El Gobierno ha decidido homenajear la lucha del colectivo LGTBIQ+ durante la dictadura. Para ello, este viernes 27 de febrero, la antigua Colonia Agrícola Penitenciaria de Tefía, en Fuerteventura, será declarada Lugar de Memoria Democrática, convirtiéndose así en el primer emplazamiento en recibir esta distinción en Canarias. Este espacio, un campo de trabajos forzosos para homosexuales, simboliza la represión institucional contra el colectivo LGTBIQ+ que se produjo en la zona durante el franquismo.

El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha organizado, en el marco de la declaración, un acto en el que participará el propio ministro Ángel Víctor Torres que ha asegurado que este reconocimiento sirve "para responder a la dignidad del colectivo LGTBI+" y homenajear a los alrededor de 100 reclusos que vivieron en condiciones infrahumanas en este lugar.

El evento comenzará a las 11:00 horas (12:00, hora peninsular) en el propio enclave de la Colonia y se podrá seguir en directo a través de La 2 y del canal 24 horas de RTVE. Lo presentarán los periodistas Luis Guilera y Fátima Hernández y, además de la presencia del ministro Torres, contará con una mesa de debate y la entrega de diez declaraciones de Reconocimiento y Reparación a víctimas y personas destacadas del movimiento LGTBIQ+. Sumado a esto, habrá actuaciones musicales de Julia Rodríguez y Pasión Vega.

El ministro Torres, que fue presidente del Gobierno de Canarias entre 2019 y 2023, tiene una implicación especial en esta declaración, no solo porque se trata de una medida que ha impulsado su departamento sino porque se trata del primer espacio que recibe en las islas el reconocimiento como Lugar de Memoria. Por ello, Torres celebra este reconocimiento y defiende que la represión contra los que se declaran homosexuales “nunca más se vuelva a repetir”.

En este contexto, además, el ministro ha recordado también la reciente decisión del Consejo de Ministros de elevar al Tribunal Constitucional la ley de la Comunitat Valenciana contra los derechos de las personas trans. El paso de recurrir al máximo tribunal de garantías ha sido una medida impulsada por el ministerio que encabeza Torres junto al de Igualdad: "Lo hicimos también con respecto a la Comunidad de Madrid, y lo vamos a hacer con respecto a cualquier comunidad que apruebe leyes de involución", ha subrayado el ministro.

En la árida llanura majorera, lejos de los focos y del escrutinio público, funcionó entre 1954 y 1966 la antigua Colonia Agrícola Penitenciaria de Tefía, en Fuerteventura, un espacio que simboliza la represión institucional contra los homosexuales durante el franquismo. Amparada en la Ley de Vagos y Maleantes, que fue reformada en 1954 para incluir expresamente a las personas homosexuales, la colonia operó como un campo de trabajos forzosos donde decenas de hombres fueron internados sin garantías judiciales efectivas, sometidos a castigos físicos, humillaciones y a un régimen de disciplina extrema bajo la coartada de la "rehabilitación moral".

Tefía fue un dispositivo de escarmiento y estigmatización social. En condiciones de aislamiento, pobreza material y violencia cotidiana, el franquismo convirtió la orientación sexual en delito y enfermedad, legitimando una política de exclusión que marcó de por vida a sus víctimas. Hoy, la memoria de Tefía forma parte de la reparación democrática pendiente: recordar lo ocurrido como ejercicio histórico y como exigencia ética frente a la persecución institucionalizada que sufrieron quienes simplemente desafiaban la norma sexual impuesta por la dictadura.

En noviembre de 1975, apenas unos días después de la muerte del dictador, centenares de mujeres celebraron en Madrid las primeras Jornadas de Liberación de la Mujer en semiclandestinidad. Medio siglo después, esa memoria volvió a ocupar el centro del debate en la conversación “Igualdad de género y derechos conquistados”, organizada por infoLibre dentro del proyecto La Memoria que Somos, con el apoyo de la Celebración de los 50 años de España en libertad.

El encuentro estuvo moderado por Marta Jaenes, subdirectora de infoLibre, y reunió a la activista, feminista y experta en políticas de género, Justa Montero, y a Daniel Valero 'Tigrillo', creador de contenido, escritor, periodista y columnista de infoLibre, en un diálogo intergeneracional con la participación de estudiantes y jóvenes desde el público.

La intervención de Justa Montero desmontó uno de los mitos más extendidos sobre la Transición: el de un proceso pacífico y ordenado, casi providencial. Franco murió “matando”, recordó, con fusilamientos apenas dos meses antes de su fallecimiento. Y tras su muerte, el aparato del Estado permaneció intacto: represión policial, violencia de la ultraderecha, asesinatos como los de Atocha o la matanza de Vitoria en 1976.

Montero reivindicó el papel del movimiento feminista en aquel contexto de incertidumbre y riesgo. “Nada nos ha venido concedido por la gracia de no se sabe quién ”, subrayó. Cada derecho, desde la despenalización de la homosexualidad hasta el acceso al aborto, fue fruto de una lucha sostenida.

La memoria feminista, explicó, no es un apéndice del relato general sobre la dictadura, es una parte central. Miles de mujeres fueron internadas en cárceles, psiquiátricos o en centros del Patronato de Protección a la Mujer por romper el modelo de “buena esposa” impuesto por el régimen. Instituciones que, recordó, sobrevivieron hasta 1985. La represión no fue anecdótica: fue estructural.

Y, sin embargo, medio siglo después, el desconocimiento persiste incluso entre quienes han nacido en democracia. Los jóvenes presentes en el acto reconocían conocer poco o muy poco lo que era el Patronato de la Mujer u otro lugar de memoria como es el Pasaje Begoña, en Torremolinos, cuna de los derechos y libertades LGTBIQ+ en España.

Por ello, desde la otra orilla generacional, Daniel Valero puso el foco en el déficit educativo. La historia del franquismo, y en particular la represión contra mujeres y personas LGTBIQ+, apenas ocupa espacio en los currículos escolares. Muchos jóvenes, reflexionó Valero, desconocen hitos fundamentales de esa memoria, como el ya nombrado Pasaje Begoña en Torremolinos, uno de los primeros espacios de libertad para el colectivo LGTBIQ+ durante el franquismo, desmantelado por redadas policiales.

El también creador de contenido denunció que mientras el Stonewall estadounidense forma parte del imaginario colectivo, la historia LGTBIQ+ española sigue borrada. Y advirtió de las consecuencias: sin memoria, los derechos parecen naturales; y lo que parece natural, puede perderse sin resistencia. “Toda esa parte está borrada, entonces todo ese dolor ni siquiera está reparado. Si no está reparado, ¿cómo podemos mirar hacia un futuro en el que genuinamente tengamos una libertad que no está ser heredada de todo ese tiempo?”, reflexionó, pero añadiendo al mismo tiempo: “Tenemos muchísima historia que honrar y tenemos hitos históricos maravillosos en los que inspirarnos para decir, ‘Oye, la lucha no hay que abandonarla’”.

En este punto, el debate derivó hacia la educación sexual. Una estudiante de 18 años reconoció no haber recibido nunca formación en este ámbito. Para los participantes en la mesa, esa carencia no es neutra: deja espacio a discursos reaccionarios que promueven modelos rígidos de masculinidad y feminidad, hoy reciclados por la extrema derecha en clave digital.

Tanto Montero como Valero coincidieron en que los derechos de las mujeres y del colectivo LGTBIQ+ se han convertido en moneda de cambio en pactos políticos y en objetivo prioritario de la ofensiva ultraconservadora.

El aborto es un ejemplo paradigmático. Montero recordó cómo el movimiento feminista logró frenar en 2014 la reforma restrictiva impulsada por el entonces ministro Alberto Ruiz-Gallardón. Pero alertó de que el derecho sigue siendo frágil: no todas las mujeres pueden ejercerlo en igualdad de condiciones, especialmente las que se encuentran en situación administrativa irregular.

Valero amplió el foco: las personas trans, migrantes o racializadas son hoy chivos expiatorios en una estrategia que busca desviar la atención de las desigualdades económicas estructurales. Se trata, dijo, de una importación de guiones internacionales, desde Estados Unidos hasta Hungría, donde la ultraderecha necesita enemigos simbólicos para cohesionar a su base social.

Una de las preguntas más sugerentes del público planteó si el feminismo tiene una meta alcanzable o si está condenado a ser una lucha activa indefinida, y si esa ausencia de “final” puede resultar desesperanzadora.

Justa Montero respondió que el feminismo “tiene un horizonte, efectivamente”, pero que ese horizonte “va mucho más allá de lo que este sistema puede conceder”. No se trata de una meta cerrada ni de una fotografía fija del futuro, sino de un proceso colectivo de transformación profunda. Habló de que “el feminismo es una lucha contra el patriarcado que es también antirracista, anticapitalista, transinclusiva” y defendió que no puede reducirse a una apuesta individual —que agota—, sino que debe entenderse como un movimiento social plural. El horizonte, insistió, es “muy esperanzador”, aunque su forma concreta esté aún por construirse.

En esa misma línea, Daniel Valero coincidió en la necesidad de mantener una mirada esperanzadora. Admitió que no sabemos cuál será la “photo finish”, pero subrayó que el movimiento feminista y el LGTBIQ+ forman parte “de raíz” de esa transformación social más amplia. Para él, el avance no se mide en una meta cerrada, sino en algo más tangible: en que cada vez haya “un poquito más de confianza y de comodidad en un mundo que a mucha gente nos había dicho que no era para nosotras”. Ese desplazamiento —del miedo a la pertenencia— es ya, en sí mismo, una conquista política: “Creo que solo con eso, merece la pena seguir peleando para ver hasta dónde nos lleva”.

El título del proyecto, La Memoria que Somos, no es casual. La memoria no es un ejercicio conmemorativo, sino una herramienta política. Recordar que hubo mujeres encarceladas por besarse en un cine o por abortar es entender que los derechos no son un punto de partida, sino una conquista.

En un contexto de polarización y repliegue identitario, el mensaje que dejó la conversación fue inequívoco: la igualdad no está garantizada. Se construye, se defiende y se amplía. Y la única forma de hacerlo es desde lo colectivo, tejiendo alianzas entre feminismo, movimiento LGTBIQ+, antirracismo y defensa de los derechos sociales. Como señalaba Valero en una de sus intervenciones: “La ciudadanía no tenemos un poder enorme de manera individual, pero igual tampoco hace falta porque tenemos que buscarlo en el comunitario”.

Es en ese camino colectivo en el que hay que mirar hacia atrás, hacer memoria, porque tal y como recordó Marta Jaenes al cerrar el acto, la memoria no solo explica de dónde venimos. También marca hacia dónde queremos ir.

Laura (nombre ficticio), que se define bisexual, asexual y persona no binaria, tenía 20 años cuando su tía la expulsó de casa. “Siempre ha sido una persona bastante violenta y hubo una reacción violenta en el momento que se dio cuenta [de mi orientación sexual]”, cuenta a infoLibre. A pesar de que considera que no le obligaron a abandonar la vivienda solamente por su identidad, confiesa que este factor aumentó la tensión.

El caso de Laura es parecido al de Daniel, que se identifica como gay y que con 18 años abandonó su hogar familiar, al que describe como un “territorio hostil bastante complejo”. “Que yo fuese del colectivo nunca fue un problema directo, pero había comentarios y actitudes que me hacían sentir incomprendido y no escuchado”, explica a este medio.

Más de un tercio de las personas del colectivo LGTBIQ+ (el 36%) se ha encontrado en algún momento de su vida en situación de sinhogarismo. Esto no quiere decir que hayan estado viviendo necesariamente en la calle, también engloba a aquellas personas que no han conseguido estabilidad habitacional. Así lo establece el informe de la Federación Estatal LGTBI+ (FELGTBI+), Estado LGTBI+ 2025: Informe Socioeconómico, que subraya que “la orientación sexual se erige como el principal argumento que justifica la expulsión residencial”. 

Es más, según el informe anual de la Mesa Técnica de Atención a personas LGTBIQ+ en riesgo de exclusión social de Madrid (Maper) –un foro de entidades sociales visibiliza la situación de las personas del colectivo LGTBIQ+ que están en riesgo de exclusión social y, especialmente, residencial–, el perfil social de las personas atendidas en 2024 por esta plataforma es joven, con una edad media de 32 años, dos menos que en 2023. “Principalmente se debe al rechazo familiar. Una vez que expresan su orientación sexual o su identidad de género a veces son invitados forzosamente a salir del domicilio, si no expulsados”, afirma a infoLibre el experto y trabajador social José Gabriel Rodríguez Pérez, que añade que el propio núcleo familiar a veces es el primer tipo de discriminación y violencia, seguido por el ámbito escolar.

Según este investigador, el factor edad influye en que muchas de estas personas emigren a otros países. De hecho, la gran mayoría de los solicitantes de las instalaciones de Maper (el 85,5%) procede de un país extracomunitario. Las nacionalidades más frecuentes son de Colombia, Venezuela y Perú. El informe de la plataforma sostiene que más de la mitad de estas personas extranjeras se encuentran en una situación administrativa irregular, lo que les hace, según la integradora social e investigadora Almudena Gómez Jiménez, “estar exentas al acceso de derechos sociales durante largos periplos de tiempo”, y puede implicar una mayor temporalidad de esta circunstancia.

