La Agencia Tributaria, la Policía Judiciária portuguesa y Europol han desmantelado la trama societaria que uno de los hijos del dictador Teodoro Obiang había organizado en Mallorca para desviar 10 millones de euros procedentes de mordidas pagadas a cambio de contratos de obras públicas en Guinea Ecuatorial. Ocho personas han sido imputadas y dos de ellas detenidas, incluido el diseñador de todo el esquema societario para blanquear el dinero desviado desde el país africano, un holandés llamado Donald Frank van der Horn van den Bos, a quien los investigadores consideran el testaferro de Gabriel Mbega Obiang, que además de ser hijo del presidente ejerce de ministro de Planificación y Diversificación Económica. Uno de los investigados es el propio Gabriel Mbega Obiang, según han confirmado a infoLibre fuentes judiciales. 

Todos ellos están acusados de blanqueo de capitales y fraude fiscal en relación con actividades de corrupción en negocios internacionales. El caso, cuyo secreto de sumario se ha levantado tras más de dos años de instrucción, incluye una pieza separada.

La operación Run Out arrancó en 2021, cuando el diario portugués Expresso y el periódico guineano Diario Rombe, en una investigación coordinada por el consorcio OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project) analizaron una serie de documentos –contratos, facturas y extractos bancarios– a los que también tuvo acceso infoLibre. Este periódico publicó entonces en exclusiva el resultado de esa investigación en España.

Parte de los documentos habían sido aportados en una querella presentada en Portugal contra el presidente y accionista de la constructora Armando Cunha SA –Filipe Rego– y contra Van der Horn. La policía portuguesa llevó a cabo entonces 21 registros domiciliarios y abrió una investigación penal contra cuatro personas físicas y una sociedad. Al tiempo, la Fiscalía Anticorrupción de Baleares empezó a investigar al holandés, que residía en Palma. El Juzgado de Instrucción número 3 de la capital balear se ha encargado del caso desde entonces.

Fruto de esas investigaciones, la Policía detuvo a Van der Horn en marzo de 2022 y registró su domicilio. Allí se incautaron de más de 13.000 documentos, además de extraer información de 43 dispositivos electrónicos, que albergaban casi cuatro terabytes de datos. Según detalla la Agencia Tributaria, los agentes también intervinieron nueve cuentas bancarias con más de 200.000 euros, tres vehículos valorados en más de 100.000 euros e incluso unos derechos de uso vitalicio de un club de golf por otros 100.000 euros más. Además, se embargaron 11 inmuebles en Mallorca, registrados a nombre de las sociedades con las que se blanqueaban las mordidas guineanas, cuyo valor supera los cinco millones de euros.

Los imputados crearon una “elaborada estructura societaria internacional” para desviar, y posteriormente blanquear, comisiones ilegales cuyo importe equivale al 10% de la obra pública ejecutada en Guinea Ecuatorial. En la documentación confiscada, asegura la Agencia Tributaria, se han encontrado facturas emitidas por sociedades instrumentales y contratos falsos de consultoría que prueban las mordidas y su canalización a través de fideicomisos y sociedades en paraísos fiscales como Cabo Verde, Liechtenstein, Chipre, Belice y Países Bajos.

Después, esas comisiones ilegales terminaban en inversiones controladas por el testaferro holandés tanto en España como en Países Bajos. El vértice de la trama para desviar y ocultar el origen de los fondos era un fideicomiso en Liechtenstein, del cual colgaba otro cuyo supervisor y beneficiario era el propio Van der Horn, explica la Agencia Tributaria.

Un porcentaje “relevante” del dinero ilegal guineano se ocultó en España mediante inversiones en una promotora inmobiliaria de Palma de Mallorca. Sus administradores habían cedido al testaferro holandés de Gabriel Mbega Obiang el control de los inmuebles de una urbanización que costaron 3,5 millones de euros. La parte de las mordidas invertida en Países Bajos, siete millones de euros, terminó en una marca de cosméticos a través de sociedades pantalla con las que se intentaba disfrazar el origen del dinero.

La investigación de OCCRP destapó en su día buena parte de esa “elaborada estructura societaria internacional” que menciona la Agencia Tributaria y que va de Belice a Chipre pasando por Cabo Verde y Palma de Mallorca. Así, casi la mitad de los 10 millones de euros en comisiones ilegales pagados a la trama guineana por la portuguesa Armando Cunha SA entre 2009 y 2015 fueron ingresadas por dos sociedades con sede en España: Bellezzavecchio SL y Patapouf SL. Y ambas estaban vinculadas al intermediario holandés.

Pero el origen de la operación se sitúa en enero de 2010, cuando Armando Cunha SA consiguió el contrato público para construir un centro de formación del Instituto Tecnológico Nacional de Hidrocarburos de Guinea Ecuatorial (ITNHGE). El contrato, el primero para la constructora portuguesa en ese país, fue firmado por el propio ministro Gabriel Obiang, en su calidad de presidente del consejo de administración de ITNHGE. El presupuesto de la obra ascendió a 106,6 millones de euros. Una cantidad enorme para un país como Guinea Ecuatorial: su presupuesto para educación en 2020 apenas superó los 91 millones de euros.

Según la documentación a la que tuvo acceso OCCRP, el dinero del contrato fue ingresado en una cuenta de Armando Cunha SA abierta en una sucursal del Banco Espírito Santo en Cabo Verde. En los cinco años posteriores a la adjudicación, salieron de esa cuenta bancaria más de 10 millones de euros con destino a siete empresas relacionadas con Gabriel Obiang, bien a través de una sociedad registrada en Chipre y denominada Gabangare, o bien a través del presunto testaferro Frank van der Horn. La mayoría de los pagos se justificaron mediante vagos acuerdos de consultoría.

La chipriota Gabangare debe su nombre a las iniciales de los tres hijos de Gabriel Obiang: Gabriel, Angelita y Arelis. Es propiedad de una empresa con sede en Belice llamada Caruda Developement Inc.

Por lo que respecta a Bellezzavecchio SL, inició sus operaciones en octubre de 2012 y facturó 2.510.000 euros a Armando Cunha SA. Con sede inicial en Madrid, en 2015 trasladó su domicilio a Baleares. Ese fue también el último ejercicio en que depositó sus cuentas en el Registro Mercantil, una irregularidad ya que existe la obligación de hacerlo anualmente. En 2020 se inscribió su baja en el índice de entidades jurídicas. Su administrador único ha sido siempre Donald Frank van der Horn van den Bos, mientras que su accionista único es una compañía extranjera denominada Pinnacle SA.

La segunda sociedad española de la trama es Patapouf SL, constituida en septiembre de 2013 y que también tiene su sede en Palma de Mallorca. En los dos años siguientes facturó 2.144.000 euros a Armando Cunha SA. El intermediario holandés es su administrador y socio único.

Hay una tercera compañía relacionada con Donald Frank van der Horn van den Bos que igualmente recibió dinero de la constructora portuguesa: Flojust Holding BV y tiene su sede en los Países Bajos. La cantidad percibida fue menor: 409.000 euros. Como administrador figura uno de sus hijos.

En total, estas tres sociedades facturaron 5.063.000 euros a Armando Cunha SA.

Gabriel Mbega Obiang no es el único hijo del dictador ecuatoguineano perseguido por la justicia europea. En 2021, su hermano Teodorín fue condenado en Francia a tres años de cárcel por blanqueo de capitales y malversación de fondos públicos, con los que había adquirido propiedades en ese país por valor de 150 millones de euros. También se le confiscaron todos sus bienes en Francia, entre ellos una mansión en París. Además, el pasado mes de febrero, la Audiencia Nacional emitió una orden internacional de detención contra Carmelo Ovono Obiang, que además de hijo de Obiang es secretario de Estado de la Presidencia, por el secuestro y torturas de cuatro opositores, uno de ellos fallecido en circunstancias nada claras.

Mientras tres de los vástagos del presidente se dan a conocer en Europa tanto por sus actividades ilegales como por su extravagante e indiscreta forma de gastar dinero, el 96,7% de sus 1,5 millones de compatriotas vive con menos de 5,15 euros al día, según la plataforma ISS African Futures.

Desde que en 1995 se descubrió petróleo en Guinea Ecuatorial, el oro negro ha multiplicado por 86 el PIB del país, pero los ingresos del crudo han enriquecido sólo a la familia del dictador y su jerarquía. Los Obiang han hecho de la cleptocracia una enseña nacional, protegida por un régimen de brutal represión política y violaciones de los derechos humanos.

La vida privada de Teodoro Obiang Nguema, el dictador que más tiempo –45 años– lleva en el poder, se envuelve en una nebulosa tan densa como la gobernanza y las cuentas públicas del Gobierno ecuatoguineano, que Transparencia Internacional sitúa en el puesto 172 de un total de 180 países por su altísimo nivel de corrupción. No se sabe a ciencia cierta siquiera cuántas mujeres tiene o ha tenido Obiang, que cumplirá 82 años en junio, tampoco cuántos hijos ha engendrado. Se habla de hasta una treintena.

Pero de algunos de ellos ayuda a seguir la pista el rastro judicial que han dejado en España, el antiguo poder colonial, en Portugal y en Francia, por sus actividades ilegales y la extravagante e indiscreta forma de gastar dinero que han exhibido, mientras el 96,7% de sus 1,5 millones de compatriotas vive con menos de 5,15 euros al día, según la plataforma ISS African Futures. Desde que en 1995 se descubrió petróleo en Guinea Ecuatorial, el oro negro ha multiplicado por 86 el PIB del país –con cifras de 2022–, pero los ingresos del crudo han enriquecido sólo a la familia del dictador y su jerarquía, que han hecho de la cleptocracia una enseña nacional, protegida por un régimen de brutal represión política y violaciones de los derechos humanos.

El pasado mes de febrero, la Audiencia Nacional emitió una orden internacional de detención contra Carmelo Ovono Obiang, secretario de Estado de la Presidencia e hijo del presidente, por el secuestro y torturas de cuatro opositores, uno de ellos fallecido en circunstancias nada claras. Los jueces han extendido la orden también al ministro del Interior, Nicolás Obama, y al director general de Segurida, Isaac Nguema Endo.

El origen del proceso judicial es una querella del Movimiento para la Liberación de Guinea Ecuatorial Tercera República (MLGE3R) por el secuestro y torturas que sufrieron cuatro opositores: Martín Obiang, Bienvenido Ndong, Feliciano Efa y Julio Obama Mefuman –los dos primeros residentes en España y los dos últimos con nacionalidad española–. Todos ellos viajaron engañados en noviembre de 2019 de Madrid a Sudán del Sur, donde pensaban que iban a reunirse con líderes africanos. Sin embargo, una vez allí fueron apresados y trasladados a Malabo, la capital de Guinea Ecuatorial. Informes de la Comisaría General de Información sitúan a Carmelo Ovono Obiang, el ministro y el director general de Seguridad en el avión presidencial que trasladó a los opositores desde Sudán del Sur a territorio ecuatoguineano. También en las sesiones de tortura a las que fueron sometidos tras ser enviados a prisión.

Esta no fue, sin embargo, una operación aislada. “El caso investigado tiene unos claros elementos comunes con el resto de los secuestros efectuados en los últimos años desde diferentes países africanos a ciudadanos nacionales o residentes en Europa”, destaca uno de los informes policiales aportados a la causa, que describen un mismo modus operandi: conducir al opositor mediante engaños desde un Estado donde se encuentra a salvo hasta un país bajo la influencia del régimen de Obiang en el que, finalmente, es detenido y entregado a las autoridades ecuatoguineanas. Tanto el hijo del dictador como el ministro de Seguridad Nacional tienen, según la Policía española, familia y residencia estable en España, mientras que Isaac Nguema Endo visita “de forma periódica” el país, donde han vivido sus hijos.

La Policía, además, considera que este “plan organizado y estructurado” de persecución de opositores tiene como responsables “últimos y principales” al dictador y a otro de sus hijos: Teodorín. El favorito de su padre, vicepresidente primero del Gobierno desde 2016 y su más que posible sucesor.

Hasta que se emitió la orden internacional de detención han transcurrido más de dos años, en los que el juez encargado de la instrucción, Santiago Pedraz, se ha negado una y otra vez a reclamar la entrega de Carmelo Ovono Obiang, pese a las peticiones del fiscal y los querellantes. Incluso llegó a renunciar al caso para cedérselo a los tribunales de Guinea Ecuatorial. Una decisión controvertida que levantó ampollas, teniendo en cuenta las escasas garantías que ofrece la justicia del país africano. El Ministerio de Asuntos Exteriores español, además, asegura que carece de información alguna desde hace casi dos años sobre el estado de los tres opositores secuestrados y encarcelados. Mientras que el Gobierno de Malabo ha rechazado la petición del juez, la familia, el Congreso de los Diputados y el Parlamento Europeo para que repatríe el cadáver del cuarto. Si finalmente España ha puesto en busca y captura al hijo del dictador ha sido porque el juez terminó perdiendo la competencia sobre el caso tras presentar un recurso los familiares de las víctimas.

Además, la investigación desveló, según publicó El País, que el Gobierno de Guinea Ecuatorial había contratado a 15 detectives privados en Madrid para espiar a los miembros de la oposición un año antes de que fueran secuestrados. Este caso se encuentra en estos momentos paralizado. Fuentes jurídicas consultadas explican que la causa está a la espera de una comisión rogatoria a Guinea.

El pasado septiembre, el juez también tuvo que rectificar una decisión anterior y abrir una nueva investigación sobre el origen de los 793.000 euros que el hijo de Obiang ingresó en billetes de 200 euros en su cuenta del BBVA en Madrid. En un primer momento, el juez instructor se había negado, al entender que el dinero no guardaba relación con el secuestro de los cuatro opositores. Los indicios, no obstante, apuntan a que tal cantidad no sólo puede ser objeto de un delito de blanqueo, sino que también pudo haber sido una “herramienta imprescindible para financiar las actividades presuntamente delictivas” contra los opositores.

También está abierta, y bajo secreto de sumario, una tercera investigación, en este caso en Palma de Mallorca. Según confirmaron fuentes jurídicas a infoLibre, el Juzgado de Instrucción número 3 trata de aclarar si un tercer hijo de Teodoro Obiang, Gabriel Mbega Obiang, ministro de Planificación y Diversificación Económica, utilizó dos empresas de la isla en una operación para blanquear más de cinco millones de euros. En el centro de la investigación, según el diario local Última Hora, se encuentra un empresario holandés afincado en Mallorca, Donald Frank van der Horn van den Bos, supuesto testaferro del hijo del dictador, y detenido e interrogado en octubre de 2023.

La Fiscalía Anticorrupción apunta a que Van der Horn ayudó a Gabriel Mbega Obiang a mover desde Guinea Ecuatorial hasta Chipre el fruto de un soborno por la adjudicación de una obra pública de 106,6 millones de euros y por la que pudo haber pagado cinco millones en comisiones, que salieron del país africano con escala en Mallorca.

Parte de esta trama está judicializada en Portugal contra el presidente y accionista de la constructora lusa Armando Cunha SA, Filipe Rego, que fue la beneficiaria de esa adjudicación millonaria en Guinea Ecuatorial, y contra el intermediario holandés, entre otros, según una investigación periodística liderada por el semanario portugués Expresso, el guineano Diario Rombe y el consorcio OCCRP, que publicó en exclusiva en España infoLibre en enero de 2021. Las pruebas recabadas por los periodistas indican que Armando Cunha SA pagó a la trama más de 10 millones de euros entre 2009 y 2015. Casi la mitad de esas supuestas comisiones se abonaron a dos sociedades con sede en España: Bellezzavecchio SL y Patapouf SL. Ambas vinculadas al intermediario holandés.

