nuevos diagnósticos, especialmente en ciudadanos procedentes de África Subsahariana (32,2%) y el centro o este de Europa (26,4%).

En la última década, la tasa de diagnósticos de VIH disminuyó en la Región Europea de la OMS de 18,3 a 11,8 por cada 100.000 habitantes, con una fuerte caída en 2020 relacionada con las perturbaciones relacionadas con la pandemia de COVID-19. Tras un repunte temporal durante el período 2021-2023, la tasa volvió a descender en 2024 y los diagnósticos disminuyeron aproximadamente un tercio desde 2015.

Para los países de la UE/EEE, la tasa en 2024 fue de 5,3 por cada 100.000 habitantes, lo que marca una disminución del 14,5% respecto a la tasa de 6,2 por 100.000 observada en 2015. 

Sin embargo, el número estimado de personas que viven con el VIH sin diagnosticar "está aumentando", lo que aboca a "una crisis silenciosa que impulsa la transmisión", según el doctor belga Hans Kluge, Director Regional de la OMS para Europa.

La causa de esa "crisis silenciosa" está en "las barreras mortales del estigma y la discriminación", que impiden que las personas se realicen una prueba sencilla, constata el experto en salud pública.

"Debemos innovar urgentemente nuestras estrategias de diagnóstico, adoptar las pruebas comunitarias y el autodiagnóstico, y garantizar una rápida conexión con la atención médica. Solo podremos erradicar el sida si las personas conocen su estado serológico", concluyó la doctora Pamela Rendi-Wagner, directora del ECDC.

Cuatro de cada diez mujeres lesbianas, trans, bisexuales o intersexuales ha padecido algún tipo de violencia en los últimos 12 meses, según alerta la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (Felgtbi+) con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, recoge EFE.

En un comunicado, la Felgtbi+ denuncia que el 13,8% de las mujeres de la comunidad ha sufrido violencia física o verbal; un 14,8% acoso y un 24,2% discriminación en el último año. 

Según se desprende de su investigación Estado LGTBI+ 2025, elaborada junto a la agencia 40db, un 26,8% de las víctimas sufrió esta violencia en la calle; el 17,6%, en los centros de enseñanza; el 14,4% en un lugar de ocio y el 13,1% en el transporte público.

La presidenta de la Felgtbi+, Paula Iglesias, explica que las mujeres LTBI+ están expuestas a una doble discriminación por el hecho de ser mujeres y de pertenecer al colectivo y que los discursos de odio están incrementando la violencia que sufren.

"Se trata de estrategias organizadas que pretenden señalarnos como la otredad, como una amenaza, para conseguir rédito político. Las mujeres lesbianas somos señaladas como degeneradas; las mujeres bisexuales son hipersexualizadas y las mujeres trans son dibujadas como una amenaza. Otras mujeres que forman parte del colectivo LTBI+, como las mujeres intersexuales o las que pertenecen al espectro asexual siguen muy invisibilizadas. Todos los discursos de odio se basan en deshumanizarnos para que parezca legítimo rechazarnos", subraya.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que considera ajustado a derecho el acto de colocación el día 28 de junio de 2023 de una bandera no oficial del colectivo LGTBI en la fachada de la sede oficial de la Delegación del Gobierno en Valencia, que fue impugnado por la Asociación de Abogados Cristianos.

El alto tribunal concluye que la actuación de la Administración Pública (Delegación del Gobierno en Valencia), consistente en la colocación de una bandera no oficial del colectivo LGTBI en la sede oficial de aquella, el Día Nacional del Orgullo LGTBI, “debe ser conceptuada como una acción positiva a favor de este colectivo LGTBI, de acuerdo con la normativa legal aplicable, sin que aquella resulte contraria al principio de objetividad y neutralidad institucional que el artículo 103.1 de la Constitución impone a la Administración Pública”.

La Sala sigue el mismo criterio que ha aplicado hasta la fecha en otras tres sentencias a favor de la colocación de la bandera LGTBI, impugnada también por Abogados Cristianos, en el Ayuntamiento de Zaragoza, y la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Valladolid.

Políticos, jueces, o incluso cómicos son el objetivo que esta fundación suele atacar con denuncias, a menudo con el argumento de delito de ofensa a los sentimientos religiosos. Algunos ejemplos han sido el locutor y cómico Héctor de Miguel Quequé, la presentadora de RTVE Laura Yustres Lalachús o el también presentador José Miguel Monzón El Gran Wyoming. Sin embargo, la mayoría de estas querellas fallan en contra del grupo religioso o directamente son archivadas.

Pese a la gran cantidad de juicios perdidos, Abogados Cristianos declaró en las últimas cuentas entregadas, unos beneficios superiores al medio millón de euros en 2022, lo que supone más de tres cuartas partes de su facturación, como informó recientemente el medio Público. 

En este caso que atiende a la Delegación de Valencia, el Supremo ha estimado el recurso de casación del abogado del Estado contra la sentencia dictada en apelación por el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, que había estimado el recurso de Abogados Cristianos al considerar que el acto de la Delegación del Gobierno fue una vía de hecho, dado que para la colocación de la bandera en el edificio oficial no se siguió ningún procedimiento, ni se dictó ninguna resolución.

