El día a día de la ley trans y el 'sólo sí es sí' tras un año: ni fraude en los registros ni rebajas de penas diarias
Fueron dos de las leyes claves del Ministerio de Igualdad capitaneado por la exministra Irene Montero. Una recogía las demandas de un movimiento feminista que clamaba por poner el consentimiento en el centro. La otra, consagraba una exigencia histórica del colectivo trans. Ambas quedaron impregnadas por la polémica, pero hoy se consolidan como dos leyes fundamentales en el avance formal hacia la igualdad de género.
La Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual, conocida como ley del sólo sí es sí, vino acompañada de dos grandes polémicas: la primera, un goteo incesante de rebajas y excarcelaciones de agresores sexuales. La segunda, a consecuencia de la anterior, la necesidad de repensar el peso penal que debían tener la violencia y la intimidación, inicialmente excluidas del tipo básico de agresión sexual. Ese segundo debate, que anidó en el seno del Gobierno y ensanchó la brecha entre los dos socios, conllevó una reforma de la ley aprobada en abril de 2023. A punto de cumplirse un año de aquel último retoque, ¿qué queda de la ley?
Para empezar, ni rastro del recuento del que día sí y día también se hacían eco los medios respecto a las rebajas de penas. Ahora, es preciso retroceder hasta noviembre del año pasado para encontrar el último dato oficial disponible: el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) elevaba a 1.233 las rebajas de pena y a 126 las excarcelaciones. "Hay un recuento en marcha", aclaran ahora fuentes del CGPJ a infoLibre. Pero en este momento no existen ni números consolidados, ni un plazo previsto para hacerlos públicos. Hay que tener en cuenta, resaltan las mismas fuentes, que los afectados por las rebajas y las excarcelaciones son "casos ya sentenciados y judicializados" antes de la entrada en vigor de la ley actual, por lo que se trata de un número "muy cerrado" y la "variación es muy pequeña". Tras la cascada inicial, entra dentro de la normalidad que se hayan ralentizado los ritmos.
La magistrada Glòria Poyatos no quiere dejar de subrayar lo evidente: "Lo más relevante es que hoy sólo sí es sí". La proclama de colocar el consentimiento en el centro no es otra cosa que un mandato que germinó dentro del movimiento feminista organizado alrededor del caso de La Manada y que el Ministerio de Igualdad quiso convertir en ley, a pesar de los costes.
Este cambio de paradigma a nivel legislativo, prosigue la magistrada, ha sido "relevante en nuevos casos que han producido gran impacto social como el de Rubiales [el expresidente de la Real Federación de Fútbol] o Dani Alves [el exfutbolista condenado por violación]". La jueza se detiene precisamente en este punto: en cómo los cambios sociales y los avances legislativos se retroalimentan. Si fue una demanda feminista nacida en las calles la que posibilitó la existencia de la ley, ha sido también el debate en torno a la norma lo que ha contribuido a la evolución social a la hora de entender el consentimiento.
"Posiblemente en un caso como el de Rubiales nunca nos habríamos planteado la posibilidad de una agresión sexual", reflexiona Poyatos. No es sino la constatación de un "cambio social de relevancia derivado del gran debate, no sólo jurídico sino también social, a la hora de colocar el consentimiento en el centro".
Pero lo que se había planteado como una de las grandes demandas feministas hecha ley se convirtió pronto en un quebradero de cabeza para el equipo de Irene Montero. La unificación de los delitos de abuso y agresión en un mismo tipo conllevó una bajada de las penas mínimas que redundó en una revisión de las condenas impuestas con anterioridad. En base al principio de aplicación de la ley más beneficiosa para el reo, la rebaja continuada de penas tuvo varios efectos: el ataque continuado de la oposición, la presión mediática, la grieta entre los socios del Ejecutivo y el debate feminista en torno al punitivismo.
"Tenía mucha lógica colocar el ilícito evitando aludir a la violencia e intimidación", subraya Poyatos. La consiguiente rebaja de penas, opina la jueza, es en realidad la consecuencia esperable de una modificación de estas características. "Esto ha ocurrido con otros delitos, lo que yo no he visto es que se haya producido una crispación como la que suscitó esta ley y que se haya escrito tanto, desde tantas posiciones diferentes", señala Poyatos.
A pesar de los costes, la jurista cree que esta ley ha situado a España en la vanguardia, como "uno de los países más avanzados en la protección de las mujeres". El conocido como modelo afirmativo del consentimiento está presente en algunos países europeos, pero todavía no ha conseguido calar de manera generalizada y de hecho la Unión Europea no ha logrado llegar a consensos para trasladar este sistema a su directiva contra la violencia machista.
Pero el avance no sólo se ha materializado en el plano penal. Tal y como recordaba en esta entrevista la fiscal de Sala de Violencia sobre la Mujer, Teresa Peramato, antes del sólo sí es sí "no teníamos normas específicas del derecho a la reparación". Parece simbólico, tal vez una cuestión secundaria, pero el reconocimiento de las violencias y el compromiso por hacer sanar la herida, son pilares para la recuperación de las supervivientes. "Hemos avanzado muchísimo" a pesar de haber hablado solamente de "las reducciones y las excarcelaciones", decía la fiscal.
Entre las medidas que plantea la ley integral, una especialmente relevante para las víctimas: la creación de centros de crisis de atención 24 horas. Estas herramientas tendrían que haber sido una realidad a finales de 2023, pero su puesta en marcha se prorrogó un año. Quedan nueve meses para que venza el plazo.
Ley trans, una "cuestión de dignidad"
La Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI llegó envuelta en polémica desde la misma confección de su borrador –inicialmente, dos borradores de dos leyes separadas: una de igualdad LGTBI y otra específicamente trans–.
El conflicto se sucedió en distintos planos: el social, el político y el jurídico. El primero se plasmó a través de una brecha todavía viva dentro del movimiento feminista. De un lado, un sector del feminismo que alerta de las consecuencias simbólicas y materiales de diluir el sujeto mujer. Del otro, una corriente que se reivindica transinclusivo y que apela a las reivindicaciones de las mujeres trans como parte de su agenda propia.
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En la esfera política, las diferencias entre los socios volvieron a quedar patentes, especialmente a través de la contienda protagonizada por Irene Montero y Carmen Calvo. Fue la propia socialista quien habló de "inseguridad jurídica" a la hora de plantear la libre determinación del género sin requisitos. Ahí entró en juego un debate más: el posible fraude de ley que todavía hoy sobrevuela a la norma. infoLibre ha preguntado al Ministerio de Justicia por las cifras oficiales en torno a los cambios de sexo registral desde la entrada en vigor de la ley y por el número de fraudes de ley detectados, pero de momento el departamento no cuenta con un registro al respecto.
Charo Alises, abogada y miembro de la Federación Estatal LGTBI, reconoce que a lo largo de este año "ha habido casos muy llamativos que han salido a la luz", especialmente intentos de rectificación registral no consumada, por lo que "se ha visto que también han funcionado los mecanismos legales y esas personas que han intentado usar la ley de manera fraudulenta no lo han conseguido".
La ley, celebra la abogada, ha servido para "mejorar muchísimo los derechos de las personas trans, evitando un diagnóstico psicológico y años de hormonación". Alises es consciente de los costes y del impacto negativo que han tenido los "discursos de odio" sobre las personas trans, pero confía en que el aprendizaje y el avance hayan ganado la partida. Se trata, en esencia, de "una cuestión de reconocimiento de la dignidad de las personas trans" que además "ha supuesto un avance social por su capacidad pedagógica".