La investigación se apoyaba en una serie de contratos, facturas y extractos bancarios obtenidos por el periódico portugués y que fueron aportados a una querella presentada en Portugal contra Filipe Rego y Van der Horn. Sobre la mesa, presuntos delitos de corrupción en negocios internacionales, blanqueo de capitales y fraude fiscal. Un movimiento judicial que, aunque no se dirigía formalmente contra el ministro ecuatoguineano, hacía un relato de los hechos que sí ponía el foco directamente sobre el hijo del dictador.

La cuarta causa contra los Obiang en España fue el caso Kokorev, una buena muestra de cómo funciona la corrupción al más alto nivel en Guinea Ecuatorial. Y de la extraordinaria lentitud de la justicia española. La investigación, en manos del Juzgado de Instrucción número 5 de Las Palmas de Gran Canaria, se abrió en 2008, hace 16 años. Aún no hay sentencia. La investigación ha dado por acreditada la existencia de una trama que, durante más de una década, entre 1999 y 2011, ejecutó “operaciones ilegales o clandestinas de venta de armas y material de doble uso” al Estado de Guinea Ecuatorial. “Este armamento y material militar consistía en la compraventa de buques, helicópteros de combate, vehículos blindados, corbetas militares, patrulleras, fragatas, aviones de caza y bombarderos”, resaltaba la magistrada instructora en su auto de apertura de procedimiento abreviado.

Pero el negocio de los Kokorev, una familia rusa afincada en Las Palmas de Gran Canaria, no se quedaba ahí. El coste de estas operaciones se inflaba entre un 30% y un 40%. Con la complicidad de altos funcionarios militares ecuatoguineanos. De ese sobrecoste, según el auto, participaban el yerno y asesor del dictador, Fausto Abeso Fuma, a quien “se abonaron en comisiones por esta actividad” 1,94 millones de dólares entre 1999 y 2014; Melchor Esono Edjom, sobrino de Obiang y secretario de Estado para la Tesorería y Presupuesto; Agustín Ndong Ona Mbuym, primo del dictador; Luciano Esono Bitegue, entonces director general del Gabinete Militar de la Presidencia, y el libanés Hassan Khalil, asesor del dictador en materia de defensa.

Sin embargo, ninguno de estos altos funcionarios terminó encausado en el procedimiento. El auto de apertura de juicio oral se dictó, exclusivamente, contra Vladimir Kokorev, su mujer Julia, su hijo Igor, un abogado y asesor grancanario y dos de sus hermanas. La Fiscalía Anticorrupción pide penas que oscilan entre los cinco y los ocho años de cárcel para los acusados, por los delitos de blanqueo de capitales, y multas de hasta 240 millones de euros en el caso de Vladimir Kokorev, a quien acusan de haber generado una riqueza ilícita de 120 millones de euros entre 1999 y 2014 procedente del comercio ilícito de material militar con Guinea Ecuatorial. El juicio está pendiente aún de celebrarse en la Audiencia Provincial de Las Palmas.

En Francia, en cambio, los tribunales han sido más expeditivos. En 2021, la Corte de Casación avaló la condena impuesta a Teodorín por blanqueo de capitales y malversación de fondos públicos con los que adquirió propiedades en ese país por valor de 150 millones de euros. Al tiempo se le confiscaron todos sus bienes en Francia, entre ellos una mansión en París.

El dinero blanqueado procedía de prácticas corruptas en Guinea Ecuatorial, especialmente durante su etapa como ministro de Agricultura. Entonces, sus abogados llevaron a cabo una maniobra judicial que años después han repetido en España: alegar que la justicia ecuatoguineana había abierto una causa para investigar los delitos del hijo del dictador. Los jueces franceses no les creyeron y Teodorín terminó condenado, en ausencia, a tres años de cárcel.

Buena parte de la culpa de que José Manuel Villarejo lleve siete años entrando y saliendo de los juzgados, y haya pasado la mitad de ese tiempo en prisión, puede echársela a Cándido Nsué Okomo, cuñado del dictador de Guinea Ecuatorial Teodoro Obiang Nguema y ex director general de la petrolera estatal Gepetrol. Según la Fiscalía Anticorrupción, Okomo fue quien contrató a Villarejo para reunir información que perjudicara a Gabriel Mbega Obiang, uno de los hijos del dictador, además de ministro de Minas e Hidrocarburos, en beneficio de su hermanastro y competidor en la sucesión presidencial, Teodoro Nguema Obiang, Teodorín.

El que se bautizó como Proyecto King le costó a Cándido Nsué nada menos que 5,3 millones de euros. Fue el intermediario en esta transacción, Francisco Menéndez, abogado y empresario, quien denunció en 2017 ante la Fiscalía los negocios ilícitos en España de un puñado de altos cargos guineanos. Hace menos de un mes, la Audiencia Nacional ha condenado a Menéndez a tres meses de prisión por cohecho activo, tras pactar con el fiscal y atenuar así la pena.

Este es sólo uno de los múltiples casos judiciales que rodean al excomisario Villarejo, ya condenado a 19 años de cárcel el pasado julio por revelación de secretos y falsedad documental. El caso Tándem incluye decenas de líneas de investigación que van a tener ocupados a los tribunales durante mucho tiempo. Pero la chispa que prendió el incendio Villarejo saltó cuando los guineanos inundaron de regalos –desde Porsches hasta relojes y palcos en el Bernabéu– al comisario de Barajas para que los dejara entrar en España cargados con maletas llenas de dinero, sin ningún tipo de control.

Ellos también están siendo investigados por los jueces españoles. La fiscalía les acusa de invertir en España fondos procedentes de negocios ilícitos, “prevaliéndose de puestos de alta dirección y gestión en la empresa pública guineana Gepetrol”. Uno de ellos es Cándido Nsué Okomo. Otro, Crispín Edu Tomo Maye, sobrino de la esposa de Teodoro Obiang. Según el ministerio público, desviaban esos fondos dudosos a empresas radicadas en paraísos fiscales para hacerlos llegar luego a países de la UE, utilizando empresas pantalla y testaferros. Entonces los invertían, sobre todo, en inmuebles.

Pero no sólo en España y otros países europeos. También en Dubái, donde el control sobre la procedencia del dinero es mínimo. Cándido Nsué Okomo posee en el emirato cinco propiedades, de gran lujo: tres pisos, que tiene alquilados, un estudio y una villa.

Estos son algunos de los inmuebles localizados por Dubai Unlocked, un proyecto de investigación del consorcio de medios OCCRP, al que pertenece infoLibre, y el periódico financiero noruego E24, basado en datos obtenidos por el Centro de Estudios Avanzados de Defensa (C4ADS), una organización sin ánimo de lucro que investiga la delincuencia y los conflictos internacionales. En la investigación han participado 74 medios de todo el mundo. Los datos filtrados ofrecen una visión detallada de cientos de miles de inmuebles en Dubái e información sobre su propiedad y uso desde 2020 y 2022.

OCCRP ha intentado ponerse en contacto con Cándido Nsué Okomo para preguntarle por estas propiedades y el origen de los fondos con los que las compró, así como por sus litigios judiciales en España. Pero no ha conseguido respuesta alguna por su parte.

Además, según los datos sobre propiedades y transacciones inmobiliarias obtenidos por OCCRP, el cuñado de Obiang ha alquilado uno de sus apartamentos a Dženis Kadrić, lugarteniente del capo bosnio de la droga Edin Gačanin, uno de los seis narcos de un supercártel internacional detenidos en noviembre de 2022 en Dubái en la Operación Desert Light. Se trata de un piso de 187 metros cuadrados y dos habitaciones situado en Burj Khalifa, el rascacielos más alto del mundo, de 828 metros de altura y 162 plantas. Lo adquirió el guineano en 2016 por 1,7 millones de euros. En ese edificio, el metro cuadrado cuesta 29.551,75 dírhams emiratíes, unos 7.456 euros, según los cálculos que ha hecho OCCRP. El metro cuadrado en La Moraleja, la urbanización más exclusiva de Madrid, sale a 5.466 euros, según Idealista.

Desde entonces Cándido Nsué Okomo ha ingresado en concepto de alquiler por el apartamento unos 426.000 euros, de acuerdo con los datos a los que ha tenido acceso OCCRP. Dženis Kadrić es su inquilino desde 2021. Le ha pagado 133.800 euros en alquiler en estos tres años. En Dubái, los contratos deben renovarse cada año. El bosnio tiene contrato hasta el próximo mes de julio.

Como Villarejo, Dženis Kadrić también fue policía. Nacido en Sarajevo en 1989, era agente de la Policía Federal de Bosnia hasta que conoció a Gačanin y empezó a trabajar para él. Se encargaba de su seguridad personal. Y con él se trasladó a Dubái.

Cuando en febrero de este año regresó a Bosnia, fue detenido en la Operación Consigliere. La fiscalía le acusa de pertenencia a organización criminal y blanqueo de dinero procedente del narcotráfico. De momento, sigue en la cárcel en su país a la espera de juicio.

En total, Cándido Nsué Okomo posee en Dubái inmuebles por valor de casi 59 millones de dírhams emiratíes, unos 15 millones de euros. Además, por los tres apartamentos que tiene alquilados, ha cobrado 1,42 millones de euros desde 2014. Las cinco propiedades se encuentran en las zonas más caras del emirato: dos en la torre Burj Khalifa, uno en una torre próxima, en el Bulevar 29, y dos en Palm Jumeirah, la isla artificial en forma de palmera donde se ha construido un área residencial de superlujo. Allí se encuentra la villa de 650 metros cuadrados, y seis dormitorios que no ha puesto en alquiler y que está valorada en 7,6 millones de euros. Tampoco alquila un estudio de 52 metros cuadrados en el mismo Palm Jumeirah, valorado en casi un cuarto de millón de euros.

En la torre más alta del mundo, el cuñado de Obiang posee un segundo apartamento, de 426,98 metros cuadrados y cuatro habitaciones, que le ha proporcionado en alquileres casi un millón de euros desde 2014, según los datos inmobiliarios obtenidos por OCCRP.

La corrupción es uno de los principales problemas de Guinea Ecuatorial. Desde que en 1995 se descubrió petróleo, el oro negro ha multiplicado por 86 el PIB del país –con cifras de 2022–, pero los ingresos del crudo han enriquecido sólo a la familia del dictador y su jerarquía, que han hecho de la cleptocracia una enseña nacional, protegida por un régimen de brutal represión política y violaciones de los derechos humanos.

A través de empresas que operan en todos los sectores económicos del país, el régimen ecuatoguineano desvía gran parte de los fondos públicos procedentes de los recursos naturales a cuentas bancarias en el extranjero, que luego sirven para comprar inmuebles, tal y como está investigando la Audiencia Nacional. También es habitual el cobro de comisiones a las empresas petrolíferas a cambio de la adjudicación de contratos.

Cándido Nsué Okomo está bajo investigación por blanqueo de capitales en la pieza 20 del caso Tándem, a cargo del titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón. Según los documentos a los que ha tenido acceso Diario Rombe –miembro de OCCRP–, tanto el ex director de Gepetrol como Crispín Edu Tomo Maye pagaron una fianza de tres millones de euros cada uno en abril de 2023. Declararon ante el juez en junio y se encuentran en libertad provisional. García Castellón incluso había dictado una orden internacional de busca y captura contra ambos, en cumplimiento de la cual Cándido Nsué fue detenido en los Emiratos Árabes Unidos en enero de 2021 y luego puesto en libertad.

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional (AN) ha corregido al juez Santiago Pedraz y ordenado que dicte orden de detención contra Carmelo Ovono Obiang, uno de los hijos de Teodoro Obiang e investigado por el presunto secuestro y desaparición de cuatro miembros del Movimiento para la Liberación de Guinea Ecuatorial-Tercera República (MLGE3R).

En un auto, de este lunes y al que ha tenido acceso Europa Press, la Sala de lo Penal ordena también a Pedraz dictar órdenes internacionales de detención contra el ministro de Seguridad Nacional, Nicolás Obama Nchama, y el director general adjunto de Seguridad Presidencial, Isaac Nguema Ondo. La Sección Segunda estima el recurso presentado por el MLGE3R, al que se sumaron las familias de las víctimas, contra la resolución del juez instructor en la que denegó las órdenes de detención.

Frente a la alegada falta de jurisdicción de España para la investigación de los hechos, los magistrados corrigen al instructor al entender que en el momento en que adoptó su decisión "no existía conflicto alguno de jurisdicción que supusiera la pérdida de competencia" por el Juzgado Central de Instrucción número 5.

Añaden que en ninguna de las resoluciones dictadas por Pedraz expone "ningún motivo que justifique de forma razonada" por qué "decide no librar las órdenes de busca y captura" que reclaman las acusaciones, es decir, la Fiscalía, el MLGE3R y familiares de las víctimas. Subrayan además que resulta "evidente" que los querellados están "en situación de rebeldía", al haber desoído los llamamientos de comparecencia del juez instructor para prestar declaración como investigados y "pese a habérseles facilitado incluso la posibilidad de comparecer a través de videoconferencia".

A su juicio, en la investigación hay datos suficientes sobre la posible implicación de los investigados, según las diligencias policiales y los seguimientos sobre ellos. La Sala sostiene que la presencia de los investigados en España "ha quedado constatada, así como la posible relación con la agencia de detectives implicada en los seguimientos realizados a quienes, a la postre, resultaron ser víctimas de los hechos, "graves", además de que se investigan transferencias de importantes cantidades de dinero en entidades bancarias españolas que podrían tener relación.

A partir de todo el material analizado, los magistrados concluyen que existen indicios para acordar tomarles declaración de las personas investigadas, que es lo que inicialmente se acordó por el instructor y que no se ha podido practicar ante la actitud de los investigados de obstaculizar.

Con todo, los magistrados explican que con su auto no resuelven la cuestión relativa a la competencia que finalmente pueda discutirse por las autoridades de Guinea Ecuatorial, sino si en el estado actual del procedimiento es procedente dictar las órdenes de busca y captura que han solicitado las acusaciones pública y privada.

Guinea Ecuatorial, 3 de agosto de 1979. Un golpe de Estado derroca al dictador Francisco Macías. Al frente del mismo se encuentra su sobrino: el teniente coronel Teodoro Obiang. Los partidarios del alzamiento no dudaron en calificarlo como Golpe de la Libertad. Pero lo cierto es que aquel movimiento no fue más que un relevo de dictadores. Desde aquella insurrección, Obiang ha dirigido el país de manera ininterrumpida con mano de hierro. Y lo ha convertido en una especie de cortijo particular que lo sitúa como uno de los Estados más corruptos del mundo, según el último Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional. Así, mientras algunos de los allegados del dictador se hacen de oro, la mayoría de la población tiene que vivir en la pobreza en un país con una enorme potencia en el sector de los hidrocarburos.

Los tejemanejes de la poderosísima familia Obiang llevan años bajo la lupa en distintos países europeos. En 2021, la Corte de Casación francesa avaló la condena impuesta al vicepresidente guineano, Teodoro Nguema Obiang, por blanqueo de capitales y malversación de fondos públicos para adquirir propiedades en Francia por una suma estimada en 150 millones de euros, una decisión que suponía, además, la confiscación de los bienes incautados, entre ellos una mansión ubicada en París. El dinero blanqueado procedía de prácticas corruptas en su país, especialmente durante su etapa como ministro de Agricultura y Bosques. Teodorín es, desde hace años, el gran favorito para suceder a su padre, ya octogenario, al frente de Guinea Ecuatorial.