El alto tribunal no comparte ese argumento y señala que debe seguir el criterio de los precedentes jurisprudenciales citados, en los que ha resuelto que este tipo de actuaciones deben ser entendidas como medidas de acción positiva de la Administración a favor del colectivo LGTBI, y no contrarias a la neutralidad institucional. Por lo que ha desestimado el fondo del recurso de Abogados Cristianos, y considera innecesario entrar en si dicha asociación tenía o no falta de legitimación para recurrir.

Que dice Santiago Abascal que, en el futuro, la mayoría de “los gays” votarán a Vox. 

Lo ha dicho recientemente mientras lo entrevistaban en un programa de televisión. “¿Prohibirá el Orgullo en Madrid?”, cuestionaba el presentador. “¿Lo sacará a algún polígono para que no lo vean?”.

La respuesta: “Hay derecho de manifestación pero también de las familias y de los menores, y yo creo que no todos los gays se sienten identificados con este tipo de revelación ni con una bandera en concreto”. El líder ultraderechista contestaba esto para un segundo más tarde contradecirse: “Los gays españoles se sienten representados y acogidos de la bandera de España”.

El del partido verde hablaba específicamente de “los gays” porque reconocer la existencia de otras personas disidentes de sexualidad o de género es algo para lo que parece que la ultraderecha aún no se siente preparada. De hecho, verás cuando Santi descubra que en el colectivo LGTBIQ+ hay mujeres. No va a salir de su asombro. 

“Va a llegar el momento en el que la mayoría de los gays españoles van a votar a Vox, porque somos los únicos que quieren echar de España a los que quieren lanzarles a ellos desde una azotea o colgarles desde una grúa”. 

Qué retroceso. Exactamente el mismo comentario que, acompañado de Francisco Serrano, realizaba Abascal en el año 2015 en un vídeo subido de cara a las elecciones andaluzas. En él, aseguraban que Podemos quería que se arrojase a los homosexuales desde la Giralda. Yo creo que es un sitio demasiado transitado para ponerse a tirar mariquitas, la verdad. Igual por lo que a ellos no les gustaba la idea era porque sería contraproducente cometer un turisticidio y acabar accidentalmente con la vida de uno de esos ingleses o alemanes que vienen a dejarse los dineros unos días para luego irse a dormir a algún piso turístico ilegal. 

En aquel momento absolutamente todo el mundo se rió de ellos. No es para menos, la verdad. Una década más tarde el CIS les da un 17,7% de votantes para las próximas elecciones generales. Risa ninguna. 

Tener que discutir que Vox es un partido contrario a los derechos (y sobre todo a la protección y seguridad) de las personas LGTBIQ+ a estas alturas me parece, sencillamente, una ordinariez. Su electorado lo sabe perfectamente. Están de acuerdo con ello. Y, por si fuera poco, su afán por imponer al Partido Popular como condición para apoyarles en las autonomías el recorte de las leyes que nos protegen, pues habla por sí solo. Condición un poco tonta porque, como hemos visto en Madrid, a veces no hace falta siquiera que Vox lo pida para que pase. 

Estrategia, por cierto, copiada de Orbán y de Trump. Es lo que tiene que vivamos con una extrema derecha caracterizada por una absoluta falta de personalidad política en la que cada propuesta, cada medida y cada detalle de su discurso aparece misteriosamente tras haber aparecido un mes antes en los Estados Unidos de Trump, la Argentina de Milei, la Rusia de Putin o la Hungría de Orbán. Los vemos venir de lejos, al menos.

Y sí, hay maricones fachas. Fíjate si habrá que ya lo decía Rossy de Palma en Kika hace más de 30 años: “Los hombres con bigote o son maricones o son fachas, o ambas cosas a la vez”. Tu orientación sexual no siempre determina tu posición política. Puedes ser marica y haber nacido con una cuchara de plata en la boca, padres que aparecen en azul en la Wikipedia y 15 pisos por heredar por los que no te apetece pagar impuestos. ¿A quién es más probable que vote ese marica? Y que sí, que el PP arrasa en Chueca. ¿Quién iba a pensar que en el tercer barrio más caro de Madrid (casi 9000 euros el m2 ahora mismo) ganarían en votos partidos que gobiernan para los ricos? No quepo en mí del asombro. 

Pero no nos confundamos. Las personas disidentes de sexualidad y de género siguen siendo, en bloque, uno de los principales apoyos de las izquierdas de este país. Aunque, en muchas ocasiones, algunos movimientos obreros intenten desligarse de nosotros diciendo que “fragmentamos la lucha”. Decisión estratégica mala como ella sola, pero algunos prefieren anteponer su homofobia al bienestar de quienes tanto dicen querer proteger. Igual la lucha obrera te da igual y solo quieres ser protagonista de algo, José Luis, no sé qué quieres que te diga.

