Una bandera arcoíris permanecía el domingo extendida sobre el asfalto mientras los operarios desmontaban las últimas estructuras del Orgullo. A pocos metros, en el Tiergarten berlinés, decenas de agentes mantenían acordonada la zona en la que se encontraba la furgoneta blanca que, alrededor de las diez de la noche del sábado, había irrumpido a gran velocidad cerca de la Puerta de Brandeburgo y arrollado a un grupo de asistentes al Orgullo. Una mujer murió y otras 29 personas resultaron heridas, varias de ellas de gravedad. Tras el atropello, el conductor abandonó el vehículo, agredió con un arma blanca a varios transeúntes y huyó a pie.

La escena contrastaba con la imagen que Berlín había ofrecido durante buena parte del sábado. Cientos de miles de personas recorrieron el centro de la capital alemana entre carrozas, música y pancartas para participar en una de las mayores marchas LGTBIQ+ de Europa. La jornada había transcurrido sin incidentes y se acercaba ya a su final cuando la furgoneta entró en el parque de Tiergarten y se lanzó contra quienes todavía abandonaban los actos.

El autor había huido y horas después, cuando fue localizado, fue abatido por la Policía. La investigación apunta, por el momento, hacia el entorno islamista. Las autoridades alemanas consideran que los indicios recabados permiten tratar lo sucedido como un posible atentado terrorista dirigido contra la celebración del Orgullo, aunque todavía deben aclarar el grado de planificación, si el atacante actuó solo y cuáles fueron sus contactos previos.

Lo ocurrido, sin embargo, no constituye un episodio sin precedentes. En los últimos años, Europa ha sufrido atentados terroristas contra bares y personas LGTBIQ+, ataques organizados contra marchas del Orgullo, asaltos a sedes de asociaciones y agresiones individuales que han terminado en asesinatos.

La propia Alemania ya había sufrido en los últimos años un ataque similar. El 4 de octubre de 2020, un joven apuñaló en Dresde, al este del país, a una pareja de hombres que se encontraba haciendo turismo. Uno de ellos murió y el otro resultó gravemente herido. El agresor acabó siendo condenado a cadena perpetua después de que tanto la Fiscalía federal como el tribunal consideraran que había seleccionado a las víctimas por sus convicciones islamistas y por haberlas identificado como una pareja homosexual.

No obstante, el precedente más directamente relacionado con una celebración del Orgullo se produjo en Oslo en junio de 2022. Horas antes de la marcha, Zaniar Matapour abrió fuego contra varias personas frente al London Pub, uno de los principales espacios de encuentro de la comunidad LGTBIQ+ de la capital noruega. Mató a dos personas, hirió de bala a nueve y causó lesiones a otras 25. La magnitud de lo ocurrido obligó a cancelar la celebración y llevó al país a elevar su nivel de alerta terrorista.

Matapour, al que los servicios de seguridad consideraban un islamista radicalizado, fue condenado en 2024 a la pena máxima de 30 años de prisión por asesinato y terrorismo agravado. La investigación no se detuvo ahí y, en enero de este año, un tribunal noruego impuso la misma condena a Arfan Bhatti por haber participado desde Pakistán en la planificación del atentado.

La amenaza contra la comunidad no procede únicamente del extremismo islamista. El atentado cometido frente al bar queer Tepláreň, en Bratislava, mostró en octubre de 2022 la capacidad de la ultraderecha para convertir la homofobia y la transfobia en violencia terrorista. Un joven de 19 años disparó contra las personas que se encontraban a las puertas del establecimiento, mató a dos jóvenes, hirió a una tercera persona y se suicidó horas después. Las autoridades eslovacas terminaron calificando el crimen como un atentado terrorista contra la población LGTBIQ+. El local se transformó posteriormente en un espacio de memoria y concienciación antes de cerrar definitivamente en 2023.

El ataque no surgió de manera aislada. Antes de cometerlo, el responsable había publicado en internet un manifiesto cargado de antisemitismo, homofobia, transfobia y teorías supremacistas. El documento reflejaba, además, la influencia de comunidades ultraderechistas que glorifican atentados anteriores y convierten a las minorías, los migrantes y las personas LGTBIQ+ en objetivos de una supuesta guerra racial y cultural.

En distintos puntos de Europa, grupos organizados han convertido las celebraciones del Orgullo en escenario de ataques contra el movimiento LGTBIQ+. Así ocurrió en Białystok, al este de Polonia, donde alrededor de un millar de personas participaron en julio de 2019 en la primera Marcha por la Igualdad de la ciudad. Frente a ellas se congregaron unos 4.000 contramanifestantes, entre los que había grupos ultraderechistas, nacionalistas y aficionados radicales al fútbol. Estos atacaron a los asistentes con piedras, botellas y petardos, además de proferir numerosos insultos homófobos.

El episodio se produjo en un contexto político en el que dirigentes del entonces gobernante partido Ley y Justicia presentaban los derechos LGTBIQ+ como una amenaza extranjera contra la identidad y los valores nacionales. La Policía detuvo a 25 personas, aunque las organizaciones de derechos humanos denunciaron que el dispositivo desplegado para proteger la marcha había sido insuficiente.

La ofensiva no se ha dirigido únicamente contra quienes participan en estas movilizaciones, sino también contra las entidades que las hacen posibles. En julio de 2021, una multitud integrada por grupos de extrema derecha y sectores ultraconservadores asaltó en Tiflis (Georgia) las oficinas de varias organizaciones, entre ellas Tbilisi Pride. Los agresores destruyeron material, arrancaron banderas y obligaron a cancelar la Marcha por la Dignidad.

La violencia contra el colectivo LGTBIQ+ también se manifiesta en España a través de agresiones físicas, amenazas y campañas de intimidación. En mayo de 2024, la Asociación Trans de Andalucía denunció la “brutal agresión” sufrida por una menor trans de 13 años en Santa Fe, Granada. La adolescente recibió patadas, puñetazos y empujones hasta perder el conocimiento mientras la amenazaban de muerte y proferían insultos contra su identidad.

En esas mismas fechas, una pareja homosexual de Albolote, también en Granada, denunció el segundo ataque homófobo sufrido en apenas cinco meses. En esta ocasión, recibió un sobre que contenía amenazas, una fotografía de ambos y símbolos nazis, además de encontrar un grafiti en la fachada de su vivienda.

El asesinato de Samuel Luiz continúa siendo, sin embargo, el principal símbolo de la violencia contra las personas LGTBIQ+ en España. El joven, de 24 años, murió después de recibir una paliza grupal en la madrugada del 3 de julio de 2021 junto al paseo marítimo de A Coruña. El Tribunal Supremo confirmó en diciembre de 2025 las condenas de entre 20 y 24 años de prisión para los tres autores adultos del asesinato y mantuvo la absolución de un cuarto acusado por falta de pruebas. La pena más elevada recayó sobre el hombre que inició la agresión, al que se aplicó la agravante de discriminación por la orientación sexual que atribuyó a Samuel. 

La última gran encuesta de la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, basada en las respuestas de más de 100.000 personas, refleja que una mayor visibilidad no ha ido acompañada de una reducción de la violencia. Cada vez más ciudadanos hablan abiertamente de su orientación sexual o su identidad de género, mientras aumentan el acoso, la intimidación y las agresiones. Además, señala que las personas trans e intersexuales se encuentran entre quienes sufren una mayor victimización.

El 14% de las personas encuestadas declaró haber sufrido una agresión física o sexual durante los cinco años anteriores, frente al 11% registrado en el estudio precedente en 2019. A ello se añade que un 36% afirmó haber padecido discriminación en algún ámbito de su vida durante el año anterior.

El informe anual de ILGA-Europe describe, además, un escenario en el que las marchas del Orgullo se han convertido en un indicador de la salud democrática del continente. Aunque siguen apareciendo nuevas celebraciones, estas se desarrollan cada vez con mayor frecuencia entre contramanifestaciones organizadas, amenazas, ataques contra participantes y acciones simbólicas como la destrucción o la retirada de banderas arcoíris.

El nombre de este insecto le viene por su postura de rezo cuando se prepara para la caza y es conocido por comerse a su pareja durante el apareamiento.

Es la imagen que me ha venido a la cabeza, como una buena metáfora, al leer las recientes declaraciones del presidente de la Conferencia Episcopal, el señor Argüello. Declaraciones que no solo son un insulto a los sectores o personas a los que se refiere, sino también una provocación moral e intelectual a la ciudadanía en general, viniendo del máximo representante de la Iglesia católica en nuestro país.

Se ha remitido a las pruebas para decir que el Estado, sin ética, se convierte en una banda de ladrones. Y lo dice desde la "autoridad moral" de quien representa a una institución que se ha apropiado del 80% del patrimonio nacional que explota en beneficio propio y de más de 100.000 propiedades inmuebles de todo tipo. Una institución que recibe de ese Estado "ladrón" todo tipo de privilegios económicos, estimados en unos 13.000 millones de euros anuales, permitiéndole lucrarse con la educación, la sanidad, los servicios sociales, los geriátricos y hasta con la caridad, todo exento de cualquier tipo de impuestos.

Ha denunciado, al puro estilo de Vox, las paguitas y las limosnas, lo que denomina como "Cáritas laica" del Gobierno para las personas migrantes y las más necesitadas. Olvida que la Cáritas que la Iglesia controla y utiliza para hacer apostolado clientelar funciona con fondos públicos y de particulares, mientras la organización que la mangonea no aporta ni el 5% del presupuesto, que a su vez es una mínima parte de lo que recibe del Estado vía recaudación fiscal —ese 0,7% de quienes marcan la casilla, que se detrae de la caja común—.

Se ha referido también al orgullo gay como "un pecado de Satán". Supongo que estaría pensando en la cantidad de miembros homosexuales del clero, que en muchos casos practican su "antinatural tendencia" abusando de menores, cientos de miles de víctimas que han sido ocultadas y silenciadas y que, en su inmensa mayoría, siguen sin recibir ni justicia ni reparación.

Y este ataque al Gobierno se produce en un momento álgido de sus relaciones con la Iglesia católica, donde las muestras de amor llegan al clímax de someter la Cámara legislativa al púlpito del jefe del Vaticano y aplaudirlo extasiados hasta la extenuación. En un Estado que, traicionando la Constitución, somete sus poderes a la influencia y dirección de la Iglesia. Con unos partidos democráticos y progresistas que, con honrosas excepciones, anteponen esa relación tóxica y masoquista a su propia existencia.

Parece que el animal ya se ha comido la cabeza de su amante y ha suplantado su cerebro. La visita del papa ha sido una prueba evidente, donde todos los estamentos han seguido las indicaciones y se han adelantado a los deseos de la jerarquía católica. Aunque mantiene las conexiones nerviosas y las estructuras necesarias para seguir incrementando el placer de sus privilegios.

Ahora le queda la tarea de seguir fagocitando poco a poco el resto del cuerpo desde su interior, hasta dejarlo en una piel vacía. Llevar su corrosiva ideología a los órganos —las instituciones administrativas— y a los tejidos sociales ya lo ha conseguido en parte, ligada sobre todo a los partidos de derechas.

Desgraciadamente, en el ejemplo de la naturaleza ya no habría nada que hacer. Espero que en la vida política y social se pueda reaccionar. Aunque parece que, visto lo visto, la reacción tendrá que comenzar en la sociedad: en los colectivos directamente atacados, acosados o señalados por la ideología, las declaraciones y las actuaciones de la institución que representa Argüello; en toda la población que defienda los derechos humanos; en la ciudadanía que quiere una democracia avanzada y, por tanto, laica; en los sectores más desfavorecidos y los trabajadores, que necesitan un mejor reparto de la riqueza y la eliminación de privilegios; y en la intelectualidad y todas las personas racionalistas y librepensadoras, aunque solo sea por desterrar el cutrerío cultural.

Es de suponer que partidos como BNG y Podemos, que se posicionaron ante el disparate del tratamiento institucional de la visita del señor Prevost, mantengan la coherencia, conscientes de la necesidad de actuar en esa dirección por su propia supervivencia. Y, con el optimismo de la razón, pienso que todos los demás partidos democráticos podrán ir recobrando la cabeza, aunque sea por la presión de sus bases.

Declaraciones como estas, como tantas otras y tantos hechos de la Conferencia Episcopal, deberían hacer reflexionar a esa mayoría no creyente y a los sectores creyentes democráticos y convencernos de que debemos movilizarnos por un Estado laico para garantizar y desarrollar una verdadera democracia.

La moraleja de la metáfora es clara: la única garantía de supervivencia es separarse de la mantis religiosa. No se puede esperar un cambio en su naturaleza. Como en aquella otra fábula en la que el escorpión responde a la rana que le pregunta por qué la picó cuando lo había ayudado a cruzar el río: "Está en mi naturaleza".

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José Antonio Naz Valverde es presidente de Europa Laica.

Parece que es época de vuelta al cristianismo. De la iconografía religiosa. De Jaime Llorente promocionando aplicaciones para rezar.

Y la Iglesia católica está aprovechando este pequeño pero muy mediatizado boom de su visibilidad. ¿Para pedir el reparto de la riqueza? ¿Para pronunciarse sobre la vivienda? No. Para quejarse de los maricones.

Entre otras cosas, probablemente hayas visto ya estos días las declaraciones del presidente de la Conferencia Episcopal sobre la comunidad LGTBIQ+, sobre las personas trans y sobre el Orgullo, en sus palabras, el pecado de Satán. Tremendamente punk rock, si me preguntan.

Diciendo también que se condena llamando terapia de conversión al acompañamiento que ellos hacen a personas con dudas sobre su corporalidad, su orientación sexual y su género. La verdad es que nunca había oído hablar de acompañamientos que provocasen ideación suicida a los acompañados. Y que, por cierto, se siguen llevando a cabo en varios puntos del país, a pesar de que el año pasado se denunciase e investigase a siete diócesis por realizar torturas de conversión.

La Iglesia vuelve al ataque abierto contra las personas queer no por casualidad, sino porque también lo hacen medios de comunicación conservadores y la derecha política de nuestro país, en una alianza a varias bandas que tiene como intención señalar a un colectivo asociado a otro flanco ideológico para avivar odio y que ese odio solidifique el apoyo a quienes se oponen a formas de vida disidentes.

Y esto no tiene que ver con dios ni con Satán. Es hacer lo que la Iglesia nació para hacer: política.

Y quizá con esta nueva moda de ser las más religiosas, impulsada y financiada por lobbies políticos y ultracatólicos, a mucha gente se le haya olvidado. Pero, por si acaso, quizá merezca la pena recordar que, por muy creyentes que seáis —que eso lo podemos respetar todos—, vuestras creencias, en su origen, ni siquiera incluyen la consideración de la disidencia sexual como algo negativo.

No, la Biblia no condena la homosexualidad. No la menciona, de hecho, en ninguna parte.

Cuando en el medievo la Iglesia y algunos gobiernos empiezan a prohibir las relaciones entre personas del mismo sexo, lo hacen como medida para fomentar la procreación, por lo que era considerado igual ser marica que tener sexo oral o que masturbarse.

Y la frase que tanto se atribuye a las Sagradas Escrituras, el famoso «No te acostarás con varón como con mujer, es abominación» —Levítico 18:22, que aquí casi todas hemos hecho la catequesis—, no se introduciría en el texto hasta una traducción de 1946. Sobre la cual, por cierto, existe incluso un documental donde los expertos narran cómo se tergiversaron los pasajes que condenaban la pederastia y se cambiaron para que la gente pensara que lo que se condenaba era la homosexualidad.

De hecho, en 1993, algunos de los traductores de esa versión admitieron el «error» y se disculparon públicamente por el daño causado durante décadas a colectivos ya de por sí perseguidos. Sin embargo, los representantes de las instituciones religiosas se negaron a disculparse y la mayoría continuaron redoblando su apuesta en su batalla de odio y persecución a una comunidad completa, sin motivo ni razón alguna salvo el puro marketing. Y es que no es fácil renunciar a uno de los pilares con los que han construido tu identidad de empresa.