También en España son varios los casos que, de una u otra manera, apuntan al clan familiar. Uno de ellos, aún en fase embrionaria, se encuentra en Palma. Allí, según confirman fuentes jurídicas a infoLibre, el Juzgado de Instrucción nº3 mantiene abierta una investigación que se encuentra bajo secreto de sumario y en la que participa la Fiscalía Anticorrupción. Las pesquisas, según publicó La Última Hora, tratan de aclarar si el hijo menor del dictador y ministro de su Gobierno, Gabriel Obiang, empleó dos empresas ubicadas en la isla en una operación para blanquear más de cinco millones de euros. En el centro de la investigación, según el mismo diario, se encuentra un empresario holandés afincado en Mallorca.

En enero de 2021, una investigación periodística liderada por el semanario portugués Expresso y el consorcio OCCRP, publicada en exclusiva en España por infoLibre, desveló que el ministro ecuatoguineano se involucró en la creación de una trama societaria perceptora de presuntos pagos ilícitos a cambio de la adjudicación de un contrato de obra pública valorado en 106,6 millones de euros. La beneficiaria de dicha concesión, la portuguesa Armando Cunha SA, habría abonado a la trama más de diez millones de euros entre 2009 y 2015. Casi la mitad de las supuestas comisiones se abonaron a dos sociedades con sede en España: Bellezzavecchio SL y Patapouf SL. Ambas, vinculadas a un consultor holandés con residencia en Mallorca: Donald Frank van der Horn van den Bos.

Aquella investigación se apoyaba en una serie de contratos, facturas y extractos bancarios obtenidos por el semanario luso. Varios de esos documentos, de hecho, habían sido aportados en una querella presentada en Portugal contra el entonces presidente y accionista de Armando Cunha –Filipe Rego– y contra Van der Horn van den Bos, al que la investigación situó como el supuesto testaferro de Gabriel Obiang. Sobre la mesa, presuntos delitos de corrupción en negocios internacionales, blanqueo de capitales y fraude fiscal. Un movimiento judicial que, aunque no se dirigía formalmente contra el ministro ecuatoguineano, realizaba un relato de hechos que sí ponía el foco directamente sobre el menor de la familia Obiang.

Algo más avanzada se encuentra, por su parte, la causa centrada en el secuestro y torturas a opositores con nacionalidad española. Se trata de una investigación que está llevando a cabo el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional. Y que tiene su origen en una querella presentada por el Movimiento para la Liberación de Guinea Ecuatorial Tercera República (MLGE3R). Bajo la lupa del juez Santiago Pedraz se encuentra toda la cúpula de seguridad de Obiang. En el procedimiento está investigado Carmelo Ovono Obiang, secretario de Estado de la Presidencia, jefe del servicio secreto exterior e hijo del dictador. También el ministro de Seguridad Nacional, Nicolás Obama, y el director general de la Seguridad Presidencial, Isaac Ngema.

La causa se centra en el presunto secuestro y posteriores torturas que habrían sufrido cuatro opositores: Martín Obiang, Bienvenido Ndong, Feliciano Efa y Julio Obama Mefuman –los dos primeros residentes en nuestro país y los dos últimos con nacionalidad española–. Todos ellos habrían viajado en noviembre de 2019 de Madrid a Sudán del Sur para reunirse supuestamente con líderes africanos. Sin embargo, una vez allí fueron apresados y trasladados a Malabo, la capital de Guinea Ecuatorial. Informes de la Comisaría General de Información sitúan a los investigados en el avión presidencial que trasladó a los opositores desde Sudán del Sur a territorio ecuatoguineano. Y también en las sesiones de tortura a las que fueron sometidos tras ser conducidos a prisión.

Este no es, sin embargo, un caso aislado. "El caso investigado tiene unos claros elementos comunes con el resto de secuestros efectuados en los últimos años desde diferentes países africanos a ciudadanos nacionales o residentes en Europa", señala uno de los informes policiales aportados a la causa, que describen un mismo modus operandi consistente en conducir al opositor a través de engaños de un Estado en el que se encuentre a salvo a un país bajo la influencia del régimen de Obiang en el que, finalmente, son detenidos y entregados a las autoridades ecuatoguineanas. Tanto el hijo del dictador como el ministro de Seguridad Nacional tienen, según la Policía, familia y residencia estable en España, mientras que el tercer investigado visita "de forma periódica" el país.

La Policía, además, considera que el "plan organizado y estructurado" de persecución de opositores tiene como responsables "últimos y principales" al dictador y su hijo Teodorín. De hecho, la investigación ha puesto de manifiesto, según informó en su momento El País, que el Gobierno de Guinea Ecuatorial contrató a una quincena de detectives privados en Madrid para espiar a los miembros de la oposición que un año después serían secuestrados y torturados en un penal del país centroafricano. El caso se encuentra en estos momentos en stand by. Algunas fuentes jurídicas consultadas señalan que la causa está a la espera de una "comisión rogatoria" a Guinea después de que se solicitara una "cesión de jurisdicción".

En el transcurso de las pesquisas, además, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha ordenado investigar el origen de los 793.000 euros que el hijo de Obiang ingresó en billetes de 200 euros en su cuenta del BBVA en Madrid. El juez instructor se había negado al entender que ese dinero no guardaba relación con los hechos investigados. Pero la Sala entendió a mediados de septiembre que estas indagaciones son pertinentes. No solo por si existe un delito de blanqueo, sino también por si ese dinero "pudiera haber sido herramienta imprescindible para financiar las actividades presuntamente delictivas" contra los opositores.

Y luego está el caso Kokorev, que muestra en detalle cómo funciona la corrupción al más alto nivel en Guinea Ecuatorial. La investigación, llevada a cabo por el Juzgado de Instrucción número 5 de Las Palmas de Gran Canaria, concluyó en la primavera de 2021. Y dio por acreditada la existencia de una trama que durante más de una década, entre 1999 y 2011, realizó "operaciones ilegales o clandestinas de venta de armas y material de doble uso" al Estado de Guinea Ecuatorial. "Este armamento y material militar consistía en la compraventa de buques, helicópteros de combate, vehículos blindados, corbetas militares, patrulleras, fragatas, aviones de caza y bombarderos", resaltaba la magistrada instructora en su auto de apertura de procedimiento abreviado.

Pero el negocio de los Kokorev, una familia rusa afincada en Las Palmas de Gran Canaria, no se quedaba ahí. El coste de estas operaciones se incrementaba normalmente entre un 30% y un 40%. Y todo ello se hacía con la complicidad de altos funcionarios militares ecuatoguineanos. En ese sobrecoste, según el citado auto, participaban el yerno del dictador, quien desempeñaba el cargo de Director General del Gabinete Militar y a quien "se le abonaron en comisiones por esta actividad" 1,94 millones de dólares entre 1999 y 2004. También habrían participado en el negocio, según la magistrada, el sobrino de Obiang – era secretario de Estado para la Tesorería y Presupuesto de Guinea–, un primo suyo, el asesor del dictador en materia de defensa y el Director del Gabinete militar del presidente.

Sin embargo, ninguno de estos altos funcionarios terminó encausado en el procedimiento. El auto de apertura de juicio oral se dictó, exclusivamente, contra Vladimir Kokorev, su mujer Julia, su hijo Igor, un abogado y asesor grancanario y dos de sus hermanas. La Fiscalía Anticorrupción ha pedido para los investigados penas que oscilan entre los cinco y los ocho años de cárcel. El próximo 14 de diciembre, según explican fuentes que forman parte de la causa, se celebrará una vista de cuestiones previas. Entre otras cosas, se decidirá si la Audiencia Provincial puede llevar a cabo el enjuiciamiento o si el mismo le compete a la Audiencia Nacional.

El Juzgado de Instrucción 3 de Palma de Mallorca investiga una trama de blanqueo de la familia del dictador guineano, Teodoro Obiang, que lleva en el poder desde 1979, cuando derrocó mediante un golpe de Estado a su tío, el sanguinario Francisco Macías. Según publica este domingo La Última Hora, un empresario holandés afincado en Baleares, en Son Gual, está en el centro de esta investigación que intenta aclarar si el hijo menor Gabriel, que además es ministro de Minas e Hidrocarburos en Guinea Ecuatorial, empleó dos empresas ubicadas en la isla en una operación para blanquear más de cinco millones de euros.

El principal investigado es el empresario holandés Donald Frank van der Horn van den Bos, que es el supuesto testaferro de Gabriel Obiang, que ha sido detenido e interrogado. En concreto, le habría ayudado a mover desde Guinea Ecuatorial hasta Chipre el fruto de un soborno por la adjudicación de una obra pública que tuvo un coste de 106,6 millones de euros y por la que se habrían pagado cinco millones en comisiones que son los que salen del país africano con escala en Mallorca.

La causa, que está bajo secreto de sumario desde hace más de un año, surge de una querella de la Fiscalía Anticorrupción. Parte de esta trama está judicializada en Portugal contra el presidente y accionista de la constructora Armando Cunha S.A. –Filipe Rego– y este intermediario holandés y supuesto testaferro de Gabriel Obiang, entre otros, según una investigación periodística liderada por el semanario portugués Expresso y el consorcio OCCRP, que publicó en exclusiva en España infoLibre en enero de 2021.

La querella no se dirige formalmente contra el ministro guineano, pero la descripción de los hechos deja pocas dudas sobre su participación. En la querella se acusa a los implicados de los presuntos delitos de corrupción en negocios internacionales, blanqueo de capitales y fraude fiscal.

En esta investigación periodística ya se apuntó que el testaferro holandés tenía dos empresas domiciliadas en España que forman parte de la trama. Bellezzavecchio SL inició sus operaciones en octubre de 2012 y facturó 2.510.000 euros a Armando Cunha S.A. Con sede inicial en Madrid, en 2015 trasladó su domicilio a Baleares. Ese fue también el último ejercicio en que depositó sus cuentas en el Registro Mercantil, una irregularidad ya que existe la obligación de hacerlo anualmente. En 2020 se inscribió su baja en el índice de entidades jurídicas. Su administrador único ha sido siempre Donald Frank van der Horn van den Bos, mientras que su accionista único es una compañía extranjera denominada Pinnacle S.A.

La segunda sociedad española de la trama es Patapouf SL, que se constituyó en septiembre de 2013 y tiene su sede en Palma de Mallorca. En los dos años siguientes facturó 2.144.000 euros a Armando Cunha S.A. El intermediario holandés es, en este caso, administrador y socio único. La compañía tampoco presenta cuentas en el Registro Mercantil desde 2015.

Este consulto holandés tiene una tercera compañía, con sede en Países Bajos, que recibió dinero de la constructora portuguesa se llama Flojust Holding B.V.. La cantidad percibida fue menor: 409.000 euros. Como administrador figura uno de sus hijos.

En total, estas tres sociedades facturaron 5.063.000 euros a Armando Cunha S.A. Hay que recordar que el presunto testaferro fue, precisamente, quien realizó todas las gestiones previas a la adjudicación con la constructora lusa.

El Gobierno de Guinea Ecuatorial ha afirmado que el opositor ecuatoguineano Julio Obama Mefuman, quien tenía ciudadanía española, falleció "a causa de una enfermedad" en un hospital de la localidad de Mongomo y ha recalcado que fue sentenciado tras "un juicio justo", según informa Europa Press.

"Informamos a la comunidad internacional que Julio Obama Mefuman, un ecuatoguineano que participó en la frustrada intentona golpista del 27 de diciembre de 2017 y que recibió un juicio justo, ha fallecido en un hospital de Mongomo a causa de una enfermedad que venía padeciendo", ha dicho el ministro de Exteriores ecuatoguineano, Simeon Oyono Esono.

"Guinea Ecuatorial quiere salir al paso para desmentir la información publicada por el Ministerio de Asuntos Exteriores de España, porque carece de fundamentos. Expresamos por tanto, nuestro más sentido pésame a su familia por esa perdida irreparable", ha resaltado el ministro de Guinea Ecuatorial a través de su cuenta en la red social Twitter.

La reacción de Malabo ha llegado después de que el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación convocara el lunes al jefe de la delegación de Guinea Ecuatorial en Madrid para pedirle que se esclarezcan las circunstancias en las que se produjo la muerte del opositor.

Obama Mefuman falleció el domingo en la prisión de Oveng Azem (Mongomo), en la que se encontraba recluido junto al también español Feliciano Efa Mangue, según denunció su partido, el Movimiento para la Liberación de Guinea Ecuatorial Tercera República (MLGE3R). Su muerte tuvo lugar menos de dos semanas después de que se supiera que la Audiencia Nacional está investigando a tres altos cargos del Gobierno de Teodoro Obiang Nguema, uno de ellos hijo suyo, en relación con el presunto secuestro y posterior tortura de estos dos españoles.

Los cuatro fueron capturados en Yuba, la capital de Sudán del Sur, el 15 de noviembre de 2019 y posteriormente trasladados en un avión presidencial a Guinea Ecuatorial. Aquí, además de haber sido torturados fueron condenados a largas penas de cárcel, de 90 años en el caso de Efa Mangue y de 70 en el de Obama Mefuman, por su presunta participación en un intento de golpe de Estado.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz investiga a Carmelo Ovono Obiang, hijo del presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang, y a dos dirigentes de su Gobierno por el presunto secuestro y tortura de dos ciudadanos españoles integrados en un movimiento opositor al régimen político del país africano.

Fue el pasado 31 de octubre cuando el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 admitió a trámite una querella presentada por el propio Movimiento para la Liberación de Guinea Ecuatorial Tercera República (MLGE3R) contra Carmelo Ovono, secretario de Estado de Seguridad Exterior en Guinea Ecuatorial, y contra Nicolás Obama Nchama, ministro de Seguridad Nacional de Guinea Ecuatorial, ha recordado Europa Press.

Tan solo un mes mas tarde, el instructor dictó un nuevo auto por el que accedía a ampliar la querella inicial y acordaba tener por investigado a una tercera persona: el director general de la Seguridad Presidencial, Issac Nguema. En ese mismo mes de noviembre, el magistrado pidió a la Comisaría General de Información que informase sobre si todos ellos ostentaban en ese momento estatus diplomático en España.

La querella se centra en el presunto secuestro y las posteriores torturas que habrían sufrido cuatro miembros del MLGE3R: los residentes en España Martín Obiang y Bienvenido Ndong y los nacionales españoles Feliciano Efa y Julio Obama Mefuman. Los hechos habrían acontecido en un viaje de Madrid a Yuba, en Sudán del Sur, donde habrían sido capturados el 15 de noviembre de 2019.

Según recoge la querella, a la que ha tenido acceso Europa Press, todos ellos fueron "trasladados clandestinamente en un avión oficial del régimen de Guinea Ecuatorial, y encerrados en un centro de detención sito en Oveng Asem, en la demarcación de Mongomo, donde continúan hasta estos días". "Han sido torturados y obligados a pedir perdón al líder del régimen ecuatoguineano bajo presiones frente a la TV pública de Guinea Ecuatorial", apunta el escrito.

El mismo sostiene que tanto Ovono Obiang como Obama Nchama habrían estado presentes tanto en el avión oficial que ejecutó el secuestro como dirigiendo "algunas de las sesiones de torturas en los sótanos del centro penitenciario". Además, explica que ambos querellados "residirían en España, contarían con domicilio estable, y además, se podrían encontrar" en territorio nacional.