Lo dice el estudio que lanza anualmente la FELGTBI. La comunidad LGTBIQ+ vota más: sólo un 19% de abstención frente al 53% del resto de la población. El apoyo va, principalmente, a partidos de izquierda: un 57,4% de las personas del colectivo frente al 40% de la población general. Y, con respecto a hace dos años, una de cada diez personas de la comunidad que votaron al PP ahora votarían a un partido de izquierdas. 

Este no es un mensaje para Vox o para sus votantes. Ya sé que ellos están contentísimos con el trato que pretenden darnos a las personas LGTBIQ+. Y que han comprado el discurso del homonacionalismo. Ese que dice que hay que estar muy en contra de Palestina y no defender a la población gazatí del genocidio porque “en Palestina hay mucha homofobia” y “¿sabes lo que te pasaría a ti si fueses a Palestina?”. Pues lo que me pasaría si fuese a Palestina es que probablemente me mataría una bomba israelí, José Manuel, con supuesto “alto el fuego” incluido y todo. Que tiene narices que digan esto quienes precisamente alientan la violencia contra nosotros en este país. Dicen que hay que frenar la migración porque “van a atacar a los homosexuales” y luego fuerzan que se borren las leyes que existen para evitar que se ataque a los homosexuales. Su filosofía: “A nuestros maricas les pegamos nosotros”, como tituló el periodista y autor Christo Casas uno de sus artículos hace un par de años. 

Lo repito: este no es un mensaje para Vox ni para sus votantes. Este es un mensaje para la izquierda. Para los movimientos sociales y obreros. 

Por supuesto que hay personas LGTBIQ+ que votan a la extrema derecha. Por supuesto que la clase social y el beneficio económico pesa más que la orientación sexual cuando lo primero te protege de que te agredan por lo segundo. Por supuesto que quien no se siente en comunidad con las maricas, bolleras, bisexuales, trans, etc, de clase obrera, no va a sacrificar ni tres euros de su fortuna por hacerles la vida un poco más segura. Pero no nos equivoquemos. En nuestra mayoría, seguimos siendo un frente de contención. Seguimos manteniendo, en un amplio porcentaje, un sentimiento de hermanamiento y pertenencia que nos lleva a querer protegernos unos a otros. Y seguimos teniendo claro que ninguno de nosotros será del todo libre ni estará del todo seguro hasta que lo estemos absolutamente todos. 

Necesitamos una izquierda coherente, comprometida con nuestros derechos y seguridad. Necesitamos un movimiento obrero que nos incluya y evite que, dentro de sus propios espacios, haya quienes quieran dejarnos atrás. Pero no nos equivoquemos. La izquierda también necesita a la comunidad LGTBIQ+. Y el movimiento obrero, del que en nuestra mayoría formamos parte, más aún. Que no se os olvide, que el fantasma que nos amenaza se crece por momentos. Y de lo que hace diez años nos reíamos quizá, ahora, pueda ser nuestro final. 

No hace tanto tiempo que Isabel Díaz Ayuso, a la que esta semana pasada escuchábamos decir esa infame frase: “Váyanse a otro lado a abortar”, se paseaba por tertulias de televisión defendiendo, precisamente, la necesidad de que se abriera el debate dentro de su propio partido con la cuestión del aborto. 

Lo del “a otro lado”, por cierto, como si no fuera ya exactamente lo que pasa. Y es que en Madrid, menos del 0,5% de los procedimientos de aborto se realizan en la sanidad pública, en contraposición al 70% que se realizan en otras comunidades como Cantabria o Galicia. 

Podría parecer que el Partido Popular mira con nostalgia aquella época en la que las mujeres pudientes sorteaban las leyes españolas yéndose a abortar a Londres. O más bien parece que cuando recordaron que decenas de miles de mujeres invirtieron grandes cantidades de dinero en esos viajes y procedimientos, se les encendió la bombillita, como pensando: “¿Y nosotros por qué no estamos rentabilizando esto? ¿Vamos a dejar que el hecho de que unas cuantas mujeres se piensen poseedoras de sus propios cuerpos nos estropee el negocio?”

Conocen perfectamente testimonios de mujeres que necesitaban una interrupción de un embarazo que no solo no saldría adelante, sino que ponía en riesgo su propia vida, y que han tenido que realizarse sin un médico presente porque los que había de guardia en aquel momento eran objetores de conciencia. Les da igual el trauma, el dolor físico y emocional o incluso la supervivencia de aquellas mujeres de una clase social inferior a la suya, que son las que no entran dentro de su baremo de quién merece tener derechos de los que ellas siempre han disfrutado.

Cualquiera diría que esta crueldad de proporciones inimaginables viene de la misma Ayuso que, en ese programa de televisión, defendía la pluralidad de opiniones con respecto al aborto o la eutanasia. O la misma de aquellos tuits de hace unos años en los que defendía la existencia, validez y protección de las infancias trans, a quienes, años más tarde, llamaría “modas extranjeras y dañinas”, poco antes de efectuar el primer recorte en derechos LGTBIQ+ de la historia de la democracia de este país. 

