Del acoso y derribo del presidente Adolfo Suárez a la cacería contra el presidente Pedro Sánchez

Hace 50 años Juan Carlos I nombraba presidente de Gobierno a Adolfo Suárez. Habían mediado trámites maniobrados por el presidente del Consejo del Reino, Torcuato Fernández Miranda. Este era “un sofista ingenioso y hábil" (Areilza dixit, autor de la guía De la ley a la ley pasando por la ley) para salvar los muebles a los beneficiarios de un Régimen descompuesto y conservar coronada la testa de Juan Carlos I.

Uno y otro creían que Suárez, empático, servicial, atrevido… era el actor capaz de representar la Sofistería. Resultó que fue mucho más que eso. Fue el político que, tras el hundimiento del primer Gobierno de la Monarquía, inició la Transición, supo arrebatar la iniciativa a la izquierda y a cuantos integraban el movimiento general antifascista, muy crecido en aquel año.

Luego consiguió la hegemonía electoral en las elecciones, cuasi libres, de junio de 1977 (con una UCD fraguada en un mes desde el Ministerio de Gobernación de Martín Villa). La ratificó con ese mismo conglomerado precario y lábil en las elecciones de febrero de 1977. En la foto del primer Gobierno presidido por Suárez, el rey, a diferencia de la que le retrataba con el primer Gobierno de la Monarquía (el presidido por Arias Navarro, que surgió tocado y resultó pronto –202 días– hundido) ya no iba vestido de militar con todo su rango; aunque el generalato franquista seguía pintando mucho, mucho, a la hora de trazar límites infranqueables a lo que habría de suceder en el escenario del guion.

Suárez traspasó las rayas trazadas y cambió ese guion. Del atrevimiento pasó a la audacia, cuasi temeraria. Mas este artículo no va de hablar del comienzo de su presidencia, sino de su final, tras el acoso y derribo que sufrió. El 28 de enero de 1981 dimitiría desde la pantalla de la TVE. Está tan documentada que bastan unas líneas para dar idea de la dimensión de aquella campaña que tumbó al primer presidente elegido por el Congreso.

Sólo a este (y no al rey) debía el cargo y, por tanto, sólo ante el Congreso (y no ante el rey) era directamente responsable. Apenas acababa de volver a ganar las elecciones de febrero de 1979 y ya tenía en activa contra a la banca, a la CEOE, a los jefes de los grupúsculos que formaban la cúpula de UCD, a los grandes medios de comunicación; no tenía amigos en la jerarquía católica, con un Juan Pablo II recién elegido, ni estaba a su alcance ganarlos en el Departamento de Estado estadounidense dada su política exterior poco atlantista.

El PSOE le hacía una oposición inmisericorde. Su gran demagogo le llamaba tahúr del Misisipi. Sabiendo que no prosperaría, el GPS planteó raudo la moción de censura en mayo de 1980. La ganó, no en votos, es decir no consiguió la presidencia para Felipe González, lo que hubiera sido perfectamente legítimo; pero logró su doble objetivo: mostrar que había una alternativa y retratar a Suárez como gobernante incapaz de articular un proyecto de gobierno y un equipo capaz de ejecutarlo.

Dos meses antes el Gobierno de Suárez había quedado en ridículo en el referéndum sobre la autonomía andaluza. Cierto que reaccionó como un presidente constitucional: se sometió a una cuestión de confianza en el Congreso y la ganó en septiembre de aquel mismo año. Pero para entonces las cartas ya estaban echadas y tenía casi todas las de perder. Entre ellas el fallido apoyo de Juan Carlos I.

En mi opinión, Suárez había comenzado a percibirlo desde el mismo momento en que el rey empezó a comprender —y no aceptar— que el presidente de Gobierno, elegido por el Congreso, tiene más poder, constitucionalmente establecido, que el jefe del Estado en una monarquía parlamentaria; y que, en consecuencia, tenía el derecho y el deber de ejercerlo, aunque al rey no le gustara.

Cierto es que el rey también sentía que era más fuerte que Suárez porque tenía tras de sí a la cúpula militar y esta aborrecía al presidente y le tenía entre ceja y ceja, desde la legalización del PCE, cuya responsabilidad había asumido, salvando la de Juan Carlos I. En el discurso de su dimisión ("No quiero que el sistema democrático sea, una vez más, un paréntesis en la Historia de España" - 28 enero de 1981) no hizo mención alguna a Juan Carlos I, expresivo silencio.

Sabía que no se estaba comportando como un rey constitucional; no pocos bien informados mantienen que le había hecho saber que no estaba dispuesto a firmar el RD de disolución de las Cortes, que Suárez pretendía para apelar al veredicto de las urnas; así que este quedaba en esta encrucijada: o dimisión o disolución y convocatoria electoral. Lo segundo daba ocasión a una crisis constitucional que podía llevarse por delante la reciente y nada consolidada democracia.

