Las décadas van cayendo de forma impenitente y ya casi mis neuronas se alteran y colisionan cuando regreso a la tarde aquella de febrero de 1981. Tenía entonces 17 para 18 años y ahora al escribir escucho Volver a los 17, de Violeta Parra. Entonces, en aquellos tiempos de transición, yo llevaba casi un trienio de militancia juvenil comunista en Santander. Un curso académico después de salir de los Salesianos, en junio de 1977, había acudido a una reunión de las Juventudes Comunistas (UJCE) en un piso de la calle San José, frente a las viviendas militares, donde el PCE estuvo clandestino durante la dictadura franquista; y ya legalizado su sede fue por pocos años más, antes del traslado a la calle de Alcázar de Toledo, a un viejo edificio rehabilitado por los camaradas albañiles, presos y torturados, Julio Vázquez y Ángel Vejo. Este último, campurriano como yo, era familia lejana de mi madre, aunque tardé más tiempo en saber su padecimiento y también el de su mujer, Julia Ruiz, desde 1941 como enlaces que eran de la guerrilla en la comarca cántabra de Campoo; cosas del silencio impuesto en las familias españolas durante los cuarenta años de pesadilla franquista.

Fui a la reunión con otro compañero del instituto, Toribio, que había hecho unas caricaturas de Pinochet y Videla para unas jornadas que la organización juvenil en plena reconstrucción, tras expulsiones y abandonos, pretendía realizar para retomar la actividad. De aquella reunión salimos él como responsable de propaganda y yo de estudiantes; él dibujaba muy bien y yo era delegado en el INB José María Pereda. Hay que decir, para ser rigurosos, que fuimos como simpatizantes y salimos militantes porque ya queríamos serlo; pero lo de “dirigentes” fue porque éramos pocos y a todos los que estábamos en la reunión nos tocó una responsabilidad.

En la nueva sede, a los jóvenes comunistas, después de haber ayudado como peones, subiendo y bajando cubos de escombros, nos dieron la buhardilla, que decoramos con un mural nudista, dibujado por Toribio, con Marx y Engels de la mano, desnudos con las colitas al aire, que Jordi Solé Tura, el padre comunista de la Constitución, al verlo durante una visita explotó en alegres carcajadas. Menos gracia hizo a algunos de los veteranos antifranquistas nuestros escarceos con la “liberación sexual”, pues el mural les parecía una frivolidad y por muy ateos que fueran también lo consideraban un sacrilegio a los padres fundadores, a los santos varones de Don Carlos y Don Federico, redactores del Manifiesto Comunista…

Pero volvamos a aquella tarde, noche, madrugada y amanecer del 23 al 24 de febrero de 1981. A aquel 23F, el primero de mis acrónimos, antes incluso que el 15J y no digo el 11S, porque siempre será para mí 11 de septiembre y no el guarismo norteamericano –Allende vive; Allende hoy–. Volvamos, entonces, a aquella madrugada en que dormí unas horas después de escuchar el mensaje del rey comunicando su orden de acatamiento de las fuerzas armadas al sistema constitucional, y a quién cuatro años más tarde saludé en el marco de una audiencia real al Consejo de la Juventud de España.

Como todas las tardes desde que había asumido la secretaría política de la Juventud Comunista de Cantabria (JCC), el 23F al salir del instituto fui a la sede. Iba por la calle Cisneros cuidándome mucho de no pasar por la acera donde estaba la tienda de electricidad de Fuentes, el capo local de los Guerrilleros de Cristo Rey (GCR) de la época, y que años más tarde terminaría balaceado por el narcotráfico colombiano. Entré en una tienda de ultramarinos a comprar un donut y todo se volteó. El dueño de la tienda tenía puesta la radio, probablemente sería RNE, siguiendo la votación de ese día en el Congreso. Mientras esperaba a ser atendido un ruido raro en las ondas sacudió mi interior. Todos nos pusimos nerviosos al oír con claridad disparos en el hemiciclo. Alguien exclamó: “¡Dios mío!”. No recuerdo si compré mi merienda, pero sí que salí sin decir nada y bajé corriendo la calle Peñas Redondas, donde estaba la sede de la CNT, muy próxima al nuevo local del PCE.

Nervios. Tensión. Caras serias. Idas y venidas por el amplio local… “¡Joder!… Otra vez, igual... Este país no tiene solución...”. Y cuando sobre las 8 de la tarde supimos del bando de Milans del Bosch, más tensión, más nervios. No era para menos, oyendo por la radio el ruido de los tanques rodando sobre el asfalto de Valencia en medio del silencio de la noche. El bando imponía la jurisdicción militar, prohibía las actividades públicas y privadas de los partidos políticos y las huelgas (consideradas, sedición) y establecía un toque de queda desde las 21h hasta las 7h de la mañana. Milans asumió el control del poder judicial y administrativo y agrupó a todos los cuerpos de seguridad del Estado bajo su autoridad. "Estas normas estarán en vigor el tiempo estrictamente necesario para recibir instrucciones de S.M. el Rey o de la superioridad", rezaba el bando militar.

Los más veteranos, curtidos en la larga y dura dictadura, trataban de calmar a quienes estábamos más nerviosos y más vehementes. Cosas de la juventud. Cómo no estar preocupados si hacía 15 días nos habían puesto una bomba en la puerta del local, durante una visita de Santiago Carrillo a Santander el sábado 7 de febrero que incluyó un acto público en el paraninfo del palacio de la Magdalena… –por la noche recuerdo asistir a una cena en el restaurante Cormorán del Sardinero, donde descubrí a los 17 años ese postre tan parisino del souflé–.

Aquella tarde del 23F la dirección regional del partido estaba reunida y en contacto con la Trini, sede del Comité Central del PCE en la calle Santísima Trinidad de Madrid, desde donde Enrique Curiel, que había conseguido salir del Congreso asaltado, coordinaba en esas horas la dirección comunista. Nosotros en la buhardilla nos mirábamos y de vez en cuando entre tacos pensábamos qué hacer, mientras esperábamos a que la dirección del Partido nos diera instrucciones. Ya sabíamos la gallardía de Gutiérrez Mellado, al que no pudo zancadillear el traidor Tejero. También, claro, que Santiago Carrillo había permanecido, como Suárez, sentado en su escaño, sin echarse al suelo, con su sempiterno cigarrillo en la boca. Orgullo sentimos, en la buhardilla de la sede: “Qué cojones, los del viejo, tío”.

La consigna era no echar más leña al fuego. Había que esperar acontecimientos y organizarse. Se tomaron algunas medidas de seguridad, como sacar de la sede los archivos de la afiliación, y cinco dirigentes pasaron a la clandestinidad: Martín Silván y Vitoriano Fernández –con ambos volví a coincidir en la primera hora de Podemos–, Ezequiel Casuso y Fernando Pérez –a quien siempre he considerado mi padre político desde aquella primera reunión de mi ingreso en la UJCE, por más que nuestras trayectorias políticas se separasen hace algunos años– y un quinto miembro que no he sido capaz de recordar o documentar. Desde el primer momento se estableció la coordinación con la dirección de Comisiones Obreras, con su líder histórico José López Coterillo a la cabeza, y también se buscó refugio para el entonces secretario general, Ambrosio San Sebastián, que formaba parte de aquel círculo de exiliados comunistas en París y que moriría cuatro años más tarde.

Como en el caso del piso clandestino frente a las viviendas militares, el piso de seguridad de la dirección clandestina esa noche estaba, digamos –tampoco hace falta precisar todo– en el entorno del paseo que empieza en la segunda playa del Sardinero y acaba en Castelar frente a la bahía. La eficacia de la organización clandestina del PCE es lo que permitió sostener ininterrumpidamente la lucha contra la dictadura de Franco a pesar de detenciones, torturas, presos y fusilamientos. Por eso los pisos no se tenían donde los esperaban la policía, sino donde les pareciera inimaginable; como frente a las viviendas militares durante la dictadura en Santander o como el piso de seguridad del 23F en la zona rica de la capital cántabra.

Nosotros preparamos una octavilla para repartir en los institutos al día siguiente, pero no le dimos a la multicopista porque hubiera hecho falta el cliché, y este nos lo hacía Emiliuco Rodríguez, un camarada que trabajaba en una imprenta de offset y cuyo oficio había aprendido después de haberse encargado de la vietnamita dentro del clandestino aparato de propaganda, una de las estructuras más peligrosas si te pillaban durante la dictadura. En la octavilla, alineada con el manifiesto que había redactado la dirección del Partido, llamábamos a defender la Constitución, convocar asambleas y prepararse para una huelga general si el golpe triunfaba. No las imprimimos. Tampoco fue necesario repartirlas.

El golpe había fracasado, aunque hubo efectos políticos como la LOAPA, ese polvo de la armonización del proceso autonómico, del que vienen los lodos actuales del conflicto territorial, y otros ajustes vendrían para consolidar el régimen bipartidista, como “nombrar” a un jefe de la oposición, estatus no constitucional inventado por González para blindar la alternancia entre el PSOE y el PP. No comparto las críticas que se hacen a la transición de la dictadura a la democracia. Me parecen injustas y adanistas. El problema no está en la transición, sino en la consolidación democrática desde el 82, liderada por González y rematada por el suboficial de las Azores, the friend Ansar. Es en esos 14 más 8 años donde se construyó una democracia desmoralizada, de moral baja en palabras del profesor Aranguren, cuya máxima expresión es el hilo continuo de casos de corrupción política desde aquel director general de la Guardia Civil y aquel presidente del Banco de España, pasando por Filesa, hasta la orgía pepera en un desenfreno solo explicable por un convencimiento de impunidad –solo hay que mirar la situación jurídica, salvo tres o cinco, del primer Consejo de Ministros de José María Aznar–. Es en esas legislaturas donde se hizo la lectura inmaculada de la transición, donde se olvidó la memoria de los republicanos y de los luchadores y luchadoras antifranquistas y se blanquearon las biografías de políticos del régimen dictatorial.

Pero el shock no nos lo quitaba nadie al anochecer el 23F, aunque la camaradería de la organización nos hacía sentirnos seguros y decididos. No tengo muchos recuerdos, como si una niebla los ocultase o borrase; como si el miedo paralizase la memoria de aquellas 18 horas hasta el amanecer del día siguiente. En la televisión había música militar; mal asunto, peor presagio. Un objeto de lujo fueron los transistores en esas horas, en ese tiempo-ahora (jetzteit) del que hablaba Walter Benjamin, y no retransmitían partidos de futbol, aunque la sección deportiva de Hora 25 que llevaba José María García era la fuente de información nocturna.

No recordaba, por ejemplo, que no fui a dormir esa noche, con la lógica preocupación de mis padres, a los que llamé a la hora de la cena para que estuvieran tranquilos y ya por la mañana cuando fui al instituto. Y qué hice, qué hicimos desde las 8 de la tarde a las 8 de la mañana. Nos dividimos en pequeños grupos de cuatro, cinco, seis camaradas, y nos dedicamos a pasear por la Comandancia de la Guardia Civil en la calle Alta, el Gobierno Civil y Militar de la Plaza Porticada, y el Regimiento Valencia con su unidad militar ABQ, preparada para la guerra atómica, biológica y química, ya ves tú. El cuartel estaba en el camino del Alta, de Pornillo a Miranda, y llamada desde 1937 calle General Dávila. Una ignominia ser la única ciudad del mundo que tiene dedicada una calle al felón general que dirigió los bombardeos de la Legión Cóndor y la aviación italofascista sobre la población de Santander durante la guerra.

Yo subí en el grupo que fue al cuartel militar, porque era mi zona y la conocía bien, muy bien. Incluso conocía la distribución interna del cuartel, pues desde las ventanas del campanario de la iglesia María Auxiliadora de los Salesianos o desde la azotea del edificio de Formación Profesional cuando subíamos para descender rapelando, muchas mañanas de sábado de boy scout veíamos la distribución del cuartel, dónde estaba por ejemplo el edificio donde guardaban armamento y elementos de cuero, o el garaje de los camiones o las cocinas. Antes de subir la cuesta de la Atalaya hasta el Regimiento, nos pasamos por el Ayuntamiento para observar la comisaría de la policía municipal; no presentaba signos externos preocupantes. En el cuartel vimos reforzada la vigilancia en todas las garitas y en la puerta principal, además de un ir y venir de reclutas a los que habían retirado el pase pernocta y los permisos de la tarde.

