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Crisis del coronavirus

¿Para qué sirve entonces el estado de alarma? La pregunta que la sentencia del TC deja sin responder

  • Los magistrados discrepantes coinciden en señalar que en el confinamiento no hubo suspensión de derechos, sino sólo limitación, y que la mayoría se equivoca al situar los estados de alarma y excepción en una escala progresiva
  • También reprochan que la resolución no haga un análisis de proporcionalidad de las medidas tomadas por el Gobierno 
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Publicada el 20/07/2021 a las 14:22 Actualizada el 20/07/2021 a las 18:53
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (d), conversa con el presidente del Tribunal Consitucional, Juan José González Rivas, antes del inicio del acto de homenaje de Estado a las víctimas de la pandemia

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (d), conversa con el presidente del Tribunal Consitucional, Juan José González Rivas, antes del inicio del acto de homenaje de Estado a las víctimas de la pandemia

EFE

"La sentencia de la mayoría no resuelve, sino que crea un grave problema político y sanitario, al desarmar al Estado contra las pandemias". "Para la sentencia, era preferible innovar y considerar que se cumplía el presupuesto de hecho de otro estado, el de excepción, y que se garantizaban mejor los derechos de los ciudadanos suprimiéndolos". "Concurría el presupuesto habilitante para declarar el estado de alarma y no para declarar el estado de excepción". El estado de excepción "tiene claros precedentes referidos a problemas de orden público con notorias connotaciones políticas, el de alarma remite a catástrofes y situaciones como la actual pandemia". La sentencia "genera más inseguridad jurídica de la que intenta combatir y resulta menos garantista de lo que pudiera intuirse al leer el fallo parcialmente estimatorio".

Son algunas de las reflexiones de los magistrados del Tribunal Constitucional (TC) discrepantes con la sentencia que declara inconstitucional el confinamiento domiciliario general del primer decreto de estado de alarma para hacer frente a la pandemia de coronavirus. Las conclusiones de los cinco magistrados llevan a pensar que, según la resolución aprobada, el estado de alarma, la figura prevista en la ley de 1981 para hacer frente a crisis sanitarias, no serviría para una situación de epidemia como la vivida en marzo de 2020, vaciando así de contenido la propia norma.

Las posturas de los cinco magistrados discrepantes son claramente opuestas a las de los seis que sí avalan la sentencia y por eso así lo reflejan en sendos votos particulares, en los que trasladan a papel el intenso y complejo debate jurídico que se extendió en el tribunal de garantías a lo largo de varias jornadas, tras las cuales, una vez constatada la fuerte división y de que las posturas no iban a acercarse, se optó por finalizar la discusión y llevar a cabo la votación, por mucho que ésta quedara muy ajustada.

Los votos particulares, uno de ellos firmado por el presidente del TC, Juan José González Rivas, son diferentes en cuanto a redacción, pero tienen en común tres argumentos con los que muestran su total discrepancia con la sentencia redactada por Pedro González-Trevijano. Por un lado, consideran que la resolución está equivocada al plantear que los estados de alarma, excepción y sitio describen una escala progresiva en función de las restricciones de derechos; en segundo lugar, ven un error afirmar que en el primer estado de alarma se suspendieron derechos, ya que opinan que sólo se limitaron; y, por último, critican que el texto no entra a valorar la proporcionalidad de las medidas aprobadas en el decreto del Gobierno.

Fallos en el planteamiento de los estados de alarma, excepción y sitio

La sentencia defiende que el Ejecutivo de Pedro Sánchez debió declarar el estado de excepción, previsto "cuando el libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos, el normal funcionamiento de las instituciones democráticas, el de los servicios públicos esenciales para la comunidad, o cualquier otro aspecto del orden público, resulten tan gravemente alterados que el ejercicio de las potestades ordinarias fuera insuficiente para restablecerlo y mantenerlo". "Resulta claro que, aunque la causa primera de la perturbación sea una epidemia, la situación que el poder público debía afrontar se ajustaba también a los efectos perturbadores que justificarían la declaración de un estado de excepción. Cuando una circunstancia natural, como es una epidemia, alcanza esas dimensiones desconocidas y, desde luego, imprevisibles para el legislador, puede decirse que lo cuantitativo deviene cualitativo: lo relevante pasan a ser sus efectos, no su causa", explica.