El secuestro se habría producido, según apunta la querella, a raíz de una invitación de un amigo a los cuatro opositores para viajar desde Sudán del Sur a Etiopía. Esa invitación habría resultado ser una trampa para acometer su captura y su posterior traslado a Guinea Ecuatorial.

A los dos nacionales españoles, Efa Mangue y Obama Mefuman, se les habría imputado una presunta participación en un golpe de Estado contra el Gobierno ecuatoguineano por la que habrían sido condenados en un juicio militar a las penas de 90 años y 70 años de prisión respectivamente.

La Comisaría General de Información remitió el pasado 1 de diciembre al instructor un extenso informe en el que ponían el foco en los "numerosos casos de desapariciones, traslados forzosos, torturas e, incluso, asesinatos y condenas a muerte, de conocidos opositores residentes en el exterior" de Guinea Ecuatorial.

Los investigadores consideran que los testimonios grabados por las víctimas y las declaraciones de los testigos protegidos que obran en la causa "son contundentes pruebas que determinan la existencia de los delitos investigados, secuestro y torturas principalmente, siendo dos de sus victimas ciudadanos españoles y otra dos ecuatoguineanos residentes y asilados en España".

La Policía asegura que estos delitos se habrían producido "en el marco" de una "persecución sistemática, convirtiéndolos en crímenes de lesa humanidad". "Dos de los responsables directos señalados por la comisión de los delitos acreditados, Nicolás Obama Nchama y Carmelo Ovono Obiang, tienen junto a sus familias, residencia estable y acreditada en España y otros como Isaac Nguema, visitan de forma periódica nuestro país", apunta.

El informe deja claro, además, que "el caso investigado tiene unos claros elementos comunes con el resto de secuestros efectuados en los últimos años desde diferentes países africanos a ciudadanos nacionales o residentes en Europa".

En este contexto, la Policía incide en que ha quedado "acreditada la actividad política de las víctimas, la motivación e itinerario del viaje, la identidad de otro secuestrado no residente en España así como la identidad de algunas de las personas que presuntamente fueron utilizada para realizar el engaño a las víctimas y provocar su desplazamiento".

Asimismo, los investigadores afirman que no se considera "a estas víctimas ni a los grupos opositores a los que pertenecen amenazas contra la Seguridad del Estado ni contra las personas".

Los escándalos de corrupción en la Guinea Ecuatorial del dictador Teodoro Obiang son una constante, aunque no son los medios del país quienes los suelen desvelar. Los hechos se conocen gracias a investigaciones periodísticas o causas judiciales internacionales. Eso es exactamente lo que ocurre con el último caso, que tiene como protagonista a Antonio Oburu Ondo, director general de GEPetrol, la poderosa compañía estatal de petróleo de Guinea Ecuatorial.

Documentos obtenidos por la organización periodística OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project) y por Diario Rombe, diario digital ecuatoguineano que se elabora desde España, vinculan a Antonio Oburu con empresas en paraísos fiscales creadas para obtener beneficios de contratos de compraventa de crudo que él mismo orquestó en GEPetrol. Sociedades instrumentales o personas vinculadas al alto cargo del régimen de Obiang realizaron desde 2009 importantes inversiones inmobiliarias en España, Estados Unidos, Chipre y Ghana. Los ingresos oficiales de Oburu y de su pareja no justifican su abultado patrimonio. infoLibre publica en exclusiva en España esta investigación periodística.

Alguna luz sobre el origen de esos bienes la podría arrojar una demanda por corrupción en los negocios presentada ante los tribunales británicos por la empresa petrolera Arcadia Petroleum Limited contra un grupo de exdirectivos de la compañía, a los que acusa de estafarle al menos 286 millones de dólares (unos 241 millones de euros). Arcadia Petroleum alega que en las operaciones de compraventa de cargamentos de petróleo actuaron como intermediarias empresas instrumentales cuyo único objetivo era saquear parte del dinero de las transacciones. Estos cargamentos se compraron en varias ocasiones a GEPetrol.

Antonio Oburu era el responsable de las ventas de GEPetrol durante todo el periodo de la presunta estafa, aunque no figura como uno de los acusados en la demanda de Arcadia Petroleum.

No obstante, en una carta dirigida a Oburu por los abogados de Arcadia Petroleum, se indica que empresas de su propiedad o controladas por él recibieron al menos 64 millones de dólares (54 millones de euros) de "fondos sustraídos", lo que convierte al director general de GEPetrol en el "mayor beneficiario del fraude". Además, los abogados le instan a no deshacerse de “los activos que puedan ser objeto de la reclamación de su cliente”.

OCCRP y Diario Rombe se pusieron en contacto con Oburu para pedirle su versión de los hechos, pero no contestó a los mensajes enviados por correo electrónico, Signal y Whatsapp. Cuando se le llamó al móvil, colgó inmediatamente. Los abogados de Arcadia Petroleum tampoco respondieron a los periodistas.

El caso de Antonio Oburu se une así a una larga lista de negocios bajo sospecha en Guinea Ecuatorial. Otra investigación del OCCRP desveló en enero que el ministro de Petróleo del país e hijo del dictador, Gabriel Obiang, se involucró directamente en la creación de una trama societaria perceptora de presuntos pagos ilícitos a cambio de la adjudicación de contratos públicos.

Teodoro Obiang es el dictador más longevo de África. Lleva en el poder de Guinea Ecuatorial desde 1979, cuando derrocó mediante un golpe de Estado a su tío, el sanguinario Francisco Macías. Obiang ha convertido el país es una especie de finca particular, donde su familia y algunos allegados han amasado enormes fortunas, mientras la inmensa mayoría de los ciudadanos viven en la pobreza.

EN LA FAMILIA POLÍTICA DEL DICTADOR

El dinero extra del petróleo habría completado sustancialmente los ingresos oficiales de Oburu y de su esposa, Cándida Okomo Nsue Mensa, una ex cantante de R&B (rythm & blues) que fue nombrada subdirectora general de GEPetrol en 2017.

No existe información oficial sobre el salario anual de Oburu, ya que GEPetrol no publica informes financieros. Sin embargo, una persona familiarizada con el asunto, que habló bajo condición de anonimato por temor a represalias, indicó que el salario mensual de Oburu como director general de GEPetrol es de unas 14.000 libras esterlinas. A esto se añade una asignación mensual de 3.200 libras esterlinas, lo que hace que el salario sea de unas 206.400 libras al año [algo más de 241.000 euros].

Gracias a su matrimonio con Okomo, Oburu entró en la familia del presidente Teodoro Obiang, ya que ella es sobrina de la primera dama, Constancia Okomo Mangue Nsue. El padre de Okomo – Teodoro Biyogo Nsue Okomo– es el jefe de protocolo del dictador y fue el embajador en Estados Unidos. Biyogo Nsue Okomo dijo a los periodistas que su hija y Oburu se habían divorciado recientemente, pero no aportó ninguna prueba de ello.

Oburu fue nombrado director general de GEPetrol en 2015, tras más de una década en la empresa. Por entonces ya estaba casado con la sobrina de la primera dama. En 2017, la pareja compró la nacionalidad chipriota gastando 2,5 millones de euros en el país insular mediterráneo. Lograron así una golden visa, un programa vigente en diversos países europeos que otorga la residencia o incluso la nacionalidad a cambio de una inversión en bienes inmuebles en el país. En España sólo se puede lograr la residencia, pero en Chipre se conseguía directamente la nacionalidad si el importe gastado superaba los dos millones de euros.

Los Oburus gastaron dos millones en una villa en el puerto deportivo de la ciudad costera chipriota de Limasol y otros 500.000 euros en un apartamento en el mismo complejo. La inversión la realizaron en ambos casos a través de una sociedad mercantil de Chipre de la que Oburu era accionista único. Esas compras les sirvieron para conseguir el pasaporte chipriota antes de que los escándalos obligasen al país a cancelar el programa en 2020. Diversas informaciones periodísticas desvelaron la concesión de la nacionalidad a políticos presuntamente corruptos y sin realizar comprobaciones sobre el origen del dinero que invertían en inmuebles del país.

Oburu también había obtenido previamente la ciudadanía de Belice.

Las propiedades chipriotas se sumaron a una floreciente cartera internacional de bienes inmuebles en diversos países, propiedad de sociedades instrumentales controladas por Oburu.

En Houston (Estados Unidos), Oburu adquirió una casa de 280 metros cuadrados a través de una empresa de las Islas Vírgenes Británicas llamada Rodexkia Investment Limited. Esta sociedad tiene como accionista único a otra compañía del mismo paraíso fiscal, Alliance Kingdom International Limited, donde Oburu figura directamente como director de la misma.

Documento de la empresa Alliance Kingdom, con sede en las Islas Vírgenes Británicas, donde indica que su director es Antonio Oburu.

Entre 2012 y 2017, una empresa de Texas con un nombre similar, Rodexkia Holding LLC, fue propietaria de una extensa mansión en la ciudad, valorada en más de cuatro millones de dólares (3,38 millones de euros).

El papel de Oburu como persona de contacto de Rodexkia fue confirmado por Brad Porter, gerente de Rodexkia Holding LLC. Es socio del bufete de abogados Porter & Powers, con sede en Houston, que representó a Rodexkia Investment en una demanda de 2016.

"Le llamo Tony", comenta Porter en una conversación telefónica, antes de añadir que no conocía el origen de los fondos de Oburu ni sus conexiones políticas en Guinea Ecuatorial. "Dijo que trabajaba en una empresa de petróleo y gas", recuerda Porter.

Los documentos mercantiles obtenidos por el OCCRP muestran que el director general de GEPetrol figuraba también como persona autorizada en la cuenta bancaria abierta por Rodexkia Investment Limited en el banco Audi Saradar, con sede en Líbano y oficinas en diversos países de Europa y Oriente Medio. Es importante reseñar que, en la autorización, se indica que bastaba su firma para operar con la cuenta.

Rodexkia Investment Limited fue inscrita en el Registro Mercantil de las Islas Vírgenes Británicas el 17 de febrero de 2009 y ese mismo día asumió el cargo de directora de la sociedad Asunción Mba Fernández. Los abogados de Arcadia Petroleum afirman que es una hermana de Oburu.

Documento que designa a Oburu como persona autorizada en la cuenta de Rodexkia Investment, sociedad de las Islas Vírgenes Británicas, en el banco Audi Saradar.

Los bienes en España

Las sociedades y personas vinculadas con el principal ejecutivo de GEPetrol son dueñas de tres viviendas y dos garajes en España.

En diciembre de 2009, Rodexkia Investment Limited adquirió en Algete (Madrid) un chalé de 268 metros construidos sobre una parcela de 3.375 metros cuadrados. El precio oficial de la operación se fijó en 780.000 euros.

Un año después, en diciembre de 2010, la entonces directora de Rodexkia, Asunción Mba Fernández, compró a su nombre un piso de 153 metros cuadrados y una plaza de garaje en la urbanización La Fama de Sanchinarro II, en Madrid capital.

Por último, una sociedad española relacionada con Antonio Oburu dispone de un local comercial y una plaza de garaje en Madrid ciudad, en la zona de Sanchinarro. La empresa se llama Impexia Internacional SL y tiene la particularidad de que el propio Oburu aparece en el accionariado con un porcentaje minoritario. La mayoría de las participaciones están en manos de una empresa opaca de Guinea Ecuatorial llamada United Impex Holdings International S.L. Esta firma y Oburu apoderaron conjuntamente a un abogado español para que constituyera la filial de Madrid. La adquisición de ambas propiedades se produjo en 2018.

Ninguno de estos bienes ha cambiado de titular, de forma que a día de hoy siguen figurando en el Registro a nombre de Rodexkia, Asunción Mba Fernández e Impexia, respectivamente.

Trama societaria vinculada a Antonio Oburu y propiedades inmobiliarias en las que invirtieron.

El director general de GEPetrol también está relacionado con dos apartamentos en un barrio de lujo de Londres, aunque no fue posible determinar si son de su propiedad.

A pocos metros del paso de peatones que se hizo famoso por la portada del álbum Abbey Road de los Beatles hay una dirección que figura como domicilio en Londres de Oburu en un documento oficial interno de GEPetrol de junio de 2020, llamado “nominilla parcial de los empleados al exterior”. Se trata del número 20 de la calle Abbey Road. A pesar de que Oburu reside en Guinea Ecuatorial, este documento apunta a que recibe un complemento, que aquel mes se elevó a 3.202 libras (casi 3.750 euros).

Esa misma dirección de Londres, Abbey Road 20, aparece en un contrato de alquiler de una lujosa propiedad de Oburu en Accra, la capital de Ghana. Se trata de un contrato, firmado en 2007, por el que un miembro de la misión diplomática de Japón en Ghana acordó pagar a Oburu 3.200 dólares al mes en concepto de alquiler de la propiedad. El contrato, firmado por Oburu en su calidad de arrendador, se acordó en presencia de Gertrudis L.S., de nacionalidad británica, con residencia en la citada dirección de Londres.

Oburu también dio como su dirección otro apartamento en el mismo edificio, en el 20 de Abbey Road, al registrar un sitio web en 2008.

Contrato de alquiler de una vivienda en Accra, capital de Ghana, que firma Oburu como arrendador.

LA CAUSA JUDICIAL POR LA COMPRAVENTA DE PETRÓLEO

Además de ser un vehículo para las posesiones inmobiliarias, la empresa Rodexkia Investment Limited vincula a Oburu a la presunta estafa para desviar los beneficios del crudo de Arcadia Petroleum.

En su demanda contra antiguos ejecutivos, Arcadia Petroleum nombra a Rodexkia como una de las empresas que supuestamente recibieron pagos multimillonarios de empresas intermediarias como parte de las ventas de cargamentos de crudo de GEPetrol.

Los documentos presentados ante los tribunales británicos por los abogados de Arcadia Petroleum afirman que el fraude se perpetró entre 2006 y 2012, época en la que Oburu era máximo responsable de ventas de GEPetrol. Los acusados, entre los que se encuentran antiguos ejecutivos de la compañía, presuntamente crearon empresas para intermediar en las compras de petróleo. Dos de estas empresas también se llamaban Arcadia, una con sede en Mauricio y otra en el Líbano, mientras que una tercera sociedad se denominaba Attock y tenía su sede en Mauricio.

Los demandantes alegan que los cargamentos de crudo se vendían a la verdadera Arcadia Petroleum en Londres sólo una vez que habían pasado por una de las sociedades intermediarias, que se embolsaban una parte de los beneficios revendiendo el crudo a Arcadia Petroleum a un precio mucho más alto que el que habían pagado. Los documentos judiciales afirman que al menos 286 millones de dólares en beneficios fueron desviados de Arcadia Petroleum entre abril de 2007 y febrero de 2012 a través de este sistema.

La carta de los abogados de Arcadia Petroleum a Oburu alega que Attock y Arcadia Lebanon realizaron 15 pagos a Rodexkia Investment por un total que superó los 14 millones de dólares (11,8 millones de euros) en las Islas Vírgenes Británicas entre 2009 y 2012.

Los abogados también afirman que otras dos empresas –Sonergy Limited, en Guinea Ecuatorial, y Obexys Limited, en las Seychelles– recibieron pagos similares por unos 50 millones de dólares (42,45 millones de euros) y que ambas eran propiedad o estaban controladas por Oburu o Asunción Mba Fernández.

Respecto a Sonergy Limited, los abogados justifican su afirmación con pruebas documentales como una “cadena de correos” entre el propio Oburu y una administrativa que trabajaba en Arcadia Líbano, donde se habla de presuntos pagos a dicha compañía con sede en Guinea Ecuatorial.

