La ley para castigar con cárcel las falsas terapias de conversión avanza en el Congreso
La Comisión de Igualdad del Congreso ha aprobado este miércoles el dictamen de la proposición de ley para modificar el Código Penal y sancionar con penas de prisión las falsas terapias de conversión dirigidas a eliminar o negar la orientación sexual, la identidad o la expresión de género de las personas LGTBIQ+. La iniciativa, que ha salido adelante con los votos en contra del PP y Vox, continuará ahora su tramitación parlamentaria con el debate y la votación en el pleno del Congreso, donde todavía podrá ser modificada. El texto deberá conseguir mayoría absoluta en el pleno, al tratarse de la reforma de una ley orgánica, antes de seguir su tramitación en el Senado.
“Las terapias de conversión son una forma de violencia, de tortura psicológica, y a veces física, que lo que pretenden es quebrantar la autoestima de las personas, la dignidad y el proyecto de vida de quienes las sufren. Por eso, hoy hablamos de algo mucho más grande que la reforma del Código Penal; decidimos qué hace una democracia cuando algunos intentan convencer a una persona de que su orientación sexual o su identidad de género es un error que debe corregirse”, ha defendido el ponente socialista, secretario LGTBI del PSOE y diputado por Madrid, Víctor Gutiérrez.
Promover las mal llamadas terapias de conversión ya quedaba prohibido por la ley trans desde hace tres años. La norma que se debatirá en el Congreso pretende "dar un paso más" al contemplar su sanción en el Código Penal con posibles penas de cárcel de seis meses a dos años, y multa de ocho a 24 meses, para quienes las ejerzan sobre otras personas, aun con su consentimiento o el de su representante legal, e inhabilitaciones para ciertas profesiones. Además, el dictamen aprobado ha incluido un nuevo apartado que establece la prohibición de ayudas a "personas físicas, entidades jurídicas y/o asociaciones que hayan sido condenadas por sentencia firme por cometer, incitar o promover actos discriminatorios o de violencia".
“No estamos ante una diferencia de opiniones, sino ante una forma de violencia que sigue existiendo", ha explicado Gutiérrez. "Las terapias han aprendido a adaptarse y se esconden tras consultas pseudoterapéuticas, grupos de acompañamiento, se disfrazan de retiros espirituales, pero siempre bajo la misma mentira: hacer creer a las víctimas que el problema son ellas", ha añadido el ponente socialista.
Los antecedentes
En febrero del año pasado, llegaron dos iniciativas al Congreso. La primera partía de los colectivos sociales y fue rubricada por todos los grupos parlamentarios de la izquierda, salvo el Partido Socialista. Los de Pedro Sánchez decidieron semanas después registrar su propia iniciativa, dirigida a introducir las terapias de conversión en el Código Penal. Esta última fue dando pasos hasta conseguir ser aprobada este miércoles en la Comisión de Igualdad.
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Con el avance de la proposición socialista, los grupos que firmaron la primera salvaron el grueso de su contenido vía enmiendas, explicó en conversación con este diario el autor de aquella otra iniciativa, el abogado y presidente de la Asociación Española contra las Terapias de Conversión, Saúl Castro. Las enmiendas llevan en negociación desde el verano pasado y a día de hoy se ha trabajado de forma conjunta en una transaccional, pensada para incorporar "lo más importante".
Castro cree fundamental que la propuesta legislativa ponga negro sobre blanco una "definición en negativo" de las terapias. Es decir, "lo que no son y no pueden ser", como los "tratamientos afirmativos del género", aquellos que sean "exploratorios y no estigmatizantes", a los que acceden las personas trans durante su proceso. El letrado apuesta, además, por incluir una referencia expresa al consentimiento –es decir, perseguir las terapias incluso cuando cuenten con el visto bueno de la víctima– y eliminar la necesidad de que exista una "afectación a la integridad física o psicológica", pues se trata de consecuencias "inherentes al tipo", entiende el jurista.
La primera proposición incluía medidas sociales y económicas, como alternativas habitacionales y ayudas para las víctimas, pero al tratarse la actual de una reforma estrictamente penal, este tipo de cuestiones se han quedado fuera. "Entendemos que lo prioritario ahora es aprobar la ley", asiente el abogado.