No recuerdo con quiénes de La Juve estuve esa noche, quizás Ana, Martín…, ni con quiénes del Partido compartimos “la imaginaria”, pero debió ser un matrimonio, porque vimos en una casa el mensaje del Rey; hoy al recordar incluso apostaría que fueron Emiliuco y su mujer Flor. A partir de ahí se me borran los recuerdos; es como si descansara de la tensión acumulada. Supongo que nos abrazaríamos y besaríamos, conscientes de que el golpe no podría triunfar tras ese comunicado, y dormiríamos algunas horas para al amanecer irnos quizás a los astilleros, que todavía ocupaban Gamazo, al lado de Puertochico, antes de su desmantelamiento en la mal llamada reconversión industrial de los gobiernos de Felipe González. Sé que compré la prensa en el primer quiosco que encontramos. Conservo aquella edición especial de EL PAÍS a las dos de la madrugadaEL PAÍS; aunque recortada por un aplicado documentalista que, durante mi mandato de secretario general de la UJCE en el segundo quinquenio de los ochenta, había hecho un dossier del 23F con mis periódicos y algunas fotocopias de otros periódicos nacionales. ¿Por qué tengo esa edición y no la definitiva?, sencillo: es la que había llegado a Santander a las 7 de la mañana. También compré la prensa regional, El Diario Montañés y Alerta. Desayunaríamos en alguna cafetería del Paseo Pereda, probablemente Frypsia, y a las 8:30 me encaminaría al instituto.

No eran las 9 cuando entré en el patio escolar, supongo que junto a Toribio. Allí estaban compañeros de estudio y de lucha, como Pachi Barrueco, Rafa Domínguez… De los fachas del instituto sólo andaba quien luego sería militante-dirigente del PP, y no quiero nombrar ahora, pero los matones de las cadenas, el dóberman y los bates de béisbol, como los de CEDADE y los de Cristo Rey, que me la tenían jurada y más de una vez me amedrentaron, no aparecieron aquel martes de Carnaval y de asalto al Congreso; ni esta vez, claro, les dio por dedicarme pintadas en el polideportivo del insti, como "Montero te vamos a matar", junto a la clásica de "Carrillo asesino". A esa hora ya sabían que habían sido derrotados.

De hecho, antes del 18 de febrero habían detenido al grupo terrorista de extrema derecha que explosionó la bomba en el local del partido el sábado 7, y responsable también de atentados contra quioscos de venta de Prensa, el incendio de la furgoneta del grupo teatral Caroca y del cine Roxy (X), el lanzamiento de un cóctel molotov contra el cine Mónaco, la voladura de una puerta del Gobierno Militar de Santander y la colocación de explosivos también en la sede de UGT. Estos atentados hacían los fachas mayores, mientras sus cachorros rompían un día y otro también los cristales de la librería de José Ramón Saiz Viadero, entonces concejal del PCE, y acosaban a chicos y chicas de estilo hippie, a quienes luchaban en el movimiento estudiantil o en los barrios y a quienes, como nosotros, aspirábamos a construir una vía democrática, nacional, pluralista, independiente al socialismo –el Socialismo en Libertad que cantaba Víctor Manuel–. Cosas de un joven eurocomunista. Durante esos años yo sabía que no podía andar por el Sardinero, como en mi pubertad, ni pasar por delante de la heladería Capri en el Paseo Pereda. Claro que había miedo, entonces; pero también determinación.

Ahora, cuando vuelvo a los 17, soy aún más consciente del peligro que pasó la democracia, que con todas sus imperfecciones y derivas bipartidistas desde “el cambio” del 82 hemos disfrutado durante 40 años, y que toca ya renovar en profundidad. Y con la democracia en peligro, también peligraron los españoles y las españolas, su libertad y su seguridad. España debe ser desfranquistizada. No hay justificacióndesfranquistizada. Ya no hay ruido de sables, aunque alguna señoría e ilustrísima toga no sólo piensa, sino que afirma con total impunidad que “un comunista no puede formar parte del gobierno”. Aún estoy esperando la dimisión del presidente del TSJ de Castilla y León; y me temo que tendré que esperar sentado. Estos “versos sueltos”, pero más generales de lo que parece, si nos atenemos a la Brigada Aranzadi, se sienten legitimados por una derecha española que no ha hecho la reconciliación nacional, que no ha roto con el franquismo. Por no hablar, también, del fracaso escolar de las academias militares y de la seguridad, a la luz del chat de militares jubilados y de la autollamada policía patriótica.

¿Para cuándo una reforma de las enseñanzas en las academias militares, y también de las academias de Ávila de la Policía Nacional y las de la Guardia Civil en Aranjuez, Baeza, El Escorial y Valdemoro? Ochenta y cinco años después del golpe de Estado del 18 de julio de 1936 y cuarenta del intento fracasado del 23F, es hora de desclasificar secretos oficiales y derogar la vieja legislación franquista aún vigente. Y sí, también urge y es necesario un plan dotado financieramente para desenterrar las fosas de las cunetas y dejar de ocupar “la medalla de plata” del mundo en desapariciones forzadas, sin contar aquellas desapariciones de caídos en frentes de batalla o ajustes de cuentas locales. Ojo, estamos hablando de crimen de lesa humanidad; hay que salir de ese pódium, ya. Nunca he entendido cómo la Casa Real no se apuntó antes, y desde luego ahora no se apunta, la medalla de impulsar la recuperación de tantas vidas segadas por el solo delito de defender la legalidad democrática de la Segunda República. Hubiera sido, sería un gesto real de reconciliación nacional por parte de la monarquía parlamentaria. Y el aporte financiero del emérito a ello, repararía en parte su conducta a lomos de la bula de “haber parado” el golpe. Era su deber; lo contrario hubiera sido delito de traición a la Patria. Como su padre entonces, el Jefe del Estado actual, lo es también de los compatriotas, hombres y mujeres, que esperan bajo la tierra, y de sus familias que aún no han podido darles la sepultura que merecen. España no ha sido tierra leve con los desaparecidos del Franquismo. Es hora de repararlo.

Y sí, ahora al volver a los 17, sé que en la mañana del 24 de febrero volví a nacer. No hace falta que hagamos ese ejercicio metodológico de las escuelas de negocio y estrategia: And if… Porque no tengo ninguna duda que si el golpe hubiera tenido éxito, duro o blando es irrelevante, habrían vuelto las detenciones, los encarcelamientos, las torturas y las ejecuciones sumarísimas. Probablemente, mi hijo no hubiera nacido, y desde luego mi familia directa habría sufrido las consecuencias del compromiso político, desde los 15 años, de su hijo o hermano. Otra vez hubiera vuelto la burra al trigo; otra vez España un páramo y una cárcelvuelto la burra al trigo.

Pero no, no perdimos la libertad aquellos días de febrero. El viernes 27 de febrero, de Cuatro Caminos hasta los Jardines de Pereda, donde el rector de la Universidad de Cantabria leyó un manifiesto de los partidos políticos y los sindicatos, Santander fue escenario de la manifestación más numerosa desde que, en 1934, el pueblo montañés, entonces, se concentró en la capital para reivindicar el ferrocarril Santander-Mediterráneo. Como multitudinarias fueron las manifestaciones en toda España a favor de la democracia y en defensa de la Constitución aquel viernes de 1981.

Por eso, ahora al volver a los 17, con Violeta, canto a la vida, canto a la democracia, como el musguito en la piedra, ay sí, sí, sí…

Volver a los diecisiete, después de vivir un siglo

Es como descifrar signos sin ser sabio competente

Volver a ser de repente tan frágil como un segundo

Volver a sentir profundo como un niño frente a Dios

Eso es lo que siento yo en este instante fecundo

Se va enredando, enredando

Como en el muro la hiedra

Y va brotando, brotando

Como el musguito en la piedra

Como el musguito en la piedra, ay sí, sí, sí

…

Jesús Montero fue secretario general de la Unión de Juventudes Comunistas de España de 1984 a 1989 y es socio de infoLibre 

Son características inherentes a todos los golpes de estado, la acción sorpresiva de los golpistas y la reacción inmediata de las víctimas del golpe para impedir su triunfo.

Así tenemos por ejemplo que el 18 de julio de 1936 en Sevilla, el general Queipo de Llano y el coronel Cuesta Monereo, actuaron de forma clandestina para sorprender a los militares fieles a la República e impedir que estos tomaran medidas preventivas para impedir el golpe.

Tal fue la sorpresa con la que actuó Queipo el 18 de julio, que visitando el Regimiento de Infantería interceptó al capitán Carlos Fernández de Córdoba Vicéns, ferviente defensor de la República, y le preguntó a bocajarro si se mantenía fiel al Gobierno o se unía a ellos. Carlos Fernández de Córdoba tuvo sólo un segundo de tiempo para decantarse por un bando u otro; casi inconscientemente afirmó con rotundidad fingida que se sublevaba. En esta súbita decisión posiblemente influyó que sus superiores republicanos, incluido el jefe del Regimiento, coronel Manuel Allanegui Lusarreta, habían sido previamente detenidos por los golpistas.

Según testimonio de Fernández de Córdoba al coronel Luis Otero, de la UMD, fue Queipo y no el coronel Cuesta Monereo, como sostienen algunos historiadores, el que le ordenó que cogiese varios vehículos y pasease por el centro de Sevilla a algunos moros para aparentar que los sublevados disponían de numerosas tropas, naciendo así la falsa leyenda franquista de que Queipo tomó Sevilla mediante esta hábil estratagema, cuando la realidad es que los sevillanos opusieron una feroz resistencia a los facciosos.

Con la leyenda de las tropas moras paseando por Sevilla, Fernández de Córdoba, ferviente republicano, se convirtió en un héroe franquista y al final de su carrera ascendió a general, gracias a que durante cuarenta años  ocultó sus ideas republicanas incluso a su propia mujer. En las primeras elecciones de 1977 salió del armario y votó al Partido Comunista.

El golpe  de estado que prepara la Generalitat es un golpe atípico porque se va a producir sin el efecto sorpresa. Todos los funcionarios van a tener  tiempo de meditar cual va a ser su decisión el día del golpe. En Cataluña no se van a producir casos como el de Fernández de Córdoba al que  sólo le concedieron un instante para decidir el bando, y se equivocó, aunque con ello salvó la vida.

Lo que no se ajusta a los cánones es que en el golpe de estado planeado por la Generalitat, los defensores de la legalidad no toman medidas para impedirlo, se limitan a decir que el Estado actuará con proporcionalidad, dejando así la iniciativa a los golpistas, contrariando de este modo los más elementales principios contenidos en todos los manuales sobre golpes de estado.

Si el Gobierno de la República hubiese sabido con semanas de antelación lo que Queipo de Llano y los otros generales planeaban hacer el 18 de julio de 1936, hubiesen tomado medidas para evitar que se produjera el golpe.

Situándonos en el año 2017, no se entiende que el Gobierno, sabiendo que el 1 de octubre se prepara un golpe de estado, no lo haya impedido ya. La pasividad del Gobierno llega hasta tal extremo que no actúa cuando un mozo de escuadra, policía judicial, declara impunemente a los medios de comunicación que el 1 de octubre no obedecerá a ningún juez que le ordene retirar las urnas.

La atipicidad del golpe de estado anunciado por la Generalitat tampoco va a permitir que se den hechos como los sucedidos en Portugal el 25 de noviembre de 1975.

En aquella ocasión había dos bandos, por un lado estaba el Grupo de los Nueve apoyados por el Partido Socialista portugués y la derecha; del otro lado estaban los gonçalvistas y los militares de Otelo, apoyados por el Partido Comunista Portugués y otros partidos de izquierda.

El 25 de noviembre de 1975 el comandante del Forte de Almada, situado frente a Lisboa, era el entrañable capitán de abril, Rosado da Luz, alineado con los grupos de izquierda. Ese día, el capitán Rosado da Luz se vio sorprendido por una manifestación de unos 10.000 obreros, convocada a las puertas del Forte de Almada, que le exigían enérgicamente que les entregara armas para defender la revolución.

Rosado da Luz, consciente de que un ejército incontrolado de 10.000 personas armadas circulando por Lisboa podía provocar una guerra civil, se negó en rotundo a entregarles las armas.

Terminado el golpe, los vencedores, encabezados por el General Eanes, detuvieron a todos los militares gonçalvistas y de extrema izquierda, excepto al capitán Rosado da Luz, en agradecimiento por no haber armado a los 10.000 obreros.

Rosado da Luz, molesto porque todos sus compañeros estaban en la cárcel menos él, pidió al comandante de la Región Militar de Lisboa, Vasco Lourenço que lo metiera en la cárcel junto a sus compañeros, a lo que nuestro querido Vasco accedió.

Ahora, Vasco Lourenço preside la Asociación 25 de abril de la que es socio Rosado da Luz y el  resto de militares situados a la izquierda del Partido Socialista. Ambos bandos aceptaron el resultado del golpe de estado del 25 de noviembre de 1975 y se han reconciliado.

La reconciliación entre los dos bandos que van a participar en el golpe del 1 de octubre no se va a dar porque si triunfa el Gobierno y no se celebra el referéndum, los separatistas seguirán intentando dar otros golpes de estado. Si por el contrario triunfan ellos y consiguen proclamar la independencia unilateral, conformarían un estado expansionista que pondría en cuestión todas sus fronteras terrestres, marítimas y aéreas, incluidas las del Sur de Francia y las del Noroeste de Cerdeña, agravando aún más el actual conflicto e internacionalizándolo.