En cuanto a la relación del director general de GEPetrol con Obexys, una persona de nombre Antonio Oburu aparece en un registro de dominio de la página web de la empresa, y la administradora de la misma es Frida Ndong Cuaresma. Esta mujer ocupó precisamente el cargo de administradora única de la sociedad española Impexia Internacional SL desde su constitución en 2013 hasta 2020. También actuó como apoderada de Rodexkia Investment en España.

Los acusados niegan cualquier actuación ilegal y afirman que los pagos se hicieron a Rodexkia, Obexys y Sonergy en virtud de contratos de prestación de servicios y que los demandantes eran plenamente conscientes de dichos acuerdos en ese momento.

Tras varios años de pelea en los tribunales por asuntos de jurisdicción, parece que la causa impulsada por Arcadia Petroleum entrará ya en la fase donde se debe dirimir sobre el fondo del asunto.

No es la primera vez que las demandas por corrupción relacionadas con el petróleo de Guinea Ecuatorial llegan a los tribunales internacionales.

En 2005, el Riggs Bank, con sede en Washington DC, se declaró culpable de blanquear dinero para los Obiang. Más recientemente, el caso francés Biens Mal Acquis (ganancias ilícitas) condujo en 2020 al procesamiento de uno de los hijos de Obiang, Teodorín, y a la confiscación de unos 150 millones de euros de sus activos en Francia, incluidos coches deportivos de lujo.

"El muro de impunidad de los cleptócratas está empezando a desmoronarse, pero el camino es aún largo", sostiene William Bourdon, el abogado que dirige la causa en Francia.

____________

Con información de Lise Olsen en Houston, Antonio Baquero (OCCRP) en Barcelona y Manuel Rico (infoLibre) en Madrid.

Teodoro Obiang es el dictador más longevo de África. Lleva en el poder de Guinea Ecuatorial desde 1979, cuando derrocó mediante un golpe de Estado a su tío, el sanguinario Francisco Macías. Obiang ha convertido el país es una especie de finca particular, donde su familia y algunos allegados han amasado enormes fortunas, mientras la inmensa mayoría de los ciudadanos viven en la pobreza. Así que casi nadie duda de que el sucesor en la jefatura del Estado será alguno de los hijos del dictador, que ya tiene 78 años. De hecho, hace tiempo que empezaron los movimientos para la sucesión. Una carrera en la que parece existir un claro favorito, su hijo Teodorín Obiang, condenado en Francia en 2017 por corrupción y blanqueo de capitales. Pero donde otro de los vástagos del dictador, Gabriel Obiang, mantiene sus aspiraciones sucesorias desde el puesto de ministro de Minas e Hidrocarburos. Un cargo clave en un país que es uno de los principales productores de petróleo del continente y cuya economía tiene una dependencia casi absoluta del crudo.

El abogado y activista guineoecuatoriano Lucas Oló Fernandes sostiene que los hermanos son “igual de corruptos”, aunque tienen diferentes estilos a la hora de saquear el país, mucho menos ostentoso el de Gabriel Obiang: "Teodorín podría ir directamente al Tesoro para conseguir dinero. Teodorín está allí para gastar su dinero. Gabriel lo invierte". Guinea Ecuatorial fue una colonia de España hasta que se independizó en 1968 y el español sigue siendo uno de los idiomas oficiales. 

El hecho de que Guinea Ecuatorial lleve tanto tiempo controlado por la misma familia quizá ayude a explicar por qué Gabriel Obiang se involucró directamente en la creación de una trama societaria perceptora de presuntos pagos ilícitos a cambio de la adjudicación de un contrato de obra pública valorado en 106,6 millones de euros. La beneficiaria de esa concesión, la constructora portuguesa Armando Cunha S.A., abonó a la trama más de diez millones de euros entre 2009 y 2015.

Así consta en una serie de contratos, facturas y extractos bancarios obtenidos por el semanario portugués Expresso y analizados en una investigación coordinada por el consorcio OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project) y desarrollada en los últimos meses con varios medios de comunicación, entre ellos el periódico guineano Diario Rombe. infoLibre, tras tener acceso y analizar dichos documentos, publica en exclusiva el resultado de esa investigación en España.

Varios de esos documentos han sido aportados en una querella presentada en Portugal contra el presidente y accionista de la constructora Armando Cunha S.A. –Filipe Rego– y contra un intermediario holandés y supuesto testaferro de Gabriel Obiang –Donald Frank van der Horn van den Bos–, entre otros. Este último reside en Mallorca y tiene dos empresas domiciliadas en España que forman parte de la trama. La querella no se dirige formalmente contra el ministro guineano, pero la descripción de los hechos deja pocas dudas sobre su participación. En la querella se acusa a los implicados de los presuntos delitos de corrupción en negocios internacionales, blanqueo de capitales y fraude fiscal. En el marco de la investigación, el pasado 17 de diciembre, la Policía judicial registró la sede de la empresa Armando Cunha S.A. y varios domicilios particulares, según ha podido saber Expressso.

EL PACTO PREVIO

La investigación periodística ha podido identificar a tres personas clave entre los colaboradores de Gabriel Obiang: el intermediario Donald Frank van der Horn van den Bos en España, el abogado NJ Ayuk en Guinea Ecuatorial, y el empresario Nicolaos Neocleous en Chipre.

El primero que entró en escena en la operación con Armando Cunha S.A. fue el holandés afincado en España. Casi un año antes de recibir la adjudicación de un organismo público controlado por el ministro de Minas e Hidrocarburos, Donald Frank van der Horn van den Bos empezó a negociar con la constructora portuguesa sobre cómo se haría el reparto del dinero.

El intermediario era aparentemente una persona muy organizada. Después de una reunión en Lisboa –los días 18 y 19 de febrero de 2009–, elaboró un informe de cuatro páginas sobre lo hablado en el encuentro y se lo envió a Filipe Rego, presidente de Armando Cunha S.A. En el encabezamiento colocó el logotipo de Gabangare, una empresa registrada en Chipre, vinculada a Gabriel Obiang y clave en el entramado como veremos más adelante. En el memorando ya se diseña la estructura societaria que es necesario montar, incluida una compañía a medias entre la constructora portuguesa y Gabangare, con sede también en Chipre. Este país es uno de los cinco de la Unión Europea que ONG como Oxfam consideran paraísos fiscales. Además, el documento detalla los proyectos que se asignarían a Armando Cunha S.A. en el país africano, entre los que figura la obra que llegó a costar 106,6 millones de euros.

Un segundo memorando fue elaborado, el 17 de abril de 2009, por algún directivo de la constructora portuguesa –no está firmado– y enviado a Donald Frank van der Horn van den Bos. El documento se titula "Reunión de temas que requieren aclaración" y el objetivo es, precisamente, concretar al máximo diversas cuestiones de la operativa que preocupaban a Armando Cunha S.A.

Existe un tercer memorando, más corto que los otros dos y sin fecha, que hace referencia a una reunión en Madrid en la que se trataron aspectos sobre la empresa en el país africano en cuyo accionariado participarían ambas partes.

Los tres documentos fueron entregados a Expresso por una fuente que prefiere no ser identificada y fueron compartidos con el consorcio OCRRP y otros medios de comunicación, entre ellos infoLibre.

La adjudicación se produciría finalmente en enero de 2010, pero una de las empresas de la trama ligada a Gabriel Obiang –la guineoecuatoriana Arcangel S.A.– empezó meses antes a facturar gastos a las constructora lusa, por ejemplo en concepto de alquiler de unas oficinas en el país africano. La operación estaba en marcha.

Gabriel Obiang, a su llegada a la reunión extraordinaria de la conferencia de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), en marzo de 2020.

LA ADJUDICACIÓN

Empresa mediana y poco conocida en Portugal, Armando Cunha S.A. no tuvo proyecto alguno en Guinea Ecuatorial hasta que se le adjudicó el contrato público para la construcción de un centro de formación del Instituto Tecnológico Nacional de Hidrocarburos de Guinea Ecuatorial (ITNHGE). Dicha concesión se produjo el 21 de enero de 2010 y el contrato fue firmado directamente por el ministro Gabriel Obiang, en su calidad de presidente del consejo de administración de ITNHGE –organismo que está bajo la tutela de su ministerio–, y por el director de la empresa portuguesa, Filipe Rego.

El contrato establecía que el 25% del importe inicial de la adjudicación –que ascendía a 57,5 millones de euros– se pagaría por adelantado en una cuenta de Armando Cunha S.A. en una sucursal del Banco Espírito Santo en Cabo Verde.

Esa cantidad se incrementaría en mayo de 2012 hasta los 106,6 millones de euros, en un nuevo acuerdo firmado también por el ministro Gabriel Obiang. Se trata de un documento de sólo dos páginas que prácticamente duplicó las obras a realizar en el futuro centro de formación de ITNHGE. Para entender la importancia de esta cantidad en Guinea Ecuatorial quizá sirva la siguiente comparación: el presupuesto total para educación en 2020 en el país africano apenas superó los 91 millones de euros.

En los cinco años posteriores a la adjudicación, saldrían de esa cuenta bancaria en Cabo Verde más de diez millones de euros con destino a siete empresas relacionadas con Gabriel Obiang, bien a través de la compañía Gabangare o bien a través del presunto testaferro del mandatario Donald Frank van der Horn van den Bos. La mayoría de los pagos se justificaron mediante vagos acuerdos de consultoría.

“Estos fondos, independientemente de la descripción en las facturas, no son más que el pago de comisiones / ‘sobornos’ por la mediación y adjudicación del ITNHGE”, se indica literalmente en la querella presentada en Portugal.

Contrato de adjudicación a ACSA, firmado por Gabriel Obiang.

LAS SOCIEDADES EN ESPAÑA DE LA TRAMA

Donald Frank van der Horn van den Bos es un consultor fiscal, de 60 años, que tiene su residencia en la isla de Mallorca y cuenta con excelentes conexiones en Guinea Ecuatorial.

A dicho intermediario holandés están directamente vinculadas tres empresas que recibieron dinero de la constructora portuguesa. Dos de ellas tienen su sede en España y la otra en Países Bajos.

Bellezzavecchio SL inició sus operaciones en octubre de 2012 y facturó 2.510.000 euros a Armando Cunha S.A. Con sede inicial en Madrid, en 2015 trasladó su domicilio a Baleares. Ese fue también el último ejercicio en que depositó sus cuentas en el Registro Mercantil, una irregularidad ya que existe la obligación de hacerlo anualmente. En 2020 se inscribió su baja en el índice de entidades jurídicas. Su administrador único ha sido siempre Donald Frank van der Horn van den Bos, mientras que su accionista único es una compañía extranjera denominada Pinnacle S.A.

La segunda sociedad española de la trama es Patapouf SL, que se constituyó en septiembre de 2013 y tiene su sede en Palma de Mallorca. En los dos años siguientes facturó 2.144.000 euros a Armando Cunha S.A. El intermediario holandés es, en este caso, administrador y socio único. La compañía tampoco presenta cuentas en el Registro Mercantil desde 2015.

La tercera compañía relacionada con Donald Frank van der Horn van den Bos que recibió dinero de la constructora portuguesa se llama Flojust Holding B.V. y tiene su sede en los Países Bajos. La cantidad percibida fue menor: 409.000 euros. Como administrador figura uno de sus hijos.

En total, estas tres sociedades facturaron 5.063.000 euros a Armando Cunha S.A. Hay que recordar que el presunto testaferro fue, precisamente, quien realizó todas las gestiones previas a la adjudicación con la constructora lusa.

DE GUINEA ECUATORIAL A BELICE PASANDO POR CHIPRE

La otra parte de la trama societaria tiene como eje a una compañía chipriota denominada Gabangare. El nombre de esta compañía coincide curiosamente con las iniciales de los tres hijos de Gabriel Obiang: Gabriel, Angelita y Arelis. Pero las coincidencias no terminan ahí. Antes de que naciera la hija pequeña, Arelis, resulta que la compañía se llamaba Gabang. El diablo está a veces en los pequeños detalles.

Pero para llegar a Gabangare es necesario seguir el hilo societario que empieza en Guinea Ecuatorial.

Cinco meses después de la adjudicación de la obra, Gabriel Obiang apareció directamente asociado a Armando Cunha S.A. El 27 de mayo de 2010, el ministro asumió la representación de una empresa guineoecuatoriana, el Grupo Molsa, en una Junta General donde una filial 100% propiedad de esa compañía cambió su denominación: hasta ese momento se llamaba Construcción GE y pasó a funcionar como ACSA. En dicha Junta General se nombró director general de la flamante ACSA a António Belo, empleado de la portuguesa Armando Cunha S.A. El acta de la Junta general fue inscrita el 23 de julio de 2010 en el Registro Mercantil de Malabo, la capital del país africano.

El Grupo Molsa es la empresa matriz que utiliza Gabriel Obiang para controlar varios negocios privados en el país. Por su parte, ACSA es el acrónimo que Armando Cunha S.A. usó para sus filiales en Marruecos, Cabo Verde y Santo Tomé y Príncipe.

En resumen: el ministro Gabriel Obiang, como representante del Grupo Molsa, nombró para el cargo de administrador general de una de sus filiales –ACSA– a un empleado de la constructora portuguesa a la que cuatro meses antes le había adjudicado una obra de 57,5 millones de euros (que terminarían convirtiéndose en 106,6 millones).

Escritura donde Gabriel Obiang actúa en nombre de Grupo Molsa y de su filial ACSA.

Esa actuación mercantil suponía materializar una de las cuestiones que figuraba en los memorandos barajados antes de la adjudicación: la existencia de una sociedad en Guinea Ecuatorial donde ambas partes –la gente de Gabriel Obiang y la constructora lusa– estarían representados.

El paso siguiente era enmascarar la identidad de sus propietarios. Y, de nuevo, el propio ministro de Minas e Hidrocarburos aparece firmando el documento clave. El 30 de diciembre de 2010, Gabriel Obiang firmó una escritura en su calidad de representante del Grupo Molsa por la que se traspasaba la totalidad de su capital: el 65% lo asumió una empresa registrada en Chipre, Burilda Consultancy Limited, y el 35% restante pasó a ser del ciudadano guineoecuatoriano Genaro Obunu, socio de Centurion Law Group, un bufete de abogados muy cercano a Gabriel Obiang.

El presidente de Centurion, NJ Ayuk, es un amigo personal del ministro. Gabriel Obiang y su mujer asistieron a la boda de Ayuk celebrada en 2016 en Marbella, evento al que también fue como invitado Donald Frank van der Horn van den Bos. Tres años después, el ministro acudió a la presentación de un libro de Ayuk.

El abogado y activista guineoecuatoriano Lucas Oló Fernandes sostiene que el bufete de Ayuk es conocido por aumentar las posibilidades de sus clientes de obtener contratos públicos relacionados con el petróleo en Guinea Ecuatorial. "Puedes ir con otros [bufetes] y puedes intentarlo si quieres, pero es probable que te quedes por debajo de otras empresas menos capaces pero que iban de la mano de Centurion. Así es como lo hacen", explicó Oló Fernandes al consorcio OCCRP.

Volvamos al accionariado de ACSA. La parte mayoritaria –65%– pasó a estar controlada en Chipre por Burilda Consultancy Ltd, cuyo capital estaba a su vez repartido a partes iguales entre dos sociedades chipriotas: Armando Cunha Cyprus Limited y Gabangare Holdings Limited. La primera era una filial de la constructora portuguesa, que asumió su control en octubre de 2010, justo un par de meses antes de que se pusiera en marcha la compraventa de acciones para ocultar la identidad de los verdaderos dueños de ACSA. La segunda, por su parte, es la empresa clave en el holding ligado a Gabriel Obiang.

