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ORGULLO LGTBI

Cuatro claves y un reproche del colectivo tras el recurso del Gobierno a las leyes antiLGTBI de Ayuso

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, en una manifestación contra el recorte de las leyes LGTBI de la Comunidad de Madrid.

Diciembre de 2023. El país entero cuelga las luces de Navidad, tiene la mirada puesta en las cenas familiares y hace sus apuestas en los décimos de lotería. Mientras, Madrid se convierte en la primera comunidad autónoma en recortar los derechos del colectivo LGTBI. El 22 de diciembre la Asamblea de Madrid celebra un pleno extraordinario y el Partido Popular de Isabel Díaz Ayuso consuma su ofensiva: sale adelante el recorte de las dos principales leyes autonómicas en materia LGTBI.

Casi seis meses después, a las puertas del Orgullo LGTBI, el Gobierno contraataca en los tribunales. Ha sido la ministra de Igualdad, Ana Redondo, la encargada de anunciar este martes la decisión del Consejo de Ministros de interponer un recurso de inconstitucionalidad contra los dos textos legales resultantes del recorte. El Gobierno lleva así ante el Tribunal Constitucional diversos puntos de las normas y el efecto inmediato de la decisión es que ambas leyes quedan en suspenso, hasta que los magistrados resuelvan el recurso.

La ministra ha subrayado que no es el contenido de las leyes en su totalidad lo que se impugna, sino elementos concretos considerados "anticonstitucionales por ser contrarios a los derechos fundamentales o por invadir competencias".

Cuatro claves

El primer punto sobre el que se detiene el Ejecutivo es aquel relativo a las llamadas terapias de conversión. El PP decidió mantener, en su reforma, la prohibición de estas prácticas, con una excepción: las que están dirigidas a las personas trans. Lo cierto es que la ley nacional incluye la persecución de este tipo de terapias para todos los supuestos, pero no las encaja en el Código Penal, sino que únicamente contempla sanciones administrativas, desoyendo las reivindicaciones de los colectivos especializados. Ahora, la ley autonómica permite el "asesoramiento psicológico o la evaluación psiquiátrica" dirigidas a las personas trans, actuaciones que "a menudo son formas encubiertas" de ejecutar este "tipo de pseudoterapias", observa el Ministerio de Igualdad.

El departamento de Ana Redondo también considera que las normas dan amparo a la "patologización de los menores trans". El motivo está en el artículo 14 de la Ley 17/2023. Según el texto, para acceder a un tratamiento los menores tendrán que previamente recibir "apoyo de los profesionales de salud mental infanto-juvenil, mantenido durante todo el proceso y en el caso de que existiera comorbilidad será imprescindible un informe favorable del profesional que esté tratando al menor en dichas patologías". El hecho de incorporar como requisito la intervención de profesionales de la salud mental y la presentación de un informe, consideran los recurrentes, patologiza a los menores.

Las leyes apuntalan, además, una idea que se ha hecho popular en determinados sectores durante los últimos años: el supuesto borrado de las mujeres. Ya en la exposición de motivos trazada por los conservadores era sencillo intuir la intencionalidad de su propuesta: el equipo de Isabel Díaz Ayuso deslizaba el temor a que las medidas para las personas trans puedan ir "en detrimento de la mujer". 

En ese sentido, el Gobierno considera que la norma ejecuta una "contraposición discriminatoria" entre las personas trans y las mujeres. En su artículo 30, la Ley 17/2023 establece la adopción de medidas necesarias para que el uso de espacios o equipamientos identificados en función del sexo puedan ser usados por las personas "con pleno respeto a su transexualidad". Pero añade un matiz cargado de significado: "Sin menoscabo de los derechos y la intimidad del resto de usuarios, especialmente de las niñas y mujeres".

Finalmente, el Gobierno considera que la norma invade competencias exclusivas del Estado en materia procesal y de procedimiento administrativo, porque excluye en su artículo 65 d) a las organizaciones LGTBI de la condición de interesados en procesos penales y administrativos sancionadores, incluso cuando representen a una víctima con su permiso explícito.

Redondo ha insistido este martes en que la decisión de acudir a los tribunales es consecuencia de la falta de acuerdo tras haber explorado la vía de la negociación con la Comunidad de Madrid. "No ha sido posible llegar a un acuerdo", ha lamentado. 

El paso avanzado por el equipo de Pedro Sánchez se suma al que ya dio el Defensor del Pueblo el pasado mes de abril. Entonces, la institución ya presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional, pero sólo en relación al artículo sobre los menores. El Defensor del Pueblo considera que ese precepto "patologiza" a los más pequeños y "vulnera sus derechos", en línea con lo argumentado por el Gobierno.

Sabor de boca agridulce

Luis Fernando Rosales, líder de la organización Arcópoli, recuerda que el recurso del Defensor del Pueblo se interpone en abril a instancia de la petición colectiva de las asociaciones, organizadas alrededor de la plataforma Ni un paso atrás. Hoy, dice el activista en conversación con infoLibre, el recurso del Gobierno llega tarde y deja un sabor de boca agridulce: "Es un recurso a medias, llega tarde y se ha hecho, curiosamente, en vísperas del 28J", día del Orgullo LGTBI.

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A su juicio, los tiempos dan cuenta de que existe una clara intencionalidad, la "búsqueda de rédito político" por encima de la defensa de los derechos del colectivo. Si el Gobierno hubiera dado el paso antes, afirma Rosales, no existiría recelo alguno y los activistas confiarían en que "realmente parte de las buenas intenciones políticas" del Ejecutivo. 

Insiste además en que el recurso deja fuera una cuestión clave: los retrocesos en materia educativa. Las leyes de Isabel Díaz Ayuso eliminan toda mención a la coeducación, terminan con los planes y contenidos de sensibilización en las aulas, al tiempo que fulminan las medidas contra el acoso. "La educación en diversidad es un pilar fundamental para erradicar la LGTBIfobia de la sociedad", advierte el activista, por lo que blindarla es requisito necesario.

Uge Sangil, presidenta de la Federación Estatal LGTBI, está de acuerdo en que sería positivo haber incidido en las carencias en materia educativa de las normas, pero le resta peso a la ausencia. En esencia, cree que el recurso "responde a lo que se ha estado denunciando por parte de las entidades sociales sobre los recortes de la ultraderecha". La activista aplaude el paso que se ha dado y recuerda que ha habido un intento de negociación por otras vías. El paso decidido de acudir a los tribunales da cuenta de que "el Gobierno defiende los derechos humanos y del colectivo".

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