Culpar a las leyes, no al clima: Feijóo se apunta a los bulos con los que Vox trata de sobrevivir a los incendios

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, compareció el domingo en la sierra oeste de Madrid para hablar de los incendios que arrasan España este verano, pero no pronunció la expresión “cambio climático”. Describió, eso sí, un fuego “condicionado por unas condiciones meteorológicas muchas veces imprevisibles y que cambian varias veces a lo largo del día” y avisó de que, si no llueve, “nos quedan todavía dos meses y medio muy duros”.

Feijóo venía de participar el sábado en Santiago, en plena emergencia, en los actos religiosos del Día de Galicia. Y se presentó en la sierra oeste de Madrid a unas horas de emprender viaje, este mismo lunes y sin que la catástrofe esté ni mucho menos resuelta, hacia Perú para presenciar la toma de posesión de la ultraderechista Keiko Fujimori como nueva presidenta.

Preguntado acerca de si veía viable un pacto de Estado entre el PP y el PSOE frente a la emergencia climática, a la vista de lo que está pasando, esquivó la cuestión. “He venido a hablar de cómo podemos extinguir y cómo podemos acometer una situación crítica. Yo no he venido a hacer ningún tipo de declaración de contenido político. Ninguna. Se sabe muy bien el tiempo que cada uno lleva gestionando, se sabe muy bien qué es lo que ha hecho cada uno en los años de gestión de su gobierno y sabemos cuál es la situación en este momento. Habrá momento para el análisis, habrá momento para la respuesta a su pregunta, no tenga la menor duda de que sí”, respondió.

Once días antes, en Los Gallardos (Almería), donde el fuego acabó con la vida de 13 personas, el líder del PP había ido más lejos. Entonces relacionó los incendios con “determinadas leyes restrictivas, que a veces no facilitan el desbroce y que a veces no facilitan la prevención”, y pidió un “gran acuerdo nacional” para revisarlas.

La propia Isabel Díaz Ayuso abundó este lunes en el mismo bulo: “Atendamos a las gentes del campo, que son las que de verdad conocen lo que pasa en los montes”, y cuyos problemas pasan por las “dificultades para limpiar los montes, para trabajar en sus propios terrenos”.

Esa misma tesis, culpar a la legislación ambiental antes que al calentamiento global, es la que sostiene Vox desde su fundación. Feijóo y el PP no la han copiado de forma literal. Pero coinciden en el diagnóstico y en la omisión.

Un enemigo que Vox necesita

Jorge Buxadé, coordinador nacional jurídico de Vox, lo describió en agosto de 2025 como un “bipartidismo pirómano” que “ha aprobado leyes, reglamentos” y ejecuta “políticas que han permitido y permiten la destrucción del territorio nacional”. Acusó a PSOE y PP de aplicar durante cuatro décadas una agenda que, a su juicio, favorece esa destrucción.

Santiago Abascal fue más lejos este fin de semana: habló de Pedro Sánchez como Nerón, atribuyéndole el origen del fuego y vinculando, en una declaración sin fundamento alguno, incendios, dana y apagón en un mismo relato. “España se quema, pero también hemos tenido que decir últimamente: España se inunda, España se apaga. Los desastres repetidos en España no son solo accidentes y fatalidad; están directamente relacionados con la corrupción, con el fanatismo y con la mafia”, dijo. “El fanatismo climático, porque impide la prevención, como en la dana, como en el apagón o como en los incendios, y se convierte en excusa para no invertir en medios de respuesta”.

Vox necesita ese relato para sostenerse como partido negacionista del cambio climático sin quedar aislado cuando arden cientos de miles de hectáreas y se multiplican las evidencias de que el clima se está extremando, tal y como anticiparon los científicos. Culpar a la ley y no al clima le permite mantener su tesis de fondo, que el calentamiento global no explica los incendios, sin negar el fuego que todo el mundo ve.

Lo que dice la ley que Feijóo pide revisar

La realidad es que la ley de montes, aprobada en 2003 y modificada en 2006 y 2015, no prohíbe limpiar ni desbrozar terrenos forestales. Establece un marco de autorizaciones para ciertas actuaciones, pero no las impide. No es cierto que exista una prohibición legal de limpiar el monte.

Más del 70% de la superficie forestal española es de titularidad privada. Así que la responsabilidad de gestionarla recae, en primer término, sobre el propietario. Lo que la ley sí hace es prohibir el cambio de uso de un terreno forestal quemado durante los 30 años siguientes al incendio. Una cláusula que busca eliminar el incentivo económico para provocar fuegos, pero que no impide la prevención.

El problema no es un exceso de protección legal. Es la ausencia de gestión activa. El 81,52% de los espacios forestales españoles carece de un plan de ordenación forestal, según datos recogidos en el Congreso Forestal Español.

Las causas que la tesis del PP y Vox deja fuera

El abandono rural es el factor socioeconómico que mejor explica la extensión de los incendios. Casi nueve de cada diez localidades afectadas por el fuego han perdido población en lo que va de siglo. España perdió 5,3 millones de habitantes en zonas rurales entre 1960 y 2021.

Los municipios golpeados por grandes incendios perdieron, de media, un 8,61% de su población entre 2011 y 2023. Sin actividad agrícola ni ganadera, el matorral se acumula sin control y el combustible vegetal se extiende sin interrupción.

