Del primo de Rajoy al perogrullo: el PP lleva 20 años anteponiendo las empresas a la verdad sobre el clima

“Llevan años pontificando sobre el cambio climático; el cambio climático mata, dicen. Que el clima cambia es algo que ha ocurrido durante la historia de la humanidad y de la Tierra, eso es de perogrullo”, declaró esta semana la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, en plena ola de incendios que arrasa España.

Alberto Núñez Feijóo, presidente del partido y aspirante a La Moncloa, se muestra siempre más ambiguo, pero discute en el fondo la gravedad del problema. Reconoce el cambio climático, pero cuestiona su vinculación con fenómenos extremos como incendios o danas, y rechaza la mitigación urgente en nombre del “sentido común” y el “equilibrio” frente a la “dictadura activista”.

En su fallido intento de investidura de 2023, Feijóo dedicó apenas dos minutos a la crisis climática dentro de un discurso de una hora y cuarenta minutos. Lo hizo para reclamar “equilibrio entre la sostenibilidad ambiental y el desarrollo económico social”. “No voy a perder ni un segundo en discutir sobre el cambio climático; me propongo afrontar este asunto con las evidencias que la ciencia nos aporta, con los instrumentos que la tecnología ofrezca en cada momento y con el sentido común de la mayoría de los españoles que reclaman una economía más verde sin visiones apocalípticas”, dijo entonces. El argumento clave aquí es “el sentido común”.

Feijóo ha llegado a calificar de “cortina de humo” vincular la ciencia con los incendios que arrasaron España el verano pasado y que continúan este año. Según él, el 75% de los fuegos “tienen que ver con obra humana, ya sea de forma intencionada o de forma negligente”. Y ahí termina su razonamiento.

Lo cierto es que, por llamativo que parezca, con este planteamiento el líder del PP no inaugura una línea nueva bajo presión de Vox. Recoge un guante que su partido lleva dos décadas manejando: asumir el lenguaje del cambio climático sin aceptar sus consecuencias políticas y económicas. La trayectoria del PP, desde Mariano Rajoy hasta hoy, muestra una constante: la subordinación de la acción climática a la lógica económica y a los intereses de las grandes corporaciones.

El primo de Rajoy y la duda como estrategia

Uno de los episodios más recordados es el de 2007, cuando Rajoy, entonces líder de la oposición, justificó su escepticismo climático invocando a un primo suyo, catedrático de Física, como fuente de autoridad científica. Cuestionó que el calentamiento global pudiera convertirse en “el gran problema mundial” y planteó que nadie podía saber con certeza qué ocurriría dentro de 300 años.

Aquella frase no fue un desliz aislado. Fue la cristalización de una estrategia que convirtió una cuestión científica en un debate de supuesto sentido común y de identidad partidista. Años después, ya como presidente del Gobierno, Rajoy admitió que se había equivocado y calificó el cambio climático de “grave problema”. La rectificación, tardía y con sordina, no borró el valor político de aquella duda inicial, que sirvió durante años como coartada cultural para que sectores conservadores minimizaran la urgencia climática.

Aznar y el “apocalipsis climático”

Si Rajoy representa la duda, José María Aznar encarna el cuestionamiento frontal. En 2008, ya fuera del Gobierno, el expresidente criticó que se destinaran recursos a una causa que consideraba “científicamente cuestionable”. En una entrevista en Expansión sostuvo que no se podía “estar amenazando con el apocalipsis todos los días a cuenta del cambio climático” y describió la acción climática como “un arma arrojadiza que busca acabar con las sociedades libres”. Llegó a presentar la ecología como un "nuevo comunismo" frente al "catastrofismo".

Durante su mandato, sin embargo, España ratificó el Protocolo de Kioto y creó el Ministerio de Medio Ambiente. La gestión no fue tan escéptica como el discurso público, y esa dualidad resume el patrón del PP: aceptar el marco institucional del clima mientras se rebajan o posponen sus implicaciones económicas.

París y la ley española: el PP a remolque

En 2015, con Rajoy en La Moncloa y el mundo preparando la cumbre de París, el PP respaldó formalmente un acuerdo global vinculante contra el cambio climático. Pero esa retórica oficial contrastaba con la trayectoria interna del partido, marcada por el retraso y la prioridad al crecimiento económico frente a la descarbonización rápida.

En 2021, ya con Pedro Sánchez en la Presidencia, el Congreso aprobó la ley española de cambio climático y el PP se abstuvo. Una decisión que fue coherente con su idea de “equilibrio”: aceptar el marco climático sin respaldar medidas que incomodaran a la industria, la energía o el mercado.

Entonces dirigía el PP Pablo Casado, cuyos cuatro años al frente del partido (2018-2022) los académicos han bautizado como "retardismo activo". Casado no negó el cambio climático, lo que le distinguía de la retórica de Vox, pero diluyó sistemáticamente la urgencia de la mitigación y se presentó a sí mismo como “adaptacionista” frente al “catastrofismo” de la izquierda. Su eslogan, la “transición ecológica justa que no deje a nadie atrás”, se traducía en la práctica en dar más tiempo a la industria para adaptarse y en proteger sectores como la automoción de combustión o la generación térmica de carbón.

