El impacto de las olas de calor no es solo físico

El cambio climático ha dejado de ser una proyección futura en los modelos de circulación general para convertirse en una emergencia planetaria inequívoca, tal como certifica el Sexto Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. La evidencia científica acumulada permite afirmar con total seguridad que la actividad humana es el motor principal de esta alteración a una velocidad sin precedentes en milenios. Los datos más recientes del Servicio de Cambio Climático de Copernicus confirman que el periodo entre los años 2023 y 2025 ha sido el primer trienio de la historia en superar una media de 1,5ºC por encima de los niveles preindustriales. Esta aceleración es especialmente crítica en España, catalogada por la comunidad científica como un hotspot de vulnerabilidad. Al respecto, el Informe sobre el Estado del Clima de España 2025 de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) revela que el año 2025 fue extremadamente cálido en nuestro país, registrando una temperatura media de 15,1ºC (lo que representa una anomalía de 1,1ºC por encima del promedio normal respecto al periodo 1991-2020) y situándose como el tercero más cálido de la serie histórica iniciada en 1961, empatado con 2024 y solo por detrás de 2022 y 2023. Esta persistencia consolida una tendencia alarmante donde el incremento térmico medio anual en España ya acumula un aumento de 1,75ºC desde 1961.

Esta realidad física se traduce en anomalías prolongadas y recurrentes que erosionan la planificación preventiva tradicional en todo el país, reflejando que las olas de calor han dejado de ser episodios estivales aislados. Si la duración promedio de estos eventos en el periodo histórico de referencia se situaba en los 14 días, el escenario de emisiones medias proyecta que la duración de las olas de calor se extenderá en la Península Ibérica hasta los 39 días de media, pudiendo alcanzar un promedio extremo de 49 días en el escenario de emisiones más pesimista. Esta dilatación temporal de las temperaturas extremas se acompaña de un aumento progresivo del número de días en alerta oficial de salud pública, lo que expande la temporada estival en aproximadamente cinco semanas respecto a los años ochenta y consolida una preocupante tropicalización del clima en el sur de Europa. Paralelamente, los escenarios climáticos proyectados estiman que el número de noches cálidas al año se elevará desde la media histórica de 36 hasta alcanzar las 85 noches en el escenario de emisiones medias, o incluso las 97 noches en el escenario de emisiones más pesimista.

Este escenario científico obliga a redefinir la salud laboral en España desde una perspectiva psicosocial de primer orden. Los impactos climáticos han dejado de ser una preocupación periférica o puramente física para transformarse en estresores vitales que deben ser gestionados de forma integral. El nexo de unión entre el aumento térmico y la quiebra del equilibrio emocional es profundo y multicausal, manifestándose tanto en la fisiología del cerebro humano como en la degradación de los entornos organizativos. El bienestar del trabajador exige políticas de adaptación que superen el sesgo puramente físico para adentrarse decididamente en la salud mental. En este sentido, es fundamental reconocer que la protección de la salud laboral ante la crisis climática requiere un enfoque integral, donde la resiliencia humana y la preservación de las condiciones de trabajo seguras se entiendan como dos caras de la misma moneda, impulsando políticas preventivas que aborden el bienestar fisiológico y psicológico de las plantillas de forma simultánea.

El primer eslabón de este deterioro de la salud mental es de carácter biológico e imposibilita la recuperación diaria. Para iniciar y mantener un sueño reparador en las fases profundas de restauración neurológica, el organismo requiere reducir su temperatura interna central de forma natural mediante termólisis. Las noches tórridas sabotean este proceso biológico básico, obligando a las personas trabajadoras a acudir a su jornada laboral con una severa deuda de sueño acumulada. Un trabajador cansado es un sujeto con menor resiliencia psicofísica, menor capacidad de control emocional y un umbral de tolerancia al estrés drásticamente disminuido. Esto eleva exponencialmente el riesgo de cometer errores atencionales y cognitivos, traduciéndose en una mayor siniestralidad laboral al día siguiente en sectores de alta exigencia como la construcción, la industria o el transporte.