La magistrada María Luisa Balaguer discrepa totalmente. Según recuerda en su voto particular, "la razón del confinamiento domiciliario no era recuperar el orden público ni el correcto funcionamiento de los servicios públicos porque ese funcionamiento normal se vio alterado, precisamente, como consecuencia de esta medida, del mismo modo que quedó alterada la labor del parlamento, o el trabajo en las escuelas y las universidades, o en la administración de justicia". "La razón del confinamiento, y la de otras opciones como los cierres perimetrales o el toque de queda, fue evitar los contagios exponenciales, una medida estrictamente sanitaria, por tanto, cuya finalidad única es prevenir la pérdida de vidas humanas", subraya.

La propia sentencia, según Balaguer, "reconoce que concurrían estos presupuestos fácticos, pero asume que la gravedad de la situación provocada cualificaba los mismos haciendo posible la declaración del estado de excepción". "Como si alarma y excepción fueran situaciones de distinta gravedad dentro de un mismo arco de escenarios de crisis. Pero el legislador no pretendió que los estados de alarma y excepción fueran vasos comunicantes, ni que se pudiera transitar de uno a otro en función de la gravedad de las situaciones de emergencia", afirma.

Uno de los magistrados que se ha mostrado más crítico en este punto con la sentencia ha sido Andrés Ollero. Este exdiputado del PP critica que la sentencia describa "una escala progresiva de mayor incidencia sobre los derechos de los ciudadanos" a la hora de aplicar estas figuras jurídicas, cuando las diferencias entre unas y otras descansa en las causas que llevan a declararlos. Y es que "la realidad ha demostrado que una pandemia puede afectar con más intensidad a determinadas facetas de los titulares de derechos constitucionales que un posible golpe de estado o la invasión de divisiones acorazadas".

Más adelante, lo expone de forma más gráfica: "Cada uno de los estados aludidos podría identificarse con alguna característica peculiar. Una alarma sanitaria tiene como elemento central el riesgo de contagio. En aquellos estados de excepción, afortunadamente lejanos, una saludable multicopista se podía convertir en indicio criminal. En un –por mí, felizmente, no experimentado– estado de sitio, parece aconsejable no acercarse irrazonablemente a los tanques. Si olvidamos rasgos tan elementales, puede que resulte fácil que no acertemos".

En este sentido, el magistrado incide en que el estado de excepción está pensado en la ley para "problemas de orden público con notorias connotaciones políticas" y que el de alarma "remite a catástrofes y situaciones como la actual pandemia". Todos los juicios de proporcionalidad "no están en modo alguno exentos de control" en el estado de alarma de la primavera de 2020 y tal fue así que tanto el Tribunal Constitucional como otros órganos judiciales de menor rango tuvieron que pronunciarse sobre la conveniencia o no de la celebración de manifestaciones por el 1 de mayo.

El ex fiscal general del Estado Cándido Conde-Pumpido abunda en esta idea recordando que "una medida de confinamiento domiciliario puede ser adoptada bajo cualquiera de los dos estados (alarma o excepción), pero el régimen jurídico y las garantías del derecho variarán dependiendo de si nos encontramos ante una restricción (alarma) o ante una suspensión formalmente declarada (excepción)". "Para la sentencia no había que declarar el estado, el de alarma, que mejor se adaptaba al presupuesto de hecho, una pandemia, y que era el que mejor permitía mantener las garantías constitucionales, entre las cuales se encuentra el control de la proporcionalidad de las medidas. No, era preferible innovar y considerar que se cumplía el presupuesto de hecho de otro estado, el de excepción, y que se garantizaban mejor los derechos de los ciudadanos suprimiéndolos", critica.

