Los delitos de odio suben un 45% en el último lustro al calor del discurso ultra que incendia Torre Pacheco

La imagen corrió como la pólvora. En ella, se ve a una persona arrodillada sobre lo que parece un charco de sangre con una mira telescópica sobre su cabeza. Y justo detrás, dos hombres rubios con simbología nazi jalean la escena. "Caza al magrebí. Torre-Pacheco, Murcia", puede leerse en esta suerte de cartel, que ha circulado sin freno por las redes que conforman la telaraña ultra. Las mismas en las que se fueron acumulando llamamientos a la violencia contra la población migrante a lo largo del fin de semana. "Vamos a barrer las calles nosotros", reza uno de los mensajes publicados en un canal de Telegram. "Yo tengo 1 puño americano, 1 extensible y dos machetes y un bate de metal", puede leerse en otro.

La extrema derecha ha convertido el municipio murciano en una auténtica olla a presión. En este caso, aprovechando la brutal agresión sufrida por un anciano. Desde que estallaron los disturbios han sido detenidas diez personas. Tres están vinculadas con la paliza, dos son de origen magrebí. Y los otros siete, algunos ligados a grupos ultras, han sido arrestados por golpear a un menor marroquí, dañar el equipo de sonido de un periodista, caminar de forma sospechosa con cascos de bicicleta por la vía pública o participar en el asalto a una tienda de venta de kebabs de la localidad murciana, que destrozó a palos un grupo de personas vestido de negro y con cascos de moto.

Bajo la lupa de las autoridades se encuentra, entre otras cosas, la posible comisión de delitos de odio. Un tipo penal que no ha parado de aumentar con el paso de los años. Solo en el último lustro, los hechos conocidos de este tipo –ya sea por denuncias o por la labor policial– han aumentado un 45%, pasando de los 1.476 de 2018 a los 2.150 de 2023, último con datos oficiales. Destacan, sobre todo, los de tipo racista –se han duplicado en estos cinco años, pasando de 426 a 856–, que suponen el 41% de los hechos conocidos. Y les siguen aquellos por orientación sexual, que representan el 23,3% del total.

Pero seguramente la realidad sea todavía peor. "Existe una infradenuncia", señala al otro lado del teléfono Anna López, politóloga y autora de La extrema derecha en Europa (Tirant, 2025). Según la última encuesta encargada por el Ministerio del Interior sobre este tipo de delitos, solo un 6,8% de las víctimas pone los hechos en conocimiento de las autoridades y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado –y lo que es peor, casi un 39% de los que dieron el paso consideran que no ha merecido la pena la denuncia–. La vergüenza, el no saber a quién dirigirse y el miedo a las represalias explican, en buena medida, el silencio de quienes sufren esta violencia.

La escalada de este tipo de delitos se ha producido al calor de unos discursos ultras que se propagan en España y en medio mundo. "Cuando hay un partido en las tribunas públicas que difunde odio hablando de incompatibilidad cultural o vinculando delincuencia e inmigración, ese tipo de mensaje se normaliza y se legitima la violencia", resume López. Coincide Miquel Ramos, periodista especializado en extrema derecha, que insiste en la existencia de una relación "clara y natural" entre este tipo de mensajes y el aumento de delitos de odio: "Lo que está sucediendo en Torre Pacheco está motivado por una serie de discursos que llevan tiempo cociéndose".

Las redes como combustible

Hace solo una semana, Vox, encargado de colar la xenofobia en las instituciones, estaba defendiendo abiertamente la deportación masiva de siete u ocho millones de migrantes. Y lo hacía utilizando como excusa la violación de una mujer en Alcalá de Henares (Madrid). Aquella agresión, por la que fue detenido un joven de Malí que residía en el Centro de Acogida, Emergencia y Derivación (CAED), ya fue utilizada a comienzos de mes por los grupos de extrema derecha para intentar prender la mecha en la localidad madrileña. "En momentos de crisis puntuales es donde la extrema derecha obtiene mayor rédito criminalizando al inmigrante", explica López.

