La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado en una sentencia pionera a un médico del servicio de Urgencias por no realizar un TAC con resultado de muerte, aplicando la doctrina del Tribunal Supremo contenida en el caso Madrid Arena, según ha informado Europa Press.

Así consta en una resolución, a la que tuvo acceso Europa Press, en la que los magistrados confirman la condena impuesta a un médico del Hospital de La Moraleja por un delito de homicidio por imprudencia, a la pena de 2 meses, así como al pago de una indemnización de 115.759 euros.

El facultativo no realizó una TAC al paciente, de 61 años, ni le practicó una anamnesis adecuada, a pesar de los síntomas de gravedad que presentaba.

El acusado se defendió en el juicio alegando presunción de inocencia debido a que no se podía conocer si el paciente hubiera sobrevivido en caso de haber realizado un tratamiento adecuado.

Frente a ello, la sentencia advierte que, efectivamente, si no se conocía si el fallecimiento se podía haber evitado obedecía, exclusivamente, a la imprudencia del facultativo que no practicó las pruebas necesarias.

La sentencia aplica la doctrina del Supremo en el caso Madrid Arena, que considera que debe condenarse a los facultativos en los supuestos en los que, desde su posición de garantes, han incrementado el riesgo con su negligencia contribuyendo a la producción del resultado dañoso, pese a que no se conozca con total certeza si una conducta adecuada habría evitado el desenlace.

En la sentencia de ese caso, el Alto Tribunal levantó la absolución del médico encargado del servicio médico, Simón Viñals, y le condenó a un año de prisión por un delito de imprudencia grave con resultado de muerte, en la modalidad de imprudencia profesional, por no atender a una de las jóvenes en el propio recinto.

Los hechos de este procedimiento se remontan a la madrugada del 3 de diciembre de 2007 cuando el paciente, en tratamiento con sintrom, fue trasladado en ambulancia al Servicio de Urgencias del Centro Hospitalario Sanitas de Madrid, con un cuadro de pérdida de conocimiento, relajación de esfínteres, temblores y fiebre tras haber sufrido una caída.

A su ingreso, fue atendido por el acusado, que se limitó a realizar una exploración superficial, sin someterle a control adecuado durante la noche ni solicitar un TAC con objeto de conocer el alcance de las lesiones y, de esta forma, poder decidir su tratamiento, pese a presentar un cuadro clínico de gravedad y referir la familia que dos días antes había sufrido una caída en su domicilio.

A las 8:30 horas, al producirse el cambio de turno, el médico entrante exploró al paciente y anotó en la historia que presentaba trastorno de consciencia, con Glasgow de 8, pupilas midriáticas arreactivas y mal estado en general, solicitando TAC urgente.

Dicha prueba evidenció la existencia de un hematoma subdural de hemisférico derecho. A continuación, fue valorado por una neuróloga que interrogó de nuevo a los familiares y tuvo conocimiento de que el paciente había sufrido una caída dos días antes.

Se avisó a la UCI mientras se realizaban los trámites para que el paciente fuera trasladado a un centro con Servicio de Neurocirugía con objeto de poder someterle a intervención quirúrgica. Finalmente, cuando ingresó en dicho centro, se descartó la operación debido a que presentaba muerte cerebral, falleciendo el 3 de diciembre de 2007.

La sentencia de Instancia, del Juzgado de lo Penal nº11 de Madrid, había condenado al facultativo al considerar que "Es un hecho indubitado, que el acusado, no realizó ninguna prueba para diagnosticar y pautar el tratamiento adecuado, de acuerdo con la Lex Artis, limitándose a realizarle un a exploración física, bastante simple, y una analítica".

El facultativo recurrió la sentencia argumentando que no recordaba el caso y tampoco que hubiera estado trabajando en el Servicio de Urgencias el día de autos, pero la Audiencia Provincial de Madrid concluye que "puede afirmarse sin género de duda alguna su presencia en el servicio de urgencias el día de los hechos, así como el contacto con el paciente".

Además, la Audiencia Provincial de Madrid, que acoge los argumentos del Abogado Carlos Sardinero García, de la Asociación El Defensor del Paciente, considera que "está fuera de toda duda que se debía haber practicado un TAC al paciente nada más llegar a urgencias dado su estado y antecedentes médicos y que el penado no realizó".

La sentencia aplica la doctrina del Supremo contenida en el caso Madrid Arena que se instruyó por la muerte de cinco menores durante una avalancha producida por un sobreaforo en una fiesta de Halloween. Tres jóvenes murieron esa misma madrugada y dos semanas más tarde en el hospital.

Los magistrados apuntan que "aplicando tal doctrina ha quedado fuera de toda duda que se debía de haber practicado un TAC al paciente nada más llegar a Urgencias dado su estado y antecedentes médicos", algo que el acusado no realizó y su no prescripción y práctica, aunque no conste que evitara el resultado letal incrementó su riesgo".

Tras la sentencia, Carlos Sardinero, abogado de la firma Sardinero Abogados, ha señalado que "si no se puede conocer lo que habría ocurrido en caso de haber actuado el facultativo de conformidad con la Lex Artis, obedece, exclusivamente, a la negligencia del acusado, que infringió el deber objetivo de cuidado al omitir cualquier tipo de tratamiento al paciente; bastaba con haber realizado esa TAC obligatoria".

La tragedia del Madrid Arena cumplirá en las próximas horas su décimo aniversario con su principal responsable libre y aún en la memoria madrileña el recuerdo de la muerte de cinco jóvenes como consecuencia de una avalancha en el interior del recinto propiedad del Ayuntamiento de Madrid durante la celebración de una fiesta de Halloween, según informa Europa Press.

Rocío Oña, Cristina Arce y Katia Esteban, todas de 18 años, fallecieron esa misma madrugada en el Madrid Arena. Semanas más tarde fallecieron en el hospital Belén Langdon, de 17 años, y María Teresa Alonso, de 20.

En el caso se depuraron responsabilidades en el ámbito jurídico y político. En la esfera política dimitieron cuatro cargos, entre ellos el entonces concejal de Seguridad Pedro Calvo y el que fuera vicealcalde de Madrid Miguel Ángel Villanueva por su vinculación a Miguel Ángel Flores, el promotor del evento mortal.

La avalancha mortal se produjo sobre las 4.00 horas del jueves 1 de noviembre de 2012 durante la celebración del evento de música electrónica Thriller Music Park. La entonces alcaldesa de Madrid Ana Botella recibió multitud de críticas al marcharse los días posteriores a un spa a Portugal en medio de la crisis que generó lo sucedido aquella fatal noche.

La Justicia determinó que la muerte de las cinco jóvenes y las lesiones de otras 29 personas se produjeron como consecuencia del sobreaforo existente, al haber entrado al recinto alrededor de 16.600 personas.

De la vista oral se supo que la apertura de un portón de carga permitió el acceso a miles de jóvenes para ver la actuación del Dj Steve Aoki, lo que saturó la pista central y sus pasillos de evacuación, provocando en uno de ellos la avalancha mortal.

 En el juicio quedaron patentes las negligencias que hubo por parte del equipo sanitario responsable del evento, organizado por el empresario y principal condenado Miguel Ángel Flores, y por parte de la empresa encargada de la seguridad, Seguriber.

En marzo de 2018, el Tribunal Supremo confirmó la condena a cuatro años de prisión a Miguel Ángel Flores, quien se encuentra en libertad total desde octubre de 2020. Se le penó como autor responsable de cinco delitos de homicidio y catorce de lesiones por imprudencia grave.

El Alto Tribunal acordó anular la absolución del médico Simón Viñals, encargado de dirigir los servicios sanitarios en el Madrid Arena cuando ocurrieron los hechos. Fue condenado a un año de prisión por un delito de imprudencia grave al no atender a una de las víctimas, pero no cumplió prisión al quedar suspendida la pena.

Además el Supremo ratificó las penas a tres años de cárcel impuestas a Francisco del Amo, responsable de Madrid Espacios y Congresos S.A., y a Santiago Rojo, director general de Diviertt. También a dos años y seis meses de prisión a Miguel Ángel Morcillo, jefe de personal de Diviertt, y a Carlos Manzanares, socio de Kontrol 34.

La madre de Cristina Arce, una de las víctimas de la tragedia del Madrid Arena, ha recurrido la decisión de un juez de Vigilancia Penitenciaria de Valladolid de conceder el tercer grado al empresario Miguel Ángel Flores, quien cumple prisión desde marzo de 2018 por la muerte de cinco jóvenes durante la fiesta mortal que organizó en el pabellón municipal Madrid Arena en noviembre de 2012, informa Europa Press. El recluso cumple en la prisión de Segovia la condena de cuatro años de prisión como autor de cinco homicidios por imprudencia grave impuesta por la Audiencia Provincial de Madrid en 2016.

Recientemente, el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 1 de Valladolid estimó el recurso interpuesto por el recluso contra la decisión de Instituciones Penitenciarias de mantenerlo en segundo grado.

Sin embargo, Isabel de la Fuente ha explicado en sus redes sociales que esta decisión está recurrida por la Junta de la prisión, por la fiscalía y por su familia.

"Si un condenado pide el tercer grado es porque la justicia se lo permite. El problema no es que lo pida sino que pueda hacerlo. Igual es que tenemos una mierda de justicia y a nadie le interesa que sea de otra forma", critica la madre de Cristina Arce.

El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 1 de Valladolid ha concedido el tercer grado al empresario condenado por la muerte de cinco jóvenes durante un fiesta en el Madrid Arena en 2012, que cumple pena de prisión en Segovia. Según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en un comunicado recogido por Europa Press, el recluso cumple en la prisión de Segovia la condena de cuatro años de prisión como autor de cinco homicidios por imprudencia grave impuesta por la Audiencia Provincial de Madrid en 2016.

El magistrado estima así el recurso interpuesto por el recluso contra la decisión de Instituciones Penitenciarias de mantenerlo en segundo grado y le otorga el régimen de semilibertad al que se opuso la Fiscalía.

En su resolución el juez explica que el artículo 102 del Reglamento Penitenciario establece que para determinar la clasificación de un preso se ponderarán la personalidad y el historial individual, familiar, social y delictivo del interno, la duración de las penas, el medio social al que retorne el recluso y los recursos, facilidades y dificultades existentes en cada caso y momento para el buen éxito del tratamiento.

En este caso, añade el magistrado, "se trata de un interno primario, normalizado, condenado a una pena de cuatro años de prisión por homicidio imprudente, que sale regularmente de permisos. Visto su historial de actividades y valoración es factible la libertad condicional anticipada, esto es que de reunir los demás requisitos, sería posible en octubre de 2020. Por ello se estima el recurso".