Esta vulnerabilidad física interactúa de forma peligrosa con una muestra demográfica madura en el mercado de trabajo español, donde la pérdida de capacidad homeostática es fisiológicamente inevitable con el paso de los años. Con la edad, disminuye de forma natural la sensibilidad de los termorreceptores cutáneos, la densidad activa de glándulas sudoríparas y la elasticidad del sistema cardiovascular para derivar flujo sanguíneo a la periferia y enfriar el núcleo corporal. Forzar un rendimiento normalizado en condiciones de estrés térmico severo a una población ocupada envejecida no solo es un factor de riesgo para el síncope o el golpe de calor, sino que induce un estado de agotamiento volitivo extremo. Los resultados parciales de un estudio que actualmente está desarrollando UGT indica que alrededor de las tres cuartas partes de las personas encuestadas reportan una importante merma motivacional, describiendo sensaciones de una falta de energía que vacía por completo la mente del trabajador. Al final, acude a su puesto en "modo supervivencia": está allí físicamente, pero no puede rendir porque su cuerpo solo intenta protegerse para no colapsar por el calor.

Además, el calentamiento global deteriora profundamente el clima organizacional y las relaciones humanas en los centros de trabajo. La neurobiología demuestra que el trabajo sostenido bajo temperaturas elevadas reduce la capacidad de la memoria de trabajo y nubla la atención. De forma paralela, el incremento de la temperatura actúa como un catalizador de la hostilidad relacional al elevar los niveles de cortisol y catecolaminas. En entornos metropolitanos hiperdensificados de atención al público, como el comercio y la hostelería en las grandes capitales españolas, el malestar térmico se traduce en un aumento de los conflictos interpersonales y la violencia verbal. Las tensiones térmicas erosionan la asertividad y la empatía, transformando los espacios laborales en escenarios de alta fricción interpersonal.

Esta vulnerabilidad no se distribuye de manera homogénea, sino que dibuja una preocupante fractura socioeconómica y territorial entre el entorno metropolitano y el rural. En las áreas urbanas, el asfalto, la escasez de vegetación, la impermeabilización del suelo y las emisiones térmicas de la climatización y el tráfico masivo provocan el fenómeno de la isla de calor urbana, haciendo que se irradie de noche el calor acumulado durante el día. Este fenómeno mantiene el estrés térmico en niveles peligrosos mucho más allá de las horas de máxima insolación oficial. Para las personas que realizan tareas a la intemperie en la ciudad, como los servicios de limpieza viaria, la construcción o el reparto de paquetería, el riesgo se ve multiplicado. En la logística urbana, por ejemplo, trabajadores como los riders sufren el choque constante entre la presión de algoritmos rígidos que ignoran las alertas de la AEMET y su necesidad de autoprotección, anulando su control sobre el ritmo de trabajo y disparando cuadros de ansiedad clínica e indefensión aprendida.

En el ámbito laboral es preciso aplicar principios de adaptación organizativa durante los avisos oficiales de nivel naranja o rojo emitidos por la AEMET

En el extremo opuesto, el medio rural español se enfrenta a manifestaciones distintas pero igualmente severas de la violencia del clima. En este entorno, el avance de la aridez y el estrés hídrico imponen presiones extremas sobre el sector primario. El impacto sobre la salud mental se manifiesta como una angustia existencial ante el declive económico de las explotaciones agrarias y ganaderas, un factor de vulnerabilidad silencioso que fomenta la depresión entre la población agrícola. Asimismo, la mayor virulencia de los fenómenos meteorológicos extremos provoca traumas agudos; tormentas de granizo y pedrisco destructivas, capaces de arruinar el trabajo de todo un año en diez minutos en las vegas de cultivo, inducen trastornos de estrés postraumático con fobias anticipatorias específicas hacia las formaciones nubosas. En las zonas forestales, la prolongación estival somete a las brigadas de extinción a una carga mental extrema ante la recurrencia de incendios devastadores, generando desgaste emocional, fatiga de compasión y un duelo psíquico por la pérdida del paisaje que la literatura científica define como solastalgia.