El presidente del TC centra más su voto particular en defender que el estado de alarma representó "una contribución muy importante para evitar el contagio masivo de una enfermedad entonces desconocida y mortal, produciendo un efecto dirigido a mantener el presupuesto ontológico de todas las manifestaciones humanas, que es la vida y los derechos fundamentales de ciudadanos afectados".

Limitación vs. suspensión de derechos

He aquí uno de los debates jurídicos más extensos que protagonizan tanto la sentencia como los votos particulares. En concreto, si durante el estado de alarma del año pasado hubo derechos fundamentales que se vieron totalmente suspendidos o si sólo fueron limitados. La resolución defiende la primera idea, afirmando que la restricción fue de “altísima intensidad”, lo que llevó de hecho a su suspensión, lo cual excede lo que la ley orgánica permite para los estados de alarma. "Parece difícil negar que una norma que prohíbe circular a todas las personas, por cualquier sitio y en cualquier momento, salvo en los casos expresamente considerados como justificados, supone un vaciamiento de hecho o, si se quiere, una suspensión del derecho", explica el texto, que apunta en el mismo sentido en referencia a la libre elección del lugar de residencia, estrechamente vinculado a ese otro derecho a la libertad de circulación.

Sin embargo, el presidente del tribunal opina que fueron constitucionalmente admisibles aquellas medidas que limitaron la libertad de circulación, "pues no suprimían el ejercicio del derecho y eran proporcionales en la consecución del objetivo público que las justifica". Máxime, añade, "al tener en cuenta que la OMS, desde el primer momento (enero 2020) en una valoración científica y no política, consideró como factores decisivos de la difusión del virus la movilidad y los desplazamientos, así como las reuniones privadas en grupos acumulados". Por eso, recrimina que la mayoría que apoya la sentencia "debería de haber analizado si las restricciones a la libertad deambulatoria obedecían a finalidades legítimas y si se orientaban a ellas de una manera necesaria y proporcionada".

En su opinión, la suspensión de los derechos fundamentales "sólo existe cuando así se acuerda formalmente por el poder público que tiene atribuida esa facultad", algo que, según recuerda, no ocurrió con la declaración del estado de alarma: "Es claro que, en este caso, no se ha adoptado una decisión formal de esta clase, con lo que ninguno de los derechos fundamentales ha sido suspendido en sentido propio". Es decir, si el derecho a la libre circulación hubiese estado suspendido, por definición no cabría recurso posible ante el Tribunal Constitucional.

Conde-Pumpido se muestra de acuerdo en este punto: "En tales estados de crisis (excepción y sitio), los derechos suspendidos perderían su condición de derechos constitucionales. Se produciría una supresión temporal de la vigencia de la norma constitucional. Los correspondientes ámbitos de libertad pasarían a estar intervenidos y regidos, porque así lo habría querido la Constitución para estas situaciones extremas, por lo dispuesto en la ley orgánica a la que la propia norma fundamental se remite. Un derecho en suspenso no sería, en definitiva, un derecho configurado por la Constitución, por más que la ordenación legislativa de su ámbito propio no pudiera incurrir en arbitrariedad".

"Es por ello, por lo que suspensión, de una parte, y restricción extraordinaria de derechos, de la otra, operarán en planos jurídicos diferentes: la primera, para los estados de excepción y sitio, produciría que el derecho fundamental suspendido pierda eficacia temporalmente y sea sustituida por la ordenación dispuesta por la concreta ley orgánica; la segunda, para el estado de alarma, produciría que el contenido del derecho fundamental restringido quede con carácter general disminuido, incluso de modo drástico, por el real decreto de declaración de dicho estado, pero sin que desaparezcan algunas de las garantías constitucionales de aquel contenido como es la del sometimiento de tal restricción al cumplimiento del principio de proporcionalidad", explica.

Para el ex fiscal general del Estado, la razón que lleva a la mayoría a calificar como una suspensión una restricción muy intensa de un derecho fundamental "no parece ser otra que, como se ha denunciado, permitir un atajo argumental para lograr una declaración de inconstitucionalidad".

