España fue el cuarto país en el que más se incrementaron los precios de la vivienda en la UE en el cuarto trimestre de 2025, con una subida del 12,9% con respecto a 2024, más del doble de la media en la Europa de los 27, que se sitúa en el 5,5%, según los últimos datos de la oficina estadística de la UE Eurostat, que recoge EFE.

La subida de la vivienda en España se produce en un contexto de crisis en este mercado, caracterizado por máximos históricos de precio tanto de compra y alquiler y de tensión en acceso a la residencia, especialmente en las zonas más demandadas.

En la zona euro, la subida media fue del 5,1%, de acuerdo con estos datos, que desprenden que a España únicamente le superan Hungría, con un 21,22% de subida interanual en el cuarto trimestre de 2025, con respecto a 2024; Portugal, con un 18,9%, y Croacia, 16,1%.

En el conjunto de la UE, de los 27 países, nueve de ellos registraron subidas interanuales de dos dígitos en el cuarto trimestre de 2025: además de España, Portugal, Croacia y Hungría, se encuentran Bulgaria (12,6%), Eslovaquia (12,8%), Letonia (11%), Lituania (10,8%) y Chequia (10,4%). 

Finlandia fue el único país en el que cayó el precio de la vivienda a finales de 2025 y lo hizo un 3,1%. En el resto de Europa, subió en todos, aunque en Luxemburgo el alza quedó casi plano, al ser de un 0,1%.

En España se registró un incremento interanual del precio de la vivienda los cuatro trimestres de 2025 por encima del 12%, el más bajo un 12,3% el primero, de enero a marzo, y el más alto, de octubre a diciembre, con un 12,9%. Las crecidas medias en la UE sobrepasaron el 5% durante todos los trimestres del año con respecto a 2024.

Si comparamos con el tercer trimestre de 2025, los precios de la vivienda se encarecieron en el cuarto trimestre un 1,8%. Un porcentaje por encima de la media europea situada en el 0,8%.

España fue el décimo país en el que más se encareció la vivienda en este cuarto trimestre con respecto al tercero, por detrás de Eslovenia, con 5,1%; Hungría, con 4,2%; Portugal, con 4%; Croacia, 3,4%; Eslovaquia, 3,1%; Lituania, 2,4%; Irlanda, 2%; Chequia, 2% y Letonia, 1,9%.

Si se ajusta el precio por la inflación, la vivienda se encareció en España un 9,7% en 2025, siendo el cuarto país donde más crecieron los precios, por detrás nuevamente de Portugal, 14,7%, Hungría, 11,7% Croacia, 10%.

Los precios ajustados con la inflación cayeron en cinco países: Finlandia, 3,6%; Rumanía, 1,7%; Suecia, 1,6%; Luxemburgo, 0,5%; y Austria, 0,1%.

En el conjunto de la UE, desde el 2010 la tasa de crecimiento anual alcanzó un máximo del 10,7% en el primer trimestre de 2022 y un mínimo del -2,5% en el segundo y tercer trimestre de 2012, así como en el primer trimestre de 2013. 

A partir del primer trimestre de 2020, las tasas de crecimiento anual tanto de la zona del euro como de la UE aumentaron a niveles no registrados desde 2006.

El 11,2% de los trabajadores españoles se encontraban en riesgo de pobreza en el año 2024, lo que situó a España como el tercer país con peor registro de la Unión Europea (UE), donde la tasa media fue del 8,2%, según informa EFE.

Son datos difundidos por la oficina europea de estadística Eurostat en un comunicado de prensa publicado en la víspera, a partir del último informe sobre condiciones de vida en Europa, en el que se destaca que el riesgo de pobreza "no solo afecta a las personas que viven en hogares con baja intensidad laboral o a las personas sin empleo", sino también a las personas que tienen trabajo.

Esta clasificación incluye la proporción de personas con una renta disponible inferior al umbral de riesgo de pobreza, que se fija en el 60% de los ingresos disponibles medianos del país, después de las transferencias sociales.

El estudio, que analiza la situación económica de empleados mayores de 18 años de la UE que declararon trabajar en 2024, por cuenta ajena o por cuenta propia, concluye que España fue el tercer país con mayor tasa de riesgo de pobreza entre sus trabajadores, por detrás de Luxemburgo (13,4%) y Bulgaria (11,8%).

El dato supone un descenso de una sola décima con respecto al año anterior, tras registrar en 2023 una tasa del 11,3%, aunque el país escala una posición, del cuarto al tercer puesto, por el notable descenso de Rumanía.

Por el contrario, las tasas menos elevadas las registraron Finlandia (2,8%), República Checa (3,6%) y Bélgica (4,3%).

Respecto a la UE, la tasa media de los Veintisiete se situó en el 8,2%, lo que supone un ligero descenso de 0,1 puntos porcentuales respecto al año 2023, en el que se registró un 8,3%.

El análisis estadístico destaca además que este porcentaje es "notablemente inferior" en el caso de las mujeres (7,3%) que en el de los hombres (9,0%), distribución que se repite también en el caso de España, con un 12,1% de trabajadores masculinos en riesgo de pobreza frente a un 10,1% de mujeres.

Más de uno de cada cuatro habitantes en España, un 26,5%, estuvieron en riesgo de pobreza o exclusión social en 2023, un porcentaje por encima de la media de la Unión Europea (UE), donde se situó en el 21,4%, informó este martes la oficina de estadística comunitaria Eurostat.

Las tasas más altas las registraron Ceuta (41,8%), Andalucía (37,5%) y Melilla (36,7%), mientras que las más bajas se dieron en el País Vasco (15,5 %), la Comunidad Foral de Navarra (17,2%) y la Comunidad de Madrid (19,4%).

A nivel de la UE, los porcentajes más elevados de personas en riesgo de pobreza o exclusión social en 2023 se registraron en las regiones ultraperiféricas francesas, en el sur de Italia y en las regiones rurales rumanas.

Las personas que vivían en las capitales de algunos países de los Veintisiete tuvieron, "en general", menos probabilidades de entrar en esta categoría que las que vivían en el resto del país, señaló la oficina de estadística en un comunicado.

La disparidad fue más pronunciada en Rumanía, donde la tasa nacional era del 32%, frente al 12,3% de la región donde se encuentra Bucarest.

Del mismo modo, en Polonia, la tasa fue del 16,3%, mientras que en la región relativa a Varsovia fue del 8,9%, y en Croacia, la tasa nacional alcanzó el 20,7%, mientras que en la de Zagreb llegó al 11,9%.

Por el contrario, en Bélgica y Austria se dio la tendencia contraria, donde la proporción de personas en riesgo de pobreza o exclusión social en las regiones capitales de Bruselas (37,6%) y Viena (29,5%) es superior a las medias nacionales del 18,6% y el 17,7%, respectivamente.

La tasa de inflación anual en la eurozona se redujo en cuatro décimas en septiembre con respecto a agosto, hasta el 1,8 %, su nivel más bajo desde abril de 2021, según la estimación preliminar publicada este martes por la oficina de estadística comunitaria Eurostat y recoge EFE.

El aumento de los precios se moderó en septiembre en los servicios, que siguieron registrando la inflación más alta entre los componentes de la cesta de la compra con una tasa del 4,0 %, frente al 4,1 % de agosto, así como en alimentos, alcohol y tabaco (2,4 % frente al 2,3 % en agosto).

Además, aceleró el descenso de los precios de la energía hasta el 6,0 %, en comparación con la caída del 3,0 % registrada el mes anterior, mientras que la inflación de los bienes industriales no energéticos se mantuvo estable en el 0,4 %.

Por su parte, la tasa de inflación subyacente en la eurozona -que excluye los precios de energía, alimentos, alcohol y tabaco por ser los más volátiles y sirve de referencia al Banco Central Europeo en su política monetaria- también se redujo en una décima, hasta el 2,7 %.

En septiembre, la tasa de inflación anual cayó en todos los países del euro con excepción de Bélgica, dónde aumentó del 4,3 % al 4,5 %, la cota más elevada de la eurozona, Portugal (del 1,8 % al 2,6 %) y Letonia (del 0,9 % al 1,6 %); mientras que se mantuvo estable en Croacia (3,0 %) y Países Bajos (3,3 %).

Entre las grandes economías del euro, la tasa cayó siete décimas tanto en España como en Francia, hasta el 1,7 % y el 1,5 %, respectivamente, y se redujo en cuatro décimas en Italia, hasta el 0,8 %, y dos décimas en Alemania, al 1,8 %, según en índice armonizado de Eurostat. La inflación cedió también en Estonia (hasta el 3,2 %), Grecia ( 3,0 %), Eslovaquia (2,9 %), Malta (2,1 %), Chipre (1,9 %), Austria (1,8 %), Luxemburgo y Finlandia (ambos 0,8 %), Eslovenia (0,7 %), Lituania (0,4 %); e Irlanda (0,2 %).

En el conjunto del euro, es la primera vez desde junio de 2021 que la tasa se sitúa por debajo de la cota del 2 % que tiene como objetivo de estabilidad de precios el Banco Central Europeo, lo que reforzaría los argumentos para que la institución aplique un nuevo recorte de los tipos de interés en su reunión de octubre.

La presidenta del BCE, Christine Lagarde, dijo este mismo lunes que los últimos acontecimientos han reforzado la confianza del emisor en que la inflación volverá al objetivo (del 2 %) de manera oportuna y este lo tendrá en cuenta en su reunión de política monetaria de octubre. El emisor anticipaba ya una bajada de la inflación en septiembre y, si bien Lagarde advirtió de que la tasa podría aumentar "temporalmente" en el cuarto trimestre del año conforme las "drásticas caídas" de los precios energéticos dejen de reflejarse en las tasas anuales, la previsión es que siga bajando después.

No obstante, la institución insiste en que las decisiones sobre la política de tipos de interés seguirán tomándose en función de los datos, y entre estos destaca la evolución de la inflación subyacente, que sigue siete décimas por encima del objetivo del 2 %. 