La decisión del titular de Vigilancia Penitenciara, notificada este miércoles, no puede ejecutarse de manera inmediata porque es recurrible ante el órgano sentenciador, en este caso la Audiencia Provincial de Madrid. Y ese eventual recurso tiene efectos suspensivos.

El Tribunal Supremo (TS) ha ratificado la condena dictada por la Audiencia Provincial de Madrid a 4 años de cárcel al empresario Miguel Ángel Flores por la tragedia del Madrid Arena, en el que murieron cinco jóvenes aplastadas, y condena al médico absuelto Simón Viñals a año y medio por imprudencia profesional, informa Europa Press.

La Sala de lo Penal ha confirmado la condena a Flores, presidente y administrador de la empresa Diviertt y promotor de la fiesta de Halloween celebrada en el pabellón Madrid Arena la noche del 31 de octubre al 1 de noviembre de 2012 en la que fallecieron cinco jóvenes de entre 17 y 20 años, como autor responsable de cinco delitos de homicidio y catorce de lesiones por imprudencia grave.

Además, le inhabilita para el ejercicio profesional de cualquier actividad en relación con la organización y celebración de eventos durante el tiempo de la condena, ha informado el Alto Tribunal en una nota de prensa.

También ha confirmado tres años de prisión por los mismos delitos a Francisco del Amo, responsable de Madrid Espacios y Congresos S.A. (Madridec), y a Santiago Rojo, director general de Diviertt; dos años y seis meses de prisión a Miguel Ángel Morcillo, jefe de personal de Diviertt, y a Carlos Manzanares, socio de Kontrol 34 (empresa encargada de controlar el acceso al recinto), así como el pago de una multa de 3600 euros a los coordinadores de Seguridad de Seguriber, Juan José París y Raúl Monterde. En el caso de estos dos últimos la condena es por cinco delitos de homicidio por imprudencia menos grave.

Condena al médico Simón Viñals

Los más novedoso de la sentencia es que la Sala anula la absolución del médico Simón Viñals, que era el encargado de atender y de dirigir el servicio médico la noche de los hechos, y le condena a un año y medio de prisión por un delito de imprudencia grave con resultado de muerte, en la modalidad de imprudencia profesional, en relación a la víctima Cristina Arce, e incluye la inhabilitación especial para la profesión de médico por un periodo de cuatro años.

Además, tendrá que indemnizar a los familiares de Cristina Arce de la Fuente en un total de 340.000 euros. La sentencia explica que "al actuar negligentemente incrementó el riesgo de que la joven, que fue trasladada con vida a la enfermería del recinto, falleciera debido a las graves lesiones que padecía tras el aplastamiento sufrido en el vomitorio".

De este modo, el tribunal no comparte el argumento de la sentencia recurrida que basó la absolución del facultativo en que "no resultaba acreditado que la asistencia sanitaria que el doctor Viñals hubiera debido prestar, y no prestó, hubiera evitado, con probabilidad rayana en la certeza, el fallecimiento de las jóvenes".

La Sala precisa que Cristina Arce ingresó en el servicio médico y que éste "no llevó a cabo las maniobras más elementales de reanimación", afirmando que se "omitió toda diligencia debida". Añade que es un elemento innegable que incrementó el riesgo para la vida de la joven como consecuencia de tal comportamiento, ya que "llegó viva a su servicio médico, y nada hizo el acusado por reanimarla".

Para los magistrados, "lo que no es de recibo es justificar la postura del médico acusado, que desatiende escandalosamente su actuación profesional, nada menos que en un caso de urgencia vital, no poniendo los medios mínimos adecuados para intentar salvar la vida de la paciente".

En conclusión, para el Supremo la responsabilidad del médico surge porque "ha incrementado el riesgo permitido, y lo ha hecho al haber actuado negligentemente, y con tal comportamiento ha contribuido al resultado, siéndole reprochada su conducta a través de la teoría de la imputación objetiva".

La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Julián Sánchez Melgar, sí confirma la absolución del doctor Carlos Viñals, hijo del primero, que también formaba parte del equipo médico junto a otras cinco personas más.

Voto particular

La sentencia cuenta con el voto particular de uno de los cinco magistrados que la han dictado, Alberto Jorge Barreiro, que defiende que debió mantenerse la absolución del médico Simón Viñals que había acordado la Audiencia de Madrid.

Entre otros argumentos, el voto señala que no comparte la afirmación de que el acusado "no hizo nada por salvar la vida de Cristina", como se dice en la sentencia mayoritaria, "dado que sí le realizó un masaje cardíaco por un tiempo insuficiente, y también le aplicó un desfibrilador. Lo cual no excluye, por supuesto, que su conducta en su conjunto fuera manifiestamente negligente".

En un segundo punto del apartado del examen de los hechos y de su significación no coincide con la mayoría y, es en que no se destaca debidamente que Cristina Arce entró en la enfermería del Madrid Arena en estado de extrema gravedad y crítico (expresiones que se utilizan también en algún párrafo de la sentencia recurrida), circunstancia que considera de suma relevancia al operar con los criterios de la evitabilidad del resultado y del incremento del riesgo (en este caso de disminución del riesgo).

Para el magistrado que discrepa de la condena de Simón Viñals, "la grave negligencia del acusado consistió por tanto en no neutralizar ni disminuir debidamente el grave riesgo de muerte que afectaba a la paciente Cristina Arce cuando la trasladaron a la enfermería. Por ello, cuando en la sentencia recurrida y en algunos párrafos de la de casación se habla de incrementar indebidamente el riesgo, lo correcto sería decir no disminuirlo cuando había obligación de hacerlo".

Añade que "la muerte no puede atribuirse al acusado cuando el riesgo homicida ha sido creado por los autores que han organizado y controlado el evento y no por el médico, cuya infracción es omisiva y no crea el riesgo, sino que no lo neutraliza debidamente; pero en un caso —y ello es lo relevante— en que las posibilidades de neutralización son mínimas, lo que impide atribuirle un delito de homicidio imprudente, a pesar de lo grave que pueda ser su comportamiento negligente y por ende el desvalor de su inacción".

Responsabilidad civil: dos millones de euros

La Sala confirma que los condenados por la Audiencia Provincial de Madrd, junto al subdirector de Seguridad de Madridec Rafael Pastor Martín —que fue absuelto porque las infracciones que cometió eran constitutivas de faltas y están despenalizadas—, tendrán que pagar de forma conjunta y solidariamente indemnizaciones de más de dos millones de euros a las familias de las cinco víctimas —entre 300.000 y 480.000 euros— y a los lesionados en proporción a las lesiones y secuelas que padecieron.

La sentencia corrobora la responsabilidad civil subsidiaria de Diviertt, Seguriber, Kontrol 34, Ayuntamiento de Madrid, y Madrid Destino, Cultura y Ocio, que sustituyó a Madrid Espacios y Congresos S.A. (Madridec), así como la responsabilidad directa de las aseguradoras Mapfre, Hisco, Zurich y AIG Europe.

La empresa municipal Madrid Destino acaba de readmitir sin obligación legal, es decir, sin que haya mediado la orden de ningún juez, a Rafael Pastor, que era responsable de seguridad durante la tragedia del Madrid Arena. En ese pabellón municipal de la Casa de Campo de Madrid murieron cinco adolescentes murieron el 1 de noviembre de 2012 tras una avalancha por exceso del aforo en la fiesta que allí se celebraba. 

Madrid Destino despidió a Pastor el 2 de diciembre de 2016, dos meses después de que la Audiencia de Madrid hubiese dictado sentencia sobre un desastre que zarandeó al equipo de Ana Botella y que conmocionó al país por los gravísimos fallos de seguridad destapados durante la investigación. La sentencia le absolvió penalmente al haber despenalizado el nuevo Código Penal las faltas por homicidio y lesiones pero le condenó a indemnizar a las familias de las víctimas. Dictada por la Audiencia de Madrid, la resolución se encuentra pendiente de recurso ante el Supremo.

A preguntas de infoLibre, el equipo de Manuela Carmena ha eludido explicar el porqué de esta readmisión voluntaria: "Se trata de un procedimiento entre la empresa y el trabajador sobre el que aún no podemos hacer valoraciones", fue la respuesta de sus portavoces.

Sí se pronunció Yolanda Martín, representante de CCOO en el comité de empresa de Madrid Destino y con quien este diario habló el miércoles. "El tema no se ha tratado en el comité pero yo personalmente estoy encantada con la readmisión de Rafa". Martín recalcó con vehemencia que Pastor, desde 2007 subdirector de Seguridad  de Madridec, una de las empresas municipales ahora refundidas en Madrid Destino, fue absuelto. "Esa noche estaba en el Madrid Arena para atender a unos clientes que querían hacer un evento y no como responsable de seguridad", subrayó. La sentencia, en efecto, conviene que así fue pero considera acreditado que Pastor, que "se presentó ante todos los representantes de los organismos personados en el pabellón como responsable de Seguridad de Madridec", fue corresponsable de las muertes. La representante sindical remarcó que la condena como responsable civil  "está recurrida ante el Supremo y se podrá opinar sobre ella cuando sea firme".

Lo que dice la sentencia

Lo que dice la resolución de la Audiencia de Madrid sobre ese punto es esto: "También responderá civilmente de dichos daños y perjuicios Rafael Pastor, el cual, conforme a la redacción vigente en la fecha en que se produjeron los hechos habría resultado condenado por faltas de homicidio y lesiones por imprudencia leve previstas y penadas en el art. 621.2 y 3 del Código Penal, las cuales en la actualidad han sido despenalizadas. Por ello, Rafael Pastor debe ser absuelto pero responde civilmente de acuerdo con lo dispuesto en (...) de los daños y perjuicios producidos por su conducta que, en aquel momento era constitutiva de infracción penal". Su nombre figura en la lista de aquellos a quienes la Audiencia de Madrid dedicó en su sentencia estas palabras: "Todos [los condenados] han contribuido al resultado producido". Y también estas: "Si alguno de ellos hubiera actuado correctamente" la tragedia "podría haberse evitado".

El acuerdo de readmisión de Pastor se cerró el pasado día 21 cuando estaba a punto de comenzar el juicio por la demanda por despido improcedente que había formulado el antiguo responsable de seguridad de Madridec. Según Yolanda Martín, la juez de lo social que debía enjuiciar el caso le había dicho a la empresa que "la falta alegada para el despido disciplinario estaba prescrita" y que más le valdría negociar. 