Balaguer, por su lado, reprueba las conclusiones alcanzadas por la sentencia, ya que si la mayoría ha entendido que debió optarse por el estado de excepción para imponer el confinamiento domiciliario, "lo lógico hubiera sido declarar inconstitucional la totalidad del real decreto". "Si la forma elegida era constitucionalmente inviable, lo era con carácter general, porque las medidas no podían fragmentarse, utilizando el estado de excepción para las suspensivas de derechos y el estado de alarma para las meramente limitativas. En suma, o todo es inconstitucional por inadecuación del estado excepcional identificado, o nada lo es, habida cuenta de la imposibilidad de disociar las medidas adoptadas en varios instrumentos normativos distintos", apunta.

En su opinión, "no es posible definir claramente el alcance de la noción de suspensión y, aunque lo fuera, la sentencia tampoco lo consigue". La calificación del confinamiento domiciliario como medida suspensiva de la libertad deambulatoria termina, para esta magistrada "por parecer un ejercicio de voluntarismo cargado de subjetividad, entre otras razones porque olvida que la restricción de movimientos no fue absoluta, en la medida en que se contemplaban un elevado número de excepciones y de razones que justificaban la salida del domicilio".

 

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14 Comentarios
  • Antonio Basanta Antonio Basanta 22/07/21 19:51

    Para mi lo decisivo es que el TC ha puesto una sentencia que es un verdadero ataque a la Constitución, al menos a la Constitución democrática que yo voté, que votamos todos los españoles en 1978. Cuando el debate Constitucional se nos aseguró por todos los ponentes del bloque constitucional que hizo la Constitución, es decir UCD, PSOE, PCE , Convergencia etc. que el Estado de alarma se puso para que no se pudiera utilizar nunca el estado de alarma nada mas que para cuestiones de orden publico gravísimo. Lo aseguró Peces Barba y Alfonso Guerra por el PSOE, lo aseguró el ponente de la UCD que no recuerdo el nombre, lo aseguró Sole-Tura por el PCE. Es mas se metió el Estado de alarma en la Constitución exclusivamente para que nunca pudiera intervenir el estado de excepción como hacia la ley de Orden Publico franquista de finales de los 50. Todos los españoles que votamos sabíamos eso porque nuestros representantes que votaron el 90% a favor dijeron que la Constitución expresamente lo decía así. Pero ahora resulta que 6 miembros del TC nos cambian la Constitución por la puerta de atrás como hizo el secesionismo con la ley de transitoriedad, con lo que ellos llaman interpretación de la Constitución que no es otra cosa que donde la Constitución dice "blanco" los miembros del TC dicen que hay que interpretarlo que dice "negro". Eso es lo peor. Y tambien porque deja sin sentido el Estado de alarma. Porque ¿que ocurre en una catástrofe total, por ej una pandemia, un tsunami, un escape nuclear, una paralización absoluta de Internet, un desabastecimiento generalizado. Pues no podríamos hacer nada. Porque cualquier cosa fuerte que se necesite para restablecer la normalidad no se puede hacer, excepto rogativas al Señor, no se puede hacer porque el TC un año después de pasada la catástrofe dice que había que sacar un estado de excepción, que eso es lo que dice según ellos la Constitución aunque los españoles que votamos lo entendíamos al contrario en 1978. Nunca el partido socialista votará en un congreso el estado de excepción para una pandemia así que no se podrá combatir según el T:C. Que vergüenza de T.C.

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    • Antonio Basanta Antonio Basanta 23/07/21 12:33