“Hablamos de situaciones muy graves en las que muchas personas se ven obligadas a huir con lo poco que tienen, ante situaciones de alto riesgo donde sus propias vidas corren peligro, donde sus propias familias son los agresores o donde son expulsados de sus propios pueblos”, explica el investigador Juan Daniel Ugalde, secretario del Observatorio para el Análisis y Visibilidad de la Exclusión Social de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC). Sin embargo, los expertos coinciden en que la exclusión residencial es multicausal y está relacionada con diversos factores como las adicciones, la salud mental o los problemas familiares, entre otros.

Aunque los hombres cisgénero gays concentran el mayor número de casos, los informes advierten de que las mujeres trans afrontan un riesgo significativamente mayor de exclusión. “El desconocimiento, el miedo a lo desconocido, los prejuicios y estereotipos hacen que, por desgracia, estas personas sufran un mayor índice de discriminación laboral y residencial, que, unido al frecuente rechazo familiar que padecen, dificulta sus posibilidades de inserción social y les hace víctimas fáciles de discriminación y más vulnerables a terminar en estas situaciones”, afirma Gómez Jiménez.

Rodríguez Pérez puntualiza que determinados estereotipos dirigidos hacia ellas dificultan el acceso al alquiler: “Piensan que le van a poner ahí un prostíbulo, que van a tener drogas y les suben incluso los alquileres”. En cuanto al desempleo, Ugalde señala que es uno de los principales motivos por los que el colectivo trans se mantiene en situación de calle: “Esto empuja a muchas mujeres trans a la marginalidad o al ejercicio de la prostitución como vía de subsistencia, si bien, no se puede generalizar y por suerte cada vez podemos ver más mujeres trans ocupando posiciones más visibles de cara a la sociedad que permiten ‘normalizar’ una realidad oculta hasta el momento”.

Precisamente, uno de los rasgos diferenciadores respecto a la población sin hogar en general es la posibilidad de ser objeto de discriminación “directa, indirecta y múltiple”, según Gómez Jiménez. Es decir, se trata de una vulnerabilidad que no es lineal ni única, sino el resultado de capas de discriminación que se superponen y refuerzan entre sí. Sin embargo, Ugalde señala que la cronificación de la situación de calle es mucho menor, en parte debido a la reducida edad media, que facilita mayores oportunidades de inserción laboral. “En algunos casos, hablamos de personas que incluso no han llegado a estar nunca en situación de calle o lo que llamamos tipología ETHOS 1 y 2, si no que han permanecido en una situación de couchsurfing, pernoctando en sofás de casas de amigos”, añade.

No obstante, las personas del colectivo también se ven expuestas a mayores riesgos. Según Ugalde, no solo es mayor el número de violencias con respecto a sus homólogos no LGTBIQ+ –con casi un 25% más de situaciones de riesgo–, sino que estas son más graves. El investigador señala que, además de sufrir agresiones y robos, también existe “un porcentaje llamativo de violaciones y abusos sexuales que apenas fueron reportados por personas sin hogar no LGTBIQ+”.

Ante esta problemática, existen diversas formas de superación: mientras que Laura consiguió en 2025 mudarse con su novio, Daniel vive solo en Madrid con varios trabajos. Este joven emprendió la búsqueda de un lugar mejor donde vivir, hasta que la Fundación Eddy-G se cruzó en su camino, y se convirtió en el primer usuario del hogar de acogida para jóvenes del colectivo que ofrecía esta institución. “Me dio mucha bondad normalizada, el poder ver a una persona independientemente de su identidad, de su orientación, que estaba en las mismas paredes que yo y decir, ‘wow, hermana, te entiendo’”, cuenta Daniel, que actualmente sigue colaborando en Eddy-G como voluntario.

Paula Avilés, trabajadora social de esta fundación, explica a infoLibre la importancia de un lugar exclusivo para personas LGTBIQ+: “Hace que exista un lugar de confianza donde puedan expresarse tal y como son y no sentir miedo de poder sufrir algún tipo de discriminación que sí que puede verse en sitios generalizados como los albergues”.

Otras asociaciones que ofrecen apoyo residencial y otros recursos son la Fundación Manolita Chen o Ahora dónde. Sin embargo, los expertos y las propias organizaciones señalan la escasez de plazas ofertadas como una traba a su labor. Otro de los retos es la financiación. Según cuenta Avilés, Eddy-G tendrá que afrontar 2026 sin dos de las principales subvenciones que sí tenía en el pasado: una de Fundación la Caixa y otra de la Comunidad de Madrid. 

A pesar de que España es considerado un país abierto en materia de derechos LGTBIQ+, la realidad de la exclusión residencial en este colectivo es difícilmente medible. Desde el ámbito académico, los expertos hacen hincapié en el escaso número de investigaciones sobre esta realidad y la dificultad para obtener muestras, sobre todo de mujeres trans. Según Ugalde, “los estudios internacionales nos indican que un alto porcentaje de la población en situación de sinhogarismo que vive en las calles pertenece al colectivo LGTBIQ+, sin embargo, en España apenas conocemos datos aislados en muy pocas ciudades”.

En la Comunidad de Madrid, los últimos datos publicados son de 2019 y pertenecen al Estudio Sociológico de las Personas LGTBIQ+ Sin Hogar, encargado por FACIAM –la Federación de Asociaciones y Centros de Ayuda a Personas Sin Hogar de Madrid– con la colaboración de la URJC. Organizaciones y plataformas como FELGTBI+ o Maper también realizan sus propios informes que sirven para ilustrar las dimensiones del problema. “Lo que no se estudia no se conoce y, por lo tanto, a la hora de desarrollar políticas o programas de intervención, es necesario conocer esta realidad para poder alcanzar los objetivos marcados con éxito”, afirma Ugalde.

La Fiscalía Provincial de Valencia solicita una pena de prisión de hasta tres años para la concejala de Vox en el Ayuntamiento de València, Cecilia Herrero por la difusión reiterada de mensajes de odio contra personas migrantes, LGTBI y con discapacidad a través de la red social Twitter, actualmente X, entre los años 2020 y 2024, según recoge EFE.

En un escrito al que ha tenido acceso EFE, la sección de Delitos de Odio del Ministerio Público secunda la apertura de juicio oral y reproduce una treintena de los referidos mensajes.

La Fiscalía sostiene que, durante al menos cuatro años, Herrero utilizó de forma continuada varias cuentas abiertas al público para publicar mensajes dirigidos a “propagar el rechazo, el desprecio, la hostilidad y la animadversión” hacia distintos colectivos protegidos.

Por ello, atribuye a la procesada la autoría de un delito cometido con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas, previsto en el artículo 510 del Código Penal, por fomentar el odio y la hostilidad mediante expresiones vejatorias, deshumanizadoras y estigmatizadoras, aunque plantea alternativamente una calificación menos grave dentro del mismo precepto penal (510.2 del CP).

En consecuencia, la primera petición es de 3 años de prisión y una multa de doce meses con una cuota diaria de 20 euros, pero subsidiariamente se pide una condena de un año y dos meses de prisión y multa de ocho meses. 

En ambos supuestos interesa también la inhabilitación para empleo o cargo público por el mismo periodo que la pena de prisión.

El escrito detalla que la acusada gestionaba cuentas con miles de seguidores, abiertas sin restricciones, desde las que difundía de forma “masiva e indiscriminada” mensajes dirigidos a estigmatizar a personas migrantes, especialmente de origen magrebí o musulmán, así como a integrantes del colectivo LGTBIQ+, personas racializadas y personas con discapacidad. 

Según la Fiscalía, estos mensajes asociaban de forma generalizada la inmigración con la delincuencia, la invasión del territorio y el deterioro de los servicios públicos.

La acusación subraya que la procesada vinculaba de manera reiterada el origen nacional, el color de la piel o la religión de determinadas personas con conductas delictivas, utilizando expresiones de burla y menosprecio y recurriendo en ocasiones a una selección “interesada y manipulada” de noticias para generar alarma social. 

A juicio del Ministerio Público, este discurso tenía un especial impacto al dirigirse de forma concreta a la ciudadanía de València y al producirse en el contexto de la actividad política de la acusada.

Entre los mensajes recogidos en el escrito se incluyen respuestas a publicaciones de medios de comunicación y de otros usuarios de la red social en las que se emplean términos despectivos hacia personas migrantes, se reclama su expulsión del país, se cuestiona la identidad de menores extranjeros no acompañados y se realizan comentarios vejatorios sobre personas LGTBI y con discapacidad. 

La Fiscalía destaca la reiteración de este tipo de expresiones a lo largo de varios años y su carácter público y accesible.

El Ministerio Público no aprecia circunstancias atenuantes ni agravantes y considera que la acusada actuó de forma consciente y voluntaria. En el escrito también se interesa el decomiso de las direcciones URL concretas a través de las cuales se difundieron los contenidos objeto de acusación, al amparo de la legislación sobre servicios de la sociedad de la información.

Estos hechos fueron denunciados inicialmente por Compromís en abril de 2024 y posteriormente se sumó el PSPV, que aportó más mensajes a la Fiscalía.

Un mural homenaje al poeta Federico García Lorca que se muestra en el mirador del Troncoso de Zamora ha sido vandalizado con pintadas con insultos homófobos, han informado a EFE este lunes fuentes municipales.

Las palabras con pintura negra aparecieron el domingo en esa zona turística del casco antiguo de Zamora con vistas al río Duero y el mismo día fueron eliminadas por el servicio municipal de Limpieza y del autor del mural, el pintor Carlos Adeva.

El mural vandalizado muestra una imagen de García Lorca junto a unos versos alusivos al río, unas barcas y la cúpula de la Catedral de Zamora.

Tras tener conocimiento del acto vandálico, el consistorio se puso en contacto con el autor del mural que unas horas después acudió al lugar para recomponer la imagen de Lorca que había sido objeto de algunas de las pintadas.

Los delitos de odio contra la comunidad LGTBIQ+ han aumentado en el último año, según datos de la FELGTBI+. Según el informe Estado del Odio: Estado LGTBI+ 2025, elaborado por la Federación, el 20,3 % de los miembros del colectivo han sufrido acoso. También, un 25,25% sufren discriminación en áreas como el trabajo o la vivienda y un 16,25 % han sido agredidas por su orientación sexual o identidad de género.

El Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este jueves fuertes restricciones a la atención médica relacionada con los procesos de cambio de género en menores de 18 años, que buscarían cortar fondos federales a las instituciones de salud que ofrezcan estos tratamientos.

"Hoy, estamos tomando seis acciones decisivas, guiadas por la ciencia de más alto nivel y la Orden Ejecutiva de la primera semana (del segundo mandato) del presidente Trump, para proteger a los niños de la mutilación química y quirúrgica", dijo el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., en una rueda de prensa.

Noticia en ampliación.

Honestamente, no sé dónde está la sorpresa en el Me too que se está dando estos días dentro del Partido Socialista. De hecho, y por desgracia, rara vez debería sorprendernos una oleada de denuncias de acoso y agresiones sexuales de hombres en cualquier organización, industria o ámbito. En todo caso, nos puede sorprender que esas denuncias salgan a la luz. Que sean escuchadas. Que se haya conseguido crear el clima de seguridad y confianza a las víctimas para que sientan que no tienen que seguir cargando solas con el peso de lo que han sufrido. Que estos casos sean visibles y podamos estar hablando de ellos es un pequeño éxito más del indispensable trabajo del movimiento feminista. 

Dicho esto, es necesario hacer varios apuntes sobre las denuncias a Paco Salazar, José Tomé, Javier Izquierdo, Antonio Navarro, Francisco Luis Fernández o Toni González que ahora conocemos. Y, sobre todo, a la reacción que estas han causado. 