La tasa de inflación anual en el área del euro se redujo en cuatro décimas en agosto con respecto a julio, hasta el 2,2 %, la cota más baja registrada desde julio de 2021, según confirmó este miércoles la oficina de estadística comunitaria Eurostat, según informa EFE. En el conjunto de la Unión Europea, el aumento de los precios se moderó hasta el 2,4 %, también cuatro décimas inferior al dato de julio, con lo que en ambos casos la tasa se ha reducido en torno a tres puntos con respecto a hace un año, cuando alcanzó el 5,2 % en la eurozona y el 5,9 % en el conjunto del bloque.

La inflación subyacente —que excluye el efecto de los precios de energía, alimentos y tabaco por su volatilidad y sirve de referencia para el BCE a la hora de fijar su política monetaria— bajó una décima en la eurozona, hasta el 2,8 %. 

En agosto, los precios de los servicios fueron los que más contribuyeron a la inflación (1,88 puntos porcentuales) al haber aumentado un 4,1 % interanual, una décima más que en julio, seguidos de alimentos, alcohol y tabaco (+0,46 puntos porcentuales), cuya tasa de inflación se mantuvo en el 2,3 %. 

Por su parte, los precios de los bienes industriales no energéticos subieron un 0,4 %, tres décimas menos que el mes anterior, contribuyendo a la tasa 0,11 puntos porcentuales, en tanto que los precios de la energía bajaron un 3 %, frente al aumento del 1,2 % observado el mes anterior, con lo que restaron 0,29 puntos porcentuales al dato final.

Entre los países que comparten la moneda única, las menores tasas de inflación se registraron en Lituania (0,8 %), Letonia (0,9 %), Irlanda, Eslovenia y Finlandia (todas 1,1 %), seguidas de Italia (1,2 %), Suecia, Dinamarca (1,4 %), Luxemburgo (1,7 %), Portugal (1,8 %); y Alemania (2,0 %), que también se situaron por debajo de la media. 

Francia y Chipre se situaron en línea con el promedio de la eurozona (2,2 %), mientras que por encima del mismo estuvieron las tasas en España, República Checa, Bulgaria y Austria (todas 2,4 %), Croacia (3,0 %), Grecia y Eslovaquia (3,2 % ambas), Países Bajos (3,3 %), Estonia y Hungría (3,4 % ambas), Polonia (4,0 %), Bélgica (4,3 %); y Rumanía (5,3 %). 

El descenso de la inflación en agosto, adelantado por Eurostat a finales del mes pasado, supuso un espaldarazo al BCE para adoptar una nueva bajada de los tipos de interés en su reunión de la semana pasada, aunque con la tasa aún por encima del objetivo del 2 %, la institución sigue sin comprometerse con una senda concreta de recortes. 

En concreto, el organismo presidido por Christine Lagarde bajó el tipo de interés de referencia en un cuarto de punto, hasta el 3,5 %, en el que es su segundo recorte del año y el nivel más bajo desde junio de 2023, y recortó en 0,25 puntos la tasa de facilidad de depósito —que remunera el exceso de reservas a un día y es su nuevo tipo de referencia—, hasta el 3,5 %.

España registró entre 2022 y 2023 el tercer mayor aumento de toda la Unión Europea (UE) en carencias materiales y sociales graves de sus ciudadanos, un indicador de la pobreza de la población, ya que el país anotó un incremento de 1,3 puntos porcentuales entre los dos años, según informó este lunes la oficina de estadística comunitaria, Eurostat.

La oficina de estadística precisó que las carencias materiales y sociales se refieren a la incapacidad de costear un conjunto de bienes, servicios o actividades sociales específicos que son considerados esenciales por la mayoría de las personas para tener una calidad de vida adecuada. Es el caso de la capacidad de afrontar gastos imprevistos o sustituir la ropa gastada por otra nueva, según informa EFE.

Se considera que una persona está en situación de carencias materiales y sociales graves si no puede permitirse siete o más de esos bienes, servicios o actividades sociales.

Entre 2022 y 2023, los mayores incrementos en la tasa de carencias materiales y sociales graves en la UE se detectaron en Dinamarca (1,7 puntos porcentuales más), Austria (1,4 puntos), Hungría y España (1,3 puntos en ambos casos). En contraste, las principales reducciones tuvieron lugar en Rumanía (4,5 puntos menos), Letonia (1,6 puntos) y Croacia (1,2 puntos).

Con un 9%, España también fue uno de los Estados miembros de la UE con una mayor tasa de carencias materiales y sociales graves el año pasado, solo superado por Rumanía (19,8 %), Bulgaria (18 %), Grecia (13,5 %) y Hungría (10,4 %). En contraste, los menores niveles de carencias se anotaron en Eslovenia (2%), en Chipre (2,4%), así como en Suecia, Luxemburgo y Estonia (2,5% en los tres casos).

El indicador en el conjunto de la UE fue del 6,8% en 2023, ligeramente superior al 6,7% de 2022.

La tasa de carencias materiales y sociales graves fue el año pasado más elevada entre las mujeres (7,2%) de la UE que entre los hombres (6,5%). 

La tasa de inflación de la zona euro se situó en julio en el 2,6% interanual, una décima por encima de la subida de los precios observada en junio, según ha confirmado la oficina comunitaria de estadística, Eurostat, mientras que en el conjunto de la UE la tasa repuntó al 2,8%, dos décimas más que en junio.

La aceleración de la subida de los precios en la región del euro refleja el alza del 1,2% del coste de la energía, tras subir el 0,2% interanual en junio, mientras que los alimentos frescos subieron un 1% anual, tres décimas menos que el mes anterior. Asimismo, los bienes energéticos no industriales se encarecieron un 0,7% en julio, en línea con la subida de junio, mientras que los servicios subieron un 4% anual, una décima menos del incremento que se había observado en junio.

Al descontar el impacto de la energía sobre los precios, la tasa de inflación se modera en julio al 2,7% desde el 2,8% del mes anterior, mientras que al excluir también el coste de los alimentos, así como del tabaco y del alcohol, la tasa subyacente se mantuvo en el 2,9% por tercer mes consecutivo.

Entre los Veintisiete, en comparación con junio de 2024, la inflación anual cayó en nueve Estados miembros, se mantuvo estable en cuatro y aumentó en catorce.

Las tasas anuales de inflación más bajas se registraron en Finlandia (0,5%), Letonia (0,8%) y Dinamarca (1%), mientras que las tasas anuales más altas se registraron en Rumanía (5,8%), Bélgica (5,4%) y Hungría (4,1%). En el caso de España, los precios subieron un 2,9% anual en julio, siete décimas menos que en junio, estrechando así el diferencial de precios desfavorable respecto de la eurozona a tres décimas.

El producto interior bruto (PIB) de la zona euro y del conjunto de la Unión Europea creció un 0,3% en el segundo trimestre de 2024 respecto de los tres meses anteriores, manteniendo así en ambas regiones el ritmo de expansión observado en el primer trimestre, según la segunda lectura del dato publicada por Eurostat y recoge Europa Press.

En comparación con el mismo trimestre del año anterior, el PIB aumentó un 0,6% en la zona euro y un 0,8% en la UE en el segundo trimestre de 2024, después del aumento anual del 0,5% en la eurozona y el 0,6% en la UE en el trimestre anterior.

En el segundo trimestre de 2024, el PIB de Estados Unidos aumentó un 0,7% en comparación con el trimestre anterior, tras la expansión del 0,4% en el primer trimestre, mientras que, en comparación con el mismo trimestre del año anterior, el PIB estadounidense aumentó un 3,1%.

Entre los Estados de la UE para los que se dispone de datos del segundo trimestre, la mayor expansión del PIB correspondió a Polonia (1,5%), seguido de Irlanda (1,2%) y de Países Bajos (1%). Por contra, se observaron contracciones del PIB en Letonia (-1,1%), Suecia (-0,8%), Hungría (-0,2%) y Alemania (-0,1%).

En el caso de España, el crecimiento del PIB en el segundo trimestre del año se mantuvo en el 0,8% trimestral, mientras que en comparación con el mismo periodo de 2023 la expansión fue del 2,9%.

La tasa de inflación de la zona euro se habría situado en mayo en el 2,6% interanual, dos décimas por encima de la subida de los precios observada en abril, según la estimación preliminar del dato publicada hoy la oficina comunitaria de estadística, Eurostat y recogida por Europa Press.

La tasa de inflación interanual de la eurozona habría registrado así su primer repunte desde diciembre de 2023 y alcanzaría su mayor nivel desde el pasado mes de febrero. La aceleración de la subida de los precios en la región del euro reflejaría el alza del 0,3% del coste de la energía, tras abaratarse un 0,6% interanual en abril, mientras que los alimentos frescos subieron un 1,8%, seis décimas más. Asimismo, los bienes energéticos no industriales habrían aumentado su coste un 0,8% en mayo, una décima menos que el mes anterior, pero los servicios se habrían encarecido un 4,1%, frente al 3,7% de abril.

Las tasas anuales de inflación más bajas corresponderían a Letonia (0,2%), Finlandia (0,5%), así como Italia y Lituania (0,8% ambos), mientras que las mayores subidas de precios se habrían observado en Bélgica (4,9%), Croacia (4,3%), Portugal (3,9%) y España (3,7%).

Entre las demás grandes economías del euro, los precios habrían subido un 2,8% en Alemania, frente al 2,4% de abril, mientras que en Francia habrían aumentado un 2,7% interanual, tres décimas más.

Eurostat tiene previsto publicar los datos de inflación del mes de mayo con información más completa el próximo 18 de junio.

La economía de la zona euro registró una expansión del 0,3% en el segundo trimestre de 2023 respecto de los tres meses anteriores, cuando se había mantenido estable, según ha confirmado este miércoles Eurostat y ha podido confirmar Europa Press.

