Coger piñas, podar arbustos o talar madera en los montes de España tiene hoy menos trabas que hace 20 años

Los incendios en España sacan del cajón cada año el bulo de que "ya no se puede hacer nada en el campo". Es un mantra que repiten cada verano políticos de primera línea y tertulianos en los medios de comunicación, y que luego resuena en las redes sociales, como el famoso mito de que ya no se pueden coger piñas o ramas, podar arbustos o recoger madera por culpa de los conservacionistas. Sin embargo, las leyes de montes autonómicas son ahora más permisivas que hace dos décadas.

En la actualidad, las comunidades permiten, con carácter general, realizar distintos aprovechamientos forestales en fincas privadas. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid no hace falta pedir ningún permiso para pastorear en un coto privado, para recolectar piñas abiertas y piñas cerradas (hasta cinco kilos), para podar matorral (inferior a 1,5 metros de altura y de especies no protegidas) ni para recoger ramas caídas, frutos o plantas aromáticas (hasta 5 kilos y no amenazadas). Esto se aplica a la mayor parte del suelo rústico madrileño porque el 65,4% de la superficie forestal es privada, cifra que asciende al 72% en toda España.

Estas exenciones no han existido siempre, sino que se incorporaron a finales de 2022. La Ley de Montes original de la Comunidad de Madrid, de 1995, no recogía hasta hace cuatro años esta posibilidad, sino que cualquier aprovechamiento forestal en una propiedad privada debía contar con el visto bueno de la Consejería de Medioambiente. Sin un proyecto de ordenación, un plan técnico aprobado por la Comunidad o una autorización específica, en teoría no se podía tocar nada.

Esta relajación de la normativa también se aplicó a la madera. La ley de 2022 flexibilizó la tala para fines domésticos (hasta 10 metros cúbicos), aunque las intervenciones de mayor tamaño sí necesitan, como hace dos décadas, un plan aprobado por la Consejería.

Daniel Otero, vicedecano del Colegio Oficial de Ingenieros de Montes de Madrid, recalca que los pequeños trabajos forestales a escala doméstica están ampliamente permitidos, pero que es a escala "industrial" cuando la gestión se complica porque hay que respetar fechas, cantidades, métodos y zonas establecidas. Pero a cambio, aporta seguridad jurídica a esos trabajos y garantiza su viabilidad a futuro. 

"¿Es esto sencillo? Evidentemente, en muchas ocasiones, el trámite burocrático es complicado o engorroso, por lo que debe ser obligación de la Administración que sea lo más sencillo y ágil. Y a la vez, que sea percibido como una garantía de que las cosas se hacen bien y de manera sostenible y equilibrada", valora el profesional

Una flexibilización nacional

La flexibilización de los requisitos para los aprovechamientos forestales no es exclusiva de Madrid, sino que vino impulsada por una reforma de la Ley de Montes nacional de 2015, durante el Gobierno del PP, que luego se ha trasladado a todas las comunidades autónomas. Desde entonces, la norma se ha reformado en tres ocasiones, pero no se han tocado desde entonces los puntos relativos a los aprovechamientos forestales, de manera que ni el Gobierno actual, ni el Pacto Verde Europeo ni las políticas ecologistas, a quienes se suele señalar como culpables, han intercedido en la capacidad de la España rural para trabajar sus fincas.

Castilla y León y Galicia, las dos principales víctimas de los incendios forestales en España, también han suavizado su regulación en los últimos años. La primera aprobó un decreto el año pasado dedicado a aprovechamientos forestales debido a que "más de la mitad de la superficie forestal de Castilla y León es de propiedad particular y presenta una baja tasa de aprovechamiento". Como Madrid, permite recoger piñas, podar ramas (que no estén protegidas), el pastoreo o aprovechar los matorrales bajos, entre otras medidas.

Por su parte, Galicia aprobó en 2020 una nueva regulación sobre el aprovechamiento de madera, leña, corcho y otros elementos forestales. En general, hace falta un plan de gestión aprobado por la Xunta para talar árboles en la región o un permiso explícito si se carece de este, pero desde hace seis años ya se permite la corta de madera doméstica sin supervisión, que solo necesita una declaración responsable.

Andalucía ha sido la última en modernizar su Ley de Montes, actualizando en marzo de 2026 la que estaba vigente desde 1992. Como el resto, incorpora los cambios que trajo la normativa nacional de 2015, pero de manera más restrictiva que en Madrid o Castilla y León, ya que toda gestión en un monte privado exige una declaración responsable, incluso la recogida de piñas, y si se trata de una intervención profunda, de un plan de gestión validado por la Consejería.

Asaja, la mayor organización de España de agricultores y ganaderos, reconoció que la ley andaluza "reduce la burocracia" y supone una "simplificación en aprovechamientos forestales (...) reduciendo la necesidad de autorizaciones complejas", de manera que el campo andaluz valora positivamente esa simplificación administrativa.

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Los expertos recuerdan que una cosa es que la ley atribuya a los propietarios la responsabilidad de gestionar sus parcelas, pero si no se subvenciona o incentiva ese trabajo, es inviable que se lleve a cabo. Al fin y al cabo, aunque el ciudadano sea responsable de cuidar su finca, son las comunidades autónomas las que tienen las competencias sobre prevención de incendios, y estos aprovechamientos cada vez tienen más de gestión del fuego que de economía rural.

Un informe de Plataforma Tierra, publicado este mes, revela, entre otras cosas, que la rentabilidad de este trabajo es mínima y muchas veces incluso negativa, por lo que no interesa dedicar tiempo a ello. En ese trabajo conjunto de diferentes expertos, Daniel Rodríguez, de la Asociación Forestal de Galicia, calcula la rentabilidad de los aprovechamientos forestales mediante diferentes maquinarias y especies arbóreas de Galicia, y solo el 12% de los casos que ha estimado ofrecen una Tasa Interna de Retorno (TIR) superior al 3%, mientras que en más del 40% de las simulaciones está por debajo del 0%, haciendo la tarea directamente inviable económicamente.

"Dado el interés medioambiental de las masas de frondosas autóctonas y la escasa rentabilidad que arrojan los resultados, parece oportuno proponer políticas públicas de apoyo para el establecimiento y mantenimiento de este tipo de bosques", concluye el experto.