Voy a empezar con lo más obvio. Estos días leía cientos de declaraciones de usuarios de redes sociales, pero también de representantes políticos y periodistas conservadores haciendo alusión a esta oleada de denuncias dentro del PSOE, recordando también casos como el de Íñigo Errejón o las acusaciones hacia Juan Carlos Monedero. “Resulta que la derecha es machista pero todos los casos de acoso sexual a mujeres que salen son del PSOE, Sumar o Podemos”. Hombre, decir eso cuando el Partido Popular lleva tiempo lidiando con un goteo incesante de casos similares en su propio seno (el último estos días, José Ignacio Landaluce, alcalde de Algeciras), pues tiene sorna. Especialmente cuando estos casos se han intentado ocultar y apenas se ha hecho mención a ellos. Quizá creen que sus votantes no van a exigirles que rindan cuentas por casos de acoso sexual a mujeres porque es algo que no les termina de importar demasiado. Y ahí es cuando entendemos un poco mejor este comentario de: “todos los casos de acoso sexual se dan en la izquierda”. Claro que no es el caso, pero teniendo en cuenta el compromiso tácito que dice tener gran parte de esta con la lucha contra el machismo, es obvio que cada caso que se dé en ella hará muchísimo más ruido. Eso por no hablar de la mayor facilidad (tampoco mucha más, pero algo, al menos) que puede haber en un partido de izquierdas para denunciar una situación de acoso sexual frente a un partido de derechas. Una diputada de Vox que sufriese acoso por parte de un compañero, ¿tendría apoyo dentro de su partido para denunciarlo? Quizá no sea demasiado alentador ver cómo a condenados por violencia machista como Carlos Flores se les ofrece, de forma posterior a la condena, la oportunidad de ser el candidato a la presidencia de la Generalitat Valenciana. ¿Perdería la víctima su puesto de trabajo y toda su carrera política si denunciara el acoso que ha sufrido, mientras que a su acosador igual le dan un ascenso? Fijaos si será misógino Vox que a mediados de este año consiguió que la mismísima Rocío Monasterio acusase al partido de haber sido machista con ella. La misma que hace unos años trató de reclutar a jóvenes para realizar una contramanifestación al 8M. Ya han tenido que esmerarse.

Que probablemente haya mucho más machismo entre las derechas que entre las izquierdas es una obviedad. Pero es que esto no va de competir por quién tiene más o menos casos de machismo. Esto va de erradicarlo por completo. Y en eso, por desgracia, hay suspenso general. 

Acertadas son las declaraciones de Cristina Hernández, actual directora del Instituto de las Mujeres. “Las feministas llevamos años diciendo que el machismo es estructural y sistémico. ¿A qué se creían que nos referíamos? Precisamente a esto. Por tanto: ni sorpresa ni vergüenza. Solo contundencia, responsabilidad y acción”. 

El compromiso para erradicar las violencias machistas no puede ser un eslogan, un conteo o establecer un protocolo vacío que no tendrá sentido alguno si, antes, no creamos un entorno seguro y de confianza para que las mujeres se sientan protegidas antes de denunciar. El compromiso tiene que ir muchísimo más allá. Tiene que darse, además, en cada persona implicada en una organización. Y tiene que incluir el hecho de que cada una de estas personas entienda de verdad el significado de la lucha feminista, de la educación inclusiva, de los micromachismos. Tienen que ser conscientes de la sutileza de las aristas de un sistema que te hace caer en conductas misóginas, muchas veces incluso sin darte cuenta. 

Vale, vamos a establecer un protocolo y a endurecer nuestra reacción contra los agresores machistas. Pero, ¿vamos a exigir a cada persona de nuestra organización que se forme de manera obligatoria y constante en cuestiones de consentimiento, respeto y diversidad? ¿Vamos a tener plena asistencia en jornadas feministas periódicas? ¿Vamos a ver a los hombres de nuestro partido corregir los comentarios machistas que hagan sus compañeros en un momento de desconexión y risas?

A mí me alegra ver que hay una reacción auténtica ante los casos de acoso sexual a mujeres. Pero me encantaría ver también a Pedro Sánchez salir a decir que le ha echado la bronca de su vida a sus famosos amigos de 40 y 50 años a los que, según él, tanto incomodaban los avances del feminismo hace un par de años. O a otros muchos cargos del partido salir a pedir perdón por haber desviado la atención de la lucha feminista para centrarla en atacar, también de manera machista, a las mujeres trans (entre las cuales se dan algunos de los porcentajes más altos de violencia sexual a manos de hombres). Me parecería estupendo ver cómo se doblan los esfuerzos en educación inclusiva, en formación para la diversidad. Que se dé importancia de verdad a un Ministerio de Igualdad que parece haber sido secuestrado con la misión de pasar con un perfil bajo durante toda la legislatura, y así poder distanciarse de los ataques que recibió la institución por parte de los medios y la oposición cuando era Irene Montero quien estaba al frente.

No basta con hacer control de daños. No nos interesan las promesas vacías y la palabrería dedicada a esperar a que suceda algo que haga que esto se olvide. El machismo se encuentra arraigado en todas partes: es estructural, es sistémico, es cultural. Está bien una disculpa; es necesaria. Está bien tener un protocolo. Pero nada cambia si no hacemos un trabajo de raíz. Si no dejamos de usar el sufrimiento de unas víctimas para atacar a unos u otros. Si no nos comprometemos de forma general a cambiar un poco la forma en la que vemos y entendemos el mundo, la forma en la que nos relacionamos. Y eso solo lo podemos hacer con el compromiso de todos.

Más de la mitad de las personas que viven con VIH en Europa reciben el diagnóstico de forma tardía, lo que supone una "falla crítica" en las pruebas de detección del virus que "amenaza con socavar" la lucha global contra el sida, advierte el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC), según informa EFE.

Según el informe anual de vigilancia del VIH/SIDA, publicado con motivo del Día Mundial del Sida, que se celebra este 1 de diciembre, en 2024 se diagnosticaron 106.000 casos de VIH en la Región Europea de la OMS (53 países de Europa y Asia Central), de los cuales el 54% se realizaron demasiado tarde para un tratamiento óptimo.

"Europa no está haciendo pruebas ni tratando el VIH de forma temprana. Esta falla crítica en las pruebas, combinada con un número creciente de casos sin diagnosticar, está poniendo en grave peligro el objetivo para 2030 de acabar con el sida como amenaza para la salud pública", señalan el ECDC y la Oficina Regional de la OMS para Europa.

Por este motivo, ambas instituciones de salud instan a que se tomen "medidas urgentes" para rutinizar, normalizar y ampliar las pruebas, incluyendo un mayor acceso a las pruebas de autodiagnóstico y a opciones comunitarias, para quienes no tienen acceso a servicios de salud.

Por regiones, el este de Europa registró la mayoría de casos (66%), por encima de los estados del oeste (25%) y el centro (10%). 

De hecho, de los 106.000 casos notificados en la Región Europea de la OMS, el 22% (24.000) se notificaron dentro de la Unión Europea y el Espacio Económico Europeo (UE/EEE), de los cuales el 48% se detectaron de forma tardía.

En cuanto a la causa de las infecciones en el conjunto del continente, la proporción fue mayor entre las personas que contrajeron el virus por transmisión heterosexual (especialmente hombres), con uno de cada siete casos, mientras que el sexo entre hombres representó el 15% y las inyecciones de drogas el 14%.

No obstante, en el territorio de la UE/EEE, las relaciones sexuales entre hombres siguen siendo la vía de transmisión más común (48%).

Además, casi uno de cada tres diagnósticos de VIH en 2024 se produjo en personas nacidas fuera del país donde fueron diagnosticadas, y en la Unión Europea, este grupo representó más de la mitad de los nuevos diagnósticos, especialmente en ciudadanos procedentes de África Subsahariana (32,2%) y el centro o este de Europa (26,4%).

En la última década, la tasa de diagnósticos de VIH disminuyó en la Región Europea de la OMS de 18,3 a 11,8 por cada 100.000 habitantes, con una fuerte caída en 2020 relacionada con las perturbaciones relacionadas con la pandemia de COVID-19. Tras un repunte temporal durante el período 2021-2023, la tasa volvió a descender en 2024 y los diagnósticos disminuyeron aproximadamente un tercio desde 2015.

Para los países de la UE/EEE, la tasa en 2024 fue de 5,3 por cada 100.000 habitantes, lo que marca una disminución del 14,5% respecto a la tasa de 6,2 por 100.000 observada en 2015. 

Sin embargo, el número estimado de personas que viven con el VIH sin diagnosticar "está aumentando", lo que aboca a "una crisis silenciosa que impulsa la transmisión", según el doctor belga Hans Kluge, Director Regional de la OMS para Europa.

La causa de esa "crisis silenciosa" está en "las barreras mortales del estigma y la discriminación", que impiden que las personas se realicen una prueba sencilla, constata el experto en salud pública.

"Debemos innovar urgentemente nuestras estrategias de diagnóstico, adoptar las pruebas comunitarias y el autodiagnóstico, y garantizar una rápida conexión con la atención médica. Solo podremos erradicar el sida si las personas conocen su estado serológico", concluyó la doctora Pamela Rendi-Wagner, directora del ECDC.

Cuatro de cada diez mujeres lesbianas, trans, bisexuales o intersexuales ha padecido algún tipo de violencia en los últimos 12 meses, según alerta la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (Felgtbi+) con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, recoge EFE.

En un comunicado, la Felgtbi+ denuncia que el 13,8% de las mujeres de la comunidad ha sufrido violencia física o verbal; un 14,8% acoso y un 24,2% discriminación en el último año. 

Según se desprende de su investigación Estado LGTBI+ 2025, elaborada junto a la agencia 40db, un 26,8% de las víctimas sufrió esta violencia en la calle; el 17,6%, en los centros de enseñanza; el 14,4% en un lugar de ocio y el 13,1% en el transporte público.

La presidenta de la Felgtbi+, Paula Iglesias, explica que las mujeres LTBI+ están expuestas a una doble discriminación por el hecho de ser mujeres y de pertenecer al colectivo y que los discursos de odio están incrementando la violencia que sufren.

"Se trata de estrategias organizadas que pretenden señalarnos como la otredad, como una amenaza, para conseguir rédito político. Las mujeres lesbianas somos señaladas como degeneradas; las mujeres bisexuales son hipersexualizadas y las mujeres trans son dibujadas como una amenaza. Otras mujeres que forman parte del colectivo LTBI+, como las mujeres intersexuales o las que pertenecen al espectro asexual siguen muy invisibilizadas. Todos los discursos de odio se basan en deshumanizarnos para que parezca legítimo rechazarnos", subraya.

La Federación Estatal LGTBI+ (FELGTBI+) ha entregado este viernes la XIX edición de sus Premios Plumas, que este año han recaído sobre la activista Uge Sangil, la tallerista y humorista Pitu Aparicio, la artista Estrella Xtravaganza, el cantante Rodrigo Cuevas y la organización Plena Inclusión.

Además, se ha entregado dos menciones a las organizaciones Regularización Ya y Grup d’Amics Gais, Lesbianes, Transsexuals i Bisexuals (G.A.G.), por su labor en favor de los derechos humanos.

Los premios tienen como objetivo defender la cultura LGTBI+ como una forma de reivindicar derechos y visibilidad para el colectivo porque, como ha explicado la presidenta de la FELGTBI+, Paula Iglesias, "lo que no se nombra, ni se ve, no existe".

"Por eso necesitamos de la cultura para seguir naturalizando nuestras realidades, ocupando espacios y generando referentes", ha aseverado en un comunicado.

En este sentido, Iglesias ha aludido a la presencia de una "ola reaccionaria" que amenaza los derechos alcanzados y ha recordado que "nos quieren amedrentar porque el miedo paraliza".

"No vamos a permitir nuestra existencia en los márgenes, vamos a exigir una vida en el centro, una vida digna. Y lo vamos a exigir con Orgullo, con alegría, con música y con esperanza", ha avisado.

Uge Sangil fue presidenta de la FELGTBI+ entre 2018 y 2024; fundadora de la asociación tinerfeña Algarabía LGTBI y una de las caras visibles en la lucha por la aprobación de la ley trans.

Pitu Aparicio es educadora social, y dinamizadora y facilitadora de grupos especializada en género, sexualidad y drogodependencias. Creó el monólogo 'La bollera perfecta' para visibilizar realidades LGTBIQA+ y crea contenido para redes sociales con medios como Pikara Magazine.

Rodrigo Cuevas es cantante y artista, centrado en rondar la canción tradicional con otros géneros como la música electrónica, pero también con el humor, la sensualidad y la crítica social. Recientemente ha sido premiado con La Barraca de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).

Estrella Xtravaganza es una artista drag, concursante de la segunda temporada de Drag Race España.

La organización Plena inclusión es un movimiento asociativo que lucha en España por los derechos de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo y sus familias.

Que dice Santiago Abascal que, en el futuro, la mayoría de “los gays” votarán a Vox. 

Lo ha dicho recientemente mientras lo entrevistaban en un programa de televisión. “¿Prohibirá el Orgullo en Madrid?”, cuestionaba el presentador. “¿Lo sacará a algún polígono para que no lo vean?”.

La respuesta: “Hay derecho de manifestación pero también de las familias y de los menores, y yo creo que no todos los gays se sienten identificados con este tipo de revelación ni con una bandera en concreto”. El líder ultraderechista contestaba esto para un segundo más tarde contradecirse: “Los gays españoles se sienten representados y acogidos de la bandera de España”.

El del partido verde hablaba específicamente de “los gays” porque reconocer la existencia de otras personas disidentes de sexualidad o de género es algo para lo que parece que la ultraderecha aún no se siente preparada. De hecho, verás cuando Santi descubra que en el colectivo LGTBIQ+ hay mujeres. No va a salir de su asombro. 

“Va a llegar el momento en el que la mayoría de los gays españoles van a votar a Vox, porque somos los únicos que quieren echar de España a los que quieren lanzarles a ellos desde una azotea o colgarles desde una grúa”. 