De su lado, en el conjunto de la Unión Europea, el PIB se estancó entre abril y junio, después del crecimiento del 0,2% en el primer trimestre del año.

En comparación con el segundo trimestre de 2022, el PIB de la zona euro creció un 0,6% y el de la UE un 0,5%.

Entre los países de la UE cuyos datos estaban disponibles, el mayor ritmo de expansión trimestral correspondió a Irlanda (3,3%), por delante de Lituania (2,8%) y de Eslovenia (1,4%).

Por el contrario, los países con peor desempeño en el trimestre fueron Polonia (-3,7%), Suecia (-1,5%) y Letonia (-0,6%).

Entre las grandes economías de la UE, entre abril y junio, Alemania se estancó, después de la contracción del 0,1% en el primer trimestre, mientras que Francia aceleró su expansión al 0,5% desde el 0,1% y en Italia el PIB cayó un 0,3% después de crecer un 0,6% en el primer trimestre.

En el caso de España, el crecimiento del PIB en el segundo trimestre se moderó al 0,4% desde el 0,5% de los tres primeros meses de 2023.

De este modo, el crecimiento del PIB de la zona euro volvió a ser sustancialmente inferior al de Estados Unidos, que en el segundo trimestre del año registró una expansión del 0,6%, una décima más que el crecimiento del 0,5% en el primer trimestre.

“Llenar la cesta de la compra sigue siendo un lujo para millones de familias porque seguimos inmersos en el mayor proceso inflacionario desde la década de los años 80 del siglo pasado”, proclamó hace pocos días el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, a la vista de que los precios de los alimentos no reducen su presión sobre los consumidores.

El Índice de Precios de Consumo (IPC) de febrero refleja una subida de un 0,9% en relación al mes anterior y eleva una décima la tasa interanual, hasta el 6%, por el encarecimiento de la electricidad, de los paquetes turísticos y de los alimentos, que dispararon sus precios un 16,6% respecto a febrero de 2022, según los datos definitivos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Y es eso, el precio de los alimentos, lo que más preocupa a los ciudadanos, lo que el Gobierno no ha conseguido doblegar y donde pone más el énfasis Feijóo, mezclándolo con la inflación subyacente para poder decir que el dato es el peor de la Unión Europea.

Pero, ¿cómo están en realidad los precios de los alimentos en España en comparación con el resto de la Unión y, en particular con los grandes países que integran el mercado único?

Los datos recopilados por Eurostat, el organismo que se encarga de traducir a números la situación económica y social de la Unión, nos dicen que si tomamos como referencia los precios del año 2015, en enero —el último publicado— el incremento de los precios España acumulaba un 31,3%. Es decir, que si los precios de los alimentos tenían un valor 100 hace ocho años, ahora están en 131,3. Son dos puntos más que en diciembre de 2022. 

El dato no deja de ser preocupante, pero se entiende mejor su verdadera dimensión si se observa que es 5,4 puntos porcentuales menos que la media de la Unión Europea y exactamente igual que la cifra combinada de los países de la zona euro. Porque la tormenta perfecta que está disparando los precios de los alimentos no es un fenómeno español sino que afecta a todo el mundo y la Unión Europea no es una excepción.

Las causas son múltiples y complejas. En primer lugar, porque el comercio mundial se encuentra en parte bloqueado como consecuencia de la invasión rusa de Ucrania. Casi la mitad del potasio que se comercializa en el mundo tiene origen en Rusia y Bielorrusia, dos países sometidos a sanciones de la Unión Europea, y el 25% del nitrógeno mundial es de origen ruso, lo que ha disparado los precios de los fertilizantes, cuya producción exige además un elevado consumo de energía.

A eso hay que añadir el incremento de los precios de los combustibles, lo que afecta no sólo a la producción sino también al transporte, y la sequía que afecta a la producción en gran parte del planeta.

Aun siendo conscientes de que la subida del precio de los alimentos es un problema europeo y mundial, el Gobierno asegura que va a hacer cuanto esté en su mano para “limitar” la subida de precios. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, declaró esta semana estar pendiente de un cambio de tendencia como consecuencia una evolución de los costes “positiva” que estaría tardando en revelar esos efectos.

En estos momentos, lamentó el ministro, asistimos al cruce de dos situaciones “tremendamente complejas”, ya que a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, que tiene una dimensión alimentaria, se unen la sequía y las altas temperatura.

La situación en España no es buena y está lejos de estar todavía bajo control, pero comparativamente es mejor que en la mayoría de los países de la Unión. Son 16 de 27 los socios de la UE con cifras peores que la nuestra, desde Hungría, con un 201,6 (lo que significa que allí los precios de los alimentos son ahora mismo mas del doble de lo que eran en 2015) hasta Portugal, con tres décimas más que España.

Por encima de nosotros están países tan grandes como Polonia (en el séptimo puesto, con un índice 156,6), Alemania (en el puesto 10º, con un 142) o Países Bajos (en 15º lugar, con un 134,2). Francia, en cambio, está mejor (puesto 21 con un índice de 127,1), igual que Italia (ocupa el 23º lugar de la lista con un 124,2). El que menos ha sufrido el encarecimiento de los precios es Irlanda, según la herramienta de monitorización desarrollada por Eurostat a partir de datos IPC armonizado correspondientes al mes de enero de 2023. Los precios de los alimentos en este país apenas son hoy 5,4 puntos más elevados que los que temía en 2015.

Las cifras, sin embargo, son muy diferentes en función de qué alimentos se trate. En el conjunto de la UE, si comparamos una selección de algunos de los más comunes, lo que más ha crecido sobre el índice 100 de 2015 han sido los huevos (152,6), seguidos del pan (140,4), las aves de corral (139,3), el pescado y el marisco (136,1), la carne (134) y la fruta (131,9).

España no es la peor parada en ninguna de estas categorías. El pan, por ejemplo, tomando en consideración las cinco principales economías de la Unión, en nuestro país encareció su precio desde 2015 en 23,2 puntos, por debajo de la media de la UE (40) y de países como Alemania (42,7), Países Bajos (28,5) e Italia (26). Solo Francia se situó por debajo con 18,9 puntos porcentuales.

Si nos fijamos en el indicador de la carne, ocurre lo mismo. En España se encareció en 26,1 puntos porcentuales tomando como base el año 2015. Una cifra elevada, pero considerablemente mejor que la de Alemania (43,2) y por debajo de las de Países Bajos (29,3) de Francia (27) o de la media de la Unión (34). Aquí el mejor comportamiento de la precios entre los países grandes se lo anota Italia, con 20,9 puntos porcentuales.

En el caso del precio de las aves de corral, España ha registrado la mejor evolución de las cinco grandes economías de la Unión, con 26,8 puntos (tres décimas por debajo de diciembre). Por encima están los demás: Alemania (53,5), Holanda (42), la media de la UE (39,3), Italia (31,8) y Francia (29,3).

La herramienta de monitorización de precios de la alimentación puesta en marcha por Eurostat permite comparar también la evolución de los precios del pescado y el marisco, de especial importancia era la dieta española. Y aquí España tampoco sale mal parada con un encarecimiento de 32,7 puntos sobre el año 2015, que sólo mejora Italia con 25,7. La media de la Unión, en cambio, está en 36,1, Francia en 40,2, Holanda en 43,5 y Alemania en 43,7.

La posición de España no es tan buena, en cambio, en el apartado de los huevos. A pesar de un estimable retroceso de diciembre a enero, el precio de este producto en nuestro país se ha encarecido 42,6 puntos sobre el año 2015, la referencia establecida por Eurostat. Es una cifra mejor que la de la media de la UE (52,6) y de países como Alemania (58) y Holanda (84,9), pero está por detrás de la que afrontan los consumidores italianos (29,4) y franceses (27,8).

La peor evolución de esta selección de alimentos en nuestro país afecta a la fruta. En España su precio, según Eurostat, experimenta una evolución favorable desde abril de 2022, pero aun así se ha encarecido en 32,2 puntos sobre el año 2015, lo que significa que estamos en peor situación que la media de la Unión (31,9), Italia (25,7), Alemania (24,6) y Países Bajos (24), Únicamente la cifra de Francia, con 26,9 puntos porcentuales, es peor que la nuestra.

La tasa de inflación interanual de la eurozona se ha situado en noviembre en el 10%, lo que implica una bajada de seis décimas respecto del récord histórico registrado en octubre, según la información preliminar publicada por la oficina comunitaria de estadística, Eurostat, que señala a España como el país de la eurozona donde los precios subieron con menor intensidad, con un 6,6%, según informa Europa Press.

En noviembre, el alza de los precios de la energía se ha moderado al 34,9% desde el 41,5% de octubre, mientras que el encarecimiento de los alimentos frescos ha sido del 13,8%, frente al 15,5% del mes pasado.

Asimismo, los servicios han subido un 4,2% interanual, una décima menos que en octubre, y los bienes industriales no energéticos se han encarecido un 6,1%, en línea con el dato del mes anterior.

Al excluir del cálculo el impacto de la energía, la tasa de inflación interanual de la zona euro se ha situado en noviembre en el 7%, una décima por encima del alza de octubre, mientras que al dejar fuera también el efecto de los precios de los alimentos frescos, el alcohol y el tabaco, la tasa de inflación subyacente se ha mantenido en un máximo histórico del 5% por segundo mes consecutivo.

Entre los países de la zona euro, once economías registraron tasas de inflación interanual de doble dígito, concentrándose los mayores incrementos de precios en Letonia (21,7%), Lituania y Estonia (ambos 21,4%).

Por contra, las tasas de inflación armonizada menos intensas en noviembre correspondieron a España (6,6%), Francia (7,1%) y Malta (7,2%).

De este modo, el diferencial de precios favorable a España respecto de la eurozona se ha ampliado en noviembre a 3,4 puntos porcentuales desde los 3,3 puntos del mes anterior.

