Hay una elección deliberada en la ofensiva antiaborto del PP. Empezó José Luis Martínez Almeida con el falso síndrome postaborto, aunque rectificó antes de que la legalidad le pusiera freno. La ha abierto Isabel Díaz Ayuso en canal autodeclarándose insumisa de un servicio de la cartera sanitaria obligatorio, y de su exclusiva competencia autonómica, bajo el envoltorio ultra de tachar el aborto de “problema”. Ninguna vía habría tenido vuelo si el guante no lo hubiera recogido Alberto Núñez Feijóo. No es cierto que haya mantenido la postura de siempre. Se enredó en su entrevista con Susanna Griso de arranque de semana y no fue capaz de condenar a Madrid por negarse a cumplir la ley.

La promesa de hacer pública la lista de quienes practican abortos es una clara vulneración de privacidad de los médicos. Ni siquiera la de objetores no lo es. Y, si hay una lista, debería pasar por la auditoría de quienes facturan en la privada por lo que se niegan a hacer en la pública. El negocio de las feministas, en palabras de Ayuso, puede resultar siendo el de los antiabortistas. Ese 1% de abortos en centros públicos y 99% derivados a la privada es una anomalía con la que se convive con total naturalidad porque en ninguna comunidad autónoma el ratio es tan desproporcionado. 

En la tensión interna del PP entre liberales y ultracatólicos siempre había ganado el ala liberal. Los liberales conservadores o la imposibilidad de luchar contra los tiempos. El PP recurrió la ley del aborto y tuvo la suerte de que el Tribunal Constitucional la avalara 13 años después. Lo mismo hizo con el matrimonio LGTBi+. Ambos avances son de gobiernos progresistas y ambos derechos, recurridos por el PP en la oposición. Después de dar la batalla cultural, llega la hipocresía de beneficiarse de ellos. Mariano Rajoy, con mayoría absoluta en 2011, los dejó como estaban. Por el camino cayó Alberto Ruiz Gallardón y hubiera caído el siguiente en tocar los matrimonios homosexuales. 

Las nuevas coordenadas del PP en la búsqueda de electores en los caladeros de las nuevas extremas derechas hacían impredecible que se reabriera el derecho al aborto. Pero ojo, porque antes de la llegada de Trump el gobierno de los jueces conservadores en EEUU dio marcha atrás en lo que se creía consolidado. El Supremo de Estados Unidos acabó con las garantías federales de protección del aborto al anular la sentencia sobre el caso Roe contra Wade, el 24 de junio de 2022. Como denuncia Amnistía Internacional, revirtió casi 50 años de salvaguardas fundamentales, dejando la condición de si es legal o no en manos de cada estado. Se prohibió en catorce y en la práctica es inviable en muchos otros. Como siempre, legislan ellos sobre derechos de ellas. Y pagan las de siempre. Las mujeres más vulnerables tienen hoy muchas dificultades para interrumpir su embarazo en Estados Unidos.

En este momento global de corriente ultra, el PP ha elegido inclinar la balanza hacia Abascal. El verano de 2024, Vox rompió con el PP por la reubicación de los menores inmigrantes no acompañados. Feijóo torpedeó la reforma de la ley de extranjería pero arremetió contra el discurso Vox. Un año después, el plan de inmigración recién presentado ha soliviantado a Vox por copiar “frases literales” dichas por ellos. “Le falta dejarse barba”, ironiza Santiago Abascal. 

Creen los populares que España se está derechizando demasiado rápido cuando lo más probable es que se hayan movido a la habitación equivocada. En la lucha de poder entre la derecha y la ultraderecha hay que preguntarse cuántos derechos se van a poner en juego. Eso o ir comprobándolo cada semana. En qué campos de batalla se da esa refriega es un buen indicativo de la agenda de coalición. Esa que el PP se ha comprometido en público a no rubricar.

Es difícil que a estas alturas no lo sepáis, pero la semana pasada se cumplieron 20 años tanto de la aprobación como de la entrada en vigor del matrimonio igualitario en España. Una efeméride que el Gobierno del país ha celebrado de manera repetida durante los últimos días, recordando el trabajo de activistas históricos y el papel de personalidades como Pedro Zerolo o el en aquel momento presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

Las semanas de celebración también han ido acompañadas de cierto debate entre muchos de los activismos queer más alejados de las corrientes “asimilacionistas”. Al fin y al cabo, el debate sobre si el matrimonio igualitario debía ser una reivindicación del colectivo, según narran las propias activistas históricas, nunca tuvo obtuvo una postura unánime. ¿Fue un avance sin precedentes que integró a gran parte de la comunidad LGTBIQ+ en la mente colectiva del país? ¿O por el contrario una forma de amoldarnos al sistema que calmó la parte más rabiosa y más visceral delos espacios más rupturistas de la lucha del colectivo?

Una cosa que es importante entender es que la lucha de activistas históricas en los años 90 por la legalización del matrimonio igualitario no siempre vino desde el deseo de estas de poder formalizar sus relaciones, tradicionales y monógamas, para poder asemejarse más a las cisheterosexuales. Muchas de estas activistas realizaron esta lucha con un objetivo muy distinto: que no naciera una sola persona más en este país que, al crecer y darse cuenta de que no era heterosexual, no tendría los mismos derechos que el resto de españoles. En definitiva, equipararnos al resto y convertirnos en ciudadanas de primera, y no de segunda. O matrimonio para todos o matrimonio para nadie. 

Celebro y agradezco a todas esas personas que pelearon tantísimo para ponernos en el centro, bien visibles, y que la gente empezase a leernos de una manera más amable, más integradora. Recuerdo a Boti García Rodrigo, activista histórica y quien fuese directora general de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI del Ministerio de Igualdad la pasada legislatura, contar emocionada en un documental cómo notó el cambio en la sociedad gracias al matrimonio igualitario. En Nosotrxs somos (RTVE Play) narraba cómo un taxista que la llevaba, al oír hablar en la radio sobre el tema, le decía que no entendía el problema, que si esas personas solo querían ser igualadas en derechos, ¿por qué no se les iba a conceder? Un cambio en la mente colectiva que suponía una ruptura con una herencia de décadas de nuestra historia manchadas por la Ley de Vagos y Maleantes y la de Peligrosidad y Rehabilitación Social. 

La importancia del matrimonio igualitario para la percepción y, por tanto, la seguridad de las personas del colectivo parecía clara. Ahora nos hacemos la pregunta: ¿qué nos toca a continuación? Porque celebrar está muy bien, pero, al mismo tiempo, es imperativo no dejar que la celebración haga que parezca que con eso lo conseguimos todo. 

Ya no es que en la actualidad tengamos otros retos pendientes: es que directamente hay retos que siempre han estado ahí. 

Recordemos que la institución matrimonial en un inicio nace con tres objetivos: garantizar la filiación de hijos, la subordinación de la mujer y la transmisión de propiedad mediante herencia. Tiene en sus inicios una intención de mantenimiento de un sistema económico y productivo. De hecho, en los primeros activismos LGTBIQ+ –como por ejemplo en el manifiesto del Front d'Alliberament Gai de Catalunya de 1977– se pedía la abolición del matrimonio, no el matrimonio igualitario. Lo que se pedía era que el Estado no pudiera establecer de forma legal cómo debíamos relacionarnos sexual y afectivamente. 

Las reivindicaciones y la forma en la que hacemos lo que podemos en el sistema en el que vivimos cambian. Pero me gustaría que aprovechásemos más estas fechas para recordar a mucha gente que las realidades LGTBIQ+ no solo son respetables si imitan las realidades tradicionales cisheterosexuales. Si nos agrupamos de la misma manera, somos parejas monógamas, con un adosado, un perrito (o comprando un niño, si resulta que la pareja tiene mucho dinero y pocos escrúpulos). 

Muchas personas disidentes sentimos que si no lo hacemos, si no nos adaptamos a la vida organizada de manera tradicional que se espera de cualquier “buen ciudadano cisheterosexual”, nos van a llamar “desagradecidas”. “Encima que les dejamos ser como nosotros, y van y no quieren hacerlo. ¿Qué pasa, que se creen mejores? ¿Veis como son ellos los que no se quieren adaptar?”. Parece que todo vaya de conseguir que cambiemos el hecho de ser las personas que somos, de una manera o de otra.  

Está bien celebrar, pero siempre recordando a quienes no encajan. A las no monógamas, a las promiscuas, a las que se relacionan de manera diferente. Y sobre todo a las personas trans, que son el principal objetivo de las estrategias de odio a nivel mundial, y para las que la Ley de Matrimonio Igualitario no significó un cambio en sus vidas ni en su percepción. Porque ser LGTBIQ+ no va de amar; va de ser. 

También de celebrar, pero, ¿por qué no aprovechar para recordar que la manera en la que se atacó la ley de matrimonio igualitario es igual a como se ataca ahora la ley trans? ¿Hemos olvidado los ataques constantes de la derecha política y mediática de este país? ¿Hemos olvidado cuando el Poder Judicial comparó la boda entre dos hombres con “la boda entre un hombre y un animal”? ¿Hemos olvidado que dijeron que los hombres se iban a casar entre ellos para hacer la gracia, que se iba a hacer fraude de ley para ganar ventajas fiscales? ¿Que el matrimonio dependía de cuestiones biológicas porque iba de reproducirse, así que no se podía llamar matrimonio a la unión entre dos hombres? 

Quienes estaban en contra del matrimonio igualitario eran los mismos que ahora se oponen con tanto ahínco a la ley trans con los mismos argumentos. Y la historia nos ha demostrado cómo esas críticas no tenían sentido alguno, exactamente igual que las que hacen ahora. ¿Por qué no usamos esa arma para dar el siguiente paso: blindar la seguridad y los derechos de quienes, por desgracia, siguen en los márgenes?

Celebrar está muy bien. Y celebro también con vosotras. Pero quizá, mientras celebramos, podamos pensar en nuestros próximos objetivos. En dar pasos en la lucha contra el discurso de odio. En garantizar la seguridad de las personas trans y de las que no encajan en los moldes tradicionales. Y, quizá, y aunque a algunos les suene marciano, en expandir el concepto de matrimonio, de relación y de familia. Para que podamos elegir de forma consciente a las personas con las que queremos compartir, a quienes queremos que estén ahí si nos pasa algo, si estamos enfermas. Para poder querernos, relacionarnos y cuidarnos de una forma más libre. Que es algo con lo que salimos ganando absolutamente todo el mundo. 

Celebrar, siempre. Pero con los ojos bien puestos en lo que se viene. 

Francisco, fallecido este lunes a los 88 años, fue el papa de los desfavorecidos durante sus poco más de 12 años de pontificado, en los que intentó cambiar los mecanismos de una Iglesia demasiado centralizada en la Curia romana, atajar sus abusos y modificar su lenguaje para hablar de misericordia. Sólo el tiempo y su sucesor podrán corroborar si lo consiguió.

El argentino Jorge Mario Bergoglio, que falleció a las 7.35 horas (5.35 GMT) en su residencia la Casa Santa Marta, fue el primer papa no europeo y el primer jesuita que resultó elegido aquel 13 de marzo de 2013, después de que durante las reuniones previas al cónclave convenciese a una mayoría de cardenales con un discurso de cambio y de descentralización de la Iglesia.