Qué retroceso. Exactamente el mismo comentario que, acompañado de Francisco Serrano, realizaba Abascal en el año 2015 en un vídeo subido de cara a las elecciones andaluzas. En él, aseguraban que Podemos quería que se arrojase a los homosexuales desde la Giralda. Yo creo que es un sitio demasiado transitado para ponerse a tirar mariquitas, la verdad. Igual por lo que a ellos no les gustaba la idea era porque sería contraproducente cometer un turisticidio y acabar accidentalmente con la vida de uno de esos ingleses o alemanes que vienen a dejarse los dineros unos días para luego irse a dormir a algún piso turístico ilegal. 

En aquel momento absolutamente todo el mundo se rió de ellos. No es para menos, la verdad. Una década más tarde el CIS les da un 17,7% de votantes para las próximas elecciones generales. Risa ninguna. 

Tener que discutir que Vox es un partido contrario a los derechos (y sobre todo a la protección y seguridad) de las personas LGTBIQ+ a estas alturas me parece, sencillamente, una ordinariez. Su electorado lo sabe perfectamente. Están de acuerdo con ello. Y, por si fuera poco, su afán por imponer al Partido Popular como condición para apoyarles en las autonomías el recorte de las leyes que nos protegen, pues habla por sí solo. Condición un poco tonta porque, como hemos visto en Madrid, a veces no hace falta siquiera que Vox lo pida para que pase. 

Estrategia, por cierto, copiada de Orbán y de Trump. Es lo que tiene que vivamos con una extrema derecha caracterizada por una absoluta falta de personalidad política en la que cada propuesta, cada medida y cada detalle de su discurso aparece misteriosamente tras haber aparecido un mes antes en los Estados Unidos de Trump, la Argentina de Milei, la Rusia de Putin o la Hungría de Orbán. Los vemos venir de lejos, al menos.

Y sí, hay maricones fachas. Fíjate si habrá que ya lo decía Rossy de Palma en Kika hace más de 30 años: “Los hombres con bigote o son maricones o son fachas, o ambas cosas a la vez”. Tu orientación sexual no siempre determina tu posición política. Puedes ser marica y haber nacido con una cuchara de plata en la boca, padres que aparecen en azul en la Wikipedia y 15 pisos por heredar por los que no te apetece pagar impuestos. ¿A quién es más probable que vote ese marica? Y que sí, que el PP arrasa en Chueca. ¿Quién iba a pensar que en el tercer barrio más caro de Madrid (casi 9000 euros el m2 ahora mismo) ganarían en votos partidos que gobiernan para los ricos? No quepo en mí del asombro. 

Pero no nos confundamos. Las personas disidentes de sexualidad y de género siguen siendo, en bloque, uno de los principales apoyos de las izquierdas de este país. Aunque, en muchas ocasiones, algunos movimientos obreros intenten desligarse de nosotros diciendo que “fragmentamos la lucha”. Decisión estratégica mala como ella sola, pero algunos prefieren anteponer su homofobia al bienestar de quienes tanto dicen querer proteger. Igual la lucha obrera te da igual y solo quieres ser protagonista de algo, José Luis, no sé qué quieres que te diga.

Lo dice el estudio que lanza anualmente la FELGTBI. La comunidad LGTBIQ+ vota más: sólo un 19% de abstención frente al 53% del resto de la población. El apoyo va, principalmente, a partidos de izquierda: un 57,4% de las personas del colectivo frente al 40% de la población general. Y, con respecto a hace dos años, una de cada diez personas de la comunidad que votaron al PP ahora votarían a un partido de izquierdas. 

Este no es un mensaje para Vox o para sus votantes. Ya sé que ellos están contentísimos con el trato que pretenden darnos a las personas LGTBIQ+. Y que han comprado el discurso del homonacionalismo. Ese que dice que hay que estar muy en contra de Palestina y no defender a la población gazatí del genocidio porque “en Palestina hay mucha homofobia” y “¿sabes lo que te pasaría a ti si fueses a Palestina?”. Pues lo que me pasaría si fuese a Palestina es que probablemente me mataría una bomba israelí, José Manuel, con supuesto “alto el fuego” incluido y todo. Que tiene narices que digan esto quienes precisamente alientan la violencia contra nosotros en este país. Dicen que hay que frenar la migración porque “van a atacar a los homosexuales” y luego fuerzan que se borren las leyes que existen para evitar que se ataque a los homosexuales. Su filosofía: “A nuestros maricas les pegamos nosotros”, como tituló el periodista y autor Christo Casas uno de sus artículos hace un par de años. 

Lo repito: este no es un mensaje para Vox ni para sus votantes. Este es un mensaje para la izquierda. Para los movimientos sociales y obreros. 

Por supuesto que hay personas LGTBIQ+ que votan a la extrema derecha. Por supuesto que la clase social y el beneficio económico pesa más que la orientación sexual cuando lo primero te protege de que te agredan por lo segundo. Por supuesto que quien no se siente en comunidad con las maricas, bolleras, bisexuales, trans, etc, de clase obrera, no va a sacrificar ni tres euros de su fortuna por hacerles la vida un poco más segura. Pero no nos equivoquemos. En nuestra mayoría, seguimos siendo un frente de contención. Seguimos manteniendo, en un amplio porcentaje, un sentimiento de hermanamiento y pertenencia que nos lleva a querer protegernos unos a otros. Y seguimos teniendo claro que ninguno de nosotros será del todo libre ni estará del todo seguro hasta que lo estemos absolutamente todos. 

Necesitamos una izquierda coherente, comprometida con nuestros derechos y seguridad. Necesitamos un movimiento obrero que nos incluya y evite que, dentro de sus propios espacios, haya quienes quieran dejarnos atrás. Pero no nos equivoquemos. La izquierda también necesita a la comunidad LGTBIQ+. Y el movimiento obrero, del que en nuestra mayoría formamos parte, más aún. Que no se os olvide, que el fantasma que nos amenaza se crece por momentos. Y de lo que hace diez años nos reíamos quizá, ahora, pueda ser nuestro final. 

No hace tanto tiempo que Isabel Díaz Ayuso, a la que esta semana pasada escuchábamos decir esa infame frase: “Váyanse a otro lado a abortar”, se paseaba por tertulias de televisión defendiendo, precisamente, la necesidad de que se abriera el debate dentro de su propio partido con la cuestión del aborto. 

Lo del “a otro lado”, por cierto, como si no fuera ya exactamente lo que pasa. Y es que en Madrid, menos del 0,5% de los procedimientos de aborto se realizan en la sanidad pública, en contraposición al 70% que se realizan en otras comunidades como Cantabria o Galicia. 

Podría parecer que el Partido Popular mira con nostalgia aquella época en la que las mujeres pudientes sorteaban las leyes españolas yéndose a abortar a Londres. O más bien parece que cuando recordaron que decenas de miles de mujeres invirtieron grandes cantidades de dinero en esos viajes y procedimientos, se les encendió la bombillita, como pensando: “¿Y nosotros por qué no estamos rentabilizando esto? ¿Vamos a dejar que el hecho de que unas cuantas mujeres se piensen poseedoras de sus propios cuerpos nos estropee el negocio?”

Conocen perfectamente testimonios de mujeres que necesitaban una interrupción de un embarazo que no solo no saldría adelante, sino que ponía en riesgo su propia vida, y que han tenido que realizarse sin un médico presente porque los que había de guardia en aquel momento eran objetores de conciencia. Les da igual el trauma, el dolor físico y emocional o incluso la supervivencia de aquellas mujeres de una clase social inferior a la suya, que son las que no entran dentro de su baremo de quién merece tener derechos de los que ellas siempre han disfrutado.

Cualquiera diría que esta crueldad de proporciones inimaginables viene de la misma Ayuso que, en ese programa de televisión, defendía la pluralidad de opiniones con respecto al aborto o la eutanasia. O la misma de aquellos tuits de hace unos años en los que defendía la existencia, validez y protección de las infancias trans, a quienes, años más tarde, llamaría “modas extranjeras y dañinas”, poco antes de efectuar el primer recorte en derechos LGTBIQ+ de la historia de la democracia de este país. 

Es curioso ver a Isabel Díaz Ayuso pasar de hablar de abrir el debate del aborto dentro de su partido, a hacer el papelón de su vida defendiendo que se increpe a mujeres en las puertas de las clínicas o hablando de “un millón de personas abortadas”, como si se abortase a gente que ya está cotizando y no tuviera como máximo las 14 semanas de gestación. 

Esto nos sirve no solo para, una vez más, ver cómo el debate político y los posicionamientos han girado cada vez más a la derecha en los últimos años.

También nos sirve para recordar, con tristeza, cómo muchas de las personas que encabezan las instituciones que nos gobiernan defienden ideas que ni siquiera entran dentro de sus propias convicciones. 

Que la sociedad por la que luchan es una que ni ellos mismos creen justa, que ni ellos mismos creen buena para el pueblo. Que las ideas que defienden son las que piensan que les diferenciará más de su oposición, con las que van a poder hacer mejor negocio, o las que piensan que deben mantener para que no les quite el electorado el partido que les adelanta por su derecha. 

Saben perfectamente el mal que hacen a miles y miles de mujeres. Saben que ponen en riesgo sus vidas. Saben que es peligroso, doloroso, injusto. Y saben que no es lo que querrían para ellos mismos, para sus familias, para sus hijas. Todo eso da igual si pueden hacer negocio de ello. La pregunta es la de siempre. ¿Por qué seguir dejando que decida por ti quien ve una forma de ganar dinero hasta en si sobrevives o no? Es una pregunta que llevamos años haciendo. Quizá sea hora de que, de manera colectiva, uniendo luchas y teniendo claro lo que tenemos enfrente, respondamos más alto que nunca. 

El colectivo LGTBIQ+ se sigue enfrentando al rechazo, incluso dentro de su propia familia y entornos. Así lo denuncia el primer informe sobre el tema que ha hecho la Federación Estatal LGTBI+ y que trata los casos de aquellas personas del colectivo que han tenido que irse de sus casas por el desprecio de sus familiares o de sus redes afectivas. El informe llamado Estado del Odio LGTBI+: Sexilio revela que más de un tercio de las personas pertenecientes al colectivo se han planteado irse de sus hogares o han tenido que hacerlo por motivos de orientación sexual, identidad o expresión de género. 

En concreto, un 13% del colectivo ha tenido que sexiliarse y un 21,5% llegó a tal punto que tuvo que planteárselo. Esto supone, según denuncian desde la FELGTBI+, una expulsión forzada, que rodea al colectivo LGTBIQ+ de forma silenciosa, mientras el resto de la sociedad se mantiene impasible o no lo percibe. A esta realidad la alimenta un discurso de odio desbocado que deja al colectivo sin espacios seguros donde refugiarse.

También en el colectivo existen desigualdades internas. Según el informe, las personas que tienen que huir de sus hogares con más frecuencia son las personas trans y racializadas. En concreto, el 22% de personas trans y el 52,6% de las personas racializadas pertenecientes al colectivo LGTBIQ+ han tenido que sexiliarse. Esto indica, según explican en el documento, que las discriminaciones por ser miembro del colectivo van a más cuando se entrelazan con desigualdades territoriales, sociales y económicas, por lo que la migración se convierte en una obligación antes que en una opción. 

En muchos lugares del mundo, la violencia es tal que está prohibido pertenecer al colectivo. La legislación en países como Irán o Arabia Saudí condena a aquellos que lo sean a la pena de muerte. Y, más allá de la legislación, en el año 2024, 350 personas trans o de género fluido fueron asesinadas, según recoge Amnistía Internacional. Casi la mayoría, el 94%, eran mujeres racializadas. 

Aunque existe una mayor protección en España, su vida queda lejos de ser perfecta cuando llegan a España. Según explican, se ven expuestas a dinámicas racistas y xenófobas que pueden retroalimentarse con el rechazo a la diversidad de género. Los datos de delitos de odio en España del último año corroboran esto. El racismo y la xenofobia protagonizan la mayoría de los casos registrados en 2024, representando un 41,13% del total, según datos del Ministerio del Interior. 

A pesar de que con el paso de los años parece que los avances en materia LGTBIQ+ se van asentando en el pensamiento colectivo, no todos aquellos que han nacido con estos derechos conquistados los disfrutan igual. Según el informe, el 40% de los jóvenes LGTBIQ+ han tenido que plantearse el sexilio como la única opción para vivir mejor. 

De ellos, un 16,3% ha acabado por hacerlo y el porqué también sigue un patrón. La mayoría de los jóvenes del colectivo que se marchan de sus hogares lo hacen por el lugar y las condiciones que enfrentan allí. El campo, según el documento, ve cómo los miembros del colectivo tienen que irse para buscar una vida mejor en la gran ciudad. 

Con este desplazamiento lo que se pretende no es solo escapar de la violencia que puedan sufrir en el mundo rural, sino también poder experimentar el modo de vida que verdaderamente desean. El 38,3% de los jóvenes busca poder expresarse libremente, el 31,9% desarrollar el proyecto de vida que habían imaginado para ellos mismos, y el 29,8% quieren encontrar una red de apoyo que les sostenga.