La Biblia nunca condenó ni animó a perseguir la homosexualidad, pero eso no evitó que se dieran millones de muertes y torturas que se producían «en nombre de Dios», o que aún hoy se instigue vergüenza y culpabilidad a personas que son diferentes, hasta el punto de inducirlas al suicidio mediante sus torturas de conversión.

Muertes y torturas por las que todavía hoy nadie ha pedido perdón, y de las que ahora sus bandos aliados se aprovechan para hacer política sin importarles las vidas de quienes nos han precedido ni de quienes ahora ponen en riesgo.

Pero no, la LGTBIfobia no tiene un origen natural, ni divino, ni tan antiguo como nos quieren hacer creer.

Y, si eres católico y creyente y rechazas lo queer, es porque te están engañando y te están usando para hacer política. Y del peor tipo posible.

Yo, mientras tanto, me despido animándoos a que hagáis caso a las Escrituras y que cumpláis con mi versículo favorito, Mateo 7:12: «Todo cuanto queráis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos».

Adiós.

Esto lo ha dicho Jaime de los Santos, el diputado del Partido Popular, durante un debate en el Congreso de los Diputados. En ese debate, se planteaba castigar las “Terapias de Reconversión” contra el colectivo LGTBIQ+, puestas en marcha por algunos de los colectivos más reaccionarios de este país.

Que una persona se reconozca maricón y pueda militar en el partido que quiera, eso no se lo puede discutir nadie. Ambas cosas son libertades individuales y cada una va por su lado. Pero lo extraño es el contexto que rodea esta afirmación.

Puedes estar orgulloso de militar en el PP, pero si eres maricón tienes que votar a favor de penalizar las “Terapias de Reconversión”. Como casi siempre, las actitudes del PP en lo que se refiere a la conquista de los derechos colectivos que se plantean desde la izquierda, extrañamente también ahora van en contra. Al “perro Sánchez ni agua”. Mis ojos en sus cuencas y mi cabeza no dejan de girar desaforadamente. Creo que necesito un exorcismo.

Supongo que ni el PP ni Jaime consideran al colectivo LGTBIQ+ como enfermos que necesitan tratamiento.

Cuando llegó la aprobación del Matrimonio Igualitario durante el Gobierno de Zapatero, en el verano de 2005, el PP votó en contra e incluso llegaron a recurrir al Constitucional. Defendían que aquello no era matrimonio, sino otra cosa. Anunciaban poco menos que el fin de la civilización occidental, el final de la “familia tradicional”, advertencias dramáticas y recursos contra una ley que simplemente reconocía a dos personas adultas el derecho a casarse. El mensaje era claro: aquello no debía existir. Pero miles de parejas simplemente querían poder decir: “Nos queremos y queremos que la ley lo reconozca”.

Años después, en 2015, llegó la boda de Javier Maroto. Una boda perfectamente legal gracias precisamente a aquella ley que muchos de sus compañeros de partido habían rechazado. Y entonces ocurrió una escena digna de archivo histórico: compañeros del PP, algunos de los que habían votado en contra, asistiendo a la celebración, sonriendo y bailando.

El caso de “MpuntoRajoy” bailando en la boda merece capítulo propio. Rajoy, con su estilo inconfundible, parecía no estar bailando sino negociando con la música. Un paso tímido hacia un lado, otro hacia el otro, como si hasta el ritmo necesitara mayoría absoluta. Aquella pista de baile se convirtió en una especie de Parlamento improvisado: todos dentro, todos contentos, y nadie preguntando demasiado por lo que había votado años atrás. La imagen tenía algo de surrealista: una fiesta celebrando un derecho que gran parte de los invitados no había querido aprobar.

Porque una cosa es llegar a una boda y bailar. Otra cosa es haber ayudado a que esa boda pudiera celebrarse. La hemeroteca tiene memoria y recuerda quién encendió las luces de la sala, quién intentó apagar la música y quién apareció cuando ya estaban repartiendo la tarta.

Al final, algunos descubrieron que el matrimonio igualitario no era el fin de la familia. Era simplemente una invitación a más gente a la misma fiesta. Quizá la política sea eso: una enorme pista de baile donde algunos primero protestan por la música, luego entran en la fiesta y finalmente acaban diciendo que siempre les gustó la canción. Con las “terapias de reconversión”, pasará lo mismo. Nos contarán que al PP nunca le parecieron bien.

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Alfonso Donnay Gómez de Segura es socio de infoLibre.

España se ha convertido este año en el país más garantista con los derechos LGTBIQ+ de toda Europa. Así lo ha certificado el Rainbow Map, de ILGA-Europe. Y ha superado a Malta, que llevaba diez años a la cabeza en este listado. Toda una seña de identidad de una sociedad en mitad del avance de los postulados homófobos y ultras en muchas naciones. 

La semana pasada Madrid se convirtió en el epicentro reivindicativo, que tuvo su máxima expresión en la manifestación del sábado, la más multitudinaria de toda Europa. Todo un grito bajo el lema “Orgullo Ciudadano”, la mítica expresión que acuñó el activista socialista Pedro Zerolo para interpelar a toda la sociedad en defensa de los derechos LGTBIQ+.

La bandera arcoíris ha lucido orgullosa durante estos días en espacios institucionales como el Palacio de la Moncloa y el Congreso, como símbolo de apoyo y respeto a un colectivo que ve cómo están subiendo las agresiones lgtbifóbicas alentadas por los discursos ultras. Pero otro año más, desde la Casa Real no ha habido ningún gesto ni mensaje público de apoyo al colectivo.

La agenda de los reyes durante la anterior semana ha pasado por alto cualquier acto relacionado con el Orgullo. No han acudido a ninguno de los eventos institucionales ni tampoco han organizado acto alguno en el Palacio de la Zarzuela, además de no mandar ningún mensaje a través de las redes sociales.

Durante estos días, Felipe VI acudió a la gala de la Fundación Cotec, recibió en Zarzuela a los presidentes Jorge Azcón (Aragón) y Alfonso Fernández Mañueco (Castilla y León) y presidió en El Escorial la entrega de Reales Despachos a la XLVI promoción de suboficiales de la Guardia Civil. 

Asimismo, el monarca asistió, junto a la reina Letizia, a la entrega de los premios Mariano de Cavia, que concede el periódico ABC, y presidió el acto de entrega de Reales Despachos a la LI Promoción de la Escala de Suboficiales, celebrada en la Academia General Básica de Suboficiales de Talarn (Lleida).

Por su parte, la reina estuvo en el acto de despedida del equipo médico de emergencias de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), que se despliega en Venezuela para atender a la población afectada por los terremotos, y recibió en Zarzuela a una representación de la Confederación Salud Mental España, junto a profesionales y asociaciones que trabajan de manera activa en la prevención del suicidio. 

La Casa Real tampoco hizo mención al Día del Orgullo en las redes sociales el 28 de junio. Es una fecha esencial para el colectivo porque se recuerdan las revueltas en 1969 en el bar Stonewall, en Nueva York. Ese día la comunidad LGTBIQ+ salió a la calle para rebelarse ante las continuas redadas de la Policía. Aquellas manifestaciones se convirtieron en un símbolo en todo el mundo y supusieron un grito de libertad con centenares de activistas defendiendo sus derechos sin miedo a ser arrestados.

El departamento de prensa de la Casa Real ha eludido contestar a infoLibre sobre por qué la institución no ha lanzado ningún mensaje públicamente durante el Orgullo ni por qué los reyes no han acudido a ningún acto relacionado con el colectivo durante estos días.

Desde que Felipe VI fue proclamado en junio de 2014, ha habido pocos gestos públicos por parte de Zarzuela hacia el colectivo LGTBIQ+. En el inicio del reinado, la Casa Real invitó en la primera recepción con la sociedad civil a representantes de asociaciones del colectivo (FELGTB, Fundación Triángulo y Colegas), algo inédito hasta ese momento

En 2017, la Casa Real publicó un mensaje en la red social X con motivo de la celebración del Orgullo mundial en Madrid. El texto indicaba: “Felicitamos a todos los participantes y a todas las instituciones y servicios que garantizan el desarrollo festivo del #WorldPride2017”.

En marzo de 2018, Felipe VI mandó una dedicatoria a la revista Shangay con motivo de su 25 aniversario. En concreto, el monarca envió una foto con el siguiente mensaje: “A los lectores, trabajadores y cuantos han hecho posible que el Grupo Shangay cumpla su 25 aniversario, mi más sincera felicitación”.

Según informó El Mundo el año pasado, los reyes también aceptaron la Presidencia de Honor del Top Líderes LGTBI+ 2025 de Actualidad Económica y la Red Empresarial por la Diversidad e Inclusión LGTBI (REDI). Los reconocimientos fueron entregados el pasado mes de diciembre a 25 empresas y 45 profesionales, aunque los monarcas no acudieron a este acto. 

El Orgullo de este año ha tenido un fuerte componente reivindicativo en un momento de avance de los movimientos ultras. En España, en cambio, ha coincidido con la aprobación de una histórica proposición de ley por parte del Congreso para incluir penas de cárcel por las conocidas como terapias de conversión.

Al mismo tiempo, la comunidad LGTBIQ+ está viendo cómo aumenta el odio hacia ella. Según el último informe de FELGTBI+, las agresiones físicas se han triplicado en España desde 2024. Asimismo, más de la mitad de las personas del colectivo ha sufrido algún tipo de acto de odio durante el último año. 

El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha dado luz verde a la exclusión de las mujeres transgénero del deporte femenino escolar y universitario, en un fallo que se suma a la actual embestida internacional contra los derechos de las personas LGTBIQ+. Con una mayoría conservadora de seis frente a tres, los magistrados blindaron este martes las leyes estatales que limitan la participación deportiva en función del género asignado al nacer. La sentencia, que legitima las prohibiciones vigentes en más de una veintena de Estados amparadas en el llamado “género biológico”, no es un hecho aislado, sino que se enmarca en la agresiva agenda de la nueva Administración de Donald Trump y refleja una ola global de retrocesos institucionales que amenaza con desmantelar décadas de avances sociales.

El caso llegó al Supremo de la mano de Becky Pepper-Jackson, estudiante de secundaria de Virginia Occidental, y Lindsay Hecox, alumna de la Universidad de Idaho. Ambas atletas trans demandaron a sus respectivos Estados al considerar que su exclusión de las competiciones femeninas resultaba inconstitucional y discriminatoria. Sin embargo, el Alto Tribunal ha dictaminado que estas normativas son plenamente compatibles con la histórica legislación federal que prohíbe la discriminación por razón de sexo en los programas educativos financiados con fondos públicos. La decisión tiene un efecto cascada inmediato en el país, ya que afecta tanto a competiciones escolares como universitarias y respalda normativas idénticas ya aprobadas en otros 25 Estados.

Este aval judicial apuntala la ofensiva sistemática desplegada por Donald Trump desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025. Uno de sus primeros pasos, fue la firma de una orden ejecutiva que acabó con el reconocimiento legal de las identidades no binarias, estableciendo que únicamente existen “dos sexos” e imponiendo que los documentos oficiales reflejen exclusivamente el género asignado al nacer. Esta directriz vino acompañada de medidas drásticas, como la retirada de los pasaportes con el marcador de género 'X' y una nueva exclusión de las personas trans de las Fuerzas Armadas.

La hostilidad institucional también se ha trasladado al terreno simbólico. Uno de los episodios más tensos se vivió el pasado mes de febrero, cuando la Administración Trump ordenó retirar la bandera arcoíris del Monumento Nacional Stonewall, el mítico enclave de Nueva York donde comenzó la liberación homosexual en 1969. El Gobierno se escudó en unas directrices del Departamento de Interior relativas a la exhibición de banderas no oficiales en terrenos de Parques Nacionales. “Nueva York es el lugar de nacimiento del movimiento moderno por los derechos LGBTQ+, y ningún acto de borrado cambiará jamás, ni silenciará, esa historia”, escribió aquel día en redes sociales el alcalde de la ciudad, Zohran Mamdani. La rápida movilización ciudadana y la oposición de varios cargos públicos obligaron a Washington a dar marcha atrás y reinstalar la bandera. 

A nivel global, se constata una reacción organizada contra el avance de los derechos humanos, especialmente aquellos vinculados a la igualdad de género y la diversidad sexual. Este fenómeno no es un hecho aislado, sino una respuesta reactiva y coordinada con profundos vínculos institucionales e ideológicos. Uno de los ejes centrales de esta estrategia es la ofensiva contra la llamada “ideología de género”, un concepto construido políticamente para desacreditar y deslegitimar las luchas de los movimientos de mujeres y personas LGBTIQ+. En España, esta retórica ya ha sido impuesta por Vox. El ejemplo más reciente resonó hace unos días en la Asamblea Regional de Murcia durante el debate de una moción de Podemos que exigía aplicar protocolos de atención a alumnos trans. El diputado de extrema derecha Antonio Martínez Nieto llegó a afirmar que “el mayor logro del comunismo ha sido sacar estas conductas del catálogo de trastornos e incluirlas en el de los derechos humanos”.

Al otro lado del Atlántico, en Argentina, el presidente Javier Milei ha llegado a asegurar que estos colectivos buscan imponer que “las mujeres son hombres y los hombres son mujeres sólo si así se autoperciben”, criticando una supuesta inacción cuando “un hombre se disfraza de mujer y mata a su rival en un ring de boxeo”. Esta escalada discursiva alcanzó su punto culminante en el Foro Económico Mundial de Davos en 2025, cuando el mandatario cruzó una peligrosa línea roja al afirmar que “en sus versiones más extremas la ideología de género constituye lisa y llanamente abuso infantil. Son pedófilos”.

Las palabras de Milei en la cumbre suiza no fueron una mera declaración de intenciones, sino la punta visible de una ofensiva institucional que arrancó apenas semanas después de su llegada a la Casa Rosada en diciembre de 2023. La presidenta de la Federación Argentina LGBT (FALGBT), María Rachid, advierte de las consecuencias de esta escalada: "Hay una correlación absoluta entre los discursos de odio que provoca el propio Estado y la violencia que nuestra comunidad vive en la vida diaria".

En este sentido, Rachid denuncia que "el desmantelamiento de las políticas públicas en materia de diversidad sexual fue absoluto". El asedio institucional se ha materializado en decisiones drásticas como el cierre del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), un organismo clave para la protección de las minorías. A esto se suma el impacto de normativas como la 'Ley de Bases', impulsada en los primeros pasos del Gobierno de Milei, que ha debilitado sustancialmente la protección laboral del colectivo al reformar artículos que amparaban a los trabajadores. "Ahora una empresa si quiere despedir a alguien por discriminación, lo puede hacer pagando la indemnización por despido", alerta la dirigente.

Frente a "la violencia y discriminación que vienen del propio Estado", desde la Federación reclaman "la recreación de un organismo como era el INADI y una ley integral trans" que blinde al colectivo. Un retroceso que, advierten, trasciende las fronteras argentinas. En su rol como presidenta de OLA (Orgullo Latinoamericano), Rachid constata una preocupante tendencia global al señalar que "en muchos países del mundo y también de Latinoamérica donde gobierna la derecha hubo recortes de derechos humanos".

La ofensiva discursiva ha cruzado de nuevo el océano para instalarse en el corazón de Europa, encontrando su principal laboratorio político en Italia. Allí, Giorgia Meloni llegó al poder en 2022 como la cara visible de una coalición conservadora que prometió en campaña defender los “valores familiares tradicionales” y combatir frontalmente lo que su círculo denomina “lobby LGBT”. Una postura que no se ha quedado en meras declaraciones de intenciones, sino que se ha traducido en un bloqueo sistemático al avance de los derechos del colectivo.

Las parejas homosexuales italianas tienen prohibido acceder a la fecundación in vitro y ante la inacción estatal, los ayuntamientos de corte progresista como los de Milán o Turín habían habilitado registros municipales para dar amparo legal a las cerca de 150.000 familias diversas que residen en Italia. Este parche administrativo resultaba vital para que el progenitor no biológico pudiera ejercer derechos básicos sobre el menor, tales como viajar al extranjero, inscribirlo en la escuela, autorizar vacunaciones o disponer de su custodia en caso de fallecimiento de la pareja. Sin embargo, el Ejecutivo de Meloni ordenó a todos los delegados del Gobierno en las regiones que prohibieran estos registros.