La sentencia del Madrid Arena consideró probado [puedes leerla y hacer búsquedas en el texto pinchando aquí] que la noche de la avalancha mortal durante una fiesta de Halloween cuya organización vulneró todas las normas municipales, Pastor "estuvo en el exterior del pabellón desde antes de que comenzara el evento hasta, al menos, las 3 de la mañana". Y que "tuvo que sacar la conclusión, inevitablemente, de que el aforo se había sobrepasado". "Si dice eso, es mentira", espeta la representante del comité, quien sostiene que la tesis de la sentencia sobre la responsabilidad de Pastor en lo sucedido "es una interpretación de los jueces".

La versión oficial

Fue el lunes por la tarde cuando infoLibre preguntó a los portavoces del equipo municipal de gobierno de Madrid por qué la corporación ha decidido la readmitir voluntariamente  a quien era responsable de seguridad del Madrid Arena cuando se produjo la tragedia de 2012. El miércoles por la mañana, fuentes autorizadas de la empresa municipal Madrid Destino ofrecieron la siguiente respuesta: "Se trata de un procedimiento entre la empresa y el trabajador sobre el que aún no podemos hacer valoraciones. Sí queremos reafirmar nuestra solidaridad con el dolor de las familias de las cinco chicas fallecidas en el Madrid Arena y confirmar nuestro compromiso con la asunción de responsabilidades ante tragedias como esta".

Pastor fue despedido "por la comisión de faltas de carácter muy grave y culpable" señaladas en el apartado 3 del artículo 46 del convenio colectivo de la ya extinta Madrid Espacios Congresos (Madridec), así como en el artículo 54 del Estatuto de los Trabajadores.

Una semana antes de la readmisión de Rafael Pastor, el Tribunal Supremo celebró una vista pública para examinar los 18 recursos de casación presentados contra la sentencia. Las fuentes consultadas aseguran que Rafael Pastor, a quien este diario no ha logrado localizar y cuyo teléfono no figura en la guía, fue uno de los recurrentes. Dada la complejidad del asunto –la resolución recurrida consta de 677 páginas– y la abundancia de recursos, los expertos creen improbable que la sentencia se conozca con rapidez. Su redacción está encomendada al ya virtual nuevo fiscal general del Estado, Julián Sánchez Melgar.

Isabel de la Fuente es madre de una de las cinco víctimas que perdieron la vida en la catástrofe del Madrid Arena en noviembre de 2012. Pilar Vera preside la Asociación de Afectados del Vuelo JK5022 (Spanair) entre Madrid y Gran Canaria, que dejó 154 fallecidos en agosto de 2008. Sus voces se alzan hoy para respaldar la petición del cese inmediato del fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, tal y como ha hecho infoLibre. Los motivos no se reducen únicamente a su actuación frente al caso Lezo, sino que Moix guarda a sus espaldas una trayectoria que, a juicio de ambas, evidencia su "absoluta falta de independencia".

El protagonismo del fiscal Moix durante la última semana lleva a De la Fuente a recordar que "durante la investigación de Madrid Arena lo único que hizo fue batir el cobre para que ningún político del ayuntamiento fuera acusado". Después de que la investigación judicial sobre la tragedia resultara en la ausencia de responsabilidades por parte de los concejales investigados, el único elemento con alcance político apuntaba a la imputación del ex inspector jefe de la Policía Municipal, Emilio Monteagudo. El entonces fiscal superior de Madrid, Manuel Moix, señaló al respecto que Monteagudo carecía de responsabilidad penal. "Ellos se negaban a que el señor Monteagudo fuera acusado, y la Fiscalía en el turno de última palabra hizo un alegato de defensa hasta el punto de que el abogado de defensa de Monteagudo dijo que no añadía más porque la defensa ya estaba hecha", denuncia De la Fuente.

Pero el papel de Moix en el caso del Madrid Arena no termina con Monteagudo. En mayo de 2014 el máximo responsable de la tragedia, el empresario Miguel Ángel Flores, fue detenido por riesgo de fuga. Pese a que el juez instructor, Eduardo López-Palop, determinó dicha detención al detectar la posibilidad de huida, el fiscal Manuel Moix había sido anteriormente contrario a la imposición de medidas cautelares "e incluso se adhirió al escrito de petición para que se las quitaran, elaborado por su abogado defensor". El fiscal superior de Madrid "no estuvo nunca de acuerdo con la interpretación que hizo el juez" cuando impuso medidas cautelares para controlar los movimientos del empresario y además justificó que no se pidiera prisión provisional. Moix "es una persona que siempre va del lado de los políticos y los poderosos, ningunea y humilla a las víctimas", denuncia De la Fuente, quien defiende que "si él no hubiera intervenido en el caso Madrid Arena y si los fiscales hubieran hecho las labores propias de la fiscalía, que es ejercer la labor pública, posiblemente algún político del Ayuntamiento de Madrid hubiera sido encausado".

Tras el accidente aéreo de Spanair que en verano de 2008 se saldó con las vidas de 154 personas, la justicia decidió en 2012 archivar la causa penal y dejar únicamente espacio en la vía civil. Pilar Vera rechaza hacer acusaciones directas contra Moix, porque en casos como el del Madrid Arena "se ha retratado mediáticamente, pero en el accidente de Spanair" no ha ocurrido de la misma forma. Los familiares de las víctimas, no obstante, aseguran sentir "que ha sido uno de los principales responsables de que la Audiencia Provincial de Madrid en sobreseimiento libre archivara la causa". El fiscal asignado durante el caso, Lorenzo Bernal, "nunca jamás hizo nada ni por las víctimas, ni por la asociación, ni para que se supiera la verdad". Por el contrario, continúa Vera, "siempre dijo que tenía que hacer un acta sobre las entrevistas que tuviera con la asociación, y reportarla a su superior, que era Manuel Moix". También aseguró "que él no hacía nada sin que sus superiores se lo mandaran. Moix es dañino para el sistema de justicia, es el fiscal del PP pero también el fiscal del poderoso", denuncia Vera.

La presidenta de la plataforma de afectados subraya que las familias han sido "victimizadas por el Estado", dándoles "una medicina para quitarlas del medio por molestas". "Nos ha victimizado con el manejo sistemático de la justicia por parte de la fiscalía", lamenta Vera, quien recuerda, tras casi nueve años de la tragedia, que "el sobreseimiento libre que hizo la Audiencia Provincial está en los anales de la vergüenza y la injusticia de este país".

Blesa, Santamaría y Lezo

Tanto Vera como De la Fuente enumeran una serie de acontecimientos en los que las decisiones de Moix "han sido perjudiciales para la ciudadanía y el sistema judicial". Con la inauguración del año judicial en 2011, Moix aseguró, en alusión al movimiento que generó el 15M, que en "una sociedad democrática no se puede ocupar la vía pública porque se quiera" y llegó a aseverar que "ningún derecho, ni siquiera los reconocidos como fundamentales, es absoluto, sino que todos tienen sus límites".

En junio de 2013, tras la apertura de la investigación judicial contra Miguel Blesa, la fiscalía liderada por Moix recurre al auto de prisión porque "no está suficientemente motivado". La fiscalía incluso presentó una querella acusando al juez Elpidio Silva por haber encarcelado dos veces al expresidente de Caja Madrid. "Manuel Moix entendía que el instructor tomaba decisiones arbitrarias, y los procesos contra el señor Blesa siguen actualmente en vigor", critica De la Fuente.

Moix vuelve a aparecer en escena de la mano del escrache contra Soraya Sáez de Santamaría, en el año 2013. La Audiencia de Madrid archivó la causa por tratarse de "un mecanismo de participación democrática", pero la fiscalía recurrió "al considerar que se violó el derecho a la intimidad personal y familiar" de la vicepresidenta del Gobierno, recuerda De la Fuente.

"Ahora, en el caso Lezo, lo que estamos sabiendo es absolutamente inadmisible", remacha la víctima, quien además considera que "aunque este señor hubiera actuado de buena fe, que no lo hace, solamente la sospecha le inhabilita para estar en un cargo de esa magnitud e importancia". Pide, por ello, que Mariano Rajoy impulse el cese de Moix, del Fiscal General del Estado y del ministro de Justicia, "porque son su gente, son sus subordinados, y la cabeza visible siempre es responsable". También Pilar Vera coincide en que "es evidente que el Fiscal General es el que ha puesto a Moix", por lo que "ahora mismo Moix es el parapeto, el siguiente de la lista es él, y después el ministro de Justicia".

De la Fuente admite confiar en la presión que ejerza la oposición en este sentido, aunque considera que una justicia independiente será imposible "mientras a los miembros del Consejo General del Poder Judicial los nombren los partidos políticos a su antojo, mientras el Fiscal General del Estado lo nombre el Gobierno, y mientras a los fiscales lo nombre el propio Ministro de Justicia a través del Fiscal General". La única manera de lograr un cambio, recalca Vera, "es que la oposición se ponga de acuerdo para eliminar los aforamientos".

¿Es razonable jurídicamente la pena de cuatro años por la muerte de las cinco jóvenes del Madrid Arena? A tenor de la interpretación de jueces, fiscales y otros expertos, sí. "Lo que se pretende es impedir que un homicidio involuntario tenga una pena mayor que otro que sí se haya querido cometer", explica el portavoz de la asociación de jueces Francisco de Vitoria, Raimundo Prado. 

Por el contrario Isabel de la Fuente, madre de Cristina Arce, una de las cinco jóvenes fallecidas en la tragedia del Madrid Arena en 2012, ha catalogado de "vergüenza" la condena al promotor de la fiesta, Miguel Ángel Flores, y ha asegurado que está estudiando recurrir la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Madrid.

Los magistrados de la Sección Séptima consideran al dueño de la empresa que organizó la fiesta mortal autor de cinco delitos de homicidio por imprudencia grave y 29 delitos de lesiones. En el juicio, la Fiscalía de Madrid había solicitado cuatro años de cárcel para Flores por cinco delitos de homicidio imprudente grave y seis años de inhabilitación para ejercer la profesión de empresario u organizador de fiestas. Las acusaciones elevaban esta petición a veinte años, cuatro años por cada joven fallecida.

Asimismo, el tribunal absuelve al exjefe de la Policía Municipal de Madrid Emilio Monetagudo de cualquier responsabilidad en la tragedia, al igual que el caso de los doctores Simón Viñals y su hijo Carlos, encargados de la enfermería que se instaló en la fiesta que se celebró hace casi cuatro años en el pabellón Madrid Arena.

Técnica jurídica

El magistrado Raimundo Prado, que especifica que su interpretación del Código Penal se realiza al margen de la sentencia del Madrid Arena, destaca que las penas por un homicidio imprudente se han establecido al margen de la política: "Es una cuestión de técnica jurídica establecida por expertos desde hace muchos años. Lo que se trata es de evitar que un delito por imprudencia tenga el mismo castigo que uno doloso. Además, evita que se den penas excesivas o fuera de lo real".