La primera víctima política del IPC desbocado ha sido el mensajero: el presidente del Instituto Nacional de Estadística (INE), Juan Manuel Rodríguez Poo, presentó este lunes su dimisión “por motivos personales”, pero su renuncia se produce después de meses de debate sobre la fiabilidad de los datos de inflación y PIB que elabora el organismo. Un IPC en niveles desconocidos desde hace 40 años que excluye los recibos de luz del mercado libre y un crecimiento económico que, tal como lo mide la Contabilidad Nacional, no refleja las boyantes cifras de empleo y de recaudación fiscal, suscitaron las críticas de algunos ministros y han terminado por llevarse por delante al responsable de esos cálculos, que fue nombrado por este mismo Gobierno en 2018.

“Ver cómo se cesa al director del INE porque el Gobierno no está de acuerdo con las estadísticas oficiales en materia de crecimiento económico y de inflación es, sin duda alguna, un error que afecta a la credibilidad, la fiabilidad y la reputación del reino de España”, reaccionó el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, a la dimisión de Rodríguez Poo. También la Asociación de Estadísticos Superiores del Estado (AESE) ha censurado el “ataque a la independencia” del INE que supone el cese de su presidente porque algunas estadísticas relevantes, dice, no estén “en sintonía con las previsiones del Gobierno”. “No puedo entrar en por qué o cómo es la dimisión del presidente del INE, pero en cualquier caso sí reclamo y defiendo la independencia del organismo. Creo que es fundamental, es un organismo de mucho prestigio, siempre lo ha sido”, ha terciado el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi. El Ejecutivo, por su parte, ha enmarcado la renuncia del catedrático de Econometría en una reforma para “reforzar y modernizar el sistema estadístico nacional”, con la aprobación de un nuevo estatuto para el INE y la modificación de la Ley de la Función Estadística Pública. El actual estatuto data de 2001 y la ley, de 1989.

Lo que el Ejecutivo no detalla es que esa modificación de la norma se incluyó casi de tapadillo como una disposición final en la Ley General de Comunicación Audiovisual, que fue aprobada en el Senado el pasado día 21. Esa actualización de la Ley de la Función Estadística Pública debería haber incluido el acceso del INE a los registros tributarios, uno de los objetivos de Juan Manuel Rodríguez Poo, así como establecer en seis años el mandato de los presidentes del organismo, homologándole con el resto de sus pares europeos y poniéndole a salvo de los cambios de gobierno –como ya ocurre con el gobernador del Banco de España o el presidente de la AIReF, por ejemplo–. Sin embargo, según explican a infoLibre fuentes estadísticas, ambas cuestiones, impulsadas por el ya expresidente del INE, se “cayeron” del proyecto final por el rechazo de los ministerios de Hacienda –la primera– y de Economía –la segunda–. En la ley recién aprobada, no se modifican los límites de acceso a los datos tributarios ya existentes.

Precisamente una de las críticas que se han hecho a los cálculos del INE se refiere al uso de encuestas, en lugar de datos reales. Ahora el Gobierno quiere incorporar “nuevas fuentes de información” para mejorar la calidad de las estadísticas del INE y habla de “registros administrativos” y “big data”. Cuando a principios de este año Caixabank publicó un par de estudios sobre la subida del recibo de la luz en 2021 y concluyó que el INE había sobreestimado en casi un punto el IPC de ese año por haber excluido de la medición los precios del mercado libre, el organismo no sólo defendió su metodología, sino que, además, aseguró que le había sido imposible conseguir la información sobre esos precios de las principales empresas eléctricas, pese a haber mantenido “diversas reuniones” con ellas. La vicepresidenta Nadia Calviño también reprendió a las compañías del sector por su renuencia a entregar los datos. Aun así, el INE insistía en que su índice es “absolutamente correcto” y “goza de todas las garantías nacionales e internacionales de precisión y fiabilidad”.

Las mismas fuentes defienden la gestión llevada a cabo por Juan Manuel Rodríguez Poo, que es catedrático de Econometría. Alaban que haya creado una tercera dirección general en el INE, de Planificación Estadística y Procesos, y que haya conseguido recursos adicionales para un organismo que ha perdido más de 1.000 trabajadores en la última década. Los estadísticos están muy solicitados en el sector privado, donde se pagan sueldos más elevados, y los que trabajan en el sector público prefieren la Agencia Tributaria o la AIReF, donde las retribuciones son también mejores que el INE. Después de años sin oposiciones, por las políticas de recorte del gasto público impuestas por la crisis, a las primeras que se convocaron para estadísticos casi no acudían candidatos, aseguran las fuentes.

Al mismo tiempo, reconocen que Rodríguez Poo ha cometido errores, principalmente no haber sido lo bastante “ágil” para corregir los desacoples en los cálculos del IPC y el PIB. Le achacan un exceso de lentitud y de rigor para adaptar los cálculos a una situación de emergencia como fue la pandemia, que produjo cambios “abruptos y extraordinarios”.

“No creo que haya errores deliberados [en los cálculos del INE], lo que vemos es un desacople entre el PIB y las cifras de empleo a las que no encontramos explicación, pero que puede tener muchas causas”, apunta José Ignacio Conde Ruiz, catedrático de Fundamentos del Análisis Económico en la Universidad Complutense de Madrid y subdirector de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea). Según precisa, la pandemia está detrás de esos datos anómalos, que aún no se atreve a atribuir a, por ejemplo, la economía sumergida, que no se contabiliza en el PIB.

Además, según las fuentes estadísticas consultadas, el INE hace una interpretación “demasiado estricta” del Sistema Europeo de Cuentas (SEC), y contabiliza “a un ritmo más lento que el resto de la UE” la construcción de inmuebles. El INE estaba en proceso de cambiar este criterio, pero no iba a hacerlo hasta septiembre, por lo que “pecó de inflexible”, resaltan. Tampoco ha modificado los índices de variación estacional en el PIB que se utilizan para suavizar ciertos datos y que estos dos últimos años de vuelco brusco en la economía han pesado de más. Es otro cambio que estaba en marcha antes de la renuncia de Rodríguez Poo, pero que no se ha hecho realidad aún. España ha superado los 20 millones de ocupados, contados como cotizantes a la Seguridad Social, la mayor cifra de su historia y superando, por tanto, los datos de antes de la pandemia. También registra récords de recaudación fiscal sin haber subido los impuestos. Sin embargo, esos números no se reflejan en la contabilidad nacional y el crecimiento del PIB. El INE acaba de revisar a la baja –del 0,3% al 0,2%– el crecimiento de la economía española en el primer trimestre.

En lo que coinciden las fuentes consultadas, la oposición y los estadísticos es en el daño que el cese de su presidente puede infligir a la reputación del INE. Es la primera vez que el máximo responsable de este organismo, con patrimonio y tesorería propios y autonomía de gestión, tal y como reza su estatuto, es destituido sin que medie un cambio de gobierno. Además, subrayan las fuentes estadísticas, saltándose el Código de Buenas Prácticas de las Estadísticas Europeas. De acuerdo con su punto 1.8, las razones por las que se puede poner fin a su cargo “no pueden ser razones que comprometan la independencia profesional o científica”. Y ésa es precisamente la imagen que puede darse ahora con la salida de Rodríguez Poo. Su sustituto, según se ha publicado, será el ex secretario de Estado de Seguridad Social Israel Arroyo, que dimitió la semana pasada y es miembro del Cuerpo Superior de Actuarios, Estadísticos y Economistas. La crisis de reputación puede tener incluso proyección internacional, teniendo en cuenta que el expresidente del INE también era desde el pasado enero el presidente del Partnership Group del Sistema Estadístico Europeo, que atiende con estadísticas las decisiones del Consejo de la UE.

Conde-Ruiz dice que, como economista, su misión es interpretar los datos, y que no los pone en duda. Otros economistas, preguntados por infoLibre, sí creen que en el cálculo del IPC faltan los precios de la vivienda en propiedad, que por el contrario se incluyen en el deflactor del consumo privado de la Contabilidad Nacional. O también el coste del dinero. Al mismo tiempo recuerdan la divergencia entre la cifra de ocupados que proporciona la EPA y los datos de afiliación a la Seguridad Social: unos 400.000 trabajadores que pueden situarse en la economía sumergida.

Habría que recordar igualmente que las controversias sobre los datos no son nuevas. En 2002 saltó el cambio de la definición de parado en la EPA: de bastar con estar registrado en una oficina de desempleo a exigirse, además, la búsqueda activa de empleo. Entonces el enfrentamiento fue con los sindicatos. Once años después, el presidente de la CEOE, Juan Rosell, criticó la cifra de parados de la EPA descalificándola como una mera encuesta “que no es la realidad". En 2013, en lo peor de la crisis financiera, España rozaba los seis millones de desempleados y Rosell creía que el dato estaba hinchado. Consideraba más fiable y “solvente” la cifra de parados registrados en las oficinas del SEPE, que era un millón inferior. Sin embargo, Eurostat utiliza la EPA, y no el paro registrado, para medir el paro en toda la UE. Los sindicatos le afearon entonces no sólo que negara la existencia de millones de parados, sino también que creara una “fuerte inestabilidad y desprestigio” sobre el INE.

Cristina Cifuentes anunció en 2016 la integración en el Servicio Madrileño de Salud (Sermas) de los seis hospitales bajo concesión de obra pública que el exconsejero de Sanidad Javier Fernández-Lasquetty había intentado privatizar hasta que se lo impidieron las mareas blancas y los tribunales. Vendió la operación como el cumplimiento de una promesa electoral que, además, “profundizaba en la gestión pública de los recursos sanitarios” que estaba llevando a cabo entonces el Gobierno de Madrid, según decía el comunicado de la Consejería de Sanidad publicado un 6 de julio de 2016.