Por eso, en cuanto se genera el caldo de cultivo propicio –ya sea alrededor de una catástrofe natural o de un incidente aislado–, toda su infraestructura digital, que juega un papel fundamental y que está perfectamente engrasada, comienza a funcionar a pleno rendimiento. Algunos de los agitadores ultras de referencia, con miles de seguidores por detrás, empiezan a lanzar mensajes llamando al pueblo español "a defenderse". Otros, anuncian la organización de "patrullas vecinales". Y otros, estrechamente vinculados a Vox –como Herqles y Pablo González Gasca–, difunden el bulo del vídeo con la supuesta agresión al anciano.

El uso de falsedades para intentar hacer que las calles ardan es una estrategia que la extrema derecha desplegó a pleno rendimiento hace justo un año. En aquel momento, se difundió el bulo que vinculaba falsamente el asesinato de un niño en el municipio toledano de Mocejón con la inmigración. Una maniobra que recordaba a lo que había ocurrido pocas semanas antes en Reino Unido, donde la mentira de que un solicitante de asilo estaba detrás de la muerte de tres muchachas provocó un estallido de odio en Southport que se extendió por Londres, Leeds o Manchester. Escuadrones ultras llegaron a atacar hoteles donde se alojaban migrantes o mezquitas. Y en apenas diez días se detuvo a seis centenares de personas.

Ramos sostiene que las redes sociales funcionan como "acelerador". "Son cámaras de eco que excitan, empoderan y calientan el ambiente", señala, al tiempo que recuerda la impunidad que existe en torno a ellas: "En estos casos, se termina deteniendo al autor de los episodios violentos, pero no a los intelectuales". A pesar de la potencia que tienen este tipo de herramientas, el efecto en la vida real es limitado: al final, quienes pasan a la acción son solo un puñado de personas. Ahora bien, funcionan a la perfección a la hora de crear esa "sensación de inseguridad", de "violencia incontrolable", que luego tratan de capitalizar aquellos "líderes" que prometen "orden". "Es una estrategia perfectamente medida", culmina el periodista.

La importancia del mensaje y el contexto

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Tanto desde el Gobierno como desde PSOE y Podemos no han dudado en señalar a Vox, cuyo líder ha evitado condenar los llamamientos a la caza del inmigrante, como máximo responsable del "pogromo medieval" que se está viviendo en el municipio murciano. Y ya han anunciado que llevarán a algunos de sus cargos ante la Fiscalía por delitos de odio. Odiar en sí no es un delito. Es algo que está amparado por la libertad de expresión. Ahora bien, el Código Penal sí castiga en su artículo 510 con entre uno y cuatro años de cárcel a quienes "públicamente" fomenten, promuevan o inciten "directa o indirectamente" al "odio, hostilidad, discriminación o violencia" contra colectivos vulnerables.

Un tipo penal por el que, sin embargo, es complicado conseguir una condena. En 2023, según los datos recogidos en la memoria anual del Ministerio Público, solo se registraron nueve sentencias condenatorias por dicho delito. Para que un discurso pueda ser perseguido a través de este tipo penal, es necesario que provoque una situación de riesgo real y tangible para un determinado colectivo. ¿Y cómo se puede determinar si la intensidad de dicho riesgo es suficiente? Valorando distintos parámetros. Uno de ellos es el contexto en el que se ha utilizado dicho discurso.

Al fin y al cabo, no es lo mismo que se utilice en un contexto de paz social a que se use en medio de un clima de tensión con un determinado colectivo en el centro. Además de esto, es necesario tener en cuenta la contundencia de los mensajes emitidos, la capacidad que tiene el emisor para ejercer influencia sobre los demás, el medio que usa para lanzar ese discurso o la naturaleza de su audiencia. Porque no es lo mismo un particular que hace un comentario a sus veinte seguidores en una red social que un partido con más de un millón de electores que llama a discriminar a un determinado colectivo.