Es curioso ver a Isabel Díaz Ayuso pasar de hablar de abrir el debate del aborto dentro de su partido, a hacer el papelón de su vida defendiendo que se increpe a mujeres en las puertas de las clínicas o hablando de “un millón de personas abortadas”, como si se abortase a gente que ya está cotizando y no tuviera como máximo las 14 semanas de gestación. 

Esto nos sirve no solo para, una vez más, ver cómo el debate político y los posicionamientos han girado cada vez más a la derecha en los últimos años.

También nos sirve para recordar, con tristeza, cómo muchas de las personas que encabezan las instituciones que nos gobiernan defienden ideas que ni siquiera entran dentro de sus propias convicciones. 

Que la sociedad por la que luchan es una que ni ellos mismos creen justa, que ni ellos mismos creen buena para el pueblo. Que las ideas que defienden son las que piensan que les diferenciará más de su oposición, con las que van a poder hacer mejor negocio, o las que piensan que deben mantener para que no les quite el electorado el partido que les adelanta por su derecha. 

Saben perfectamente el mal que hacen a miles y miles de mujeres. Saben que ponen en riesgo sus vidas. Saben que es peligroso, doloroso, injusto. Y saben que no es lo que querrían para ellos mismos, para sus familias, para sus hijas. Todo eso da igual si pueden hacer negocio de ello. La pregunta es la de siempre. ¿Por qué seguir dejando que decida por ti quien ve una forma de ganar dinero hasta en si sobrevives o no? Es una pregunta que llevamos años haciendo. Quizá sea hora de que, de manera colectiva, uniendo luchas y teniendo claro lo que tenemos enfrente, respondamos más alto que nunca. 

El colectivo LGTBIQ+ se sigue enfrentando al rechazo, incluso dentro de su propia familia y entornos. Así lo denuncia el primer informe sobre el tema que ha hecho la Federación Estatal LGTBI+ y que trata los casos de aquellas personas del colectivo que han tenido que irse de sus casas por el desprecio de sus familiares o de sus redes afectivas. El informe llamado Estado del Odio LGTBI+: Sexilio revela que más de un tercio de las personas pertenecientes al colectivo se han planteado irse de sus hogares o han tenido que hacerlo por motivos de orientación sexual, identidad o expresión de género. 

En concreto, un 13% del colectivo ha tenido que sexiliarse y un 21,5% llegó a tal punto que tuvo que planteárselo. Esto supone, según denuncian desde la FELGTBI+, una expulsión forzada, que rodea al colectivo LGTBIQ+ de forma silenciosa, mientras el resto de la sociedad se mantiene impasible o no lo percibe. A esta realidad la alimenta un discurso de odio desbocado que deja al colectivo sin espacios seguros donde refugiarse.

También en el colectivo existen desigualdades internas. Según el informe, las personas que tienen que huir de sus hogares con más frecuencia son las personas trans y racializadas. En concreto, el 22% de personas trans y el 52,6% de las personas racializadas pertenecientes al colectivo LGTBIQ+ han tenido que sexiliarse. Esto indica, según explican en el documento, que las discriminaciones por ser miembro del colectivo van a más cuando se entrelazan con desigualdades territoriales, sociales y económicas, por lo que la migración se convierte en una obligación antes que en una opción. 

En muchos lugares del mundo, la violencia es tal que está prohibido pertenecer al colectivo. La legislación en países como Irán o Arabia Saudí condena a aquellos que lo sean a la pena de muerte. Y, más allá de la legislación, en el año 2024, 350 personas trans o de género fluido fueron asesinadas, según recoge Amnistía Internacional. Casi la mayoría, el 94%, eran mujeres racializadas. 

Aunque existe una mayor protección en España, su vida queda lejos de ser perfecta cuando llegan a España. Según explican, se ven expuestas a dinámicas racistas y xenófobas que pueden retroalimentarse con el rechazo a la diversidad de género. Los datos de delitos de odio en España del último año corroboran esto. El racismo y la xenofobia protagonizan la mayoría de los casos registrados en 2024, representando un 41,13% del total, según datos del Ministerio del Interior. 

A pesar de que con el paso de los años parece que los avances en materia LGTBIQ+ se van asentando en el pensamiento colectivo, no todos aquellos que han nacido con estos derechos conquistados los disfrutan igual. Según el informe, el 40% de los jóvenes LGTBIQ+ han tenido que plantearse el sexilio como la única opción para vivir mejor. 

De ellos, un 16,3% ha acabado por hacerlo y el porqué también sigue un patrón. La mayoría de los jóvenes del colectivo que se marchan de sus hogares lo hacen por el lugar y las condiciones que enfrentan allí. El campo, según el documento, ve cómo los miembros del colectivo tienen que irse para buscar una vida mejor en la gran ciudad. 

Con este desplazamiento lo que se pretende no es solo escapar de la violencia que puedan sufrir en el mundo rural, sino también poder experimentar el modo de vida que verdaderamente desean. El 38,3% de los jóvenes busca poder expresarse libremente, el 31,9% desarrollar el proyecto de vida que habían imaginado para ellos mismos, y el 29,8% quieren encontrar una red de apoyo que les sostenga.