Parece que la solución más razonable y menos traumática del conflicto es que los separatistas respeten el derecho nacional e internacional y se pongan de acuerdo con el resto de fuerzas del Estado para desalojar del poder a los herederos del franquismo, requisito indispensable para poder celebrar un referéndum legal con todas las garantías democráticas. Si es que es eso lo que verdaderamente pretenden.

Fueron 5.000 los fusilados en la provincia de Granada, 5.000 (según la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica) los que fueron asesinados después del golpe de Estado del 18 de julio de 1936, 5.000 los enterrados en zonas de labranza y de suelo blando. El nombre de uno de ellos reluce sobre los demás, aunque a todos les esperaran las mismas balas y la misma muerte. En la madrugada del 17 de agosto se cumplen 80 años desde que los sublevados acabaran con la vida de Federico García Lorca en los barrancos entre Víznar y Alfacar.

Es precisamente ese lugar en torno al que giran la mayor parte de las conversaciones sobre la muerte del poeta. Y más cuando en septiembre se iniciará una nueva excavación que, buscando los restos de aquellos junto a los que fue fusilado, espera da con los suyos. Pero la recuperación de su cuerpo no es la única deuda pendiente. Repasamos los desafíos lorquianos en el terreno de la memoria histórica, lo político, lo literario y lo teatral.

El poeta junto a Dióscoro Galindo

El arqueólogo Javier Navarro ultima preparativos. El 19 de septiembre espera estar supervisando el trabajo de una gigantesca pala excavadora que desplace el terreno para encontrar los pozos de agua a los que sospecha que fueron arrojados los cuerpos de García Lorca y aquellos junto a los que fue asesinado. Navarro no contempla el fracaso de las búsquedas de 2009 y 2014, y sigue la investigación del historiador Miguel Caballero, autor de Las últimas trece horas de García Lorca (La Esfera de los Libros). La fosa se encuentra, según ambos, a unos 400 metros del lugar indicado por el hispanista Ian Gibson.

Llevarán a cabo la búsqueda, no obstante, sin la aprobación de la familia del escritor. Oficialmente, buscan al maestro republicano y los dos banderilleros anarquistas que fueron fusilados y enterrados junto a él: Dióscoro Galindo —cuya nieta, Nieves García, otorga autoridad moral al proyecto con su apoyo—, Joaquín Arcollas y Francisco Galadí. La presencia de restos humanos en esta zona, que ya ha sido removida para levantar un campo de fútbol que no llegó a construirse, daría alas a la cada vez más remota posibilidad de encontrar los restos del poeta y de los demás represaliados.

“Hemos detectado tres anomalías en el terreno”, explica Navarro, “pero no sabremos nada con certeza hasta que no estemos allí”. Por ahora, han conseguido todas las autorizaciones necesarias —que tendrían que ampliar en el caso de que encuentren restos humanos— y 36.000 euros de financiación privada. Se basan en los testimonios del falangista Eduardo Molina Fajardo y del general Fernando Nestares sobre el paradero del cuerpo de García Lorca. Pero Navarro asegura que si se tratara de una “fosa anónima”, como las otras seis sobre las que ha actuado, “no hubiera habido tantos problemas” burocráticos. "Yo busco a mi abuelo. Lorca pone el nombre, pero si te digo la verdad para nosotros es un impedimiento", afirmaba Nieves García a este periódico.

Ian Gibson, uno de los mayores expertos en la biografía de Lorca, sembraba este sábado varias dudas sobre el paradero de los restos del poeta. En un artículo en el suplemento cultural Babelia (El País) formulaba, sin responderlas, las siguientes preguntas: "¿Fueron trasladados [los restos] a los pocos días por los sublevados —conscientes del magno “error” cometido— a un paradero secreto? ¿Podría ser cierto, como se rumorea a menudo en Granada, que el régimen de Franco los exhumara en una fecha posterior? ¿Aparecieron en 1986, cuando la Diputación Provincial vallaba el parque de Alfacar que lleva el nombre del poeta, y se ocultaron ilegalmente en otro rincón del paraje?". Gibson solo dice "Ojalá haya pronto noticias", pero la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica asegura que se avecina una nueva revelación al respecto. 

Lorca “despolitizado”

El anuncio de la nueva excavación ha suscitado cierta polémica entre los que se dedican a la recuperación de la memoria del poeta. En su libro, Caballero defiende que el fusilamiento de Lorca estuvo motivado por rencillas familiares, y no por su compromiso con el Gobierno republicano o su homosexualidad. "Lorca no fue asesinado ni por rojo ni por maricón", afirmó en una entrevista. Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, critica precisamente la “despolitización” que ha sufrido su figura: “Lorca debería ser un símbolo político, que optó libremente por unas ideas y preferencias sexuales y murió por su diferencia”.

Pero se ha convertido, critica, “en una especie de hecho folclórico”, una transformación facilitada a su entender por el franquismo y por “el modelo de la Transición”. Por eso, además de exigir la búsqueda de sus restos, “como la de miles de represaliados que siguen desaparecidos [se calcula que hubo 130.000 víctimas mortales]”, pide una restitución del relato de su asesinato. “Se cuenta como si fuera un acto de guerra, algo natural en un conflicto, cuando fue la materialización de un proyecto de país donde sobraba gente como él”, denuncia.

El espacio simbólico de batalla es, para él, el de los libros de texto; una necesidad agudizada por casos como el del título de Anaya en el que se leía que Lorca “murió, cerca de su pueblo, durante la guerra en España”, sin mencionar el asesinato ni la desaparición de sus restos. El libro fue retirado en 2014, cuando saltó la polémica, pero Silva considera que la invisibilización de ciertos aspectos de su biografía es generalizada, como su homosexualidad, tendencia que denunciaron el último día del Orgullo reclamando a Lorca como símbolo de la lucha LGTBI. De la misma forma, considera "vergonzoso" que en el monumento dedicado al poeta en la plaza de Santa Ana, en Madrid, no haya una sola indicación sobre su asesinato. 

Actualización lorquiana

De la misma opinión es el escritor Luis García Montero, autor del ensayo Un lector llamado Federico García Lorca (Taurus, 2016) y fascinado con los versos del poeta desde la adolescencia. En el plano editorial, explica, "se ha hecho un esfuerzo muy grande" y el granadino es "de los autores mejor editados": en los noventa fueron recuperados sus textos juveniles y espistolarios, e incluso se conocen y estudian las distintas versiones de sus últimos textos. García Montero descarta que aparezcan nuevas obras de su paisano, o incluso documentos personales que esclarezcan aspectos esenciales de su creación. 

"García Lorca, con Cervantes, es de los autores más conocidos de la literatura española. Lo iremos actualizando conforme vaya pasando el tiempo, como con Shakespeare, y eso nos dará nuevas miradas sobre su escritura", vaticina. Pero hay lecturas de Lorca que hay que defender. Como "la influencia de su homosexualidad en su obra", que, explica, se ha preferido ocultar, aunque sin éxito. Recuerda que Poeta en Nueva York es un título "claramente anticapitalista", pero también reivindica el compromiso que se trasluce de su diálogo con lo popular. 

"Ese componente no es un rasgo folclórico, sino muy político. Los republicanos, frente a los que se hacían llamar 'nacionales', tenían interés en reivindicar que ellos eran los depositores de la identidad nacional", explica. El franquismo recuperó ese relato de la España profunda esbozado en obras como Romancero gitano, Yerma o Bodas de sangre, pero desbrozándolo del escándalo que supusieron en su época, para "asimilarlo a la cultura franquista". Una lectura contemporánea de Lorca, defiende, necesita recordar este propósito. 

El teatro posible

Ha sido un buen año para esa parte de Lorca que vivía sobre las tablas. El teatro español ha estado atento a la celebración celebración del aniversario de su muerte, y en las últimas temporadas se han podido ver potentes representaciones de sus obras, como El público, dirigido por Àlex Rigola; Así que pasen cinco años, reestrenado por la histórica compañía Atalaya 30 años después; y un Amor de Don Perlimplín con Belisa en su jardín con versión del dramaturgo Alberto Conejero. El escritor, que ya se había acercado al granadino con La piedra oscura, sobre uno de los últimos amantes del poeta, se alegra de la cosecha de montajes lorquianos. 

"Ha sido un año muy feliz para el llamado 'teatro imposible', que lo que demuestra es que no era imposible", defiende, abordando las "comedias" apodadas con el descorazonador sobrenombre por el propio autor, y que comprenden obras de vanguardia y difícil montaje como las nombradas, además de la incompleta Comedia sin título. Pero, después de esta conquista, Conejero invita a acercarse a "el teatro breve e inconcluso" como los Diálogos —piezas cortas de gran carga simbólica—, Dragón o Posada —editados en los ochenta—, y al teatro de juventud, como El maleficio de la mariposa, en el que ve "el pulso tembloroso del joven, pero con una voz singular". 

"Ese teatro está esperando a los jóvenes, pero también es necesaria una mirada más contemporánea a los dramas, con montajes más libres. No hay que tener pudor a acercarse a Federico", defiende. Tiene como referencia de un acercamiento actual a la dramaturgia del granadino el montaje Lorca al vacío, de María Velasco, una de las autoras teatrales emergentes más señaladas. Y, antes de retirarse a la escritura de una nueva obra, apunta: "Pienso en los ingleses, en Shakespeare. Lorca es un contemporáneo, pero también un clásico: nunca va a haber demasiado Lorca". 

"Mamá, ¿nos van a matar?". La voz de Rosa, de seis años, flotaba sobre los murmullos del refugio de la calle Castillejos de Barcelona. Su madre, María, agarraba con fuerza su mano. Pero no hubo respuesta. Lo que quizás era la respuesta más elocuente: el terror y la incertidumbre de los adultos frente al terror y la incertidumbre de los niños. 

No murieron. María vivió para conocer a su nieta, hija de la pequeña rosa, esa niña asustada que acabó creciendo en el estrecho mundo del franquismo, observando la valentía y la impotencia de sus padres y temiendo, como ellos, por las delaciones. La nieta era Montserrat Llor, autora de Atrapados (Crítica), un ensayo sobre los supervivientes a la Guerra Civil, el exilio y la represión franquista construido sobre las voces de 15 de ellos. Las voces que han debido callar durante décadas. "Tras entrevistarles, me doy cuenta de que las heridas siguen abiertas", escribe la periodista en el prólogo. 

Sus 15 se libraron de poblar las más de 2.000 fosas comunes que se abrieron en España para albergar a los 130.000 muertos a manos de militares sublevados. Pero sí estuvieron entre los 280.000 apresados en las superpobladas instituciones penitenciaras franquistas, entre los más de 300.000 cautivos de los campos de concentración del régimen, entre los 3.000 niños de Rusia. Son, entre otros, la poeta Ángeles García-Madrid, interna en la cárcel de Ventas; el poeta Marcos Ana, apresado hasta 1961; Gregorio Gutiérrez, GutiGuti, aviador republicano; Teresa Alonso, que vivió la Segunda Guerra Mundial en el Sitio de Leningrado...

Una "imperiosa necesidad"

"Tiene mucho sentido dar voz a estas personas que no la tienen", defiende por teléfono, "Que ahora sí se les escucha porque hay varias efemérides: los 85 años del 14 de abril, los 80 años de la guerra… Pero normalmente están bastante olvidados. Hay algunos de los que nunca se ha escuchado su historia". Ella les fue conociendo a través de la red construida durante años por las asociaciones de memoria histórica —la Asociación de Aviadores de la República, la Archivo, Guerra y Exilio, entre otras—. "Era difícil llegar a los centenarios, me iban pasando el contacto unos de otros". "Centenarios", como si habláramos de árboles ancestrales. Porque Alejandra Soler, niña de Rusia, tiene ya 103 años, y los más jóvenes rozan los 90. 

Tenían algo en común. A primera vista, la "imperiosa necesidad" de contar su historia, que veían como algo más que anécdotas personales: se saben huellas históricas y advertencias para el futuro. Habla Ángeles Flórez Peón, Maricuela, miliciana asturiana y presa en el penal de Saturrarán: "Deseo que recordéis a todos los que dieron su vida, a aquellos jóvenes que dieron su vida por la libertad, por una vida digna, que penséis en ellos y que luchéis porque haya una libertad en España". Pero esa vocación de ejemplo no era el único rasgo compartido. Estaba el dolor, el trauma, las cicatrices semejantes en todos ellos. 

Teresa Alonso Gutiérrez llegó a Rusia con 12 años, en 1937. Más de 1.500 niños salieron ese día desde Santurce creyendo que estarían allí pocos meses. Estuvo fuera hasta 1956. Esta vasca sabe que el fascismo le "deshizo la vida". "No, no soy niña de una guerra, soy niña de dos guerras". Sobrevivió de milagro a Guernica: su madre la había enviado a comprar carne de caballo, y al acercarse vio arder la ciudad desde lo alto de una loma. Se marchó a la Unión Soviética huyendo de la guerra, y allí debió vivir uno de los episodios más terribles de la Segunda Guerra Mundial: el sitio de Leningrado.

