Un año para juzgar al fiscal general, más de una década para 'Gürtel': ¿a qué se debe la doble velocidad judicial?

Los españoles confían poco en su sistema judicial. Tan poco que lo colocan a la cola de Europa en independencia. En gran medida, por la percibida influencia política. Eso es, al menos, lo que muestran las últimas encuestas sobre la materia. Un 65% de los ciudadanos, según un sondeo reciente de 40dB., considera que en nuestro país existe lawfare. Y solo un 32% ve justas o imparciales las resoluciones sobre asuntos políticos. Un asunto, el de la guerra judicial, que ha marcado buena parte del debate político en la presente legislatura. Desde el Gobierno se han cuestionado abiertamente determinadas investigaciones judiciales. O se han puesto en duda las "distintas velocidades injustificadas" de los jueces.

La justicia, con carácter general, es lenta en nuestro país. Y no se puede negar la existencia de distintos ritmos en la resolución de procedimientos. Tengan o no impacto político y mediático. Sean casos civiles o penales. Pero eso, sostiene un magistrado en conversación con infoLibre, tiene más que ver con el tipo de órgano judicial que lleva el asunto y con la complejidad del mismo que con maniobras políticas. Así, por ejemplo, mientras que en 2023 –último dato disponible– un asunto en procedimiento penal tardaba de media 2,5 meses en resolverse en los juzgados de instrucción de Madrid, en La Rioja ese plazo ascendía a 5,2 meses. Y lo mismo con los pleitos por accidentes laborales: de los 10,4 meses de Euskadi a los 40,9 meses de Andalucía.

El Tribunal Supremo impuso hace solo un mes el castigo más severo a un exministro. La Sala de lo Penal condenó a José Luis Ábalos, extitular de Transportes y ex secretario de Organización del PSOE, a 24 años y tres meses de cárcel por el caso Mascarillas, centrado en los contratos millonarios para la compra de cubrebocas adjudicados en plena pandemia a una sociedad vinculada al comisionista Víctor de Aldama. La más alta instancia judicial se hizo cargo formalmente de este caso el 5 de noviembre de 2024. Es decir, que en veinte meses el Alto Tribunal completó la investigación, celebró juicio y emitió resolución condenatoria contra el exministro, su exasesor Koldo García y el comisionista.

Esos son, más o menos, los plazos en los que se ha movido el Supremo en las últimas causas especiales de las que se ha hecho cargo. Prácticamente dos años duró el procedimiento contra los líderes del procés. O dos años y dos meses se alargó el caso contra el senador de Coalición Canaria Pedro Manuel Sanginés, que resultó absuelto de los delitos de denuncia falsa y falso testimonio. Algo más rápida fue la causa contra el ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz: poco más de un año desde que se asumió por la Sala Penal hasta que se hizo pública la sentencia. O contra el exdiputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez, que se prolongó poco más de un año en el Alto Tribunal –si bien estuvo seis dormida en un juzgado de La Laguna–.

El Alto Tribunal es más un órgano de casación que de enjuiciamiento. Al fin y al cabo, solo es competente para instruir y enjuiciar causas contra miembros de altos órganos del Estado –desde el presidente del Gobierno y ministros hasta diputados, magistrados del Constitucional o vocales del Consejo General del Poder Judicial, entre otros–. Eso explica la rapidez a la hora de investigar. Y la relativa facilidad para encontrar hueco en el calendario para celebrar, llegado el caso, la vista oral. Al fin y al cabo, no son muchos los procedimientos de este tipo. La memoria de 2024 del Supremo, por ejemplo, solo destacaba las causas contra García Ortiz, Ábalos o el expresidente de la Diputación de Ourense José Luis Baltar por un delito contra la seguridad vial.

El máximo órgano judicial también investigaba hasta comienzos de este mismo año otra de las derivadas del caso Koldo. En concreto, la que salpica a Santos Cerdán, el sucesor de Ábalos al frente de la Secretaría de Organización socialista, por una supuesta trama de amaños de contratos de obra pública a cambio de mordidas. Pero la renuncia del exministro de Transportes al acta de diputado que conservaba hasta el momento dejó la causa sin aforados. Y obligó al Tribunal Supremo a derivarla a la Audiencia Nacional para su continuación. Un cambio de competencia que, según asumían entonces algunas defensas, va a alargar la resolución definitiva del caso.