El Código Penal especifica que en los casos de homicidio imprudente a los autores se les impondrá una única pena en su mitad superior, lo que explica que en el caso del Madrid Arena la actuación de Miguel Ángel Flores se castigue solo con cuatro años de prisión, que es el máximo previsto para este tipo de homicidios.

Interpelado por infoLibre sobre la conveniencia de endurecer las penas para los homicidios involuntarios cuando haya varias víctimas, Raimundo Prado relata que la teoría de las penas por "resultado" se abandonó hace muchos años: "En el derecho penal se castiga lo que se quiere cometer independientemente del resultado, pero son cuestiones de técnica jurídica. Sino estaríamos ante una cadena perpetua, que en el ordenamiento jurídico español no está admitida".

Asociación de Fiscales

En similares términos se expresa el portavoz de la mayoritaria Asociación de Fiscales, Emilio Frías, que pone un ejemplo para explicar el  artículo 77 del Código Penal del concurso ideal aplicado al caso del caso Madrid Arena: "Cuando una persona roba todos los días una pequeña cuantía, como por ejemplo una lechuga, un tomate o algo de poca importancia, no se le atribuye un delito de robo cada día, porque al final podría cumplir la pena máxima de 30 años. Por el contrario se le imputa un único delito".

Emilio Frías, que asegura que en estos casos hay que aplicar la máxima: "Las leyes penales con la mente fría", coincide con otros juristas, como por ejemplo es el caso del portavoz de la Asociación Profesional para la Magistratura (APM), Celso Rodríguez, al advertir contra las modificaciones del derecho penal como reacción a la actualidad: "No se puede legislar preguntando a los afectados", resalta Frías.

En este sentido, el portavoz de la APM especifica: "Mi opinión es que el homicidio imprudente no está mal regulado en el Código Penal y no es conveniente una revisión al alza. Estas reflexiones surgen en los casos en los que las víctimas solicitan un trato penal más duro, y yo creo que hay que tomar distancia y analizar el Código Penal con más frialdad".

Celso Rodríguez, que considera "respetables" las opiniones de las acusaciones que consideran que el Código Penal es muy benigno cuando de una imprudencia hay varias muertes, rechaza que el sistema español sea benévolo con los homicipios involuntarios: "Está suficientemente dimensionado, porque la voluntad del autor nunca es cometer un número tan elevado de delitos".

"Delito doloso con intención"

Como ejemplo de unos hechos en los que una persona sí tiene intención de cometer un homicidio, lo que se considera en términos jurídicos dolo eventual, Rodríguez relata que podría ser una persona que coloca una bomba en un barco, ya que al cometer esta acción contempla la posibilidad de que mueran personas, aunque realmente no quiera que fallezcan. "Estaríamos ante un delito doloso con intención, pero en este caso del Madrid Arena, tratándose de una imprudencia, el Código Penal no resulta desacertado al contemplar el concurso de delitos o la pluralidad de resultados de una misma acción. No son cinco delitos independientes, sino unos hechos con múltiples resultados".

Celso Rodríguez también llama la atención en el hecho de que un tribunal, como por ejemplo la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Madrid que ha condenado al empresario Miguel Ángel Flores a cuatro años de cárcel, no puede imponer una pena mayor a la que se le solicita.

El portavoz de Jueces para la Democracia, Ignacio González, también considera "razonable" la pena establecida, e incluso advierte que el tribunal ha condenado al empresario que organizó la fiesta de Halloween "a la máxima pena posible".

"Calderilla carcelaria"

Por su parte, el abogado del acusación del PSOE madrileño en el caso Madrid Arena, José María Benítez de Lugo, indica a este diario que la que califica como "baja cuantía" de la condena se debe a "un fallo del Código Penal del artículo 77: "De esta forma, matar a una persona es lo mismo que matar a 100. Para mí se trata de calderilla carcelaria, porque de esta forma un muerto equivale a 9 meses de cárcel", se lamenta Benítez de Lugo.

La madre de Cristina Arce ha destacado también que a su juicio en el banquillo no estaban todos los que deberían, aludiendo a políticos que deberían haber estado por "amiguismo" o "falta de responsabilidad". En este sentido, el portavoz de Jueces para la Democracia, que ha asegurado desconocer la instrucción del caso Madrid Arena, aseguró que el único filtro para elevar o no las responsabilidades penales a los representantes políticos es el Código Penal.

Así consta en una sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press, en la que los magistrados de la Sección Séptima consideran al dueño de la empresa que organizó la fiesta mortal autor de cinco delitos de homicidio por imprudencia grave y 29 delitos de lesiones.

Asimismo, se absuelve al exjefe de la Policía Municipal de Madrid Emilio Monteagudo de responsabilidad en la tragedia.

En el juicio, la Fiscalía de Madrid solicitó cuatro años de cárcel para Flores por cinco delitos de homicidio imprudente grave y seis años de inhabilitación para ejercer la profesión de empresario u organizador de fiestas. Las acusaciones elevaban esta petición a veinte años, cuatro años por cada joven fallecida.

Durante la vista oral, Flores manifestó su pesar por lo sucedido y culpó al Ayuntamiento dirigido entonces por Ana Botella del hecho de alquilarle un edificio en malas condiciones. La prueba practicada en la vista oral demostró que la principal causa de la tragedia fue el sobreaforo que hubo,el sobreaforo que hubo, agravado por el cierre de los vomitorios y la apertura de varias puertas de emergencias para que entraran jóvenes sin control directos a la pista.

Según la fiscal y las acusaciones, la pista debía de estar esa noche a reventar a la hora del número de la barca del afamado dj Steve Aoki, un extremo que venía en una de las cláusulas del contrato. El espectáculo finalmente se hizo y fue cuando se produjeron diversas avalanchas, entre ellas una mortal.

Cuatro meses de vistas

El pasado 12 de enero, la vista oral arrancaba con quince acusados en el banquillo por cinco delitos de homicidio por imprudencia grave y lesiones. Miguel Ángel Flores responsabilizó tanto en instrucción como en su declaración al plenario al Ayuntamiento de Madrid Ayuntamiento de Madrid de la tragedia por las deficiencias estructurales del edificio municipal.

Al igual que el empresario, ninguno de los acusados ha asumido en la vista oral su supuesta parte de responsabilidad. Flores apuntó a Madrid Espacios y Congresos (Madridec) –la gestora del edificio– como la máxima responsable del evento, mientras que estos a su vez señalaron como culpables a los controladores de Kontrol 34 por abandonar sus puestos de trabajo y empujar a los asistentes, provocando caídas en el público que dieron lugar a las diferentes avalanchas.

Seguriber, la empresa responsable de la seguridad en el interior, culpó a Madridec de abrir un portón de mercancías por donde se colaron miles de jóvenes, masificando la pista en la hora en la que se produjo la avalancha.

La empresa no asumió su parte de responsabilidad a pesar de que el vigilante de cámaras que debía ser "los ojos" del evento se ausentó de la sala durante las horas en las que se produjeron las avalanchas. En su declaración aseguró que su función era comprobar que las cámaras funcionaban.

Mientras que los responsables de la enfermería, el doctor Simón Viñals y su hijo Carlos, culparon a Flores de las limitaciones del botiquín. A los Viñals se les acusa de dar por muertas a dos de las víctimas cuando estaban en parada cardiorrespiratoria, una afirmación de a fiscal que su abogado ha tachado de "injustas" ya que existen evidencias que muestran lo contrario.

En cuanto al operativo policial, el exjefe de la Policía Municipal de Madrid Emilio Monteagudo responsabilizó del descontrol policial a la oficial de Moncloa, jefe del diseño del despliegue policial de esa noche. La defensa de Monteagudo acusó a Cándida Jiménez de mentir en lo relativo a que se le negaran los refuerzos y otras cuestiones como el hecho de que alertara de lo que estaba sucediendo.

Sobreventa de entradas

En su declaración, Flores reprochó al Ayuntamiento que dirigía la entonces alcaldesa Ana Botella, y concretamente a la empresa municipal Madridec, responsable del pabellón, que "jamás" le mostraran un Plan de Autoprotección, recalcando que pensaba que el edificio tenía licencia municipal. También les acusó de que "lo hicieron mal" y que le obligaron a él "a hacerlo mal".

"Yo desconocía completamente la situación del edificio anterior a esta tragedia. No acuso al Ayuntamiento, sino a las personas que conocían en el año 2010 que las cosas se hacían mal y que a mí me lo hacían hacer mal", dijo entonces.

Durante la prueba del juicio, según la fiscal, ha quedado acreditado que se vendieron casi 17.000 entradas y que Flores puso a la venta casi 37.000.

Sin embargo, el abogado que defiende al empresario sostuvo en su informe final que no existió "la sobreventa" de entradas por parte de su cliente, criticando la "visión apocalíptica" que han difundido los medios de comunicación. Pese a esta afirmación, multitud de imágenes exhibidas en la vista han demostrado que la pista estaba visiblemente masificada.

La sentencia del caso Madrid Arena se conocerá el próximo martes, casi cuatro años después de que se produjera la fiesta mortal organizada por el empresario y principal imputado Miguel Ángel Flores, informaron fuentes jurídicas.

De este modo, la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Madrid notificará a todas las partes incursas en el procedimiento la sentencia correspondiente al denominado caso Madrid Arena, a partir de las 12:00 horas.

Las mismas fuentes señalaron a Europa Press que la Sala citó a los propios acusados para que se les entregue a ellos en mano el fallo.

En el juicio, Flores manifestó su pesar por lo sucedido y culpó al Ayuntamiento dirigido entonces por Ana Botella del hecho de alquilarle un edificio en malas condiciones. La prueba practicada en la vista oral demostró que la principal causa de la tragedia fue el sobreaforo que hubo, agravado por el cierre de los vomitorios y la apertura de varias puertas de emergencias para que entraran jóvenes sin control directos a la pista.

Según la fiscal y las acusaciones, la pista debía estar esa noche a reventar a la hora del número de la barca del afamado dj Steve Aoki, un extremo que venía en una de las cláusulas del contrato. El espectáculo finalmente se hizo y fue cuando se produjeron diversas avalanchas, entre ellas una mortal.

El juicio

El pasado 12 de enero, la vista oral arrancaba con quince acusados en el banquillo por cinco delitos de homicidio por imprudencia grave y lesiones. Miguel Ángel Flores responsabilizó tanto en instrucción como en su declaración al plenario al Ayuntamiento de Madrid de la tragedia por las deficiencias estructurales del edificio municipal.