Gabangare y dos de sus filiales también con sede en Chipre –Immense Consultancy Ltd y la mencionada Burilda Consultancy Ltd– facturaron en conjunto 5.044.000 euros a la portuguesa Armando Cunha S.A. Una cantidad, por cierto, prácticamente idéntica a la recibida por las tres sociedades del intermediario holandés.

Hay una séptima compañía a la que pagó la constructora lusa: Arcángel. Al contrario que las otras seis, tiene su sede en Guinea Ecuatorial. En los memorandos se indicaba que se encargaría de la parte administrativa y logística en el país africano. En esto, por tanto, también se diferencia de las demás ya que es la única que no cobró por supuestos servicios de “consultoría”. La cantidad facturada, de acuerdo con la querella, ascendió a 181.494 euros.

Constituida en 2006, Gabangare Holdings es oficialmente propiedad de una empresa con sede en Belice llamada Caruda Developement Inc. Y ahí se pierde ya cualquier rastro sobre sus dueños, porque el Registro Mercantil del país centroamericano es uno de los más opacos del mundo.

Sin embargo, las conexiones entre Gabangare y Gabriel Obiang son diversas. Ya hemos visto dos. Que la denominación de la compañía responde a las iniciales del nombres de los tres hijos del ministro. Y que el propio Gabriel Obiang actuó como representante del Grupo Molsa en la venta del 65% del capital de ACSA a una filial de Gabangare.

Hay un tercer vínculo. En 2012, Gabangare tenía una docena de filiales. Entre ellas figuraban Punto Azul, una compañía que trabajaba como operador aéreo en Guinea hasta que dejó de operar en 2017, y Punto Verde, una empresa de producción y distribución agrícola. Ambas aparecen, a su vez, en la página web de Grupo Molsa como parte de este conglomerado. Y este último es el grupo en cuyo nombre actuó Gabriel Obiang, tal y como se recoge en los documentos que se reproducen en esta información.

Como administrador de Gabangare en Chipre aparece Nikolas Nucleous, de 45 años y tercer hombre clave en la trama societaria, junto a Donald Frank van der Horn van den Bos y NJ Ayuk.

LAS VERSIONES OFICIALES

Neocleous no respondió a las preguntas que se le plantearon por escrito desde el consorcio OCCRP. Sin embargo, en una entrevista telefónica previa mantenida en noviembre, negó que Gabriel Obiang fuese el dueño de Gabangare. “El propietario de la compañía es el señor Donald Frank [van der Horn van den Bos]”, aseguró.

Tanto Gabriel Obiang como el intermediario holandés, contactados en las últimas semanas por el OCCRP para que ofrecieran su versión sobre los hechos descubiertos durante la investigación periodística, evitaron responder a las cuestiones planteadas.

Tampoco quisieron ofrecer su versión ni Filipe Rego ni António Belo. En cuanto a la constructora lusa Armando Cunha S.A., respondió al Expresso a través de un abogado, Miguel Matías. "Actualmente hay un conflicto en los tribunales con un accionista y él ha amenazado con hacer denuncias penales sobre la actividad de Armando Cunha S.A. en el extranjero, que hasta ahora se ha entendido como un mero ejercicio de defensa en el mencionado proceso judicial", indicó el abogado. "Por tanto, no se hará ninguna declaración al existir asuntos judiciales pendientes, pero lo que sí se puede asegurar es que todas las actividades de la empresa se han llevado a cabo de manera regular y legal y que sus cuentas han sido repetidamente aprobadas y auditadas por una entidad externa", añadió.

El abogado de la empresa destacó que, "en relación con las amenazas que ha hecho el mencionado accionista, al tratarse de acusaciones falsas y que atentan contra el buen nombre de la persona jurídica que representamos, serán el objeto de una actuación penal".

El bufete Centurion y su presidente, NJ Ayuk, tampoco quisieron responder a las preguntas planteadas. Sin embargo, dos días después de ser contactado por el OCCRP a finales de noviembre, en la web de Centursion se publicó un comunicado anunciando su intención de presentar una querella por presunta “extorsión” contra el excomisario de Policía José Manuel Villarejo, el Diario Rombe y el impulsor de dicho medio de comunicación, Delfín Mocache.

La referencia a Villarejo se explica porque el origen de la investigación contra el ahora expolicía encarcelado está en el denominado informe King, por el que cobró cinco millones de euros para investigar la supuesta fortuna oculta de Gabriel Obiang y buscar desprestigiarle.

En dicho informe, de 29 páginas de extensión, se mencionan diversas sociedades presuntamente relacionadas con Gabriel Obiang, pero entre ellas no está ninguna de las que aparecen relacionadas con la adjudicación a la constructora portuguesa Armando Cunha S.A.

El periodista guineoecuatoriano sostiene que es “falso”que haya trabajado con Villarejo y niega tajantemente que haya “extorsionado” a nadie en su país. Diario Rombe, una web que se elabora desde España, es en realidad el principal medio crítico con la dictadura de Obiang en Guinea Ecuatorial, país donde una ferrea censura impide que exista libertad de información.

En la página web de la Cámara Africana de la Energía, que preside precisamente NJ Ayuk, también se acusó falsamente al periodista de contratar al OCCRP en un intento por influir en medios de comunicación europeos. OCCRP, por su parte, rechaza esas afirmaciones y defiende la investigación periodística que se apoya en pruebas documentales inéditas.

______________

* La versión española de esta investigación periodística internacional, que publica infoLibre, fue editada y supervisada por Manuel Rico.

"Llevo treinta años haciendo maldades y no me han pillado todavía". El 7 de marzo de 2012, José Manuel Villarejo insertó esa frase dos veces en la conversación que aquel día mantuvo con Francisco Menéndez. Es decir, con el abogado que le había contratado para desprestigiar a uno de los hijos del dictador ecuatoguineano Teodoro Obiang en favor de otro y que terminó entregando a la justicia datos que incriminaban al hoy excomisario y sus presuntos cómplices.

Grabada por él mismo y hallada durante los registros que siguieron a su arresto en noviembre de 2017, los investigadores entienden que esa conversación ofrece "datos de interés" no solo sobre el denominado Proyecto King –el relacionado con Guinea y que dio el pistoletazo de salida a la Operación Tándem– sino también sobre "la estabilidad en el tiempo de las ilícitas actividades" de Villarejo. Y, asimismo, sobre el volumen del patrimonio acumulado gracias a los negocios que compaginaba con su cargo en la Policía.

"Nosotros, nuestro grupo –le dice a su interlocutor en un momento de la charla– es un grupo de ciento veinticinco, ciento cincuenta millones de euros". Todo ello consta en un informe de la unidad de Asuntos Internos unido a las actuaciones de la Operación Tándem y al que infoLibre ha tenido acceso. Fechado en septiembre de 2018, los autores del informe subrayan que solo en capital social las empresas donde participa en España "superan los 25 millones de euros". 

En presencia de su socio principal, Rafael Redondo, Villarejo aprovechó la charla con Menéndez, "Paco", para darle instrucciones sobre las medidas de seguridad que debía tomar. A través del entramado societario que capitaneaba la empresa Cenyt, el hombre que hoy se ha convertido en el rostro visible de las llamadas cloacas del Estado preveía ingresar cinco millones por el contrato de espionaje y desprestigio contra uno de los hijos de Obiang, Gabi, en beneficio del predilecto de su padre, Teodorín.

Cómo evitar que saltaran "las alarmas" de Hacienda ocupó una parte del diálogo. La transcripción que la Policía incorpora a su informe, literal y por tanto con elipsis y a veces discordancias, ilustra esa preocupación. Y los consejos impartidos por Villarejo a su cliente:

Villarejo: Paco... Paco... No, debes de asumir que están pasando por tus manos muchos millones de euros en España y que ese tema no tenga trascendencia fiscal, porque al final saltan las alarmas. Si es que, además, si somos nosotros... nosotros, nuestro grupo es un grupo de ciento veinticinco, ciento cincuenta millones de euros. ¡Una puta mierda!

Francisco: ¡Joder!

Villarejo: No, pero es un grupito pequeñito, pero me refiero... y...

Francisco: Que ya entran empresas...

Villarejo: Bueno... pero bueno... Pero te quiero decir que nuestro grupo tenemos veinte mil inspecciones todos los días, y estamos posicionándonos, porque claro, nos oponemos a todo... Vienen: 'Oye, debe usted'... No, no, mire usted... Interpretan todo porque está todo el mundo muy asfixiado, y todo el mundo interpreta para trincar, entonces estamos, cuantos avales tenemos Rafa? pues un zorrón, hemos tenido que poner fianzas.

La transcripción indica también que Villarejo se sentía orgulloso de su resistencia para llevar décadas compaginando los negocios privados con su puesto como funcionario público. "Llevo treinta años haciendo maldades y cobrando y pagando en todos los países del mundo...", repite en otro pasaje de la conversación introduciendo ahora una variante, la de su política de diversificar territorialmente los cobros para no dejar huella. "Y por encima de todo –reprende casi de manera preventiva a su interlocutor– no hay peor rastro en España de pasta y es que tú no pagues los impuestos. Eso es un error gravísimo... Paco".

La referencia expresa a sus cobros y pagos en todos los países del mundo no era un farol. Como mínimo, y así lo sostiene la Fiscalía Anticorrupción basándose en las pruebas ya obtenidas, Villarejo utilizó tres países –Panamá, Uruguay, Reino Unido– para percibir los ingresos procedentes de la facción guineana afín a Teodoro Nguema Obiang, rebautizado despectivamente como Teodorín. Su hermanastro, el enemigo contra el que Villarejo prometió a Francisco Menéndez activar una maniobra de intoxicación informativa en distintos medios españoles, es Gabriel Mbega Obiang Lima, también conocido como Gabi.

Desde su detención, en noviembre de 2017, Villarejo ha sostenido que el Proyecto King fue un encargo del CNI, a cuyo director, Félix Sanz, acusa de haber emprendido una cacería contra él tras años de servicios prestados al Estado como "agente encubierto". Según el excomisario, nunca formuló una solicitud oficial de compatibilidad para mantener sus empresas privadas porque el propio Ministerio del Interior le pidió que siguiera adelante con ellas a modo de tapadera.

El expolicía, que regresó al Cuerpo en 1993 tras diez años de excedencia y que fue amasando un ingente volumen de información que, supuestamente y a tenor de los indicios, empleó como arma de chantaje, permanece desde su arresto en prisión preventiva como sospechoso de graves delitos de corrupción. Cohecho, blanqueo y organización criminal figuran en la lista.

El ZANU-PF será el encargado de pilotar la transición hasta unas elecciones. Aunque están previstas en agosto de 2018, nada se da por seguro. El jefe de los alzados, el general Constantine Chiwenga, habló de toma del poder provisional. Pero ni siquiera está claro que los militares lo hayan tomado.

Fue el Parlamento no disuelto en el presunto golpe el que inició los procedimiento de destitución del presidente. Su partido está a favor, menos un grupo de diputados llamado el G40. Solo le quedaba la dimisión como salida digna, supongo que tras algún tipo de acuerdo que garantice su seguridad y la de su familia.

El vicepresidente hasta hace dos semanas, Emmerson Mnangagwa, de 75 años, es una de las figuras claves de esta opereta. Veterano en la lucha por la liberación y ex jefe del espionaje tiene estrechas relaciones con los mandos militares que han dado el golpe, más palaciego que de Estado.

El presidente le destituyó para situar en su lugar a Grace Mugabe, su mujer, el icono de la corrupción, uno de los personajes más odiados y temidos del país. La posibilidad de que acabara de presidenta precipitó los acontecimientos. El golpe es más contra ella que contra su marido.

Razones para destituirle había muchas desde febrero de 2000, cuando inesperadamente perdió un referéndum para la reforma constitucional. Para salvar el poder se convirtió en un tirano.

La era posMugabe empieza con los mismos mimbres y una loca carrera del sálvese quién pueda, menos los del G40 que apoyan a Grace Mugabe, que parecen los 40 de Ayete del franquismo.

La oposición no vive sus mejores momentos y no parece que el Ejército ni el vicepresidente Mnangagwa estén por la labor de ceder el poder. Hay mucho dinero en juego.

No habrá democracia, tal vez, pero entre la tiranía y un sistema de ciertas libertades, con elecciones más o menos limpias, hay varios grados. Se buscará alguno presentable. La clave de su éxito será económica. Uno de los países más ricos de África, que exportaba alimentos, es hoy uno de los más pobres.

Mugabe estuvo muchos años, desde antes de la independencia de Zimbabue en 1980, entre los grandes líderes africanos, jefe de una guerrilla que luchó para expulsar a los británicos de la antigua Rodesia. Fue el hombre de Estado que supo pactar con la metrópoli una independencia que garantizaba por 20 años las mejores tierras a los colonos blancos. No era un asunto de justicia, sino de pragmatismo.

Entre 1980 y febrero de 2000, Mugabe se codeó con la élite de los grandes padres de las Áfricas. Era uno de ellos junto a los Kuame Nkrumah, Julius Nyerere, Nelson Mandela o Leopold Sédar Senghor. Su país atraía a millones de turistas gracias a sus parques naturales y a las cataratas Victoria. Todo se estropea con el referéndum perdido y el miedo a dejar un poder que le garantizaba inmunidad.

Antes del referéndum pasaron algunas cosas en África: el genocidio ruandés, en el que un gobierno de radicales xenófobos, apoyados por Francia, asesinó en la primavera de 1994 a cerca de 800.000 tutsis y hutus moderados. Ese gobierno de asesinos encarnado por el Poder Hutu y sus milicias interhamwes (los que matan juntos) fue evacuado por la Francia de Mitterrand al este de Zaire, hoy Congo-Kinshasa donde se organizaron unos gigantescos campos de refugiados para dos millones de hutus. No todos eran asesinos, la mayoría solo tenía miedo. El Poder Hutu llegaba a sus aldeas y ordenaba la evacuación; aquellos que se negaban eran considerados traidores y asesinados.

La Ruanda de Paul Kagame, el jefe de la guerrilla tutsi que reemplazó en el poder al Poder Hutu, estaba harta de las incursiones militares en su territorio desde suelo congoleño. Los campos de refugiados eran la fuente de ingresos del Poder Hutu. Ellos controlaban la ayuda humanitaria, con el beneficio invertían en la compra de armas. Los mismos países que mandaban comida, vendían armas.

Kagame ordenó el ataque a esos campos para acabar con su problema militar. Uganda, entonces aliada de los tutsis, también quería cruzar su frontera para acabar con las guerrillas que hacían frente a Ioveri Museveni. Utilizaron de tapadera a Laurent Kabila, un guerrillero congoleño en paro revolucionario a quien el Che Guevara consideró inútil para cualquier empresa seria.

Esa rebelión acabó con los campamentos hutus primero y con Mobutu Sese Seko siete meses después. Tropas ruandesas y ugandesas cruzaron la frontera para acabar con sus respectivas guerrillas. Fue otra matanza que no diferenció demasiado entre asesinos y civiles. También aprovecharon para hacer caja.

En agosto de 1998, descontentos con la labor de Kabila en el “trono” de Kinshasa trataron de derrocarle. El fracaso del golpe pro tutsi provocó una gran guerra africana en la que participaron Burundi, Sudán, Chad, Namibia, Angola y Zimbabue. Mugabe se puso del lado de Kabila, que le premió con concesiones mineras. Mientras Mugabe y su entorno hacían dinero a espuertas, Zimbabue se desangraba debido al esfuerzo militar. La pérdida del referéndum de 2000 fue la consecuencia del descontento.

