Pagar por una cita o quedarte indocumentado: el reto de pedir asilo si eres del colectivo LGTBIQ+

“Llamaba todos los días y todas las noches, estaba desesperado. Habían pasado ya tres meses y, aunque me dijeron que no lo hiciera, decidí pagar”, cuenta a infoLibre Pío, solicitante de asilo LGTBIQ+ que prefiere no dar más datos que lo identifiquen para evitar represalias en su proceso.

Llegó a España desde Perú huyendo de la violencia intrafamiliar y las amenazas que sufría por ser activista. En su país tenía una organización para jóvenes diagnosticados con VIH, lo que les supone una doble discriminación: “Vivir con VIH te pone en una situación ya de por sí vulnerable, muchos fallecieron; varios porque fueron asesinados y otros víctimas de un Estado que los desatiende”, explica. 

Durante unas vacaciones en España, en las que comprobó que es un país muy avanzado en los derechos del colectivo, decidió quedarse: “Renuncié a todo: a mi trabajo como psicólogo, a mi familia, a todo”, relata. Pero ya aquí la situación tampoco fue fácil. 

Cuenta que para pedir el asilo, pasó semanas llamando intentando conseguir una cita. No obtuvo respuesta. Después de tres meses, y casi al borde de quedarse indocumentado, decidió pagar. Pío contactó con una mujer a través de Telegram que por 70 euros le consiguió una cita para solicitar el asilo. Ese fue el precio que pagó él. Sin embargo, cuenta, en algunos anuncios en la misma red social se llegaban a pedir hasta 200 euros.

Su caso no es único. Marcos, colombiano que ha preferido no dar su nombre real, pagó 150 euros para poder conseguir una cita. Conoció este atajo por una amiga que ya había vivido el proceso. Sin embargo, relata que, aunque en un primer momento le funcionó, cuando trató de contactar por segunda vez, le fue imposible.

Judith García, abogada de Accem, una ONG especializada en la atención de refugiados y migrantes en situación irregular o en situación de riesgo social, explica a infoLibre la dificultad que encuentran los migrantes cuando quieren pedir asilo: “Es muy difícil obtener una cita, sobre todo en ciudades grandes como Madrid o Barcelona. Es algo que nos cuentan todas las personas solicitantes”.

“Las entrevistas se consiguen por teléfono, y tenemos constancia de muchas personas que no consiguen una durante meses”, añade Almudena Calvo, trabajadora social de COGAM. Estas personas se quedan en una situación delicada en la que “tienen que estar meses con una visa de turista o en una situación administrativa incierta”, relata Calvo. Esto, además, supone que las autoridades consideren que están en “situación irregular”. 

Y después de conseguir una cita, ¿qué?

Cuando los solicitantes pasan el duro proceso de conseguir una cita, llega el momento clave: la entrevista. Judith García insiste en la importancia de “crear un relato sobre las experiencias vitales de la persona” que narrar a las autoridades y explica cómo “tienen que hablar de todo tipo de violencias, hasta las más sutiles, para dar coherencia y verosimilitud a la historia de la persona”.  

Marcos describe las entrevistas como un proceso duro, con los policías en una “actitud tajante”. A pesar del acompañamiento jurídico que puedan tener, en muchas ocasiones, el proceso no se basa en ellos y sus experiencias, sino en los informes COI (boletines de información de país de origen por sus siglas en inglés), unas evaluaciones que realiza ACNUR que determinan la relación de un país con los derechos humanos. El problema se produce porque estos informes pueden llegar a tener información subjetiva u omitir violencias sufridas por el colectivo LGTBIQ+ en ese país concreto, según un informe de CEAR. 

Berta Güell, investigadora del departamento de sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona, explica que “los informes se focalizan en el marco legal. Sin embargo, hay déficits en la implementación de las protecciones”. 

Es el caso de Colombia. A pesar de que el país es uno de los más avanzados en América Latina en materia LGTBIQ+, su realidad es completamente distinta. Un informe de la organización Colombia Diversa revela que entre los años 2014 y 2019 se produjeron 542 homicidios de personas LGTBIQ+ en Colombia, con una de las tasas más altas de toda Latinoamérica. 

“Yo me sentía solo en Colombia, porque el Estado dice que te ayuda, pero esas ayudas se pierden”, cuenta Marcos, que añade que “además se tienen más dificultades para poder conseguir una vivienda”. 

Él tuvo que irse de su país debido a que estaba siendo hostigado por una persona de su propio barrio. “La policía no hacía nada, solo me decían que cambiase de barrio o de ciudad y, aun así, esta persona me seguía”, relata.  Llegó a España con una oferta de trabajo en Alicante, pero cuando aterrizó en el aeropuerto la persona que se lo había ofrecido había desaparecido. No tenía familiares ni una red sólida por lo que tuvo que vivir en el sofá de un amigo que conoció en redes sociales. De momento, sigue en el proceso de solicitud y se muestra optimista de conseguirlo.