      Me equivoque-e. en la línea 6 donde puso estado de alarma, debí poner el estado de excepción. Y aprovecho para decir que leí el maravilloso articulo publicado ayer en El PAIS por Tomás de la Cuadra. Una de las cosas que se refería es que los 6 miembros del TC que apoyaron la sentencia hicieron un constructo que eda falso, que no existió, para articular la sentencia. Y decían (dicen) que cuando se hizo la Constitución hubo diferentes interpretaciones sobre la esencia del Estado de Alarma y el de excepción y el sr de la Cuadra dice que es falso. Dice que todos los partidos que apoyaron la Constitución, que todos los ponentes que hicieron la Constitucion y que todos los parlamentarios que votaron a favor de la Constitución tenían claro que se puso el Estado de alarma para las catástrofes para que nadie pudiera habilitar el estado de excepción para tratar las pandemias como si decía expresamente la Ley de Orden público franquista de 1959. De la Cuadra añade que difícilmente el TC puede arbitrar una lucha entre diferentes formas de entender jurídicas , cuando al hacer la Constitución no había diferencias tales en ninguno de los partidos apoyantes, ni en los ponentes ni entre los votantes. Yo añado que los únicos que manifestaron diferencias jurídicas fueron los que votaron contra la Constitución democrática y a esos señores son a los que avalan los 6 del TC. Es por lo que yo digo que los 6 del TC han cambiado la Constitución por la puerta de atrás y no por un proyecto de reforma como lo exige la propia Constitución.

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  • Baños Baños 22/07/21 19:15

    Para retratar a los tribunales que están de Babia, maravillosa comarca leonesa donde algunos personajes famosos de cuyo nombre no quiero acordarme pasaban temporadas para desconectar de los problemas de su responsabilidad hasta que el bullicio desaparecía, no los problemas. Así estos, no saben ni contestan...pero maltratan lo que pueden al gobierno que no es de su cuerda. Salud

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  • elosodefavila elosodefavila 22/07/21 09:31

    ¿Que para qué sirve el Estado de Alarma y las pandemias?. Pues está claro. Para intentar derribar al Gobierno.

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  • 74camilo 74camilo 21/07/21 19:47

    Si gobernase la derecha otro gayo cantaría!. El TC aplaudiendoles cualquier tontuna que se les ocurriera, que para eso son los SEÑORITOS!!!

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  • jorgeplaza jorgeplaza 21/07/21 07:47

    Lo único que dice la sentencia es que el Estado de alarma no permite el encierro domiciliario de toda la población, no que no se pueda aplicar eficazmente a pandemias. Limitar no es suprimir. Juristas nada sospechosos de reaccionarios pusieron en duda la constitucionalidad desde el primer momento y, los que lo defendían, tenían que hacer juegos malabares jurídicos para sostener que aquello no era una supresión absoluta del derecho a circular libremente. Tampoco es cierto que el TC se haya dividido en conservadores nombrados por el PP (todos a favor de la inconstitucionalidad) y progres nombrados por el PSOE, a favor: hay excepciones como Ollero, por ejemplo. Lo más curioso y sorprendente de este lamentable asunto es que el día 8 de marzo de 2020 el Gobierno autorizó la manifestación feminista y el mitin de VOX, como si todo fuera normal, mientras que el 12, solo cuatro días más tarde, nos encerró a todos en casa de día y de noche (salvo si tenías perro: ojo a la epidemia) y con muy contadas excepciones. Digo yo que, habiendo solo cuatro días de diferencia, en vez de o Pepito o Pepote, podía haber intentado algo intermedio. Y digo yo también que cómo tienen el tupé los partidos que secundaron con entusiasmo el Estado de alarma y sus prórrogas iniciales, incluyendo al PP y VOX, de criticar al Gobierno y apuntarse el tanto de la sentencia. El TC ha tardado más de un año en parir (admitió a trámite el recurso a principios de mayo de 2020) y lo emite ahora a destiempo y creando más confusión que otra cosa.

    Tenemos el Gobierno, la oposición y el TC que merece una mayoría de viejas del visillo, que es lo que se ha visto durante la epidemia que constituye la mayoría de los españoles.

    (Y no: el derecho a la vida no prevalece siempre sobre cualquier otro, ¿o no se acuerdan ya de la Ley de la eutanasia? Léanse, para una brillante discusión de por qué no prevalece el derecho a la vida en ese caso el artículo de Enrique Gimbernat en República de las ideas. Si hay esa evidente excepción, naturalmente que puede haber otras).