La integración consistió en extinguir las empresas públicas que gestionaban cada uno de los hospitales, y hacerlos depender directamente del Sermas. Sin embargo, esos centros –Hospital del Tajo, del Sureste, del Henares, Infanta Leonor, Infanta Sofía, Infanta Cristina–, puestos en funcionamiento en 2009, y a los que sumó el Hospital Puerta de Hierro-Majadahonda, no figuraron en la contabilidad de la Comunidad de Madrid hasta 2019. Por tanto, no computaron ni para el cálculo del déficit ni para el de la deuda de la administración regional. Ni antes de su integración en el Sermas, cuando dependían de otras tantas empresas públicas creadas ad-hoc, ni después cuando pasaron a ser gestionadas directamente por la consejería.

Así lo recogen los sucesivos informes de fiscalización de la Cámara de Cuentas madrileña desde 2017. Y lo reconoció este miércoles el propio presidente del organismo, Carlos Salgado Pérez, durante una comparecencia en la Comisión de Hacienda de la Asamblea de Madrid. “Que [esos activos] estén incluidos o no en las cuentas del Sermas tiene evidentemente una trascendencia”, aseguró Salgado Pérez. “La contabilización”, añadió, “conlleva una repercusión en la deuda y el déficit de la Comunidad de Madrid”. Carlos Salgado no cuantificó el impacto porque aún no se ha hecho, dijo, un análisis del efecto en ambas magnitudes de las colaboraciones público-privadas suscritas por el Gobierno regional, ni en el ámbito de los hospitales ni en otras, como la M-45, por ejemplo.

La Intervención General de la Comunidad de Madrid emitió un informe en diciembre de 2017 donde establecía que el Sermas debía incluir en su balance los siete hospitales, así como las inversiones que se realizaran en ellos y el correspondiente pasivo financiero. Para llegar a ese criterio había realizado antes varias consultas al respecto con la Intervención General del Estado. Un año después, la Comunidad sacó a concurso la elaboración de un estudio para hacer la integración en sus cuentas de esos activos “dada la complejidad [de la operación] y la inexistencia de antecedentes”. Se presentó sólo una consultora, KPMG, que cobró por el informe 40.606 euros. Según sus cálculos, los siete hospitales tenían un valor contable de 600,13 millones de euros y suponían un pasivo de 552,68 millones. Así lo explica, una vez más, la Cámara de Cuentas en su informe de fiscalización del ejercicio de 2018. La inclusión de estos siete hospitales de gestión privada no se llevó a cabo hasta un año después, a 31 de diciembre de 2019. Según ha explicado la Consellería de Sanidade a preguntas de infoLibre, la demora se debió a “la complejidad de la valoración y el análisis del cálculo de los activos”.

Según la Cámara de Cuentas, la incorporación de los hospitales en el balance de la Comunidad en 2019 se tradujo en un aumento del activo no corriente por importe de 727 millones de euros. Para hacerse una idea de la importancia del cambio, basta con señalar que la Cámara de Cuentas cifra en un 44% el “fuerte incremento” del patrimonio de la Comunidad de Madrid, con una suma de activos y pasivos que rozaba los 3.000 millones de euros. La inclusión de los siete hospitales supuso un aumento del inmovilizado material –los bienes propiedad de la administración madrileña– del 76% en 2019.

Pero la operación no estaba completa. Siguiendo las instrucciones de la Intervención, el Sermas también debía consignar en sus cuentas de forma correcta los pagos anuales a las concesionarias. Porque lo que hacía Sanidad era incluir dentro de una sola rúbrica, el canon –en el capítulo 2 de sus presupuestos– todos los abonos que les hace cada año a las empresas privadas. No fue hasta finales de 2020, un año después de la integración de los activos, cuando empezó a desglosar los diferentes tipos de pagos, tal y como le reclamaba la Intervención. Sólo desde ese momento, el Sermas precisa cuánto paga a las concesionarias por los servicios prestados, por las amortizaciones de la inversión realizada y por los intereses de la carga financiera de esas inversiones. Es decir, durante todos los años de funcionamiento de los hospitales, la deuda con las concesionarias ha estado oculta en la partida del canon de las cuentas del Sermas.

El total que cada año el Sermas paga a las concesionarias de estos siete hospitales asciende a 166,28 millones de euros. De esa cantidad, 29,14 millones corresponden a intereses, tal y como figura en los presupuestos de este año. Es deuda que hasta ahora no constaba como tal en las cuentas del Sermas.

Por ejemplo, de los siete hospitales con este sistema de gestión, el más caro es el Puerta de Hierro, al que Sanidad debe pagarle cada año un total de 58,54 millones de euros, de los cuales 7,83 millones corresponden a intereses, 7,34 millones se destinarán a comprar bienes inmuebles y 587.358 euros a comprar bienes muebles.

La Consejería de Hacienda niega que la inclusión de los hospitales en el balance del Sermas tenga consecuencia alguna ni en el cálculo del déficit ni en el de la deuda de la Comunidad de Madrid, porque “se contabilizan como contabilidad patrimonial, no como contabilidad nacional” . Y se remite al mencionado informe de la Intervención de diciembre de 2017 en el que se indica que “la mera diferenciación en factura de la retribución asignada a la inversión del resto de retribuciones, en contabilidad nacional, no afecta al balance de riesgos existente previamente y no se modifica su incidencia en el déficit y la deuda de la Comunidad de Madrid”.

Madrid siempre ha presumido de sus cifras déficit y deuda públicos. En 2020 terminó con sólo 43 millones de euros de déficit, un 0,02%, lo que permitió a Fernández-Lasquetty, quien ahora es consejero de Hacienda, alardear de unas “cuentas saneadas” con las que la Comunidad puede “bajar los impuestos, costear unos servicios públicos de la máxima calidad y hacer frente a una catástrofe como la covid-19, sin meterse en deudas”. Para 2021, la AIReF preveía un déficit superior, pero aun así pequeño, del 0,3%. Hasta 2020 las cifras de déficit Madrid siempre habían sido negativas.

Otro tanto ocurre con la deuda, 34.604 millones en 2020, el 15,99% de su PIB, según el Ministerio de Hacienda. Es la segunda más baja, tras Canarias. La AIReF prevé que en 2021 la deuda baje al 15,1% del PIB.

No es este capítulo de los hospitales bajo concesión de obra pública el único que ha hecho aflorar deuda oculta en la Comunidad de Madrid. En 2018, el informe de la Cámara de Cuentas autonómica desveló que la Comunidad de Madrid tenía una deuda de 722,3 millones de euros con los cinco hospitales bajo concesión administrativa: los cuatro gestionados por Quirón Salud y el de Torrejón de Ardoz. En 2021 El País publicó que Bruselas había obligado a la Comunidad de Madrid a aflorar esa deuda, que hasta el 31 de diciembre de 2019 había crecido hasta alcanzar los 944 millones de euros. Según el último informe anual de Fresenius, la multinacional dueña de Quirón Salud, la deuda asciende a 1.250 millones por la asistencia médica a pacientes de la sanidad pública en ejercicios anteriores.

La Red Europea sobre Deuda y Desarrollo (Eurodad), que integra a 60 ONG de 29 países europeos, publicó en 2017 un informe sobre asociaciones público-privadas, la fórmula utilizada por la Comunidad de Madrid para construir estos siete hospitales y gestionar otros bajo concesión administrativa –Valdemoro, Torrejón, Rey Juan Carlos y Villalba–. El documento denuncia los “falsos incentivos” que tiene para las administraciones públicas dejar fuera del balance estas fórmulas de gestión: les permite ocultar costes y subestimar su efecto fiscal real. “Los gobiernos eligen las asociaciones público-privadas no por motivos de eficacia, sino para evitar limitaciones presupuestarias y para posponer el registro de costes fiscales derivados del suministro de servicios de infraestructura, unas prácticas que acaban exponiendo las finanzas públicas a riesgos fiscales excesivos”, resaltan los autores del informe. En resumen, destacan, que estos activos figuren en las cuentas de una administración pública tiene “un efecto sobre el déficit y la deuda”.

Para decidir si se incluyen en la contabilidad o no, Eurostat ha elaborado sus propios criterios, que son los que siguen en España la Intervención General del Estado y la de la Comunidad de Madrid. En general, si es la administración pública en cuestión la que asume ciertos riesgos, los activos gestionados bajo esta fórmula público-privada deben estar incluidos en las cuentas públicas, no en las de la empresa concesionaria.

En 2018, la Oficina Nacional de Auditoría (NAO) del Reino Unido, un organismo del Parlamento británico e independiente del Gobierno, analizó los proyectos gestionados con este mecanismo de colaboración público-privada. Es en Reino Unido donde ha tenido más éxito la fórmula. En 2017 estaban en marcha 716 proyectos, por importe de 59.400 millones de libras (71.215 millones de euros). Por comparar, en España actualmente existen sólo 161 proyectos, con un valor de 35.200 millones de euros, según los registros del Banco Europeo de Inversiones (BEI). De ellos, 20 son hospitales.

El informe destaca que los costes financieros de estos contratos son mayores que en proyectos enteramente públicos. Y que tienen otros costes externos adicionales, desde seguros hasta asesores y garantías. Sumados unos y otros, resulta que “el gasto total de estos proyectos es mayor que el de las alternativas con financiación pública”. Según detalla, un 40% más en el caso de las escuelas y hasta un 70% más en el de los hospitales.

Es más, al igual que Eurodad, la Oficina Nacional de Auditoría británica pone el foco en los “incentivos en el corto plazo” que para las administraciones públicas supone dejar fuera de sus cuentas la deuda asociada a estos proyectos. Para ello cita a la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria, que en un informe sobre riesgos fiscales calificaba de “ilusión fiscal” el uso de fórmulas fuera de balance como estas concesiones. Así explicaba el espejismo: “[Los mecanismos de colaboración público-privada] pueden ser atractivos para los gobiernos, ya que el nivel registrado de deuda será menor en el corto y medio plazo (cinco años), aunque sus costes sean significativamente mayores en el largo plazo de contratos que duran de 25 a 30 años”.