La cruzada institucional también se libra en el terreno educativo. En marzo de 2025, el Ministerio de Educación y Mérito de Italia prohibió a todos los centros educativos “el uso de símbolos gráficos de género neutro”. La medida se justificó bajo el argumento de que estos caracteres infringen las normas de la lengua italiana y “comprometen la claridad de las comunicaciones institucionales”.

Pese al asfixiante cerco gubernamental, los tribunales han comenzado a erigirse como el último dique de contención. En mayo de 2025, la justicia italiana marcó un importante hito al emitir un fallo que reconoce legalmente como madres a las parejas lesbianas que han recurrido a la fecundación in vitro en el extranjero, abriendo una grieta de esperanza frente a esta ola reaccionaria.

Frente al retroceso en Estados Unidos y la hostilidad institucional en Italia o Argentina, el mapa europeo arroja un símbolo de resistencia y cambio de ciclo político. Tras 16 años en el poder, la derrota electoral del ultranacionalista Viktor Orbán ha cerrado una de las etapas más oscuras para los derechos LGTBIQ+ en Hungría. Durante década y media, el colectivo fue el blanco prioritario de las políticas de Estado, enfrentándose a la prohibición de la adopción homoparental y a la aprobación de leyes que vinculaban la homosexualidad con la pedofilia. El intento fallido de Orbán de vetar la Marcha del Orgullo provocó un efecto boomerang que sacó a la calle a cerca de 380.000 personas.

Ese clima de represión institucional parece haber llegado a su fin. Este fin de semana, la 31ª Marcha del Orgullo de Budapest se celebró en una atmósfera radicalmente distinta. Pese a un calor extremo que rozó los 38º, decenas de miles de personas cruzaron el centro de la capital hasta el parque Vérmező sin enfrentarse a las trabas legales ni policiales de la época Orbán. “La situación es diferente a la del año pasado en el sentido de que ahora la policía tomó nota del evento de una manera legal. Lo que no ha habido en absoluto este año es miedo”, reivindicó Ede Balogh, portavoz de la organización. La marcha contó además con un importante respaldo, incluyendo la presencia de la comisaria europea de Igualdad, Hadja Lahbib, y del alcalde progresista de la capital, Gergely Karácsony.

Esta profunda brecha política y social queda retratada en el Rainbow Map 2026 de ILGA Europa, que ilustra cómo el escudo legal del colectivo depende drásticamente de la voluntad de los Estados. Mientras España lidera el ranking continental de protección con un 89%, los estragos de las políticas restrictivas hunden a la Italia de Meloni (24%) y a la propia Hungría (23%) en la franja de mayor vulnerabilidad. Un mapa que sirve de recordatorio de que los derechos conquistados son frágiles y que la diversidad sigue siendo castigada a escasos miles de kilómetros, con regímenes como Rusia y Azerbaiyán ocupando el último lugar de la tabla al garantizar apenas un 2% de los derechos humanos.

“Con el aumento de los discursos de odio y la violencia que actualmente existe, sí me siento reflejada en esa cifra”. Lo dice contundente Candy Brightman, una mujer trans que mira con preocupación los datos del informe que esta semana presentaba la Federación Estatal LGTBIQ+ (FELGTBI+) y que asegura que el 78% de las personas del colectivo teme por su integridad física y su igualdad por el auge de la ola reaccionaria.

Una realidad similar describe Tobías Conza, un hombre trans que admite que el miedo condiciona algunos aspectos de su rutina diaria. “Normalmente tengo miedo de ir a los baños de chicos. Cuando entro, tengo que fijarme en si hay mucha o poca gente. Es un miedo constante encontrarme con alguien transfóbico”, relata. Tobías considera además que el aumento de los discursos de odio es especialmente visible en el ámbito digital. “Creo que donde más se perciben es en las redes sociales, porque siempre es más fácil esconderse detrás de una pantalla y ejercer agresión hacia una persona”, afirma. 

Candy también considera que la deshumanización de las personas LGTBIQ+, y especialmente de las personas trans, ha aumentado en los últimos años: “Creo que se percibe más en los medios y en las redes sociales, donde se da voz a la desinformación y a los bulos sobre nuestras realidades”. Además, advierte del impacto psicológico de estos discursos: ”Ya no nos sentimos seguras de nuestro entorno y vivimos en una constante sensación de persecución y peligro”, explica a infoLibre.

Conza, también expresa su preocupación por los posibles retrocesos en los derechos del colectivo: “Todavía no se puede descansar, los derechos obtenidos se tienen que seguir peleando y nunca se tiene que bajar la guardia”. Por su parte, Brightman reconoce haber experimentado situaciones de discriminación cotidiana: “Me ha tocado lidiar con comentarios, insultos y miradas incómodas que, aunque parezcan pequeñas cosas, terminan desgastando tu estabilidad y mermando tu salud mental” y ha querido recordar que: “No vamos a ocultar nuestra existencia, para la comodidad de nadie”.

El estudio elaborado por la Federación Estatal en colaboración con el Instituto de Políticas y Bienes Públicos (IPP) se ha basado en 800 entrevistas en las que también se ha señalado como el 66% del colectivo percibe que la actual situación sociopolítica supone una amenaza para los derechos de todos los grupos en situación de vulnerabilidad. Pero no solo pone el foco en los problemas, sino que intenta buscar soluciones. Las medidas que el colectivo considera necesarias para combatir los discursos de odio pasan por reforzar la educación en diversidad sexual, de género, familiar y corporal, una opción respaldada por el 59% de las personas encuestadas. Además, el 51% apuesta por la aprobación de un Pacto de Estado contra los discursos de odio dirigido a proteger a los colectivos en situación de vulnerabilidad.

Para Marta Alonso, activista trans y miembro de la Comisión Ejecutiva de la Federación, el informe evidencia una situación “altamente preocupante. El nivel de percepción de miedo por la integridad física en las personas LGTBIQ+ está en cifras totalmente elevadas”. Alonso considera que el aumento de esta sensación de inseguridad no responde tanto a un cambio de actitud en la sociedad como a la legitimación de determinados discursos en el ámbito político. “No vemos que la sociedad sea hoy más reaccionaria que antes. Lo que vemos es que discursos que antes estaban desterrados de determinados espacios han pasado a ocupar instituciones y espacios políticos”, señala.

En su opinión, esta polarización termina trasladándose al conjunto de la sociedad. “Cuando el sistema político se polariza, esa polarización también llega a la ciudadanía. Se ha situado el foco sobre las personas LGTBIQ+ y se ha hecho creer a una parte de la sociedad que representamos una problemática que no es real”. Además, la representante de FELGTBI+ advierte de que esta situación tiene consecuencias directas en el día a día del colectivo: “Lo que nos está robando es la tranquilidad, porque nos quita la posibilidad de realizar nuestra rutina cotidiana con la normalidad y el sosiego con que cualquier otra persona puede hacerlo”, añade.

Candy lo tiene claro. "Las medidas más eficaces para acabar con la ola reaccionaria pasan por "educar a las nuevas generaciones en un mundo más inclusivo y respetuoso con las diversidades, además de legislar en base a los derechos humanos y garantizar el reconocimiento pleno de todas las personas”. La activista añade: “La visibilidad es imprescindible para que se conozcan nuestras realidades, mientras que las sanciones son necesarias cuando se atenta contra la dignidad, el reconocimiento o la integridad de las personas LGTBIQ+”.

Good luck, Babe! Estos días de reivindicación y de celebración tienen ritmo y letra de Chappell Roan para Eduardo Rubiño. El concejal de Más Madrid en uno de los grandes referentes políticos LGTBIQ+ y no para quieto ni un minuto durante la semana del Orgullo en Madrid. Pero su trabajo a favor de los derechos se prolonga durante un año. Sin descanso. 

Por eso, cree que es más necesario que nunca levantar con fuerza la bandera arcoíris en un momento en el que la ola reaccionaria atrapa gobiernos en todo el mundo. Y esa nube también amenaza España de cara a las próximas elecciones generales. Llama a la izquierda a seguir luchando. Queda todavía mucho por hacer. Y eso pasa, en opinión de Rubiño (Madrid, 1991) por reglamentar todas las leyes aprobadas y por poner el foco en que las escuelas sean espacios libres de odio. 

¿Por qué hay que salir a las calles en este Orgullo?

Hay una ofensiva reaccionaria en todo el mundo y es un momento decisivo para las libertades. Surgen gobiernos reaccionarios en todo el planeta que amenazan nuestra mera existencia. En España tenemos que defender nuestro legado, somos la envidia de Europa.

El Ayuntamiento de Madrid ha congelado el presupuesto para esta cita y se está imponiendo la parte capitalista durante estos días con precios de hoteles prohibitivos, por ejemplo. ¿Está el Orgullo en Madrid en un momento de inflexión?

Llevamos una larga temporada diciendo que nos están robando Madrid. El coste de la vida hace que nuestra ciudad ya no nos pertenezca, se expulsa a los vecinos. Y esto afecta también a la comunidad LGTBIQ+ y al propio Orgullo. A eso se suman la ofensiva reaccionaria y la erosión que conlleva de apoyos interesados que habían venido por parte de empresas, que ahora ya no quieren patrocinar. Estamos en un momento en el que estamos llamados a recuperar la reivindicación y la celebración cargando de contenido y reclamando el Orgullo como una parte de activismo ciudadano para impedir pasos atrás.

Otro año más sin que el Ayuntamiento de Madrid ponga en su fachada la bandera arcoíris, algo que ya está permitido por la justicia. ¿Hay homofobia institucional en Madrid?

Hay una jurisprudencia clarísima de que es legal colgar la bandera. El Tribunal Supremo ha especificado que es un símbolo que representa valores constitucionales. Esa excusa se acabó. Lo peor no es no colgar la bandera, sino que el Ayuntamiento de Madrid se carga las políticas que vienen detrás. El reconocimiento institucional es importante porque es un mensaje, pero se están recortando programas. 

El Orgullo de Madrid es el más multitudinario de Europa pero no veremos ni al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ni a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso. ¿Cómo lo interpreta?

Tienen alergia a todo lo que significa el movimiento LGTBQ+. El PP está en una pendiente de colonización ideológica por Vox y no quiere fotos que les reste apoyos en ese flanco. Refleja la hipocresía absoluta del PP, que presenta una campañita por la mañana y luego por la tarde se abstiene en la reforma para las penas de cárcel por las terapias de conversión. 

¿Qué le pareció la expresión de Jaime de los Santos en el Congreso de “soy del PP y maricón, orgullo de ambas cosas”?

El sumun de la hipocresía del PP. Nos tiene acostumbrados desde hace tiempo, Jaime lleva haciendo este numerito desde que lo conozco en la Asamblea. Siempre le contestamos que el problema no son las ideas que quiera tener, sino que su partido siempre está poniendo obstáculos a los avances. Él nunca ha sido capaz de alzar la voz en su partido contra esos que están recortando derechos LGTBIQ+, como ha pasado con las leyes en la Comunidad de Madrid. Es una incoherencia muy grande que disfrutes de esos derechos y luego le hagas el trabajo sucio a tu partido.

¿Qué supone que el Congreso haya aprobado esa ley para incluir penas de cárcel por las terapias de conversión?

Ha sido una batalla de bastantes años junto a asociaciones y víctimas. Hasta el momento había impunidad y eso se tenía que acabar. Una terapia de conversión es una de las situaciones más graves de violencia lgtbifóbica a las que se puede enfrentar una persona, ya que deja secuelas de por vida. Nos hubiera gustado una ley más ambiciosa, pero es una gran victoria.

Este Orgullo ya tiene un aire preelectoral después de que el presidente, Pedro Sánchez, haya abierto la puerta a adelantar los comicios si no hay presupuestos. Las encuestas arrojan ahora una mayoría absoluta del PP y de Vox. ¿Están amenazados los derechos LGTBIQ+ en ese escenario?

Claramente sí. Sólo hay que escuchar a Vox, que ha puesto en la diana a las personas LGTBIQ+ y tiene un programa para triturar los avances. Pero también hay que escuchar a Feijóo, que ha dicho claramente que quiere derogar la ley trans. En la Comunidad de Madrid el PP no ha necesitado pactar con Vox para recortar leyes. 

¿Qué responde a los que siguen con la cantinela de que no hay un Orgullo Hetero?

El Orgullo Hetero es 364 días al año. Hemos avanzado mucho y vivimos en una sociedad más diversa y libre, pero el Orgullo viene a reivindicar que también nos pertenece la sociedad a los que no encajamos en las normas. Es muy importante que sea una reivindicación y una fiesta. Hay que hacer un llamamiento a toda la sociedad, los heterosexuales tienen que venir al Orgullo también.

Las agresiones al colectivo se han duplicado este año, según el último estudio de la Federación Estatal LGTBIQ+. ¿Por qué?

Las agresiones han aumentado en la medida en que hay más discursos de odio cada vez más legitimados a través de las redes, en los parlamentos y en las instituciones que envalentonan a los matones. Hay fuerzas políticas que están echando gasolina. Hubo hace unos meses una agresión terrible en las puertas del Teatro del Barrio, en Madrid, y las víctimas me cuentan que siguen con mucho miedo y que tienen que contar con ayuda psicológica. No solo duelen los golpes. No hay que victimizarse, pero muchas personas LGTBIQ+ están viendo cómo la seguridad está ahora en cuestión.

¿Qué medidas legales son necesarias para avanzar?

Hay un reto: reglamentar las leyes que tenemos en nuestro país. Y es más importante que nunca poner el acento en la educación. Se debe trabajar en convivencia y en generar espacios libres de odio en las escuelas. 

No ha habido en España un candidato abiertamente LGTBIQ+ a las elecciones generales. ¿No está preparado el país?

Sí lo está. Y lo veremos. La sociedad española tiene muchos referentes culturales, sociales y políticos. Empezamos a jugar esta partida sin tener que pedirle permiso a nadie. 

¿Por qué las personas trans, dentro del colectivo, siguen siendo el principal objetivo de la ultraderecha?

Las han tomado como un chivo expiatorio, junto a los migrantes y las mujeres. Han encontrado en las personas trans un punto vulnerable en el que concentrar el odio. Hay que hacer de las reivindicaciones de las personas trans un asunto central en la agenda del movimiento. Y es más importante que nunca en la izquierda que no haya ninguna duda de que estas banderas no se pueden bajar. Mamdani ha demostrado en Nueva York cómo se puede perfectamente armar un discurso para la Alcaldía basado en el coste de la vida y en la necesidad de regular el alquiler al mismo tiempo que dice que va a convertir la ciudad en un santuario LGTBIQ+ y a reivindicar figuras como la de Sylvia Rivera. La izquierda no puede bajar esa bandera y tiene que entender que es una línea central en la batalla cultural.

Hay sectores de la izquierda que están planteando un debate sobre que se ha ido demasiado lejos en temas como los derechos LGTBIQ+ y de las mujeres y que se ha olvidado a la clase obrera y a los chicos jóvenes. ¿Están comprando parte del discurso de las derechas?

Es una falsa dicotomía de libro. La comunidad LGTBIQ+ también es precaria y sufre el coste de la vida. También tiene miedo de que un fondo buitre le eche de su casa. Esas agendas tienen que ir de la mano. No cabe duda en ese sentido. ¿Quién lidera la agenda oculta? Gente como Elon Musk y Donald Trump, que comparten odio hacia las personas del colectivo y a los woke. Son ultramillonarios que tienen una agenda neoliberal agresiva a favor de las grandes multinacionales. 

El test del Orgullo…

Una serie: Compañeros de ruta

Una película: Este cuerpo mío, de Carolina Yuste y Afioco Gnecco

Un artista: Rodrigo Cuevas

Una canción: Good luck babe!, de Chappel Roan

Un libro: Me dibujaron así. Por qué el mundo odia la feminidad, de Noemí López Trujillo

Miles de personas se echan a las calles este sábado en Madrid. Desde Atocha hasta Colón. Es la manifestación más multitudinaria en toda Europa a favor de los derechos LGTBIQ+. En el recorrido no verán la bandera del arcoíris en la fachada del Ayuntamiento, pero sí en pegatinas en las papeleras. Toda una metáfora de lo que está sucediendo: la ola conservadora avanza con recortes y solo busca una celebración capitalista y consumista.