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    • Antonio Basanta Antonio Basanta 22/07/21 20:07

      Usted falsea demasiado los datos: con lo de los juristas conservadores y progresistas. Aparentemente el TC contaba con 7 conservadores, 3 progresistas y una señora Encarnación Roca propuesta por Convergencia que no es progresista a la que cedió (como suele hacer el PSOE para fomentar el pluralismo) su elección. Por eso el PP no quiso renovarlo, ni cuando correspondía ni cuando dimitió un jurista progresista. No lo quiso renovar para conservar la mayoría que ganó cuando Rajoy en el años 2011 barrió parlamentariamente. Y esa no renovación y bloqueo es la causa fundamental del resultado. Usted eso lo conoce pero lo omite y lo esconde. Y vuelve a decir que juristas dicen o no dicen : para mí lo fundamental es que los españoles no votamos a favor de esa Constitución que cambian los 6 miembros del T.C sino a favor de que para una catástrofe natural solo se puede aplicar el Estado de alarma y ninguno de excepción. Y luego lo de la supresión de derechos no se lo cree usted ni harto de vino. ¿Fue detenido alguien en la manifestación de los Cayetanos? pues nadie ni llevado a los jueces y si hubiera habido supresión como en los estados de excepción hubieran sido detenidos todos. Igual con la manifestación de VOX desde los coches. Han sido procesados unos policías por entrar a la fuerza en una casa, lo que no ocurriría si se hubiera aplicado el Estado de excepción, porque lo que aplico era el estado de alarma y los policías no podían hacer eso. Y su concepto de libertad es un concepto de que usted pueda hacer lo que le da la gana aunque se jodan los demás. Con no sentirse culpable de lo que le pase a los demás usted resuelve el asunto. Cada vez que oigo en una tele o radio alguien que dice que los bares no tienen riesgos, ni los parques, ni en las playas o que la música es segura y los festivales y comercios también. me hierve la sangre. Porque ningun sitio de esos tienen riesgos. Los riesgos se generan porque personas acuden a esos sitios y se concentren o se acercan . Los sitios no tienen riesgos, que es una pandemia, los riesgos están en los contactos entre las personas. Por eso no se prohíben los parques ni los bares sino que se limitó que no se reunieran contactos

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    • mcguiver mcguiver 21/07/21 15:03

      Vieja de visillo, dónde deja usted a los viejos, en la cantina jugando al domino entre machotes

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    • Villues Villues 21/07/21 09:50

      Durante el estado de alarma el gobierno no autorizo ninguna manifestación, antes del estado de alarma poca autoridad tenía para impedir cualquier manifestación política..Por otra parte tuve la oportunidad de abastecerme en colmados públicos de alimentos y no tuve inconveniente en asistir a mi tarea laboral, creo que saca las cosas de contexto sin más intención de hacerse notar. La resoluciøn del.tribunal.constitucional es contradictoria por necesidad ya que solo declara nula una parte del estado de alarma del.gobierno por la pandemia, al menos no entiendo cómo.se puede establecer una nulidad parcial.de una resolución parlamentaria y dejar sin efecto la totalidad de una decisión gubernamental.




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      • jorgeplaza jorgeplaza 21/07/21 19:49

        Veo que su concepto de la libertad personal se limita a que le dejen ir a currelar y a abastecerse de víveres. Además de puntualizar que nunca he entendido por qué es más fácil el contagio paseando por la calle o un parque o andando por la calle (actividades nefandas que prohibió el Estado de alarma) que yendo a trabajar, en el propio trabajo o en el súper, creo por razones obvias que es justo lo contrario, es que la libertad no se limita a currar y comprar comidita, al menos tal como yo la entiendo. ¿Usted no ha tenido necesidad de ir a una segunda vivienda? ¿O de darse un paseo sencillamente porque le apetecía? ¿A quién se contagia dando un paseo solo por la calle, sea la hora que sea? ¿Y yendo en el propio coche, a quién se contagia? ¿Al salpicadero o a la palanca de cambio? Esas prohibiciones eran abusivas y arbitrarias, como sin querer puso de manifiesto el Gobierno haciendo la descacharrante excepción del paseíto del perro que, traducido, quiere decir esto: "Estamos ante una epidemia terrible, letal, mortífera, peor que la Peste Negra... pero nos damos cuenta en el Gobierno, de comprensivos que somos, de que el riesgo de contagio es mucho más inaceptable que la certeza de que el perrito se giñe en casa o, peor aún, haya que sacrificarlo o gastarse los cuartos llevándolo a una perrrera hasta nueva orden." Ese permiso ponía claramente de manifiesto, aunque fuera sin querer, que había mucho más de teatro (de hacer como que se hacía) que de medidas eficaces. El Gobierno pudo haber empezado con restricciones (ciertas carreteras, ciertos lugares, ciertas horas) cuya eficacia habría sido la misma (casi nula, por cierto) y cuya constitucionalidad habría sido total. Pero las encuestas les confirmaban cada semana que las viejas del visillo dominaban la opinión pública y por ahí siguieron... justo lo contrario de lo que hace ahora en vista de que la ruina vuelve a asomar su fea cara y del resultado de las elecciones a la CAM.