La factura de la luz de este mes de diciembre para un usuario medio con la tarifa regulada —el Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC)— ascenderá a 119,17 euros, un 24% más cara que la del mes de noviembre, convirtiéndose así en el recibo más elevado de la historia, según datos de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

Estos cálculos se basan en usuario medio en el PVPC con una potencia contratada 4,6 kilovatios (kW) y un consumo mensual de 292 kilovatios hora (kWh), informó Europa Press.

Esta factura de la luz de 119,17 euros en diciembre representa un incremento del 24% —algo más de 23 euros— con respecto a los 95,94 euros a que ascendió el recibo el pasado mes de noviembre.

Este aumento en diciembre en el recibo se debe, principalmente, al incremento registrado en el precio de la luz en el mercado mayorista, que, a falta del dato del último día del año, alcanza una media de unos 242 euros/MWh, el mes más caro de la historia, superando los 200 euros/MWh de récord del pasado mes de octubre.

El precio medio de la electricidad en el pool en 2021 se eleva así hasta los 112 euros/MWh, lo que supone casi duplicar los 57,2 euros/MWh de 2018, que hasta este ejercicio suponía el récord de año más caro.

En 2021 un hogar medio con la factura regulada PVPC —4,6 kW y 3.500 kWh de consumo anual— habrá así acumulado facturas por un importe total de 949 euros, pese a las medidas adoptadas por el Gobierno —rebaja de cargos, IVA, impuesto de electricidad e impuesto a la generación—.

Esta factura supondrá pagar 142 euros más que en el año 2018 para un consumidor en el PVPC, que ostentaba el récord histórico de año con la factura más cara.

Así, OCU denuncia que debido "a este espectacular" crecimiento del precio de la electricidad, y a pesar de las medidas tomadas para frenarlo, la factura de 2021 es más cara que la factura de 2018 descontada la inflación para un consumidor en la tarifa regulada, contradiciendo así la tesis del Gobierno.

En concreto, este año un consumidor medio con PVPC ha pagado esos 949 euros, frente a los 871,56 euros de 2018 más la inflación acumulada, unos 77,4 euros más.

Además, la asociación considera que la decisión del Gobierno de recurrir a los datos de Eurostat para comparar el recibo de la luz de este año con el de 2018 tiene una "ventaja doble".

"Por una parte, Eurostat publicará los datos del segundo semestre de 2021 en abril, por lo que quizás ya esta promesa se haya olvidado. Por otra parte con ese modelo de comparación será posible cumplir la promesa, ya que los hogares en el mercado libre (60%) no han sufrido el incremento de precios hasta que sus tarifas no han sido renovadas y por lo tanto incluso durante algunos meses habrán visto cómo su factura se rebajaba por las medidas del Gobierno. Para estos hogares en el mercado libre, el incremento de factura se ha retrasado respecto al PVPC", destacó.

Este miércoles, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dio por cumplido su compromiso de un recibo de la luz en promedio de los españoles para este año en línea con el de 2018, una vez descontado el IPC, debido "al esfuerzo justo y lógico" del Ejecutivo "para amortiguar" el alza registrado en el precio de la electricidad.

El presidente del Gobierno indicó que las medidas puestas en marcha por el Ejecutivo para hacer frente a la espiral alcista en el mercado mayorista eléctrico, especialmente desde el pasado verano, han permitido un recorte de unos 84 euros en la factura anual, dejando el recibo de 2021 en un promedio de unos 613 euros, frente a los 696 euros a los que habría ascendido sin las decisiones adoptadas.

No obstante, Sánchez reconoció que, efectivamente, hay como un 30% de contratos que se encuentra en la tarifa regulada (el denominado PVPC), que "van a pagar algo más de lo que lo que pagaban en 2018", aunque subrayó que "para la amplia mayoría" se está "cumpliendo con el compromiso".

El informe de Oxfam Intermón recién publicado es de los que sacuden con sus frías conclusiones. Entre otros datos, el estudio pone encima de la mesa que la pandemia ha provocado que el número de personas que viven con menos de 16 euros al día se incremente en casi 790.000. La pobreza severa en España afecta ya a más de 5 millones de personas. Sería absurdo negarlo: el coronavirus ha agravado la pobreza en España. Pero el fenómeno ya estaba ahí, cebado por la insuficiencia del gasto social, que infoLibre analiza dato a dato en este artículo. 

España encara una crisis económica de dimensiones aún por calibrar con la herida fresca de la Gran Recesión y el lastre de una persistente anemia de su gasto social. El país dedica menos dinero por habitante y menos dinero en relación con el Producto Interior Bruto (PIB) que el conjunto de la UE tanto en el apartado de gasto social en general como en cada una de las grandes áreas de intervención: sanidad, discapacidad, tercera edad, familia e infancia, vivienda e inclusión social. Todo ello, según datos de la Oficina de Estadística Europea, más conocida como Eurostat, que permiten establecer comparaciones entre los países de la UE-27. La regla sólo se rompe en el caso del gasto en desempleo.

España dedica a gasto social 3,6 puntos menos del PIB que la UE y más de 8 puntos menos que Francia. Noruega invierte en políticas de discapacidad 3.011,6 euros por habitante al año, más de siete veces por encima de España. Nuestro país dedica un 1,3% del PIB a gasto en familia e infancia, frente a un 2,2% europeo. La brecha es aún mayor en vivienda, señalada por el sociólogo Daniel Sorando como uno de los grandes puntos débiles de un Estado del bienestar lastrado por el "familismo", idea según la cual es la familia la que debe hacerse cargo de buena parte de las necesidades sociales de las capas más necesitadas. Las políticas específicas contra la exclusión consumen un 0,2% del PIB en España, frente a un 0,6% en la UE.

"Tenemos un Estado del bienestar cogido con pinzas. Siempre lo hemos tenido, resultado de la ausencia de una fiscalidad potente para aquellos que tienen mucho dinero", señala el epidemiólogo Manuel Franco, profundo conocedor de los mecanismos que generan desigualdad. 

Los datos no hacen concesiones. Escudriñar las tablas de Eurostat, cuyos datos vienen del European System of Integrated Social Protection Statistics (Esspros), permite observar un claro subdesarrollo de las políticas sociales en España. Se trata de un bosque de datos en permanente actualización, la última de las cuales fue el 12 de enero. El último ejercicio cerrado es 2018. Eurostat, como coinciden los científicos sociales que encuentran en sus base de datos la materia prima para sus análisis, constituye la fuente más consistente para poder hacer estudios comparativos a nivel europeo, porque obliga a los Estados a ofrecer información con criterios homogéneos [es posible acceder a los datos aquí, en Population and social conditions, concretamente en Social protection].

Protección social

España gastó en 2018, último año actualizado con datos de todos los países, 5.948 euros por habitante en lo que Eurostat llama "protección social", el paraguas que cubre las principales políticas del Estado del bienestar, excluyendo la educación. El gasto social supuso un 23,1% del Producto Interior Bruto (PIB). ¿Es mucho o es poco? El conjunto de la UE-27 estuvo en 8.076,4, un 26,7% del PIB. Francia (31,4% del PIB), Alemania (28,4%), Italia (27,9%) y Holanda (27,1%), entre otros, quedan por delante de España.

Hay que detenerse aquí: España dedica a gasto social 3,6 puntos menos del PIB que la UE y 8,3 puntos menos que Francia. No es sólo que, como es lógico, países más ricos que España como Francia y Alemania gasten más en protección social, sino que lo hacen además en mayor proporción en relación a su riqueza nacional.

Sanidad

El covid-19 cazó a España con su sistema sanitario debilitado por años de recortes. Cuando empezó la pandemia, el gasto sanitario público del último ejercicio cerrado seguía sin recobrar los niveles precrisis, había perdido peso en relación al PIB y palidecía en comparación con el de países como Alemania o Francia.

El análisis en detalle de los datos de Eurostat apuntala el diagnóstico preocupante, con cifras de 2018. España se sitúa en 1.586,4 euros y el 6,2% del PIB, frente 2.362,1 euros y el 7,8% del PIB para la UE-27. Los porcentajes de Alemania (10%), Holanda (9,3%), Francia (9%) e Italia (6,4%) quedan por encima.

Discapacidad

La Ley de Dependencia, al menos con su aplicación real, no ha sido suficiente para la convergencia española con la UE. Al menos, en el terreno de la discapacidad.

España también mira desde abajo a los principales referentes en gasto en este apartado, siempre con las últimas actualizaciones homogéneas de Eurostat (2018): 419 euros por habitante; 1,6% del PIB. Ahora comparemos. La UE-27 sube hasta 617,3 euros por habitante y 2% del PIB. Alemania (998,4 euros, 2,5%) y Francia (716,9 euros, 2%) quedan también por encima de España. Son similares a los españoles los datos italianos: 461,6 euros por habitante y 1,6% del PIB. Portugal, al contrario que Italia, gasta menos que España, pero representa lo mismo de su PIB: 323,9 euros y 1,6%.

Los datos de Eurostat evidencian las profundas desigualdades norte-sur en Europa, una brecha que también se da en España. Se trata de una desigualdad a favor del norte que no se traduce de forma equivalente en políticas sociales, sino que incluso aumenta. Por ejemplo, Noruega dedica a gasto en políticas de discapacidad 3.011,6 euros al año, más de siete veces lo que dedica España. Esto hace que el porcentaje del PIB dedicado en Noruega a este tipo de gasto trepe hasta el 4,3%, cerca de 3 puntos por encima de España. No sólo gasta más en bruto, también en relación con el PIB.

Tercera edad

El gasto en protección social de la tercera edad, que incluye pensiones, viene determinado no sólo por la cuantía de estas, sino también por la cantidad de población jubilada. En la UE-27, el gasto en estas partidas en 2018 alcanza los 3.251,9 euros por habitante al año, un 10,7% del PIB. España queda por debajo: 2.518,9 euros, 9,8%. También están por encima de España los datos de Italia (4.002,4 euros por habitante al año, 13,7% del PIB) y Francia (4.487,6, 12,7%). Portugal queda por debajo en gasto por habitante (2.308,6 euros), pero por encima en gasto en relación con el PIB (11,6%).