Al igual que el empresario, ninguno de los acusados asumió en la vista oral su supuesta parte de responsabilidad. Flores apuntó a Madrid Espacios y Congresos (Madridec) –la gestora del edificio– como la máxima responsable del evento, mientras que estos a su vez señalaron como culpables a los controladores de Kontrol 34 por abandonar sus puestos de trabajo y empujar a los asistentes, provocando caídas en el público que dieron lugar a las diferentes avalanchas.

Seguriber, la empresa responsable de la seguridad en el interior, culpó a Madridec de abrir un portón de mercancías por donde se colaron miles de jóvenes, masificando la pista en la hora en la que se produjo la avalancha.

La empresa no asumió su parte de responsabilidad a pesar de que el vigilante de cámaras que debía ser "los ojos" del evento se ausentó de la sala durante las horas en las que se produjeron las avalanchas. En su declaración aseguró que su función era comprobar que las cámaras funcionaban.

Mientras que los responsables de la enfermería, el doctor Simón Viñals y su hijo Carlos, culparon a Flores de las limitaciones del botiquín. A los Viñals se les acusa de dar por muertas a dos de las víctimas cuando estaban en parada cardiorrespiratoria, una afirmación de a fiscal que su abogado tachó de "injustas" ya que existen evidencias que muestran lo contrario.

En cuanto al operativo policial, el exjefe de la Policía Municipal de Madrid Emilio Monteagudo responsabilizó del descontrol policial a la oficial de Moncloa, jefe del diseño del despliegue policial de esa noche. La defensa de Monteagudo acusó a Cándida Jiménez, jefa de Policía Municipal, de mentir en lo relativo a que se le negaran los refuerzos y otras cuestiones como el hecho de que alertara de lo que estaba sucediendo.

Sobreventa de entradas

En su declaración, Flores reprochó al Ayuntamiento que dirigía la entonces alcaldesa Ana Botella, y concretamente a la empresa municipal Madridec, responsable del pabellón, que "jamás" le mostraran un Plan de Autoprotección, recalcando que pensaba que el edificio tenía licencia municipal. También les acusó de que "lo hicieron mal" y que le obligaron a él "a hacerlo mal".

"Yo desconocía completamente la situación del edificio anterior a esta tragedia. No acuso al Ayuntamiento, sino a las personas que conocían en el año 2010 que las cosas se hacían mal y que a mí me lo hacían hacer mal", dijo entonces.

Durante la prueba del juicio, según la fiscal, quedó acreditado que se vendieron casi 17.000 entradas y que Flores puso a la venta casi 37.000.

Sin embargo, el abogado que defiende al empresario sostuvo en su informe final que no existió "la sobreventa" de entradas por parte de su cliente, criticando la "visión apocalíptica" que difundieron los medios de comunicación. Pese a esta afirmación, multitud de imágenes exhibidas en la vista demostraron que la pista estaba visiblemente masificada.

Flores afronta una petición fiscal de cuatro años de cárcel por cinco delitos de homicidio imprudente grave y una petición de seis años de inhabilitación para el ejercicio de la profesión de empresario u organizador de fiestas. Las acusaciones quieren que se sumen cuatro años por cada víctima.

En su informe, la fiscal rebajó sus penas a dos años, seis meses y un día para el 'número dos' de Flores, Santiago Rojo, un empleado de Diviertt, Miguel Ángel Morcillo, y para el jefe del equipo de Seguriber, José Antonio Díaz Romero.

Además, se pidieron tres años de cárcel para el socio y apoderado de Kontrol 34, Carlos Manzanares y Emilio Belliard; el coordinador jefe de Seguriber, Juan José Paris; el coordinador jefe de Seguriber, Raúl Monterde; y el vigilante de seguridad de Seguriber, Roberto Mateos, entre otros. La misma pena se reclamó para Rafael Pastor y Francisco del Amo, encargados de seguridad de Madridec.

La Fiscalía rebajó en un año la pena para los encargados del dispositivo sanitario, Simón Viñals y su hijo, hasta quedarse en un año, seis meses y un día de cárcel por "un delito de homicidio por imprudencia grave profesional para cada uno de ellos". Además, la Fiscalía de Madrid retiró la acusación contra el jefe de Emergencias del evento, José Ruiz Ayuso.

La madre de una de las chicas muertas en la tragedia del Madrid Arena, Isabel de la Fuente, ha criticado este miércoles gran parte de la declaración ante el juez del empresario Miguel Ángel Flores y le ha reprochado que haya llamado "pobrecitas" en un momento del juicio a las adolescentes fallecidas.

"Aquí el único pobre eres tú, Flores; mi hija no es ninguna pobrecita", ha pronunciado ante la prensa la madre de Cristina Arce a la salida de la segunda sesión del juicio por el caso Madrid Arena, que ha tenido este miércoles lugar en la Audiencia Provincial.

De la Fuente no se ha mostrado sorprendida de que el principal acusado de las muertes no haya querido someterse al interrogatorio de las acusaciones particulares y populares, pero no ha visto "nada habitual" que hubiera pagado a la imprenta "una pasta" al imprimir 17.500 –según ha reconocido hoy en la vista oral– cuando el aforo del recinto no llegaba a 10.000.

"Se pilla antes a un mentiroso que a un cojo. Él ha dicho que había destruido los talonarios que no había vendido y luego ha dicho en el juicio que había aparecido en las urnas. La realidad es tozuda. Tú has vendido más entradas de las que tenías que haber vendido y ahora te comes esto", ha lanzado a Flores.

Isabel de la Fuente ha reconocido que el Madrid Arena "no tiene condiciones, ni licencia", pero ha recordado al empresario que si había realizado allí 33 eventos, tal y como admitió en juicio, "nunca se haya preocupado hasta ahora".

"Lo que pasa es que tú has hecho lo que has hecho siempre y cuando se te han muerto cinco personas, entonces te preocupa eso. El problema es que como nunca ha pasado nada, nadie ha tomado medidas, pero como ahora ha pasado hay que comerse el marrón y ya está", ha zanjado.

El Fiscal Jefe Provincial de Madrid, José Javier Polo, seguró este lunes en la sede del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que el exceso de aforo y la "ausencia absoluta de organización y control de seguridad" fueron los ejes principales de la tragedia del Madrid Arena.

Del mismo modo, Polo señaló que el botellón realizado por los asistentes a la macrofiesta de Halloween del Madrid Arena del 1 de noviembre de 2012 a las afueras del recinto "no influye" en el resultado final de cinco fallecidas por la avalancha producida en uno de los vomitorios.

Así lo expresó Polo durante la presentación de la postura del Ministerio Fiscal en el juicio del Madrid Arena, donde señaló también que "no hay prueba que determine que la conducta de la Policía Municipal aquella noche contribuyera al trágico resultado".

Además, el fiscal aseguró que el sobre aforo producido en el recinto fue una "concausa" en el resultado final, es decir, que no fue el único motivo. Para Polo, a esto hay que añadir "una ausencia obsoleta en coordinación de seguridad", prevista para un escenario "falso" que se había establecido en función de la capacidad del Recinto.

Tal y como recoge el escrito definitivo del juez Eduardo López-Palop, se produjo un "exceso de aforo" en el recinto, cuya capacidad es de 10.620 personas y, sin embargo, para esta fiesta se llegaron a vender en torno a 23.000 entradas, informa Europa Press.

José Javier Polo subrayó que el Madrid Arena "no fue un accidente" y que "fue evitable" ya que la calificación jurídica que se ha adoptado es la de homicidio imprudente, es decir, "que los acusados son personas que con su falta de intervención contribuyeron a dicho resultado".

En este sentido, Polo explicó que cuando se trata de este tipo de delitos, la ley establece una única pena, ya que la omisión produce un conjunto de delitos "y se castiga como una única pena". Por ello reiteró la pena de cuatro años de prisión solicitada para el promotor de la fiesta, Miguel Ángel Flores, por cinco delitos de homicidio por imprudencia grave y treinta delitos de lesiones por imprudencia así como la inhabilitación de seis años para participar en actividades relacionadas con el delito.

También señaló que los dos médicos –Simón Viñals Pérez y Carlos Viñals Larruga– están acusados de imprudencia profesional "porque no llevaron a cabo todos los medios necesarios".

En total serán 15 los acusados del caso, cuatro los responsables civiles directos y cinco los responsables civiles subsidiarios. Respecto a las acusaciones, se personarán siete particulares y dos populares (Grupo Socialista del Ayuntamiento de Madrid y el sindicato Manos Limpias).

"Este edificio es completamente seguro. Lo que no es seguro es que metamos a más gente de la que se puede meter". El jefe de Seguridad de Madrid Destino —empresa municipal responsable de este y otros centros públicos—, Raúl Valera, pretendía despejar con estas palabras las dudas en torno a la seguridad del Madrid Arena. En una visita al recinto con los medios de comunicación, él y Celia Mayer, delegada de Cultura, han insistido en que todos los informes solicitados por el Ayuntamiento confirman que el edificio está "en buenas condiciones". "Nunca se va a repetir una fiesta como la de hace tres años", ha prometido Mayer. 

La visita a las instalaciones este miércoles se produce a dos días del tercer aniversario de la fiesta de Halloween en la que murieron cinco jóvenes. El Ayuntamiento ha señalado que fue la falta de control en el acceso al recinto lo que generó la avalancha que causó las muertes, y no algún tipo de defecto estructural en el edificio. "La evacuación es suficiente para el aforo dentro de los usos de este edificio", ha afirmado Valera, que ha desplazado la responsabilidad del accidente al sobreaforo: "Todos sabemos lo que pasó allí". 

"El edificio era seguro entonces y es seguro ahora", ha afirmado Valera. Según el responsable de Seguridad nombrado por Ahora Madrid, las vías de evacuación del recinto son "más que suficientes" en los tres niveles del edificio, pista, cota 5 y cota 11. Ha señalado, además, que hay pistas que un sistema de pistas en anillo permiten que bomberos, policía y ambulancias puedan entrar a cualquier planta al recinto. Valera ha insistido en que la anchura de las pistas y las puertas supera la fijada por la normativa. "Hay accesos de sobra", ha zanjado.

Las nuevas medidas instauradas por el equipo de Ahora Madrid refuerzan precisamente el control del aforo, que se establce teniendo en cuenta el cálculo más restrictivo. A partir de ahora, el Ayuntamiento supervisará la venta de entradas a través de un sistema informático que hará de nodriza de las webs de venta que utilice cada empresa. El nuevo equipo quiere evitar así que se vuelvan a vender más entradas de las que permite el aforo, como ocurrió el 1 de noviembre de 2012 según las investigaciones del juez Palop. Este sistema comenzará a utilizarse a partir de junio, ya que no entraba en las condiciones del contrato del espectáculo que ocupará el espacio hasta entonces.