Tener que irse tampoco significa poder disfrutar al fin de una vida mejor. El 17,3% de las personas que han sufrido el sexilio acaban durmiendo en la calle, mientras que el 22,1% viven en lugares que no están adecuados para ello. Tampoco la salud les da tregua, un 11,5% vive con el miedo instalado constantemente en su cabeza y un 8,7% sufre depresión. 

Por ello, es necesario, según denuncian, que se tomen medidas reales para evitar que el colectivo LGTBIQ+ continúe en esta situación. “El sexilio no es una elección, es una expulsión silenciosa que sigue operando en nuestro país. Miles de personas han tenido que dejar atrás su hogar para poder vivir sin esconderse. Hablamos de derechos humanos que deberían estar garantizados en cualquier rincón de España”, afirma Jesús A. Muñoz, miembro de la Comisión Ejecutiva de la Federación Estatal LGTBI+, en un comunicado. 

Desde la FELGTBI+ piden una política pública que consiga agrupar las desigualdades a las que las personas que se sexilian se tienen que enfrentar. La legislación debe adquirir un enfoque territorial e interseccional para evitar que alguien tenga que dejar su hogar para poder ejercer sus derechos plenamente.  

Las personas en una situación de mayor vulnerabilidad, como las trans o racializadas, necesitan medidas específicas, reclaman desde la Federación. La exclusión social se puede evitar, argumentan, si se crean redes de apoyo que puedan sostener a estas personas. 

Hace más o menos mil años (o así lo siento) la joven feminista lesbiana que yo era entró en COGAM para comenzar lo que sería más de una década de activismo. Al llegar, me encontré una organización en la que apenas había mujeres y en las que el feminismo era considerado algo excéntrico y, desde luego, no necesario para el activismo LGTBI (aunque en realidad era gay). Comencé, junto con otras mujeres, a hacer feminismo dentro de la organización, lo que supuso cuestionarlo todo. Y no fue nada fácil. La agenda gay, en aquellos años, y excepto en la cabeza de algunos y raros activistas, estaba completamente alejada del feminismo. Comenzamos trabajando la cuestión de la representación, de las listas electorales para la dirección, de la inclusión de determinadas cuestiones en la agenda reivindicativa, de presupuestos con enfoque de género y… llegó la siempre difícil cuestión de los espacios. No es siempre la cuestión más importante pero es la más visible, la que afecta a todos y todas y la que se siente de una manera más física. Son los cuerpos los que se ponen ahí. Y cuando alguien que ha ocupado desde siempre todo el espacio se ve obligado a compartirlo, vive dicha situación como una expulsión, como una ofensa y como una declaración de guerra. Y así fue. 

En COGAM las lesbianas nos reuníamos los viernes en un espacio en el que podían entrar los hombres. La verdad es que no nos preocupábamos porque nunca venían. De hecho, en alguna ocasión hubiéramos deseado que vinieran y programamos charlas y conferencias que pensábamos que les interesarían, pero jamás lo consideraron así. Las cosas de mujeres… ya se sabe. Incluso les invitamos explícitamente en muchas ocasiones para debatir sobre asuntos comunes y para que escucharan lo que teníamos que decir las mujeres sobre el activismo y la organización, pero escuchar a las mujeres no era de las cosas que más les apetecía un viernes por la tarde y nunca vinieron. 

Con el tiempo, y cuando la visibilidad LGTBI se hizo mayor, lo que ocurrió fue que comenzaron a entrar en nuestras reuniones de los viernes algunos hombres heterosexuales atraídos por el morbo de que allí se reunían lesbianas (eran “esos” tiempos). Debido a estas intrusiones, las feministas aprovechamos para definir el grupo como no mixto. Necesitábamos y reivindicábamos un espacio exclusivo para tener el control al menos sobre un pequeño lugar, un solo día, un par de horas. Todos los demás grupos, todos los demás días, eran mixtos, lo que quiere decir que los ocupaban los hombres. Ocupaban el espacio físicamente, ocupaban los puestos de representación, decidían la agenda política, determinaban las conversaciones… Queríamos nuestra esquina. 

Pero cuando las lesbianas decidimos apropiarnos de una sala durante dos horas una vez a la semana, los compañeros gays (no todos, claro, pero sí la mayoría) se mostraron indignados. Muy indignados, como si les hubiésemos robado algo. El primer viernes de reunión del grupo de lesbianas no mixto nos encontramos con que un grupo grande de gays se puso en la puerta con la intención de entrar.  Ninguno de ellos había venido nunca a nuestras reuniones ni les interesaba lo más mínimo lo que allí discutíamos, pero la sola posibilidad de que existiera un espacio en el que las mujeres pudiéramos decidir quién entraba y quién no, les sublevaba al punto de tomarse la molestia de venir un viernes por la tarde para demostrarnos quiénes eran los dueños. Nosotras nos pusimos en la puerta decididas a razonar con ellos. Eso sí que fue un error. Nos empujaron, nos tiraron por los suelos y pasaron, claro. Tengo que decir que eso sólo ocurrió un día, porque después ya no se molestaron en volver. Era únicamente una cuestión de demostrar quién mandaba allí. Fue como un sarampión pasado el cual el feminismo comenzó a hacer su trabajo. Nos organizamos, buscamos alianzas con los hombres no misóginos, explicamos, trabajamos, ofrecimos formación y poco después éramos una organización mixta que se definía como feminista, una de las primeras en tener una dirección obligatoriamente paritaria, en ofrecer formación feminista y en incorporar en su agenda reivindicativa las cuestiones que las mujeres considerábamos imprescindibles. Y teníamos nuestros espacios, claro. 

Esta batallita de mi juventud me ha venido a la cabeza cuando he visto los videos de la celebración de “la Gaita”, en Cervera del Río Alhama. Es una celebración en donde los hombres bailan y entran en las iglesias pero las mujeres no pueden hacer lo mismo. Ellas sólo pueden mirar. Ante la negativa de los hombres a dejarlas participar en una fiesta de la que la tradición las ha excluido, decidieron formar un grupo mixto y bailar, aunque sin entrar en la iglesia. Ese conformarse con bailar en el exterior no ha sido suficiente para calmar a los hombres que este año la han emprendido a empujones con las mujeres que se empeñaban en participar en sus fiestas al mismo nivel que ellos. La llamada “Gaita tradicional”, que se debería llamar misógina, ha declarado después que las culpables de la violencia ocurrida en la plaza han sido ellas, por ponerse a bailar donde no deben, por ponerse en medio del espacio que los danzantes pretenden suyo.  

Esta misma cuestión se produce en el Alarde de Hondarribia todos los años, este año incluso con peticiones a los tribunales para que impidieran el desfile de la compañía mixta. Teniendo en cuenta la composición electoral de Hondarribia, estoy segura de que muchos de los hombres que están dispuestos a hacer lo que sea para que las mujeres no ocupen sus mismos espacios en la fiesta se consideran a sí mismos muy progresistas, casi revolucionarios. Ya sabemos –por experiencia– que las revoluciones no tienen en la misma consideración a todas las igualdades.  

Cuando llega el final del verano y España se llena de fiestas populares se hace muy evidente que muchos hombres están dispuestos a seguir peleando cada pequeño o gran espacio que nosotras exijamos legítimamente ocupar. La excusa es siempre la tradición, que no puede servir como freno a la igualdad, que no puede utilizarse tampoco para que no se cumpla la ley. Y vemos cómo las instituciones no son tampoco muy diligentes en defender que los espacios y las tradiciones, las que sean, no pueden excluir a las mujeres que desean participar. Hay miedo por parte de todos los representantes políticos que siempre van avanzando con pies de plomo en esta cuestión.  

En fin, mucho ánimo a las danzantes y a todas las mujeres que reclaman su derecho a participar en las fiestas populares en las mismas condiciones que los hombres y que para hacerlo ponen en riesgo –todavía– su integridad física y moral. Ganarán, ganaremos, no me cabe duda, pero no está siendo sencillo. Se diría que a la larga ha sido más sencillo ocupar una cátedra universitaria que poder salir en la procesión de tu pueblo. Las tradiciones se han convertido en uno de los últimos reductos del machismo más acendrado, en uno de los más difíciles de romper quizá porque, en cierto sentido, las tradiciones son el alma de los pueblos, para bien y para mal. Pero, precisamente por eso, tienen que adecuarse a los cambios que se imponen con legitimidad y justicia; de otra manera morirán. 

Con todo lo que está pasando en el mundo puede que esto sea, para algunos, una cuestión veraniega, sin más. Ciertamente es una cuestión veraniega pero fundamental. No es poco importante recordar que el verano, y las fiestas, también son nuestros.

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Beatriz Gimeno es exdirectora del Instituto de las Mujeres

Es miércoles, son las 12 del mediodía y Aura Ibáñez, conocida por su nombre artístico, La Niña Delantro, descuelga el teléfono para hablar con infoLibre. "Me pillas ensayando", arranca. "Los meses de verano son de no parar de trabajar", continúa. Como Aura o como La Niña Delantro, la joven de 24 años lleva toda la vida subida en escenarios, ya sea como bailarina, como actriz o como drag queen, que es lo que le ha llevado a dar el salto a la fama dentro de la escena queer.

Con una energía desbordante y un estilo que mezcla lo dark con glamour, baile, humor y mucha protesta en favor de los derechos LGTBIQ+, La Niña Delantro quedó finalista en la cuarta temporada de Drag Race, el concurso de Atresmedia que cuenta Supremme de Luxe, Ana Locking, Javier Ambrossi y Javier Calvo como jueces. "Todavía no he asimilado lo que fue ese programa", cuenta. Sin embargo, años antes de salir en televisión, la artista ya era conocida por haber actuado en escenarios de Madrid, Barcelona y Valencia hasta posicionarse como un perfil fuerte en el mundillo del drag o, como ella lo llamaría, la capacidad de convertir el ridículo en arte.

¿Quién es La Niña Delantro?

La Niña Delantro es una artista, una performer, que se dedica al drag, pero también a la música y a ser una persona reivindicativa y que lucha por visibilizar los derechos LGTBIQ+.

¿Y cómo ha llegado a ser lo que es?

Llevo desde pequeña formándome y aprendiendo sobre este mundo del arte escénico y, a la vez, siempre he sido una rebelde, nada me parecía bien. Por pequeña que fuera, siempre me he quejado de todas las injusticias. Yo era como la abogada del diablo y siempre tenía que opinar de todo. Van de la mano esa faceta reivindicativa que he tenido siempre, con el hecho de que desde los cinco años llevo subida a escenarios, con clases de baile, con clases de actuación, de teatro, escuchando muchísima música y trabajando de eso desde muy joven. Yo ya con 15 años trabajaba bailando, luego me hice bailarina de burlesque y todo eso me llevó a hacer drag. Todo eso, y que tuve una pareja que hacía drag. En aquella época yo estaba trabajando de bailarina y ella me llevaba a ver sus espectáculos y los de sus amigas, que ahora son mis compañeras.

Entiendo que con la tablas que tenía empezó a crecer poco a poco dentro del mundillo hasta pegar el bombazo en Drag Race, ¿cómo le influyó su paso por el programa?

Este ha sido un año fuerte, sí. El programa se estrenó en septiembre, pero lo grabamos un año antes y tú sabes cómo son esas cosas... Se hacen spoilers y hay cotilleos mucho antes de que empiece a emitirse sobre quién participará. Antes de que se supiese quién iba a estar dentro, yo era de las más rumoreadas en España porque un año o dos antes ya había pegado bastante boom por Madrid, por Barcelona, por Valencia y por ciudades grandes en general. En la escena se me conocía mucho como una de las performers más fuertes. Mi vida empezó a cambiar tiempo antes y pasé de moverme por tres ciudades a actuar por toda España. Y luego ya se estrenó oficialmente, me conoció todo el mundo que no estaba tan dentro quizá de la escena y locura máxima. Va a hacer un año y sigo sin captar muy bien del todo lo que ha pasado.

Volviendo un poco atrás en cosas que me contaba, decía que La Niña Delantro es muchas cosas, pero sobre todo reivindicativa... ¿Cree que hay drag sin reivindicación?

Creo que puede haber una intención o un desinterés por parte del artista porque, al final, esto es un arte escénico que no tendría porqué ir sí o sí de la mano de la reivindicación y de la política. Sin embargo, por mucho desinterés que haya por parte del artista, con el simple hecho de subirte a un escenario a performar con el género y utilizar un arte que desde siempre ha significado algo tan reivindicativo, aunque no quieras indirectamente, ya estás desafiando la norma. Directa o indirectamente, el drag siempre va a llevar toques reivindicativos, aunque no se digan en voz alta.

¿Y siente que esto llega al público? ¿O la gente van más por la performance?