No resistió y dimitió. Suárez sabía que Juan Carlos venía alentando las críticas que se le hacían, y pudo saber que Armada estaba orquestando la operación de llegar a la presidencia del Gobierno, sin que el rey le frenara. No eran pocos los que querían un giro más a la derecha (“se ha acabado el tiempo del consenso” era la justificación). No pocos pensaban que, para poner orden, un militar debía situarse en la presidencia, sin advertir la peligrosa dinámica que tal hecho generaría, aunque se iniciara con un respaldo mayoritario del Congreso.

Recordemos que en su discurso de dimisión Suárez tampoco mencionó al terrorismo ni a ETA. Bien sabía que esta era enemiga de la democracia española, pero que no podía acabar con ella; el peligro real venía del otro lado, recrecido porque 1978-1980 fue el trienio negro, los años de plomo, centenares de víctimas mortales. Indignante máxime cuando las sucesivas amnistías habían dejado las cárceles libres de presos políticos tras la Constitución.

La dinámica impulsada por el terrorismo conducía al golpismo militar. El acoso y derribo de Suárez era un requisito para lanzar una ofensiva que cercenara derechos sociales y las posibilidades democráticas de la Constitución. Pero, en aquella concreta situación, la larga e intensa campaña para su deslegitimación potenciaba, más que su sustitución, por vía constitucional y democrática, la dinámica que llevaría al golpe militar del 23F de 1981.

Este se produjo antes de que se cumpliera un mes desde la dimisión; esta contribuyó a acelerar las diversas iniciativas golpistas, produciendo un efecto paradójico. Fracasaron en aquel 23-F no por falta de golpistas, sino porque eran tantos, que se atropellaron unos a otros, urgidos a actuar ante el procedimiento de investidura abierto con la dimisión. Por supuesto que Suárez había cometido errores importantes y dejado al descubierto graves grietas en su liderazgo y en su capacidad para consolidar una democracia, aún no normalizada.

En la campaña electoral de 1979 fue muy agresivo con el PSOE, a cuenta de su adscripción al marxismo, reavivando viejos temores, cuando, en la anterior, había repetido que a lo único que había que tener miedo era al miedo. Aunque mantuvo su hegemonía electoral, no fue capaz de conservar la iniciativa política; una de cuyas causas era su incapacidad para crear un equipo cohesionado de Gobierno.

Además, los barones de su UCD mostraban que esta Unión no era un partido sino una partida. Suárez se había venido arriba con el mérito de sus éxitos electorales y se aisló en la Moncloa, con cada vez menos leales. No se sintió con fuerza para poner en su sitio a Juan Carlos I, quizá recordando que lo aupó casi de la nada a la presidencia; tampoco incorporó a la oposición democrática a una estrategia de gobernabilidad frente al riesgo del golpismo, aunque bien podría pretestar que el tándem González-Guerra tenía excesiva prisa en llegar al Gobierno y habían cortado el contacto personal con él, tan fructífero desde el comienzo de la Transición. En fin, su tanto de culpa no le faltaba.

Lo anterior es un homenaje a esta máxima del gran historiador Reinhardt Koselleck: “La cara del pensar nos mira desde el pasado”. Cuando ahora invoco aquel tiempo histórico, ese pasado se me hace muy presente. Fue un espacio de experiencia que vivimos generaciones aún vivas, pero menguantes.

Hoy, ahora, nuestro horizonte de expectativas (“el futuro hecho presente”, según la conceptualización del historiador alemán) hoy está influido por lo que hemos aprendido y forma parte de nuestra cultura política. ¿Sabremos transmitírselo a las jóvenes?

Así que si se compara aquel acoso y derribo de Suárez con lo que ahora se hace contra Sánchez puede llegarse a la conclusión de que, efectivamente, estamos ante una cacería. Porque objetivo de esta es más que el derribo; es la muerte civil y política del asediado, incluso por el flanco que más suele doler a las personas, la familia. La derecha ha conseguido convertirlo en el personaje más odiado desde los tiempos en que concentró su odio en Azaña.

La explicación no hay que buscarla en que sus políticas hayan sido agresivas con los intereses de los más poderosos económicamente ni con los de una jerarquía eclesiástica española vuelta a la reacción ni tampoco con los de EEUU, a pesar de Trump. Ese odio creciente es el efecto de la persistencia en una estrategia de deslegitimación política y personal, que se inició incluso antes de que llegara a la presidencia del Gobierno; se desplegó a partir de ese momento y cobró su intensidad mayor desde su investidura presidencial tras las elecciones de julio de 2023.