No estuvo en el grupo del millón de ciudadanos que murieron entonces víctimas de las bombas o la hambruna, pero a cambio les tuvo que ver morir. Formaba parte de los voluntarios que atendían a los enfermos... y que retiraban los cadáveres de las casas. Su relato del traslado de los cuerpos es aterrador. Los jóvenes de las brigadas del Komsomol apenas se tenían en pie, y debían en ocasiones arrancar a los muertos de los brazos de sus familiares que, en pleno delirio, les creían vivos aún. Otros cuerpos tenían marcas de canibalismo. "Maldigo las guerras, ¡las maldigo mil veces!", exclama en un momento de la entrevista. 

Cicatrices abiertas

"En toda guerra se acaba viendo la barbarie como algo habitual", apunta la periodista. El epílogo, dedicado a "las heridas de la memoria y la desmemoria", atraviesa el libro como una flecha. Aquí se habla de traumas. Lo reiteran los sociólogos y psicólogos consultados por la autora: "Coinciden en la existencia del Trastorno por Estrés Postraumático en ellos, pero también de heridas no cerradas en sus hijos, en sus nietos. Estos últimos escuchan con más viveza aún las historias de sus abuelos". El bálsamo, para ella, está claro: la búsqueda de restos de víctimas, el reconocimiento, la reparación.

El orgullo de la lucha, la tristeza por la derrota y la pérdida de los seres queridos, e incluso la rabia, aparecen en un punto o en otro del relato de todos ellos. No el odio, asegura Llor. Han perdonado, pero el trauma está ahí. Un trauma que ha dejado de ser personal para atravesar las generaciones siguientes y heredarse como se hereda el color del pelo o el tono de la voz. "Por parte de los vencidos en la guerra y los descendientes, los que vivieron la lucha armada y sus consecuencias, sí que se pasa de unos a otros. Yo soy nieta, a mí me ha afectado", admite la periodista.

Su madre que a los seis años le pregunta a su abuela si va a morir. Su abuela que teme por la vida de su abuelo. El miedo, el miedo durante décadas. "Es imposible olvidar esto. ¿Cómo lo vamos a contar cuando no viva nadie? Los hay que quieren pasar página, y que dicen que no tiene sentido estar hablando de esto", protesta. Pero los represaliados escuchan aún claramente los pasos de sus carceleros, el sonido de los cerrojos. Lo escuchan casi sus hijos y sus nietos, a través de la historia oral, de la memoria familiar. Llor se pregunta si las heridas son eternas, si el trauma siempre se reproduce, y no sabe qué pensar. Pero cuando se pregunta "¿Está archivada y enterrada la Guerra Civil?", la respuesta es clara: "No".

Las asociaciones de memoria histórica consideran que este reconocimiento al dictador, aún vigente, que depende en última instancia del Ministerio de Defensa y que constituye la condecoración militar más valiosa, supone una vulneración de la Ley de Memoria Histórica. Vulneración que se ve redoblada cuando esta condecoración motiva que el Museo del Ejército de Toledo designe a Franco como "héroe de España". La ley de 2007 establecía: “Las Administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura”.

"Exaltación" de la Guerra Civil

“Habría que retirar cualquier tipo de reconocimiento a los responsables políticos de la dictadura”, dice tajantemente Arturo Peinado, presidente de la Federación de Foros por la Memoria. En su juicio, la condecoración a Franco por su papel en la Guerra Civil es un caso evidente de lo que la normativa define como “exaltación”. De la misma opinión es Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica: “No creo que cumpla ningún criterio democrático. Por desgracia, no me resulta nada sorprendente, y forma parte del maltrato continuo a las víctimas”.

La existencia de la condecoración sorprende a Eduardo Ranz, abogado impulsor de decenas de denuncias contra Ayuntamientos, Obispados y Arzobispados por mantener conmemoraciones a personalidades de la Guerra Civil y el Franquismo. “Parece un claro ejemplo de exaltación del máximo protagonista de la Guerra Civil y la dictadura. En la medida en que esto es así, se trata de una vulneración de la Ley de Memoria Histórica”, valora. Si se establece una analogía con las denuncias que él ha presentado contra distintos gobienos locales –como la que ha condenado recientemente al consistorio de Olmedo (Valladolid)—, la responsable de retirar los honores es la institución que los concedió, en este caso, el Ministerio de Defensa y el Consejo de Ministros.

Los tres señalan, sin embargo, que la Ley de Memoria Histórica es “bastante vaga en algunos aspectos” y que “carece de régimen sancionador” por lo que este tipo de decisiones han dependido hasta ahora de la voluntad política de los gobernantes o de decisiones judiciales promovidas por asociaciones o por letrados como Ranz.

El "gran Caudillo"

La orden del 39 que concede la Gran Cruz Laureada al dictador es inequívocamente laudatoria. “La Nación entera y a su cabeza los Caballeros de la Orden de San Fernando, reunidos en Capítulo, solicitan del Gobierno que se haga justicia al que nos condujo a la victoria, al gran Caudillo que, con su laconismo castrense, dio cuenta de ella al país en aquel histórico parte del primero de abril, que textualmente decía: 'La guerra ha terminado”. Entre este texto y aquel mensaje que rezaba “cautivo y desarmado el Ejército Rojo…” no mediaban ni dos meses.

El texto, firmado por el general Francisco Gómez-Jordana y Sousa, ministro y vicepresidente del primer Gobierno franquista, y por el también ministro de Defensa Fidel Dávila Arrondo, reconoce “el esfuerzo admirable del Ejército, integrado por la juventud española” que “ofreció al mundo inimitable ejemplo”. “Mas sobre todos”, continúa, “destaca el Generalísimo, iniciador y verdadero artífice de nuestro glorioso Movimiento”. Se habla en la orden de “reconquista” de Andalucía, de “etapas gloriosas” y “heroicas defensas”.

Pero los elogios no son solo a la “singular pericia y audacia” del dictador, sino también a su carácter de Caudillo “que al frente de la Nación en armas salva a su Patria, devolviéndola [sic] la independencia y el orden y que, además, rinde al Mundo entero el mayor servicio que podía prestar a la paz, al derrotar al bolcheviquismo en nuestro solar patrio, salvando con ello una civilización seriamente amenazada”. La condecoración fue otorgada en Madrid, “en el Día de la Victoria”, durante el llamado “Desfile de la Victoria”. El frente sublevado se declaraba victorioso, y Franco se confirmaba como “Caudillo de España por la Gracia de Dios”.

"Héroes de España"

La existencia de esta condecoración es la que ha motivado que el Museo del Ejército de Toledo considere al dictador “héroe de España”. En las cartelas referidas a Franco expuestas en este centro dependiente del Ministerio de Defensa se puede ver un adhesivo que reproduce la forma de la Gran Cruz y que lleva ese lema: “Héroes de España”. Además, se le llama "Generalísimo", categoría no oficial que el régimen confirió a su líder. 

La presencia de estas pegatinas en la exposición permanente llamó la atención de una visitante, que se quejó al Museo el pasado 2 de julio. “Me pareció vergonzoso”, contaba Mónica Martínez a este periódico. El director del mismo le contestó el 16 de este mismo mes, explicando que la "denominación de héroe al general Franco" está motivada por "pertenecer a la Real y Militar Orden de San Fernando". Según el centro, la pegatina con el lema “héroes de España” acompaña todas las cartelas referidas a los militares que ostentan este honor. A preguntas de este periódico, el Museo aclaró que no piensa reconsiderar su política.

El Museo no ha facilitado la lista de militares que figuran como “héroes” en la muestra, pero la misma medalla decoró la solapa de militares golpistas como el general José Enrique Varela, que tenía dos antes de comenzar la guerra, o el general Emilio Mola, a quien el propio Franco condecoró a su muerte en 1937. El Ministerio de Defensa ha publicado en su web una lista parcial de los condecorados, en la que figuran solo aquellos que aún vivían en 2001, cuando se renovó el reglamento de la Orden. En ella, la condecoración más reciente data de 1968, y la inmensa mayoría se concedieron en los primeros años del franquismo, sobre actos del bando rebelde en la Guerra Civil o de la División Azul. 

Huellas del franquismo

Los colectivos militares también pueden integran la Orden de San Fernando. La Guardia Civil, por ejemplo, ha sido laureada en tres ocasiones, en 1937 y 1940, por su labor en la "defensa del Alcázar de Toledo", la "defensa de Oviedo" y los "hechos de Cádiz y San Fernando el 18 de julio de 1936". Varios regimientos de Infantería fueron condecorados entre 1936 y 1939. Según el listado de Defensa, ningún colectivo ha sido reconocido con esta medalla después de 1943. 

“Recordemos que hay títulos nobiliarios otorgados por Franco y que han sido invariablemente renovados por el Ministerio de Justicia, con Gallardón y con el Gobierno socialista”, señala Peinado. Silva señala dos ejemplos que considera palmarios: “Esto sucede con la misma comodidad con la que existe una Fundación que se dedica a la loa del dictador, la Fundación Francisco Franco. O que hay un Arco de la Victoria [conocido como Puerta de Moncloa y construido en los cincuenta] cerca de la residencia de todos los presidentes de la democracia. A ninguno ha parecido molestarle lo suficiente”.

Francisco Franco es un “héroe de España”. Eso considera el Museo del Ejército, un centro público dependiente del Ministerio de Defensa y situado en el Alcázar de Toledo. Así se indica en la cartela que acompaña a un busto del "Generalísimo" situado en la muestra permanente, que luce una pegatina que reproduce la condecoración de la Gran Cruz Laureada de San Fernando. En una carta de respuesta a una visitante que se quejó de este hecho el pasado 2 de julio, el director del museo, Juan Valentín-Gamazo de Cárdenas, confirma la "denominación de héroe al general Franco" otorgada por "pertenecer a la Real y Militar Orden de San Fernando". 

La medalla, máxima condecoración militar, se otorga a miembros de las Fuerzas Armadas o de la Guardia Civil para "honrar el reconocido valor heroico" del condecorado en "acciones excepcionales o extraordinarias" que hayan sido realizadas "en servicio y beneficio de España". En el reverso de la medalla se lee el lema "España a sus héroes", según el reglamento de la Orden. El "Generalísimo", como reza la cartela, recibió la suya a instancias de su propio Gobierno en mayo de 1939 por sus acciones durante la Guerra Civil. El dictador fue condecorado en el conocido como Defile de la Victoria, que tenía como finalidad confirmar la derrota del bando republicano y consagrar a Franco como Caudillo. 

A preguntas de este periódico, un portavoz del Museo del Ejército ha negado que la institución vaya a replantearse retirar el calificativo de "héroe" de las referencias al dictador, pues, aclaran, se aplica todos los que han recibido la Laureada. "No se le ha retirado esa condecoración, no vemos por qué tendríamos que retirar nosotros esa denominación", explican. "Es una condecoración que reconoce el mérito en batalla. También hay héroes en las Fuerzas Armadas", apostillan. Amaiur ya solicitó en 2013 que se retiraran las menciones al dictador como "héroe de España" y como "Generalísimo" en el Museo. El presupuesto del centro ascendió a 120.000 euros para 2016, que salen de las arcas de Defensa. 

Una pegatina polémica

El asunto se ha hecho público a través de la red social Twitter por la queja de una visitante, Mónica Martínez, que acudió al Museo con su familia el pasado 2 de julio. "En general me pareció que no estaba mal, era bastante neutro en las cosas que tocaba y me estaba gustando", cuenta por teléfono. En la sección dedicada a la Guerra Civil se trata también el bando republicano, así como se aborda la Transición democrática. "Me pareció vergonzoso. Esta pegatina les destroza todo el esfuerzo que habían hecho para que la exposición fuera objetiva", opina Martínez. 

Instalación del Museo del Ejército en la que Franco aparece como "héroe de España". / MM

De hecho, al ver la leyenda "Héroes de España" adherida a la cartela, esta visitante pensó que se trataba de un acto de vandalismo de "algún iluminado". Cuando volvió a observarla en una vitrina que albergaba las ropas del dictador, así como en otras figuras militares, vio de que era una iniciativa del museo. "Pedí hablar con un responsable, y me atendieron dos personas muy amables que me me explicaron que tenía que ver con una condecoración. No me pareció una explicación válidad y puse una queja", recuerda. El director del ejército respondió personalmente a esta queja por escrito el 16 de julio. 

La pertenencia del dictador a la Real y Militar Orden de San Fernando fue el argumento esgrimido entonces por los portavoces del Museo, el defendido por el director en su respuesta por escrito a la queja planteada y el reiterado este mismo miércoles a este periódico. "La decisión de poner una pegatina en la que se lea 'Héroe de España' junto a la figura de un dictador no va asociada con la condecoración. Es una decisión el Museo, que elige qué mostrar y qué no y de qué forma, y un juicio de valor sobre la medalla", protesta Martínez. 