Históricamente, las personas LGTBIQ+ hemos encontrado en el drag nuestro espacio seguro, tanto las artistas como el propio público. El drag no deja de nacer en locales escondidos, ya que la policía no podía saber lo que ocurría ahí dentro. Además, los mariquitas de la época iban, entre otras cosas, porque no tenían dinero para ir a ver a las estrellas. Para ellos, ver a las transformistas era el momento de tener un espacio seguro y de encontrarse con gente como ellos. Era el momento de vivir una realidad que nos estaba quitando la heteronorma. Quieras que no, cuando tú vas a ver un show drag, aunque estés fuera de la onda de la reivindicación o no tengas mucha idea de la historia del travestismo, ya estás haciendo una aportación a eso, porque ya estás reviviendo y apoyando un arte que históricamente es luchador. Por supuesto que hay gente que va a ver un show drag y de repente se queda solo por la fiesta y no hace caso a la travesti y simplemente se aprovecha de sus privilegios, pero quien va a ver un show drag como tal, lo sepa o no, sí que está haciendo a favor de la comunidad.

Hablaba de comunidad, de espacios seguros, de conocer a más gente del colectivo... ¿Es el drag también una manera a autoconocerse?

Sí, por supuesto, para bien o para mal. Yo siempre digo que hacer drag es ridículo y es vulnerable. Tú de repente te subes a un escenario a hacer playback como si estuvieses en las fiestas de tu pueblo, con una peluca y muchas veces con una ropa que parece un disfraz, eso puede hacerte sentir muy vulnerable y muchas veces ridícula y tienes que elevar todo eso al arte, a algo profesional, a una cosa estéticamente artística que no se vea como lo que acabo de decir, una fiesta de pueblo. Para conseguir todo eso tienes que verte en el espejo mucho, tienes que crear un personaje artístico y tienes que escucharte y, por su puesto, conocerte a ti misma. Desde qué música me apetece actuar hasta qué ropa me apetece ponerme, con qué me siento cómodo o cómoda, al final te pones una ropa para el escenario que no te pondrías en tu día a día.

Una pregunta un poco más política. En los últimos años el colectivo LGTBIQ+ ha estado cada vez más presente en los debates institucionales y en las calles, lo que ha hecho que se aprueben leyes y que, para bien o para mal, se hable de ello, ¿vamos hacia adelante o vamos hacia atrás? ¿Cómo valora el panorama actual?

Si nos sentáramos tú y yo a tomar una cerveza en un bar tranquilamente, quizá no te diga lo mismo que te voy a decir ahora, pero nunca en una entrevista pública voy a decir que vamos hacia atrás, porque me parecería pisotear lo que vivieron hace años nuestras antepasadas que lucharon por nosotras. Desde luego tenemos muchísimo avanzado. Lo que pasa es que sigue quedando muchísimo. Estamos más visibilizadas, más normalizadas, pero es que no, la cosa no es estar visibilizadas y estar un poco normalizadas, la cosa es que haya igualdad, que sea una línea completamente recta, no dos líneas y que estemos cerca de las personas cishetero.

Hilando un poco esto con el drag, ¿cómo es trabajar en el mundo de la noche siendo una persona LGTBIQ+?

El mundo de la noche yo creo que cansa, seas LGTBIQ+ o no, porque al final el trabajo es trabajo. Hay quien se pierde y se toma el drag como una fiesta, pero cuando de verdad te lo tomas como un trabajo con el que ganar dinero y con el que profesionalizar tu arte, pues claro, cansa. Y yo no es que se muy fiestera pero, a mis 24 años, de vez en cuando me apetece salir con mis amigas un fin de semana y los tengo todos ocupados. En cuanto a salir a la calle de noche siendo LGTBIQ+, el peligro siempre está ahí. A mí me han pasado cosas como que me han agredido dos veces la misma noche o me han perseguido hasta llegar a casa. Las agresiones siempre están ahí porque el mundo de la noche es peligroso para todo el mundo, pero más si eres una persona visiblemente LGTBIQ+, por ejemplo, en mi caso, drag y mujer trans. Todo esto da miedo y es peligroso, pero encuentras también tus formas de protegerte y tus espacios seguros. Gracias a Dios, últimamente sé rodearme de la gente y de los espacios en los que estoy segura, protegida y no me pasa nada, pero los peligros están ahí y hay que andar con ojo. Y la cosa es que no deberíamos estar andando con ojo y con cuidado y saber por dónde moverte y tal, la cosa es que deberíamos poder ir tranquilas por la calle.

Si pudiera elegir entre mantenerse en el mundo de la noche o que el drag llegue a los teatros y otro tipo de espectáculos de día más a menudo, ¿qué haría? ¿Se cambiaría?

Sí, por supuesto. O sea, gracias a Dios estamos viviendo una época en la que el drag está llegando cada vez a más escenarios y fuera de la noche. Y yo soy una de las afortunadas que ha tenido y tengo bastantes trabajos fuera de la noche. Es otro mundo y por supuesto que me encantaría quedarme en él. Principalmente porque muchas veces, cuando trabajas por la noche, tienes un público que viene a verte a ti y a disfrutar de tu espectáculo como tal, pero también tienes mucha gente que viene a emborracharse y a estar de fiesta, lo que es completamente lícito porque al final es una discoteca y la gente va para eso. Igualmente, ¿dejaría el mundo de la noche completamente y ahora mismo? No, porque de momento sí me gusta, me lo paso bien y es otro tipo de público, otro tipo de números y otro tipo de espectáculos. Pero, por supuesto, ojalá se llevase más al día el drag y a más escenarios que no sean tan nocturnos.

Y ya por cerrar, después de haber tocado varios temas como la performance, lo LGTBIQ+, el mundo de la noche y aprovechando que eres La Niña Delantro, ¿cómo sería su "antro" perfecto?

Mi antro perfecto abriría por la tarde y cerraría de madrugada, pero yo no me encargaría ni de abrir ni de cerrar porque no quiero trabajar tanto (risas). El local por la tarde sería una especie de neocabaret, que es un término que he aprendido en México y que sería como el típico cabaret clásico, pero llevado a la actualidad y a la modernidad. Sería un espacio seguro donde hacer de striptease, de travestis, de espectáculos variados por la tarde y que llegue la noche y sea un fiestón donde se deje a las travestis tranquilas. Por la noche simplemente la gente vendría a emborracharse, a pinchar música chulísima o a hacer otro tipo de espectáculos como conciertos.

Soy consciente de que este título va a provocar sarpullidos entre incels de todo pelaje e incluso políticos conservadores que están a punto de convertir el fútbol femenino en una práctica woke, pero no voy a contribuir a invisibilizar una realidad que es gozosa y no vergonzosa.  Es una realidad que el fútbol femenino está lleno de lesbianas. Ayer mismo leí que hay más lesbianas visibles en la selección de Gales que gays visibles en todo el fútbol profesional masculino internacional. Sólo en la selección española hay seis o siete mujeres abiertamente lesbianas y, por lo visto, en los equipos de fútbol femeninos hay una media de entre un 20% y un 30% de lesbianas visibles y orgullosas, como reza el brazalete que portan algunas de ellas. Ser una lesbiana visible es una postura ideológica. Asumiendo que estoy generalizando es bastante evidente que las mujeres futbolistas no se parecen a sus colegas masculinos. Ellas expresan opiniones políticas con más facilidad que ellos, han sido capaces de organizarse para defender sus intereses laborales y se han rebelado conscientemente contra la discriminación sexual. Están en posiciones contrahegemónicas, rebeldes, al contrario que los futbolistas. Así que es lógico que los incels rabien y que a las instituciones deportivas, machistas y conservadoras, estos datos no les gusten especialmente. Acercarse a las redes en estos días, en los que se ha celebrado la Eurocopa, suponía comprobar cómo a la derecha y a los machistas los éxitos de la Roja femenina no les hacen tan felices como los éxitos de la otra Roja. 

No, claro, el fútbol no encierra nada intrínsecamente lésbico ni revolucionario de por sí pero es un hecho que la construcción médica del lesbianismo y la reivindicación del acceso al deporte por parte de las mujeres, a cualquier actividad física en realidad, son cosas que ocurren en el mismo momento histórico y ambas tienen que ver con el feminismo. Cuando surge el deporte femenino, en el siglo XIX, las mujeres visten corsés y miriñaques, que impiden cualquier actividad física, y el ideal físico de mujer es el de un ser pálido y etéreo, casi transparente, el ángel del hogar cuya vida pasa entre las paredes de su casa. Así, el deporte surge como la reivindicación de un modo de vestir que permita libertad de movimientos y la actividad en sí como la posibilidad de habitar un cuerpo ágil, sano y fuerte, que se mueva libremente. El deporte femenino, cuando nace, supone una disrupción absoluta de la norma impuesta para las mujeres decentes. Todo lo que el deporte ofrece a las mujeres, y lo que exige, es visto por los biempensantes como una amenaza para la “verdadera” feminidad y, por tanto, para una adecuada relación entre los sexos. Para muchos de los científicos de la época, el deporte femenino fomenta el lesbianismo, como también aseguran que hace el trabajo (siempre que sea elegido)  o los estudios superiores. 

Parte de esta mentalidad ha pervivido en el tiempo y el deporte femenino siempre ha sido visto con suspicacia. Cuando yo era joven aun recuerdo que los comentaristas deportivos de principios de los 90 narraban los eventos haciendo continuas referencias a la feminidad de las atletas, de manera que esta quedara bien establecida. Recuerdo escuchar decir de algunas de ellas que “era muy bella y femenina” o bien se nos informaba de que estaban casadas, por si las dudas. Recuerdo también a la madre de Arantxa Sánchez Vicario asegurando que acompañaba a su hija porque “los vestuarios estaban llenos de lesbianas”. Seguramente era así. 

En todo caso, en la mayoría de los deportes femeninos las presiones para adaptarse a las normas tradicionales de género son menores y esto puede facilitar que muchas mujeres lesbianas o bisexuales se atrevan a  manifestar su orientación sin miedo, al menos dentro de su comunidad deportiva. Al mismo tiempo, esto puede hacer también que muchas niñas lesbianas o bisexuales se acerquen el ambiente deportivo buscando precisamente eso: un espacio de normas sexuales e ideales heteronormativos menos rígidos. Sigue siendo verdad que los ideales estéticos y sociales heteronormativos continúan siendo muy pesados para muchas chicas que pueden encontrar en el deporte ese espacio que todavía tiene algo de disruptivo y, por tanto, más libre respecto a dichas normas, sean ellas lesbianas o no. 

Si hablamos de deporte masculino ocurre lo contrario. El deporte se ha configurado como un espacio de hipermasculinidad tradicional que es una cárcel para cualquier hombre que se resista a encarnar esa posición, sea gay o no. La toxicidad masculinista se encuentra entre los propios deportistas, pero sobre todo, entre los seguidores, que exigen que sus ídolos representen una hipermasculinidad normativa y sin fisuras. Cualquier grieta en esa posición conllevará desprecio y acoso para el deportista. Un acoso o bullying que sufrirán más los deportistas aficionados o más jóvenes, lo que hace que sea para ellos mucho más difícil salir del armario. Lo que hace más libres a las mujeres porque les proporciona más opciones a la hora de expresar su propia posición vital, encarcela a los hombres, obligados a encarnar posiciones de masculinidad normativa que, a lo mejor, no serían las elegidas por muchos de ellos. El deporte necesita ser un reflejo de la sociedad y no un ámbito extraño a ella; los deportistas masculinos necesitan abrir ese espacio para poder mostrarse tan femeninos o tan poco normativos como quieran. Las mujeres ya lo han hecho, van muy por delante.  

Por ahora, ayer, mientras la selección jugaba la final de la Eurocopa muchas de mis amigas lesbianas se habían reunido para vivir el acontecimiento y, por lo que vi, estamos a punto de convertir las competiciones de futbol femenino en nuestro Festival de Eurovisión. Pues ya era hora. 

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Beatriz Gimeno es exdirectora del Instituto de las Mujeres.

El Comité de Derechos Humanos ha pedido al Estado Español redoblar sus esfuerzos en materia antirracista, ya que considera que las medidas tomadas por el Gobierno no son lo suficientemente contundentes como para erradicar la discriminación racial. 

Esta advertencia llega justo después de los sucesos de Torre Pacheco (Murcia). España ha vivido uno de los capítulos más crueles contra los migrantes de los últimos 25 años. En la localidad los ultras asolaron la población murciana durante días con duros enfrentamientos y mensajes xenófobos. 

Según los datos del último boletín del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE), dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que monitoriza el discurso de odio en redes sociales, durante el pasado mes de junio se detectaron más de 54.000 contenidos con discurso de odio, una cifra que refleja una tendencia "preocupante" en el entorno digital en el primer semestre de 2025.

Desde el Comité apuntan a que la situación de los migrantes es crítica, no sólo por los ataques racistas, sino también por la insuficiencia en recursos del propio Estado. De hecho, sobre esta materia el informe subraya la falta de plazas en los centros de acogida de migrantes. En esta misma línea, el documento expone que los Centros de Atención Temporal de Extranjeros todavía no tienen un marco reglamentario unificado. 