A los fieles, este cardenal argentino considerado dialogante y moderado —aunque se había opuesto con fuerza al kirchnerismo por la ley del aborto o el matrimonio homosexual—, amante del tango e hincha del equipo de fútbol San Lorenzo, se presentó con un sencillo "buenas tardes" y añadió: "Se ve que los cardenales han querido elegir al obispo de Roma en el fin del mundo".

A Francisco le tocó un pontificado anómalo tras la renuncia de Benedicto XVI, con dos papas que convivieron durante casi 10 años en el Vaticano, y, aunque según Bergoglio la relación fue muy buena, en algunos momentos sacó a relucir las dos alas de la Iglesia, la moderada y la más conservadora y reaccionaria.

El papa que eligió el nombre de Francisco después de que el cardenal brasileño Hummes le dijese "acuérdate de los pobres", tras su elección en la Capilla Sixtina, destacó en su primer discurso la idea de una "Iglesia pobre para los pobres" y desde entonces todos sus esfuerzos se han centrado en reformar la Santa Sede, quitar privilegios a los cardenales y hacer más transparentes las finanzas descontroladas, lo que le ha creado más de un enemigo dentro de la Iglesia.

Su gran cambio fue la nueva Constitución "Praedicate Evangelium" (Predicad el Evangelio), que modificó la administración del Vaticano con nuevos ministerios como el de Evangelización o el de Economía, el cual asumió todo el control de los fondos para evitar ilegalidades.

El gran problema que tuvo que asumir fueron los abusos sexuales por parte de sacerdotes. Tuvo claro que uno de sus objetivos era la lucha contra la pederastia en el seno de la Iglesia y la escucha a las víctimas y dio una serie de reglas para que en las diócesis del mundo se pudiera acabar con esta lacra. Aunque algunos recientes casos han dejado claro que aún la Iglesia tiene mucho que hacer.

Además, Francisco introdujo un nuevo lenguaje en la Iglesia católica que, animada por sus discursos y sus viajes apostólicos, ha comenzado a ocuparse de los más necesitados, de los últimos, de las "periferias existenciales", término acuñado por Bergoglio y que resume la dirección de su magisterio.

Así quedó también reflejado en sus viajes, que comenzaron con Lampedusa, la pequeña isla siciliana que significa una "puerta para Europa" para miles de migrantes, además de en sus 47 visitas internacionales donde tocó países con pequeñas minorías católicas.

La Iglesia con Francisco también ha empezado a hablar de acogida a los homosexuales y a los divorciados vueltos a casar, algo que hace algunos años era impensable. Durante su pontificado se aprobó el documento que aceptaba bendecir a las parejas homosexuales, lo que no aceptaron muchos obispos y que será unos de los argumentos clave para el próximo pontífice.

El papa de los desfavorecidos nació en Buenos Aires en 1936, en una familia de origen italiano y comenzó su carrera en la Iglesia con 21 años tras estudiar ciencias químicas. Fue ordenado sacerdote el 13 de diciembre de 1969 y, en plena dictadura militar argentina, entre 1973 y 1979, fue enviado a Alemania, de donde pasó a la iglesia de la Compañía de Jesús de Córdoba. Conocido por su sencillez, Bergoglio vivía solo, en un apartamento, en el segundo piso del edificio de la Curia, al lado de la Catedral de Buenos Aires, en el corazón de la ciudad y como papa dejó los apartamentos pontificios para ir a vivir a la Casa Santa Marta, una residencia para los sacerdotes de paso por Roma.

También fue el papa que por primera vez lidió públicamente con el área más ultraconservadora de la Iglesia católica, que mostró sin ningún reparo su oposición a cualquier decisión del pontífice.

Han sido muchos los ejemplos de esta oposición clara a Francisco, pero el más evidente fue la carta pública que cuatro cardenales escribieron al papa expresándole sus "dubia" (dudas) sobre algunos de sus escritos y exigiendo una respuesta.

O el anónimo memorando que circuló entre los sectores de oposición al papa —que se descubrió tras su muerte que había sido escrito por el cardenal australiano George Pell— y que calificaba el pontificado de "catastrófico".

Su herencia quedará plasmada en sus encíclicas y en particular en "Laudato si", en la que hizo un llamamiento a la fraternidad universal y a la "amistad social" en medio de conflictos, como la guerra de Ucrania que tuvo que vivir al final de su vida y en la que se esforzó con todos los medios diplomáticos a su alcance para mediar, pero no lo consiguió.

También recibió fuertes críticas por denunciar la violencia contra el pueblo palestino en Israel cómo cuando dijo que había que interrogarse sobre si se estaba cometiendo un genocidio.

El matrimonio igualitario entró en vigor este jueves en Tailandia, el primer país del Sudeste Asiático que permite las uniones entre personas del mismo sexo y solo el tercero de Asia en hacerlo, tras Nepal y Taiwán, un hito que será celebrado este jueves con centenares de enlaces, según informa EFE. Han tenido que pasar 120 días desde que la ley fue publicada en la Gaceta Real el 24 de septiembre, tras ser aprobada por el Parlamento en junio, para que pudiera hacerse efectiva y empiecen este jueves a permitirse los matrimonios igualitarios en la turística Tailandia.

Los registros recibirán este jueves durante diez horas a las parejas que deseen oficializar sus enlaces, y la primera en hacerlo fueron las mujeres Ployanapat Jirasukorn, de 33 años, y Kwanporn Kongphet, de 32, que sellaron su matrimonio en una ceremonia para centeneras de parejas convocada en el centro comercial de Bangkok Siam Paragon.

Se espera que alrededor de 300 parejas formen parte de esa boda colectiva en la capital tailandesa, un símbolo del paso logrado en el país asiático que será sucedido por un discurso de la primera ministra, Paetongtarn Shinawatra, mientras en paralelo se celebrarán multitud de eventos en provincias de todo el país.

Un ambiente festivo para aplaudir los avances del colectivo LGBTIQ+ en Tailandia, estancados durante años por los dos golpes militares desde 2006 que restringieron las libertades civiles, y que ahora sitúan al país a la cabeza de toda la región del Sudeste Asiático, y de la mayor parte de Asia.

Mientras las parejas homosexuales en Tailandia tendrán desde este jueves los mismos derechos que las heterosexuales, entre ellos los relacionados con la herencia y adopción de niños, los retrocesos son palpables en países como Indonesia, Malasia o Brunéi, de mayoría musulmana, que criminalizan las relaciones del mismo sexo.

La moderna Singapur no revocó hasta noviembre de 2022 la ley que penaliza el sexo homosexual -la sección 377A, herencia del periodo colonial británico-, aprobando en paralelo una enmienda constitucional para blindar el matrimonio como una unión exclusivamente heterosexual.

En China, la homosexualidad es legal desde 1997, aunque el colectivo todavía se enfrenta a numerosos prejuicios y desafíos. Aunque India despenalizó en 2018 como Singapur la ley colonial que criminalizaba la homosexualidad, el matrimonio solo es para las parejas de sexos opuestos.

Japón, por su parte, es el único miembro del G7 que no reconoce el matrimonio homosexual, aunque en los últimos años sus tribunales y autoridades locales han dado una serie de pasos que abren el camino para una futura legalización.

Tailandia se suma así a los escasos lugares de Asia que reconocen el matrimonio igualitario, siguiendo a Nepal, que lo legalizó el año pasado, y a Taiwán, que fue pionero al aprobarlo en 2019.

El Parlamento griego ha dado luz verde este jueves a la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo, convirtiéndose así en el primer país cristiano ortodoxo y en el decimosexto país de la Unión Europea en reconocer la igualdad en las uniones civiles. "Se trata de un hito para los Derechos Humanos que refleja la Grecia actual: un país progresista y democrático, apasionadamente comprometido con los valores europeos", ha reaccionado el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, en la red social X, según informa Europa Press.

En concreto, el proyecto de ley ha sido aprobado por 176 votos a favor —con el apoyo de los opositores Movimiento Socialista Panhelénico (PASOK) y la Coalición de la Izquierda Radical (SYRIZA)— y 76 en contra, mientras que ha habido un total de 46 diputados ausentes, según ha recogido el diario Kathimerini.

Durante su discurso ante el pleno, Mitsotakis ha defendido que la medida "hace justicia" a las personas del mismo sexo y hace "visibles a personas que antes eran invisibles". "Este proyecto de ley pretende unir y no dividir", ha agregado.

El diputado Andonis Samarás, del gubernamental Nueva Democracia, ha protagonizado uno de los momentos más tensos de la sesión cuando ha afirmado que el matrimonio homosexual "no constituye un derecho humano" ni está garantizado por el Derecho Internacional. "Los Derechos Humanos son una cuestión demasiado seria para trivializarlos de esta manera. Y cualquier interpretación abusiva los menosprecia. Un derecho humano no es lo que uno pretende reclamar", ha asegurado, según ha recogido el diario To Vima. En este sentido, ha argumentado que la medida supone una "regresión" del derecho a la familia, puesto que los menores tienen derecho a tener padres de ambos sexos, y una "abolición" del modelo de familia nuclear.

El primer ministro griego Mitsotakis introdujo una serie de reformas para avanzar en los derechos LGTBI después de llegar al poder en 2019, siendo la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo parte de programa.

“Tardé ocho años en ser reconocida como madre de mi hijo. Como no fui yo quien dio a luz, no tenía derechos legales. Tuve que pasar por un procedimiento de adopción largo, caro e incierto. Ahora que mi hijo tiene 9 años, este gobierno pone en tela de juicio filiaciones ya aprobadas", explica Alessia Crocini. 

Esta mujer de unos cuarenta años trabaja en marketing digital en Roma y dedica todo su tiempo libre a colaborar con la asociación Famiglie arcobaleno (Familias arco iris), fundada en 2005 por madres lesbianas, que reúne a padres o futuros padres del mismo sexo, tanto mujeres como hombres. 

Desde hace siete meses, las familias homoparentales están en el punto de mira del gobierno italiano dirigido por la extrema derecha. De palabra, como durante la campaña electoral, pero también en la práctica, ahora que los Fratelli d'Italia de Giorgia Meloni han obtenido la mayoría para dirigir el país. 

A principios de año, el Gobierno pidió a los prefectos que se aseguren de que en los registros civiles de los niños no figuraran los nombres de dos padres o dos madres, ya que la ley italiana no prevé que un niño tenga dos progenitores del mismo sexo.

 Italia ha sido el último país de Europa occidental en implantar una "unión civil" entre personas del mismo sexo, en 2016, y se aprobó por la mínima, excluyendo cualquier disposición sobre cuestiones de filiación. Por tanto, las parejas de lesbianas que tuvieran hijos a través de inseminación artificial solo podían ser reconocidas como padres mediante dos procesos. El primero es realizar una "adopción especial" del hijo del progenitor con el que mantienen la relación. Esta posibilidad está sujeta a la apreciación diferenciada de los jueces, ya que este tipo de adopción estaba originalmente prevista para las parejas heterosexuales y suele reservarse para situaciones en las que la madre de un niño sin padre conocido o reconocido solicita que el pequeño sea adoptado por el hombre con el que convive. El segundo proceso posible es pedir a los ayuntamientos, responsables de esta tarea, que inscriban a ambos padres o madres homosexuales en el registro civil del niño, como algunos municipios venían haciendo ahora. 