La Gran Cruz de Franco

La disposición  que concede a Francisco Franco la Gran Cruz Laureada se publica el 19 de mayo del 39, algo más de un mes después de aquel último parte de la Guerra Civil que reconocía como "cautivo y desarmado" al "Ejército Rojo". Firmada por Francisco Gómez-Jordana y Sousa, general que sería ministro de Franco y su vicepresidente, y por el ministro de Defensa, Fidel Dávila Arrondo, reconoce al dictador como "iniciador y verdadero artífice" del "glorioso Movimiento" que con "pericia y audacia" abrió la ruta desde Marruecos y luchó durante "treinta y seis meses de guerra en que se derrochan arte y valor". Se trata "del Gran Caudillo que al frente de la Nación en armas salva a su Patria". 

La legitmidad de la concesión de la Gran Cruz a Francisco Franco, otorgada por un Gobierno que él mismo controlaba, ha sido cuestionada en varias ocasiones en los últimos años.También se han criticado las condecoraciones similares que otorgó a ciudades como Valladolid y que sirvió, al término de la Guerra Civil, para reconocer a militares que lucharon dentro del bando sublevado. Entre los que ostentan este reconocimiento están militares que participaron en el asedio al Alcázar de Toledo desde el bando sublevado, fuerzas defensoras de ciudades que se adhirieron a los nacionales e integrantes de la División Azul. 

El Ministerio de Defensa recoge en su web una lista de los condecorados que aún vivían tras una resolución de 2001, en la que se observa que todos ellos fueron premiados durante la guerra y la dictadura. El Ministerio trabaja aún en una lista que recoja a todos los merecedores de la medalla a lo largo de la historia de la Orden, fundada en 1812.

Como se ve, se trata de una aportación de la actual dirección de la televisión pública, impuesta por el PP, a a la superación de las secuelas de la guerra civil y al enfrentamiento entre los españoles. Lo hace, claro, de la manera en que la derecha, primero en dictadura, luego en democracia, suele hacerlo: celebrando "la victoria"; ayer eran desfiles militares y recepción en La Granja; ahora son misas –oficiadas por arzobispos– en recuerdo del dictador y películas a su mayor gloria.

Mientras, miles de ciudadanos claman por recuperar los restos de familiares asesinados, perdidos en cunetas y fosas comunes, un derecho fundamental al que el actual gobierno hace oídos sordos y sus voceros califican de "mero revanchismo", de "cosas de carcas, que solo miran al pasado".

Este martes, el PSOE presenta en el Congreso una iniciativa para que RTVE deje de estar al servicio del Gobierno; al tiempo, los Consejos de Informativos reclaman a los grupos políticos la devolución de la independencia y libertad a esos medios públicos, para que estén al servicio de la sociedad en su conjunto.

A la vista de su comportamientos en los últimos cuatro largos años, se trata de una demanda de pura higiene democrática.

La investigación, interpretación y escritura de la historia de la Guerra Civil española ha experimentado notables cambios en las tres últimas décadas desde la conmemoración, en 1986, del cincuentenario de su comienzo, la primera vez que aquel acontecimiento fue recordado y debatido en España en libertad, con diversos actos organizados por algunas universidades e instituciones públicas. Treinta años después, tenemos varios cientos de libros más, acompañados de importantes reflexiones y puestas al día en numerosos artículos en revistas científicas, además de un auténtico boom de documentales, testimonios y divulgación de recuerdos. Una literatura que no cesa, que inunda las librerías, a caballo entre el interés de muchos y el cansancio de otros.

El hecho de que la memoria, o más bien las memorias enfrentadas, se hayan convertido últimamente en eje importante del debate cultural, político e incluso historiográfico indica, por un lado, la fuerza de la persistencia de la Guerra Civil y del franquismo, de un pasado que no quiere irse ni ser olvidado y, por otro, la confrontación entre historia y recuerdos. Los hechos más significativos de la Guerra Civil han sido ya investigados y las preguntas más relevantes están resueltas, pero esa historia no es un territorio exclusivo de los historiadores y, en cualquier caso, lo que enseñamos los historiadores en las universidades y en nuestros libros no es lo mismo que aquello que la mayoría de los ciudadanos que nacieron durante la dictadura o en los primeros años de la actual democracia pudieron leer en textos de Bachillerato. Además, millones de personas nunca estudiaron la Guerra Civil o porque no cursaron Bachillerato o porque nadie les contó la guerra en las asignaturas de Historia.

Los principales avances en el conocimiento de la Guerra Civil se han producido gracias a un grupo notable de historiadores que comenzó a plantear grandes preguntas y reflexiones al material investigado sobre las causas del golpe de Estado, la violencia que generó, la internacionalización del conflicto, la evolución política en las dos zonas y sus protagonistas. Hubo que desafiar primero a la versión histórica de los vencedores de la Guerra Civil, desmontar los mitos de la propaganda franquista, y construir después desde un amplio abanico de fuentes, descubiertas muchas de ellas con el acceso a nuevos archivos, una historia diversa, plural, alejada de ortodoxias, combinando los procedimientos analíticos y técnicos de la investigación rigurosa con la imaginación y el cuidado narrativo.

Los primeros que lo intentaron, con los mimbres disponibles entonces, hace ya más de más de medio siglo, fueron los hispanistas británicos y estadounidenses, autores como Gabriel Jackson, Hugh Thomas o Stanley Payne, y la síntesis, la belleza literaria y el rigor empírico siguen siendo las señas de identidad de sus herederos. Están presentes, de forma muy clara, en las casi 900 páginas de La guerra civil española, de Antony Beevor (Crítica, Barcelona, 2005) y en la extensa obra de Paul Preston, convertido ya en la figura central del hispanismo británico sobre la España del siglo XX, quien sabe siempre buscar nuevos horizontes para sus investigaciones y abrirlos al mismo tiempo a sus discípulos. Su narración sigue siendo fundamentalmente política, pero algunos de sus trabajos recientes dedican un espacio considerable a la biografía, a las historias singulares de hombres y mujeres, a quienes la guerra hirió o marcó sus vidas. El de la biografía así tratada es un terreno apenas labrado por los historiadores españoles y lo que ofrece al final Preston, con sus monografías y síntesis, es uno de los retratos más completos y divulgados, en español e inglés, de la Guerra Civil española (puede verse, como resumen, La guerra civil española, Debate, Barcelona, 2006).

Historia oral e historia cotidiana

La obra de Helen Graham continúa en cierta forma la de Preston: sus monografías sobre el socialismo y la República en guerra están basadas en una notable base documental y tienen como ejes cruciales el análisis de la política y del conflicto de clases. Pero en su concisa y sugerente aproximación (Breve historia de la guerra civil, Espasa Calpe, 2006) hay un enfoque más sociocultural, con miradas más amplias a la historia de las mujeres.

Ésa es una tendencia que se ha consolidado, por otro lado, entre los hispanistas británicos más jóvenes, que atienden menos al discurso explícito de los dirigentes políticos y mucho más a la identidad de grupos, rituales y percepciones culturales. Y también entre algunos historiadores españoles, que aúnan la solvencia de sus planteamientos con el rigor empírico y la elegancia narrativa. Carlos Gil Andrés es uno de ellos y el lector lo podrá comprobar en su Españoles en guerra. La Guerra Civil en 39 episodios (Ariel, 2014), una síntesis de biografías de los principales actores, descripciones de eventos singulares y explicaciones sencillas de procesos complejos.

Entrevistar a hombres y mujeres que habían vivido la Guerra Civil es algo que hizo por primera vez Ronald Fraser a finales de los años setenta. El resultado fue Blood of Spain (Recuérdalo tú y recuérdalo a otros, Crítica, Barcelona, 1979), que en el subtítulo de la traducción al castellano recogía precisamente el término “historia oral”, en un momento en el que no se solía hablar mucho de ese método, y se convirtió en la mejor guía para descubrir las historias escondidas en las dos mitades en que se partió España, las opiniones de las personas que rara vez aparecían representadas en los documentos históricos. Uno de los principales valores de la obra de Fraser, y creo que es por lo que muchos la admiramos desde nuestra primera lectura, es que transmitía las entrevistas como narraciones, con un estilo y lenguaje que sintetizaba de forma magistral la doble faceta objetiva y subjetiva de la historia.

Si juzgamos los avances en la historia de la Guerra Civil por la base empírica aportada, no ha habido, en los últimos 15 años, ningún terreno más fértil que el de los estudios sobre la represión, las víctimas de la guerra y de la violencia política. Antes de los años noventa, los estudios sólidos sobre ese tema tan amplio y relevante eran escasos, lo cual ha sido un argumento esgrimido por algunos para confirmar que, algo de olvido, con pacto o no, y de silencio había habido durante los primeros años de la Transición y de la democracia. Cuando se conmemoró el 60 aniversario del comienzo de la guerra, en 1996, las investigaciones sobre la violencia política habían dado un vuelco radical. La síntesis que sobre ese tema elaboramos varios historiadores (Julián Casanova, Josep María Solé y Sabaté, Joan Villarroya y Francisco Moreno, coordinados por Santos Juliá) dos años después, titulada Víctimas de la guerra civil (Temas de Hoy, 2008), sólo pudo hacerse gracias a los datos e informaciones que habían sacado a la luz numerosos estudios de historia local en la década anterior. Y desde entonces, la bibliografía no ha dejado de aumentar, hasta culminar en la reciente y monumental aportación de Paul Preston, la mejor prueba y más documentada de aquel tiempo de conflictos violentos, de sus orígenes, proceso y consecuencias (El holocausto español. Odio y exterminio en la Guerra Civil y después, Debate, 2011).

El principal mérito de esa extensa bibliografía es que ha logrado plasmar una fotografía exacta de la violencia política en las retaguardias de los dos bandos que lucharon en la guerra. Conocemos gracias a ella el origen, los objetivos, los soportes ideológicos, los actores, aunque más a las víctimas que a los verdugos, las diferentes fases por las que atravesó y sus consecuencias. Se ha elaborado un aparato conceptual para definir las diversas manifestaciones del terror y, como resultado de ese diálogo entre las investigaciones empíricas y las principales teorías sobre la violencia política, la historia de la destrucción del contrario que se abrió con el golpe militar de julio de 1936 apenas tiene zonas ocultas. Algo o mucho se ha tenido que mover en la historiografía española para que un buen grupo de historiadores, jóvenes y no tan jóvenes, haya descifrado la historia, los mitos y las memorias del terror rojo y del fascista, de la violencia de clase y de género, del exterminio del contrario en nombre de Dios y de la Patria y de la cruel y obsesiva persecución sufrida por el clero.

La Guerra Civil española se manifestó en un violento combate político sobre los principios básicos en torno a las cuales debía organizarse la sociedad y el Estado. Para los españoles ha pasado a la historia por la tremenda violencia que generó. Pero, pese a lo sangrienta y destructiva que pudo ser, la Guerra Civil española debe medirse también por su impacto internacional, por el interés y la movilización que provocó en otros países.

España, un símbolo mundial

En el escenario internacional desequilibrado por la crisis de las democracias y la irrupción del comunismo y del fascismo, España era, hasta julio de 1936, una país marginal, secundario. Todo cambió, sin embargo, a partir de la sublevación militar de ese mes. En unas pocas semanas, el conflicto español recién iniciado se situó en el centro de las preocupaciones de las principales potencias, dividió profundamente a la opinión pública, generó pasiones y España pasó a ser el símbolo de los combates entre fascismo, democracia y comunismo.

Lo que era en su origen un conflicto entre ciudadanos de un mismo país derivó muy pronto en una guerra con actores internacionales. Hace ya años que Ángel Viñas abrió caminos en ese complicado asunto de las dimensiones internacionales de la guerra y, entre su extensa obra, el lector puede acudir a La República en guerra: Contra Franco, Hitler, Mussolini y la hostilidad británica (Crítica, 2012).

El historiador no sólo narra, sino que ofrece también lecturas críticas del pasado e introduce debates y diálogo con otros investigadores, revisando mitos y lugares comunes, enfrentándose a las mentiras y propaganda con cientos de documentos y lecturas pertinentes. Uno de los que mejor ha hecho eso en nuestras universidades es Enrique Moradiellos, siempre atento a miradas historiográficas profundas, a la diversidad interpretativa y a la historia con matices (1936. Los mitos de la Guerra Civil, Península, 2004).

Para reconstruir esos acontecimientos más allá de los mitos y memorias, los historiadores tenemos que ampliar el foco, las fuentes y las técnicas de interpretación. E introducir la comparación, una estrategia ajena a la formación académica de la mayoría de los historiadores españoles. Si usamos la comparación como estrategia, la cuestión fundamental no es presentar el pasado de forma “objetiva”, porque ya sabemos que los acontecimientos pretéritos no llegan al historiador en estado puro, sino buscar, a través de similitudes y diferencias con otros países europeos, los rasgos distintivos de la historia de España en ese período convulso. Eso es lo que intenté en España partida en dos. Breve historia de la guerra civil española (Crítica, 2013), un libro que apareció primero en inglés para mostrar a los lectores extranjeros una fotografía de los hechos más significativos y de sus principales actores, la historia de un golpe de Estado contra la República, de la lucha por el poder que desató y de los violentos conflictos que afloraron por todas partes.