Familia e infancia

En el apartado de "Familia e infancia", España gasta 326,9 euros por habitante al año y un 1,3% del PIB (2018). Queda lejos del conjunto de la UE-27: 672,1 euros y 2,2%. Por encima están Alemania (1.321,9, 3,3%) y Francia (837,21 euros, 2,4%), mientras quedan por debajo Italia (336,5, 1,1%) y Portugal (235,33, 1,2%).

Destaca Luxemburgo, que gasta 3.267,9 euros por habitante al año en políticas de familia, lo que supone el 3,3% del PIB.

Desempleo

Los gobiernos de los 27, en sus recomendaciones específicas para 2020, reclamaron a España un refuerzo de sus políticas de protección por desempleo. Y eso que esta partida es una excepción: España gasta más por habitante y más en relación con el PIB que el conjunto de la UE-27: 428,7 frente 376,5 euros y 1,7% frente a 1,2% del PIB. España, aunque paga cara su elevada tasa de paro, gasta menos en desempleo en relación con el PIB que Francia (1,9%). Al resto –Alemania, Italia, Holanda y Portugal– los deja atrás.

Esta elevada partida de gasto en políticas de desempleo tiene una incidencia decisiva en el resto, como explica el sociólogo Daniel Sorando, habitual de las intrincadas tablas de Eurostat. Sorando observa en todos estos datos la prueba del "subdesarrollo del gasto social" en España. "En realidad", explica, ampliando el foco, "es algo propio de las sociedades mediterráneas católicas salidas de dictaduras durante el siglo XX, sociedades que comparten el rasgo de un gasto social muy inferior a la media europea". Y añade: "Si observas el recorrido, hay una cierta aproximación en las décadas de los 90 y 2000, pero en 2008, con la crisis, se rompe esa tendencia, sobre todo porque se dispara el gasto en prestaciones por desempleo", añade, un precedente inquietante ante una la crisis económica ya en curso que ha vuelto a situar el desempleo por encima del 16%.

A raíz de la Gran Recesión –continúa Sorando– se fueron haciendo cada vez más abismales las diferencias entre España y las socialdemocracias europeas, especialmente las nórdicas, que contrastan con nuestro modelo. A ese modelo español el sociólogo lo llama "familista". Lo explica así: "Hay cuatro grandes actores: Estado, mercado, sociedad civil y familia. Pues bien, el modelo familista, que tiene una raía católica, da un gran protagonismo a la familia como proveedor de los servicios del Estado del bienestar. Esto es un problema, porque es algo que tiene una gran legitimidad social. Queda asumido como algo positivo eso de que te ayuda la familia o se ocupa la familia, cuando en realidad eso genera una gran desigualdad, ya que las familias son desiguales de raíz".

Vivienda

Autor de First we take Manhattan. La destrucción creativa de las ciudades (Catarata, 2016), Sorando cree que hay dos áreas especialmente subdesarrolladas en el gasto social en España. "Hemos avanzado en educación y en sanidad, claramente. Pero hay dos pilares en los que flaqueamos, que tenemos más abandonados: la dependencia y la vivienda. En la vivienda está casi todo delegado en la familia. Hay una casi total inexistencia de papel del Estado", expone.

Y habla con los datos de Eurostat por delante. España, que se encuentra a la cola en alquiler social entre los principales países europeos, gasta en políticas públicas de vivienda 27,3 euros por habitante al año y un 0,1% del PIB, frente 115 euros y un 0,4% de la UE-27, con los últimos datos comparables, de 2018. Es decir, la UE cuadruplica a España. El porcentaje también es muy superior en Alemania (0,5%) y Francia (0,7%), aunque no en Italia, que cae hasta la práctica insignificancia.

Exclusión social

La exclusión social, síntoma y a la vez causa de desigualdad, también es un problema específico en España. La Comisión Europea, en vista del negro panorama que despliega ante la sociedad española la crisis económica de la pandemia, ha reclamado a las autoridades nacionales que hagan un esfuerzo en este punto. El Gobierno lo está intentando con medidas como el Ingreso Mínimo Vital, cuyo posible impacto aún no se refleja en las tablas de Eurostat. A la espera de saber si funcionará, lo que tenemos de momento es la fotografía habitual: España, en la parte baja de la tabla.

El gasto en políticas para la inclusión alcanza los 59,5 euros por persona al año (2018). Esta partida consume un 0,2% del PIB. En Europa son 183,2 euros y el 0,6%. En Francia, 356,7 euros y el 1%. Destaca el esfuerzo contra la exclusión social de Dinamarca, que pese a que tiene un problema menor en este campo, dedica un 1,5% del PIB y la friolera de 798,4 euros por persona al año. Es un esfuerzo de mantener la cohesión social. Claro, cuesta dinero.

Así se desprende del informe publicado este lunes por la oficina de estadística europea Eurostat recogido por Europa Press que evalúa los avances observados durante el último lustro en cada ODS tanto por la UE en su conjunto como por cada Estado miembro en particular. En concreto, el texto remarca que la UE ha registrado progresos -significativos o moderados-- en la mayoría de los ODS. Pero, por el contrario, apunta a retrocesos en los casos de igualdad de género (objetivo 5) y acción climática (objetivo 13).

El comisario de Economía, Paolo Gentiloni, quien se ha encargado de presentar en una rueda de prensa las conclusiones del informe, ha admitido que es "preocupante" que Europa se haya alejado del objetivo de igualdad de género. Así, ha lamentado que la brecha salarial mejore "lentamente" y que la diferencia entre la tasa de empleo de los hombres y las mujeres "se haya estancado. "Tenemos que estudiar las consecuencias de los últimos meses para ver si esta cuestión está incluso yendo a peor por las medidas de confinamiento", ha apuntado el italiano, para quien la UE debe prestar en los próximos años una "atención particular" a esta cuestión.

Con respecto a la acción climática, Gentiloni ha destacado que la UE ha sido "muy activa" y está "en la vanguardia" en este ámbito gracias a la adopción de medidas que, sin embargo, "son todavía insuficientes". "Tomamos muy buenas decisiones y estamos comprometidos y en la vanguardia, pero todavía estamos viviendo las consecuencias del cambio climático y lo vemos como algo que nos empuja a elevar nuestros compromisos", ha explicado.

Por el contrario, la UE ha registrado avances "significativos" en paz, justicia e instituciones fuertes (objetivo 16), reducción de la pobreza (objetivo 1), buena salud y bienestar (objetivo 3), y reducción del hambre (objetivo 2). En el resto de los ODS se observan progresos moderados en el bloque comunitario durante los últimos cinco años.

España se relaja en consumo responsable y energía limpia

El informe de Eurostat también recoge el rendimiento de cada Estado miembro en todos los ODS y apunta a importantes diferencias. Por ejemplo, países como Letonia o Rumanía todavía se encuentran en la "zona baja" en muchos de ellos, aunque están recortando las diferencia con el resto de socios. Otros, como Luxemburgo o Suecia, que son de los más avanzados, han empeorado en cuestiones como la reducción de las desigualdades y la pobreza y el riesgo de exclusión.

En el caso de España, el documento indica que en los últimos cinco años se ha alejado de los objetivos sobre energías limpias y asequibles (objetivo 7) y el referido a consumo y producción sostenible (objetivo 12).

Sin embargo, ha registrado avances significativos en paz, justicia e instituciones (objetivo 16), calidad de la educación (objetivo 4), trabajo decente y crecimiento económico (objetivo 8), y salud y bienestar (objetivo 3), en el que además se encuentra entre los países con mayor avance en el último lustro. En el resto de ODS, como eliminación del hambre (objetivo 2), ciudades sostenibles (objetivo 11), industria, innovación e infraestructuras (objetivo 9), igualdad de género (objetivo 5), reducción de la pobreza (objetivo 1) y reducción de la desigualdad (objetivo 10), España ha conseguido progresos "moderados".

El déficit de las administraciones públicas españolas se situó el año pasado en el 3,1% del PIB, el más alto de toda la Unión Europea, según los nuevos datos publicados este lunes por la oficina de estadística europea, Eurostat, que ha revisado dos décimas a la baja el dato de deuda pública de España, hasta el 98,1%.

El de España fue en 2017 el desvío presupuestario más elevado del bloque comunitario, por encima del 3% registrado en Portugal. Después se sitúan Rumanía (-2,9%), Francia (-2,7%) e Italia (-2,4%). Por el contrario, Malta (+3,5%), Chipre (+1,8%) y Suecia (+1,6%), fueron los Estados miembro que registraron un mayor superávit presupuestario, seguidos de República Checa (+1,5%) y de Luxemburgo (+1,4%). En el conjunto de la eurozona, el déficit público en 2017 fue del 1%, una décima más de lo estimado en abril, aunque sensiblemente por debajo del desequilibrio del 1,6% registrado un año antes, mientras que entre los Veintiocho el déficit fue del 1%, siete décimas menos que en 2016.

En cuanto a la deuda, Eurostat asigna a España al cierre de 2017 un nivel del 98,1% del PIB, dos décimas menos de lo calculado en abril, y que representa un descenso de nueve décimas en comparación con la lectura de 2016, aunque el país se sitúa como el sexto más endeudado de la UE. Los países europeos con mayor peso de la deuda pública en 2017 fueron Grecia (176,1%), Italia (131,2%), Portugal (124,8%), Bélgica (103,4%) y Francia (98,5%), mientras los miembros de la UE con menos endeudamiento en relación a su PIB fueron Estonia (8,7%), Luxemburgo (23%) y República Checa (34,7%). En el conjunto de la UE, la ratio de deuda pública cerró 2017 en el 81,6%, frente al 83,3% de 2016, mientras que en la zona euro se situó en el 86,8%, frente al 89,1% del año anterior.