Valera ha aprovechado para negar que se produjera un sobreaforo durante el congreso de culturismo Arnold Classic Europe celebrado a finales de septiembre, y ha precisado que ni siquiera se celebraba en el Madrid Arena, sino en otro edificio del complejo de Casa de Campo. "La diferencia sustancial [entre el antiguo y el nuevo Gobierno] está en el control de aforo. Nunca se puede elevar el control de aforo de un edificio público a una promotora privada", ha criticado Mayer. 

El Consistorio también utilizará pistolas de lectura de códigos de barra o QR para llevar un conteo digital del número de asistentes. Esta decisión ha sido criticada por el PSOE, ya que en la macrofiesta de 2012 ya se usó este sistema, lo que no impidió que se superara el aforo permitido. "No hay un sistema de control de acceso homologado por la Comunidad de Madrid. Mientras no lo haya, utilizaremos este", ha explicado Valera a los medios. Los socialistas han criticado en otras ocasiones que las pistolas no son una herramienta digital, sino manual "sometida al error humano", y han solicitado la instalación de tornos o elementos similares. "Los tornos dificultan la salidad. Esto no es un estado de fútbol en el que la gente entra, se sienta y se va. Aquí no todos los espectáculos tienen el mismo modo de acceso", se ha defendido el responsable de Seguridad. 

El Ayuntamiento ha negado que en el recinto se hayan instalado cámaras de seguridad falsas, como recogía el lunes una información de El Mundo. De hecho, el pasado agosto, según Valera, se instaló una cámara en el vomitorio donde ocurrió la avalancha, que en 2012 contaba solo con una carcasa vacía, sin un dispositivo dentro. Sí ha admitido que se han suprimido ocho cámaras situadas en el exterior del edificio porque incumplían la normativa de protección de datos. "Cuando llegué me encontré con un procedimiento sancionador. Tuvimos que desconectar las que no cumplían porque grababan la vía pública", ha explicado el responsable de Seguridad, que niega que esto suponga un riesgo. 

Valera también ha respondido a las críticas sobre la instalación sanitaria del recinto. En 2012, las jóvenes fueron atendidas en un cuarto utilizado como enfermería que carecía de agua corriente. El edificio sigue sin tener enfermería, pero el jefe de Seguridad defiende que no están obligados a instalarla: "Que yo sepa, en ninguna normativa se obliga a que la haya". Sí se cumple con la obligación de que el SAMUR esté presente en los eventos de gran afluencia (más de 2.000 personas), además de disponer servicio sanitario privado en el interior de la instalación. Estas medidas, según el Ayuntamiento, "superan con creces" la capacidad de una hipotética enfermería. "La enfermería es en las plazas de toros. Aquí los sanitarios pueden instalarse donde consideren", ha contestado Valera. 

Ahora Madrid ha empezado a impartir sesiones informativas al personal del Madrid Arena, una medida que ya aparecía en las propuestas de la comisión de investigación en torno al suceso. Valera ha asegurado que es él mismo quien forma a los empleados, que son instruidos sobre las funciones que deben desempeñar durante un evento y una posible evacuación. El jefe de Seguridad o un sustituto estará presente en todos los espectáculos de gran afluencia, según han anunciado. "Estamos tomando todas las medidas de seguridad que están a nuestro alcance", ha asegurado Valera. 

Pese a las medidas tomadas por el nuevo equipo, aún está en duda si el edificio cuenta con una licencia. El argumento del área de Urbanismo de Madrid Destino es que, según la ley del suelo de la Comunidad de Madrid, los edificios construidos según un plan municipal no necesitan licencia, por lo que la tienen "a todos los efectos". Durante la instrucción del caso, algunos expertos defendieron que esa cláusula se refiere solo al permiso de construcción, no de uso. Celia Mayer aceptó que hay "órdenes contradictorias y lagunas" en la normativa. "Hay un proceso judicial abierto [el juicio empieza el 12 de enero] y acataremos lo que diga la justicia", ha asegurado la delegada. 

Han pasado casi tres años desde la muerte de cinco jóvenes como consecuencia de una avalancha durante la fiesta de Halloween en el Madrid Arena. Pero, después de una comisión de investigación, y tras la llegada de Ahora Madrid al Ayuntamiento, aún existen dudas sobre si el edificio está completamente preparado para alojar grandes eventos. El Gobierno municipal asegura, como sus predecesores, que todo está en regla en el pabellón, aunque ha anunciado futuras "medidas extraordinarias en materia de seguridad" en los edificios municipales. Mientras, el PSOE denuncia la falta de información sobre las medidas que se han tomado durante estos años para mejorar su seguridad, y recuerda que hace tan solo tres semanas se produjo un posible sobreaforo durante la celebración de un congreso. 

"El Madrid Arena es un edificio adecuado para la realización de grandes eventos siempre y cuando se respete la capacidad máxima de ocupación en función de cada uso y formato y se lleven a cabo las acciones de control pertinentes", solventa el equipo de Manuela Carmena a preguntas de infoLibre. El PSOE, por su parte, se pregunta "qué ha cambiado entre 2012 y ahora para que se considere seguro" y se queja de que, ante sus solicitudes de información —hasta tres antes de recibir contestación—, el Ayuntamiento le entrega, como única respuesta, un informe de una página y media expedido por el Director de Infraestructuras de Madrid Destino, empresa municipal propietaria del edificio. 

En este informe fechado el pasado 7 de septiembre, al que ha tenido acceso este periódico, el nuevo responsable de infraestructuras, Justo Benito, establece que el Madrid Arena, al ser un proyecto "promovido por el Ayuntamiento", tiene licencia de funcionamiento "a todos los efectos". Es el mismo argumento utilizado por el PP: según la legislación, los edificios municipales "no requieren de licencia urbanística", lo que se hacía extensible, según los populares, también a las de funcionamiento, aunque estas necesiten un informe positivo de seguridad y de protección contra incendios. Ahora Madrid ha asegurado a este periódico que existe una evaluación favorable firmada por el director de Seguridad. Pese a sus peticiones de información los socialistas niegan haber recibido este documento o conocer su existencia. 

El problema con este argumento es también el mismo que en 2012. Un informe realizado por el área de Urbanismo alertaba en 2010 de "deficiencias concretas" en la seguridad inherentes a la estructura del edificio. El documento respondía a la petición de licencia para el edificio que, paradójicamente, realizó Madrid Espacios y Congresos (la empresa que gestionaba entonces el pabellón, ahora disuelta), pese a "no necesitarla". Según los técnicos, el edificio era inaccesible para los bomberos, los vomitorios de evacuación (donde se produjo la avalancha) eran insuficientes, había fallos en la ventilación y el sistema de detección de incendios estaba demasiado alto como para funcionar correctamente. El informe fue desfavorable y el Ayuntamiento desistió en el intento de obtener la licencia.

Ni el Gobierno anterior ni este ha notificado en ningún momento que esas deficiencias se solventaran. La portavoz adjunta del PSOE, Mar Espinar, preguntará sobre este tema en la reunión de la Comisión de Seguridad el próximo lunes: "¿Qué obras se han llevado a cabo en las instalaciones del Madrid Arena desde 2012 para adecuarlas a la normativa vigente y garantizar que se cumplen las condiciones de seguridad necesarias para celebrar eventos?". 

La comisión de investigación municipal sobre las muertes del Madrid Arena, cerrada por el PP tras cuatro días de declaraciones gracias a su mayoría absoluta, proponía medidas de mejora de la seguridad. Ahora Madrid confirma que algunas sí se han adoptado: se ha fijado una ocupación máxima unificada "en función de la actividad y formato de la misma" y se ha mejorado "la colaboración e intervención de los cuerpos municipales de seguridad". Sobre las medidas adoptadas de cara al espectáculo Sama Sama, que se inaugura en el Madrid Arena el 19 de noviembre y que permanecerá allí hasta junio con un contrato dudoso, como adelantó infoLibre, el Ayuntamiento indica que se han impartido "briefings [instrucciones]" sobre seguridadbriefings al personal de la organización y se han repartido "trípticos" con los planos de evacuación. 

La principal medida a corto plazo es la introducción de "dispositivos digitales" para el control del aforo, como proponía la comisión. Hasta ahora, los guardias de seguridad controlaban la afluencia con contadores manuales, que tenían que pulsar una vez por cada espectador que accedía al recinto. Ahora dispondrán de "pistolas lectoras de códigos de barras" que leen las entradas del espectáculo. Sin embargo, el PSOE asegura que este no es un "control automatizado", porque requiere de la participación de un empleado y está sujeto al "error humano". Según los socialistas, es necesario instalar arcos de control, tornos o algún otro sistema que contabilice automáticamente el número de asistentes.

Con todo, la delegada de cultura y deportes, Celia Mayer, anunció el pasado 6 de octubre en el propio pabellón una serie de "medidas extraordinarias" a las que acompañará "un estudio pormenorizado sobre el estado actual de cada edificio" de Madrid Destino. La principal decisión es la de gestionar desde el propio Ayuntamiento la venta de entradas de los eventos que ocurran en cualquiera de los edificios municipales (del Teatro Español al Madrid Arena). Hasta ahora eran las promotoras las que lo gestionaban, lo que permitió en 2012 que Diviertt colocar 6.700 entradas por encima del aforo permitido. También se contempla

Sin embargo, el Ayuntamiento no ha concretado cuándo comenzarán a implantarse estas medidas. Lo que sí ha aclarado es que no afectarán a Sama Sama, que ocupará el pabellón hasta el 5 de junio. Mientras tanto, hasta 2.000 personas acudirán cada día de martes a domingo a este espectáculo en un edificio cuya seguridad todavía está en duda. 

El Ayuntamiento de Madrid revisará el contrato por el que el equipo de Ana Botella alquiló el Madrid Arena cuatro días después de las elecciones municipales durante ocho meses y sin asegurar ningún ingreso para la ciudad, como adelantó el miércoles infoLibre. "Vamos a estudiarlo y a ocuparnos de ello", aseguró un portavoz del equipo de Ahora Madrid a este periódico. De la misma forma, el grupo municipal socialista ha asegurado que pedirá el contrato al Consistorio para poder estudiarlo. 