En noviembre de 2019, ante el PP Europeo en Zagreb, Casado resumió su etapa con una frase: “Somos adaptacionistas ante el cambio climático. No aceptemos lecciones medioambientales de la izquierda”.

Bajo esa doctrina, el PP evitó, una vez más, vincular con contundencia la gravedad de las catástrofes naturales con el calentamiento global. Casado, igual que hace ahora Feijóo, atribuía incendios y desastres a “leyes restrictivas” del Gobierno que supuestamente impedían el desbroce forestal, una tesis que juristas y ambientalistas ya han desmentido. La prioridad era la economía: defensa del diésel, retraso del cierre de térmicas y promoción de tecnologías de captación de CO2 que la comunidad científica considera “falsas soluciones”.

Feijóo y el retardismo

Con Feijóo, el PP ha cambiado el envoltorio, pero no del todo la lógica. El líder de la derecha española apela a la ciencia y la tecnología, pero subordina de inmediato la transición ecológica al crecimiento económico y al “sentido común”. Es la forma clásica del retardismo: no negar el problema, sino aplazar o diluir las medidas transformadoras para no alterar el orden económico existente. Es su versión de la máxima que hizo famosa Rajoy: “A veces la mejor decisión es no tomar ninguna decisión, y eso es también una decisión”.

El PP ha mostrado que prioriza los intereses de las grandes corporaciones sobre la acción climática. En el sector energético defiende la nuclear como pieza central del sistema, alineado con las preocupaciones de las eléctricas, con las que su líder mantiene una relación privilegiada. El argumento: el cierre "innecesariamente anticipado" de las centrales aumentaría precios, elevaría emisiones y reduciría los fondos de Enresa.

En el automóvil, el PP prefiere fórmulas de apoyo a la competitividad industrial antes que restricciones fuertes a las emisiones. En 2024 el PP europeo presionó para flexibilizar los objetivos de emisiones de coches, alineándose con las posturas más a la derecha del grupo popular europeo, en defensa de mantener tecnologías híbridas y de combustión más tiempo y de retrasar la electrificación total prevista para 2035.

El resultado es un discurso que aparenta modernidad mientras conserva la misma jerarquía: primero el negocio, luego el clima. Esa es la verdad que el PP ha evitado durante dos décadas, que la acción climática no puede subordinarse a las grandes corporaciones sin un coste real en impacto ambiental, salud pública y justicia intergeneracional.

Quién presiona detrás de cada duda

Detrás de cada matiz y cada "verdad de perogrullo" sobre el clima hay un nombre propio: las corporaciones que han convertido la transición ecológica en un campo de batalla empresarial. En España presionan sobre todo los sectores con mayor huella de emisiones, el petróleo y el gas, la industria pesada, el transporte por carretera y parte del sector eléctrico tradicional. Su influencia no es marginal: es estructural.

Repsol encabeza el bloque petrolero, junto a Naturgy y Enagás. A través de patronales europeas como FuelsEurope y Sedigas defienden el gas como "energía de transición", se oponen a metas de electrificación acelerada y promueven biocombustibles, hidrógeno de baja ambición y captura de carbono en lugar de reducir directamente el consumo.

La industria pesada, cemento, acero, química y vidrio, concentra emisiones elevadas y costes de descarbonización altos. Empresas como Cemex, ArcelorMittal o Ercros presionan a través de sus patronales para lograr exenciones, plazos más largos y fondos públicos que en la práctica sostienen procesos intensivos en carbono.

El transporte por carretera es el gran rezagado, con solo un 6,8% de reducción de emisiones entre 2008 y 2022 pese a representar cerca del 28-30% del total nacional. La patronal ANFAC presiona para flexibilizar los objetivos de CO₂ de la UE, y el PP europeo votó en 2025 contra esos objetivos, alineándose con la posición más dura del sector.

Las grandes eléctricas, Iberdrola, Endesa, Naturgy, han asumido discursos de transición, pero el lobby del gas presiona para frenar la electrificación cuando amenaza sus negocios fósiles, para influir en el diseño del mercado eléctrico y proteger las rentas de tecnologías ya instaladas, incluida la nuclear, y para negociar cierres nucleares y de carbón con calendarios extendidos alegando seguridad de suministro y empleo. La banca y los seguros, sin ser emisores directos, financian y aseguran proyectos de alto carbono y presionan, a través de la AEB, para suavizar los criterios de financiación sostenible.

Estos sectores comparten el argumento de la competitividad y el empleo, la demanda de ayudas públicas y la apuesta por soluciones tecnológicas a largo plazo que permiten mantener la actividad fósil más tiempo, coordinados a través de grandes patronales como CEOE, AEB, ANFAC, UNESA o Sedigas. 

El resultado es un sistema en el que la acción climática se define no solo por la ciencia, sino por la capacidad de presión de los actores económicos más poderosos. Ahí es donde el PP ha encontrado su espacio cómodo: no hace falta negar el cambio climático cuando se puede subordinar la respuesta a la lógica empresarial.