Por eso, este año la semana del Orgullo de Madrid se desarrolla bajo el lema “Orgullo Ciudadano”, un término acuñado por el histórico activista y político socialista Pedro Zerolo y que es una apelación directa a toda la sociedad para la conquista, celebración y conservación de los derechos civiles. 

Porque este Orgullo es vital para el colectivo en un momento en el que las derechas están al alza, con la mayoría de encuestas pronosticando una mayoría absoluta en las próximas elecciones generales, y en un contexto en el que los derechos LGTBIQ+ están amenazados por los movimientos ultras.

La marcha del Orgullo tiene este año una gran carga política en el aspecto reivindicativo y de pancarta, mayor que el componente festivo de las carrozas. Y es que pesa especialmente, como señalan los organizadores, la situación que se está viviendo: “Retroceso en derechos civiles, discursos y políticas extremistas y excluyentes en ese nuevo orden mundial que nos quieren imponer”.

“¡A las calles con orgullo! Disidencia y resistencia” es el lema concreto de la propia manifestación. Los organizadores defienden en su manifiesto que tiene más sentido que nunca la concentración como “herramienta” para la conquista de derechos: “Este año es fundamental salir a la calle porque las agresiones contra personas LGTBIQ+ se han triplicado en solo dos años. Solo a través de la movilización ciudadana podemos seguir avanzando hacia la igualdad real y efectiva. Ya no basta con no retroceder, es imperativo seguir avanzando en derechos para blindarnos frente al odio organizado”.

El espíritu del Orgullo de este año pasa por esta idea de MADO (la organización del Orgullo): “No hemos alcanzado la plena igualdad. Nos señalan, nos echan de casa, nos acosan, nos insultan, nos discriminan y nos agreden. Estamos hartas de estereotipos, de que nos sexualicen, de vernos obligadas a dejar nuestros pueblos, de que nuestras familias no aparezcan en los libros de texto. Hartas de esconder la pluma, de que nos borren, de tener que salvar mil obstáculos para tener una documentación que refleje nuestra identidad, hartas de tener que exigir que se cumplan nuestros derechos. El Orgullo es ahora. Y es urgente. Nuestra fuerza está en la calle y por eso hay que hacerla nuestra. Los tiempos del resistir han terminado, hay que seguir caminando y cada paso cuenta, suma el tuyo y vamos a por el siguiente”.

Ese sentimiento contrasta con la homofobia institucional que sufre el Orgullo de Madrid, a pesar de ser el más grande de toda Europa. Una vez más, el Ayuntamiento de Madrid ha congelado su aportación económica y el alcalde de la ciudad, José Luis Martínez-Almeida, ha vuelto a dar la espalda al evento, sin participar en ninguno de los grandes actos. Lo mismo sucede con la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, que ha sido la primera dirigente en la historia democrática en recortar derechos recogidos en leyes, aunque finalmente el recurso del Gobierno ante el Tribunal Constitucional frenó la involución en las leyes LGTBIQ+ de la Comunidad de Madrid, que habían sido aprobadas paradójicamente por Cristina Cifuentes (Partido Popular).

El Orgullo de Madrid quiere marcar este 2026 un punto de inflexión en un momento en el que el aire reivindicativo está quedando en un segundo plano para ser absorbido por el pinkwashing que hacen muchas empresas y algunas instituciones y partidos como el PP. Algo que cristaliza en esta situación: en los orígenes, se escogió como fecha para su celebración los días de principios de julio porque era temporada baja turística en Madrid y esto permitía que pudieran ir activistas de todas las partes de España para encontrarse. Ahora los precios de las habitaciones de hotel son prohibitivos en la capital durante estos días, lo que dificulta que puedan acercarse personas de todo el país, especialmente los jóvenes.

Esa carga política está más viva que nunca este año. Los actos en Madrid se producen apenas una semana después de la histórica votación en el Congreso, a propuesta del PSOE, por la que ha salido adelante una proposición de ley para que se incorporen penas de cárcel por las denominadas terapias de conversión para personas LGTBIQ+. La norma logró mayoría absoluta en el Parlamento, a pesar de que el PP se abstuvo de manera cosmética (en la fase de comisión se opusieron y sus votos no fueron necesarios en Pleno) y del ‘no’ de la ultraderecha. 

El debate que tuvo lugar en la Carrera de San Jerónimo sirvió para retratar el doble discurso del PP. Desde la tribuna, el diputado popular Jaime de los Santos exclamó: “Soy del PP y soy maricón. Y me siento muy orgulloso de ambas cosas”. Así le contestó el parlamentario y responsable LGTBI del PSOE, Víctor Gutiérrez: “Hoy es el día de las víctimas, no le voy a hacer protagonista. Pero usted es una vergüenza para el colectivo. Hoy se ha puesto al lado de Vox. Se pone al lado de seguir ejerciendo la violencia. Yo también soy maricón y orgulloso de estar en el lado correcto de la historia”. 

El Partido Popular se ha postulado en contra de todos los avances históricos del colectivo logrados en el Parlamento: votó en contra del matrimonio igualitario impulsado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, recurrió esa norma ante el propio Tribunal Constitucional, rechazó la ley trans y ha eliminado consejerías y concejalías de Igualdad en toda España a raíz de sus pactos con Vox.

El PSOE durante estos días, por ejemplo, ha impulsado una campaña para recoger firmas de ciudadanos para que los ayuntamientos del PP y de Vox vuelvan a izar las banderas arcoíris en sus fachadas porque muchos lo están evitando: “Una clara señal de que pretenden revertir los derechos que tanto nos ha costado conseguir para que estén al alcance de todos”.

La izquierda es consciente de que las próximas elecciones generales serán esenciales para el colectivo LGTBIQ+, cuyos derechos están amenazados por el frente del Partido Popular y de Vox. Desde el PSOE subrayan que este año, por primera vez, España ha sido reconocida por ILGA-Europe como el país europeo con mejores leyes y políticas públicas en materia LGTBI, alcanzando un cumplimiento cercano al 89% en el conocido como Rainbow Map. De esta manera, se ha superado a Malta, que durante una década había liderado esta clasificación. 

Pero el camino está incompleto. Por eso, desde el Gobierno se sigue marcando una hoja de ruta que pasa por reforzar la prevención de los delitos de odio, mejorar la atención a las víctimas, impulsar la formación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y del ámbito judicial, garantizar la educación en diversidad, combatir la LGTBIfobia en el trabajo y proteger a las personas trans.

Cada año, desde que recuerdo, cuando llega el Orgullo, surgen dos tipos de críticas que vienen de nuestro lado. Y yo, cada año, las contesto (inútilmente) porque convivo con un bichito que no me permite desentenderme de algunas cuestiones. Las críticas son de dos tipos: no hay nada que celebrar porque la consecución de la igualdad legal (especialmente el matrimonio, pero no sólo) es una conquista de corte conservador (con sus correspondientes críticas a los colectivos “institucionalizados”) y el Orgullo se ha comercializado y no es reivindicativo. Es difícil responder a estas dos cuestiones de manera breve. Voy a intentarlo.

1- ¿Hay que celebrar el matrimonio igualitario? Soy de la opinión de que las críticas al matrimonio son casi siempre anacrónicas, injustas y poco pensadas. Tradicionalmente el matrimonio servía, fundamentalmente, para tres cosas: asegurar la descendencia legítima y así transmitir la herencia, es decir, la propiedad privada; apropiarse del trabajo reproductivo y sexual de las mujeres y, por último, naturalizar y privilegiar la heterosexualidad. La lucha de las mujeres ha terminado con la identificación entre las dos primeras cosas y el contrato matrimonial. Ya no hay hijos matrimoniales ni no matrimoniales y la herencia se transmite por igual, sin que el matrimonio tenga importancia. Además, ahora se trata de un contrato civil formalmente igualitario entre hombres y mujeres y es fácilmente anulable. Por último, con el matrimonio igualitario cayó el privilegio heterosexual. Esto no quiere decir, obviamente, que se haya acabado con la propiedad privada, la herencia o la apropiación del trabajo y la sexualidad de las mujeres, sino que esto ya no se sustenta en el contrato, sino en la institución familiar, que puede ser matrimonial o no. Y de la que ya sabemos que, además de sustentada en las leyes, se apoya en un entramado emocional y de construcción subjetiva que es más difícil de romper que cualquier contrato.

Es evidente que cuando el contrato matrimonial dejó de ser útil se ha ido desdibujando y su influencia decayendo. Esto hace que haya ya países europeos en los que hay más parejas que conviven sin casarse que casadas y las familias, en todo caso, han sufrido un proceso de diversificación y ensanchamiento que sólo desde posiciones muy dogmáticas es criticable. Con el matrimonio se podrían hacer aún más cosas como permitir que lo puedan contraer más de dos personas o que pueda extenderse a relaciones que no sean sexoafectivas. Pero para que eso ocurra, tiene que haber demanda y activismo en ese sentido. Por ahora no ocurre, pero quién sabe mañana porque cuando se ensanchan los márgenes… se abre un enorme espacio.

No creo que la misma gente que nos dice que no hay nada que celebrar en la consecución del matrimonio igualitario dijera eso mismo de la derogación de la prohibición del matrimonio interracial, por ejemplo, o de las leyes que permitieron que las mujeres pudieran conservar sus bienes al casarse o ser iguales ante el divorcio. No sé por qué razón siempre se exige a los colectivos más débiles ser el faro moral de la izquierda. Finalmente, creo que el hecho de que el matrimonio igualitario (después de décadas de avances de las mujeres) acabara con el privilegio de la heterosexualidad, que fuera una victoria tan rotunda y tan rápida, tiene mucho que ver con la reacción familiarista de la extrema derecha en todo el mundo. Estoy convencida de que no pensaban perder esta batalla de manera tan estrepitosa y tan rápidamente.

2- El Orgullo de Madrid, que es estatal por decisión de los colectivos, es uno de los más reivindicativos del mundo. Y yo he estado en muchísimos. Sólo puede quejarse de lo contrario quien no ha visitado otros o si lo hace con mala fe. Sólo le ganan aquellos que se producen en condiciones de auténtica represión, como el de Budapest del año pasado. Es el que deja más espacio a los colectivos y asociaciones reivindicativas y a la política. Las asociaciones marchan siempre en primer lugar y constituyen el grueso de la manifestación. Después van asociaciones y ONG de derechos humanos. Luego van partidos políticos y, por fin, carrozas, unas asociadas a marcas comerciales y otras no. Cuando la cabecera, que siempre lleva un lema político, y donde marchan activistas y partidos políticos en señal de compromiso, llega al final se lee un manifiesto reivindicativo, político y consensuado. Antes de eso se han leído manifiestos reivindicativos en diversos actos. Todo esto no existe en la mayoría de los países que celebran orgullos.

3- Hay muchos orgullos y todos son necesarios. Los hay críticos, autonómicos, ciudadanos, de pueblo…Hoy estamos, de nuevo, en modo resistencia y, aun así, celebramos. La oposición reivindicación/celebración a estas alturas no tiene mucho sentido. No hay nada más político (y necesario) que seguir teniendo ese día para celebrar y echarnos a la calle. Celebrar lo que se ha conseguido, celebrar lo que somos, celebrar la memoria y la genealogía, celebrar que, al ser visibles y orgullosas, vencemos a la injuria, como decía el otro día Didier Eribon. Al celebrar, reivindicamos, desde la memoria de lo que hemos sido, al futuro de lo que queremos ser.

Como activista que ha estado muchos años en primera línea, puedo asegurar que el Orgullo ha sido una herramienta fundamental de la lucha y que, si no hubiera sido por su masividad e internacionalización, algunas cosas hubieran sido mucho más difíciles. Ignorar ahora el contexto internacional y lo que se está preparando contra las personas LGTBI en todo el mundo, por parte de la extrema derecha, es un suicidio. La manifestación del Orgullo tiene la capacidad de convertirse en un muro frente al fascismo, ya lo ha sido en el pasado. Lo fue en Budapest en 2025.

4- Las críticas al llamado activismo institucional siempre me han parecido injustas y un poco elitistas. Hay muchas maneras de ser activista y todas son necesarias, pero el activismo que trata con las instituciones, que las enfrenta, que negocia y arranca compromisos, que se manifiesta, sigue siendo necesario (no sólo LGTBI+, sino cualquier otro: ambiental, por la sanidad, la educación, los derechos laborales, el feminista etc.). Convivir con las instituciones es perfectamente compatible con estar en la calle, en la protesta permanente cuando es necesario y con mantener posturas muy críticas. Véase, por ejemplo, la lucha de los activistas gays contra el SIDA: barricadas y negociaciones a partes iguales. Alguien ha estado negociando con los partidos políticos para que presentaran, y finalmente saliera adelante, la ley que prohíbe con penas de cárcel las terapias de conversión de la semana pasada. Alguien trabaja día a día (y recordemos que los colectivos LGTBI españoles son de los pocos que no pagan sueldos a los activistas que se dedican a ello casi full time) para que salgan adelante medidas y leyes que hoy consideramos imprescindibles y de las que, posiblemente, también se beneficien las y los críticos. Francamente, a no ser que renunciemos a cualquier trato con las instituciones, a cualquier ley o mejora legal, que decidamos vivir sin eso y no usar nunca ninguno de los derechos conseguidos… alguien ha hecho por los demás ese trabajo. Merece, como poco, respeto.

5- Lo anterior está relacionado con cierta romantización de los márgenes en la que a veces caemos. La relación en política (y en la vida) entre centro y periferia, entre adentro y afuera, es compleja y no lineal. Los márgenes son lugares de creación y de potencia política, pero también de un enorme sufrimiento que nadie quiere para sí a no ser que tenga una llave de seguridad en el bolsillo para poder entrar en la ciudad cuando la cosa se pone difícil. La mayoría de la gente prefiere estar a cubierto que fuera, a la intemperie. La tensión entre la norma y los márgenes es en parte irresoluble porque cualquier lucha pro-derechos es una lucha por la integración. Sin entrar en debates filosóficos complejos, la batalla hoy es por ensanchar los márgenes lo más posible y diluir la tensión entre ambos espacios. Pero creo que hay que tener mucho cuidado con romantizar los márgenes desde posiciones de privilegio. Basta con viajar a países en donde las personas LGTBI están perseguidas o fuertemente discriminadas, donde viven en situación de enorme violencia, de peligro, para reconocer que la aspiración por vivir en la norma, por ser aceptados, queridos, por tener un trabajo y una vida dignas, es legítima.

6- Y por fin la eterna discusión sobre el Orgullo y el capitalismo…, esa hidra de mil cabezas que cuando crees que has cortado una, le crece otra. ¿Qué decir? Es cierto que el capitalismo lo coopta todo y que desactiva la radicalidad de las luchas. Cuando Disney incluye a una princesa negra entre sus personajes… ¿eso es una victoria del antirracismo y del derecho a la representación pública y el reconocimiento o es una derrota del anticapitalismo? Seguramente sea ambas cosas, pero es posible también que la victoria final esté hecha de pequeñas victorias parciales.

Por otra parte… las marcas van y vienen, pero nosotras seguimos ahí. Las mismas marcas que sacaban las banderas arcoíris y forraban sus fachadas de colores, hoy han desaparecido. Y no, esta desaparición no es una victoria del anticapitalismo, sino de la extrema derecha que pone en riesgo nuestras vidas. En Budapest, el año pasado, con Orbán amenazando el Orgullo, se manifestaron un millón de personas y no hubo ni una sola carroza. Las marcas no están cuando la cosa se pone fea. Un año después, no está Orbán, pero ya hay carrozas en Budapest. Las marcas y la comercialización son más un síntoma del mundo en que vivimos que una derrota.