“Fue la alcaldesa de Turín, perteneciente al movimiento Cinco Estrellas, quien produjo tal acto por primera vez en 2016", explica Alessia Crocini. Le siguieron otras ciudades, entre ellas Milán. Pero esto crea una situación fragmentada, ya que yo, por ejemplo, en Roma, nunca pude hacerlo. Por eso tuve que recurrir a un proceso de adopción complicado por el hecho de que me separé de mi pareja cuando mi hijo tenía tres años. Si la separación hubiera sido conflictiva, la adopción no habría sido posible y habría perdido el derecho a ver a mi hijo.”

 Esta exigencia de poner fin al registro civil con los nombres de ambos padres o madres homosexuales ya ha tenido consecuencias. No sólo la mayoría de las ciudades que llevaban a cabo esta práctica discrecional han anunciado que la abandonan, como Milán, sino que algunos prefectos han pedido que se revisen los registros civiles ya expedidos, como en Bérgamo o Padua, dejando a los padres en la incertidumbre total sobre la posibilidad de anular a posteriori esos documentos teóricamente irregulares. 

“Un niño de cuatro o seis años, que hasta ahora tenía dos padres legales, corre el riesgo de perder a uno de ellos", afirma Alessia Crocini. Si no te reconocen como padre o madre, como fue mi caso durante años, no puedes matricular a tu hijo en el colegio, no puedes vacunarle, no puedes transmitir una herencia... El día que tuve que llevar a mi hijo a urgencias, no pude firmar yo misma el consentimiento para el tratamiento y mi ex tuvo que venir a toda prisa para hacerlo".  Según explica "nada ha cambiado en la letra de la ley, pero el clima político y mediático es mucho más tenso". "Todos los días vemos a la Ministra de la Familia decir en televisión cosas sin contrastar, falsas, sobre el hecho de que los niños necesitan una mamá y un papá, cuando años de investigación han demostrado que no es así", afirma.

La ministra Eugenia Roccella, al frente de un ministerio rebautizado como de "Familia, Natalidad e Igualdad de Oportunidades", está en el foco de las tensiones y preocupaciones de la comunidad LGTBIQ+, ya que fue la impulsora en 2007 de la versión italiana de La Manif pour tous (organización francesa contra el matrimonio homosexual) y gravita entre los católicos más fundamentalistas en cuestiones de género. 

“El ambiente que se respira en el entorno de Meloni cambió el día que tomó posesión el nuevo gobierno", explica Massimo Prearo, investigador en Ciencias Políticas de la Universidad de Verona, que trabaja sobre movimientos anti-género. “La comunidad LGTB fue blanco de ataques durante la campaña electoral, pero el día que el nuevo gobierno tomó posesión, vimos a muchos activistas abiertamente anti-LGTB nombrados para los puestos más altos. Roccella es la más visible, pero hay otros, como Lorenzo Fontana, nombrado presidente de la Cámara de Diputados, que es muy conocido en Verona porque estuvo entre los que quisieron impedir que se celebrara en 2018 un simposio sobre migrantes LGTB en nuestro departamento universitario." 

Para él, la contrarrevolución cultural actual se basa en una forma inédita y poderosa de "síntesis entre la orientación radical anti-género de la derecha, la extrema derecha y muchos católicos, pero también una rama del feminismo italiano que prioriza la diferencia sexual y milita contra la transidentidad."

Además de la ofensiva sobre el registro civil, Massimo Prearo señala otros dos ámbitos en los que "el Gobierno no se contenta con ataques verbales o medidas simbólicas, sino que quiere pasar a la acción y llevar a cabo una política represiva". El primero es la exigencia de criminalizar aún más la maternidad subrogada, ya prohibida por la legislación italiana, reclamando la jurisdicción universal en la materia. Para el abogado Antonio Rotelli, cofundador de la asociación de abogados Avvocatura per i diritti LGTB (Abogacía por los derechos LGTB), esta medida es inviable, pero no por ello menos peligrosa. 

"El gobierno de Meloni quiere castigar la maternidad subrogada no sólo si se practica ilegalmente en Italia, sino también si se hace en el extranjero. Pero, ¿cómo se puede ir contra algo que es legal en Canadá o California, por ejemplo? Se trata sobre todo de endurecer el marco para impedir, como ha ocurrido, que una pareja homosexual regrese a Italia con un hijo e intente que se transcriba el estado civil reconociendo dos padres.” 

Para Massimo Prearo, "esta voluntad de criminalizar aún más la maternidad subrogada podría no verse dirigida a las comunidades LGTB, ya que la mayoría de las parejas que recurren a ella son heterosexuales. Pero los miembros del Gobierno y del Parlamento nunca hablan de eso, lo enmarcan sistemáticamente en una hostilidad contra los padres homosexuales". 

El otro ámbito en el que empiezan a manifestarse los efectos de una hostilidad recurrente contra la llamada "teoría de género" es la escuela y la universidad. Muchas universidades e institutos de toda Italia ofrecen a los estudiantes la posibilidad de utilizar un "carriera alias", es decir, que se les "identifique" con nombre femenino o masculino aunque no se corresponda con su estado civil, y que se utilice el nombre de pila que elijan cuando les nombren o en los exámenes.

Esta medida administrativa, que sólo afecta al funcionamiento interno de la institución escolar, no tiene valor jurídico y depende de la buena voluntad de los directores de los centros. “Sin embargo, es muy importante", afirma Massimo Prearo. “Los críticos dicen que así estamos ‘fabricando’ niños trans, pero la realidad es que personas que se escondían ahora se atreven a salir del armario". Existe el riesgo, prosigue el investigador, de "devolverlos a la clandestinidad. Italia ya es el país de Europa donde menos se practica la salida del armario, pues se calcula que al menos uno de cada dos homosexuales oculta su orientación sexual. El gobierno está haciendo todo lo posible para volver a una visión patológica de la transidentidad, donde este tipo de cambio estaría ‘caritativamente’ reservado a jóvenes con certificados médicos y todo un historial psiquiátrico y endocrinológico". 

Esta presión creciente sobre las escuelas preocupa a los profesores, que no comparten los puntos de vista del Gobierno de Meloni. Samantha Piccaiola, de 47 años, que lleva más de veinte enseñando en una escuela primaria rural cerca de Bolonia, ya lo está notando: "No se hace de forma frontal, pero además de que en Italia no hay nada de educación sexual, nos dieron a entender que no debíamos hacer nada el 17 de mayo, día de la lucha contra la homofobia y la transfobia, y sobre todo que no debíamos invitar a asociaciones LGTB a hablar. Y mi director me dijo que el Gobierno planeaba crear un "día de la natalidad" en el que intervendrían asociaciones católicas y "pro-vida".

El Ejecutivo de Meloni, aunque provoca la preocupación de la comunidad LGTBIQ+, prolonga una hostilidad o indiferencia hacia la difícil situación de gays, lesbianas, personas trans o no binarias que ya existía en la mayoría de los gobiernos anteriores. “Hace dos años fue bloqueado el proyecto de ley presentado por el diputado del Partido Democrático Alessandro Zan para castigar la violencia y la incitación al odio contra gays y trans", explica Yadad de Guerre, activista, investigador independiente y bloguero muy activo en este tema. “Sin embargo, el Gobierno estaba entonces dirigido por el centro-izquierda. Italia sigue siendo un país homófobo, más allá de los neofascistas, la extrema derecha o la Iglesia.”

Marta Cotta Ramosino, de 33 años, que regenta la librería LGTBIQ+ Antigone, en el barrio romano de San Lorenzo, es aún más tajante: "Los gobiernos de centro-izquierda no han hecho nada, o leyes de mierda que no nos protegen realmente. Nuestra esperanza de no ser discriminados era escasa incluso antes de la llegada del Gobierno Meloni. Pero lo trágico es que ahora sentimos que es demasiado tarde. Nunca conseguiremos el matrimonio entre personas del mismo sexo, ni siquiera una ley que condene los actos y las palabras homófobas". 

Para Elena Biagini, fundadora de varios colectivos feministas y de lesbianas y anfitriona de Tuba, un café-biblioteca espacio de encuentro LGTBIQ+ situado en el barrio de Pigneto, al este de Roma, "la derecha y la extrema derecha nos consideran el enemigo desde hace mucho tiempo, pero una parte del Partido Democrático nunca lo ha tenido claro". Y añade: "No hay que olvidar que es el heredero de la Democracia Cristiana y que no hay muchos católicos que estén a nuestro favor. Ahora podemos medir las repercusiones de que la unión civil aprobada en 2016 bajo un gobierno de centro-izquierda prefiriera no abordar el tema de la paternidad porque el propio centro-izquierda estaba dividido al respecto. Aunque cabe esperar que las cosas cambien un poco ahora que el PD se ha nombrado líder a Elly Schlein [abiertamente lesbiana y preocupada por los derechos LGTBIQ+]". 

¿Existe el riesgo de que se cuestione esa “unión civil” para personas del mismo sexo? “No lo creo", afirma Elena Biagini. “Iría en contra de las disposiciones europeas y Meloni ha dicho que no lo va a tocar. Creo que el Gobierno actual prefiere dar instrucciones a prefectos, fiscales o directores de escuela que pueden cambiar cosas concretas pero bajo control. Pero sólo llevan unos meses en el cargo, así que no se puede prometer nada.” 

Antonio Rotelli, que lleva desde 2007 al frente de la reivindicación de la legalidad de las uniones entre personas del mismo sexo, tampoco cree en ese paso atrás. "Creo que las garantías legales y constitucionales son lo suficientemente fuertes como para evitarlo. Pero este Gobierno no necesita pasar por ello para hacer sentir a las familias homosexuales que no forman parte realmente de las familias italianas." 

Para Massimo Prearo, "no es necesario poner todo en cuestión para hacer la vida de las personas LGTB aún más frágil de lo que ya es". "En Italia una de cada dos parejas LGTB afirma que no coge la mano al otro u otra por la calle por miedo a ser acosada. Eso ya existía antes de Meloni, pero ahora está empeorando", añade. 

Lo paradójico, señala Alessia Crocini, es que parte de la sociedad está "más avanzada que la clase política en estos temas, sobre todo para las parejas de lesbianas". Italia es también un país que concede a la madre un lugar central. A veces, cuando iba al mercado local con mi pareja y mi hijo de tres años, las viejecitas le decían: "¡Qué suerte tienes de tener dos mamás!”.

Es cierto, dice Elena Biagni, que "cuando vives en una zona protegida, como el barrio donde vivo en Roma, no sientes necesariamente la discriminación a diario." P"ero la situación es muy oscura y cada vez lo es más. No entiendo por qué la gente no está en la calle todos los días. Es como si veinte años de Berlusconi hubieran anestesiado toda la política y toda la movilización. Aunque espero que se demuestre lo contrario en la próxima fiesta del Orgullo”, añade. Celebración que se hará en Roma el 12 de junio.