Y todo ello con un aumento en las solicitudes de protección internacional, con 96.251 en 2024, un 4,2% más que el año anterior. Según explican en el informe, es necesario aumentar la capacidad de recepción y respuesta a estas solicitudes. Además, añaden que la calidad de vida que se ofrece a las personas migrantes deja mucho que desear y piden que se mejoren las condiciones de los Centros de Internamiento de Extranjeros. 

Aunque consideran positivas las medidas tomadas por el Gobierno para garantizar los derechos de los menores no acompañados, insisten en que haya una normativa de todo el territorio que respete la sensibilidad de los menores. 

También en materia migratoria, el Comité considera que la actuación respecto a las fronteras no está siendo correcta, con prácticas como devoluciones sumarias o rechazos en la frontera, además de que apuntan a que el acuerdo bilateral con Marruecos no garantiza que se respete los derechos de los migrantes ni en la frontera con España ni a su vuelta a Marruecos. 

También señalan a la violencia que ejercen las fuerzas de seguridad con los migrantes, llegando a la muerte de varios casos en la frontera del norte de África. En concreto, apuntan a los hechos ocurridos en Ceuta en 2014 y a la tragedia de la valla de Melilla en 2022. Piden que se garanticen los derechos humanos y que la violencia sea juzgada en un proceso transparente. 

Consideran que los profesionales deben tener una mayor formación para evitar esta violencia, incluso en contextos urbanos, para cumplir con los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de hacer cumplir la ley. 

Los delitos de odio se mantienen en aumento, con 1.955 infracciones penales e incidentes de odio en 2024. El Comité señala al aumento del neofascismo por el incremento de los discursos del odio contra el pueblo gitano y afrodescendiente, el colectivo LGTBIQ+, las personas musulmanas y judías, y los catalanes. 

Esto preocupa al Comité, que pide que haya un mayor esfuerzo en lo relativo a la protección de estos colectivos y la garantía de que haya libertad de opinión y de expresión. Consideran que esto debe de ser un trabajo colectivo entre toda la sociedad civil, con la promoción en los medios de comunicación de la aceptación por la diversidad. 

Dentro de este marco, también muestran su preocupación por la situación del colectivo LGTBIQ+, ya que, aunque reconoce que ha habido avances en la autodeterminación de género, con su inclusión en la legislación española, indican que sigue habiendo contradicciones al solo reconocer legislativamente las categorías de “hombre” y “mujer”, por lo que las personas no binarias no estarían recogidas en documentos oficiales o en registros administrativos del Estado, lo cual supone una discriminación a la hora de acceder a los servicios públicos. El Comité, por lo tanto, pide que se garantice que todas las personas LGTBQ+ puedan vivir en igualdad de condiciones. 

El número de denuncias por violencia de género recibidas en los órganos judiciales durante el primer trimestre de 2025 creció un 4,28% con respecto al año anterior, hasta alcanzar los 47.865, según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). 

Este aumento en la violencia contra las mujeres preocupa al Comité, que considera necesario mejorar las instituciones por las dificultades que las mujeres siguen teniendo a la hora de denunciar. Todavía persisten los estereotipos de género, según denuncian, en instituciones clave como el sistema judicial. Asimismo, piden que se redoblen los esfuerzos para garantizar que todas las mujeres y niñas puedan tener un acceso garantizado a un aborto seguro. 

Aunque el Estado a tomado medidas para prevenir esta violencia contra las mujeres, como con el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, el Comité considera que fenómenos como la trata de personas o la explotación sexual siguen vigentes y han de ser erradicados. 

Por ello, consideran necesario crear una ley integral contra la trata y poner en marcha un mecanismo nacional de derivación para las víctimas de trata, así como mayor formación para aquellos que intervienen en la protección de estas mujeres, con más medidas de protección y asistencia. 

Es difícil que a estas alturas no lo sepáis, pero la semana pasada se cumplieron 20 años tanto de la aprobación como de la entrada en vigor del matrimonio igualitario en España. Una efeméride que el Gobierno del país ha celebrado de manera repetida durante los últimos días, recordando el trabajo de activistas históricos y el papel de personalidades como Pedro Zerolo o el en aquel momento presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

Las semanas de celebración también han ido acompañadas de cierto debate entre muchos de los activismos queer más alejados de las corrientes “asimilacionistas”. Al fin y al cabo, el debate sobre si el matrimonio igualitario debía ser una reivindicación del colectivo, según narran las propias activistas históricas, nunca tuvo obtuvo una postura unánime. ¿Fue un avance sin precedentes que integró a gran parte de la comunidad LGTBIQ+ en la mente colectiva del país? ¿O por el contrario una forma de amoldarnos al sistema que calmó la parte más rabiosa y más visceral delos espacios más rupturistas de la lucha del colectivo?

Una cosa que es importante entender es que la lucha de activistas históricas en los años 90 por la legalización del matrimonio igualitario no siempre vino desde el deseo de estas de poder formalizar sus relaciones, tradicionales y monógamas, para poder asemejarse más a las cisheterosexuales. Muchas de estas activistas realizaron esta lucha con un objetivo muy distinto: que no naciera una sola persona más en este país que, al crecer y darse cuenta de que no era heterosexual, no tendría los mismos derechos que el resto de españoles. En definitiva, equipararnos al resto y convertirnos en ciudadanas de primera, y no de segunda. O matrimonio para todos o matrimonio para nadie. 

Celebro y agradezco a todas esas personas que pelearon tantísimo para ponernos en el centro, bien visibles, y que la gente empezase a leernos de una manera más amable, más integradora. Recuerdo a Boti García Rodrigo, activista histórica y quien fuese directora general de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI del Ministerio de Igualdad la pasada legislatura, contar emocionada en un documental cómo notó el cambio en la sociedad gracias al matrimonio igualitario. En Nosotrxs somos (RTVE Play) narraba cómo un taxista que la llevaba, al oír hablar en la radio sobre el tema, le decía que no entendía el problema, que si esas personas solo querían ser igualadas en derechos, ¿por qué no se les iba a conceder? Un cambio en la mente colectiva que suponía una ruptura con una herencia de décadas de nuestra historia manchadas por la Ley de Vagos y Maleantes y la de Peligrosidad y Rehabilitación Social. 

La importancia del matrimonio igualitario para la percepción y, por tanto, la seguridad de las personas del colectivo parecía clara. Ahora nos hacemos la pregunta: ¿qué nos toca a continuación? Porque celebrar está muy bien, pero, al mismo tiempo, es imperativo no dejar que la celebración haga que parezca que con eso lo conseguimos todo. 

Ya no es que en la actualidad tengamos otros retos pendientes: es que directamente hay retos que siempre han estado ahí. 

Recordemos que la institución matrimonial en un inicio nace con tres objetivos: garantizar la filiación de hijos, la subordinación de la mujer y la transmisión de propiedad mediante herencia. Tiene en sus inicios una intención de mantenimiento de un sistema económico y productivo. De hecho, en los primeros activismos LGTBIQ+ –como por ejemplo en el manifiesto del Front d'Alliberament Gai de Catalunya de 1977– se pedía la abolición del matrimonio, no el matrimonio igualitario. Lo que se pedía era que el Estado no pudiera establecer de forma legal cómo debíamos relacionarnos sexual y afectivamente. 

Las reivindicaciones y la forma en la que hacemos lo que podemos en el sistema en el que vivimos cambian. Pero me gustaría que aprovechásemos más estas fechas para recordar a mucha gente que las realidades LGTBIQ+ no solo son respetables si imitan las realidades tradicionales cisheterosexuales. Si nos agrupamos de la misma manera, somos parejas monógamas, con un adosado, un perrito (o comprando un niño, si resulta que la pareja tiene mucho dinero y pocos escrúpulos). 

Muchas personas disidentes sentimos que si no lo hacemos, si no nos adaptamos a la vida organizada de manera tradicional que se espera de cualquier “buen ciudadano cisheterosexual”, nos van a llamar “desagradecidas”. “Encima que les dejamos ser como nosotros, y van y no quieren hacerlo. ¿Qué pasa, que se creen mejores? ¿Veis como son ellos los que no se quieren adaptar?”. Parece que todo vaya de conseguir que cambiemos el hecho de ser las personas que somos, de una manera o de otra.  

Está bien celebrar, pero siempre recordando a quienes no encajan. A las no monógamas, a las promiscuas, a las que se relacionan de manera diferente. Y sobre todo a las personas trans, que son el principal objetivo de las estrategias de odio a nivel mundial, y para las que la Ley de Matrimonio Igualitario no significó un cambio en sus vidas ni en su percepción. Porque ser LGTBIQ+ no va de amar; va de ser. 

También de celebrar, pero, ¿por qué no aprovechar para recordar que la manera en la que se atacó la ley de matrimonio igualitario es igual a como se ataca ahora la ley trans? ¿Hemos olvidado los ataques constantes de la derecha política y mediática de este país? ¿Hemos olvidado cuando el Poder Judicial comparó la boda entre dos hombres con “la boda entre un hombre y un animal”? ¿Hemos olvidado que dijeron que los hombres se iban a casar entre ellos para hacer la gracia, que se iba a hacer fraude de ley para ganar ventajas fiscales? ¿Que el matrimonio dependía de cuestiones biológicas porque iba de reproducirse, así que no se podía llamar matrimonio a la unión entre dos hombres? 

Quienes estaban en contra del matrimonio igualitario eran los mismos que ahora se oponen con tanto ahínco a la ley trans con los mismos argumentos. Y la historia nos ha demostrado cómo esas críticas no tenían sentido alguno, exactamente igual que las que hacen ahora. ¿Por qué no usamos esa arma para dar el siguiente paso: blindar la seguridad y los derechos de quienes, por desgracia, siguen en los márgenes?

Celebrar está muy bien. Y celebro también con vosotras. Pero quizá, mientras celebramos, podamos pensar en nuestros próximos objetivos. En dar pasos en la lucha contra el discurso de odio. En garantizar la seguridad de las personas trans y de las que no encajan en los moldes tradicionales. Y, quizá, y aunque a algunos les suene marciano, en expandir el concepto de matrimonio, de relación y de familia. Para que podamos elegir de forma consciente a las personas con las que queremos compartir, a quienes queremos que estén ahí si nos pasa algo, si estamos enfermas. Para poder querernos, relacionarnos y cuidarnos de una forma más libre. Que es algo con lo que salimos ganando absolutamente todo el mundo. 

Celebrar, siempre. Pero con los ojos bien puestos en lo que se viene. 

El acto central del Orgullo ha llegado. Miles de personas han recorrido las calles de Madrid para defender los derechos LGTBIQ+, 20 años después de la conquista de su derecho al matrimonio.

La manifestación, organizada por la Federación Estatal LGTBI+ y COGAM, ha tenido su arranque a las siete de la tarde desde la Plaza de Carlos V, con más de 100 grupos y 47 carrozas que han recorrido Madrid, hasta llegar a la Plaza de Colón. El recorrido ha sido liderado por la presidenta de la FELGTBI+, Paula Iglesias, el presidente de COGAM, Ronny de la Cruz, y la presidenta de la Fundación Pedro Zerolo, Luisa Estévez.

De la Cruz ha alertado de la "ola reaccionaria que está creciendo año a año" y ha criticado que "está permeando a las empresas eliminando programas de diversidad e inclusión", por lo que ha recordado que "la diversidad enriquece las empresas".

El presidente de COGAM ha instado al PP a que pida perdón por el "infame" recurso de inconstitucionalidad que mantuvieron en contra del matrimonio igualitario.

"Somos una mayoría de la sociedad española la que creemos en la diversidad, en la igualdad y en el respeto, y eso lo vamos a demostrar hoy, porque 20 años después seguimos diciendo que sí, que sí queremos que se desarrolle la ley LGTBI+ y trans y que se nos proteja de los discursos de odio y de sus consecuencias", ha añadido la presidenta de la FELGTBI+.

En esta ocasión, las reivindicaciones también constituyen un homenaje y un recuerdo hacía uno de los hitos más importantes del colectivo LGTBIQ+ en España. Se han cumplido 20 años desde que se aprobó el matrimonio igualitario y por este motivo la manifestación ha marchado bajo el lema 20 años avanzando en derechos: Ni un paso atrás.  

La ahora senadora por Más Madrid Carla Antonelli contaba a este diario: "Siempre hubo debates internos. Había gente que no estaba de acuerdo, pero desde el momento en que [José Luis Rodríguez] Zapatero lo hizo suyo, incluso los que no estaban de acuerdo se convirtieron en los defensores más acérrimos del matrimonio". 

Según un informe de la Federación Estatal LGTBI+, el 72% de las personas LGTBIQ+ consideran que el matrimonio igualitario fue una conquista favorable para la sociedad y un 62% afirman que el casarse les hace sentir más protegidos. 

El motivo del lema Ni un paso atrás también se puede vislumbrar en los datos aportados por el informe. El 74% de las personas LGTBI+ considera que su derecho al matrimonio se vería en peligro si llegara un Gobierno ultraconservador.