7- Termino diciendo que sé, porque he estado ahí, que organizar esa enorme manifestación y todo lo que conlleva es muy complicado y que hay cosas que no puedes mover sin que se te caiga todo el entramado. Hoy comparto muchas de las críticas que se le hacen y, si de mí dependiera, quizá intentaría cambiar cosas. Pero también sé que desde fuera es muy fácil decirlo. Es normal estar en desacuerdo con decisiones que toman otros; al fin y al cabo, los organizadores del Orgullo son organizaciones democráticas con diferentes liderazgos y formas de hacer las cosas. Es normal discrepar, incluso mucho, de algunas de ellas.

Pero el Orgullo sigue siendo un día en que salimos a la calle, juntas, para expresar que ponemos pie en pared ante cualquier retroceso, que somos muchas y visibles, que sabemos que en gran parte del mundo ser una persona LGTBI+ sigue siendo una condena y que mientras la igualdad, la libertad y la dignidad no lleguen a todas las personas, tenemos que seguir saliendo a reivindicar, y a celebrar también, que sin nosotras y nosotros no hay democracia ni la posibilidad siquiera de pensar en un mundo mejor.

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Beatriz Gimeno es exdirectora del Instituto de las Mujeres.

Hace dos años, el Orgullo de Santa María de los Llanos (Cuenca) se llenó de asistentes ataviados con orejas de conejo. Apenas unos días antes, un vecino del pueblo había compartido en redes sociales su preocupación: "Estos días va a haber más maricones que conejos", se lamentaba. El municipio conquense, habitado por poco más de 600 personas, tiene una sobrepoblación de liebres, una suerte de plaga que afecta severamente a la comarca. La respuesta al disgusto expresado por el vecino fue masiva: "La gente del pueblo empezó a hacer manualidades y creó diademas con orejas de conejo para que todos fuéramos así".

Lo cuenta Noelia al otro lado del teléfono, orgullosa de la capacidad para transformar la hostilidad en combustible. Noelia vive en realidad en Pedro Muñoz (Ciudad Real), pero se encarga de coordinar, como parte de la Asociación Plural LGTBIQA+ Mancha Centro, movilizaciones y actos en distintos pueblos de la comunidad. 

La activista conoce bien las particularidades de organizarse en un mundo rural al que a veces no llegan los recursos, donde muchos desean no ser vistos y otros tantos esperan la oportunidad para señalar a quien tienen al lado. La entidad en la que participa ha conseguido, en los últimos años, llegar a siete pueblos –Villafranca de los Caballeros, Campo de Criptana, Herencia, La Puebla de Almoradiel, Santa María de los Llanos, Alcázar de San Juan y Villacañas–, pero en muchos otros se han topado con un muro infranqueable. "Se nos quedan pueblos en medio, como el mío", lamenta. A veces no basta ni todo el empeño del mundo. 

Noelia presume de ser visible en todas las esferas de su vida, no solo por el discurso que abandera, sino también por los símbolos de los que hace gala. Ella que trabaja con menores sabe bien de la importancia que tienen los gestos, los espejos donde uno pueda reconocerse y la imperiosa necesidad de construir espacios seguros para tender la mano a quien pueda necesitarlo. 

Contar con lugares seguros fue un salvavidas para Sergio. Forma parte de la Asociación Diversas, una organización que nace hace diez años en el norte de Tenerife. El activista trabaja en el Valle de la Orotava, una zona que comprende tres municipios: La Orotava, Los Realejos y Puerto de la Cruz. Sergio habita en el segundo y conoce a la perfección lo que es salir del armario teniendo que sortear las miradas de quienes hasta ese momento no se habían molestado en dirigirle la palabra. "Recuerdo perfectamente cómo se me perseguía al grito de maricón", comparte. Tenía 14 años y pocos alicientes para expresarse con la normalidad que habría deseado.

Pero sí contó con algunos sostenes. Apenas una semana después de salir del armario, el tinerfeño leyó una noticia en el periódico: su pueblo se declaraba municipio libre de LGTBIfobia. "Creo que mi adolescencia no habría sido igual si yo fuera de una gran ciudad, pero con el paso del tiempo me he dado cuenta de que nunca he querido irme de aquí. El hecho de vivir en un pueblo donde estos temas se trabajaban me ayudó salir de esa espiral de odio". 

En Cedeira (A Coruña), la normalidad brotó en los bares, las plazas y los mercados gracias a un grupo de amigas decididas a organizarse. "Queríamos que pasaran cosas", resume Ánxela. Así que llenaron todos los "espacios de socialización" de banderas, charlas y recitales, hasta el nacimiento hace dos años del primer Cedeira Queer. "Ocupamos todo el pueblo, fue hermoso", recuerda hoy la activista. Aquel grupo de amigas construyó con sus propias manos la organización Mestas Cedeira.

Ánxela nació en el municipio costero de Muros, pero terminaría pasando gran parte de su vida en A Coruña, "un núcleo más grande en el que es más fácil pasar desapercibida". Hace cinco años que vive en Cedeira y desde entonces no ha dejado de pensar en la necesidad de crear algo tan sencillo y valioso como puntos de encuentro para la comunidad LGTBIQ+. Conoció a sus compañeras en un acto institucional a iniciativa del concello y enseguida prendió la mecha. "Fuimos a la llamada porque confiamos en encontrar a otras personas del colectivo. Surgió una amistad maravillosa y empezamos a planear cosas". 

La acogida fue inmediata: "Mucha gente del pueblo que no es del colectivo se acerca porque quieren aprender, escuchar y apoyar", presume la activista. También las personas mayores, especialmente fieles a las actividades que organizan. "Ver a dos señoras jubiladas en una charla sobre no monogamias y perspectiva LGTBI es una maravilla". 

Sobre iniciativas que nacen de encuentros informales saben algo Bebi y Claudia. Sus circunstancias son del todo extraordinarias: en la pedanía de La Alberguería (Salamanca) están censadas algo menos de medio centenar de personas, pero solo residen ellas dos. "Si el total de la población es gay, por qué no íbamos a tener nuestro propio Orgullo", relata Bebi. Así fue como nació el festival la Albergayría, sufragado en su totalidad por la pareja. 

La iniciativa caló entre los vecinos de los municipios colindantes. Hasta tal punto que "casi todo el mundo colabora voluntariamente, los negocios de alrededor donan bebidas, comidas y productos para el bingo". El pueblo se tiñe de arcoíris, batucadas, espectáculos drag y mucha reivindicación. Bebi confía en poder reeditar el éxito este año, incluso superarlo. "Que se vea que no pasa nada, que en las zonas rurales, incluso en la Castilla profunda, se puede vivir con libertad". 

Se trata, al fin y al cabo, de hacer más habitable la vida de quienes "viven en los márgenes de los márgenes", asiente Sergio. Y de allanar el camino a todo aquel que lo necesite. "Yo pasé de decirle a mi madre que era gay y que llorase sin parar, a ir acompañado de ella a las manifestaciones del Orgullo", zanja.

En Gay Bar. Fragmentos de aquellas fiestas, el estadounidense Jeremy Artheton Lin reconstruye, a través de sus historias personales y llevando al lector a otras épocas, la importancia que tuvieron los bares gais como espacios donde generaciones enteras pudieron imaginar otras formas de vida. Publicado originalmente en inglés en 2021, el libro acaba de llegar a las librerías españolas de la mano de Capitán Swing, con traducción de María Porras. En esta entrevista con infoLibre, el autor reflexiona sobre la desaparición de estos lugares, la memoria queer y los desafíos que afronta hoy la comunidad LGTBIQ+.

¿Qué le impulsó a escribir Gay Bar. Fragmentos de aquellas fiestas? 

El libro se publicó en inglés en 2021 y, en los años previos, en Londres, donde vivía entonces, los bares gais estaban cerrando a gran velocidad, igual que en muchas otras partes del mundo. Era una pena, porque habían sido espacios seguros, centros de comunidad y activismo. Pero también quería examinar la complejidad de esas experiencias. Quería escribir un libro que incluyera una historia cultural, pero que estuviera profundamente anclado en mis propias experiencias.

En su libro, transporta al lector a otras épocas. ¿Le ha costado mucho investigar cómo eran esos bares gais y qué situaciones se habían producido en ellos? ¿Qué fue lo más difícil?

Lo más difícil fue darme cuenta, a mitad del proceso, de que había elegido como objeto de estudio negocios privados. Pero, sinceramente, la mayor parte del tiempo me estaba divirtiendo mucho. Suelo rebuscar en informes policiales, sentencias judiciales y, en el caso de Gay Bar, también en documentos de protección patrimonial que defendían que ciertos edificios fueran reconocidos por su valor histórico. A simple vista parecen documentos aburridos, pero están llenos de sorpresas.

Mi trabajo consiste en destilar todo eso y encontrar los momentos que revelan hipocresías, dobles raseros, incomodidades morales o mecanismos de chivo expiatorio. Si estoy en un archivo y me encuentro riéndome ante lo absurdo de algo que está escrito en un informe policial, sé que probablemente pertenece al libro. El humor impide que la historia se convierta en una narración lineal de “antes todo era peor y ahora todo es mejor”. La realidad es mucho más caótica y compleja, y el humor la humaniza.

Si pudiera rescatar un solo lugar histórico mencionado en el libro y preservarlo para siempre, ¿cuál sería y por qué?

Probablemente elegiría un bar de San Francisco llamado El Rio. Siempre me ha parecido un espacio construido desde abajo, desde la comunidad, y no desde los inversores. Ha acogido noches y eventos dirigidos a personas de identidades sexuales y de género muy distintas, pero también a personas procedentes de posiciones sociales muy diversas. Es un lugar genuinamente diverso y también un poco desaliñado, en el mejor sentido de la palabra. No es un espacio asociado a una gran narrativa histórica, sino a algo más silencioso pero constante: permitir que la gente se sienta auténtica.

En el libro muestra cómo esos espacios eran racistas, clasistas o excluyentes. ¿Hasta qué punto se corre el riesgo de idealizar aquellos bares?

Precisamente quería evitar idealizar esos espacios. Quería celebrar lo que significaron, pero también mostrar sus contradicciones. El problema es que los medios suelen simplificar las historias. Recuerdo una entrevista en la que hablé de un bar de Los Ángeles que había sido un lugar de libertad, pero también de sus políticas sexistas, racistas y transfóbicas. En la emisión eliminaron esa segunda parte y luego pusieron música disco. Por eso sigo defendiendo los libros frente a formatos más rápidos: hacen falta espacio y tiempo para abordar estos asuntos. 

¿Qué función cumplen estos bares que no pueden cumplir las redes sociales o las aplicaciones?

Las redes y las aplicaciones nos empujan a convertirnos en mercancía. Presentamos una única imagen de nosotros mismos. Creamos una versión de nosotros que queda encerrada tras un cristal. Además, los encuentros se producen a partir de criterios preseleccionados, y todos sabemos que la realidad no funciona así. A veces la conexión surge por una sorpresa, por una forma de reír, por un olor, por algo vivo que ocurre en el espacio compartido y no hablo sólo de relaciones románticas. 

Si pudiera diseñar hoy un bar gay, ¿cómo sería? ¿Qué tendría que conservar necesariamente de los viejos bares para seguir siendo un espacio queer?

Bueno, ahora soy mayor y, en cierto modo, ya estoy retirado de la vida nocturna. Mi bar gay ideal sería casi un chiringuito de playa. Un lugar relajado donde lo importante fueran la música y la forma en que la gente se reúne, más que la estética. Cuando empecé a salir por los bares, esos espacios reflejaban el miedo al sida, todo era blanco, impecable y obsesionado con la apariencia saludable. Hoy diseñaría un lugar más orgánico, cálido e imperfecto, con madera en lugar de plástico. Un espacio más humano, donde la música siguiera siendo el punto de partida.

Actualmente, si tuviera que destacar una tensión o problemática de la comunidad queer, ¿cuál sería?

Hay dos cuestiones que me preocupan especialmente. La primera es el uso de las personas trans como chivo expiatorio en Reino Unido y Estados Unidos dentro de un movimiento político claramente regresivo. La segunda, que abordo también en mi próximo libro,Deep House, es cómo se suele hablar de inmigración y de diversidad sexual como si fueran asuntos separados. Pero hay muchísimas personas que se encuentran atrapadas en ambas realidades: son queer y, al mismo tiempo, tienen la necesidad de cruzar fronteras o migrar.

¿Cree que esas nuevas generaciones no entienden el mundo que han heredado?

Creo que tendemos a idealizar el pasado y a buscar héroes perfectos, cuando el progreso siempre ha llegado a través de contradicciones y giros inesperados. Además, muchas de estas luchas son mucho más recientes de lo que pensamos. En mi próximo libro hablo del caso Lawrence contra Texas, que anuló las leyes contra la sodomía en Estados Unidos en 2003. Mientras se esperaba esa sentencia, mis amigos y yo escuchábamos Milkshake, de Kelis. Me gusta recordar ejemplos como ese porque muestran hasta qué punto estas luchas siguen estando muy cerca de nosotros.

La normalización del matrimonio igualitario y su aceptación social han sido victorias históricas en algunos países, ¿qué aspectos de la vida gay han quedado neutralizados por esas mismas victorias?

La asimilación nunca fue realmente el objetivo de muchos movimientos por los derechos civiles. Por ejemplo, una de las primeras parejas que reclamó el reconocimiento federal de su matrimonio lo hizo por motivos migratorios, no porque defendiera la institución matrimonial, sino porque era una vía para alcanzar la igualdad. Hoy muchas personas queer siguen priorizando la solidaridad con otros colectivos que sufren injusticias. Esa solidaridad es una forma de evitar que la integración se convierta simplemente en una adaptación a las normas sociales dominantes.

En el libro destaca la historia de Kavumarz Anklesaria, asesinado a golpes por sonreír en el año 1980. ¿La homofobia castiga a los homosexuales o castiga cualquier desviación de la masculinidad normativa?

Ese episodio me recuerda que la identidad social no depende solo de cómo nos definimos nosotros mismos, sino también de lo que otros proyectan sobre nosotros. Me impactó descubrir en los archivos cómo una identidad equivocadamente atribuida podía tener esas consecuencias. Aquel hombre fue considerado homosexual y agredido simplemente por sonreír en público. Creo que, en memoria de él y de tantas otras personas, debemos recordar que nuestras preocupaciones sociales nunca pertenecen a una sola categoría; todas están conectadas con las experiencias de los demás.

Después de recorrer tantos bares, ciudades, historias y generaciones, ¿qué cree que estaba buscando realmente el joven Jeremy cuando entró por primera vez en un bar gay, es decir, sexo, amor, identidad, comunidad o algo que todavía no sabía nombrar?

Creo que una de las cosas importantes del libro es que yo no decidí ir solo al bar, me llevaron. A menudo son las personas que nos rodean quienes nos identifican antes incluso de que comprendamos plenamente nuestra propia identidad. Yo tenía curiosidad, y esa curiosidad fue el comienzo de todo. Durante un tiempo, las conversaciones sobre género y orientación sexual parecían centrarse solo en la identidad o la comunidad, pero creo que son precisamente nuestros deseos y pasiones los que generan formas inesperadas de comunidad. Entras en esos espacios buscando una cosa y acabas encontrando otra. Lo importante son los encuentros con otras personas.

"Me gustaría que algún día nos expliquen cómo van a llevar una competencia que se llama Diversidad en el Gobierno autonómico". Las palabras las pronunciaba hace apenas una semana el presidente de la Diputación de Segovia, el conservador Miguel Ángel de Vicente, dirigiéndose al diputado de Vox Pedro María Varela. Lo hacía después de que la formación ultra votara en contra de aprobar una moción para condenar los discursos de odio contra el colectivo LGTBIQ+.

La preocupación expresada en sede parlamentaria es en realidad compartida: ¿en qué lugar dejan los pactos con la extrema derecha a la comunidad LGTBIQ+? Pero quien la verbaliza está, al mismo tiempo, haciendo gala de sus propias contradicciones: estrechar primero la mano de la extrema derecha, para después alarmarse con sus de sobra conocidas posiciones ideológicas. Si Vox lleva el timón de las políticas sociales en Castilla y León es gracias a los acuerdos con los conservadores, quienes no se han preguntado hasta ahora "cómo van a llevar una competencia que se llama diversidad".