Traducción de Miguel López

El Parlamento de Hungría ha aprobado una ley que permite a cualquier ciudadano denunciar de manera anónima a las parejas homosexuales que tengan hijos a su cargo, en línea con los límites promovidos por el Gobierno de Viktor Orbán a la comunidad LGTBI en aras de la protección de la infancia.

El texto, avalado esta semana por los diputados, autoriza que los ciudadanos puedan alertar las autoridades de aquellos comportamientos que supuestamente violen "el papel del matrimonio y la familia reconocido en la Constitución" y que no tengan en cuenta los derechos de los niños a identificarse "con el sexo de nacimiento", según Bloomberg.

La Constitución especifica que el matrimonio es una unión "entre un hombre y una mujer" y añade que "la madre es una mujer y el padre es un hombre", lo que implica prohibir por ley cualquier modelo de adopción o acogida por parte de parejas homosexuales.

El Gobierno también ha tomado medidas para limitar contenidos o alusiones a la comunidad LGTBI en las escuelas, argumentando que corresponde a las familias decidir la educación de sus hijos. Sin embargo, sus políticas han generado dudas entre organizaciones defensoras de los Derechos Humanos, así como en la Comisión Europea.

El Ejecutivo comunitario ha llevado a Hungría ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por la controvertida ley contra la pedofilia y la protección del menor, bajo la premisa de que es discriminatoria y atenta contra los derechos del colectivo LGTBI.

La Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos ha aprobado este jueves el proyecto de ley para salvaguardar las uniones homosexuales, en una medida a la que solo resta la firma del presidente, Joe Biden, y marca una protección federal sin precedentes para el matrimonio entre personas del mismo sexo, según informa Europa Press.

La legislación, titulada Ley de Respeto al Matrimonio, ha sido aprobada con un destacado consenso entre ambos partidos, 258 a favor por 169 en contra, gracias a que los republicanos han conseguido una enmienda adicional que concede a las organizaciones religiosas cierto margen de maniobra en este sentido.

Tras esta enmienda, 39 congresistas republicanos han prestado su voto. Esta enmienda quita obligaciones a las organizaciones religiosas para proporcionar servicios que apoyen el matrimonio entre personas del mismo sexo y garantiza que el Gobierno federal no reconozca el matrimonio polígamo.

Cabe recordar, según The Hill, que la medida ya fue aprobada la semana pasada en el Senado por 61 votos a favor por 36 en contra después de meses de negociaciones, con el respaldo de 12 senadores republicanos.

Tras la aprobación del proyecto de ley en el Senado, Biden ha asegurado que lo ratificará "con orgullo y rapidez" para consagrar las protecciones federales para las parejas del mismo sexo y las parejas interraciales, ordenando a los estados que reconozcan los matrimonios independientemente del "sexo, la raza, la etnia o el origen nacional de esas personas".

Además, la medida deroga la Ley de Defensa del Matrimonio, una ley de 1996 que reconoce el matrimonio como "únicamente la unión legal entre un hombre y una mujer como marido y mujer", y se refiere a la palabra cónyuge como "una persona del sexo opuesto quién es esposo o esposa".

Dos tercios de los votantes cubanos han respaldado en referéndum el Código de las Familias promovido por el Gobierno de Miguel Díaz-Canel, que abre la puerta a la legalización del matrimonio igualitario y la gestación subrogada en la isla, según datos oficiales recogidos por Europa Press.

La presidenta del Consejo Electoral Nacional, Alina Balseiro Gutiérrez, ha comparecido este lunes ante los medios para confirmar que el 66,87% de los votos válidos, más de 3,9 millones, avalaban la actual reforma, frente al 33,13%, más de 1,9 millones, que dijeron 'no'.

Los datos, que ya se dan por irreversibles pese a que aún resta concluir el recuento en algunas circunscripciones, sitúan el nivel de participación cerca del 74%. La responsable del CEN ha felicitado a la población por su implicación en el proceso, informa la prensa oficial.

El anuncio de los resultados ha coincidido con una reunión encabezada por Díaz-Canel para examinar la evolución del huracán Ian y tanto el presidente como el resto de asistentes han aplaudido tras la confirmación de la victoria del 'sí', como consta en un vídeo difundido en redes sociales por la propia Presidencia, bajo la premisa de que "el amor ya es ley" en Cuba.

Díaz-Canel también ha expresado en Twitter su "alegría" por los primeros resultados, aunque ha advertido de que Cuba entra en una "desafiante semana" por la llegada de Ian.

El oficialismo cubano había hecho campaña en favor del 'sí', mientras que en el lado contrario se ha situado la Iglesia Católica y un sector de la oposición que cuestionaba la mera participación en la consulta, por considerarla una forma de legitimar al actual Gobierno.

La Cámara de Diputados de Chile ha aprobado este martes el proyecto de matrimonio igualitario, horas después de que lo hiciera el Senado, convirtiéndolo en ley después de años de lucha en el Legislativo.

Con 82 votos a favor, 20 en contra y dos abstenciones en la Cámara de Diputados, y con 21 votos a favor, ocho en contra y una abstención en el Senado, la histórica iniciativa ha recibido la luz verde del Congreso por lo que, a falta de acabar algunos trámites administrativos, las parejas del mismo sexo podrán casarse en el país latinoamericano y tendrán derechos de filiación.

"Chile ha dado un paso histórico y decisivo para el avance y consolidación de los Derechos Humanos de las parejas del mismo sexo y de las familias homoparentales, todas las cuales, sin distinción, venían siendo discriminadas y vulneradas desde los orígenes de nuestro país", ha celebrado tras conocerse la noticia el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual.

Se han convocado concentraciones para celebrar la decisión en la céntrica Plaza Baquedano de Santiago, informa Radio Cooperativa.

El lunes, la comisión mixta que analizaba el proyecto de ley sobre el matrimonio igualitario en Chile decidió derivar la iniciativa nuevamente para ser votada en el Senado y la Cámara de Diputados después de diferencias respecto a algunos puntos entre ambas cámaras del Congreso.

Si bien la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa a finales de noviembre, el Senado la rechazó, forzando la creación de esta comisión mixta para tratar de resolver las diferencias entre ambas cámaras.

El proyecto de matrimonio igualitario fue firmado por la expresidenta Michelle Bachelet en 2017 y presentado ante el Congreso durante su segundo mandato. Ante el Parlamento, la exmandataria sostuvo que "exigir la igualdad de derechos y libertades para todas las personas, cualquiera sea su sexo, su raza, nacionalidad, su orientación sexual o su identidad de género, es mucho más que anacrónico sino derechamente inexcusable".

Sin embargo, no fue hasta enero de 2020 cuando la sala del Senado aprobó en general el proyecto con 22 votos a favor, 16 en contra y una abstención. Posteriormente, el presidente del país, Sebastián Piñera, mostró su apoyo a la medida: "pienso que ha llegado el tiempo de garantizar esa libertad y esa dignidad a todas las personas, el tiempo del matrimonio igualitario en nuestro país", añadió.

El papa emérito, Benedicto XVI, ha subrayado que el matrimonio entre personas del mismo sexo es "una deformación de la conciencia" al tiempo que ha lamentado que esta óptica también haya "penetrado profundamente en sectores de personas católicas". "Con la legalización del matrimonio del mismo sexo en 16 países europeos, el asunto del matrimonio y la familia ha tomado una nueva dimensión que no puede ignorarse", ha advertido el papa emérito en el libro La verdadera Europa: Identidad y misión, que ha sido prologado por Francisco.

No es la primera vez que el papa emérito hace este tipo de declaraciones. En mayo del año pasado, en una entrevista que cierra una biografía de más de mil páginas escrita por el periodista Peter Seewald, Benedicto XVI arremetió con el matrimonio entre homosexuales y lo que llamó "el credo del anticristo" que, según explicó, castiga con la excomunión social a quienes no se adhieren a él. "Hace cien años a todo el mundo le hubiera parecido absurdo hablar de matrimonio homosexual. Hoy todo el que se oponga a él queda excomulgado socialmente", señaló entonces el papa emérito.

En el libro que acaba de comercializarse en Italia, Benedicto XVI cuestiona que la respuesta pueda darse "con un poco de moralismo o incluso con algunas referencias exegéticas". "Este problema es más profundo y por lo tanto debe ser respondido en sus términos fundamentales", ha precisado.

En su introducción, Benedicto XVI ha manifestado que el concepto de "matrimonio del mismo sexo" es "una contradicción con todas las culturas de la humanidad que han seguido hasta ahora, y esto significa una revolución cultural que es opuesta a toda la tradición de la humanidad hasta hoy". "La certeza básica de que la humanidad existe como masculina y femenina, y que la transmisión de la vida sirve a esta tarea y que, en esta, más allá de todas las diferencias, consiste esencialmente el matrimonio, es una certeza original que ha sido obvia para la humanidad hasta ahora", agrega.

Para el papa emérito, en la sociedad actual "se pone en duda el hecho de que la existencia como hombre -en masculino y femenino- esté orientada a la procreación, y que la apertura a la transmisión de la vida determina la esencia de aquello que llamamos matrimonio". En todo caso, señala que el origen de esta situación se encuentra en la "convulsión de esta certeza humana original" introducida en el mundo cuando se creó la píldora anticonceptiva, que hizo posible "la separación de la sexualidad y la fecundidad". "No se trata de la casuística, ni del cómo y el cuándo el uso de la píldora está moralmente justificado", aclara, "sino de la novedad fundamental que significa: que todas las formas de sexualidad están equiparadas. Este nuevo mensaje ha transformado profundamente la conciencia de los hombres".

Fecundidad planificada e incremento del suicidio

Para Benedicto XVI, a esto "le sigue un segundo paso: si la sexualidad puede ser separada de la fecundidad, entonces, al contrario, la fecundidad puede ser pensada sin la sexualidad". De esta manera, ejerciendo una "fecundidad planificada", se sustrae que "el hombre ya no es un don recibido, sino un producto planificado", hecho por los hombres. "Por otro lado, aquello que se puede hacer se puede también destruir -continúa-. En este sentido, la creciente tendencia al suicidio como fin planificado de la propia vida es parte integrante de la situación descrita", agrega.

Por todo ello, el papa emérito considera que en la cuestión del matrimonio homosexual "no se trata de ser un poco más abiertos", sino de responder "a la pregunta ¿quién es el hombre? ¿Es una criatura de Dios?" o, por el contrario, "un producto que él mismo sabe crear". "Cuando -asevera- se renuncia a la idea de creación, se renuncia a la grandeza del hombre, a su dignidad que está por encima de cualquier planificación".

Finalmente, vuelve a hacer hincapié en la idea de la naturaleza humana. "El movimiento ecológico ha descubierto el límite de aquello que se puede hacer y ha reconocido que la naturaleza establece para nosotros una medida que no podemos ignorar impunemente -explica- También el hombre tiene una naturaleza que le ha sido dada, y violarla o negarla conduce a la autodestrucción. Por esto, la creación del hombre como masculino y femenino es ignorada en el postulado del matrimonio homosexual".