Pero el impacto del cambio climático en la salud mental de las personas trabajadoras también presenta un evidente sesgo de género que agrava la vulnerabilidad de las mujeres trabajadoras de manera multidimensional. Los datos oficiales confirman que las mujeres asumen de forma desproporcionada la carga mental de cuidados domésticos e informales ante el empeoramiento de la salud de familiares dependientes y niños durante las olas de calor extremos. Esta asimetría estructural se cruza con una fuerte feminización de sectores asistenciales e interactivos como la sanidad, el cuidado a domicilio y la limpieza de interiores. Durante periodos de temperaturas extremas, la saturación de los servicios públicos de atención y la exigencia de contener el sufrimiento ajeno imponen un sobreesfuerzo que las trabajadoras deben compatibilizar con jornadas laborales rígidas y escasa flexibilidad horaria, potenciando el síndrome de burnout, el colapso emocional y los desórdenes adaptativos bajo la precariedad de base del sector servicios.

Resulta preocupante constatar la profunda brecha preventiva y el vacío operativo que existe en el tejido empresarial español para hacer frente a esta realidad. Los resultados parciales del estudio sindical antes citado indican que el 74,47% de las personas encuestadas evalúa de forma negativa las medidas de adaptación de sus empresas frente al estrés térmico, calificándolas de inexistentes o insuficientes. Existe, además, una preocupante falta de formación, ya que casi el 80% de los entrevistado manifiestan carecer por completo de pautas e información para proteger su salud mental frente a los efectos de climáticos extremos. Históricamente, las evaluaciones de riesgos laborales en España han adolecido de un sesgo físico-centrista, limitándose a prevenir de forma reactiva desenlaces fatales como el golpe de calor agudo. Al no incluir de forma sistemática el impacto térmico y climático dentro de la planificación de riesgos psicosociales, se invisibiliza el nexo de unión entre la sobrecarga térmica y el deterioro de la salud mental, forzando a las personas trabajadoras a experimentar su malestar en soledad bajo el presentismo de la autoprotección.

Frente a esta desprotección, resulta urgente promover un giro conceptual que sitúe la adaptación climática, la gobernanza preventiva y la salud psicosocial en el centro de la concertación social y del diálogo preventivo en España. El clima ya no puede ser tratado como una variable externa imprevisible, sino como una condición de trabajo estructural. Es preciso superar el modelo biomédico reactivo para aplicar principios de adaptación organizativa, flexibilidad horaria y paros técnicos obligatorios sin merma salarial durante los avisos oficiales de nivel naranja o rojo emitidos por la Agencia Estatal de Meteorología. Asimismo, resulta perentorio transformar el parque inmobiliario industrial, interviniendo en las naves obsoletas que actúan como invernaderos para implantar medidas de adaptación climática reales, garantizando espacios seguros para las personas trabajadoras.

Garantizar la seguridad y la salud en el trabajo en un clima cambiante exige una estrategia estatal de primer orden que alinee la prevención de riesgos con la Estrategia de Salud Mental del Sistema Nacional de Salud, con especial énfasis en el sector asistencial bajo el principio de "cuidar a quien cuida". Es indispensable implantar programas formativos reglados en las empresas para dotar a las personas trabajadoras de conocimientos y herramientas que les permitan hacer frente a los impactos del cambio climático, tanto a nivel físico como mental. Solo si una realidad se nombra, se mide y se evalúa de manera rutinaria, esta realidad entra en la agenda de la gobernanza pública y corporativa. La invisibilización de la siniestralidad asociada al calor y sus efectos cognitivos debe cesar de inmediato mediante una actualización integral de los sistemas de registro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, reconociendo el nexo causal de las patologías mentales de origen climático. La transición hacia una economía descarbonizada, circular y segura no es solo un reto tecnológico, sino un compromiso de progreso con la dignidad, la justicia social y la preservación del bienestar físico y psicológico de toda la clase trabajadora.

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José Luis de la Cruz es director de Sostenibilidad de la Fundación Alternativas.

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