Una Audiencia Nacional que tarda años

Un buen ejemplo de ello está en el anteriormente citado caso Mascarillas: mientras que la carpeta de los aforados ya está cerrada en el Supremo, la parte que se quedó en el Juzgado Central de Instrucción nº2 de la Audiencia Nacional por no pertenecer los investigados a altos órganos del Estado aún está bajo investigación. Los tiempos en este órgano judicial nada tienen que ver con los que se manejan en el Alto Tribunal. En algunos casos, los procedimientos se alargan durante años. A finales de enero, la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional alertó de una situación "próxima al colapso" y solicitó la puesta en marcha de dos juzgados más de instrucción.

"Está francamente mal, acumula mucho retraso", resume un magistrado. Los juicios, en ocasiones, se están fijando a dos, tres y hasta cuatro años vista. El de Kitchen, una investigación que se inició hace casi ocho años, acaba de quedar visto para sentencia. Y si nada cambia, la vista oral contra el expresidente madrileño Ignacio González por el supuesto amaño de contratos para la construcción y explotación del campo de golf en las instalaciones del Canal de Isabel II se celebrará una década después del inicio de las pesquisas. El caso Lezo, de la que forma parte esta pieza separada, empieza ahora a ser enjuiciado. Y aún sigue coleando, más de una década después, el caso Púnica, que persigue al exconsejero y ex secretario general del PP madrileño Francisco Granado.

En diciembre, la Audiencia Nacional dictó sentencia en una de las piezas de este último procedimiento. 11 años después de su inicio. Un tiempo de respuesta que, resaltó el tribunal, "excede" lo "razonable", lo que obligó a los magistrados a aplicar a las condenas una rebaja por dilaciones indebidas. La tardanza, dijo, estaba motivada por, entre otros "déficits estructurales", la "sobrecarga" de macrocausas que acumula la Sala Penal. Entre ellas, Gürtel, que 16 años después de su estallido acaba de celebrar su último juicio. En la velocidad de los procedimientos también influye, por tanto, el tamaño de las causas o la complejidad de las mismas, que en muchos casos requieren de unas comisiones rogatorias a otros Estados que irremediablemente las alargan.

La lentitud en algunas causas contrasta, sin embargo, con la rapidez en otras pocas. El caso de las tarjetas black de Caja Madrid, por ejemplo, quedó resuelto en poco más de dos años, tiempo que pasó desde el inicio de la investigación hasta la sentencia emitida por la Audiencia Nacional –penas que, en algunos casos, corregiría el Supremo a finales de 2018–. Y, sin embargo, el caso Bankia, del que derivó el anterior, se prolongó durante más de ocho años, que es lo que se demoró el primer fallo absolutorio –luego confirmado por el Alto Tribunal– desde el comienzo de las pesquisas.

Del 'caso Montoro' al de González Amador

Y luego están los juzgados ordinarios. Ahí, la velocidad de la causa depende del órgano en la que caiga, del estado en el que se encuentre, de la saturación que afronte, de los medios de los que disponga o de la complejidad y el tamaño del procedimiento. Porque no es lo mismo aquellos con solo un acusado que los que acumulan decenas de ellos. Un ejemplo de esto último lo encontramos en el caso Montoro, con una treintena de imputados maniobrando con un equipo legal de primerísimo nivel para intentar "cargarse", en palabras de la Fiscalía Anticorrupción, más de siete años de investigación bajo secreto.

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Los ritmos también están condicionados por las dificultades con las que se pueda ir encontrando el instructor por el camino. Ahí está el caso de la supuesta estafa de la consultora Sinclair&Wilde al Ayuntamiento de Madrid en la compraventa de medio millón de mascarillas en pandemia, que no termina de despegar por las dificultades para localizar e interrogar al empresario investigado.

En algunos casos también dependen de la diligencia de los investigadores o los propios instructores. Seis meses tardó, por ejemplo, el magistrado Antonio Viejo en autorizar a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a investigar las cuentas bancarias de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y cuatro meses tardó el juzgado en remitir a los investigadores copia del procedimiento en el que se indaga si la compra de una sociedad sin valor aparente por parte del empresario podía esconder una comisión encubierta a un directivo de Quirón.

González Amador se sentará en el banquillo por fraude fiscal. Sin embargo, diez meses después del auto de apertura de juicio oral, aún no se ha fijado fecha para la celebración de la vista oral. Se hará, según un escrito remitido a las partes por el Juzgado de lo Penal nº19 de Madrid, "considerando la sobrecarga y circunstancias que pesa" sobre el órgano judicial y "cuando las razones de agenda lo permitan".