Durante el vuelo de regreso de Bratislava (Eslovaquia) a Roma, el pasado miércoles, el papa Francisco admitió que las leyes de uniones civiles gay "buscan ayudar la situación de tanta gente con una orientación sexual distinta, y es importante que se les ayude, pero sin dar algo que, por su naturaleza, la Iglesia no daIglesia", que es el matrimonio religioso como sacramento.

"Si una pareja homosexual quiere llevar una vida juntos, los estados tienen las posibilidades de darles seguridad, estabilidad, herencia, etc. no solo para los homosexuales sino para todas las personas que quieran asociarse. Pero el matrimonio es el matrimonio", consideró el obispo de Roma.

Hay juristas que hablan de "sainete". Otros insisten en el "bajo nivel jurídico" de los magistrados. La reciente decisión del Tribunal Constitucional (TC) sobre el primer estado de alarma y los pormenores del debate jurídico y la división entre los magistrados han llenado portadas y artículos de opinión y han sacado a relucir la situación en la que se encuentra este órgano, también lastrado por el bloqueo institucional por el que el PP se niega a renovar ciertos organismos constitucionales que acumulan meses y meses de caducidad. Y la realidad del Constitucional a julio de 2021 es esta: cuatro de sus magistrados han agotado sus respectivos mandatos, se ha fracturado como pocas veces y, además, le falta un miembro desde hace casi un año por la dimisión de uno de ellos. A todo esto, se une que tiene asuntos pendientes de resolver desde hace años, leyes tan importantes como la del aborto o la reforma que introdujo la prisión permanente revisable en el Código Penal.

Para empezar, hay que recordar que el Constitucional no forma parte del Poder Judicial. Varios juristas expertos en Derecho Constitucional consultados por este periódico coinciden en señalar que se trata de un "órgano político". Es el máximo intérprete de la Constitución española de 1978 y su tarea es decidir si los tratados internacionales, las leyes y el resto de normas que se van aprobando en todos los niveles del Estado se atienen a la Ley Fundamental o si invaden competencias que le corresponden a otros. Además, cualquier persona puede solicitar un recurso de amparo cuando considere que se han vulnerado sus derechos reconocidos en la Carta Magna. En los últimos años, se ha convertido en un campo de batalla política más, con partidos recurriendo decisiones del gobierno de turno como forma de hacer oposición.

Los miembros del Constitucional se llaman magistrados, pero no todos son jueces. De los doce que lo componen, cuatro son elegidos por el Congreso, otros cuatro a propuesta del Senado, dos por el Gobierno y dos más por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Todos deben ser “juristas de reconocida competencia, con más de quince años de ejercicio profesional” y en ese grupo pueden entrar tanto jueces como fiscales, profesores de universidad o incluso abogados. Son nombrados por un periodo de nueve años, pero se van renovando de forma escalonada, por tercios cada tres años y en las Cortes Generales la mayoría necesaria para las designaciones es de tres quintos, por lo que, como pasa con los vocales del CGPJ, hace falta un consenso amplio que pasa casi necesariamente por el acuerdo entre los dos principales partidos.

Mandato caducado y un miembro menos

El bloqueo institucional que el PP mantiene desde hace más de dos años ha llevado a que la situación también afecte al Tribunal Constitucional. Desde noviembre de 2020, cuatro magistrados vieron agotado su mandato. Son los que fueron elegidos por el Congreso: el actual presidente de la institución, Juan José González Rivas; la vicepresidenta, Encarnación Roca; y los magistrados Andrés Ollero y Fernando Valdés. Así, el TC funciona desde hace ya ocho meses con magistrados "en funciones" que aún así siguen participando en el debate diario de los recursos de amparo que les van llegando, algunos tan importantes como el mencionado sobre el primer estado de alarma. La posición de Roca fue, de hecho, determinante para la decisión final de declarar inconstitucional la parte del decreto relativa al confinamiento domiciliario. Además, el presidente puede hacer uso de su voto de calidad en caso de empate.

A todo esto, se suma que desde octubre de 2020 el órgano está funcionando con un miembro menos. Fernando Valdés dimitió de su cargo por una imputación de malos tratos a su esposa. Suya era en un principio la ponencia sobre el primer estado de alarma y, según fuentes jurídicas, sus conclusiones eran radicalmente distintas a la ponencia que finalmente ha correspondido al conservador Pedro González-Trevijano y que se ha aprobado en el Pleno. La dimisión de Valdés, que fue elegido a propuesta del PSOE, llevó al presidente a repartir de nuevo este asunto, que recayó en el citado magistrado, propuesto por el PP.

El Constitucional, así, está funcionando con un miembro menos de lo que debería y el bloqueo político, que no parece que vaya a encontrar solución a corto plazo, hará que continúe en estas circunstancias para decidir sobre otras cuestiones trascendentales como es el segundo decreto de estado de alarma, el que duró seis meses para que las comunidades autónomas pudieran introducir medidas como el toque de queda o los cierres perimetrales de sus territorios. El debate se espera para el próximo otoño y la ponencia en este caso ha recaído en el también conservador Antonio Narváez, quien votó a favor de declarar inconstitucionales partes del primer decreto, por lo que no parece descabellado pensar que sus conclusiones serán similares en esta ocasión.

Fractura en el tribunal

El debate sobre el primer estado de alarma ha sido largo y agrio. Dos Plenos ha llevado que una mayoría de seis determinara que el confinamiento domiciliario general fue inconstitucional al decretarse bajo estado de alarma y no de excepción. Sin embargo, esta postura ganó por un solo voto, pues otros cinco magistrados se posicionaron en contra y defienden en sendos votos particulares que el estado de alarma fue la fórmula jurídica adecuada. No es infrecuente que haya magistrados que estén en contra de lo que opina la mayoría, pero lo que no se da muy a menudo es una división tan clara. 

Faltaba Fernando Valdés, cuya postura habría estado previsiblemente del lado de avalar el estado de alarma del Gobierno de Pedro Sánchez y esto habría generado un empate a seis que el voto de calidad del presidente habría dirimido. González Rivas también forma parte del grupo que no estaba de acuerdo con la ponencia de González-Trevijano y por eso ha formulado su voto particular.

El debate en el TC excedió las diferencias entre los llamados conservadores y los considerados progresistas –en función de si fueron designados a propuesta del PSOE o del PP–. Todos los que se posicionaron a favor de la inconstitucionalidad fueron elegidos a propuesta del PP, a excepción de Encarnación Roca, que lo fue a propuesta del PSOE aunque con el aval de CiU; mientras que entre los que defienden la postura contraria están tres progresistas –Cándido Conde-Pumpido, María Luisa Balaguer y Juan Antonio Xiol– y dos conservadores –Juan José González Rivas y Andrés Ollero–.

Según explica Joaquín Urías, profesor de Derecho Constitucional y exletrado del tribunal de garantías, en este artículo publicado recientemente en Ctxt, "los tribunales constitucionales son necesariamente órganos políticos", pues su tarea "no es aplicar una ley existente sino interpretar la Constitución para concretar sus mandatos, a menudo abiertos o genéricos". "Por ejemplo, cuando el artículo 15 de nuestro texto dice que todos tienen derecho a la vida la interpretación de si ese genérico todos incluye a los embriones fecundados en el interior de una mujer o sólo a las personas no es estrictamente jurídica. Sólo a partir de la ideología de cada magistrado, de su comprensión del mundo y de su percepción de la realidad social puede determinarse si la Constitución permite o prohíbe el aborto, el matrimonio homosexual o la negación del genocidio. Muchos casos como estos recorren el texto y se superponen a las cuestiones exclusivamente jurídicas", remarca.

A su juicio, "un buen Tribunal Constitucional debe estar compuesto de grandísimos juristas, elegidos con conocimiento público de su ideología y capaces de ser independientes", porque "para que sea un auténtico tribunal debe ser político, pero no partidista", y así, "puede estar politizado pero ha de ser totalmente independiente frente a los partidos políticos". Sin embargo, lamenta que "la deriva del Tribunal Constitucional español está muy lejos de ese ideal".

Para Urías, "cada vez se eligen más magistrados con menos conocimientos jurídicos y más sumisos a sus partidos". Una reflexión con la que está de acuerdo Fernando Flores, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Valencia, para quien el nivel jurídico del tribunal es cada vez más bajo y en los últimos años se eligen magistrados con más "apego" a la voz del partido que los propone. En su opinión, poco a poco instituciones tan importantes como el Constitucional se van cubriendo con personas que "no tienen autonomía" ni la preparación "académica" que se exigiría a un magistrado del tribunal de garantías. "Cuanto más mediocre es un jurista, más atemorizado vive de perder sus privilegios inmerecidos", apunta Urías.

Los recursos que se eternizan

El Tribunal Constitucional ha tardado más de un año en pronunciarse sobre el primer estado de alarma. Más de un año después de que éste terminara. Y sacará su sentencia sobre el segundo previsiblemente un año después de que empezara y meses después de su finalización. Con estos plazos, cabría preguntarse de qué sirve un pronunciamiento tan tardío, si ya pocos efectos puede tener, más allá de servir de guía ante futuras situaciones similares. Pero un año no es ni mucho menos un plazo excesivamente largo, si atendemos a la historia de este órgano cuando ha dictado sentencias sobre otros asuntos tan espinosos como este.

La ley del aborto que aprobó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero lleva ya once años encima de la mesa del TC. El recurso de inconstitucionalidad lo presentó el PP en 2010, pero después, en los siete años que este partido estuvo en el poder, no derogó la norma. Este era uno de los motivos por los que el Constitucional había ido retrasando su pronunciamiento, según contó en una entrevista al diario El País un presidente del órgano, Francisco Pérez de los Cobos: "Me hubiera gustado que en mi mandato se hubiera resuelto el recurso. Pero había un Gobierno que acababa de ganar las elecciones, que tenía mayoría absoluta, que llevaba en su programa electoral la reforma de la ley del aborto y que anuncia, además, que va a llevarla a cabo. Consulté al pleno y se entendió que si se aprobaba la reforma que estaba anunciada, el recurso iba a perder sentido. Y, por consiguiente, era mejor esperar". 

Esa reforma profunda nunca se hizo. El Gobierno de Mariano Rajoy tan sólo promovió una modificación mínima para exigir el consentimiento de los padres en los casos de las jóvenes de 16 y 17 años que quieren abortar. Y desde que el PP presentó el recurso de inconstitucionalidad, el TC ha tenido cuatro presidentes (María Emilia Casas, Pascual Sala, Francisco Pérez de los Cobos y el actual, Juan José González Rivas). Ahora, el Ministerio de Igualdad que dirige Irene Montero ha anunciado una nueva reforma de la ley del aborto que ampliaría contenidos, como la regularización de la objeción de conciencia y eliminará los tres días de reflexión así como la necesidad del permiso paterno para jóvenes de 16 y 17 años.

El mismo camino lleva el recurso que presentó toda la oposición hace seis años contra la introducción de la prisión permanente revisable en el Código Penal. Uno de los partidos firmantes, el PSOE, está en el Gobierno desde hace más de tres años y, de momento, no se plantea tocarlo. La primera ministra de Justicia en el Ejecutivo de Pedro Sánchez, Dolores Delgado, ya dijo en 2018 que esperarían a que se pronuncie el Constitucional. Mientras tanto, una quincena de presos ya cumplen esta condena y algunas de las sentencias han sido confirmadas por el Tribunal Supremo.

