PP y Vox difunden negacionismo climático en plena ola de incendios

Cada verano, mientras los incendios forestales asolan distintos puntos del país y los servicios de emergencia luchan contra las llamas, el debate político también se llena de desinformación. La actual ola de incendios, que ha afectado a Castilla y León, Madrid y Castilla-La Mancha, no ha sido una excepción. A medida que avanzaban los fuegos, dirigentes de PP y Vox reactivaron un discurso que minimiza el papel del cambio climático y pone el foco en la gestión forestal.

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha calificado de “irresponsabilidad política” la difusión de bulos sobre los incendios. Sin embargo, durante estos últimos días varios políticos han usado las ruedas de prensa y las redes sociales como altavoz para difundir desinformación.

El discurso más frontal contra la evidencia científica proviene de Vox. La formación de extrema derecha ha aprovechado la oleada de incendios para reactivar su argumentario negacionista. El 20 de julio, el diputado en la Asamblea de Madrid, José Antonio Fúster, cruzó todas las líneas rojas del consenso científico al afirmar que la acción del hombre no es la causante del calentamiento global. “La Tierra, el mundo, el sistema solar tiene sus propios tiempos y hace lo que le parece. No es el hombre”, afirmó, asegurando además que “los paneles científicos” se estaban “echando un pelín para atrás” en la idea del origen humano del calentamiento global, una afirmación que no se corresponde con el consenso científico internacional, respaldado por organismos como el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), que en su último informe sobre cambio climático señala la influencia humana como principal responsable del calentamiento a un ritmo sin precedentes.

A partir de esas declaraciones, la maquinaria del partido se ha centrado en desvincular el clima del fuego. En su cuenta oficial de X, publicaron que no hay cambio climático, sino “una ideología criminal, incompetencia y abandono”. Al mensaje adjuntaban una imagen que indica que si los montes no se limpian en invierno, arden en verano. El mensaje elude que la limpieza y la gestión de los montes son competencia de las comunidades autónomas, incluidas aquellas donde gobierna Vox en coalición y dirige áreas como Medio Ambiente en Aragón o Medio Rural y Política Ambiental en Castilla y León.

En esta línea han seguido otros representantes como Iñigo Henríquez de Luna, diputado en la Asamblea de Madrid, quien la semana pasada acusó reiteradamente a otros políticos (y en especial a Pedro Sánchez) de utilizar el cambio climático como un “burladero” para esconder su responsabilidad en la prevención y gestión. Por otro lado, la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino, y el propio Santiago Abascal, atribuyeron la falta de medios contra los incendios a la “corrupción” del Gobierno central, llegando a calificar a Sánchez de “plaga”. Ninguno de los tres aportó datos, informes o ejemplos concretos que sostuvieran esa relación directa entre corrupción y escasez de medios de extinción.

Por su parte, el portavoz de Trabajo y Campo de la formación, Rodrigo Alonso, completó ese argumento asegurando que los incendios activos no se deben al cambio climático, sino a la falta de “trabajos de desbroce” y a que no se ha “limpiado el campo adecuadamente”. La Ley de Montes, aprobada en 2003 por el Gobierno de José María Aznar, establece obligaciones que contradicen esa afirmación. La norma exige la limpieza de los montes tanto a los propietarios privados como a los ayuntamientos, y demanda a las comunidades autónomas la elaboración de planes anuales de prevención de incendios. Entre esas medidas antiincendios deben figurar trabajos de carácter preventivo como los tratamientos selvícolas, que incluyen la eliminación de matorrales y la poda.

El PP evita la palabra “clima” y habla de “mala gestión” y "burocracia"

Isabel Díaz Ayuso y Feijóo han ignorado en diversas ocasiones la propuesta de un Pacto de Estado contra el cambio climático que propone el Gobierno. En cambio, Ayuso ha reclamado este lunes que se escuche “a las gentes del campo, que son quienes de verdad conocen lo que pasa en los montes”, denunciando “dificultades para limpiar los montes y para trabajar en sus propios terrenos”. Tampoco la Ley de Montes respalda esta interpretación. Los permisos solo son necesarios para quemas o uso de maquinaria en periodos de riesgo, y su tramitación depende de cada comunidad autónoma. Algunas, como Castilla y León o la propia Comunidad de Madrid, solo exigen una declaración responsable en el caso de extraer matorrales de más de 1,5 metros o realizar podas mayores.

En la misma línea se ha pronunciado este lunes Alfonso Serrano en el programa Todo es mentira. “¿El cambio climático explica parte de lo que está pasando? Sí. ¿Que ahora existe un exceso de burocracia que impide a la gente del campo hacer lo que antes hacían? También”, ha asegurado. La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha acusado al Gobierno de Sánchez de utilizar el cambio climático “como mantra” para evitar hablar de su “mala gestión” en materia de prevención de incendios. 

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Este discurso no es nuevo. Ya en 2022, Ayuso definió la agenda climática como una posible “gran estafa” ante la Asamblea de Madrid. La misma dirigente que meses después, en el debate electoral del 28M, prometía “llevar naturaleza a los patios y a las azoteas” para que “cada balcón de Madrid tenga una planta”, ha mantenido en paralelo, año tras año, un discurso agresivo contra las políticas climáticas.

El año pasado Vox ya achacaba los incendios en España al fanatismo climático y las políticas medioambientales de la Agenda 2030. Esta no es una ley ni una norma jurídica, por lo que no autoriza ni prohíbe nada a nivel estatal o autonómico, sino que es un compromiso internacional de Naciones Unidas para la protección de los ecosistemas terrestres.

Mientras los bomberos siguen trabajando sobre el terreno, la legislación vigente mantiene desde hace más de dos décadas obligaciones concretas sobre la gestión de los montes y reparte responsabilidades entre propietarios y administraciones. Ese marco legal contrasta, sin embargo, con un debate política en el que cada verano resurgen afirmaciones que cuestionan tanto el consenso científico sobre el cambio climático como el alcance real de la normativa forestal.