Sucede en suelo castellanoleonés, pero son varias las comunidades en las que el colectivo camina en vilo hacia su fecha más importante, temeroso de perder los derechos conquistados y en una suerte de calma tensa, consciente de que cualquier paso en falso puede hacerle retroceder décadas. 

El PP y Vox se han vuelto a dar la mano con una serie de pactos autonómicos rubricados en los últimos meses en cuatro regiones: Castilla y León, Extremadura, Aragón y Andalucía. Ambas fuerzas han resituado sus prioridades y estrategias, reduciendo las discrepancias públicas y buscando, en términos generales, caminar hacia una convivencia marcada por una línea ideológica común en el grueso de los asuntos.

En materia LGTBIQ+, los de Santiago Abascal han decidido bajar los decibelios, pero tanto su ideario como su hoja de ruta no se han movido ni un milímetro: alertan sobre los peligros de la educación en diversidad, rechazan frontalmente las leyes específicas y claman contra el respaldo simbólico al colectivo. 

El caso de Castilla y León es paradigmático, porque el punto de partida es la inacción histórica en materia de políticas públicas. Se trata de la única comunidad sin una ley para el colectivo, una deuda a la que Vox se opone tácitamente, pero que el PP ha venido desoyendo desde hace años. "El PP no termina de entender ni de trabajar en todo lo que respecta a la diversidad". Habla Gema Segoviano, portavoz de Segoentiende. 

En la región, comenta la activista, se reproduce una dinámica que no es extraña: el compromiso de cada territorio varía en función de las sensibilidades particulares de los representantes públicos. En Valladolid, el gobierno municipal del PP ha rechazado un año más cubrir la fachada consistorial con la bandera del colectivo, al contrario de lo que ocurre en otros territorios también conservadores, como Salamanca. "Hay diputaciones que se implican, a nivel local se intenta dar visibilidad a esta realidad, pero hay una brecha enorme en el plano autonómico", traza la activista. 

Se detiene específicamente en la ausencia de una ley propia. "Llevamos más de quince años intentando tramitarla", pero los conservadores se acomodan en pretextos de muy diversa naturaleza para mantenerla en un limbo. "Vox puede frenar iniciativas, pero el PP a nivel autonómico ni siquiera ha dado pasos", lamenta la activista, por lo que a su juicio a los conservadores "les va a venir muy bien" la presencia de la extrema derecha, porque "así tienen la excusa". Sencillamente, vaticina la portavoz, a muchos líderes políticos "no les va a merecer la pena" significarse a favor del colectivo. 

Y eso tiene su eco en el día a día. "En algunos colegios hay ya cierto temor a que en algún momento un padre o madre empiece a levantar la voz y use los argumentos de Vox para no hablar de diversidad afectivo-sexual".

En términos de reparto de poder, desaparece la consejería de Igualdad y el ultra Carlos Pollán asumirá la de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales. Fue Pollán quien, como presidente de las Cortes de Castilla y León, se ha negado en reiteradas ocasiones a colocar la bandera arcoíris en la sede parlamentaria, un gesto que el nuevo líder de la cámara prevé recuperar. 

También quedarán en manos de la ultraderecha todas las políticas vinculadas al colectivo en Aragón. En la comunidad, los pactos de gobierno han llevado al ultra Alejandro Nolasco al frente de la consejería de Desregulación, Bienestar Social y Familia, borrando de un plumazo la anterior dirección general específica de Igualdad. 

En la comunidad, Vox ha hecho explícito su propósito de derogar, o al menos reformar, las leyes específicas del colectivo. Hace tan solo un año, se quedó solo al intentar fulminar la ley trans aragonesa, encajada por los ultras en el apartado de la "cultura woke" e "ideología de género". Este año, las Cortes de Aragón no emitirán declaración institucional, fruto de la falta de acuerdo entre los grupos.

A Natalia Aventín, sin embargo, le resulta más sangrante la permisividad del PP. Ella es miembro de Euforia Familias Trans-Aliadas y reside en el Valle de Benasque, en el Pirineo aragonés. La fórmula que han encontrado ella y sus compañeros ante un panorama desalentador es la organización de base. "Hay incertidumbre, pero hemos constituido una red de entidades para unir fuerzas entre los diferentes colectivos ya existentes, tener una estrategia, demostrar que estamos aquí y que se sigan desarrollando las leyes", asiente. 

Aventín, quien conoce en primera persona las secuelas del discurso de odio, siente cierto pudor ante la "ignorancia" de la que hacen gala algunos representantes políticos, a través de "las declaraciones que lanzan, sin ningún tipo de complejo, sobre todo contra las identidades trans". La activista recuerda que el PP aragonés votó a favor de todas las leyes específicas del colectivo, pero ahora ha decidido "mirar para otro lado, sin poner líneas rojas que tienen que ver con los derechos humanos y que un partido democrático no debería cruzar". Esa "ambivalencia", asiente la activista, sitúa a los conservadores "en un lugar muy peligroso". 

Igual que sus homólogos aragoneses, los representantes de la ultraderecha institucional en Extremadura persiguen la derogación de la ley autonómica. Hablan de "adoctrinamiento ideológico" en las aulas y lo incluyen como un objetivo irrenunciable. Pero en este caso, al contrario que en los demás territorios analizados, la Consejería de Igualdad no solo no desaparece, sino que permanece en manos del PP, con Ara Sánchez al frente. 

Tanto la consejera como su partido se han esforzado en consagrar la idea de que los derechos del colectivo están garantizados en el territorio. A mediados de mayo, con motivo del día contra la LGTBIfobia, la bandera arcoíris amaneció ondeando en la sede de la Presidencia de Extremadura. El gesto no sorprendió a Vox: "Nos hemos desmarcado, pero respetamos en este caso la sensibilidad de la señora [María] Guardiola y del PP", asintió su secretario general, Ignacio Garriga. 

Aquellas palabras funcionaban como una suerte de declaración de intenciones que insufló alivio al colectivo. Lo explica Sara Ramos, miembro de Extremadura Entiende. "Por ahora estamos tranquilas, pero no significa que no nos preocupe la entrada de la extrema derecha", sostiene. Y añade que la inquietud es global, porque aunque Vox no controle áreas clave para el colectivo, lo cierto es que "los derechos y las necesidades son transversales", así que cualquier retroceso en políticas sociales, laborales y económicas tendrá impacto también en ellos. 

Aunque en esas tres comunidades "el ambiente es más desesperanzador", existen otras muchas señales de preocupación más allá de sus fronteras. Así lo entiende Paula Iglesias, presidenta de la Federación Estatal LGTBI+. Su mirada se sitúa casi de inmediato en la Comunidad de Madrid. En la región, se suceden "pequeños grandes gestos que lanzan mensajes muy claros". La activista se refiere a la decisión de no colgar la bandera en los edificios institucionales de la Comunidad y el Ayuntamiento, pero también a la campaña municipal diseñada por el consistorio y que vacía de contenido político al Orgullo.

Iglesias contempla con preocupación también los pasos hacia atrás en la Comunitat Valenciana, donde un intento de reforma legislativa ha sido temporalmente paralizado por el Tribunal Constitucional. PP y Vox estaban decididos a modificar la ley trans de la comunidad, pero el Gobierno de Pedro Sánchez interpuso un recurso debido al recorte de derechos. La dinámica es prácticamente idéntica a la que sucedió ya en la Comunidad de Madrid. También en Valencia, el gobierno regional ha decidido eliminar las referencias a las políticas LGTBIQ+ en los presupuestos del área de Diversidad. 

Y en Totana (Murcia), la derecha y la ultraderecha incluyeron en su acuerdo presupuestario una cláusula que suprime los actos institucionales relacionados con el Orgullo y la colocación de la bandera en los edificios municipales. 

El pasado mes de marzo, la Federación Estatal publicaba su informe sobre el voto de la comunidad LGTBIQ+. Ante la pregunta de si la llegada de un gobierno ultraconservador pondría en riesgo los derechos conquistados, el 64,9% de los encuestados respondía afirmativamente. El principal miedo expresado por quienes participaron en el estudio tenía que ver con una eventual falta de protección frente al odio. Este domingo el colectivo sale a la calle no solo para celebrar, sino también para ponerse de frente ante cualquier intento de retroceso.

Hay quien dice que a las personas LGTBI nos roban una parte de nuestra vida. En mi caso es cierto. Durante los últimos años de mi infancia y toda mi adolescencia, me inocularon una idea que se extendió en mí como un parásito a medida que iba creciendo. La idea de que ser como era estaba mal. Que lo que me pasaba era una enfermedad que se podía curar.

No necesité escucharlo en casa de boca de mis padres. Me lo enseñó la poca vida que podía tener por entonces un niño de 13 años. Porque la primera información que tuve sobre lo que significaba ser homosexual fue a través de un insulto que recibí y que ni siquiera era capaz de identificar. Una sola palabra, pero llena de contenido: maricón.

“¿Qué significa eso?”, pregunté a mis amigos. “Eso es que te gustan los tíos”. Como es lógico pensé que, si aquello era algo por lo que los demás podían insultarte, no quería serlo.

Pero llegó la pubertad y, con ella, la constatación de que no compartía ese interés por las chicas que sí manifestaban mis amigos, mis compañeros de equipo y el resto de compañeros que me rodeaban. Me di cuenta, para mi vergüenza, de que efectivamente era eso que me habían llamado. Un maricón.

Y así fue como crecí. Pensando que había algo malo en mí. Con el peso de la culpa. Con la vergüenza como compañera perpetua, y con miedo. Con mucho miedo de que alguien pudiese enterarse y comenzasen los insultos, las humillaciones, las burlas e incluso los golpes. Todo aquello no era fruto de mi imaginación. Era lo que mis propios ojos veían cuando otros chicos identificaban a alguien como yo.

Pero lo peor de todo era la soledad. Porque precisamente esa vergüenza, ese miedo y esa culpa me impedían compartir lo que sentía con nadie. Me aterrorizaba sufrir acoso. Pero también decepcionar a mi familia. Así que hice lo que la inmensa mayoría de personas LGTBI nos vemos obligadas a hacer: sobrevivir. Me puse una careta y fingí ser otra persona. Vigilaba cómo me reía, cómo me sentaba, con quién me juntaba… todo para eliminar cualquier resquicio que pudiese descubrirme como un “maricón”. Traté de educar mis gustos, mis compañías, mis deseos… me apliqué, sin saberlo, una autoterapia de conversión.

Mi alivio llegó en pleno debate social de la ley de matrimonio igualitario, cuando un día escuché en la televisión a un psicólogo decir que la homosexualidad era una enfermedad y que se podía curar. Recuerdo perfectamente lo que sentí: un alivio ensordecedor. “Lo mío tiene solución”. Alguien era capaz de curar aquello. Me interesé, como el que no quiere la cosa para no despertar sospechas, por saber más sobre aquel hombre, y pude conocer su nombre: Aquilino Polaino.

Corrí a mi habitación, apunté su nombre en un papel y lo escondí pensando, “cuando sea mayor, iré a curarme”.

Por suerte, con el paso de los años conseguí destruir aquella idea que como un cáncer se apoderó de mí durante tantos años. Conseguí entender que no me pasaba nada malo. Conseguí desprenderme de la pesada culpa, de la vergüenza y del miedo. Y entonces dejé de sentirme solo. Me di cuenta de que mi familia y mis amigos me querían tal y como era. Me di cuenta de que la mayor parte de la sociedad era capaz de verme con ojos de naturalidad y normalidad. Y sin darme cuenta, también empecé a ser feliz.

Ahora sé que tuve suerte. Porque, aunque crecí pensando que estaba enfermo, nunca caí en las garras de las terapias de conversión. Tuve el apoyo de mi familia y mi entorno. Tuve unas redes que me sostuvieron, incluso en momentos oscuros.

Pero no puedo dejar de pensar en que otros muchos chicos y chicas no tuvieron la misma suerte. Críos, como yo entonces, que tuvieron que escuchar en su casa que estaban enfermos, que eran un error y que les podían arreglar. Chavales que no consiguieron soltar la mochila de la culpa y la vergüenza. E incluso otros muchos que fueron arrastrados a esas terapias por sus propios padres. Yo podría haber sido uno de ellos.

La aprobación este jueves de la Ley para penalizar las terapias de conversión que convierte a estas en un delito no sólo es un avance para las personas LGTBI. Es un símbolo. Lanza el mensaje de que este país no mira hacia otro lado, como hizo durante tanto tiempo. Y también son justicia democrática. Por todas aquellas personas que las sufrieron. Por todas aquellas personas a las que destrozaron la vida. Me enorgullece ver que, como país, mayoritariamente queremos pasar esta terrible página de nuestra historia. Aunque la pasamos no sin resistencia, la del PP y VOX.

Como cada avance LGTBI, nos encontramos enfrente a un PP que defiende la libertad… Pero la libertad de llevar a sus hijos a estas torturas, o de que estas queden impunes si se realizan con el consentimiento de la persona. Por suerte todo esto no se permitirá por ley.

Su oposición es, quizás, el mayor ejemplo de que, aunque avancemos, debemos seguir luchando en otros frentes, porque seguirá habiendo niños y niñas que piensen que están enfermos, y padres que quieran curarles. Y ante esa maldad, nada mejor que una ley que nos dice que nunca nos pasó nada malo. Que lo verdaderamente cruel e indigno es querer arrancar la propia identidad a una persona.

Llegamos tarde, pero llegamos para hacer justicia y proteger.

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Víctor Gutiérrez es diputado del PSOE.

Cada mes de junio, las calles de muchas ciudades se llenan de celebraciones y reivindicaciones por el orgullo LGTBIQA+, aparecen escaparates decorados con los colores arcoíris y campañas publicitarias que celebran la diversidad. Grandes empresas, bancos, multinacionales tecnológicas y marcas de moda compiten por mostrar su apoyo a la comunidad LGTBIQA+. A simple vista, podría parecer una señal clara de progreso social. Sin embargo, detrás de esta aparente celebración de la inclusión surge una pregunta incómoda: ¿hasta qué punto este apoyo responde a un compromiso real con los derechos LGTBIQA+ y no simplemente a una estrategia comercial?

El capitalismo cuenta con una enorme capacidad para aprovecharse de movimientos sociales y transformarlos en productos de consumo. Lo que comenzó como una lucha política contra la discriminación, la violencia y la exclusión ha sido, en muchos casos, convertido en una herramienta de marketing. El Orgullo nació de la resistencia y la protesta, especialmente tras los disturbios de Stonewall en 1969, cuando personas queer se enfrentaron a la represión policial. Su esencia era profundamente reivindicativa: exigir derechos, denunciar injusticias y desafiar estructuras de poder. Sin embargo, en la actualidad, gran parte de la atención mediática durante junio gira en torno a promociones especiales, colecciones temáticas y campañas corporativas.

Existe un fenómeno conocido como rainbow capitalism o "capitalismo arcoíris" que hace referencia precisamente a esta dinámica. Muchas empresas incorporan símbolos LGTBIQA+ a sus productos y estrategias publicitarias durante el mes de junio porque han identificado a la diversidad como un algo rentable. El apoyo a la comunidad se convierte así en una marca de modernidad y responsabilidad social que puede atraer consumidores, especialmente entre las generaciones más jóvenes. La bandera del Orgullo deja de ser solamente un símbolo político para convertirse también en una herramienta comercial.

Pero cuando se examinan las acciones de estas compañías más allá de sus campañas publicitaria aparece la realidad. Existen empresas que celebran el Orgullo en países donde la aceptación social es amplia, mientras mantienen silencio en mercados donde defender los derechos LGTBIQA+ podría afectar a sus beneficios. Otras financian campañas de inclusión a la vez que apoyan, directa o indirectamente, a organizaciones o partidos políticos que promueven políticas discriminatorias. En estos casos, la diversidad se convierte en un recurso estético y comercial y no una concienciación real.