No son los únicos casos de sentencias que se hacen esperar. La resolución sobre el Estatuto catalán –que declaró inconstitucionales catorce artículos de la norma y sujetos a la interpretación del tribunal otros 27– tardó cuatro años; la de la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como ley mordaza –avalada casi en su totalidad–, cinco años; y la de la Ley que regula el matrimonio entre personas del mismo sexo –también avalada–, siete años.

Joaquín Urías, quien se conoce bien los entresijos del TC al haber sido letrado durante seis años, explica que en este órgano entran aproximadamente 7.000 asuntos al año. Son cifras que considera "desproporcionadas" para cualquier organismo. Y eso que, según calcula Fernando Flores, más del 90% de las demandas no se admiten a trámite, de acuerdo con la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional de 2007, que previó que los recursos debían tener relevancia constitucional para ser admitidos, todo ello con el objetivo de agilizar los procedimientos.

España ha apoyado el ascenso del Vaticano a miembro permanente de la Asamblea Mundial de la Salud, que se celebra en Ginebra, aunque este año de forma virtual por culpa del coronavirus. Desde 1953, la Santa Sede participa en el máximo órgano de decisión de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sólo por invitación personal de su director general y como observador. Pero su intención es ganar protagonismo y lo va a conseguir gracias a Italia, que elaboró una resolución para concederle un puesto permanente.

Se garantiza así su participación en todos los grupos de trabajo y el derecho a “copatrocinar” proyectos de resoluciones y decisiones en cualquier ámbito. Según ha publicado openDemocracy, un medio de comunicación independiente con sede en Londres, la solicitud contaba con el apoyo de Polonia y Hungría, dos de los países europeos con gobiernos ultraconservadores en materia de derechos sexuales, reproductivos y LGTBI. No obstante, el pasado 12 de mayo, Italia suavizó su propuesta, de forma que la Santa Sede se convierta en observador permanente, pero pueda copatrocinar únicamente decisiones que hagan referencia al propio Vaticano.

Ése es el estatus, rebajado, que el Gobierno español secunda, tal y como explica el Ministerio de Asuntos Exteriores a preguntas de infoLibre. El mismo de que disfruta la Santa Sede en la Asamblea General de las Naciones Unidas, “así como otros observadores en la OMS como Palestina”. También asegura el departamento dirigido por Arancha González Laya que ha hecho “las gestiones oportunas para que esto se refleje en el texto de la resolución” italiana.

Según puede comprobarse al comparar el borrador inicial y el texto definitivo, publicados por openDemocracy, Italia pretendía en un principio que el Vaticano tuviera derecho a publicar y hacer circular todo tipo de comunicados “directamente, sin intermediarios” y con la categoría de “documentos oficiales”. También que pudiera participar en cualquier grupo de trabajo o de redacción. Además, el texto reconocía el “extenso compromiso de la Santa Sede en la promoción de los cuidados de salud así como en las medidas públicas para afrontar emergencias humanitarias, pandemias y otras emergencias sanitarias públicas, incluyendo la reciente pandemia del SARS-COV-2”. Todo ello ha desaparecido del texto final a la búsqueda de mayores apoyos.

El Gobierno español no ha querido precisar si también respaldaba la primera redacción de la iniciativa italiana, alegando que las “consultas informales” en las que se ha negociado el documento son “confidenciales”. Pero sí indica que “se une al consenso existente entre los socios de la Unión Europea” para que la Santa Sede obtenga estatus de observador permanente cuando se le pregunta si se “siente cómodo” compartiendo iniciativas con países como Polonia y Hungría. “España promueve la salud y los derechos sexuales y reproductivos, así como los derechos humanos LGTBI en todos los foros internacionales en los que participa”, resume el ministerio.

La resolución italiana fue presentada el pasado jueves en la Asamblea Mundial de la Salud. Junto a Italia aparecen como copatrocinadores países de la UE como Alemania, Austria, Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, Grecia, Malta, Portugal, República Checa y Rumania. También los miniestados de Andorra, San Marino y Mónaco. Además de países de América Latina: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Perú y República Dominicana. Los que más llaman la atención: países musulmanes como Arabia Saudí, Argelia, Bahrein, Bangladesh, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Indonesia, Kuwait, Líbano, Marruecos, Omán, Pakistán y Qatar. También India y Japón o Filipinas y Sudáfrica aparecen en la lista. Pero no España.  Aun así, ha votado a favor del nuevo estatus vaticano. “Nos sumamos al consenso, pero no copatrocinamos, como tampoco lo han hecho Francia, Suecia, Dinamarca o Países Bajos”, aclaran. La resolución italiana fue aprobada en comité la semana pasada y en el plenario de la Asamblea Mundial este lunes.

Alineado con los países integristas

“No me parece oportuna la presencia del Vaticano en esos foros, sobre todo cuando se trata de temas sensibles como la salud reproductiva, por ejemplo”, opina el teólogo Juan José Tamayo. Los planteamientos de la Iglesia católica en asuntos como la anticoncepción, el aborto o los modelos de pareja y de familia, explica, son “muy regresivos y muy retrógrados”. Y represivos contra las mujeres: “El Vaticano es una unipatriarquía, regida sólo por varones que ostentan el poder absoluto y elaboran los dogmas y la doctrina, marcan las orientaciones morales y estructuran organizativamente la institución, cuya constitución establece además que el Pontífice ostenta los tres poderes y nadie puede apelar en su contra”, reflexiona el teólogo. “No se puede ir a estos órganos [internacionales] con esa actitud”, resume Tamayo, tras advertir también del peligro de confundir “delito y pecado”.

Es más, en los foros internacionales donde participa, el Vaticano no ha tenido problema para “hacer piña”, dice Juan José Tamayo, con los países musulmanes más integristas. “La experiencia nos dice que en algunos acuerdos las posiciones ultraconservadoras de la Iglesia católica sobre los derechos de las mujeres se han alineado con las de los países islámicos, y no por coincidencia ideológica, sino porque tienen una visión similar en materia de salud sexual y reproductiva”, corrobora la directora de la Federación Mujeres, Marisa Soleto. De hecho, asegura que, si las resoluciones aprobadas en la Conferencia de Pekín de la ONU en 1995 “se quedaron cortas” en derechos reproductivos, pese a los avances en otros asuntos como la violencia de género, “se debió a la influencia del Vaticano”. Porque, para conseguir cierto nivel de consenso, hubo que “limar aristas” y “rebajar el nivel de reivindicación”, recuerda aludiendo a la influencia católica en algunos estados. “Esperemos que, en la OMS, que ha tenido un papel relevante en el reconocimiento del derecho a decidir y en ligar la salud materno-infantil a los derechos sexuales y reproductivos, esa posición no se vea afectada”, advierte, “pero tendremos que estar vigilantes”.

La doctrina de la Iglesia católica no ha cambiado 

Óscar Escolano, coordinador del Grupo de Fe y Espiritualidad de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales, se muestra confiado, por el contrario, en que la influencia del Vaticano no afecte a los avances recién conseguidos en la OMS, como el cambio de clasificación de la transexualidadcambio de clasificación de la transexualidad, que ha dejado de ser considerada como disforia de género, una enfermedad mental, para pasar a la categoría de problema de salud sexual. Lo mismo ha reconocido el Manual Diagnóstico y Estadístico de Enfermedades Mentales (DSM), elaborado por la Asociación Americana de Psiquiatría. “Ahí poco puede hacer el Vaticano”, zanja. Sí le preocupan las consecuencias que quizá tenga la influencia católica en los derechos de las lesbianas a la reproducción asistida.

En lo que no confía Escolano es en que el discurso más comprensivo con los homosexuales del papa Francisco se traduzca en una política institucional más abierta de la Santa Sede en los organismos internacionales. “Una de cal y otra de arena: declaraciones positivas de las que luego se retracta y una doctrina que, en realidad, no ha cambiado”, concluye. Juan José Tamayo le da la razón. “El papa puede decir misa”, bromea, “porque el Derecho Canónico no ha cambiado, y los representantes del Vaticano no irán a la OMS con las declaraciones del pontífice, sino con el Derecho Canónico”. El teólogo recalca que esas manifestaciones “no se plasman en leyes” y la doctrina sigue “prohibiendo los anticonceptivos, considerando la homosexualidad una perversión y el Derecho Canónico sigue excomulgando”.

Sobre el apoyo de España a la presencia aumentada de la Santa Sede en un foro como la OMS, Juan José Tamayo aclara que el Gobierno no viene obligado a ello por sus acuerdos con la Iglesia católica. Que se refieren exclusivamente a cuestiones económicas, culturales, jurídicas –el reconocimiento del matrimonio canónico como unión civil– o educativas –la obligación de enseñar Religión en las escuelas–, así como a la renuncia del rey a nombrar obispos. En cambio, cree que el Ejecutivo está concediendo a la Iglesia “un nuevo espacio para exponer con voz y con poder sus planteamientos, que no se mueven en el ámbito de una ética cívica, pluralista y tolerante, sino todo lo contrario”.

La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB) considera las palabras del papa Francisco sobre los homosexuales como "un paso adelante" pero le piden otro más "valiente: que abra la puerta al matrimonio canónico, que puedan casarse por la Iglesia".

"Es un paso adelante que el papa reconozca a las familias, que las parejas del mismo sexo puedan casarse y sean consideradas familias, habla de no discriminar a las personas homosexuales pero echamos de menos un paso más valiente", ha subrayado el coordinador del grupo de fe y espiritualidad de FELGTB, Óscar Escolano, en declaraciones a Europa Press.

En concreto, le piden "que las personas homosexuales que quieran acceder al sacramento del matrimonio tengan igualdad" con respecto a las parejas formadas por un hombre y una mujer.

"Decimos que es un paso adelante pero con mucha cautela porque no nos abre la puerta al sacramento del matrimonio canónico, a casarnos por la Iglesia", ha explicado Escolano.

Tampoco se sienten acompañados por la Iglesia como institución, según ha añadido, pues "sigue sin haber una pastoral para personas LGTBI" y están a la espera de ver si las palabras del papa Francisco se quedan "solo en unas declaraciones" o si "va a haber un cambio", sobre todo, en "algunos jerarcas".

En todo caso, desde la FELGTB han acogido "con mucha alegría el debate que ha surgido dentro del colectivo creyente" y celebran la "repercusión" que han tenido las palabras al ser pronunciadas por el papa.

"Es un paso adelante para las personas LGTBI dentro de la Iglesia, quita esa carga de pecado, pues la Iglesia considera que nuestro amor no es legítimo pero esto nos hace ver que el papa apoya que puede haber amor y que la unión se puede legalizar", ha precisado.

Asimismo, consideran que el apoyo del papa Francisco "invita a otros países a que legislen en favor de las uniones civiles" de parejas del mismo sexo.