Más déficit para Italia

Entre las revisiones a los datos publicados el pasado mes de abril, Eurostat ha anunciado este lunes una mayor ratio de déficit presupuestario para Italia, que cerró 2017 en el 2,4%, una décima por encima de la estimación publicada anteriormente. No obstante, a pesar del mayor déficit estimado para el país transalpino en 2017, la oficina estadística europea le ha rebajado el dato de deuda pública al cierre del pasado ejercicio, hasta el 131,2% desde el 131,8% previsto inicialmente.

España gastó el año pasado en pensiones 139.647 millones de euros, un 12% del PIB. El gasto creció, por tanto, un 3% respecto al año anterior. Aun así, se mantiene por debajo de Italia (16,5%), Austria (14,6%), Francia (15%), Portugal (14,9%) u Holanda (14,6%), así como de la media de la zona euro (13,6%), según Eurostat, la oficina estadística de la UE.

Exigiendo a miles en la calle que las pensiones mantengan su poder de compra, los jubilados apremian tanto al Gobierno como a la Comisión del Pacto de Toledo a solucionar, de una vez por todas, los problemas que aquejan al sistema de prestaciones públicas. Hasta ahora, los esfuerzos del Ejecutivo se han centrado en contener el gasto. Pero la precariedad en que ha instalado la crisis a muchos hogares y la perspectiva de pensiones públicas cada vez más pobres han activado las alarmas y virado el timón del debate hacia el otro lado del balance, el de los ingresos. Un sistema sostenible, pero con pensiones suficientes.

La pensión media de jubilación se sitúa en 1.077,52 euros mensuales entre las contributivas, pero baja hasta los 357,16 euros entre las no contributivas. Y la más habitual entre las primeras, ya que la cobran 1,12 millones de personas de los 5,8 millones de pensionistas jubilados, está entre los 600 y los 650 euros. El 41,6% percibe una prestación contributiva de jubilación que no llega a 735,9 euros al mes, el Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

Por tanto, ¿son suficientes y dignas, las pensiones en España? Según Eurostat, están un 30% por debajo de la media europea en Paridades de Poder de Compra (PPA), una “moneda” artificial que elimina las diferencias de precios entre países. Una PPA compra el mismo volumen de bienes y servicios en todos los Estados miembros de la UE y permite comparar indicadores económicos. Así, la pensión de jubilación española ascendía a 2.358,30 PPA en 2014, mientras que la media europea se eleva hasta los 3.069,18. Es inferior a la que mantiene a los pensionistas en Portugal y Grecia. Y se encuentra muy lejos de las que perciben en Austria –la más elevada–, con 4.614 PPA; Luxemburgo, 4.320; y Suecia, 4.062. También adelantan a España, Reino Unido –3.318 PPA–, Finlandia –3.699–, Holanda –3.906–, Italia –3.669–… Sólo las prestaciones de los países del Este e Irlanda quedan por detrás de las españolas.

También se sitúa por debajo de la media europea el gasto público español en pensiones respecto del gasto social en su conjunto. Eurostat lo cifra para 2014 en un 39,27%, un punto por debajo del promedio de la UE. Francia dedica el 40,08% de su gasto en prestaciones sociales –discapacidad, vivienda, incapacidad temporal, paro, ayudas familiares, exclusión– a pensiones de jubilación. Italia, el 49,98%. Austria, el 44,52%. Reino Unido, el 42,92%. Portugal, el 50%.

Por el contrario, el gasto en pensiones de viudedad y orfandad casi dobla en España la media de la UE en porcentaje del gasto social: alcanza el 9,88%, mientras que en los 28 países comunitarios se queda en un promedio del 5,67%. Sólo Italia –9,33%–, Croacia –9,81%– y Polonia –10,24– la superan. España destinó en 2017 un total de 21.369 millones de euros a pagar pensiones de viudedad. La prestación media de esta clase se sitúa en 652,17 euros, según las estadísticas de la Seguridad Social a febrero de este año.

Más pérdida de poder de compra en el futuro

Como consecuencia de la reforma de las pensiones de 2013, las pensiones han dejado de actualizarse según el IPC. Su subida está ligada desde 2014 al déficit o superávit de la Seguridad Social. Si cierra en números rojos, como viene ocurriendo durante toda la crisis y ha continuado con la recuperación, el alza de las pensiones queda limitada al 0,25%. Y si la inflación supera ese porcentaje, las pensiones pierden poder adquisitivo. Diferentes expertos han calculado la devaluación que sufrirán estas prestaciones públicas en caso de que la Seguridad Social continúe en déficit, contando con que el IPC vuelva a los valores normales de una economía que crece al ritmo del 3% anual. La última proyección la ha realizado UGT, que estima que una pensión de 1.000 euros rebajará su poder de compra a 949 euros en 2022. Según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), el sistema seguirá en números rojos hasta ese año, por lo menos. El Gobierno cifra en 2.000 millones de euros el recorte que la revalorización topada al 0,25% inflige a las pensiones cada año.

El cálculo de UGT no incluye la bajada en la prestación que supondrá a partir del año próximo la entrada en vigor del factor de sostenibilidad, también aprobado en la reforma de 2013. Ese coeficiente, que reduce la pensión según la esperanza de vida de cada generación, se aplicará sólo a las nuevas pensiones que se generen a partir de 2019 y sólo una vez. Pero supondrá un recorte adicional al acumulativo de limitar al 0,25% la subida cada año.

La combinación de ambas medidas se traducirá en una reducción progresiva de las nuevas pensiones que comenzará siendo del 8% en 2020 y podrá alcanzar el 35% en 2050podrá alcanzar el 35% en 2050, según los cálculos del catedrático de la Universidad del País Vasco Ignacio Zubiri publicados en los Papeles de Economía Española de Funcas, la fundación de las cajas de ahorro. “A los trabajadores se les ha reducido la pensión inicial, el tiempo durante el cual cobran la pensión [al aumentar la edad de jubilación hasta los 67 años] y, quizá peor, el valor real de su pensión irá disminuyendo a medida que envejezcan”, resume Zubiri el efecto de las reformas.

Parecidas son las conclusiones a las que llega el profesor de la Universidad Complutense Alfonso R. Sánchez en un ejercicio de simulación publicado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea). Los nacidos entre 1965 y 1985, que se jubilarán entre 2032 y 2052, serán los más afectados por la aplicación conjunta del factor de sostenibilidad y la revalorización del 0,25%, concluye.

Para los jubilados más longevos, augura, el alza mínima anual se convertirá en una pérdida del 25% al 30% del valor real de su pensión inicial pérdida del 25% al 30% del valor real de su pensión inicialrespecto del salario medio que percibían cuando trabajaban, según el estudio. Además, “una vez determinada [la cuantía de la pensión], su poder de compra real se deteriorará inexorablemente”, asegura el autor. Y el efecto será aún “más dañino” para las pensiones más bajas e incluso “podría llevar a una parte apreciable de la población mayor a estar por debajo del umbral de pobreza”, advierte.

El IPC, sólo si hay equilibrio

Este miércoles Mariano Rajoy intervendrá en el pleno monográfico sobre pensiones convocado tras las masivas protestas de los jubilados. Pero Moncloa descarta que el presidente del Gobierno dé “golpes de efecto” ni plantee “ocurrencias”“golpes de efecto”. Y el portavoz del PP en la Comisión del Pacto de Toledo, Gerardo Camps, ha prometido que las pensiones subirán, incluso por encima del IPC, sólo cuando se equilibre el sistema de la Seguridad Social.

A favor de vincular de nuevo la subida de las pensiones a la inflación, en cambio, se han manifestado todos los partidos de la oposición, menos Ciudadanos –que puso “condiciones” para apoyar la iniciativa–, así como los sindicatos. El PP se niega a suprimir tanto la revalorización del 0,25% como el factor de sostenibilidad, porque, asegura, aumentaría el déficit público y se pondría en peligro el sistema.

La cifra de solicitudes de asilo en la Unión Europea (UE) se redujo a la mitad en los nueve primeros meses del año, según una información publicada por el grupo alemán Funke en base a datos de la oficina de estadística de la UE, Eurostat, de la que se ha hecho eco Europa Press.

De acuerdo con la publicación, entre enero y septiembre de 2017, se registraron cerca de 480.000 peticiones de asilo en el bloque, un 50% menos que en el mismo período del año anterior.

En 2016, un total de 1,2 millones de refugiados solicitaron asilo en la Unión Europea. Alemania es el país de la UE en el que más expedientes de este tipo de tramitan.

Según datos recientes del Ministerio de Interior alemán, hasta noviembre de este año se contabilizaron unas 207.000 peticiones de asilo, un 71% menos que en el mismo período del año pasado cuando ascendieron a más de 723.000.

La proporción de peticiones de asilo concedidas en primer momento es inferior al 50%, a tenor de las estadísticas de Eurostat. En la primera mitad del año, un 48% de los expedientes de asilo fueron resueltos favorablemente. En el tercer trimestre del año, sin embargo, solo un 43%.

De acuerdo con la oficina de estadística de la UE, un 60% de todos los inmigrantes que llegan a la UE reciben asilo en Alemania, un país que a mediados de 2015 se vio afectado por una crisis migratoria que propició la entrada de casi un millón de refugiados al país.

El flujo migratorio se desplomó después de que varios países europeos, entre ellos Eslovenia, Croacia, Serbia, Macedonia, Hungría y Austria, cerraran sus fronteras, bloqueando la llamada ruta de los Balcanes que utilizaban los migrantes para desplazarse y dirigirse a países del norte del continente.

A la caída del número de refugiados que llegan a Alemania y a Europa también contribuyó la firma de un polémico pacto migratorio entre la Unión Europea y Turquía en marzo de 2016 que establecía la devolución al país euroasiático de todo aquel que llegara a Grecia ilegalmente si no se le concedía asilo.