Miguel, el camionero fallecido en Burgos que demuestra que las muertes por calor están infrarrepresentadas

Hace poco más de un mes, Miguel Moreira se subió por última vez a su camión cisterna. Paró en una nave del polígono industrial de Cojóbar (Burgos), se bajó y conectó los tubos a un depósito subterráneo para vaciar la carga. El operario que trabajaba en la báscula le vio tambalearse y cuando se acercó, notó algo raro en él, no respondía. Le dio tiempo a sujetarlo antes de que cayese a plomo, pero eso no evitó que falleciera de madrugada en la UCI del Hospital Universitario de Burgos.

Muy probablemente, la muerte de Miguel no quedará registrada como lo que fue: un shock provocado por las altísimas temperaturas del secarral donde paró a descargar. Ese día, 24 de junio, España sufría la primera ola de calor de este verano y esa zona se encontraba en alerta naranja en el mapa de riesgo por calor del Ministerio de Sanidad. El país alcanzó durante ese episodio unas temperaturas medias 7,1 ºC por encima de lo normal, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Amaia Moreira, una de los cuatro hermanos de la víctima, confirma que el cuerpo del camionero no fue sometido a autopsia, sino que fue tratado como un desmayo en la vía pública –así consta en el informe del 112 y ella entiende que fue porque así lo describió la persona que llamó a emergencias– que terminó en una parada cardiorrespiratoria 11 horas después. Su familia pelea ahora con el seguro para que se reconozca la muerte como accidente laboral para acceder a la indemnización.

"Ese lunes ya nos mandó una foto en la que el termómetro del camión marcaba 47 ºC. Bromeó con que cualquier día…", recuerda Amaia. También subraya que no tenía patologías previas y que nunca había tenido ningún susto parecido, sino que que fue un golpe de calor fulminante. "Toda la vida en el camión y ni un accidente, por eso estoy tan enfadada". Miguel era de San Sebastián y falleció con 56 años.

Al no establecerse una relación oficial entre la muerte y el calor, este caso pasará a ser otro de las decenas de trabajadores fallecidos en su puesto debido a temperaturas extremas que no se registra como tal. Según el Ministerio de Trabajo, el año pasado solo murieron cinco personas en España por calor en jornada laboral, pese a que el Instituto de Salud Carlos III estimó 3.832 fallecidos totales atribuidos al calor el pasado verano.

Fernando García, investigador del Centro de Investigación en Salud Laboral (Cisal) de la Universitat Pompeu Fabra, considera que es muy probable que haya víctimas en entornos de trabajo donde no se reconoce el calor como causa. Primero, porque concluir que una persona que murió al caer de un andamio lo hizo por un mareo derivado de la deshidratación requiere de una investigación compleja. Y segundo, porque en los puestos de alto riesgo por calor suele haber una sobrerrepresentación de inmigrantes no dados de alta en la Seguridad Social que quedan fuera de la estadística.

"Sospecho que hay un infrarregistro de muertes por calor, y afecta especialmente a trabajadores vulnerables. Necesitamos estudios para conocer la dimensión de este vacío", opina el experto.

Sobre el caso de Miguel Moreira, García matiza que no siempre es necesario hacer una autopsia si la causa es evidente cuando la víctima es atendida por los médicos, pero desde luego la ley obliga a dejar por escrito de manera rigurosa la causa y el contexto del fallecimiento en caso de accidente laboral. "La ley de riesgos laborales obliga a investigar caso a caso, pero es verdad que ahora hay unas 600 muertes al año, una cifra que además lleva años al alza. Es difícil saber si todas se investigan", afirma este especialista en enfermedades profesionales.

Trabajar a 50 ºC en la huerta

A este protocolo complejo se suma, como dice el investigador, que los sectores más afectados por el calor son la agricultura y la construcción, y, más recientemente, el reparto urbano en bicicleta, profesiones donde abunda el trabajo irregular y la prevención de riesgos laborales es prácticamente inexistente.

Un agricultor de Huelva que lleva más de dos décadas trabajando en Almonte relata a infoLibre que trabajar en verano allí es un verdadero infierno. Hay fincas mejores y peores, pero en la que está este verano se une el maltrato psicológico –gritos y amenazas–, unas condiciones de semiesclavitud –trabajar durante semanas sin descansos porque la alternativa es el despido– y un calor abrasador. Si en el exterior el termómetro marca 40 ºC, debajo de los plásticos que hacen de invernadero pueden hacer 50 ºC o más, con una humedad insoportable que reduce la capacidad del cuerpo para autorregular su temperatura.

"El plástico te suma 10 o 12 ºC fácilmente, pero es que ahí dentro estás durante horas arrancando plantas de frambuesa a brazadas. Y ese día te has levantado a las cinco de la mañana", relata este peón, que prefiere no dar su nombre para evitar represalias. "Y si te ven descansar, vienen a gritarte para que vuelvas al tajo. Si pillas al manijero en un mal día, que suelen ser todos, te pueden mandar a casa tres días sin cobrar".

El agricultor subraya que en estos lugares impera la ley del silencio porque los jornaleros –de Colombia, Honduras, Nepal, Rumanía…– no pueden permitirse denunciar. Y los accidentes, algunos de ellos mortales, no llegan jamás a las estadísticas. Un ejemplo es el de una trabajadora marroquí que murió en Moguer (Huelva) en mayo por un golpe de calor en una huerta de fresas. Organizaciones sociales como el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) o la Unión Marroquí del Trabajo (UMT) denunciaron públicamente el caso, pero no han podido acceder a más información.

"Estas cosas siempre se resuelven igual. Los accidentes se entierran", dice José Antonio Brazo, responsable del SAT en Huelva. "La empresa contacta con la familia y si te corresponden diez te dan dos y asunto zanjado. Y todo el mundo alrededor callado porque si lo denuncias, al año siguiente no vuelves".

Adaptan la jornada al calor, pero les recortan el sueldo

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En teoría, desde 1995 es obligatorio para todo empresario garantizar un entorno seguro debido a la ley de prevención de riesgos laborales. Como el calor es un riesgo difuso, en 2023 el Gobierno incorporó a la normativa la obligación de adaptar las condiciones de trabajo cuando la Aemet declare avisos por calor. Si una zona está bajo aviso naranja o rojo, "resultará obligatoria la adaptación de las condiciones de trabajo, incluida la reducción o modificación de las horas de desarrollo de la jornada prevista", dice la norma.

En general, describe el agricultor de Almonte que ha participado en este artículo, esto se cumple en todas las fincas porque basta con empezar a trabajar media hora o una hora antes, sobre las 6.30 de la mañana. No hay coste para el empresario y el rendimiento de los trabajadores aumenta, así que no hay debate.

El problema, dice, es que en la finca donde él trabaja, el jefe se vale de la ley para pagarles menos. "Uno de los primeros días de ola de calor, no se nos avisó de la alerta. Simplemente empezamos a las 7.00, como un día normal, pero a las 12.00 nos mandaron a casa, dos horas antes de lo normal. Y cuando tocó cobrar, como sospechaba, ese día nos restaron las horas y me quitaron un día de cotización", lamenta el trabajador. "Ya no es solo el dolor físico del trabajo, es vivir sometido a un miedo constante. Y si te quejas, se corre la voz y olvídate de trabajar", añade.