No es la ley, es el abandono rural: expertos desmienten que el ecologismo llene los bosques de combustible

Este martes, la presidenta de Extremadura, María Guardiola, compareció junto al presidente del Gobierno para dar cuenta del incendio de Jarilla. Afeó a Pedro Sánchez que la ayuda estatal no fuera lo rápida que le habría gustado y culpó de la expansión de las llamas a "una normativa ambiental muy rígida" elaborada "en Europa o en los despachos de las grandes ciudades". La semana pasada, la también presidenta del PP,  Isabel Díaz Ayuso, culpó de los incendios a "la agenda ideológica" del ecologismo, pese a que la prevención y la extinción son competencia autonómica.

La polémica no es nueva y consiste en culpar a las políticas ambientales de que ya no se pueden cortar árboles, retirar setos o incluso coger piñas del bosque, una biomasa que después multiplica la ferocidad del fuego. Es indiscutible que cada año hay más combustible en los bosques, pero los expertos forestales consultados por infoLibre discrepan de sea por culpa de leyes ambientales.

Según explican, salvo zonas de extrema protección que ocupan menos del 1% del país, los dueños de las fincas tienen libertad para talar, podar y desbrozar, pero puede que necesiten un permiso previo, según el volumen de biomasa y la región donde se encuentren. A menudo es incluso es obligatorio que mantengan a raya la vegetación por la normativa de protección civil. El problema, opinan los técnicos, es más bien que el envejecimiento, el abandono rural o el reparto de las herencias hacen que muchos propietarios olviden sus tierras o ni sean conscientes de que las tienen.

En España, el 72% de la superficie forestal (20 millones de hectáreas) es de titularidad privada y sus dueños son los que están obligados a hacer la prevención de incendios, pero en general pocos cumplen con su obligación. Tanto en Galicia como en Castilla y León, el epicentro de los incendios de este verano, la normativa de limpieza de montes apenas ha cambiado en los últimos 15 años, según explican los técnicos forestales consultados por infoLibre.

Alfredo Rodríguez, secretario del Colegio Ingenieros de Montes de Castilla y León, afirma que desde 2004 las leyes que regulan la conservación de las fincas prácticamente no ha cambiado. "El desbroce siempre se ha podido hacer sin ningún permiso, y las cortas y las podas —hasta el volumen de 10 metros cúbicos, o un camión pequeño— requerían una declaración responsable hasta el pasado junio, cuando entró una nueva norma, y ya ni siquiera requiere de documentación para hacerlo", afirma el técnico.

Para trabajos a gran escala de limpieza, en todas las comunidades hay que pedir permiso a la Consejería de Medioambiente. Otro punto importante es que, si hay un elevado riesgo de incendio en una zona, la maquinaria se limita para evitar que una chispa pueda desencadenar un fuego.

El debate sobre qué se puede hacer y qué no en el campo es realmente complejo porque las competencias en suelos están muy repartidas, lo que genera un caldo de cultivo perfecto para la desinformación en momentos de tensión. También sirve a políticos para quitarse la responsabilidad de no haber trabajado en la prevención de incendios.

"La ultraderecha ha encontrado un filón en el ecologismo para culpar a alguien de no poder hacer lo que hacían hace 40 años. Es un mensaje fácil para no abordar los problemas de fondo. Siempre es mejor buscar un culpable, pedir ayuda al ejército o exigir más aviones que corregir los errores para el verano que viene", dice Miguel Ángel Soto, responsable de la campaña de Bosques de Greenpeace.

Un propietario privado debe seguir la normativa del ayuntamiento para talar y desbrozar si está dentro del término municipal, pero si está fuera, tendrá que acatar la ley de montes autonómica. Las exigencias aumentan si el terreno se encuentra dentro de un Parque Natural, la Red Natura 2000 o un Parque Nacional, puesto que uno tiene sus propias normativas. Si el monte es de dominio público, el responsable de su conservación es la comunidad autónoma.

Desde el Colegio de Ingenieros de Montes de Galicia, tampoco comparten la teoría de que cada vez haya menos trabajos permitidos en el monte. En esta Comunidad la gestión particular es especialmente importante porque más del 90% de la superficie forestal es privada y está en manos de comunidades de montes.

En Galicia, los terrenos privados no protegidos no tienen limitaciones relevantes de limpieza. En los parques naturales no es tan sencillo, aunque no ha habido normas recientes que endurezcan estas actuaciones. "En general, no ha habido cambios importantes en los últimos años. Y los que ha habido han sido para suavizar las normas de aprovechamientos forestales, como cortas o desbroces. Si antes había actuaciones que requerían de una solicitud previa, ahora están permitidas siempre", opina este técnico, que prefiere no dar su nombre. 

Preguntado por qué opina sobre la polémica entre el ecologismo y la gestión de los bosques, cree que es un debate falso. "Puede que lo que haya ahora es una vigilancia mayor porque hemos visto lo que nos puede pasar. Los ganaderos de siempre perciben que están más restringidos, pero no se ha prohibido nada nuevo", subraya.

Esta visión contrasta con la de Víctor Resco, profesor de ingeniería forestal en la Universidad de Lérida y autor del libro Ecomitos, sobre los bulos ambientalistas. Opina que "las leyes en los últimos 15 años se han vuelto más fiscalizadoras" desde Europa, el Estado y las autonomías. Cita por ejemplo la Estrategia de Biodiversidad y la Ley de Restauración europeas, que aumentan la protección de la naturaleza en determinadas zonas.

"En España también nos encontramos con una infinitud de leyes de los últimos años que restringen las actividades que benefician a los incendios", como los cambios en la normativa de evaluación ambiental. "Si un agricultor quiere recuperar un antiguo cultivo con recalificación del suelo, aunque solo sea de una hectárea, tiene que pasar una evaluación de impacto ambiental". También cita los cambios en la Política Agraria Común, que incentivan dejar zonas sin labrar o las dificultades que hay ahora para quemar los restos de podas.

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Los expertos que sostienen que las normativas de aprovechamientos de bosques no han cambiado en las últimas décadas, identifican otros problemas que sí son la causa del aumento de la biomasa en España. Alfredo Rodríguez señala desde Castilla y León que "el problema normalmente no es que la Administración no te deje limpiar, es que no encuentras al propietario para pedirle permiso". Cuenta que en muchos pueblos de 100 o 200 habitantes son los propios vecinos los que intentan adecentar las fincas de alrededor, pero que los propietarios se han diseminado y no pueden encontrarlo.

"Muchas veces en el catastro hay un DNI sin letra. Uno de los problemas más urgentes es poner cara y nombre a esas parcelas, y que pasen al dominio público porque probablemente sus dueños se desentiendan", añade.

El abandono rural es sin duda el gran problema que ven todos los expertos porque todas esas fincas dejadas a su suerte se convierten en un polvorín en verano. Arantza Pérez es vicedecana del Colegio Oficial de Ingenieros De Montes de España y comenta que hay más de cinco millones de propietarios de fincas en el país. "Hay que tomar medidas para incentivar que todos esos dueños que viven en ciudades se preocupen por sus terrenos, desde apoyos fiscales a ayudarles a que exploten económicamente la propiedad", apunta.