De lo que Abascal no quiere hablar, y ahora Feijóo tampoco, es de que el cambio climático añade un segundo factor, medible y creciente. Un estudio de atribución climática concluyó que el calentamiento global hizo 40 veces más probables los incendios mortales del verano de 2025 y elevó un 30% la intensidad del fuego. Las olas de calor que alimentan esos incendios son ahora 200 veces más probables y tres grados más cálidas que en un escenario sin calentamiento global.

Ninguno de estos dos factores, el abandono del territorio y la subida de las temperaturas, aparece en las intervenciones de Feijóo sobre los incendios de este verano. Justo cuando se ha visto obligado a pactar el negacionismo climático con Abascal para poder gobernar Extremadura, Castilla y León, Aragón y Andalucía.

Cuando gobierna el PP, el relato cambia

Precisamente en esta última comunidad, el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, alertó del calentamiento global como causa de incendios “de dimensión desconocida, explosivos”. Y Vox, su socio de gobierno, desvió entonces la responsabilidad hacia la gestión forestal y la limpieza de montes.

Esa gestión, la prevención y extinción de incendios, es competencia autonómica. En Andalucía la ejerce el propio Gobierno de Moreno, pero el acuerdo de gobierno entre PP y Vox en esa comunidad no incluye ninguna medida para frenar el aumento de las temperaturas. Todo lo contrario: prevé derogar políticas climáticas autonómicas previas.

El PP gobierna también en Castilla y León, Aragón, Comunitat Valenciana, Galicia y Madrid, comunidades con competencias plenas en prevención y gestión forestal. Ninguna necesita autorización del Gobierno central para desbrozar montes o reforzar sus brigadas.

El pacto que Feijóo ya rechazó una vez

Pedro Sánchez propuso en agosto de 2025, tras los grandes incendios de ese verano, un pacto de Estado frente a la emergencia climática. Lo concretó a finales de mes en diez compromisos, entre ellos fondos permanentes de reconstrucción y prevención, brigadas forestales estables durante todo el año y un nuevo modelo de gestión forestal.

El PP respondió entonces calificando la propuesta de cortina de humo. Su portavoz en el Congreso, Ester Muñoz, dijo que “traer un pacto de Estado sobre el cambio climático es como si en medio de un tsunami traes un pacto para salvar los océanos, no sirve de nada”, y reclamó en su lugar unos Presupuestos Generales del Estado.

Este mismo lunes, intentando pasar por alto que la propuesta tiene ya un año, volvió al mismo discurso y acusó al presidente de utilizar el cambio climático “como mantra” para evitar que se hable de su “mala gestión” y de lo que “no hacen y de lo que dejan de hacer” en materia de prevención de incendios, ignorando de paso que estas competencias son autonómicas. Según ella, además, “durante toda la historia de nuestro planeta el clima ha cambiado, eso es de perogrullo”.

A esta tesis se sumó la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, según la cual es mejor “dejar pasar” ese debate, porque en realidad “hay muchas causas de los incendios”. “No es momento de dar soluciones de brocha gorda”.

Hace apenas un año, Feijóo todavía reconocía que “el cambio climático existe”, frente a un Vox que lo niega abiertamente. Pero calificaba de cortina de humo vincularlo a los incendios de aquel verano y ponía el acento en la intencionalidad, en “perseguir a las personas que queman de forma intencionada”.

El PP presentó su propio plan, con 50 medidas centradas en ayuda inmediata e incentivos fiscales para la actividad forestal. La medida estrella era crear un censo de pirómanos, en línea con la que tradicionalmente ha sido la principal línea argumental de defensa del PP cuando tiene que hacer frente a los fuegos: la supuesta existencia, nunca acreditada, de una trama organizada de incendiarios. Una tesis que Feijóo ya había sostenido, sin pruebas, cuando presidía la Xunta de Galicia.

Esa lectura dejaba en segundo plano el cambio climático. El PP reclamaba, en cambio, “policías en los montes” y la activación del Ejército, con apenas una mención a la falta de personal y de material que denuncian las propias brigadas forestales.

Cuando los incendios afectaban a Galicia bajo su propia presidencia, Feijóo ponía el foco en el terrorismo incendiario. Una tesis que desviaba la atención de la gestión autonómica, que era la suya.

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Este año, cuando la respuesta a la emergencia recae —a petición de las comunidades autónomas de Madrid, Castilla y León y Castilla-La Mancha— sobre el Gobierno de Pedro Sánchez, el PP ya no habla de tramas incendiarias. Pide examinar la gestión de la lucha contra el fuego y señalar a sus máximos responsables; en este caso, el Ejecutivo central.

Lo que ha ocurrido esta vez es que, tras los grandes incendios de julio de 2026 en Ávila, Madrid y Toledo, las comunidades autónomas afectadas solicitaron formalmente la intervención del Estado y la activación de la emergencia nacional. El Gobierno de Sánchez asumió entonces la coordinación operativa de la extinción, lo que implica que el mando único de la emergencia pasa a la Dirección General de la Protección Civil y Emergencias, dependiente del Ministerio del Interior, y que el Gobierno central se hace cargo de la dirección estratégica y operativa de la respuesta.

Eso, sin embargo, no cambia el modelo estructural de la lucha contra los incendios: en todas las autonomías, la extinción se realiza mediante la colaboración de todas las administraciones. Incluidos los dispositivos estatales. Lo que cambia con la emergencia nacional es únicamente quién coordina y dirige el operativo (el mando único estatal), no el principio de colaboración entre niveles de gobierno ni la participación de los medios propios de cada Administración.