El acuerdo entre Madrid Destino —empresa de titularidad municipal que gestiona el espacio— y la promotora de eventos en directo Zusup S.L. —Sold Out en su nombre comercial— se firmó el 28 de mayo, cuatro días después de que el PP perdiera la mayoría absoluta en la capital. El Ayuntamiento alquila el pabellón desde el 12 de octubre al 5 de junio para la representación del espectáculo Sama Sama, pero no se asegura recibir una renta fija. El consistorio obtendrá el 10% de los beneficios del show, como confirmaron ambas partes. Si no los hay, no ingresará absolutamente nada. Los expertos en Derecho Administrativo consultados por este periódico tienen "dudas" sobre la legalidad de esta cláusula. 

Según el artículo 92.2 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, en los arrendamientos con estas administraciones "el usuario habrá de satisfacer un canon no inferior al 6 por 100 del valor en venta de los bienes". En este caso, sin embargo, dicho canon está en el aire ya que los ingresos municipales dependen de la existencia (y, en todo caso, la cuantía) de beneficios. "La participación variable de la entidad local no parece satisfacer este requisito", advierten los expertos en Derecho Administrativo consultados. Con las cláusulas de este contrato, aseguran, "el riesgo de la actividad pasa a ser asumido por la administración pública y no por el empresario".

"Alquilar el espacio por tanto tiempo cuando se es alcaldesa en funciones no es, desde luego, lo más adecuado", ha declarado a infoLibre Mar Espinar, portavoz adjunta del PSOE y concejala en la comisión de Cultura. "Pediremos el contrato y recopilaremos la información necesaria para saber hasta qué punto es fiable el acuerdo y hasta qué punto puede pararse", añadió. 

Sin estimación de beneficios

La empresa Sold Out tiene los derechos de representación de Sama Sama, un espectáculo musical interactivo desarrollado por la compañía Ritmus que tiene al Circo del Sol como socio empresarial. También son socias otras dos de las promotoras más importantes del país: Live Nation y Planet Events. El show tendrá su estreno mundial el próximo 19 de noviembre y espera recibir a un máximo de 2.000 personas cada día de martes a domingo. Las entradas costarán entre 30 y 38 euros. La empresa niega tener una estimación de beneficios. 

Boceto del montaje de 'Sama Sama' en el Madrid Arena. / SAMA SAMA

Sold Out ha dicho desconocer el artículo del reglamento que exige un canon mínimo para arrendar inmuebles de la administración. "Solemos trabajar con empresas privadas, no administraciones públicas", señalaron a este medio fuentes oficiales de Sold Out. La promotora ha gestionado eventos como el Festival Internacional de Benicàssim, el festival SOS 4.8 de Murcia o espectáculos de las compañías Mayumaná o el Circo del Sol. Entre los organismos para los que trabaja están el Ministerio de Defensa y el Gobierno de España, según su propia web.

El creador de Sama Sama, Roy Ofer (cofundador de la compañía Mayumaná) ya hizo un primer ensayo en 2012 en Tel Aviv, y eligió Madrid para esta prueba de meses después de "evaluar" varias capitales europeas. Los organizadores del evento rechazaron en la presentación el pasado junio —convocada un día antes de la firma del contrato— que el criterio económico fuera un motivo de peso para asentarse en la ciudad. 

Las medidas de seguridad

El grupo municipal socialista ha denunciado la falta de información sobre las mejoras de seguridad necesarias en el recinto tras las cinco muertes ocurridas en la fiesta de Halloween de 2012. El pasado fin de semana, la Policía Municipal tuvo que intervenir por un posible sobreaforo en el congreso de culturismo Arnold Classic Europe celebrado en el Madrid Arena, llegando incluso a cerrar las taquillas e impedir el acceso al recinto. El Ayuntamiento aseguró que "investigará" lo ocurrido. 

"Seguimos sin saber si el Madrid Arena está capacitado para albergar grandes eventos", sostiene Espinar. El PSOE, asegura, ha solicitado en tres ocasiones a Ahora Madrid la documentación existente sobre este asunto, sin obtener respuesta. Los socialistas preguntaron el miércoles en el pleno del Ayuntamiento "qué medidas se han adoptado para garantizar que se cumplen los requisitos de seguridad", sin que Ahora Madrid desglosara las decisiones tomadas.

Entre los cambios necesarios para evitar problemas en el recinto estaban, por ejemplo, instalar cámaras de seguridad en los lugares propensos a sufrir acumulaciones de público, o establecer controles digitales de acceso al pabellón (unos tornos similares a los del metro serían una opción) para acabar con el conteo manual o por numeración de entradas de la cifras de asistencia. 

El equipo de Ana Botella dejó alquilado el Madrid Arena durante casi ocho meses a través de un contrato firmado el 28 de mayo, cuatro días después de que el PP perdiese la mayoría absoluta en el Ayuntamiento en las elecciones del 24-M. El contrato no garantiza un ingreso mínimo a las arcas municipales, según ha podido saber infoLibre. Expertos en Derecho Administrativo consultados por este periódico expresaron sus "dudas" sobre la legalidad de esta cláusula, ya que la normativa fija la obligación de cobrar un canon mínimo por el alquiler de patrimonio público.

El Ayuntamiento firmó el acuerdo con la promotora Sold Out, empresa a la que cedió el espacio municipal durante toda la temporada para representar en él el espectáculo Sama Sama. El Consistorio no sabe aún cuánto recibirá por el arrendamiento: el contrato firmado no fija una renta, sino que estipula que Madrid recibirá el 10% de los beneficios que genere el proyecto. No hay una cantidad mínima, como ha confirmado un portavoz de la promotora Sold Out a este periódico. Si el espectáculo no genera beneficios, el Ayuntamiento no recibe ni un euro. Habría alquilado el espacio de manera gratuita.

El acuerdo se firmó formalmente entre Madrid Destino, la empresa de titularidad municipal creada en 2014 para gestionar el Madrid Arena y otros espacios, y la sociedad limitada Zusup, S.L., que utiliza Sold Out como nombre comercial. El alquiler se prolongará desde el 12 de octubre de este año hasta el 5 de junio de 2016, toda la temporada cultural. El show, una especie de parque temático musical con actividades interactivas con el Circo del Sol como socio empresarial, se estrena mundialmente el 19 de noviembre.Durante el tiempo de representación, Sold Outcorrerá con los gastos de seguridad, limpieza y mantenimiento del Madrid Arena —rebautizado como Pabellón Multiusos I después de las cinco muertes de la fiesta de Halloween de 2012—, como es común en los contratos con la administración local.

La ausencia de renta fija no es habitual en un espacio con tarifas de alquiler de 14.000 euros por dos días, según las cifras publicadas en la web de Madrid Destino. Además, según el artículo 92.2 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, en los arrendamientos con estas administraciones "el usuario habrá de satisfacer un canon no inferior al 6 por 100 del valor en venta de los bienes". En este caso, sin embargo, dicho canon está en el aire ya que los ingresos municipales se supeditan a la existencia de beneficios.

Según los expertos administrativistas consultados por este periódico, "la participación variable de la entidad local no parece satisfacer este requisito". Con estas cláusulas, advierten, "el riesgo de la actividad pasa a ser asumido por la administración pública y no por el empresario".

Boceto del montaje de 'Sama Sama' en el Madrid Arena. / SAMA SAMA

El pabellón Madrid Arena suele alquilarse para eventos puntuales, con una duración de uno o dos días, como el congreso de culturismo Arnold Classic Europe celebrado el pasado fin de semana, que el Ayuntamiento de Carmena investiga por un exceso de aforo. Las tarifas habituales establecen que el Ayuntamiento cobra 14.000 euros por dos días de alquiler, y 7.000 euros por día extra para aforos menores a 5.000 personas, como es el caso de Sama Sama. En este caso, Sold Out niega que haya una estimación de los beneficios que se puedan producir.

El contrato recoge que "los beneficios operacionales se definen como los ingresos por la venta de entrada, merchandising, patrocinios locales, la cantidad proporcional de patrocinio internacional relacionado con el proyecto en España, alimentos y bebidas, menos los gastos del evento", según confirma Madrid Destino. Los gastos comprenderían partidas como el transporte e instalación de las maquinarias, la contratación del personal o la publicidad.

La empresa ha asegurado desconocer el artículo del reglamento de contratación que exige un canon mínimo. "Solemos trabajar con empresas privadas, no administraciones públicas", indicaron a este periódico fuentes oficiales de Sold Out. La promotora trabaja en eventos como el Festival Internacional de Benicàssim, el festival SOS 4.8 de Murcia o las compañías Mayumaná o el Cirque du Soleil. Entre los clientes para los que trabaja, detallados en su web, está el Ministerio de Defensa y el Gobierno de España. 

Una "rave' para todos" de 2.000 personas diarias

Sama Sama ya ha comenzado su estrategia de promoción: está producido por la compañía Ritmus, promovido por tres de las mayores empresas del sector (la arrendataria Sold Out, Planet Events y Live Nation), y tiene como medio colaborador a El País. El espectáculo es un show show interactivo en el que el público pasará por distintas pruebas o capítulos en grupos de entre 40 y 100 personas. La organización espera acoger cada día, de martes a domingo, a un máximo de 2.000 asistentes durante tres horas. El precio de las entradas fluctúa entre los 30 y los 38 euros. Roy Ofer, creador del espectáculo y cofundador de la compañía Mayumaná, lo ha definido como "una raverave [fiesta de música electrónica] para todo el mundo, no una rave chunga". 

Sama Sama se asegura con esto permanecer durante toda la temporada cultural en Madrid, ciudad elegida para el estreno mundial de este espectáculo que desarrolló su primera fase en 2012, en el Eretz Israel Museum (dedicado a la cultura de Israel) de Tel Aviv. "Elegimos Madrid por el carácter de la ciudad, su cosmopolitismo, su actitud muy receptora a los proyectos internacionales", explicó Rafael Giménez, director de Sold Out, en la presentación del evento el pasado junio. El acuerdo se cerró después de "evaluar" varias capitales europeas, según aseguraron los organizadores, que rechazaron que los motivos económicos fueran decisivos en la elección de Madrid como primera base de operaciones. Después de este ensayo de meses, Ritmus espera llevar el espectáculo al resto del continente.  

Fuentes municipales explicaron a Europa Press que la Policía Municipal tuvo que desplegar un dispositivo para "priorizar la seguridad por encima de todo" y que llegó un momento en el que procedieron a cerrar taquillas y controles de acceso porque detectaron un posible sobreaforo.

Según adelanta el Abc, los problemas de aforo comenzaron el mismo sábado, con la llegada del propio Schwarzenegger, alrededor de las 11.30 horas, cuando ya había un sobreaforo de 700 personas y se procedió a cerrar las taquillas. Hasta el lugar también acudieron unidades del Samur como medida de prevención.