Un problema importante aparece cuando la reivindicación se transforma en un evento patrocinado por corporaciones, porque existe el riesgo de que las demandas más urgentes queden relegadas a un segundo plano. La discriminación laboral, la violencia contra las personas trans, la situación de quienes sufren rechazo familiar o las desigualdades que afectan a personas LGTBIQA+ racializadas o en situación de pobreza reciben mucha menos atención que las campañas de marketing diseñadas para generar una imagen positiva de su marca.

Por ello, el mes de junio debería ser una oportunidad para reflexionar sobre la diferencia entre apoyo y apropiación. La comunidad LGTBIQA+ no necesita únicamente campañas publicitarias coloreadas de arcoíris, sino políticas concretas, derechos garantizados y una defensa constante de la igualdad durante los doce meses del año. 

Por último, me resulta importante resaltar que la crítica al capitalismo en este aspecto no busca rechazar la visibilidad ni negar los avances alcanzados. Pretende recordar que los derechos no son una mercancía y que las luchas sociales no deberían reducirse a oportunidades para las empresas de hacer negocio con ellas. El Orgullo emergió como una protesta social, no como una campaña de marketing. Mantener viva esa memoria es fundamental para evitar que la reivindicación quede opacada por el consumo y para asegurar que la búsqueda de igualdad siga siendo un objetivo político antes que una estrategia comercial.

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Andrea Mezquida es psicóloga, formadora con perspectiva de género y experta en psicología afirmativa (LGTB).

La campaña promocional del Orgullo de Madrid, que se celebra del 25 de junio al 5 de julio, se ha visto envuelta, un año más, en la polémica. El Ayuntamiento ha comenzado a instalar por las calles de la capital su nueva cartelería de publicidad del evento. En los carteles se puede leer “Orgullosamente de Madrid”, junto a diferentes escenas pintadas con los colores de la bandera arcoíris que representa al colectivo: flores en un balcón, una terraza con sillas de plástico apiladas y un escaparate de un comercio con caramelos. Diversos colectivos LGTBIQ+ y la oposición política critican que la campaña despoja de significado las reivindicaciones históricas del Orgullo y diluye su carácter reivindicativo.

Ronny de la Cruz, presidente del Colectivo de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales de Madrid (COGAM) ha señalado en declaraciones a infoLibre que la iniciativa supone “la decepción de todos los años”. A su juicio, se trata de una campaña institucional “totalmente alejada de lo que es el Orgullo, de los valores que representa y de las propias personas”.

Pese a las críticas, desde la organización mantienen “la mano tendida” para colaborar con el consistorio, aportando ideas y valorando propuestas con el fin de lograr una cartelería que realmente represente al colectivo. Además, advierten de que, por más que se evite representarlo como corresponde, el movimiento LGTBIQ+ “no se va a dejar invisibilizar”.

Arcópoli, asociación sin ánimo de lucro de la Comunidad de Madrid dedicada a la defensa de los derechos, la igualdad y la plena inclusión de las personas LGTBI+, también ha cargado contra la campaña. En un comunicado difundido a través de sus redes sociales, denuncia que la iniciativa institucional del Ayuntamiento de Madrid para el 28J supone un “borrado sistemático de las personas LGTBI+”, constituye una “falta de respeto intolerable a la memoria histórica” de quienes lucharon por los derechos del colectivo y responde a una “provocación política consciente” que busca “despolitizar, desarmar y volver invisible la disidencia sexual y de género” en los espacios públicos de la ciudad.

"Nunca falla, en vez de acompañar las reivindicaciones LGTBI+, [el consistorio] intenta vaciarlas de contenido, convertirlas en una postal amable y a veces hasta insultante, una fiesta sin memoria y una ciudad sin quienes la hicieron posible", añaden en sus redes sociales.

La oposición política también ha mostrado su rechazo a los carteles del consistorio. En declaraciones a Europa Press, la portavoz del PSOE, Reyes Maroto, ha acusado al alcalde de “reducir esta celebración a un elemento decorativo, borrando a las personas del colectivo y la memoria de quienes lucharon por nuestros derechos”.

Sin embargo, José Luis Martínez-Almeida ha restado importancia a las críticas y ha reprochado la actitud de la oposición: “Ellos se entretienen con las banderas y con los carteles. Nosotros nos ocupamos de que el Orgullo sea esa fiesta reivindicativa, abierta y alegre que ha sido siempre en la ciudad de Madrid”, ha afirmado el alcalde madrileño. Desde el área de Políticas Sociales del consistorio, responsable de la campaña, se han limitado a reafirmar “el compromiso del Ayuntamiento de Madrid con la defensa y promoción de los derechos de las personas LGTBI”.

No es la primera vez que el Ayuntamiento madrileño escoge elementos estereotipados para promocionar el Orgullo. En 2024 relacionó la celebración con tacones, condones y fuegos artificiales; mientras que en 2023, bajo el lema “Muestra tu orgullo”, utilizó pompones y abanicos como motivo principal. Unas elecciones gráficas que, según denuncian las asociaciones LGTBIQ+, contribuyen a despolitizar la manifestación, vaciarla de su carga reivindicativa y restar fuerza al movimiento.

En medio de las críticas, Martínez-Almeida será galardonado en el Orgullo de Ávila "por su activismo LGTBI+". El Ayuntamiento de Madrid recibirá un reconocimiento en los Premios a la Diversidad organizados por la plataforma ArcoÁvila, cuyo presidente es, a su vez, concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de la capital abulense.

Pocos sabían qué era una persona intersexual antes de ver en pantalla grande a José Luis López Vázquez interpretar a Adela en Mi querida señorita, la película de 1972 en la que una mujer descubre, tras acudir al médico, que legal y biológicamente es un hombre. Quienes la vieron entonces tampoco salieron del cine con una idea muy clara de lo que era la intersexualidad: el largometraje ni siquiera la nombraba.

Más de medio siglo después, el desconocimiento sigue siendo enorme. La película está otra vez está en cartelera —o en el salón de casa gracias a Netflix—, en una nueva versión con Alana S. Portero como guionista. Y esta vez con una diferencia fundamental: las personas intersex ocupan el centro del relato y la realidad se nombra por fin por su nombre.

La I de LGTBIQ+ es quizá la sigla más desconocida de todas y, sin embargo, ser intersex es más común de lo que parece: alrededor del 1,7% de la población presenta alguna variación intersex, una proporción similar a la de las personas pelirrojas. La intersexualidad engloba una amplia gama de variaciones biológicas en las características sexuales corporales que no se ajustan a lo que se entiende tradicionalmente como hombre o mujer. Por ejemplo, pueden presentar características sexuales que no encajan en las categorías binarias tradicionales, patrones hormonales que no se corresponden con un sexo concreto o una disidencia entre los órganos internos y externos. 

Tal es la falta de información que incluso hay quienes ni siquiera saben que lo son. Algunos lo averiguaron ya en su edad adulta. Otros jamás lo sabrán, por las intervenciones quirúrgicas que se les hicieron desde pequeños. “No hay casi información de lo que es ser intersex. Lo que sí es cierto es que en los últimos años, aunque todavía hay poca, es de más calidad. Pero todavía no hay espacio para la intersexualidad, está todo basado en el binarismo”, cuenta a infoLibre Cira López Salvago, investigadora y experta en intersexualidades. 

Hasta hace poco, lo que se hacía cuando nacía un bebé intersex era, por procedimiento habitual, una operación quirúrgica que modificaba los genitales del menor. Esta decisión la tomaban entre los médicos y los padres que, por falta de conocimiento y ese sentimiento de “así le irá mejor”, aceptaban que se hiciera lo que los activistas intersex tachan de “mutilación”. Los problemas llegan en la edad adulta, con complicaciones médicas derivadas de esa operación o la posibilidad de que su género —su identidad— no se correspondiera con el sexo —los órganos sexuales—. 

“Se sigue tratando como una patología. Y así ha sucedido con todas las letras del colectivo. Primero se patologiza y luego, con la lucha, se consigue avanzar. Consiste en intentar separar todos los cuerpos entre macho y hembra. Por lo tanto, la intersexualidad se presenta como algo que hay que arreglar y que tiene que caber en una de estas dos casillas”, argumenta Ariana A. Celorio, miembro del grupo del año temático intersexual de la FELGTBI+, activista intersex y escritora, en conversación con este medio. 

Esta forma de patologización tiene varias derivadas, explica López Salvago. La primera es que el concepto de intersexualidad ha caído siempre bajo el marco de la medicina. La segunda es la visión binaria que existe en la sociedad española, afincada desde los tiempos de Franco. La mujer y el hombre, no hay más. “La corporalidad intersexual es una contestación al sistema cisheteronormativo. Son cuerpos que rompen las normas”, cuenta López Salvago. Y para la experta, esto ha tenido una consecuencia muy clara: la estigmatización. “Estos dos elementos han hecho que la intersexualidad esté envuelta en un halo de alarma, de escándalo e, incluso, de monstruosidad”, recalca. 

Sin embargo, en los últimos años el asunto ha comenzado a cambiar tanto en lo social —basta ver el regreso de Mi Querida Señorita— como en el plano legislativo. La ley trans de 2023 incluyó medidas para avanzar en la despatologización de las personas intersex y limitar las intervenciones médicas no consentidas. El texto prohíbe la modificación genital en menores de 12 años, pero introduce una excepción: permite esas intervenciones cuando existan “indicaciones médicas” para proteger la salud de la persona, a juicio del personal sanitario. Y ahí, advierten las activistas, está el problema. Muchas operaciones se han presentado durante años como “médicamente necesarias” sin que existiera una urgencia vital real, según un informe elaborado por ILGA Mundo en 2023. 

“Cuando esto se deja en manos de profesionales, se parte de la idea de que la ciencia y la medicina son neutrales, como si hubiera un diagnóstico objetivo y libre de valores. Pero la decisión de un médico no está exenta de prejuicios ni de valores morales. Actúan, en teoría, 'por humanidad', pensando que la persona intersex sufrirá si no se adapta a una norma corporal concreta. Entonces, justifican la intervención diciendo que quieren evitarle un sufrimiento futuro. Pero eso implica asumir que hay una única forma válida de cuerpo. Y ahí hay un problema”, recalca Rafael Cáceres-Feria, antropólogo en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, a infoLibre. 

El personal sanitario no tiene por qué conocer las realidades intersex, puesto que no se incluye en el temario de la carrera. De aquí nace esta forma de tratarlo, como si fuera un problema, según indica el antropólogo. “En la Facultad de Medicina se enseña una visión concreta del cuerpo y del sexo. Y ahí no entra la intersexualidad. En el fondo, manejan la misma lógica binaria que el resto de la sociedad: hombre o mujer”, expone Cáceres-Feria.

Aunque no todo es negativo. “Se siguen realizando mutilaciones, pero cada vez hay más personal de la salud concienciado”. La solución, por lo tanto, estaría en esto mismo: la concienciación. “No basta con que sepan del tema los ginecólogos o los urólogos; tiene que saber todo el personal sanitario. Hacen falta protocolos específicos y una educación que les haga ver que no somos una patología”, concuerda Celorio. 

Precisamente, la falta de información es lo que ha provocado la invisibilidad de las personas intersex, apunta Celorio. También las agresiones contra ellos. “En los colegios”, relata la activista, “la mayoría de niños intersex sufren más acoso y bullying porque el resto no sabe cuál es su realidad. Que no se sepa nada sobre ti hace que seas más fácil de agredir”, cuenta. 

Y esto se traduce en la edad adulta. Las personas intersexuales son las que sufren más discriminación, según revelaba el informe de Estado del Odio LGTBIQ+ 2025, elaborado por la FELGTBI+. De hecho, el estudio indica que el 100% de los encuestados intersexuales habían sufrido situaciones de discriminación.

Algo que parece que acaba teniendo efecto. En un estudio publicado en PLOS ONE, una revista científica editada por la Public Library of Science, un 21,1% de los encuestados —todos intersexuales— declaraba tener una salud mental “mala”. El 32,5% la calificaba de “aceptable”, pero la gran mayoría (un 62,6%) declaraba tener ansiedad. Los motivos, según el estudio, pasan por la vergüenza, el estigma, la baja autoestima y la insatisfacción con el sistema sanitario. 

“Las personas intersex están más discriminadas, principalmente por el gran desconocimiento que hay. Sigue siendo una realidad poco conocida y poco explicada. Además, la intersexualidad introduce una dimensión corporal dentro de la diversidad sexual, que tradicionalmente suele entenderse solo desde la identidad de género o la orientación sexual. Incorporar esta dimensión corporal exige salir de marcos tradicionales y comprender una realidad que muchas veces no se enseña ni se visibiliza. Sin educación, referentes o ejemplos cercanos, resulta difícil entenderla, y por eso no me extraña que el colectivo intersex sea uno de los más discriminados”, zanja López Salvago. 

España ya puede presumir de estar en la cima de la defensa europea de los derechos LGTBIQ+. Es la conclusión del mapeo que cada año confecciona la organización ILGA Europa, un análisis que pone sobre la mesa los avances simbólicos, materiales y legislativos, pero también los retrocesos y la reacción ultra que pone en la diana las conquistas del colectivo.

El mapa que escudriña la situación de las personas LGTBIQ+ en casi medio centenar de países europeos concede a España el primer puesto tras haber constatado que el Gobierno "ha cumplido con los compromisos establecidos en las leyes LGBTI y trans de 2023", mediante la adopción de planes de acción para la igualdad, la creación de una autoridad independiente para la igualdad de trato y la implementación plena de la despatologización de las personas trans en el sistema sanitario, tal y como ha publicado la organización este martes. 

España destaca por encima de los demás países en prácticamente todas las áreas estudiadas. Los expertos le otorgan la máxima puntuación en terrenos como la participación política, en tanto que las personas del colectivo cuentan con las bases necesarias para el ejercicio de la libertad de reunión, asociación y expresión. También obtiene sobresaliente en cuanto al reconocimiento y la protección de los derechos familiares de las personas LGTBIQ+, gracias a las leyes que regulan el matrimonio igualitario, la adopción, la inseminación artificial y la paternidad trans. Y las políticas de asilo incluyen medidas positivas respecto a las personas del colectivo, como la formación específica o la existencia de módulos especializados para garantizar los derechos de los solicitantes de asilo.

La responsable de la puntuación obtenida es fundamentalmente la conocida como ley trans, elogiada por los autores y autoras del informe en el grueso de su análisis. Si España puede hoy ser referente en cuanto a la despatologización del colectivo, la autodeterminación del género o la educación en diversidad, es gracias a la legislación aprobada hace ahora tres años y a su aplicación efectiva.

"Hoy es un día importante", ha señalado la ministra de Igualdad, Ana Redondo. "Es el reconocimiento de mucho trabajo durante muchos años", ha presumido en declaraciones a los medios, tras advertir que aun así urge estar "muy atentos y muy alerta para que no haya retrocesos".

Katrin Hugendubel, subdirectora de ILGA Europa, ha situado este martes a España como "un claro ejemplo de lo que se puede lograr cuando un Gobierno decide deliberadamente impulsar la igualdad en lugar de retroceder". Sin embargo, su organización advierte de "la brecha entre el progreso legal y la experiencia cotidiana". Las agresiones contra las personas LGTBIQ+, según el último informe de la Federación Estatal, han aumentado un 15% "impulsadas por un clima de discurso de odio que envalentona la violencia contra los grupos vulnerables".

En enero del año pasado, una discoteca de Torremolinos (Málaga) publicó en redes sociales un reglamento de admisión para entrar en el espacio de ocio. Entre los requisitos, figuraba uno muy concreto: no ser homosexual. Es uno de los hechos que recoge el informe anual, cuyos expertos ponen la lupa también sobre todos los mecanismos que inmediatamente se activaron para corregir la situación.

ILGA no pasa por alto aquellos recovecos en los que las buenas prácticas todavía no han logrado resultados. Mencionan, entre otras cuestiones, la falta de reconocimiento formal hacia las personas no binarias, la restricción de edad para la plena autodeterminación de género o la ausencia de una justicia accesible para las personas intersexuales que hayan sido víctimas de intervenciones médicas. 