        Usted lo pase bien con su mascarilla hasta en casa, su libertad de comprar en los "colmados" (¿vive en Cataluña?), de pillar la covid en el curro y su afán de encerrar inútilmente a la gente. ¡Vivan las "caenas"!

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  • TL TL 21/07/21 01:10

    ¡Cuanta podredumbre sale de la Universidad Rey Juan Carlos! Caso Cifuentes, máster regalado para Casado, Pedro González-Trevijano, etc. A la pregunta ¿Para qué sirve entonces el estado de alarma?, hay una respuesta sencilla: para salvar vidas. Lo que habría que preguntarse: ¿Para qué sirve un Tribunal Constitucional controlado por la extrema derecha y por la derecha? ¿Para intentar hacer un golpe de estado judicial, no?

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  • Domingo Sanz Domingo Sanz 20/07/21 22:45

    Demostrada la inaceptable politización del Tribunal Constitucional tras sufrirla el gobierno del PSOE y UP en un asunto tan grave como la pandemia, la solución para impedir que se repita no consiste en esperar un acuerdo con el PP para la renovación de los mandatos vencidos pues, de esa forma, la derecha tendrá siempre la sartén por el mango. La solución verdadera es mucho más sencilla y se puede aplicar en muy poco tiempo. Basta modificar el artículo 90.1 de la LOTC 2/1979 estableciendo que las sentencias de ese tribunal se tengan que adoptar por unanimidad para que tengan efectos legales. Para modificar la LOTC basta con mayoría absoluta en el Congreso, y el PSOE y UP la tienen, pues también votarían a favor los parlamentarios que apoyaron la investidura. Rajoy hizo una reforma de la LOTC en muy poco tiempo con la L.O. 15/2015 de 16 de octubre.

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  • Domingo Sanz Domingo Sanz 20/07/21 21:28

    Demostrada la inaceptable politización del Tribunal Constitucional tras sufrirla el gobierno del PSOE y UP en un asunto tan grave como la pandemia, la solución para impedir que se repita no consiste en esperar un acuerdo con el PP para la renovación de los mandatos vencidos pues, de esa forma, la derecha tendrá siempre la sartén por el mango. La solución verdadera es mucho más sencilla y se puede arbitrar en muy poco tiempo. Basta modificar el artículo 90.1 de la LOTC 2/1979 estableciendo que las sentencias de ese tribunal se tengan que adoptar por unanimidad para que tengan efectos legales. Para modificar la LOTC basta con mayoría absoluta en el Congreso, y el PSOE y UP la tienen, pues también votarían a favor suficientes parlamentarios de los que apoyaron su investidura.

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  • leandro leandro 20/07/21 20:28

    Si tenemos tribunales para estos despropósitos , no se , quizás es mejor la ley de la selva . No lo creo pero que una entidad que se supone imparcial , demuestre constantemente desprecio por la sensatez es suficiente para buscar una reforma o una nueva construcción , quizás mejor lo segundo , para hacer que sea algo realmente funcional y no un arma arrojadiza como han conseguido los ultras con sus socios .

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