Este diario también recoge la versión de los organizadores, que aseguran que no cometieron ninguna irregularidad y que Madrid Destino, empresa municipal gestora del espacio y también responsable de la seguridad, "redujo la capacidad en porcentajes injustificados".

Según informó el Ayuntamiento la semana pasada, esta quinta edición preveía 45.000 visitantes y sólo el seminario que iba a dar el actor y exgobernador nortemaricano iba a contar con 600 seguidores. En el programa también se incluía el Show Profesional de Bodybuilding, con 15 atletas así como combates de MMA, Muay Thai, K-1 y Boxeo, exhibiciones de BMX, Pro Wrestling y Pole Dance.

El evento se celebró en el Pabellón Multiusos Madrid Arena y el Pabellón de Cristal y contaba, por primera vez, con el Pabellón Multiusos II, las tres sedes municipales ubicadas en la Casa de Campo. Precisamente, el Madrid Arena estuvo cerrado tiempo tras la tragedia de la Fiesta de Halloween donde fallecieron cinco jóvenes hace casi tres años.

"Me preocupa lo que ha ocurrido. Afortunadamente no pasó nada, pero no puede volver a pasar. Va a haber una investigación en serio para ver qué sucedió", explicó la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena.

La Fiscalía de Madrid presentó este lunes su escrito de acusación en el caso Madrid Arena en el que solicita penas de entre dos años y seis meses y cuatro años de cárcel para catorce de los procesados, entre ellos el organizador de la fiesta mortal, Miguel Ángel Flores.

En el escrito se detallan las peticiones de pena para los acusados por cinco homicidios imprudentes graves, en concurso ideal con dieciséis de lesiones, así como dos delitos de homicidio por imprudencia grave profesional.

Durante el mes de octubre, las acusaciones particulares han presentado sus respectivos escritos después de que el juez Eduardo López Palop procesara a dieciséis personas, entre ellos el exjefe de la Policía Municipal Emilio Monteagudo, en contra de la Fiscalía.

En el caso de los abogados de las víctimas, se reclaman penas de 15 y 20 años de prisión. Para Flores, reclaman 20 años de cárcel por cinco delitos de homicidio imprudente, penados con el máximo de cinco años.

La fiscal relata en el escrito la cronología de los hechos sucedidos la madrugada del 1 de noviembre de 2012 en el pabellón Madrid Arena, una noche que acabó con el fallecimiento de tres jóvenes y otras dos los días posteriores debido a las avalanchas provocadas por "la aglomeración de personas" en los vomitorios.

Sobre la actuación médica, la representante del Ministerio Público carga contra los Viñals por faltar a "las normas más elementales de la asistencia médica y sanitaria" a las que tenían obligación como el hecho de no utilizar un desfibrilador ni tratar de obtener el acceso a las vías vasculares ni administrar fármacos, entre otras prácticas.

Destaca que ambos realizaron "insuficientes y deficientes compresiones torácitas" sobre dos de las jóvenes que llegaron a la enfermería, "omitiendo varias de las actuaciones indicadas para una reanimación cardiopulmonar de calidad".

En el escrito no se menciona a Monteagudo. Sin embargo, el fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Manuel Moix, ya solicitó que se levantara su imputación al estimar que el macrobotellón del exterior del recinto no influyó en lo que sucedió en el interior, algo que se debió a la falta de seguridad.

Petición de penas

La mayor pena de la Fiscalía de Madrid se solicita para Flores, con una solicitud de cuatro años de cárcel y seis años de inhabilitación para el ejercicio de la profesión de empresario u organizador de fiestas.

Para el resto de procesados, reclama tres años de prisión. Entre estos figuran, el 'número dos' de Flores, Santiago Rojo, y un empleado de Diviertt, Miguel Ángel Morcillo.

También se piden tres años de cárcel para el socio y apoderado de Kontrol 34, Carlos Manzanares y Emilio Belliard; el jefe de Emergencias del evento, José Ruiz Ayuso; el coordinador jefe de Seguriber, Juan José Paris; el coordinador jefe de Seguriber, Raúl Monterde; el jefe del equipo de Seguriber, José Antonio Díaz Romero; y el vigilante de seguridad de Seguriber, Roberto Mateos, entre otros.

La misma pena se reclama para Rafael Pastor y Francisco del Amo, encargados de seguridad de Madridec. La Fiscalía solicita para los encargados del dispositivo sanitario, Simón Viñals y su hijo, dos años y seis meses de cárcel por dos imprudencias graves, así como una inhabilitación para el ejercicio de la profesión de médico durante seis años.

En cuanto a las indemnizaciones, la fiscal pide que se realicen de forma conjunta y solidaria entre los catorce procesados. Para los familiares de Katia Esteban, Cristina Arce, Belén Langdon, y María Teresa Alonso, solicita que indemnicen a los padres con 173.990 euros por el daño moral y a sus hermanos, con cantidades como máximo de 164.500 euros. En el caso de los familiares de Rocío Oña, se pide que se abone a los padres 243.587 euros.

El juez Eduardo López Palop, encargado de la la investigación sobre la tragedia del Madrid Arena, no ha pasado de puntillas por los fallos que cometió la firma contratada para velar por la seguridad exterior de la fiesta de Halloween en la que murieron cinco chicas. Se trata de la compañía Seguriber, de la que es presidenta y principal accionista Mónica Oriol, la empresaria que se quejó de que la ley obligue a pagar un salario mínimo a trabajadores "aunque no valgan para nada". En su auto, el magistrado procesa a cuatro trabajadores de esta empresa, a la que apunta también como coresponsable civil subsidiaria. 

En concreto, procesa al coordinador jefe de Seguriber, Juan José Paris, que estaba encargado de los accesos y los correspondientes controles y requisas, por abandonar "reiterada y temerariamente en diversas ocasiones un servicio de control y vigilancia esencial para la seguridad del desarrollo del concierto". Asimismo, el magistrado estima que los jefes de equipo durante la noche autos, José Antonio Díaz Romero y Raúl Monterde, así como el encargado del control de cámaras, Roberto Mateos García, tuvieron un comportamiento culpable y negligente. Además de a estas cuatro personas, el juez imputó a otras doce personas cinco delitos de homicidio por imprudencia grave y diez delitos de lesiones. Entre ellos están el organizador de la fiesta, Miguel Ángel Flores, y el jefe de la Policía Municipal de Madrid, Emilio Monteagudo, que dimitió de su cargo tras conocerse el auto. 

La abogada María José Siñeriz, que representa a la familia de la joven fallecida Cristina Arce, calificó de "contundente" y "claro" el auto del juez López-Palop porque, su juicio, constata que "nadie hizo su trabajo". En este sentido, Siñeriz señaló como corresponsables a la empresa organizadora, las encargadas de la seguridad, los médicos y Madrid Espacios y Congresos (Madridec). No obstante, dijo compartir la opinión de otro de los abogados de la acusación, que por la mañana había dicho que echaba de menos a algún político imputado –en relación al exconcejal de Medio Ambiente, Movilidad y Seguridad, Antonio de Guindos–, si bien reconoció que su participación no había sido tan directa como la del jefe de la Policía Municipal. 

Responsabilidad civil 

Por otro lado, López-Palop estima que Seguriber es responsable civil subsidiaria de la tragedia junto al Ayuntamiento de Madrid y las empresas Madridec, DIVIERTT, FSM Group y Kontrol 34. No obstante, el juez señala a las aseguradoras Zurich, AIG, Mapfre y Hicox como responsables directas y que, por tanto, son las que tendrían que pagar las indemnizaciones a las familias de las fallecidas y a los heridos. Fuentes jurídicas explicaron a infoLibre que las aseguradoras tienen obligación de responder en virtud de las pólizas suscritas por las compañías organizadoras. En el caso de que estas pólizas no cubrieran el total de las indemnizaciones dictadas por el juez una vez que se celebre el juicio, serían las responsables subsidiarias las que tendrían que responder.  

En cualquier caso, las familias todavía no han desvelado cuánta indemnización pedirán. Tienen de plazo para hacerlo hasta el 1 de octubre. En febrero de 2014 la Fiscalía de Madrid fijó una "indemnización de mínimos" de 1.463.619 euros para los familiares de las cinco jóvenes fallecidas. E instó a las compañías de seguros a que depositaran de forma solidaria en el juzgado las cantidades de dinero para que quedara a disposición de los perjudicados. No obstante, la cuantificación definitiva y cómo debe responder cada una de las aseguradoras se fijará una vez celebrado el juicio. 

Con este auto, el juez Palop da carpetazo a la investigación abierta la madrugada del 1 de noviembre de 2012 tras la muerte de cinco chicas por la fatal avalancha que se produjo en el interior de unos de los vomitorios del pabellón debido al exceso de aforo, cuyo número se triplicó hasta los 22.000. El pasado julio, la Fiscalía pidió en un escrito mantener la imputación de 14 personas y sobreseer la de otras diez, entre las que se encontraba la de Monteagudo, De Guindos, Fátima Núñez, entre otros.

El inspector jefe de la Policía Municipal, Emilio Monteagudo, presentó este lunes su dimisión tras resultar uno de los 16 imputados por el caso del Madrid Arena, como informaron este lunes fuentes del Ayuntamiento de Madrid a Europa Press.

La presentación de la dimisión se produce después de que el juez instructor del caso Madrid Arena procesara a Monteagudo en un auto fechado el 29 de agosto y que se dio a conocer este lunes a las partes.

Según las mismas fuentes, este mismo lunes se iniciará el procedimiento para cubrir este destino, de libre designación.

Exigencia de cese desde la oposición

La dimisión de Monteagudo se produce tras casi año y medio de peticiones continuas de cese lanzadas por la oposición, concretamente desde que compareciera en la comisión de investigación convocada por el Ayuntamiento semanas después de la tragedia que acabó con la vida de cinco jóvenes.

En ella, el inspector jefe llegó a afirmar que no hubo botellón en los 50 metros inmediatos al recinto y que no se registraron denuncias por consumo de alcohol en la calle.

Monteagudo cuenta además con una pieza separada en el caso Madrid Arena por falsedad documental. Abierta en noviembre de 2013, la pieza se refiere al documento fechado el 6 de noviembre de 2012 en el que se ordenaba el cambio de nivel de riesgo medio a alto la noche de la fiesta de Halloween del Madrid Arena. La oficial que se encargó del evento, Cándida Jiménez, manifestó en instrucción que esa orden jamás se produjo. "Se trata de investigar y averiguar si la documentación y que tiene fecha posterior a los hechos acaecidos fue creada para justificar una decisión, el cambio de riesgo medio a riesgo alto, que quizás nunca se produjo", señalaba el auto.