Es milagroso que haya sobrevivido tantos años porque la economía está hoy peor que nunca. En 2000 optó con confiscar las granjas de los blancos. Lanzó a sus veteranos para ocuparlas. Los acuerdos de la independencia con Londres habían garantizado 20 años de respeto a la propiedad de los colonos.

En esos 20 años, Mugabe fue incapaz de crear una élite negra de agrónomos capaces de reemplazar a los blancos sin perder un ápice de productividad. Existía algo intermedio, unos campos comunales de pequeños agricultores. Cuando se incautó las tierras no confió en ellos sino que aprovechó el botín para premiar a sus amigos, muchos de ellos veteranos de la guerra. Gente leal, pero inútil. La producción se desplomó y el país que exportaba alimentos empezó a pasar hambre.

Ha dimitido Mugabe. Está más cerca de la infamia de los Mobutu que de la gloria de los Mandela. Deja un país exhausto, sin estructura política, con una casta de mangantes que seguirá sin comprender que la función del buen gobernante no es arramplar con todo sino mejorar la vida de su gente.

La cuestión es ¿quién está en condiciones de dar clases de gobernanza? Nosotros, desde luego no.

El proceso judicial que se sigue contra Teodoro Obiang, acusado de blanquear colosales sumas en París, resulta peculiar. Diez años después de que se presentaran las primeras denuncias, el pasado 19 de junio daba comienzo el primer juicio celebrado en Francia por un caso de bienes conseguidos por métodos delictivos. Pero el proceso se celebra en ausencia del único detenido, el actual vicepresidente de Guinea Ecuatorial e hijo del dictador en el cargo desde 1979. Esta circunstancia no ha impedido que sus abogados hagan todo lo posible, dese que se inició el juicio, por conseguir la anulación de la orden de envío ante el tribunal. O, por lo menos, el enésimo aplazamiento del juicio.

Pese a todo, el proceso judicial se ha celebrado, mal que bien, en presencia del embajador y de la guardia especial del clan Obiang, así como de la de los numerosos opositores ecuatoguineanos y de varios periodistas africanos. Inicialmente, el Tribunal Correccional de París se limitó a leer los cargos y, el pasado día 26 de junio, varios testigos desfilaron ante el tribunal, que describieron con toda crudeza las prácticas de los dirigentes de este pequeño Estado.

El hombre de negocios italiano Roberto Berardi, visiblemente nervioso, trabajaba en la construcción en Camerún cuando fue contactado por dignatarios de Malabo. Acabó por constituir una empresa en Guinea Ecuatorial en 2008. “Teodorín Obiang era el accionista principal con el 60% de las acciones y yo tenía el 40%”, cuenta en francés. El idilio entre el entonces ministro (Teodorin no se convertiría en vicepresidente hasta 2012) y el empresario no duró. “Sólo se preocupaba por los dividendos. A través de la sociedad ¡compró una colección de objetos de arte que había pertenecido a Michael Jackson! Creó cuentas corrientes paralelas con su firma”.

Cuando un tribunal californiano empezó a investigar tan curiosa operación, Berardi debió rendir cuentas... pese a ignorarlo todo al respecto. Según su relato, la Justicia de Guinea Ecuatorial abrió entonces un falso proceso judicial para impedirle que fuese a declarar a California. “Me negué a firmar los papeles que me presentaron y me metieron en la cárcel. Allí no hay leyes ni justicia. Está la familia Obiang y nada más”, dice el hombre de negocios. “Me acusaron de malversar fondos, registraron mi casa y me sometieron a un juicio sin testigos con un abogado de oficio que estuvo sentado en la silla sin abrir la boca; sufrí malos tratos, pasé 21 días en aislamiento. La prisión es muy dura. Cuando salí pesaba 45 kilos”. Según Roberto Berardi, “Guinea Ecuatorial es una cleptocracia. El dinero entra y sale del país con la complicidad de los bancos. Mandan el padre, la madre y el hijo. Nadie más”.

Tutu Alicante es ecuatoguineano en el exilio y oriundo de la pequeña isla donde el régimen cometió masacres en 1993. Cuenta en inglés que varios miembros de su familia han sido asesinados. “Me marché a Estados Unidos para conseguir las herramientas para combatir esta injusticia. Me convertí en abogado, al servicio de los derechos humanos. He fundado una ONG, EG Justice y asisto a mis compatriotas. Algunos fueron torturados, perdieron miembros de su familia o bienes y saben que son víctimas. Pero otros no son conscientes de que son víctimas de la corrupción; Guinea Ecuatorial es uno de los países más represivos desde el punto de vista de los derechos humanos y uno de los más corruptos del mundo”, dice tranquilamente.

Con el fin de que el tribunal pudiese hacerse una idea del coste de la corrupción en la dictadura, Tutu Alicante cuenta: “Mi hermana de 18 años entró viva en el hospital por complicaciones relacionadas con el embarazo. Murió allí dentro porque no había médico. Mucha gente en Guinea Ecuatorial comparte este tipo de experiencias. Porque no hay médico, no hay electricidad, no hay medicamentos. Vivo en Estados Unidos desde hace 23 años y soy consciente del privilegio que supone criar a mis hijos, si lo compara con los 20 sobrinos y sobrinas que viven en Guinea Ecuatorial. Otros deberían ponerse en mi lugar para hablar hoy, pero si hablan habrá personas que sean torturadas y asesinadas en prisión”.

Este abogado describe un país en el que “la economía, la política, el sector militar, todo está controlado por una única familia. Es un secuestro”. Si bien el petróleo rey ha hecho de este pequeño país de África un Estado rico, la población sigue siendo pobre y “la corrupción ha ido a más”, dice Tutu Alicante. Ha seguido el proceso abierto en Estados Unidos contra Teodorín Obiang, donde se había comprado un villa de lujo, un jet privado, obras de arte y coches deportivos. “En un primer momento, los bienes incautados tenían un importe de 70 millones de dólares, pero Teodorin no ha respetado el acuerdo alcanzado, sacó el jet y los coches de Estados Unidos antes del final del juicio”, cuenta. El caso se ha saldado con una transacción que le ha supuesto 30 millones de dólares al hijo de Obiang. Solemne, el abogado añade: “Para mí, el hecho de estar aquí hoy representa una respuesta al homicidio de mi germano y de mi hermana en el incendio de nuestra casa. También es la oportunidad de devolver a los pobres los millones que les han robados.

A continuación, llegaba el momento de subir al estrado de Delvin Mocache. Director de un diario digital independiente, instalado en España, que investiga a Guinea Ecuatorial, denuncia al clan Obiang, y recibe regularmente, a cambio, denuncias por difamar al régimen. “Es imposible manifestarse en nuestro país. Hay gente que se ha quedado sin trabajo por colaborar con nosotros. El Gobierno quiere conocer nuestras fuentes”. El periodista asegura que se ha arriesgado viajando a País. “Me aconsejaron que me escondiese después del juicio”. Inagotable sobre la corrupción generalizada de los dignatarios del régimen, Delfin Mocache sonríe al anunciar que Teodorin Obiang va a ser nombrado dirigente del partido en el poder, en unos días. “Quería ser el presidente de Guinea Ecuatorial pero sólo lo han nombrado vicepresidente del país, pero se han equivocado, el cargo no confiere ninguna inmunidad y eso hace reír a toso el mundo”, añadió.

El siguiente en declarar ante el juez fue un empresario español, que ensombrece un poco el panorama. Después de haber trabajado en Guinea Ecuatorial, en la exportación de madera y en la reparación de autovías, acabó por denunciar los sobornos y el pago del impuesto revolucionario requerido. Tuvo que salir del país tras recibir amenazas de muerte. “Trataron de matarme en Madrid. El Gobierno de Guinea Ecuatorial contrató a sicarios, pero se equivocaron. Apuñalaron a mi hermano cuando bajaba del coche. Recibió varias puñaladas en el pulmón y en el abdomen y sufre graves secuelas”.

La defensa de Teodorin Obiang se ha dedicado a echar por tierra la credibilidad de todos estos testigos, presentados como opositores políticos, oportunistas, especuladores o mentirosos. También ha tratado de poner en duda la sinceridad de William Bourdon, abogado de Transparency Internacional Francia, como ya intentó hacer en 2012 con Daniel Lebêgue, entonces presidente de esta ONG.

Traducción: Mariola Moreno

Leer el texto en francés:

El exconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, Salvador Victoria, imputado en el caso Púnica, solicitó autorización al juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco para desplazarse durante tres días a Guinea Ecuatorial para asesorar al Gobierno en un "proyecto cinematográfico" de promoción turística del país africano.

Fuentes jurídicas indicaron a Europa Press que el magistrado solicitó a Victoria que detallara el objeto de este desplazamiento que reclama antes de decidir si lo autoriza o no.

Según indicó en un escrito, Victoria, contra el que pesa la prohibición de abandonar España, pidió desplazarse a Guinea este jueves y regresar el sábado "para el cumplimiento de sus obligaciones y compromisos profesionales".

Recordó que desempeña ahora su labor en la empresa Activate 2 y reclamó autorización judicial con "carácter urgente". Agregó que fue "expresamente" llamado por el Gobierno que dirige Teodoro Obiang y sólo él puede "única y exclusivamente" asistir al acto.

Victoria aportó una carta fechada en Malabo el pasado 5 de mayo y firmada por el director general de Centros Culturales y Cines en el que se explicaba que el Ejecutivo guineano está desarrollando acciones "con el fin de fomentar el sector turístico y expandir la cultura" para mejorar su proyección internacional.

Asistencia profesional

La misiva detalló que durante la próxima semana tendrá lugar el primer rodaje cinematográfico por parte de una productora internacional con la que se suscribió un acuerdo. "Estaremos muy interesados en su presencia durante los próximos 12 y 13 de mayo para asistirnos profesionalmente", añadió.

Victoria dimitió de todos sus cargos en la Comunidad de Madrid el pasado 4 de junio. El juez consideró que dispensó un "trato de favor" al empresario Alejandro de Pedro, uno de los conseguidores de contratos de la trama presuntamente liderada por el exsecretario general del Partido Popular (PP) de Madrid Francisco Granados, y ordenó al menos cinco pagos en negro para remunerar sus trabajos de reputación on line para altos cargos.

El juez creyó que Victoria habría adjudicado a las empresas de De Pedro contratos de influencia en redes sociales con el fin de favorecer la imagen de varios políticos, así como contratos de publicidad que se otorgaron de forma amañada. Todos ellos fueron sufragados con fondos públicos.

El partido Frente de Oposición Democrático (FOD) ha rechazado las elecciones presidenciales celebradas el 24 de abrilen Guinea Ecuatorial por las irregularidades que ha detectado antes y durante la jornada electoral.

Según informa Europa Press, el Gobierno del país informó este jueves candidato del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang, había logrado la victoria con el 93,7% de los votos, (278.362 papeletas en total), por lo que repetirá como presidente una vez más y ya van 37 años consecutivos.

El resto de candidatos no han alcanzado los 5.000 votos, con porcentajes que oscilan entre el 0,7 y el 1,5% de los sufragios. Los votos nulos han sido 7.066 y los votos en blanco 4.857.

Antes de conocer los datos ofrecidos por el Gobierno, el FOD –integrado por tres partidos– expresó en un comunicado que estas elecciones han sido "las peores" por las irregularidades detectadas y por las presiones a los electores.

"Estas elecciones han sido las peores que se han celebrado en nuestro país desde que se iniciara el famoso 'ensayo democrático' del régimen de Obiang Nguema en el año 1991", aseguraron los opositores.

En su opinión, las elecciones se desarrollaron "en un ambiente de violación sistemática de las reglas de juego establecidas por la legislación vigente en Guinea Ecuatorial, por lo que no se puede hablar de que las mismas hayan sido ni libres ni transparentes". El FOD subrayó que, en la mayor parte del territorio nacional, los electores "no han podido ejercer su derecho de elegir en libertad al candidato de su preferencia", por lo que "han votado coaccionados y en gran parte de las mesas electorales el voto ha sido público".

Aseguraron también que "en más del 90% de las mesas electorales" sólo estuvieron los interventores de la candidatura del partido gubernamental PDGE, ya que "los presidentes de muchas de las mesas no admitieron a los de las otras candidaturas o estas no tuvieron suficientes interventores". "El escrutinio no fue público, como prevé la ley, por lo que los resultados han sido adulterados", sñalaron.

Abstención "masiva" superior al 50%

El FOD se felicitó porque muchos electores habían seguido sus consignas, "lo que se ha traducido en la masiva abstención constatada en las dos grandes urbes de Malabo y Bata, que representan la mitad del electorado. "Muchos de nuestros seguidores, que estaban obligados a votar por una u otra razón, emitieron un voto nulo, en blanco o a favor de cualquier candidato diferente de Obiang Nguema Mbasogo". La plataforma opositora cifró en más del 50% la abstención "real" de estas elecciones y animó a sus seguidores a que mantengan esta actitud.

Tras asegurar que ni la Junta Electoral Nacional ni el partido del Gobierno se creen los resultados que anuncian, el FOD subrayó que considera que "no ha habido ninguna" observación internacional "digna de tal nombre en estas elecciones".

"Para emitir una opinión con conocimiento de causa sobre la transparencia, libertad o equidad en unas elecciones, es necesario observar todo el proceso electoral y no únicamente la votación. Se ha visto claramente que las misiones de observación no han venido más que a legitimar el pucherazo, no habiendo estado presentes en gran parte del país", afirmaron los rivales políticos de Obiang.

El presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang, se ha impuesto este domingo en las elecciones presidenciales celebradas en el país al recabar el 99,2% de los votos, según anunció el presidente de la Junta Electoral Nacional y ministro de Interior, Clemente Engonga Onguene.

Engonga Onguene subrayó que el primer escrutinio, inferior al diez por ciento, refleja que el mandatario se ha hecho con 40.600 de los 40.926 votos recontados hasta el momento, tal y como recogió la Oficina de Información y Prensa de Guinea Ecuatorial.

La cifra de apoyos recabados por Obiang, candidato del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial (PDGE), es similar a la de anteriores comicios, denunciados sistemáticamente por la oposición por fraude electoral. Obiang es considerado por organizaciones en defensa de los derechos humanos como Human Rights Watch como un dictador, acusado en numerosas ocasiones de represión, tortura, corrupción y diversos crímenes. Llegó el poder tras un golpe de Estado en 1979 contra su tío, Francisco Macías. 

El principal partido de la Oposición, Convergencia para la Democracia Social (CPDS) decidió boicotear los comicios por las "irregularidades" que detectó en la elaboración del censo y en la gestión de la Junta Electoral Nacional, a la que no considera independiente y que preside el ministro del Interior, y por estimar que el Gobierno ha incumplido los plazos legalmente establecidos para convocar la cita con las urnas. La misma Junta Electoral Nacional anuló la candidatura del líder opositor, Nsé Obiang, con el argumento de que no cumplía el requisito de arraigo en el país.

En consecuencia, según recoge El Periódico, los militares tenían cercado hasta este domingo la sede de la formación. Las personas recluidas dentro no cuentan con agua ni alimentos. Si salen les espera, como mínimo, la detención por "cometer actos violentos", según el Gobierno.

"Paz y tranquilidad"

El presidente del organismo rechazó que los partidos opositores hayan boicoteado los comicios, asegurando que el proceso "se ha desarrollado en un clima de paz y tranquilidad, cumpliendo con todos los requisitos legales establecidos".