Tener que irse tampoco significa poder disfrutar al fin de una vida mejor. El 17,3% de las personas que han sufrido el sexilio acaban durmiendo en la calle, mientras que el 22,1% viven en lugares que no están adecuados para ello. Tampoco la salud les da tregua, un 11,5% vive con el miedo instalado constantemente en su cabeza y un 8,7% sufre depresión. 

Por ello, es necesario, según denuncian, que se tomen medidas reales para evitar que el colectivo LGTBIQ+ continúe en esta situación. “El sexilio no es una elección, es una expulsión silenciosa que sigue operando en nuestro país. Miles de personas han tenido que dejar atrás su hogar para poder vivir sin esconderse. Hablamos de derechos humanos que deberían estar garantizados en cualquier rincón de España”, afirma Jesús A. Muñoz, miembro de la Comisión Ejecutiva de la Federación Estatal LGTBI+, en un comunicado. 

Desde la FELGTBI+ piden una política pública que consiga agrupar las desigualdades a las que las personas que se sexilian se tienen que enfrentar. La legislación debe adquirir un enfoque territorial e interseccional para evitar que alguien tenga que dejar su hogar para poder ejercer sus derechos plenamente.  

Las personas en una situación de mayor vulnerabilidad, como las trans o racializadas, necesitan medidas específicas, reclaman desde la Federación. La exclusión social se puede evitar, argumentan, si se crean redes de apoyo que puedan sostener a estas personas. 

Es miércoles, son las 12 del mediodía y Aura Ibáñez, conocida por su nombre artístico, La Niña Delantro, descuelga el teléfono para hablar con infoLibre. "Me pillas ensayando", arranca. "Los meses de verano son de no parar de trabajar", continúa. Como Aura o como La Niña Delantro, la joven de 24 años lleva toda la vida subida en escenarios, ya sea como bailarina, como actriz o como drag queen, que es lo que le ha llevado a dar el salto a la fama dentro de la escena queer.

Con una energía desbordante y un estilo que mezcla lo dark con glamour, baile, humor y mucha protesta en favor de los derechos LGTBIQ+, La Niña Delantro quedó finalista en la cuarta temporada de Drag Race, el concurso de Atresmedia que cuenta Supremme de Luxe, Ana Locking, Javier Ambrossi y Javier Calvo como jueces. "Todavía no he asimilado lo que fue ese programa", cuenta. Sin embargo, años antes de salir en televisión, la artista ya era conocida por haber actuado en escenarios de Madrid, Barcelona y Valencia hasta posicionarse como un perfil fuerte en el mundillo del drag o, como ella lo llamaría, la capacidad de convertir el ridículo en arte.

¿Quién es La Niña Delantro?

La Niña Delantro es una artista, una performer, que se dedica al drag, pero también a la música y a ser una persona reivindicativa y que lucha por visibilizar los derechos LGTBIQ+.

¿Y cómo ha llegado a ser lo que es?

Llevo desde pequeña formándome y aprendiendo sobre este mundo del arte escénico y, a la vez, siempre he sido una rebelde, nada me parecía bien. Por pequeña que fuera, siempre me he quejado de todas las injusticias. Yo era como la abogada del diablo y siempre tenía que opinar de todo. Van de la mano esa faceta reivindicativa que he tenido siempre, con el hecho de que desde los cinco años llevo subida a escenarios, con clases de baile, con clases de actuación, de teatro, escuchando muchísima música y trabajando de eso desde muy joven. Yo ya con 15 años trabajaba bailando, luego me hice bailarina de burlesque y todo eso me llevó a hacer drag. Todo eso, y que tuve una pareja que hacía drag. En aquella época yo estaba trabajando de bailarina y ella me llevaba a ver sus espectáculos y los de sus amigas, que ahora son mis compañeras.

Entiendo que con la tablas que tenía empezó a crecer poco a poco dentro del mundillo hasta pegar el bombazo en Drag Race, ¿cómo le influyó su paso por el programa?

Este ha sido un año fuerte, sí. El programa se estrenó en septiembre, pero lo grabamos un año antes y tú sabes cómo son esas cosas... Se hacen spoilers y hay cotilleos mucho antes de que empiece a emitirse sobre quién participará. Antes de que se supiese quién iba a estar dentro, yo era de las más rumoreadas en España porque un año o dos antes ya había pegado bastante boom por Madrid, por Barcelona, por Valencia y por ciudades grandes en general. En la escena se me conocía mucho como una de las performers más fuertes. Mi vida empezó a cambiar tiempo antes y pasé de moverme por tres ciudades a actuar por toda España. Y luego ya se estrenó oficialmente, me conoció todo el mundo que no estaba tan dentro quizá de la escena y locura máxima. Va a hacer un año y sigo sin captar muy bien del todo lo que ha pasado.