“El 30 de junio de 2005, a través de la representación de la ciudadanía en el Congreso, la sociedad española decidió que nuestras vidas importaban. Que nuestras familias merecían existir con plenitud y sin miedo. Hoy, veinte años después, celebramos ese paso histórico, pero también advertimos de que lo que se conquistó con tanto esfuerzo, puede perderse si llegase al poder un gobierno ultraconservador”, ha afirmado Paula Iglesias en un comunicado. 

Desde COGAM (Colectivo LGTBI+ de Madrid) consideran que la Comunidad de Madrid ya se está viendo arrastrada por esta ola reaccionaria, con los recortes a la ley trans, como contaron a este medio.

La organización denuncia que cada vez más se reducen las convocatorias para poder recibir subvenciones. De hecho, aseguran que se ha llegado al punto de que solo se convoca una al año, lo que se traduce en menos proyectos y ayuda para quienes lo necesitan. Lo cual creen que es parte de la influencia de la ultraderecha sobre el Gobierno madrileño.

Y es que el avance de la ultraderecha se puede ver en las calles. El Orgullo de este año llega con uno de los datos más alarmantes que se recuerden sobre los delitos de odio. Según un informe de la Federación Estatal LGTBI, un 20,3% de las personas LGTBIQ+ sufrieron acoso en 2025, un 25,25% discriminación y un 16,25%, agresiones físicas. Este último dato ha crecido un 9,45% desde el informe de 2024.  

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, en la cabecera de la marcha, ha avanzado que "queremos un país donde los derechos no compitan entre sí", ya que "cuando una mujer o una persona LGTBI gana derechos, la sociedad gana derechos".

"Hoy vamos a demostrar que el afecto y la esperanza desde Budapest hasta Madrid va a ganar a la ola reaccionaria", ha puntualizado tras anticipar que se debe legislar también para avanzar en las condiciones laborales de las personas LGTBI para acabar con la "discriminación en las empresas".

La vicepresidenta ha lanzado un mensaje al Partido Popular: "Se acabaron los tiempos de la homofobia, de la transfobia, de la LGTBIfobia, que no nos representan y hoy van a ver en las calles de Madrid el país que somos".

Por su parte, la ministra de Sanidad y dirigente de Más Madrid, Mónica García, ha recalcado que "hoy es un día para celebrar y para reivindicar que si hoy tenemos un país mejor y una sociedad mejor, es gracias a las décadas en las que años y años ha estado saliendo gente a la calle".

"Hoy no veremos al señor Tellado, ni a nadie PP... que nos quieren en los márgenes... pero haremos un poquito como Labordeta, les vamos a mandar más bien a la mierda, porque tenemos un país que es libre", ha añadido la ministra.

La eurodiputada y exministra de Igualdad, Irene Montero, por su parte, ha llamado en este Orgullo a "no mirar para otro lado ante cualquier expresión de odio o de LGTBIfobia por pequeña o insignificante que parezca. Ni son bromas ni son opiniones. Es odio". Y ha añadido que "esas expresiones desgraciadamente también se normalizan desde tribunas políticas y desde los medios de comunicación, cuestionando a las personas trans, a las personas LGTBI, riéndose de ellas, cuestionando las leyes que garantizan sus derechos, es la base, esas gotas que van llenando un vaso, que después se colma con formas de violencia mucho más graves como pueden ser las agresiones físicas o un asesinato al grito de maricón ahora que se cumplen cuatro años del asesinato de Samuel, al que no olvidamos".

La secretaria de Feminismos y LGTBIQ+ de Sumar, Amanda Andrade, ha avisado de que "el Orgullo es memoria, resistencia y futuro" y ha señalado que "la dignidad no se negocia y que los derechos LGTBIQ+ son derechos democráticos".

El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, ha advertido de que "estos derechos son irreversibles y ni un paso atrás". Asimismo, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, también ha participado en la marcha como miembro del Gobierno por parte de Izquierda Unida.

*Esta información se ha actualizado para incluir las declaraciones de la eurodiputada y exministra de Igualdad, Irene Montero, que en una primera versión no se habían recogido.

“Llamaba todos los días y todas las noches, estaba desesperado. Habían pasado ya tres meses y, aunque me dijeron que no lo hiciera, decidí pagar”, cuenta a infoLibre Pío, solicitante de asilo LGTBIQ+ que prefiere no dar más datos que lo identifiquen para evitar represalias en su proceso.

Llegó a España desde Perú huyendo de la violencia intrafamiliar y las amenazas que sufría por ser activista. En su país tenía una organización para jóvenes diagnosticados con VIH, lo que les supone una doble discriminación: “Vivir con VIH te pone en una situación ya de por sí vulnerable, muchos fallecieron; varios porque fueron asesinados y otros víctimas de un Estado que los desatiende”, explica. 

Durante unas vacaciones en España, en las que comprobó que es un país muy avanzado en los derechos del colectivo, decidió quedarse: “Renuncié a todo: a mi trabajo como psicólogo, a mi familia, a todo”, relata. Pero ya aquí la situación tampoco fue fácil. 

Cuenta que para pedir el asilo, pasó semanas llamando intentando conseguir una cita. No obtuvo respuesta. Después de tres meses, y casi al borde de quedarse indocumentado, decidió pagar. Pío contactó con una mujer a través de Telegram que por 70 euros le consiguió una cita para solicitar el asilo. Ese fue el precio que pagó él. Sin embargo, cuenta, en algunos anuncios en la misma red social se llegaban a pedir hasta 200 euros.

Su caso no es único. Marcos, colombiano que ha preferido no dar su nombre real, pagó 150 euros para poder conseguir una cita. Conoció este atajo por una amiga que ya había vivido el proceso. Sin embargo, relata que, aunque en un primer momento le funcionó, cuando trató de contactar por segunda vez, le fue imposible.

Judith García, abogada de Accem, una ONG especializada en la atención de refugiados y migrantes en situación irregular o en situación de riesgo social, explica a infoLibre la dificultad que encuentran los migrantes cuando quieren pedir asilo: “Es muy difícil obtener una cita, sobre todo en ciudades grandes como Madrid o Barcelona. Es algo que nos cuentan todas las personas solicitantes”.

“Las entrevistas se consiguen por teléfono, y tenemos constancia de muchas personas que no consiguen una durante meses”, añade Almudena Calvo, trabajadora social de COGAM. Estas personas se quedan en una situación delicada en la que “tienen que estar meses con una visa de turista o en una situación administrativa incierta”, relata Calvo. Esto, además, supone que las autoridades consideren que están en “situación irregular”. 

Cuando los solicitantes pasan el duro proceso de conseguir una cita, llega el momento clave: la entrevista. Judith García insiste en la importancia de “crear un relato sobre las experiencias vitales de la persona” que narrar a las autoridades y explica cómo “tienen que hablar de todo tipo de violencias, hasta las más sutiles, para dar coherencia y verosimilitud a la historia de la persona”.  

Marcos describe las entrevistas como un proceso duro, con los policías en una “actitud tajante”. A pesar del acompañamiento jurídico que puedan tener, en muchas ocasiones, el proceso no se basa en ellos y sus experiencias, sino en los informes COI (boletines de información de país de origen por sus siglas en inglés), unas evaluaciones que realiza ACNUR que determinan la relación de un país con los derechos humanos. El problema se produce porque estos informes pueden llegar a tener información subjetiva u omitir violencias sufridas por el colectivo LGTBIQ+ en ese país concreto, según un informe de CEAR. 

Berta Güell, investigadora del departamento de sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona, explica que “los informes se focalizan en el marco legal. Sin embargo, hay déficits en la implementación de las protecciones”. 

Es el caso de Colombia. A pesar de que el país es uno de los más avanzados en América Latina en materia LGTBIQ+, su realidad es completamente distinta. Un informe de la organización Colombia Diversa revela que entre los años 2014 y 2019 se produjeron 542 homicidios de personas LGTBIQ+ en Colombia, con una de las tasas más altas de toda Latinoamérica. 

“Yo me sentía solo en Colombia, porque el Estado dice que te ayuda, pero esas ayudas se pierden”, cuenta Marcos, que añade que “además se tienen más dificultades para poder conseguir una vivienda”. 

Él tuvo que irse de su país debido a que estaba siendo hostigado por una persona de su propio barrio. “La policía no hacía nada, solo me decían que cambiase de barrio o de ciudad y, aun así, esta persona me seguía”, relata.  Llegó a España con una oferta de trabajo en Alicante, pero cuando aterrizó en el aeropuerto la persona que se lo había ofrecido había desaparecido. No tenía familiares ni una red sólida por lo que tuvo que vivir en el sofá de un amigo que conoció en redes sociales. De momento, sigue en el proceso de solicitud y se muestra optimista de conseguirlo.

Paula Avilés, trabajadora social de la Fundación Eddy, manifiesta que “los procesos de resolución de personas de países latinoamericanos son más complicados ya que, aunque haya leyes, estas se dan solo sobre el papel”. 

Wilmer García es de Perú. Prefiere no identificarse con su nombre real y relata a este medio cómo su situación responde a esa discrepancia entre lo que se sostiene sobre el papel y la realidad: “Me negaron el asilo porque consideraban que Perú no era un país peligroso para la comunidad LGTBIQ+”. Sin embargo, Wilmer tuvo que abandonar su país por la violencia que sufría por ser activista LGTBIQ+: “Estaba sufriendo amenazas de grupos de ultraderecha por el trabajo que estaba haciendo desde mi asociación”. De hecho, la posibilidad de que las amenazas se materializaran lo vivió muy de cerca: "Uno de mis compañeros fue agredido”. 

“Me denegaron el asilo y tuve que renunciar al recurso de reposición para no entrar dentro de la nueva legislación”, cuenta Wilmer sobre el nuevo reglamento de extranjería aprobado en mayo, con el que el Gobierno prevé regularizar a 900.000 personas, pero que presenta problemas para los solicitantes de asilo. 

Güell esclarece que con la última modificación “las personas a las que le rechazan el asilo tienen que partir de cero”. Con este cambio, los meses o años que los solicitantes llevan esperando a que les den una resolución ya no cuentan, por lo que tienen que esperar dos años más para que puedan regularizar su situación. 

Desde la Fundación Eddy, Paula Avilés incide en esta problemática: “Muchas personas pueden estar esperando años para una resolución yse enfrentan a perder todo”. Esto se debe a que “si en la solicitud de asilo la resolución es negativa, todo el tiempo que esas personas llevan trabajando y cotizando se queda en nada”. 

Ahora Wilmer, cuenta, trabaja de forma irregular en varios trabajos a la vez: “Antes mandaba dinero a mi familia en Perú, pero ahora tengo que ir ajustando como puedo. Solamente tengo dinero para un mes”, relata.

Wilmer llegó de Perú huyendo de grupos de extrema derecha que amenazaban a su organización y a él mismo por hacer activismo LGTBIQ+. En España la situación es distinta, pero la ola reaccionaria es cada vez más fuerte y, según describe Wilmer según su experiencia, “está despertando”. 

“Tengo cierto miedo porque, a pesar de que España tiene una legislación avanzada, veo cosas en redes sociales en contra de los migrantes y de personas LGTBIQ+ que me preocupan”. Y añade que “por eso es necesario que desde el colectivo nos demos los apoyos necesarios entre nosotros”. 

Almudena Calvo considera que la Comunidad de Madrid ya “se está viendo arrastrada por esta ola, con los recortes a la ley trans o, a nivel estatal, la ley de extranjería”. 

Desde COGAM, denuncian que cada vez más se reducen las convocatorias para poder recibir subvenciones. De hecho, aseguran que se ha llegado al punto de que solo se convoca una al año, lo que se traduce en menos proyectos y ayuda para quienes lo necesitan. Calvo apunta: “Toda esta política está influenciada por una ultraderecha que va en contra de la diversidad”. 

Y mientras tanto, los delitos de odio siguen en aumento. Según un informe de la Federación Estatal LGTBI, un 20,3% de las personas LGTBIQ+ sufrieron acoso en 2025, un 25,25% discriminación y un 16,25% agresiones físicas. Este último dato ha crecido un 9,45% desde el informe de 2024.  

Pero si se observa el dato que afecta a las personas LGTBIQ+ migrantes, el porcentaje aumenta. El 20,37% de ellas han sufrido agresiones físicas, un 27,38% han sido acosadas y el 35,19% han sufrido discriminación. 

Preguntado por la problemática de conseguir una cita, el Ministerio del Interior asegura que la Policía Nacional trabaja de manera constante para mejorar el sistema de citación. Y aportan algunos datos: en 2024, la Oficina de Asilo y Refugio recibió más de 167.000 solicitudes de protección internacional, un 2,5 por ciento más que en 2023 y la mayor cifra desde la creación de la oficina en 1992. Asimismo, España es referente en Europa en derechos LGTBIQ+, teniendo el quinto puesto en el ranking de ILGA-Europe. 

Además, desde Interior aseguran que han realizado numerosas investigaciones para acabar con este fraude. En 2023, la Policía Nacional acabó con un entramado que bloqueaba el sistema de citas online de extranjería mediante un bot informático. Esta misma red luego cobraba entre 30 y 200 euros a los solicitantes.