El propio Engonga Onguene recibió a Obiang y a su esposa cuando acudieron a la antigua sede del Ministerio de Asuntos Exteriores para ejercer su derecho al voto. En el lugar estaban además observadores electorales de la Unión Africana (UA).

Al cabo de un rato, los policías no pudieron seguir contando. Era demasiado, de modo que terminaron por dejarlo en “varios cientos de millones de euros”. Fue necesario escribirlo y volverlo a escribir, para entender mejor hasta dónde abarcaba la corrupción cometida por una sola persona. La expresión aparece tal cual en numerosas ocasiones en un informe elaborada por la Oficina central para la represión de los delitos financieros graves (OCRGDF, por sus siglas en francés), elaborado el 23 de junio de 2014 y relativo a la supuesta malversación de fondos realizada por el vicepresidente de Guinea Ecuatorial, una ramificación del caso que en el país vecino se conoce como el de los “bienes mal adquiridos”.

Desde 2007 y tras la ofensiva judicial emprendida por varias ONG (Sherpa, Transparencia Internacional, CCFD-Tierra Solidaria), la justicia trata ahora de dirimir de qué forma varios mandatarios africanos –de la República del Congo, de Gabón o de Guinea Ecuatorial– lograron amasar en Francia una fortuna cuya magnitud solo puede entenderse como un insulto a la situación de pobreza endémica constatada en los países que dirigen.

Siete años después, en lo que se refiere a Guinea Ecuatorial y a la dinastía de los Obiang, que gobierna con mano férrea desde 1979, la justicia ha encontrado mucho más de lo que podía imaginar. Es más, los investigadores han puesto en entredicho a uno de los principales bancos de Francia, la Société Générale, en el entramado que permitió que se esfumara el dinero negro.

La investigación se ha centrado sobre todo en un hombre considerado clave en la trama. Se trata de Teodoro Ngumea Obiang Mangue, conocido como Teodorín, hijo del todopoderoso presidente de Guinea Ecuatorial (Teodoro Nguema Obiang Mbasogo). Teodorín, de 45 años, es desde hace tres años vicepresidente del país, tras su paso por el Ministerio de Agricultura, de Agua y Bosques, entre 1996 y 2012. Oficialmente gana 80.000 dólares al año y, según el código penal guineano, no puede ejercer actividad comercial alguna.

Ahora bien, los cientos de actas levantadas por la policía judicial, los registros llevados a cabo en los apartamentos, bancos, despachos de abogados o de notarios, las misiones en el extranjero y las numerosas declaraciones de testigos presentan una realidad muy distinta. Dicha realidad podría resumirse como sigue: desde hace una decena de años, Francia ha sido el lugar elegido por Teodorín Obiang, imputado desde marzo, para blanquear; ha realizado adquisiciones inmobiliarias en París y gastado importantísimas sumas en tiendas de lujo y galerías de arte.

A modo de conclusión en el informe de 18 páginas, los investigadores de la policía judicial son categóricos: “Los fondos que Teodorino Obiang gastó [...] no pueden tener un origen lícito habida cuenta de las considerables sumas constatadas (varios cientos de millones de euros) en operaciones con origen, sobre todo, en el Tesoro público de Guinea Ecuatorial”. Y añaden: “La dimensión internacional (Francia, EEUU, Brasil) de las inversiones y su volumen (varios cientos de millones de euros) solo pueden explicarse por el pago de comisiones ilegales por parte de empresas que quieren trabajar en Guinea Ecuatorial o por la malversación de fondos procedentes del Tesoro Público de Guinea Ecuatorial”.

Algunas de las compras parisinas más espectaculares de Teodorín Obiang ya han hecho correr ríos de tinta. Por ejemplo, el palacete de... 4 000 m², situado en la Avenida Foch de París, que adquirió en 2005 por 25 millones de euros (a los que hay que añadir los 12 millones de euros que invirtió en la “transformación total” de las dependencias). Según una tasación reciente de dicha mansión, el valor actual del palacete es de 107 millones de euros.

La compra, que se efectuó desde una cuenta abierta en el banco Société Générale de Guinea Ecuatorial a nombre de “Téodoro NGUEMA OBIANG, Presidencia, Malabo”, se materializó a través de sucesivas sociedades pantalla, hasta un total de cinco, domiciliadas en Suiza y de las que Obiang es en realidad el beneficiario último. En su informe, la Policía se refiere a un “modo de financiación singular tratándose de un inmueble de uso privado”.

En el transcurso de la investigación, las autoridades de Malabo y sus representantes legales en Francia trataron de hacer creer que el palacete de la Avenida Foch era en la práctica un anexo de la embajada en París y por tanto con inmunidad diplomática. El 30 de septiembre de 2011, dos días después de que se llevase a cabo un sorprendente registro en la Avenida Foch, apareció como si tal cosa un letrero a la entrada del inmueble: “Anexo Embajada de Guinea Ecuatorial”. El régimen de Obiang aduce como prueba que se había producido la cesión de las dependencias de la residencia en beneficio del Estado de Guinea Ecuatorial y que supuestamente se hizo efectiva el 15 de septiembre de 2011.

La Policía cree que todo es una cortina de humo. Hablan de un “marco jurídico” con “varias incoherencias [que] muestran que el documento fue redactado con urgencia ante las operaciones judiciales en marcha”. A los investigadores no se les pasa por alto el subterfugio utilizado y se preguntan por qué ese documento de cesión, teóricamente firmado el 15 de septiembre de 2011, no lo vieron durante el registro, el día 28 de ese mismo mes... A menos que fuese redactado con posterioridad.

“El inmueble sito en esta dirección es un inmueble de carácter privado y en ningún caso una oficina diplomática en territorio francés como reclama el ministro de Asuntos Extranjeros. Este hecho pudo ser verificado durante el registro, que permitió hallar objetos, ropa y otros efectos personales pertenecientes exclusivamente a Obiang”, concluye sin ambigüedad la OCRGDF en su informe. El inmueble jamás figuró en el listado del Ministerio de Asuntos Exteriores del muelle de Orsay como perteneciente a representación diplomática alguna. Ni siquiera el propio Obiang aparece como diplomático en Francia.

“No hay que tener necesariamente una visión occidental de los hechos”

Si Teodorín fuese el representante de un país próspero y rico, no cambiaría en nada la naturaleza de los delitos de que se le acusa en Francia. Sin embargo, se encuentra, junto con su padre, al frente de un Estado muy rico en recursos naturales (hidrocarburos y madera), que la población no disfruta. Una población que hace años que se encuentra sumida en la pobreza más absoluta, lo que agrava más si cabe las sospechas de corrupción que le acechan.

El informe más reciente de la Organización para la Cooperación y de Desarrollo Económico, en lo relativo a Guinea Ecuatorial, señalaba el año pasado que el país ocupa el puesto 136, de los 187 países incluidos en el Índice de Desarrollo Humano de Naciones Unidas. Paludismo, infecciones respiratorias agudas o diarrea –enfermedades habituales en países muy pobres– son las principales causas de fallecimiento en niños menores de cinco años, el 19% de los cuales padecen malnutrición y solo el 76% cuentan con una cobertura de vacunas regular. Además, casi el 77% de la población ecuatoguineano vive por debajo del umbral de la pobreza, es decir sobrevive con dos dólares al día.

Sin embargo, Teodorín Obiang vive un poco más desahogado. Entre los “tesoros” descubiertos durante los registros efectuados en el palacete de la Avenida Foch, la Policía dio con 17 coches de lujo, Maserati, Bentley, Rolls Royce, Ferrari, Porsche o Maybach, por un valor total superior a siete millones de euros. La Agencia de recuperación de los activos generados por delitos ya ha vendido 16 de los 17 bólidos.

También se investigan lo que los investigadores llaman “gastos onerosos”. Los habituales para un hombre como Teodorín Obiang: trajes, relojes, joyas, cuadros o esculturas. “Las diferentes operaciones efectuadas en las principales tiendas de lujo (casas de alta costura, joyerías, galerías de arte...) superan los 150 millones de euros”, señalaban los investigadores, que detallaban algunos de los gastos más significativos: 28 relojes de Dubail por valor de 10 millones de euros, más de 100 piezas de la colección Bergé/Saint Laurent comprados por unos 18 millones de euros en la casa de subastas Christie's, varios lienzos de importantes maestros de la pintura por valor de varias decenas de millones de euros, según la ORCGDF. En total, 89 millones de euros.

Y contar con 4.000 m² en pleno París parecía no bastarle a Teodorin Obiang y a los suyos. La investigación policía también demostró que personas de su entorno pagaron, entre 2005 y 2009, casi 600.000 euros, a tocateja, en el hotel Crillon.

La cooperación internacional da idea del patrimonio considerado ilegal que Teodorín Obiang tiene por todo el mundo. La investigación ha llevado a la Policía y a los jueces a Brasil o a EEUU. Así, en Malibú (California), el vicepresidente de Guinea Ecuatorial cuenta con una villa de 30 millones de euros y no tuvo empacho en gastar sin miramientos para hacerse con objetos de la colección de Michael Jackson subastados en 2010 en Las Vegas, algunos de los cuales han sido encontrados en el palacete de París.

Las declaraciones de miembros del personal norteamericano de Obiang también han permitido descubrir que en cada estancia del jefe en California (prácticamente cada dos meses), desembarcaba con una maleta Louis-Vuitton atestada de dinero en metálico. Los testigos hablan de que todos los años traía varios millones de dólares de esa forma.

En una investigación financiera de tal calibre, saber en qué se emplea el dinero es una cosa, pero conocer de dónde procede y, sobre todo, por dónde pasa, es otra. Los agentes de la OCRGDF ya saben cuál es el origen (dinero público o procedente del pago de comisiones a cambio de concesiones públicas) y los circuitos que utiliza. En lo que respecta a estos últimos, todo apunta a un banco, francés, la Société Générale (que no ha contestado a las llamadas de este diario). En su informe, los agentes hablan incluso del “importante papel” que ha desempañado la Société Générale en lo que califican de “fraude de dimensiones internacionales”.

La historia con la Société Générale en Guinea Ecuatorial se remonta a finales de los 90, con la apertura de una filial en el país africano. Con una peculiaridad, el Estado se adjudicó el 30% del capital y el presidente en persona se reservó el 7% de las acciones. Además, la presidencia del Consejo de Administración del banco recayó sobre el ministro local de Economía.

Durante un registro efectuado en la sede parisina de la Société Générale, en la Defensa, en el departamento de "Banca de fuera de la Francia Metropolitana", se detectó una decena de desvíos de fondos entre los años 2004 a 2013. Además, emails internos prueban que el banco era plenamente consciente de los problemas que suponían los movimientos financieros en beneficio de Teodorín Obiang, llegando a recomendar el cierre de las cuentas. Sin éxito.

“Habría que esperar hasta 2010 y a la realización de una auditoría [...] para constatar que una parte de los fondos de las cuentas de Teodoro Obiang provenía del Tesoro Público ecuatoguineano sin que a la filial le consten los motivos de dichas transferencias y sin que los motivos mencionados sobre la orden dada para realizar la transferencia sean creíbles”, señalan, abrumados los policías en su informe. A fin de cuentas, este entramado contable ha sacado a la luz ingresos en la cuenta de Obiang hijo por importe de casi 100 millones de euros, entre 2005 y 2011, procedentes del Tesoro Público de Guinea Ecuatorial.

Charles B., exresponsable de lucha contra el blanqueo en el banco Société Générale, en su declaración del 28 de octubre ante los jueces anticorrupción Roger Le Loire y René Grouman, al frente del caso, aseguró que su departamento no podía involucrarse en los asuntos de la filial en Malabo. En el acta habla de “coto privado”. “En una entidad bancaria siempre es igual. Lo que se piensa en 'nada de movidas'”, confesó.

El exreponsable del departamento de África del banco, Axelle T. responde en términos muy distintos en su declaración ante los magistrados dos días despúes, el 30 de octubre de 2014, cuando los jueces le preguntaron si los movimientos bancarios de la cuenta de Obiang no se correspondían con actos “de corrupción o de tráfico de influencias”. “Quizás, pero no hay que tener necesariamente una visión occidental de los hechos”, respondió.

Traducción: Mariola Moreno

Leer el artículo en francés:

El Gobierno de Estados Unidos ha llegado a un acuerdo con el vicepresidente segundo de Guinea Ecuatorial, Teodoro Nguema Obiang –conocido como Teodorín–, valorado en 30 millones de dólares (unos 23,7 millones de euros) y que incluiría la venta de seis estatuas a tamaño real del cantante Michael Jackson.

La Fiscalía norteamericana acusaba al hijo del dictador ecuatoguineano, Teodoro Obiang, de utilizar su poder para embolsarse más de 300 millones de dólares a través de corruptelas y blanqueo de capitales.

Un juez federal de California ha confirmado finalmente que las partes han llegado a un acuerdo, en base al cual el hijo de Obiang se deshará de una colección de seis estatuas de Michael Jackson, así como de una mansión en Malibú y un Ferrari, todos ellos bienes comprados con dinero supuestamente defraudado.

El dinero recaudado gracias a las incautaciones irá destinado a organizaciones no gubernamentales que proporcionan ayuda a la población ecuatoguineana.

El Gobierno de Estados Unidos, sin embargo, no puede obligar a Teodorín a renunciar a los bienes que posee en Guinea Ecuatorial, entre ellos un caza Gulfstream y el famoso guante con cristales popularizado por el rey del pop.

El debate de este miércoles en el Congreso de los Diputados iba sobre el último Consejo Europeo, celebrado en Bruselas los días 26 y 27 de junio. Pero el foco estuvo puesto precisamente en una cita previa que tuvo el presidente del Ejecutivo el día 26 y que provocó que llegara tarde a esta reunión de jefes de Gobierno de la Unión Europea: un viaje a Guinea Ecuatorial en el que se reunió con el dictador Teodoro Obiang. ¿Por qué Mariano Rajoy priorizó esta cita? ¿Minusvaloró a las instituciones europeas? Estas preguntas fueron puestas sobre la mesa por los grupos de la oposición.

Para que encontraran respuesta por parte del presidente del Gobierno tuvieron que esperar a su turno de réplica. Él, motu proprio, no dio ninguna explicación al hecho de que llegara tarde a su reunión en Bruselas. El líder del Ejecutivo aludió a motivos económicos, presumió de haber sido el único europeo invitado a esa cumbre y señaló que no fue "de vacaciones". "Me lo pensé, pero creo que acerté", dijo tras señalar que la ida y la vuelta le supusieron 12 horas de transporte.

"Estamos acostumbrados a una imagen de África que solo refleja lo negativo: conflicto, dictadura, pobreza, hambre. Pero esa no es la realidad africana, sino una parte cada vez más pequeña", añadió. "Hay un África que no sale en las noticias: en 2012, África subsahariana creció casi el 5%", citó a modo de ejemplo.

Sobre las críticas directas a haber mantenido un encuentro con un dictador, dijo a los diputados que pueden tener "la absoluta certeza" de que habló de "democracia, libertad y derechos humanos". Y sobre su ausencia al comienzo de la cita en Bruselas precisó que "no se tomó ninguna decisión que afectara a España o a la Unión Europea" y que, por si acaso, ya se había curado en salud delegando su voto en el presidente de Portugal.

Los tuiteros se preguntan, con una pizca de ingenuidad y un mucho de sarcasmo, si las dictaduras de los países latinoamericanos (léase Venezuela) sí se denuncian, pero las africanas no...