"Una sociedad decente es la que no humilla a sus miembros". Con estas palabras clausuraba el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero el debate parlamentario en torno a la ley del matrimonio igualitario. La Cámara Baja daría luz verde a la norma después de una segunda votación y con el apoyo de 187 votos a favor, incluido el de la diputada conservadora Celia Villalobos. En el extremo opuesto se encontraba el Partido Popular y la entonces Unió Democràtica de Catalunya: juntos sumaron 147 votos en contra. La votación definitiva fue un 30 de junio de hace ahora quince años. España empezó a presumir de ser el cuarto país del mundo en contar con una ley de tales características. Una victoria para el colectivo y para la ciudadanía en su conjunto. "Nos hace mejores a todos", dijo el entonces presidente socialista.

El matrimonio igualitario fue una de las grandes promesas electorales del Partido Socialista el mismo año en que consiguió llegar al poder. Así lo indicaba la formación en la página 32 de su programa: "Modificaremos el Código Civil a fin de posibilitar el matrimonio entre personas del mismo sexo y el ejercicio de cuantos derechos conlleva, en igualdad de condiciones con otras formas de matrimonio, para asegurar la plena equiparación legal y social de lesbianas y gays".

El Gobierno de Zapatero llevó la propuesta al Congreso de los Diputados y en abril de 2005 salió adelante por mayoría. El problema llegó del Senado, donde los conservadores contaban con una representación mayoritaria. La Cámara Alta vetó el texto. Como consecuencia, el proyecto volvió entonces al Congreso el 30 de junio de 2005. Esta vez cosechó la mayoría absoluta necesaria para superar todas las trabas: el veto se levantaba y daba vía libre a su entrada en vigor.

Tan sólo dos meses después, a finales de septiembre, medio centenar de diputados conservadores presentaron un recurso ante el Tribunal Constitucional. Fue admitido a trámite, pero no resuelto hasta siete años después. Con ocho votos a favor de la reforma y sólo tres en contra, la formación conservadora perdía la batalla. Y ganaban otros muchos. Desde entonces y hasta el año pasado se han registrado un total de 54.258 matrimonios entre personas del mismo sexo. En 2019, según el adelanto provisional del Instituto Nacional de Estadística (INE), se batió el récord con 5.108 enlaces.

Ana Cabeza y Gema Segoviano el día de su boda.

Una de esas parejas es la formada por Gema Segoviano y Ana María Cabeza. Ambas se turnan para hablar al otro lado del teléfono. Calculan en voz alta la edad que tendría cada una cuando contrajeron matrimonio. "Si yo tenía 45 años, tú tenías diecisiete menos", dice Cabeza. "Sí, ¿pero ya había sido mi cumpleaños?", replica Segoviano. Fueron las primeras mujeres que decidieron casarse en Segovia, aunque las dos son madrileñas. Se mudaron porque entonces el precio del alquiler en la capital era inasumible. "Cuando aprobaron la ley todavía no estábamos viviendo juntas, pero esperábamos con mucha ilusión que saliera", dicen en conversación con este diario. Mientras preparaban la mudanza hacia la comunidad vecina, la ley salió adelante y lo celebraron. De hecho, hubo una segunda celebración: cuando el Tribunal Constitucional resolvió el recurso del Partido Popular. "Yo lloré", reconoce Segoviano, "porque la sensación era que todavía tenías que vivir con una espada de Damocles".

La ley salió adelante, recuerda la pareja, pero el problema es que "había un desfase" respecto a la sociedad. Todavía hacía falta pedagogía. Los familiares de uno y otro lado no acudieron a la boda. "Nos casamos el 9 de diciembre de 2005 y la ceremonia fue muy bonita, incluso después la gente nos aplaudió, pero las familias no quisieron participar". Sólo un hermano de Gema Segoviano y una amiga íntima de Ana María Cabeza asistieron al enlace. El progreso había sido inmenso, pero todavía quedaban muchas contiendas por librar.

La casilla de salida

Santiago Rivero también recuerda con nitidez aquel año. Él nació en 1988 en un pueblo de la sierra de Huelva. "En ese momento estaba dentro del armario", dice en conversación con infoLibre. "La verdad es que sentía atracción por los chicos, pero no me había planteado que podía ser gay", reconoce. Aunque pueda parecer una contradicción, la lógica se repetía en las cabezas de muchas personas dentro del colectivo: "No es lo normal, ya se me pasará".

Entonces, recuerda Rivero, aquello "no se hablaba ni en los centros educativos, ni en casa, ni en la televisión". En consecuencia, los más jóvenes carecían también de cualquier tipo de referente. "Tienes un dilema interno y no sabes muy bien qué te pasa", lo resume el ahora activista y secretario de Cogam. Con el proyecto del equipo socialista se introdujo no sólo el debate, sino también la clave para llevar a lo público lo que hasta entonces había sido privado. "Teníamos debates en clase de Filosofía", recuerda Rivero, entonces estudiante de Bachiller. Aquello, admite, lo vivió como algo más académico que social, más ajeno que propio. "Pero en el fondo sabía que sí me afectaba".

Y a partir de ahí, se empezó a hacer evidente que las personas del colectivo existían, que siempre había estado ahí. "Estábamos como escondidos, en nuestros barrios o en nuestros locales", observa el activista, pero entonces aquel adolescente empezó a ver. "Empecé a ver, sobre todo en las ciudades, a más parejas de la mano, más campañas, más carteles. Una explosión que a mí mismo me hizo ver que no era algo pasajero". Fue el principio de un proceso, salir del armario, que para Rivero duró dos años. "Toda la vida te dicen que esto está mal, lo primero que haces es culpabilizarte, preguntarte por qué soy así, qué puedo cambiar para ser como la sociedad exije", relata. Aquel 2005 fue la casilla de salida para muchos.

Fefa Vila tiene exactamente veinte años más que el joven onubense. Conserva el recuerdo de aquel año marcado por el activismo y en consecuencia retiene alguna anécdota de las acciones contra las manifestaciones ultracatólicas en la capital. "Lo recuerdo con una gran ilusión, no tanto por el matrimonio, sino porque se abría la posibilidad de hablar de todas las modalidades familiares que estaban surgiendo y que no estaban reconocidas socialmente". Finalmente Vila se casó, un año después de la aprobación de la norma, por un motivo de peso: "Quería tener una hija". Cuando se para a pensar, dice abrumada, no parece que haya pasado tanto tiempo.

A partir de aquel momento se empiezan a "visibilizar vidas diferentes", se reconocen "amores muy diversos", pero sobre todo se abre "un escenario mucho más amplio para discutir las relaciones: qué familias existen, quiénes las forman y qué significa la crisis de familia como institución".

También Lorenza Machín lo vivió desde la militancia. En su caso, todavía dentro del armario. Ella nació en 1946 y estuvo casada con un hombre durante más de cuatro décadas. "Me divorcié con 58 años y con 60 me enamoré de una mujer", relata a este diario. Peleó por el matrimonio igualitario, pero no desde la trinchera del colectivo, sino de su mano. "Yo estaba implicada en la lucha LGTBI sin quitarme el velo", rememora. "Colaboraba con ellos, participaba en las manifestaciones y más tarde me di cuenta de que mi vida era con una mujer".

Machín recuerda las multitudinarias movilizaciones primero y las grandes fiestas después. De todo formó parte. Pero no fue hasta pasada más de una década que hizo uso de la norma: en septiembre del año pasado. "Yo siempre digo que nos casamos el primer día que nos encontramos, que una persona no tiene que decidir nuestra unión, pero finalmente lo hicimos", añade la activista. Y lo hicieron, dice, entre mucho "ruido para que se enterase todo el mundo: estábamos haciendo activismo mostrando al mundo que dos señoras mayores que se querían habían decidido casarse". Ambas, presume Machín, tuvieron "la fuerza y el coraje de salir a la calle a decirlo". Fue posible gracias a la reforma aprobada hace ahora quince años.

Debate político, público y social

El año de la aprobación del matrimonio igualitario fue también una "época muy bonita para el colectivo", que vio cómo sus demandas sí tenían cabida en el debate público y político. "Tuvimos la suerte de encontrarnos con un presidente que en ese momento fue valiente", señala Santiago Rivero. Y que llevó hasta el final una promesa con la que "ni la iglesia ni los movimientos ultraconservadores pudieron". Al mismo tiempo marcó "un antes y un después en lo que se refiere al debate político: supuso que las personas LGTBI empezaran a ser sujeto de derechos". Se empezó a tomar conciencia de ellos "globalmente, como población, como comunidad". Y aquello, reflexiona el activista, fue clave para empezar a fortalecerse.

Fefa Vila bebe del activismo feminista y comulga con un sector especialmente subversivo del movimiento LGTBI. "Teníamos una crítica fundamental a la relación de pareja heterosexual y al concepto de familia, enraizada en toda una tradición de discriminación de la mujer, reproducción de roles de género y como célula principal del funcionamiento del sistema capitalista", explica la socióloga. "Mi generación política, mi activismo político, hacía una crítica a la heterosexualidad en cuanto sistema que jerarquiza las relaciones sexuales y de género". Entonces, ¿por qué querer imitar aquello que era objeto de crítica? "Porque supuso la apertura hacia un modelo que en sí acentuaba la crisis de la familia y de las relaciones heterosexuales" introduciendo "nuevos sujetos políticos". La victoria, observa Vila, "fue de todos los grupos y personas" que en aquel momento luchaban por abrir ese debate. "La consecución de esos derechos es un logro de todo el movimiento de gais y lesbianas, hayan pactado o no en los despachos. Fue nuestra acción política la que hizo vertebrar nuevos discursos en la sociedad", remacha la activista.

Los avances en materia legislativa sirven, en esencia, para recoger el sentir de la ciudadanía pero también, en ocasiones, para conducir hacia situaciones de dignidad. El debate que generó la ley sirvió en esencia para integrar al colectivo en la normalidad que hasta entonces le había sido negada. Santiago Rivero lo expresa así: "Se vio que no sólo éramos el bicho raro, sino también el politólogo, el periodista, el obrero de la fábrica, el librero y el artista. Que no éramos diferentes".

Los retos legislativos siguen estando presentes quince años después. Rivero cita tres: la ley LGTBI, la ley trans y la ley de igualdad de trato. "Un cambio tan masivo como el de entonces es complicado, no tanto por los cambios legales sino porque fue la primera vez que se legislaba para la población LGTBI". Sin embargo, recalca el activista, "el mayor avance en dignidad se tiene que dar ahora con las personas trans, especialmente las mujeres". De nuevo, el desafío político y el debate social caminan de la mano, en la búsqueda de herramientas que permitan dotar de derechos a todas las personas sin excepción.

Unas 200.000 personas han participado este sábado en la marcha del Orgullo de Taipei, la primera en Taiwán desde la aprobación hace cinco meses del matrimonio homosexual. En la marcha han predominado las banderas arcoiris y mensajes como "Buenos vecinos", "Amor" o "Diversidad", según informa Europa Press.

La marcha, convocada por más de 200 organizaciones bajo el lema "Los gays son buenos vecinos", ha culminado frente a la sede de la Presidencia de Taiwán. "Hemos hecho un gran trabajo con la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo", ha destacado Ken Tsai, un vecino de Tainan que se ha desplazado a Taipei junto a su pareja del mismo sexo para participar en la marcha. "Debemos coordinarnos para afrontar paso a paso cuestiones vinculadas", ha argumentado.