Paula Avilés, trabajadora social de la Fundación Eddy, manifiesta que “los procesos de resolución de personas de países latinoamericanos son más complicados ya que, aunque haya leyes, estas se dan solo sobre el papel”. 

Wilmer García es de Perú. Prefiere no identificarse con su nombre real y relata a este medio cómo su situación responde a esa discrepancia entre lo que se sostiene sobre el papel y la realidad: “Me negaron el asilo porque consideraban que Perú no era un país peligroso para la comunidad LGTBIQ+”. Sin embargo, Wilmer tuvo que abandonar su país por la violencia que sufría por ser activista LGTBIQ+: “Estaba sufriendo amenazas de grupos de ultraderecha por el trabajo que estaba haciendo desde mi asociación”. De hecho, la posibilidad de que las amenazas se materializaran lo vivió muy de cerca: "Uno de mis compañeros fue agredido”. 

La ley de extranjería deja fuera a los solicitantes de asilo

“Me denegaron el asilo y tuve que renunciar al recurso de reposición para no entrar dentro de la nueva legislación”, cuenta Wilmer sobre el nuevo reglamento de extranjería aprobado en mayo, con el que el Gobierno prevé regularizar a 900.000 personas, pero que presenta problemas para los solicitantes de asilo. 

Güell esclarece que con la última modificación “las personas a las que le rechazan el asilo tienen que partir de cero”. Con este cambio, los meses o años que los solicitantes llevan esperando a que les den una resolución ya no cuentan, por lo que tienen que esperar dos años más para que puedan regularizar su situación. 

Desde la Fundación Eddy, Paula Avilés incide en esta problemática: “Muchas personas pueden estar esperando años para una resolución yse enfrentan a perder todo”. Esto se debe a que “si en la solicitud de asilo la resolución es negativa, todo el tiempo que esas personas llevan trabajando y cotizando se queda en nada”. 

Ahora Wilmer, cuenta, trabaja de forma irregular en varios trabajos a la vez: “Antes mandaba dinero a mi familia en Perú, pero ahora tengo que ir ajustando como puedo. Solamente tengo dinero para un mes”, relata.

El miedo y la amenaza de la extrema derecha

Wilmer llegó de Perú huyendo de grupos de extrema derecha que amenazaban a su organización y a él mismo por hacer activismo LGTBIQ+. En España la situación es distinta, pero la ola reaccionaria es cada vez más fuerte y, según describe Wilmer según su experiencia, “está despertando”. 

“Tengo cierto miedo porque, a pesar de que España tiene una legislación avanzada, veo cosas en redes sociales en contra de los migrantes y de personas LGTBIQ+ que me preocupan”. Y añade que “por eso es necesario que desde el colectivo nos demos los apoyos necesarios entre nosotros”. 

Almudena Calvo considera que la Comunidad de Madrid ya “se está viendo arrastrada por esta ola, con los recortes a la ley trans o, a nivel estatal, la ley de extranjería”. 

Desde COGAM, denuncian que cada vez más se reducen las convocatorias para poder recibir subvenciones. De hecho, aseguran que se ha llegado al punto de que solo se convoca una al año, lo que se traduce en menos proyectos y ayuda para quienes lo necesitan. Calvo apunta: “Toda esta política está influenciada por una ultraderecha que va en contra de la diversidad”. 

Y mientras tanto, los delitos de odio siguen en aumento. Según un informe de la Federación Estatal LGTBI, un 20,3% de las personas LGTBIQ+ sufrieron acoso en 2025, un 25,25% discriminación y un 16,25% agresiones físicas. Este último dato ha crecido un 9,45% desde el informe de 2024.  

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Pero si se observa el dato que afecta a las personas LGTBIQ+ migrantes, el porcentaje aumenta. El 20,37% de ellas han sufrido agresiones físicas, un 27,38% han sido acosadas y el 35,19% han sufrido discriminación. 

El Ministerio de Interior trabaja en una mejora 

Preguntado por la problemática de conseguir una cita, el Ministerio del Interior asegura que la Policía Nacional trabaja de manera constante para mejorar el sistema de citación. Y aportan algunos datos: en 2024, la Oficina de Asilo y Refugio recibió más de 167.000 solicitudes de protección internacional, un 2,5 por ciento más que en 2023 y la mayor cifra desde la creación de la oficina en 1992. Asimismo, España es referente en Europa en derechos LGTBIQ+, teniendo el quinto puesto en el ranking de ILGA-Europe. 

Además, desde Interior aseguran que han realizado numerosas investigaciones para acabar con este fraude. En 2023, la Policía Nacional acabó con un entramado que bloqueaba el sistema de citas online de extranjería mediante un bot informático. Esta misma red luego cobraba entre 30 y 200 euros a los solicitantes.