Volviendo un poco atrás en cosas que me contaba, decía que La Niña Delantro es muchas cosas, pero sobre todo reivindicativa... ¿Cree que hay drag sin reivindicación?

Creo que puede haber una intención o un desinterés por parte del artista porque, al final, esto es un arte escénico que no tendría porqué ir sí o sí de la mano de la reivindicación y de la política. Sin embargo, por mucho desinterés que haya por parte del artista, con el simple hecho de subirte a un escenario a performar con el género y utilizar un arte que desde siempre ha significado algo tan reivindicativo, aunque no quieras indirectamente, ya estás desafiando la norma. Directa o indirectamente, el drag siempre va a llevar toques reivindicativos, aunque no se digan en voz alta.

¿Y siente que esto llega al público? ¿O la gente van más por la performance?

Históricamente, las personas LGTBIQ+ hemos encontrado en el drag nuestro espacio seguro, tanto las artistas como el propio público. El drag no deja de nacer en locales escondidos, ya que la policía no podía saber lo que ocurría ahí dentro. Además, los mariquitas de la época iban, entre otras cosas, porque no tenían dinero para ir a ver a las estrellas. Para ellos, ver a las transformistas era el momento de tener un espacio seguro y de encontrarse con gente como ellos. Era el momento de vivir una realidad que nos estaba quitando la heteronorma. Quieras que no, cuando tú vas a ver un show drag, aunque estés fuera de la onda de la reivindicación o no tengas mucha idea de la historia del travestismo, ya estás haciendo una aportación a eso, porque ya estás reviviendo y apoyando un arte que históricamente es luchador. Por supuesto que hay gente que va a ver un show drag y de repente se queda solo por la fiesta y no hace caso a la travesti y simplemente se aprovecha de sus privilegios, pero quien va a ver un show drag como tal, lo sepa o no, sí que está haciendo a favor de la comunidad.

Hablaba de comunidad, de espacios seguros, de conocer a más gente del colectivo... ¿Es el drag también una manera a autoconocerse?

Sí, por supuesto, para bien o para mal. Yo siempre digo que hacer drag es ridículo y es vulnerable. Tú de repente te subes a un escenario a hacer playback como si estuvieses en las fiestas de tu pueblo, con una peluca y muchas veces con una ropa que parece un disfraz, eso puede hacerte sentir muy vulnerable y muchas veces ridícula y tienes que elevar todo eso al arte, a algo profesional, a una cosa estéticamente artística que no se vea como lo que acabo de decir, una fiesta de pueblo. Para conseguir todo eso tienes que verte en el espejo mucho, tienes que crear un personaje artístico y tienes que escucharte y, por su puesto, conocerte a ti misma. Desde qué música me apetece actuar hasta qué ropa me apetece ponerme, con qué me siento cómodo o cómoda, al final te pones una ropa para el escenario que no te pondrías en tu día a día.

Una pregunta un poco más política. En los últimos años el colectivo LGTBIQ+ ha estado cada vez más presente en los debates institucionales y en las calles, lo que ha hecho que se aprueben leyes y que, para bien o para mal, se hable de ello, ¿vamos hacia adelante o vamos hacia atrás? ¿Cómo valora el panorama actual?

Si nos sentáramos tú y yo a tomar una cerveza en un bar tranquilamente, quizá no te diga lo mismo que te voy a decir ahora, pero nunca en una entrevista pública voy a decir que vamos hacia atrás, porque me parecería pisotear lo que vivieron hace años nuestras antepasadas que lucharon por nosotras. Desde luego tenemos muchísimo avanzado. Lo que pasa es que sigue quedando muchísimo. Estamos más visibilizadas, más normalizadas, pero es que no, la cosa no es estar visibilizadas y estar un poco normalizadas, la cosa es que haya igualdad, que sea una línea completamente recta, no dos líneas y que estemos cerca de las personas cishetero.

Hilando un poco esto con el drag, ¿cómo es trabajar en el mundo de la noche siendo una persona LGTBIQ+?

El mundo de la noche yo creo que cansa, seas LGTBIQ+ o no, porque al final el trabajo es trabajo. Hay quien se pierde y se toma el drag como una fiesta, pero cuando de verdad te lo tomas como un trabajo con el que ganar dinero y con el que profesionalizar tu arte, pues claro, cansa. Y yo no es que se muy fiestera pero, a mis 24 años, de vez en cuando me apetece salir con mis amigas un fin de semana y los tengo todos ocupados. En cuanto a salir a la calle de noche siendo LGTBIQ+, el peligro siempre está ahí. A mí me han pasado cosas como que me han agredido dos veces la misma noche o me han perseguido hasta llegar a casa. Las agresiones siempre están ahí porque el mundo de la noche es peligroso para todo el mundo, pero más si eres una persona visiblemente LGTBIQ+, por ejemplo, en mi caso, drag y mujer trans. Todo esto da miedo y es peligroso, pero encuentras también tus formas de protegerte y tus espacios seguros. Gracias a Dios, últimamente sé rodearme de la gente y de los espacios en los que estoy segura, protegida y no me pasa nada, pero los peligros están ahí y hay que andar con ojo. Y la cosa es que no deberíamos estar andando con ojo y con cuidado y saber por dónde moverte y tal, la cosa es que deberíamos poder ir tranquilas por la calle.