Así, los convocantes reivindican intervenciones en cuestiones como la educación por la igualdad de género o la ampliación de los derechos para las parejas en matrimonios entre personas del mismo sexo, ya que los los ciudadanos taiwaneses solo se pueden casar con ciudadanos extranjeros del mismo sexo en cuyos países también sea legal el matrimonio homosexual, según denuncia la Alianza de Taiwán para Fomentar los Derechos Civiles de las Parejas.

"En Taipei puedes salir a la calle, ser tú mismo y sentir orgullo de quien eres", ha explicado un chileno residente en Bangkok, Camilo Viñales, de 29 años, que ha viajado a Taipei para participar en la manifestación, considerada la más importante de Asia.

Si hoy regresara a casa con aquella mujer que fue mi amiga en la adolescencia, en esa época en que el mundo se revela y uno se rebela frente al mundo, mi mejor amiga durante mucho tiempo, entendería enseguida o, al menos, sabría preguntarle qué es lo que sucedió, ¿fue en ese momento?, y no se atrevió ni a contarme. Entonces, antes de ayer, en 1995, la homosexualidad era algo a esconder en la mayoría de las familias, porque en los noventa ya éramos todos muy modernos, pero no adentro de cada casa. Una noticia que los padres, incluso los grupos de amigos con sus roles bien establecidos en torno a chicos y chicas, con sus bromas de hombres y mujeres, su machismo impertinente y bien adquirido y su religión acordonando las raíces, siendo para lo demás sumamente abiertos, no sabían recibir.

¿A cuánta gente no hemos tendido el abrazo?

Alguien decía en el programa El Objetivo de laSexta el otro día en una mesa sobre el Orgullo que cada vez que conocía a alguien era una nueva salida del armario: a ver cuánto tarda en averiguar cómo soy. Jamás he tenido que decirle a nadie: "Hola, me llamo Aroa" y, desde ese segundo, medir el tiempo que se demora en averiguar si me gustan los hombres o no me gustan. Esa tensión nunca ha estado en mi vida. Ni esa ni las graves tensiones. El primer Orgullo se celebró en Madrid en el año 1978. Un año después, se legalizó la homosexualidad en España, aunque hasta 1995 no se eliminaron todas las leyes homófobas. El mismo año en que regresábamos por ese camino. En 2004, el matrimonio igualitario llegó a nuestro país pero, desde mucho antes y también después, el camino está siendo largo para los derechos de los colectivos LGTBI. Tanto es así, que vuelven a cuestionarse territorios adquiridos tras el acceso de la extrema derecha que representa Vox: grotesco es elegir el sufrimiento frente a la felicidad.

La voz que quiere firmar esta columna no puede explicar nada acerca de la libertad, y reconoce que se siente insegura aquí, es más bien la de alguien que ha necesitado de la gran visibilización y de la lucha de miles de personas en este país y en otros para conseguir ser ellos mismos para abrir los ojos delante del otro que es diferente. La manifestación de este sábado es una reivindicación de la luz de todos aquellos que durante años vivieron en la oscuridad.

Orgullo significa satisfacción por los logros que uno ha conseguido. Pero también significa amor. Y significa autoestima. Mi amiga me pareció muy feliz cuando, hace unas semanas, coincidí con ella después de muchos años en el ascensor de un supermercado. Iba con su mujer y sus tres niños. Nosotras dos nos alejamos, como se alejan tantas amistades por cosas que nada tienen que ver con la relación. La dejé sola y sin abrazo en medio de una juventud seguramente difícil. Ojalá aquella noche hubiera sabido algo, hubiera sospechado algo, hubiera tenido una mínima sensibilidad y educación, pero la poca visibilización de aquella época y en ciertos lugares me convirtieron en una completa ignorante.

Gracias por enseñarme a pensar. A sentir.

Este sábado, mucho Orgullo.

El Tribunal Económico-Administrativo Regional de Extremadura (TEA) ha corregido la decisión de la oficina de la Agencia Tributaria en Mérida y ha reconocido el derecho a cobrar la deducción por maternidad a una madre lesbiana a quien se le había denegado por considerar que "no era la madre natural" de su hijo, informa Europa Press.

Este fallo ha sido presentado este viernes en rueda de prensa por parte de la coordinadora del área de familias de la Fundación Triángulo, Silvia Tostado, y el abogado Fernando Gómez, junto con dos familias afectadas. Dicho fallo es el primero de este tipo aprobado en Extremadura y hace referencia a que, en la Agencia Tributaria de Mérida, se "ha puesto resistencia" a conceder la deducción por maternidad a madres que, aunque cumplan los requisitos, son lesbianas y pueden no haber sido las gestantes de sus bebés, han expuesto los comparecientes.

La deducción por maternidad es una ayuda aprobada por el Gobierno que reconoce el derecho a cobrar de forma anticipada, o en ejercicio vencido, la deducción en el IRPF de 100 euros mensuales a madres trabajadoras.

"No hay que hacer distinción entre madres biológicas y gestantes"

En esta línea, Silvia Tostado ha afirmado que "no existen tipos de madres", por lo que entiende que no hay que hacer distinción entre madres biológicas y gestantes, ya que "con las familias adoptivas o heterosexuales estas cosas no suceden". En la actualidad, ha apuntado, existen tres casos de este tipo en la ciudad de Mérida, de los que uno de ellos ya ha resuelto su situación con esta sentencia y los otros dos están a la espera, por lo que la Fundación Triángulo ha puesto de manifiesto que los tres expedientes llevados a cabo en Mérida tenían en común ser madres en pareja con otras mujeres.

En concreto, el fallo dado a conocer este viernes hace referencia al caso de María Moruno, una madre que solicitó en enero de 2016 a la Agencia Tributaria de Mérida la deducción por maternidad tras haber tenido su primer hijo el mes anterior y, tras enviar la solicitud, esta entidad le denegó la ayuda alegando que "no era la madre natural" por no haber gestado al bebé. Tras varios intentos de reclamación a la Agencia Tributaria, Moruno decidió empezar una reclamación por la vía judicial, ante la oposición de un funcionario a resolver su situación.

Además, esta madre informó a la Agencia Tributaria de la existencia de varias sentencias en Valencia, Andalucía y Cataluña sobre este tema, a lo que el funcionario respondió que "no podía hacer nada". Por su parte, el otro caso que aún espera respuesta es el de María Calle, a quién tras su primera hija le conceden la ayuda durante seis meses y, sin previa explicación se la retiran, pidiéndole además desde la Administración la devolución del dinero y el pago de una multa. Por ello, y ante la negativa de la Administración de no concederle la ayuda con su segunda hija, Calle ha asegurado que no va a consentir que le deniegue un derecho.

La ley no puede depender del criterio de un funcionario 

También ha intervenido el abogado Fernando Gómez, quién ha asegurado que estas mujeres tienen derecho a cobrar la prestación, ya que una ley no puede tomarse por el criterio de un funcionario, además ha añadido que "las leyes no son arbitrarias". Gómez ha asegurado que es una fallo claro, aunque ha explicado que en el caso de no resolverse los casos abiertos se tomarán otras medidas que se están estudiando, como un "resarcimiento por daños y perjuicios".

También ha destacado que el Tribunal Económico Administrativo (TEA) es un órgano administrativo, no jurídico, por el que hay que pasar para reclamar este tipo de situaciones con la Agencia Tributaria. Además, ha animado a todas las mujeres que han pasado o están pasando por una situación similar a ponerse en contacto con la Fundación Triángulo para "seguir luchando" en algo que les pertenece.

Una pareja de homosexuales ha anunciado este viernes que su boda, el primer matrimonio igualitario en Costa Rica, ha sido suspendida tras la prohibición del Consejo Notarial que impide a los notarios inscribir matrimonios entre personas del mismo sexo, informa Europa Press.

La decisión del Consejo Notarial ha tenido lugar a pesar de las recomendaciones y críticas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha instado a reconocer los derechos de las parejas homosexuales en el país.

"La notaria nos dijo que lo mejor era posponer el matrimonio. Nos impactó bastante", ha manifestado Mario Arias, que tenía previsto casarse con Roberth Castillo y se ha visto obligado a posponer la boda.

"Mi mensaje va dirigido a todas las parejas que estaban esperando para casarse. Estamos seguros de que esto va a pasar y que así como nosotros nos vamos a casar ustedes también se van a casar, entonces tengan la confianza de que todo esto se va a resolver por la vía legal y al final vamos a poder contraer matrimonio y como siempre el amor va a ganar", ha destacado Castillo.

Asimismo, la pareja ha asegurado que presentarán un recurso de amparo contra la decisión del Consejo por inconstitucionalidad, según ha recogido el diario local La Nación.

En este sentido, Arias ha criticado que "lo que está haciendo el Consejo Notarial no es solo no cumplir o no facilitar el cumplimiento, sino impedir que las personas notarias puedan cumplir con el mandato de la Corte", algo que ha tildado de "muy grave".

La notaria de la pareja, Marianella Mora, ha indicado que son respetuosos con las decisiones de las autoridades y que, por ende, deben apegarse a la directriz del Consejo de Notariado.

"No hay mal que por bien no venga. Se abre la vía de una discusión jurídica que es necesaria en el país y que nos permite dar con una decisión definitiva que encaminará al Estado costarricense a un mejor puerto", ha manifestado Mora.

El matrimonio homosexual es ya legal en 26 países de todo el mundo. 15 estados de la Unión Europea, siete en América y otros dos del resto del mundo, a los que se suma Australia, han reconocido hasta ahora la unión civil entre personas del mismo sexo.

El Parlamento australiano ha aprobado este jueves con solo cuatro votos en contra la ley por la que legaliza el matrimonio entre personas de mismo sexo. Esta ratificación obedece a la consulta finalizada el mes pasado, en la cual la inmensa mayoría de la población dijo sí en un referéndum postal que se ha extendido desde agosto.

La antigua Ley de Matrimonios de 1961 fue enmendada en 2004 para precisar que solo pudieran casarse un hombre con una mujer. Desde entonces ha habido al menos 20 intentos políticos de aprobar el matrimonio gay.

El listado completo de países que reconoce estas nupcias es el siguiente: Alemania, Holanda, Bélgica, España, Suecia, Portugal, Dinamarca, Francia, Reino Unido, Luxemburgo, Irlanda, Finlandia, Noruega, Malta, Islandia, Canadá, Estados Unidos, México, Argentina, Brasil, Uruguay y Colombia, Nueva Zelanda, Sudáfrica y ahora Australia.

Aunque el matrimonio homosexual era ilegal hasta ahora en el país oceánico, Canberra reconoció de forma legal en 2014 la existencia de un género "neutro" o "no específico".

A finales de agosto, miles de personas salieron a las calles de Melbourne para expresar su apoyo a la legalización del matrimonio homosexual en la recta final de la campaña para el referéndum.

El primer ministro australiano, Malcolm Turnbull, había aseverado que "antes de Navidad" debían "cumplir con el compromiso" de aprobar las nupcias. Turnbull recalcó entonces que el referéndum ha supuesto "el sello democrático definitivo a este cambio histórico".