Perelló vota otra vez con los conservadores del CGPJ y provoca la dimisión del juez Bodas en dos comisiones

El vocal del Consejo General del Poder Judicial Ricardo Bodas Martín ha presentado su dimisión irrevocable como presidente de las Comisiones de Carrera y de Salud Judicial, en una carta dirigida directamente a la presidenta del Tribunal Supremo y del CGPJ, Isabel Perelló. La renuncia, fechada este 28 de julio y a la que ha tenido acceso infoLibre, ahonda la crisis abierta en el bloque progresista del órgano de gobierno de los jueces y vuelve a situar a Perelló en el centro de las tensiones internas.

El detonante es el acuerdo aprobado por el Pleno el pasado 22 de julio sobre los parámetros de "carga saludable" de la carrera judicial, a partir de una propuesta del vocal conservador José Antonio Montero Fernández. Ese texto —que fija módulos provisionales de en torno a 2.400 asuntos en la jurisdicción civil y 1.200 en la social— salió adelante con el apoyo de los diez vocales del bloque conservador, el voto favorable del vocal progresista Carlos Hugo Preciado y el respaldo de la presidenta Isabel Perelló. Es la misma aritmética —doce votos frente a nueve, con Perelló decantando la balanza hacia el sector conservador— que ya provocó la ruptura del consenso en el reparto de comisiones el pasado octubre.

El fondo de la discrepancia

En su carta, Bodas argumenta que el acuerdo no constituye un acto de gobierno, como correspondería al CGPJ conforme al artículo 122.2 de la Constitución, sino un acto de representación del colectivo judicial. Sostiene que el texto desautoriza injustificadamente el trabajo objetivo de los servicios técnicos —que habían ejecutado el mandato del propio Pleno— para sustituirlo por criterios que, a su juicio, carecen de valor científico. Y advierte de que el traslado del acuerdo a toda la carrera judicial, con posibilidad de alegaciones hasta el 15 de septiembre, funciona como una "especie de referéndum" cuyas conclusiones se impondrán y reducirán la ya maltrecha capacidad de respuesta de la justicia.

El vocal considera, además, que el acuerdo no permitirá cumplir realmente la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 22 de septiembre de 2023, que obligó al CGPJ a implantar un sistema de prevención de riesgos laborales para la judicatura basado en criterios objetivos para medir la carga de trabajo. 

Para Bodas, el Consejo ha desplazado unilateralmente su responsabilidad hacia la opinión mayoritaria del colectivo judicial, “lo que demuestra claramente que el CGPJ no es el empleador de los titulares del poder judicial, ya que serán los jueces/as y magistrados/as quienes decidirán a la postre cuáles son las cargas de trabajo que están dispuestos a asumir, lo que no sucede en ninguna actividad pública o privada en el mundo”.

Perelló, de nuevo señalada

La dimisión de Bodas no puede leerse al margen de su papel como una de las voces más críticas con la gestión de la presidenta. El propio Bodas fue quien, junto a la vocal Argelia Queralt, denunció en octubre en una entrevista en eldiario.es que el Consejo del consenso había terminado, atribuyendo a Perelló la responsabilidad de haber alineado su voto con el bloque conservador pese a haber sido nombrada como magistrada de perfil progresista. En una entrevista, ambos vocales describieron los posicionamientos de la presidenta como esencialmente corporativistas.

Con este acuerdo sobre cargas de trabajo, Perelló ha vuelto a decantar con su voto una decisión de calado hacia el sector conservador, prescindiendo del criterio del vocal que precisamente presidía las dos comisiones directamente competentes en la materia: Carrera y Salud Judicial. El resultado es que la presidenta ha respaldado un texto sobre salud judicial que el máximo responsable de esas áreas considera técnicamente insostenible y contrario al mandato del Supremo, hasta el punto de forzar su renuncia.