Si pudiera elegir entre mantenerse en el mundo de la noche o que el drag llegue a los teatros y otro tipo de espectáculos de día más a menudo, ¿qué haría? ¿Se cambiaría?

Sí, por supuesto. O sea, gracias a Dios estamos viviendo una época en la que el drag está llegando cada vez a más escenarios y fuera de la noche. Y yo soy una de las afortunadas que ha tenido y tengo bastantes trabajos fuera de la noche. Es otro mundo y por supuesto que me encantaría quedarme en él. Principalmente porque muchas veces, cuando trabajas por la noche, tienes un público que viene a verte a ti y a disfrutar de tu espectáculo como tal, pero también tienes mucha gente que viene a emborracharse y a estar de fiesta, lo que es completamente lícito porque al final es una discoteca y la gente va para eso. Igualmente, ¿dejaría el mundo de la noche completamente y ahora mismo? No, porque de momento sí me gusta, me lo paso bien y es otro tipo de público, otro tipo de números y otro tipo de espectáculos. Pero, por supuesto, ojalá se llevase más al día el drag y a más escenarios que no sean tan nocturnos.

Y ya por cerrar, después de haber tocado varios temas como la performance, lo LGTBIQ+, el mundo de la noche y aprovechando que eres La Niña Delantro, ¿cómo sería su "antro" perfecto?

Mi antro perfecto abriría por la tarde y cerraría de madrugada, pero yo no me encargaría ni de abrir ni de cerrar porque no quiero trabajar tanto (risas). El local por la tarde sería una especie de neocabaret, que es un término que he aprendido en México y que sería como el típico cabaret clásico, pero llevado a la actualidad y a la modernidad. Sería un espacio seguro donde hacer de striptease, de travestis, de espectáculos variados por la tarde y que llegue la noche y sea un fiestón donde se deje a las travestis tranquilas. Por la noche simplemente la gente vendría a emborracharse, a pinchar música chulísima o a hacer otro tipo de espectáculos como conciertos.

Soy consciente de que este título va a provocar sarpullidos entre incels de todo pelaje e incluso políticos conservadores que están a punto de convertir el fútbol femenino en una práctica woke, pero no voy a contribuir a invisibilizar una realidad que es gozosa y no vergonzosa.  Es una realidad que el fútbol femenino está lleno de lesbianas. Ayer mismo leí que hay más lesbianas visibles en la selección de Gales que gays visibles en todo el fútbol profesional masculino internacional. Sólo en la selección española hay seis o siete mujeres abiertamente lesbianas y, por lo visto, en los equipos de fútbol femeninos hay una media de entre un 20% y un 30% de lesbianas visibles y orgullosas, como reza el brazalete que portan algunas de ellas. Ser una lesbiana visible es una postura ideológica. Asumiendo que estoy generalizando es bastante evidente que las mujeres futbolistas no se parecen a sus colegas masculinos. Ellas expresan opiniones políticas con más facilidad que ellos, han sido capaces de organizarse para defender sus intereses laborales y se han rebelado conscientemente contra la discriminación sexual. Están en posiciones contrahegemónicas, rebeldes, al contrario que los futbolistas. Así que es lógico que los incels rabien y que a las instituciones deportivas, machistas y conservadoras, estos datos no les gusten especialmente. Acercarse a las redes en estos días, en los que se ha celebrado la Eurocopa, suponía comprobar cómo a la derecha y a los machistas los éxitos de la Roja femenina no les hacen tan felices como los éxitos de la otra Roja. 

No, claro, el fútbol no encierra nada intrínsecamente lésbico ni revolucionario de por sí pero es un hecho que la construcción médica del lesbianismo y la reivindicación del acceso al deporte por parte de las mujeres, a cualquier actividad física en realidad, son cosas que ocurren en el mismo momento histórico y ambas tienen que ver con el feminismo. Cuando surge el deporte femenino, en el siglo XIX, las mujeres visten corsés y miriñaques, que impiden cualquier actividad física, y el ideal físico de mujer es el de un ser pálido y etéreo, casi transparente, el ángel del hogar cuya vida pasa entre las paredes de su casa. Así, el deporte surge como la reivindicación de un modo de vestir que permita libertad de movimientos y la actividad en sí como la posibilidad de habitar un cuerpo ágil, sano y fuerte, que se mueva libremente. El deporte femenino, cuando nace, supone una disrupción absoluta de la norma impuesta para las mujeres decentes. Todo lo que el deporte ofrece a las mujeres, y lo que exige, es visto por los biempensantes como una amenaza para la “verdadera” feminidad y, por tanto, para una adecuada relación entre los sexos. Para muchos de los científicos de la época, el deporte femenino fomenta el lesbianismo, como también aseguran que hace el trabajo (siempre que sea elegido)  o los estudios superiores. 

