Cuando los jueces quieren gobernar

En su reciente artículo “Que los jueces del Supremo se presenten a las elecciones”, Joaquín Urías lanza una advertencia que va mucho más allá de la coyuntura jurídica: el Poder Judicial español no emana del pueblo, no funciona con reglas democráticas equiparables a las del Parlamento y el Gobierno y una parte de sus jueces, especialmente en la cúpula, ha asumido el papel de gobernantes sin haber pasado por las urnas. A partir de esa tesis, el debate deja de ser solo técnico y se convierte abiertamente en político y democrático.

Un poder que no nace del voto

En democracia, la ciudadanía elige a quienes van a tomar decisiones políticas: aprobar una regularización de inmigrantes, reformar el código penal, diseñar la política económica o pactar la convivencia territorial. Ese mandato se expresa en programas, campañas, debates y, sobre todo, en la posibilidad de castigar en las siguientes elecciones a quien se ha equivocado.

Los jueces no forman parte de esa cadena de legitimidad. Una parte significativa accede por oposición y progresa por una carrera cerrada; otros lo hacen a través de vías alternativas ---desde fórmulas de promoción interna a figuras de juristas de reconocida competencia--- que ni siquiera exigen haber superado una oposición específica de juez. En todos los casos, su incorporación a la judicatura no expresa ninguna voluntad política colectiva, porque nunca someten su proyecto de país al escrutinio ciudadano. Su función constitucional es acotada: aplicar las leyes que aprueban las Cortes y controlar la legalidad de la actuación del Ejecutivo, garantizando derechos frente a abusos.

Cuando esa función se desborda y empieza a sustituir la decisión política, el problema ya no es técnico, sino democrático.

Un poder poco democrático y sin controles

La arquitectura judicial española se ha levantado sobre una idea tan repetida como mal entendida: la independencia. Independencia frente al Gobierno, frente al Parlamento, frente a cualquier presión externa. Pero se ha olvidado algo esencial: un poder sin controles tiende a convertirse en un poder sin límites.

El Consejo General del Poder Judicial, concebido como órgano de gobierno de los jueces y tenue puente con la voluntad popular, lleva años degradado entre bloqueos partidistas y lógica de cuotas. Ese bloqueo prolongado no solo paraliza nombramientos: erosiona la escasa conexión democrática del sistema. Mientras tanto, la cultura corporativa de la judicatura se refuerza: cualquier crítica se presenta como ataque a la separación de poderes, cualquier propuesta de reforma como intento de someter la justicia al poder político.

El resultado es un poder muy poco democrático: no emana del pueblo, no rinde cuentas ante nadie y se protege frente a cualquier control efectivo. Y, sin embargo, decide sobre cuestiones que afectan a cientos de miles de personas, desde la política migratoria hasta la gestión de conflictos territoriales.

Cuando los jueces actúan como gobernantes

El texto de Urías pone el foco en la cúpula judicial, especialmente en el Tribunal Supremo. Allí se ha consolidado una forma de intervención que va más allá del control de legalidad: decisiones que corrigen, condicionan o bloquean el rumbo político como si fueran una segunda cámara no elegida.

Cuando determinadas interpretaciones se convierten en dogma que limita cualquier mayoría parlamentaria, la soberanía popular deja de ser el centro del sistema

Cuando un tribunal se posiciona ante una regularización de inmigrantes no solo con argumentos jurídicos, sino con la pretensión de marcar qué modelo de sociedad debe prevalecer, está ocupando el lugar que corresponde al Parlamento y al Gobierno. Cuando determinadas interpretaciones se convierten en dogma que limita cualquier mayoría parlamentaria, la soberanía popular deja de ser el centro del sistema.

La ironía de Urías ---que los jueces del Supremo se presenten a las elecciones--- funciona como espejo: si quieren gobernar, que hagan campaña, que expliquen abiertamente su proyecto de país, que asuman el desgaste de decidir sobre la vida y los derechos de millones de personas. Lo que resulta inaceptable es ejercer ese poder sin haber pedido nunca el voto de nadie.

Reformas para devolver el poder al pueblo

La respuesta no pasa por someter la justicia al capricho del Gobierno ni por convertir a los jueces en militantes de partido. Pasa por reequilibrar los poderes y por recordar que el centro de gravedad del sistema es el pueblo, no la cúpula judicial.

Algunas líneas de reforma son claras:

- Garantizar que el órgano de gobierno de los jueces se renueva en plazo, con reglas que impidan el bloqueo y obliguen a los partidos a consensuar su composición.

- Delimitar por ley el espacio de intervención judicial: reforzar el control de legalidad, pero excluir expresamente la sustitución de decisiones de oportunidad política tomadas por quienes han sido elegidos.

- Exigir mayor transparencia y motivación reforzada en las resoluciones con impacto político estructural, de manera que se distingan con honestidad los argumentos jurídicos de las valoraciones ideológicas.

- Aprobar códigos de conducta que obliguen a la contención pública de los jueces en activo, especialmente de quienes ocupan plazas en la cúpula, para preservar la confianza en su neutralidad.

- Fortalecer los mecanismos de responsabilidad y supervisión, de forma que la independencia no se convierta en impunidad corporativa cuando se traspasan los límites de la función jurisdiccional.

No se trata de "politizar" la justicia, sino de devolver la política a su sitio: que las grandes decisiones que fijan el rumbo del país se tomen en las urnas y en las instituciones que emanan de ellas. El Poder Judicial debe ser fuerte e independiente, sí, pero contenido por reglas democráticas y por la conciencia de que su misión es garantizar derechos, no gobernar en la sombra.

Volver al punto de partida

El artículo de Joaquín Urías sirve, así, como detonante de una discusión que ya no podemos aplazar: quién manda realmente en una democracia donde el poder más decisivo es el único que nunca se ha sometido a las urnas. Releer su propuesta de que los jueces del Supremo se presenten a las elecciones no es solo un ejercicio retórico: es una forma de recordar que, sin control democrático, cualquier independencia corre el riesgo de convertirse en soberanía sin pueblo.

Mientras un puñado de magistrados pueda decidir el destino político de España desde despachos blindados al escrutinio ciudadano, la pregunta seguirá siendo incómoda y necesaria. Y ahí no basta con reformar procedimientos: hay que devolver al centro del sistema la idea más sencilla y más radical de la Constitución, que el poder emana del pueblo y que nadie, tampoco los jueces, puede gobernar sin haber pasado antes por las urnas.

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José González Arenas es secretario de Medio Ambiente del PSOE de Córdoba.