La derecha ha conseguido convertir a Sánchez en el personaje más odiado desde los tiempos en que concentró su odio en Azaña

En todo este tiempo Sánchez ha tenido éxitos, los mayores quizá en política europea y exterior, tan decisivos positivamente para la suerte de España. La economía funciona abriendo posibilidades para muchos proyectos necesarios. Para su partido, recuperó la iniciativa política y la hegemonía electoral, frente a los que identificaron su ascenso a la Secretaría General con un profetizado declive estrepitoso.

Cierto es que Sánchez ha cometido errores, que ni él ni su partido se han atrevido a identificar e intentar reparar. Sánchez se vino arriba en su liderazgo con sus éxitos, pero, en mi opinión, no quiso o no supo crear equipo en su partido (es tan obvio que no quiero ni acordarme de los nombres de hombres que puso al frente); y creo que tampoco en su Gobierno (aunque hiciera algunos nombramientos que han demostrado su acierto) acentuando el presidencialismo.

Sánchez percibió la carga de profundidad que tenía la estrategia de deslegitimación de su Gobierno, pero no supo o no quiso desmontarla con una estrategia de ampliación de la gobernabilidad que incluyera a la oposición de derechas, no seguidista de Vox. Y tuvo varias ocasiones trascendentales para intentarlo (pandemia, crisis en la UE por la guerra en Ucrania, recuperación de la presidencia por Trump...).

En todo este camino también ha perdido la hegemonía electoral y, ahora, su capacidad de iniciativa se la da la inconsistencia de Feijóo y del PP. Cierto es también que los más clamorosos de sus errores en la elección (Ábalos o Cerdán) o incapacidades (aprobar Presupuestos) bien podrían, en circunstancias normales, dar causa a una obligada dimisión o a poner fin a la legislatura.

Pero no hay normalidad democrática. Maticemos. Toda la ciudadanía española (de derechas, de izquierdas o de lo que sea, incluida la que se define soberanista o independentista...) vive la democracia y dispone de sus libertades con normalidad. La disparatada afirmación de que vivimos bajo la dictadura sanchista queda desvirtuada por los hechos incluso de quienes la proclaman.

Pero del funcionamiento de los tres poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, y de nuestras instituciones no puede afirmarse que sea normal sin un buen número de importantes matizaciones. Anormalidad que tiene no un único pero sí poderoso factor causal en la prolongada estrategia de deslegitimación del Gobierno de Sánchez; estrategia nacida de Vox y seguida, cada vez más, por el PP.

La estrategia que potencia una dinámica en la que un eventual Gobierno de PP y Vox daría paso a una involución antidemocrática, con sacrificio de derechos y conquistas sociales de la gran mayoría de la sociedad. Reforzada más aún si persiste el factor Trump y la firme voluntad de los tecnooligarcas de liquidar la democracia europeísta.

En ese eventual gobierno, aunque el presidente fuera Feijóo, el partido-guía sería Vox (Enric Juliana dixit), y el rostro de la ultraderecha sería, ya lo es hoy, en España (como en Francia, Alemania, Italia) el de una mujer del PP, cuyo pensamiento se resume en la tesis "me gusta la fruta" y el de su asesor aúlico en “p’alante”.

Así que en esta situación Pedro Sánchez tiene razones para no dimitir; si cobraran la pieza presidencial en la cacería se alimentaría esa antidemocrática dinámica más que la normalidad democrática. Creo que a Sánchez le corresponde dar la cara en la próxima contienda electoral. Para muchos ciudadanos y para muchos socialistas es un valiente soportando las embestidas de la derecha irresponsable, de la derecha española que concentra todas sus facciones reaccionarias injertada ,fortalecida, manejada por el trumpismo.

Pero esa no es la única razón para afirmar que debe encabezar la lista del PSOE. Hay, al menos, otra: quien tiene que dar la cara en ese momento decisivo (en que la voz de la ciudadanía se convierte en voto) es quien, con sus errores y sus aciertos, ha marcado esta década crítica, y el confuso tiempo iniciado en esta última legislatura. Si volviera a ganar será porque se habrá convencido previamente de que no la economía, sino la política seguida por los partidos y la cultura política de los españoles será lo que mayormente decante el voto. Y también porque aún queda algo de tiempo para encontrar una explicación de sus aciertos y de sus errores, darle credibilidad y frustrar la cacería.

Para esto último hay que salir del espacio al que te ha ido empujando la rehala para ser abatido. Y si Sánchez acertara en la explicación, aunque no consiguiera renovar la presidencia, al menos contribuiría a levantar obstáculos a la involución antidemocrática y antieuropeísta del Gobierno Feijóo-Abascal antes de su surgimiento.

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José Sanroma Aldea es abogado y ex secretario general de la Organización Revolucionaria de Trabajadores (ORT).