Diez libros, en definitiva, para combatir la ignorancia y las manipulaciones. El lector puede recurrir a ellos, a los de otros muchos historiadores solventes o a los de propagandistas y aficionados a la historia encargados de transmitir en un nuevo formato, con panfletos bien cocinados y preparados para la divulgación, las viejas tesis franquistas. Ochenta años después de su final, puede ser el momento de aprender cosas básicas que todo ciudadano informado debería saber sobre la Guerra Civil, pero nunca le enseñaron.

Más allá del recuerdo testimonial y del drama de los que sufrieron la violencia, las generaciones futuras conocerán la historia por los libros, documentos y el material fotográfico y audiovisual que seamos capaces de preservar y legarles. Archivos, erudición, análisis, debates y buenas divulgaciones de los conocimientos. Eso es lo que necesitamos para seguir construyendo las partes del pasado que todavía quedan por rescatar. La propaganda y la opinión son otra cosa.

Se cumplen 80 años del estallido de la Guerra Civil en una ciudad muda y ciega, sin pasado ni memoria. Los vestigios del sitio de Madrid fueron borrados por la mano de los vencedores y olvidados por unos habitantes esculpidos en el silencio y el miedo, primero; y en la ignorancia, después. Es como si jamás hubiese sucedido nada, como si el tiempo que vivimos fuese eternamente feliz y vertical. Esta ausencia de historia es una forma de derrota, algo que nos limita como sociedad civil.

La antigua cárcel de Torrijos, un edificio neomudéjar, situado en el 53 de Conde de Peñalver, es hoy una residencia de ancianos. En la fachada de ladrillo rojo destaca una lápida de la Sociedad General de Autores: “Al poeta Miguel Hernández que compuso en este lugar las famosas Nanas de la Cebolla en septiembre de 1939”. Se inauguró el 15 de octubre de 1985, con el PSOE en el Gobierno y 202 diputados en el Congreso. Es un homenaje incompleto, cobarde: ¿Acaso compuso Hernández su poema más célebre en una residencia de ancianos? Ni una mención a la cárcel en la que se hallaba preso. En 1985 aún se colocaban inscripciones con la verdad oculta.

Al lado del penal de Torrijos estaba la cárcel de Díaz Porlier, ¿o eran en realidad la misma?, una de las más duras tras el final de la guerra. Hoy es el colegio Calasancio de los escolapios. Tampoco hay carteles que rememoren su pasado, sólo uno en una entrada pequeña en la fachada de la calle que le dio nombre; suena a broma macabra: sede de la cofradía del Divino Cautivo. El nombre no es casual, lo eligieron los alumnos del bando vencedor. En ese penal eran frecuentes los suicidios, presos que se arrojaban al vacío. Los llamaban “los pajaritos”.

La suerte del golpe del 18 de julio de 1936 en Madrid se decidió al día siguiente, en los alrededores del Cuartel de la Montaña, donde se encuentra actualmente el templo de Debod. El fracaso de la sublevación del general Joaquín Fanjul impidió a los levantados en armas cobrarse la pieza más importante: la capital, y con ella, tal vez, una victoria rápida. La zona se puebla los fines de semana de turistas, paseantes y corredores. En la entrada hay una escultura de 1972 colgada de unos sacos terreros. Está dedicada a los muertos de un lado. No hay inscripciones. En el parque adyacente se puede leer en una piedra inaugurada en 1970 por Carlos Arias Navarro: “Sobre el solar del histórico cuartel de la Montaña el Ayuntamiento de Madrid construyó este parque siendo alcalde…”. Ni una sola mención a su suerte, a la batalla.

Esther García es experta en el Madrid de 1936. Lleva un mazo de fotocopias con fotos y un mapa de los primeros bombardeos en agosto y octubre. A partir de noviembre serían regulares. Empezaron por las tardes; el humor negro de la ciudad los bautizó como “el té de las cinco”; después, tras el fracaso de la toma de Madrid, sucedían a todas horas, también de noche. A cada número de muertos civiles se respondía con una saca de presos. No fueron tiempos ejemplares para nadie.

Los junkers alemanes y los Caproni y Savoia Marchetti italianos concentraron sus ataques en los barrios bajos (Lavapiés y Latina, sobre todo), y en la zona del paseo del Prado. Dos de sus objetivos eran hotel Gaylord´s en la calle Alfonso XI, sede la Embajada soviética y sus asesores militares, y el hotel Savoy, en la plaza de Platerías, donde descansaban los aviadores rusos.

Balazos en los edificios

Son numerosos los edificios con muescas de bala o de metralla. Las de la Puerta de Alcalá pertenecen a la guerra de la Independencia contra las tropas napoleónicas. En Correos, en la fachada del actual Ayuntamiento, se puede observar la marca de bala en la reja de la ventana más próxima al Prado. A la diosa Cibeles la cubrieron de sacos terreros, lo mismo que a Neptuno. A la primera la bautizaron La linda tapada; al segundo, El emboscado. También hubo medidas especiales para proteger los fondos del Museo del Prado.

Quedo con Esther García en la puerta del Banco de España. Nos acompaña José Antonio Zarza, experto en los frentes de guerra. Pertenece a Gefrema (Grupo de Estudios del Frente de Madrid), una de las pocas organizaciones que realizan recorridos por el Madrid republicano y el Madrid en guerra: la Gran Vía, los frentes de la Ciudad Universitaria, Casa de Campo, el cementerio de la Almudena. El día de nuestra cita está convocada una concentración motera organizada por las Fuerzas Armadas. Algunos podrían parecer ángeles del infierno por sus vestimentas de cuero y los pelos crespos. La inmensa mayoría porta banderas de España.

“Esto era el Ministerio de la Guerra, donde al principio se instaló la Junta de Defensa, después se mudaron al Ministerio de Hacienda, en la calle Alcalá, y a El Capricho, en la Alameda de Osuna”, explica García. En el interior de este cuartel protegido por un hermoso jardín, los generales José Miaja y Sebastián Pozas abrieron en la madrugada del 7 de noviembre las cartas con las órdenes del Gobierno que acababa de trasladarse, con nocturnidad y cierta alevosía, a Valencia. No se sabe si por error, las cartas estaban cambiadas: la de Pozas la leyó Miaja y la de Miaja, Pozas. Ambos desobedecieron adelantándose a la hora en la que debían abrirlas, algo que pudo ser determinante para la suerte de la ciudad. Madrid estuvo expuesto hasta la llegada el día 8 de las primeras unidades de las Brigadas Internacionales, que arribaron en tren y ascendieron por la calle de Atocha en medio de vítores, que fueron amainando por falta de público según se acercaban a las posiciones más adelantas.

Desde la puerta del Cuartel del Ejército se puede admirar la fachada del Banco de España, uno de los edificios más hermosos de la ciudad. En el centro, debajo de la bandera, hay un escudo. Es uno de los pocos escudos republicanos que quedan en Madrid; se diferencia del monárquico en la torre almenada. En la nueva esquina del banco, junto a la calle Marqués de Cubas, estaba la sede del Heraldo de Madrid, el principal diario en aquellos tiempos. Tampoco hay nada que rememore los lugares donde se hallaban los grandes cafés bohemios de Madrid. En lo alto del edificio del BBVA, en la esquina de la calle Alcalá con Sevilla, hay dos cuadrigas cuyo color nada tiene que ver con el resto de la ornamentación de la fachada. Se pintaron de negro para evitar los bombardeos y así siguen casi 80 años después.

Los hoteles de las guerras siempre tienen una mística especial, en las barras de sus bares se cocinaron conspiraciones, aventuras amorosas y crónicas memorables. El Continental de Saigón nos conduce a Thomas Fowler, el personaje de El americano impasible, de Graham Greene. Beirut tenía dos, el Commodere y el Cavalier. Sarajevo está vinculado a su Holiday Inn amarillo que en su cara Sur daba a la avenida de los francotiradores. En Madrid, además de los hoteles de los rusos, estaba el Florida, el de los corresponsales de guerra, el de Ernest Hemingway; aunque muchos de ellos se mudaron al hotel Gran Vía, delante de Telefónica, desde donde enviaban sus cables. Era más seguro, sobre todo las habitaciones que dan a la calle Tres Cruces y estaba más cerca de Chicote, su segunda oficina, el lugar de las grandes juergas. Los proyectiles de artillería disparados desde la Casa de Campo entraban por la calle Jacometrezo. Madrid renombró su Gran Vía como “la avenida del 15 y medio”, por el calibre de los proyectiles. Era una zona peligrosa, como la plaza de Ópera, llena de sacos terreros. La Gran Vía se llenó también de muretes de resistencia para frenar la entrada de las tropas rebeldes.

Del Florida, obra del gran arquitecto y urbanista Antonio Palacios, no queda nada. En su lugar se levantó el Galerías Preciados en Callao, que ahora pertenece a El Corte Inglés. Por supuesto no hay carteles. Palacio es autor de numerosos edificios: Bellas Artes, Correos, el hospital de Maudes, entre otros.

El edificio de Telefónica recibió cerca de 100 impactos durante la guerra, la gran mayoría en la fachada que da a la calle Valverde, la más expuesta al frente de la Casa de Campo. Pese a ser un núcleo de comunicaciones y un punto de observación estratégico, las tropas franquistas lo respetaron. Telefónica era propiedad de la empresa estadounidense ITT, cuyo presidente, Sosthenes Behn, era anticomunista y simpatizante de la causa.

Si regresamos al paseo del Prado, y giramos hacia la plaza de Felipe IV, frente a la iglesia de los Jerónimos, encontramos el monolito al alférez provisional, un cuerpo creado por Franco para paliar las bajas de oficiales durante la Guerra Civil. Su intento de levantamiento por parte del Ayuntamiento de Madrid, presidido por Manuela Carmena, causó un gran escándalo en el PP y sus aliados. Lo mismo que la retirada de una lápida conmemorativa del fusilamiento de ocho carmelitas en el cementerio de Carabanchel, algo más comprensible.

El presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria (ARMH), Emilio Silva, recuerda que en la etapa de Alberto Ruiz-Gallardón al frente de la Comunidad de Madrid se destruyeron 3.500 nichos en el cementerio de la Almudena que el Gobierno de la República había concedido a perpetuidad a los héroes de la defensa de Madrid. “Se destruyó con total impunidad y sin grandes escándalos para levantar otros nuevos que se han vendido a 4.200 euros la pieza”, asegura. No es la única hazaña de Gallardón. Como alcalde retiró en 2007 las farolas republicanas de la Plaza Mayor. “Ha habido una labor consciente y constante de destrucción de todo vestigio que recuerde a la II República”, añade el presidente de la ARMH.

Monumento a los vencedores

Detrás de la plaza de Tirso de Molina, llamada antes del Progreso, se conserva en buen estado un edificio amarillento regido por unas monjas que da a la calle del Amparo. Fue la sede de la Gota de Leche, una institución benéfica. Cuenta Arturo Barea en La forja de un rebelde que ahí ocurrió una matanza de niños, mujeres embarazadas y putas, porque era el barrio en el que vivían muchas de ellas. Fue el 30 de octubre. Barea logró rescatar algunas de las fotos de los niños muertos en la calle del Amparo para utilizarlas como propaganda, para mostrar al mundo lo que estaba pasando. No hay nada que recuerde aquellos muertos ni la importancia de la institución benéfica. Tampoco hay señales en el número 9 de la calle Fomento, donde estuvo una de las checas más sanguinarias en la que actuaba Felipe Sandoval, alias Doctor Muñiz, un pistolero de la CNT. Tampoco en el Cuartel del Ejército del Aire, en la plaza de Moncloa, levantado sobre el terreno en el que estuvo la cárcel Modelo. Madrid es una ciudad sin pasado reciente.

El Arco de la Victoria de Moncloa fue diseñado para conmemorar la victoria militar de Franco. Cuando se empezó a construir en 1950 ya habían pasado los tiempos de exaltación nazi y fascista, el régimen buscaba congraciarse con las potencias aliadas. Nunca se inauguró ni se utilizó para grandes desfiles ni demostraciones, por lo tanto aún es posible inaugurarlo con otro significado. Delante del Arco, mirando hacia la carretera de A Coruña, estaba prevista la colocación de la escultura ecuestre del dictador que acabó delante del Ministerio del Trabajo y que fue retirada, en una rara excepcionalidad, durante los años de la democracia.

La Ciudad Universitaria fue un frente de guerra activo hasta la caída de Madrid a finales de marzo de 1939. En ella lucharon, además de en otros frentes, las Brigadas Internacionales, cuyo puesto de mando se ubicó en la Facultad de Filosofía. Las tropas de Franco lograron crear una bolsa de resistencia, lo que se llama en el argot militar, una cabeza de puente, cuyo vértice era el hospital Clínico.