El informe menciona a la extrema derecha como principal responsable de difundir discursos de odio y obstaculizar los derechos del colectivo. Pero no solo: el Partido Popular también ha llamado la atención de la organización por su oposición reiterada a la ley trans estatal y sus alianzas autonómicas con la ultraderecha para restringir derechos. El informe recoge, en ese sentido, los intentos de retroceso en Valencia y Madrid tras las modificaciones de sus leyes específicas, ambas recurridas ante la justicia y suspendidas parcialmente por el Tribunal Constitucional.

Lo cierto es que no todo son buenas noticias para las personas LGTBIQ+ que habitan en suelo europeo. En siete países no existe ninguna protección legal contra la discriminación hacia el colectivo y solo diez países prohíben las mal llamadas terapias de conversión. En menos de la mitad de los países analizados se permite el matrimonio igualitario y en un total de 18 no existe ningún tipo de protección legal para las parejas del mismo género. 

Únicamente Alemania, Grecia, Islandia, Malta, Portugal y España prohíben las intervenciones quirúrgicas o médicas innecesarias en menores intersexuales. Y doce países no cuentan con ningún procedimiento legal o administrativo para el reconocimiento legal del género.

Países como Rusia, Azerbaiyán, Turquía, Bielorrusia, Armenia, Georgia, Mónaco, Rumanía o Ucrania están a la cola en la defensa de las personas LGTBIQ+. Pero no son los únicos: la media europea no llega al aprobado –el porcentaje se instala en el 42,73% en Europa y en el 52,1% en la Unión Europea–, mientras que territorios como Italia, Polonia, Hungría o Chipre están lejos de ser lugares seguros para el colectivo.

Este martes, 21 de abril, se ha producido un nuevo avance en materia de derechos LGTBI+ en Europa. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha emitido una sentencia por la que determina que Hungría “ha violado el derecho de la Unión” con su conocida como Ley antipropaganda LGTBIQ+, aprobada en 2021.

Este hecho llega casi dos semanas después de arrasar en las urnas el candidato a las elecciones húngaras de Tisza, Péter Magyar, quien había evitado pronunciarse sobre el tema pero declaró tras su victoria electoral que Hungría sería “un país en el que no se castigue a nadie por pensar distinto que la mayoría, por amar a alguien de forma diferente que la mayoría”.

Con esta decisión, Europa ha sentado un precedente condenando por primera vez a uno de los Estados miembros por violar los principios fundacionales de la Unión Europea.

El 15 de junio de 2021, el Parlamento de Hungría aprobaba con los votos de Fidesz –el partido del ultranacionalista Viktor Orbán– su polémica Ley de Protección de la Infancia, escudándose en la protección de los menores y vetando para ello la divulgación de información sobre el colectivo LGTBIQ+ en las escuelas.

Entre las principales medidas de esta ley se encuentran la restricción de contenidos que "fomenten la homosexualidad" –relacionada por el Gobierno húngaro con la pedofilia– tanto en los centros escolares como en los medios de comunicación, cine y libros.

En agosto de ese año, se emitió un decreto por el cual los libros infantiles que "describan una desviación respecto de la identidad de género concebida en el nacimiento, o describan un cambio de género, o popularicen la homosexualidad", entre otras condiciones, no podrán mostrarse en los escaparates o exhibirse claramente en el interior de las librerías.

Por otro lado, y siguiendo con su particular cruzada contra las personas LGTBIQ+, en el verano de 2025 se prohibió la marcha del Orgullo apoyándose en una enmienda que anteponía "la protección de la infancia" a derechos fundamentales como son el de reunión y libre expresión.

El texto de esta enmienda constitucional señalaba que "todo niño tiene derecho a la protección y a los cuidados necesarios para su correcto desarrollo físico, mental y moral".

Ya en 2021, la Comisión Europea expedientó a Hungría por esta ley; su presidenta, Ursula Von der Leyen, la calificó de “vergüenza”. "Europa no tolerará nunca que miembros de nuestra sociedad sean estigmatizados, ya sea por la persona a la que aman, por su edad, por su origen étnico, sus opiniones políticas o sus convicciones religiosas", expresó.

Así, la Comisión envió una carta de emplazamiento detallando las razones por las que Bruselas se hallaba preocupada ante esta nueva ley y pidiendo a las autoridades húngaras enmendar la situación en el plazo de dos meses.

Ya en aquel entonces se había previsto una segunda etapa de diálogo de no resolverse el conflicto en el plazo acordado y, como último recurso, se elevaría el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Finalmente, ha sido este martes, 21 de abril de 2026, cuando el TJUE ha condenado al Gobierno húngaro. Y lo ha hecho con rotundidad: "esta ley es contraria a la propia identidad de la Unión como ordenamiento jurídico común en una sociedad caracterizada por el pluralismo”. “Hungría no puede invocar válidamente su identidad nacional para justificar la adopción de una ley que vulnera los valores mencionados", recoge la sentencia.

Veinte Estados miembros de la Unión Europea –Austria, Bélgica, Chipre, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Portugal, Eslovenia, España y Suecia– exigieron la anulación de esta ley y sus enmiendas.

Según la sentencia, Hungría ha “incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del Derecho de la Unión” al adoptar esta ley, y ha incumplido tanto el Tratado de la Unión Europea y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea como diversas directivas y reglamentos.

El TJUE define la ley como "un conjunto coordinado de medidas discriminatorias que vulneran, de manera manifiesta y especialmente grave, los derechos de las personas no cisgénero, incluidas las personas trans, o no heterosexuales".

"La legislación húngara estigmatiza y margina a las personas no cisgénero, incluidas las personas trans, o no heterosexuales, tachándolas de perjudiciales para el desarrollo físico, mental y moral de los menores debido únicamente a su identidad o su orientación sexuales y (...) las asocia con la delincuencia pedófila, lo que puede reforzar esta estigmatización y fomentar comportamientos de odio hacia ellas", advierte.

“Las disposiciones nacionales en cuestión son manifiestamente contrarias a las exigencias que, en una sociedad basada en el pluralismo, se derivan de la prohibición de discriminación por razón de sexo y de orientación sexual establecida en el artículo 21, apartado 1, de la Carta y vulneran, por tanto, el contenido esencial de dicha disposición”, recoge la sentencia.

Asimismo, hace hincapié en que la protección a los menores puede darse “sin para ello operar una discriminación directa por razón de sexo y de orientación sexual”.

“En efecto, la mera circunstancia de que los contenidos popularicen o representen la desviación de la identidad propia del sexo correspondiente al nacimiento, el cambio de sexo o la homosexualidad no permite, por sí misma, demostrar el carácter potencialmente perjudicial de tales contenidos”, añade.

Por otro lado, el TJUE hace alusión a la Carta incidiendo en que “a nadie se le puede negar el derecho a la instrucción” y, además, “el Estado, en el ejercicio de las funciones que asuma en el campo de la educación y de la enseñanza, respetará el derecho de los padres a asegurar esta educación y esta enseñanza conforme a sus convicciones religiosas y filosóficas”. 

Asimismo, el TJUE considera que esta ley atentaría también contra la ley general de protección de datos y contra la libertad de prestar y recibir servicios de comunicación audiovisual. 

“La restricción impuesta a la emisión de programas que tengan como elemento central la violencia o la popularización o representación de la desviación de la identidad propia del sexo correspondiente al nacimiento, del cambio de sexo o de la homosexualidad elimina la presencia efectiva, en esos programas, de personas no cisgénero o no heterosexuales, así como de su modo de vida, aun cuando esas personas forman parte integrante de una sociedad caracterizada por la diversidad y el pluralismo, de conformidad con los valores contemplados en el artículo 2 TUE. La Comisión concluye de ello que el artículo 9, apartado 6, de la Ley de Servicios de Medios de Comunicación da lugar a una discriminación directa por razón de sexo o de orientación sexual, prohibida por el artículo 21, apartado 1, de la Carta”, informa la sentencia.

Tras esta sentencia, que tanto la Comisión Europea como distintas ONG en un comunicado conjunto –Amnistía  Internacional de Hungría, el Comité Helsinki húngaro y la Asociación Háttér– han calificado de “histórica”, sólo queda que el nuevo Gobierno de Péter Magyar la ejecute, acabando así con una de las leyes más injustas y polémicas en materia LGTBIQ+ del continente europeo.

Era imposible que no me ocupara del tuit de Santaolalla contra Vito Quiles porque este es un asunto del que he escrito mucho: el armario. Y porque estamos en la víspera del homenaje que el Gobierno va a ofrecerle a Dolores Vázquez, sobre cuyo caso escribí también un libro en el que sostenía precisamente que la causa de que la condenaran fue… el armario. No me ha sorprendido que haya personas heterosexuales que critiquen a la periodista por el tuit, no todo el mundo entiende que el armario es un mecanismo de opresión, pero sí que lo hagan asociaciones LGTB… gays… ¡a estas alturas!.

Sinceramente, me parece definitivamente bien que Sarah Santaolalla se defienda de un acoso intolerable del que la justicia no la ha defendido. Decir que Santaolalla es homófoba porque utiliza la homosexualidad para hacer daño a Vito Quiles es absurdo. Todos sabemos que no es homófoba, admito que quiere darle un puñetazo al individuo, mucha gente querría. En realidad, Santaolalla utiliza la homofobia de Quiles contra él mismo, no me parece mal. Estamos en una sociedad que no nos defiende de acosadores como este tipo, que permite que se insulte, se difame, se agreda. Los medios que tenemos para defendernos son escasos. Hay que poner dinero y hay que dar con un juez “normal” y no con un juez quintacolumnista de la derecha dura, que abundan. 

El mecanismo del armario tiene su historia. En un primer momento, cuando la homosexualidad era un delito y visibilizarse como LGTBI podía costar muy caro o era impensable, el derecho al armario, al secreto en definitiva, era un mecanismo de protección básico. Los estados homófobos de la guerra fría usaban ese secreto (fuera cierto o no) para chantajear, amenazar y acabar con la vida civil de quien molestara, ya fuera un gay o un comunista. El armario servía, precisamente, para amenazar con sacar del armario a cualquier disidente, a cualquier peligroso social. Las personas homosexuales invocaron en ese momento el derecho a la privacidad frente a un Estado y frente a una concepción de la sociedad que usaba la homosexualidad como mecanismo de castigo y advertencia para todas. Una sociedad homogénea en lo sexual (homogéneamente heterosexual) era moralmente superior, se suponía que era una sociedad más sana y fuerte que cualquier contraparte del otro lado del telón de acero. Cualquier disidencia sexual suponía debilitar la democracia frente al comunismo, la homosexualidad era un peligro social; era la época de MacCarthy. 

En un segundo momento, gracias a la lucha militante del movimiento LGTB y al fin de la guerra fría, la homosexualidad deja de ser un delito y la lucha cambia de sentido. Lo que el Estado quiere ahora no es sacar a la gente del armario, sino lo contrario, que nadie salga. El objetivo de esta maniobra es que las sexualidades no normativas no se visibilicen, aunque ya no sean delito. Se trata de mantener la ficción de que la ciudadanía es homogénea y está libre de taras. Ya no se quiere encarcelar o chantajear a las personas homosexuales, simplemente se pretende que desarrollen su existencia dentro de las paredes de su casa. El arma que se utiliza ahora ya no es la tortura o la cárcel, sino el estigma social, la burla, la injuria. El Estado ya no busca interferir en lo que se define como la intimidad de cada uno/a, sino impedir que uno/a mismo/a se autonombre desde la libertad; porque salir del armario políticamente significa afirmar el valor igual de la homosexualidad. El armario se refuerza y se convierte en una de las principales herramientas de la homofobia de los 90. A esta fase la llamamos el armario liberal. Es la base, entre otras, de la política de Clinton en el ejército, aquella de “no preguntes, no digas”. Se nos dice que si nos quedamos dentro podemos hacer lo que queramos, siempre en nuestra casa, en nuestra cama y mejor por la noche… pero ¡sorpresa!, no funciona así y, parafraseando a Audry Lorde, enseguida vamos a descubrir que el silencio no nos protege de nada, sino al contrario, nos vulnerabiliza. 

Lo descubrimos con el sida. Es el secreto, el armario, lo que impide luchar efectivamente contra la enfermedad y sus consecuencias, así como desarrollar políticas de prevención. El silencio no es que no nos proteja, es que nos mata (a partir de los 90 aparece el lema 'silencio=muerte'). Descubrimos que, por guardar el secreto, no hemos conquistado derechos ni hemos adquirido una ciudadanía equiparable a la de los ciudadanos/as heterosexuales. Descubrimos que si no nos visibilizamos no podemos denunciar ni combatir la homofobia y el odio, que el estigma es un arma que entregamos en manos de quien nos quiere invisibles. Entonces comprendemos que la existencia homosexual tiene que ser tan pública como lo es la heterosexualidad, que si aquella no se visibiliza esta siempre se presume, por defecto. El derecho a la privacidad no puede ya ser invocado en un contexto en el que lo que se pretende es, justamente, obligarnos a llevar vidas privadas (únicamente a las personas homosexuales; la heterosexualidad es necesariamente pública). El derecho a la privacidad, antaño invocado, ahora se convierte en la reclamación del derecho a la igualdad y a la libertad. Siguiendo la estela del movimiento feminista, lo personal se hace político.  

El Estado, defensor a ultranza del heterosexismo, pugna por devolvernos al armario (como ocurrió en el caso de Dolores Vázquez), pugna por dificultar en lo posible la expresión pública de la existencia homosexual (y de las disidencias sexuales en general). Más o menos lo que hoy siguen diciendo en Vox: “No tengo nada contra ellos pero…¿Por qué tienen que contarlo?” Nos quieren dentro, pero nosotras hemos comprendido que la visibilidad es el arma más potente que tenemos. Cuando nos dejamos encerrar en el armario todas nos hacemos más vulnerables. El mecanismo del armario pretende evitar, mediante la violencia real o simbólica, que nos visibilicemos, es decir, que nos politicemos. Hace difícil salir y, cuando se sale, presiona constantemente para devolverte al interior, incluso aunque la persona no lo desee. Nunca se acaba de salir, la lucha es constante y diaria. Cada vez que en el trabajo o en cualquier sitio me preguntan por un marido o un novio, me están obligando a tomar una decisión política, no siempre fácil, que no todo el mundo puede enfrentar con la misma seguridad. Esta presión sólo terminará cuando hayamos destruido todos los armarios, cuando toda la diversidad sexual sea tan visible y legítima como la heterosexualidad. A estas alturas, desde un punto de vista progresista, no podemos asumir que exista un supuesto derecho al armario. 

En estos días estamos recordando que lo que condenó a Dolores Vázquez no fue su lesbianismo, sino el manejo que los medios y el Estado hicieron del mecanismo del armario donde la sospecha se extendió como una falta monstruosa que nadie nombraba pero que, precisamente por eso, tuvo fácil conectar con miedos y prejuicios que sólo pueden combatirse desde la visibilidad. Si Dolores Vázquez hubiera podido posicionarse claramente fuera del armario en aquel momento (no tuvo la oportunidad), los prejuicios no hubieran prendido tan fácilmente; se la hubiera podido defender de aquello que no se nombraba y que contribuyó enormemente a condenarla.

No hay homofobia en decir que Vito Quiles es gay, decirlo no es algo que pueda criticarse porque lo contrario, defender que Vito Quiles tiene derecho a mantener ese secreto, sólo sirve para reforzar las paredes del armario que nos oprime a todos y todas y favorece el crecimiento de la homofobia. En general, no aparece la ocasión de mencionar que alguien es gay o deja de serlo, pero si dejamos de hacerlo por considerarlo un asunto privado estamos apelando a la tolerancia liberal y asumiendo un pacto reaccionario sobre la necesidad del secreto. 

Si sacar del armario a un fascista le hace daño es porque esta persona se sitúa a sí mismo en un contexto de defensa del machismo y de la homofobia. En lo que a mí respecta, bien por Sarah. 

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Beatriz Gimeno es exdirectora del Instituto de las Mujeres.