Parte de esta mentalidad ha pervivido en el tiempo y el deporte femenino siempre ha sido visto con suspicacia. Cuando yo era joven aun recuerdo que los comentaristas deportivos de principios de los 90 narraban los eventos haciendo continuas referencias a la feminidad de las atletas, de manera que esta quedara bien establecida. Recuerdo escuchar decir de algunas de ellas que “era muy bella y femenina” o bien se nos informaba de que estaban casadas, por si las dudas. Recuerdo también a la madre de Arantxa Sánchez Vicario asegurando que acompañaba a su hija porque “los vestuarios estaban llenos de lesbianas”. Seguramente era así. 

En todo caso, en la mayoría de los deportes femeninos las presiones para adaptarse a las normas tradicionales de género son menores y esto puede facilitar que muchas mujeres lesbianas o bisexuales se atrevan a  manifestar su orientación sin miedo, al menos dentro de su comunidad deportiva. Al mismo tiempo, esto puede hacer también que muchas niñas lesbianas o bisexuales se acerquen el ambiente deportivo buscando precisamente eso: un espacio de normas sexuales e ideales heteronormativos menos rígidos. Sigue siendo verdad que los ideales estéticos y sociales heteronormativos continúan siendo muy pesados para muchas chicas que pueden encontrar en el deporte ese espacio que todavía tiene algo de disruptivo y, por tanto, más libre respecto a dichas normas, sean ellas lesbianas o no. 

Si hablamos de deporte masculino ocurre lo contrario. El deporte se ha configurado como un espacio de hipermasculinidad tradicional que es una cárcel para cualquier hombre que se resista a encarnar esa posición, sea gay o no. La toxicidad masculinista se encuentra entre los propios deportistas, pero sobre todo, entre los seguidores, que exigen que sus ídolos representen una hipermasculinidad normativa y sin fisuras. Cualquier grieta en esa posición conllevará desprecio y acoso para el deportista. Un acoso o bullying que sufrirán más los deportistas aficionados o más jóvenes, lo que hace que sea para ellos mucho más difícil salir del armario. Lo que hace más libres a las mujeres porque les proporciona más opciones a la hora de expresar su propia posición vital, encarcela a los hombres, obligados a encarnar posiciones de masculinidad normativa que, a lo mejor, no serían las elegidas por muchos de ellos. El deporte necesita ser un reflejo de la sociedad y no un ámbito extraño a ella; los deportistas masculinos necesitan abrir ese espacio para poder mostrarse tan femeninos o tan poco normativos como quieran. Las mujeres ya lo han hecho, van muy por delante.  

Por ahora, ayer, mientras la selección jugaba la final de la Eurocopa muchas de mis amigas lesbianas se habían reunido para vivir el acontecimiento y, por lo que vi, estamos a punto de convertir las competiciones de futbol femenino en nuestro Festival de Eurovisión. Pues ya era hora. 

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Beatriz Gimeno es exdirectora del Instituto de las Mujeres.

Yo procedía de Santander, en donde todo andaba uniformado con el Lacoste, los castellanos y la grisura (spoiler, sigue igual) y me deslumbró el color, la variedad de razas, de gente. Años atrás, de camino a Dubrovnik, paré en Fiumicino dándome cuenta de lo grande, diverso y hermoso que era el mundo porque pululaban por los pasillos del aeropuerto tanta gente diversa. Amé lo diverso.

Tiempo después viví el primer 'Orgullo' en ese Madrid ochentero. Me reí hasta llorar con las historias contadas durante una singular tertulia en Chueca donde yo era la única heterobásica de un grupo numeroso. Las feministas andaban programando la 'mani', buscando eslóganes de combate. Las mujeres trans empecinadas en ir delante: “estamos acostumbradas a llevar hostias, nena, así que por si caen, nosotras al frente”. Las admiré tanto como me conquistaron el corazón por su ternura de víctimas valientes.

Al día siguiente contemplaba extasiada el desfile, la locura de música y color. Como el sábado aquel del paseo por Sol que hizo costumbre. Aun sin ser creyente, di gracias a un dios desconocido por la época que me tocaba vivir y mi pensamiento fue de un grato agradecimiento porque mis hijos, jóvenes puberales entonces, vivieran en una sociedad abierta, común, donde besar, amar o follar no estuviera penado. Donde cabía el mundo en nuestras ciudades. Donde la diversidad paseaba para encontrarse. Donde la puñetera blancura era lo de menos.

Me recuerdo apoyada en una farola contemplando el desfile al borde de lágrimas de agradecimiento. Mis hijos vivían en una sociedad abierta y gustosa.

Hoy, no es así. Hoy el odio al diferente se ha puesto de moda. El catetismo, paleto y malvado también, porque no hay más raza que una, la humana. Y mezclarse es enriquecerse.

Hoy, quién me lo iba a decir, recuerdo con nostalgia aquellos tiempos en que explosionaba la mezcla y se estrenaban libertades y me pregunto si es posible que las generaciones futuras tengan que volver a lucharlo todo.

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María Toca Cañedo es socia de infoLibre.