He estudiado cinco años en la Facultad de Ciencias de la Información y nunca me fijé en un muro que hay a la izquierda, según se sale hacia las escaleras. Se le llamaba el del Botánico. Está cosido a balazos de los franquistas desde sus posiciones en el viaducto de Cantarranas, bajo la carretera de A Coruña; en este puente, los balazos republicanos han desaparecido, alguien decidió enfoscar la pared.

José Antonio Zarza disfruta al contar la historia de los lugares por los que pasamos. Como el de la célebre pintada “¡Viva la Universidad Libre!” que data del invierno de 1947 y que fue realizada con nitrato de plata, que la hacía imborrable. A cada intento de despintar, brotaba de nuevo. Fue un desafío que duró todo el franquismo. Lo que no superó fue la publicación de esta historia en el diario El País. Poco después apareció destrozada.

Aquella pintada provocó la detención de 14 dirigentes del sindicato de estudiantes antifranquista FUE, entre ellos Nicolás Sánchez Albornoz y Manuel Lamana que protagonizaron una espectacular fuga del Valle de los Caídos, donde estaban presos. Contaron con la ayuda de algunos de sus compañeros, entre ellos Carmelo Soria, años después asesinado por Pinochet en Chile, y la colaboración de una joven norteamericana, Bárbara Prost Solomon; además de Barbara Mailer, hermana de Norman Mailer, y Paco Benet, hermano de Joan Benet. De aquella aventura, Fernando Colomo filmó Los años bárbaros.

Se cumplen este 18 de julio 80 años del inicio de la Guerra Civil, y se cumplen en una ciudad sin memoria, con calles que aún honran a generales como Yagüe, responsable de la matanza de Badajoz. La aplicación de la Ley de la Memoria Histórica levanta ampollas. Han pasado 80 años y ese mismo tiempo vertical del que hablábamos no ha resuelto los problemas. Mirar a otro lado nunca cura. Una ciudad sin memoria no es una ciudad en paz. Esta se construye con justicia. Después de tanto tiempo, la única justicia que queda al alcance de todos es la de un relato honesto y completo. La comisión de la memoria histórica de Madrid, que preside Paquita Sauquillo, tiene un trabajo ímprobo y difícil. Sauquillo me dijo que, a su entender, más que sobrar placas y monumentos, faltan otros muchos.

Han pasado 80 años y este país sigue, de alguna manera, en una trinchera mental. La diferencia con Alemania e Italia es que en esos países el fascismo fue derrotado. Aquí ganó la guerra y tuvo el premio de 40 años de dictadura, que los casi 40 años de democracia no han sabido desmontar. El ruido por el monolito al alférez provisional contrasta con el silencio ante la destrucción de los nichos de la Almudena. Muertos de primera, muertos de segunda. Han pasado 80 años, pero la guerra entre las dos Españas, las de Antonio Machado, sigue latente. Ya no son los frentes universitarios, ahora son las palabras. Si fuésemos franceses, Madrid estaría repleta de rutas que explicaran su historia en esos años. No sólo es higiénico y urgente para los habitantes de la ciudad, es que, además, podría ser un negocio. El Madrid del No pasarán sigue siendo un motor de emociones. Como el Guernika de Picasso, el cuadro inabarcable.

Entre el 17 y el 20 de julio de 1936 se definió toda la historia contemporánea española. Eso defiende el historiador Enrique Moradiellos (Oviedo, 1961), especializado en la Segunda República, la Guerra Civil y el primer franquismo, en Historia mínima de la Guerra Civil española (Turner), un volumen que pretende contener, en menos de 300 páginas, los antecedentes, hechos y consecuencias más relevantes de esos tres años que son aún una herida en la memoria colectiva.

Moradiellos recuerda que los cuarteles no fueron entonces únicamente el lugar en el que se fraguó la traición al régimen democrático, sino también el primer espacio en el que se desarrolló la primera fase de la lucha: "La sublevación de julio de 1936 comenzaba como una guerra civil en el seno del ejército y sus primeras víctimas serían los mandos militares opuestos a la intentona o que fracasaron en la tentativa insurreccional". 

Pregunta. ¿Queda algún punto ciego para la historiografía en el golpe de Estado del 18 de julio del 36?

Respuesta. En estos años de democracia se han conocido muchísimos aspectos del fenómeno de la guerra y de sus orígenes. De la conspiración militar, de la crisis sociopolítica previa, de esos tres días de julio que fueron cruciales, porque en tres días un golpe militar se transforma en una guerra civil. Sigue habiendo cosas que continúan más o menos en la penumbra, que quizás nunca lleguemos a saber porque han fallecido las personas que podrían hablar. Pero, en  trazos gruesos, creo que ya está bastante aclarado todo. Aunque la verdad histórica es revisable, porque no es una obra divina, sino humana.

P. ¿Se conocen los juegos de afiliaciones y disputadas en el interior del ejército en ese momento?

R. Sí, el golpe militar que se inicia el 17 de julio del 36 a las cinco de la tarde –la consigna era el 17 a las 17— está fraguado por una conjura militar en la que participan algunos altos mandos, muchos oficiales, y que cuenta con apoyo de políticos civiles derechistas. Esto está claro. Pero, ojo, es un golpe faccional: es un sector del ejército que no es mayoritario el que participa en la conjura. Son exactamente cuatro generales de división, de 18 que había; la mitad de los generales de Brigada; un 70% u 80% de los jefes de Estado Mayor, de la oficialidad; muy poco representada la Guardia de Asalto, que era la policía nacional; solo la mitad de la Guardia Civil; menos de la mitad del Cuerpo de Carabineros de fronteras… Si se hubiera sublevado todo el ejército, hubiera pasado como en septiembre del año 23: Primo de Rivera, capitán general de Cataluña, de acuerdo con casi todo el alto mando militar, se pone en marcha para ocupar el poder, desplazar a los civiles y mandar como mandan los militares, que es mediante dictadura, principio de orden y disciplina, doy una orden y aquel que no la cumpla, que lo fusilen o lo arresten. Eso no sucedió. En julio del 36, aquellos que creyeron que iban a repetir lo del 23, se equivocaron. Tampoco sucedió lo que pensaban otros, y estoy pensando en Largo Caballero y quizás en el propio Gobierno republicano, que creían que iba a ser algo parecido a agosto del 32, cuando el general Sanjurjo, al frente de una guarnición en Sevilla y unas unidades en Madrid, intentó dar un golpe de Estado. Eso fue una intentona muy fracturada, con un apoyo territorial escaso. En julio del 36 no pasó ni lo que en el 23 ni lo que en el 32, sino otra cosa: que el golpe militar amplio, pero no unánime, se encontró con que tenía enfrente a otras otras tantas guarniciones que se oponían a su actuación. El golpe triunfó en la mitad de España y fracasó en la otra mitad. En ese resultado ambiguo se abre el escenario de la Guerra Civil. 

P. Defiende que es esta fragmentación inicial del ejército lo que motiva la Guerra Civil, por encima de otras consideraciones políticas o sociales.

R. Lo pienso yo y lo piensa mucha gente. Una cosa importante a la hora de estudiar esto es no pensar que somos únicos. Somos 46 millones de 7.000, y el ejército ha dado golpes en Birmania, en América Latina, en Croacia y Eslovenia, en Francia e Italia. La guerra fue posible porque había armamento y jefes capaces de operar como unidades armadas en los dos lados. La división del ejército, que reduplicaba la de la sociedad, eso sí, es lo que da origen a la guerra. Hay una cosa que llama la atención: ¿cómo es posible dar un golpe militar y no tener un jefe en Madrid, donde se pone al frente un general retirado, o en Barcelona, a donde se desplaza Goded desde Mallorca porque tampoco tiene un líder? Porque no contaban con gente allí. El hermano del general Mola, que estaba destinado en Barcelona, advertía “aquí no va a haber nada, no hay quien se ponga al frente”. En Madrid, hubo conato de sublevación, pero mandos, ninguno. Lo sorprendente es que llegaran a una prueba de fuerza de ese tipo con un complot insuficiente. Salas Larrazábal, que escribía en los años setenta y era hombre condecorado por el franquismo, lo decía: "El golpe pecó de superficial al ignorar la fuerza del enemigo".

P. ¿Qué mitos desmonta esta visión?

R. El régimen vencedor dice que el ejército español se levantó para salvar la vida de la patria, pero olvidan que empezaron matándose entre ellos. Y las izquierdas quieren ver que fueron las milicias las que plantaron cara, pero olvidan que antes de ellos fueron un general Aranguren, un general Escobar los que aplastaron en Barcelona a los sublevados. Aquí ha interesado a todos no ver las cosas: el bando franquista, porque es duro admitir que fue una facción que rompió la disciplina militar; y el bando republicano, porque era complicado decir que allí donde pudieron luego hacer la guerra, había sido gracias a militares, en ocasiones conservadores.

P. Describe cómo las milicias sirven más como sustento moral que como fuerza de combate.

R. Sobre todo en los primeros momentos. Hacer la guerra es una cosa muy importante, lo vieron los anarquistas andaluces que creyeron que sacando la escopeta de caza detendrían a los regulares. Pues no, no solo no los detuvieron sino que avanzaron cientos de kilómetros en menos de tres meses. Es imparable el progreso de esas tropas que, curtidas en el combate, dejan a su paso un reguero de milicianos mal armados y peor formados. Las milicias lo que luego consiguen hacer es ser el único elemento coactivo en la zona republicana, por lo que los sindicatos y los partidos de izquierda se conviertan en el elemento básico para dominar el territorio y llevar a cabo la limpieza en retaguardia del enemigo. Ahí sí que serán operativos. Pero en octubre el gobierno tiene que decretar la regularización de las tropas: ya no hay milicas, sino soldados, reemplazos. Los milicianos son 100.000 y 100.000 en cada uno de los bandos, pero la guerra la hacen los jóvenes reclutados por quintas, de entre 18 y 35 años, que son llamados al frente. Soldados del pueblo, no gente que va voluntaria. Si hubiera sido por los entusiastas, no hubiera habido guerra. Pero el ejército nacional fue 1,8 millones, y el republicano de 1,6 aproximadamente. Tenemos 3 millones de hombres movilizados, que son los que hacen la guerra.

P. ¿Cuál es el sustento social a esa confrontación en el ejército que se ve en un primer momento?

R. La población civil estaba muy dividida, como se ve en los resultados electorales de las elecciones de febrero del 36, plenamente democráticas, en las que el Frente Popular ganó por 200.000 votos absolutos. Lo que pasa es que el sistema electoral favorecía mucho a la mayoría que ganaba, y eso hacía que el gobierno de izquierdas fuera imbatible en las Cortes aunque estuviera muy equilibrada la situación en el país. Cuando la guerra estalla, la población de derechas, de confesión católica, los pequeños propietarios agrarios, las burguesías de zonas más tradicionales están enseguida con el bando nacional, creando las condiciones de apoyo para sostener al ejército insurgente. Por su parte, los proletarios de la zona industrial, la población campesina y jornalera, desde luego está del lado del gobierno republicano y partidos y sindicatos de izquierdas. La fractura social estaba ahí, y fue sobre ella que los militares empezaron a planificar el golpe. El mito de que la guerra la hicieron cuatro generales y tres curas, que son los que se sublevan contra el pueblo español, es un mito ridículo que no sé si alguien sostiene, pero la historiografía no.

P. Otra cosa es que la gente estuviera dispuesta a mantener una guerra durante tanto tiempo.

R. La gente no se imaginaba que iba a durar tanto tiempo. Lo malo de tomar las armas para abandonar las urnas es que abres las puertas a un infierno, a un abismo que no sabes hasta dónde llega. De una manera muy ligera se levantaron pensando en una guerra rápida. Pero, ¿y si eso no sucede? ¿Y si generas cientos de miles de muertos y tantos expatriados? Aquellos que en el 36 creyeron que el ejército venía a poner orden, a dar un golpe en la mesa y luego todo se acababa, se equivocaron miserablemente. Aquellos que creyeron que si lo intentaban iba a ser mejor para nosotros porque vendría la revolución, se equivocaron miserablemente. Por eso luego entre la población española quedó tan imunizada hacia la violencia como fuerza legitimadora. “Por la causa, yo mato”. Sí, pero también morirás.

Este lunes se cumplen ocho décadas del golpe de Estado de 1936, un acontecimiento que arrastró a España a uno de los episodios más oscuros de su historia: la guerra civil y la posterior dictadura. Sin embargo, a pesar de que ya han pasado ochenta años de todo aquello, y más de cuatro décadas desde la muerte del dictador, las víctimas del franquismo siguen olvidadas bajo tierra. También los responsables de torturas, asesinatos y desapariciones forzadas durante todos aquellos años, que a día de hoy permanecen impunes. Personas como Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño, el más cruel de los inspectores de la Brigada Político Social (BPS), que ha esquivado todos los procedimientos abiertos contra él escudándose en la Ley de Amnistía de 1977, una normativa que permanece vigente después de 39 años.

