El TC desautoriza a Ayuso y permite a las asociaciones LGTBIQ+ personarse en procesos judiciales

Victoria del colectivo LGTBIQ+ en Madrid. El Tribunal Constitucional corrige a la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, y resuelve que las asociaciones sí podrán participar en los procedimientos judiciales. Los magistrados tachan de inconstitucional y nulo uno de los artículos que introdujo la líder regional en su reforma de la Ley de protección contra la LGTBIfobia, en diciembre de 2023.

La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Ramón Sáez Valcárcel y que cuenta con el único voto particular de José María Macías Castaño, concluye que el precepto es nulo por invadir las competencias exclusivas del Estado para dictar legislación procesal y para regular el procedimiento administrativo común.

Este fue uno de los artículos recurridos por el Gobierno en julio del año pasado, después de que la conservadora decidiera meses antes vaciar de contenido las leyes LGTBIQ+ de Madrid. El artículo, inserto en la Ley de Protección contra la LGTBIfobia, apartaba a las organizaciones como parte en los procesos penales y como interesadas en los administrativos sancionadores, incluso cuando representaran a una víctima con su permiso explícito. La intención del artículo, según trazaba el legislador, era corregir ciertos "excesos" de la redacción original para "evitar que la causa de la igualdad ante la ley y la no discriminación se convierta en un instrumento de ingeniería social, que confunda ciertas doctrinas de parte con los derechos fundamentales, en cuya defensa están comprometidos todos los españoles".

El Constitucional, ha valorado este miércoles la ministra de Igualdad, Ana Redondo, "ha puesto punto y final al intento de recorte de los derechos de las personas LGTBI que pretendía la señora Ayuso y el PP".

El 22 de diciembre de 2023, Madrid se convertía en la primera comunidad autónoma en recortar los derechos de la comunidad LGTBIQ+. La Asamblea de Madrid celebraba a las puertas de las fiestas navideñas un pleno extraordinario y el Partido Popular consumaba su ofensiva: salía adelante el recorte de las dos principales leyes autonómicas en materia LGTBIQ+.

Un recurso y una rectificación

Meses después, el Gobierno de Pedro Sánchez contraatacó llevando ante al Tribunal Constitucional diversos puntos de las normas. Ambas quedaban entonces en suspenso, a la espera de que los magistrados resolvieran. El Ejecutivo no sólo impugnaba el articulado relativo al papel de las asociaciones, sino que añadía otros tres frentes.

Por un lado, lo relativo a las terapias de conversión. El PP decidió mantener, en su reforma, la prohibición de estas prácticas, con una excepción: las que están dirigidas a las personas trans. La nueva ley autonómica permitiría el "asesoramiento psicológico o la evaluación psiquiátrica" dirigidas a las personas trans, actuaciones que "a menudo son formas encubiertas" de ejecutar este "tipo de pseudoterapias", razonaba en su día el Ministerio de Igualdad.

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El Gobierno también cargó contra los preceptos que daban amparo a la "patologización de los menores trans". Según el texto de Isabel Díaz Ayuso, para acceder a un tratamiento los menores tendrían que previamente recibir "apoyo de los profesionales de salud mental infanto-juvenil, mantenido durante todo el proceso y en el caso de que existiera comorbilidad será imprescindible un informe favorable del profesional que esté tratando al menor en dichas patologías". El hecho de incorporar como requisito la intervención de profesionales de la salud mental y la presentación de un informe, consideraban los recurrentes, patologizaba a los menores.

Y finalmente, el recurso exponía que la norma escenificaba una "contraposición discriminatoria" entre las personas trans y las mujeres. En su artículo 30, la Ley 17/2023 establecía la adopción de medidas necesarias para que el uso de espacios o equipamientos identificados en función del sexo puedieran ser usados por las personas "con pleno respeto a su transexualidad". Pero añadía un matiz cargado de significado: "Sin menoscabo de los derechos y la intimidad del resto de usuarios, especialmente de las niñas y mujeres".

En octubre del año pasado, llegó la sorpresa: Ayuso llevaba a la Asamblea de Madrid una reforma para suavizar los puntos recurridos. Así que el único que quedaba pendiente es el que ahora ha sido resuelto por los magistrados. Las organizaciones LGTBIQ+ vuelven a tener voz en los tribunales.