Al menos 20 países del mundo mantenían en 2009 en su ordenamiento jurídico normas de este tipo. España era, junto con Bosnia y Macedonia, uno de los tres Estados del Viejo Continente que conservaban leyes de amnistía, según se recoge en el estudio Global comparison of amnesty laws elaborado por la doctora Louise Mallinder, investigadora del Transitional Justice Institute de la Universidad de Ulster. A pesar de que varios organismos internacionales ya han recomendado a nuestro país derogar, o por lo menos reformar, la conocida como Ley 46/1977 para que no obstaculice las investigaciones judiciales relacionadas con los crímenes del franquismo, sigue sin haber movimientos en este sentido.

El relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Pablo de Greiff, abrió la lata y solicitó al Ejecutivo español –durante la legislatura de Mariano Rajoy– "valorar las alternativas y privar de efecto las disposiciones de la Ley de Amnistía que obstaculizan todas las investigaciones y el acceso a la justicia sobre violaciones graves de los derechos humanos cometidas durante la Guerra Civil y el franquismo". Le siguió el Grupo de Desapariciones Forzosas de la ONU en un informe de julio de 2014. Y un mes más tarde fue el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que pidió "eliminar todos los obstáculos jurídicos de carácter interno que puedan impedir investigaciones judiciales de los casos de desapariciones forzadas".

Necesaria en su momento pero erróneamente interpretada

El historiador Pepe Reig explica que la Ley de Amnistía de 1977 era, por aquel entonces, "absolutamente necesaria". "Era una de las principales reivindicaciones tras un franquismo que había estado persiguiendo actividades que en cualquier parte del mundo democrático se consideraban normales", añade en conversación telefónica con infoLibre. Sin embargo, lamenta que en el último tramo se terminase incorporando un articulado que recogía también como delitos amnistiables "los que hubieran cometido las fuerzas de orden público o los poderes del Estado", algo que fue aceptado con el objetivo de que la norma saliese adelante y se pudiese alcanzar la tan ansiada democracia. "Se aceptó pensando que no iba a tener las consecuencias que luego ha tenido. Ahora se utiliza para no revisar los delitos del franquismo", sentencia.

"En una situación muy concreta como la que se vivió entonces, supuso la salida pactada para sacar de las cárceles franquistas a tantos demócratas presos que se encontraban allí", recuerda el exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. El presidente de Fibgar lamenta que "el sector franquista" lo aprovechase como "un punto y final", imponiendo "la impunidad". "Borrón y cuenta nueva a costa de las víctimas de la dictadura", completa el exmagistrado, que asegura que las víctimas del franquismo han quedado "desamparadas" a causa de un abandono que "consintieron" los políticos.

"El problema es cómo se está interpretando por parte de los tribunales españoles", señala a este diario Lydia Vicente, directora ejecutiva de Rights International Spain (RIS). La abogada y consultora internacional señala que la normativa "habla de delitos políticos, y los crímenes internacionales así como los actos de tortura y genocidio no se pueden meter en esta categoría". En su opinión, la normativa "no debería evitar" investigaciones o diligencias de investigación, por eso lamenta que la actitud de los tribunales se base en "hay una demanda, una denuncia, y directamente se archiva en aplicación de la ley de amnistía". "Yo creo que nunca se pensó aplicar de esta manera. Considero que tenía sentido para los presos políticos, pero dudo que se confeccionase para aplicarla a los autores de violaciones graves de derechos humanos".

Una opinión que comparte Daniel Canales, investigador de Amnistía Internacional. "La interpretación es contraria al derecho internacional", apunta, y recuerda lo que dice el artículo 1.c de la citada normativa: quedan amnistiados "todos los actos de idéntica naturaleza e intencionalidad a los contemplados en el párrafo anterior realizados hasta el seis de octubre de mil novecientos setenta y siete, siempre que no hayan supuesto violencia grave contra la vida o la integridad de las personas". "La ley reconoce que hay delitos que por su naturaleza no pueden eximir al Estado de su responsabilidad de investigarlos y sancionarlos", asevera Canales en conversación con este diario. 

El exjuez de la Audiencia Nacional se expresa del mismo modo. Garzón explica que los crímenes de lesa humanidad "no prescriben" y, por lo tanto, tienen que ser investigados "hasta sus últimas consecuencias". El presidente de Fibgar añade que existe una "omisión constante" de la justicia española en este sentido: "O bien los jueces que aplican dicha ley no quieren complicarse la vida y se atienen a lo que hay ahí escrito o bien otros jueces con voluntad política concreta consideran que ese tema no hay que investigarlo y se aferran a la Ley de Amnistía o se escudan en ella como excusa", sentencia. Por ello, considera que "no tiene sentido" que la 46/1977 "se mantenga vigente a día de hoy", principalmente por "el uso que determinados tribunales están realizando de ella".

Ambos activistas por la defensa de los derechos humanos recuerdan las ocasiones en las que organismos internacionales han recomendado a España que derogue la normativa o, por lo menos, que la aplique de modo que no obstaculice estas investigaciones. Canales lamenta que el Gobierno utilice el argumento de que son recomendaciones, y no denuncias por incumplimiento de tratados internacionales, para no moverse: "Nosotros entendemos que las recomendaciones deben ser cumplidas por el Estado español". "Tiene que cumplirlas, porque si no estaría menoscabando el propio sistema internacional de protección de los derechos humanos", añade Lydia Vicente.

Almudena Bernabeu, directora del Programa Jurídico de Latinoamérica y de Justicia Universal del Center for Justice and Accountability de San Francisco (EEUU), argumenta que esta situación en España es una "prueba de nuestra inmadurez democrática", de "nuestra ignorancia" y de la "falta de visión democrática de nuestros jueces". "Además de ser contrario a toda la legalidad internacional", sentencia. Algo que también señala Garzón: "No he visto en ningún país del mundo una mayor insensibilidad institucional frente a la comisión de crímenes masivos y sistemáticos como los que se cometieron durante el franquismo". "No puede consolidarse una cultura democrática en España sin que se examine el carácter criminal del régimen y las barbaridades que cometieron", añade Reig.

España, a la altura de países como Mozambique 

Según el estudio Global Comparison of Amnesty Laws, en agosto de 2009 21 países del mundo a lo largo de todo el mundo mantenían leyes de amnistía que dificultaban las investigaciones, a pesar de las constantes denuncias de los organismos internacionales y de las organizaciones de derechos humanos: Argentina, Chile, Colombia, El Salvador, Guatemala, Haití, Uruguay, Afganistán, Camboya, Indonesia, Tomor-Leste, Bosnia-Herzegovina, Macedonia, España, Argelia, Iraq, Angola, Mozambique, Sierra Leona, Sudáfrica y Uganda.

Sin embargo, de este listado se debería retirar al país del tango, que derogó en 1983 la llamada Ley de Pacificación Nacional –su eliminación permitió condenar al dictador Jorge Rafael Videla y al militar Emilio Massera, responsables de crímenes de lesa humanidad, a cadena perpetua– y en 2003 la conocida como Ley 23.492 de Punto Final, otro texto jurídico incubado durante el mismo periodo de la dictadura militar que protegía a todos aquellos que hubiesen cometido durante estos años delitos de desaparición forzada. Estos pasos dados han permitido también que a finales de 2016 se condenase a 15 responsables del Plan Cóndor a entre 12 y 25 años de prisión.

Desde Chile se dio el paso definitivo en septiembre de 2014, cuando el Gobierno de Michelle Bachelet anunció su intención de derogar el decreto ley 2.191 del 10 de marzo de 1978, la ley de amnistía con la que se intentaron cubrir las espaldas los responsables de crímenes durante la dictadura de Augusto Pinochet –miles de asesinatos, desapariciones forzosas o torturas–. Se ponía punto y final al texto redactado por la entonces ministra de Justicia, Mónica Madariaga: "Concédase amnistía a todas las personas que en calidad de autores, cómplices o encubridores hayan incurrido en hechos delictivos durante la vigencia de la situación de estado de sitio, siempre que no se encuentren actualmente sometidas a proceso o condenadas".

El Gobierno chileno se había comprometido públicamente ante Naciones Unidas a anular este decreto. Lo hizo unos meses antes, al someterse en Ginebra al escrutinio del Comité de Derechos Humanos de la ONU, que vela por el respeto de la Convención Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, de la que es estado parte. El nuevo decreto permitirá investigar, sin traba judicial alguna, casos como el del diputado del partido derechista Renovación Nacional, Rosauro Martínez Labbé, presuntamente implicado en la muerte de tres opositores chilenos durante la dictadura militar –Patricio Alejandro Calfuquir, Próspero del Carmen Guzmán y José Eugenio Monsalve, militantes del Movimiento de Izquierda Radical (MIR)–.

"Afortunadamente, las leyes de amnistía han sido paulatinamente no aplicadas o derogadas en la mayoría de los países de Latinoamérica, lo que no siempre ha implicado justicia. Pero lo que sí es cierto es que su eliminación ha supuesto en casi todos los casos un paso definitivo en la lucha de las víctimas por la verdad y la justicia", explica Bernabeu. Argentina, Perú, Guatemala, Uruguay o Paraguay, por ejemplo, ya han dejado atrás ese tipo de normativas. Pero la abogada señala como "interesante" el caso chileno, donde aún con la ley en vigor "una serie de jueces a cargo de las investigaciones por los crímenes cometidos durante la dictadura dejaron de aplicarla al considerarla contraria al pacto de derechos civiles y políticos y a otros documentos internacionales".

Garzón se refiere al caso de Guatemala. "Ha ido sorteando la situación y han celebrado sus propios juicios. Son avances lentos, como subraya Amnistía Internacional, pero se están dando pasos para resolver las violaciones de derechos humanos y crímenes perpetrados durante el conflicto armado que se produjo entre 1960 y 1996", explica. Y señala como ejemplo el proceso contra el expresidente y ex comandante en jefe del Ejército guatemalteco, José Efraín Ríos Montt, que ha continuado lentamente "gracias a que una corte de apelaciones de la Ciudad de Guatemala" declaró que el decreto de amnistía no se podía aplicar a los crímenes de lesa humanidad y genocidio. "Pero se ha vuelto a paralizar", lamenta. Sin embargo, el exjuez de la Audiencia Nacional asevera que en el país centroamericano hay "jueces y fiscales valientes" comprometidos contra "la impunidad": "Es memorable la valentía y convicción con la que actúan", concluye.

Inconstitucional en El Salvador

También está puesta en cuestión, desde el pasado jueves, la ley de amnistía en El Salvador, promulgada en 1993 por el entonces presidente Alfredo Cristiani. El pasado jueves se conoció que el Tribunal Supremo de Justicia del país centroamericano la ha declarado "inconstitucional" al ser "contraria al derecho" de acceso a la justicia de las víctimas de la guerra civil durante el conflicto entre 1980 y 1992, que se saldó con 75.000 muertos y casi 8.000 desaparecidos. La normativa, del mismo modo que en España, estaba bloqueando las investigaciones relacionadas con las atrocidades cometidas durante el conflicto.

Bernabeu conoce bien el caso de El Salvador. Preguntada por la sentencia asegura que "si jueces y fiscales hacen su trabajo, la derogación definitiva como paso legislativo no es necesaria". "Dice claramente que la ley no se aplica y que, por lo tanto, la obligación de investigar y perseguir es a todas luces vinculantes", añade. Investigar y perseguir crímenes como el de los seis jesuitas, cinco de ellos españoles, asesinados en noviembre de 1989 por los militares salvadoreños, un proceso en el que ella ejerce de acusación particular. "Entre otros argumentos, ellos se amparan en la vigencia de la ley de amnistía para evitar ser procesados o investigados, tanto en casa como internacionalmente. De la misma forma, siguen esgrimiendo este argumento para no extraditar a españa a los responsables", afirma.

La abogada encuentra relación entre la interpretación que se hace en España de la normativa y la que se hace en el país centroamericano. "Una ley de impunidad", dice. Preguntada entonces por las diferencias entre los países latinoamericanos y el nuestro, no tiene dudas: "La falta de un proceso de justicia transicional, tal y como debe ser. (...) Durante la Transición no hubo consideración de víctimas, ni esfuerzos de dignificación. (...) Hasta que España acepte que en ese proceso no se reconoció el valor, sufrimiento y lucha de muchas personas, no habrá paz y seguridad definitivas", sentencia Bernabeu.

“Italia y Alemania hicieron mucho por España en 1936 (…) Sin la ayuda de ambos países no existiría Franco hoy”, le dijo Adolf Hitler a Galeazzo Ciano, ministro de Asuntos Exteriores italiano y yerno de Benito Mussolini, en septiembre de 1940. Es una sentencia que resume perfectamente lo que muchos contemporáneos creyeron entonces y algunas investigaciones confirmaron décadas después: que la intervención fascista y nazi había sido decisiva para la derrota de la República o para la victoria de los militares que se sublevaron contra ella en julio de 1936.

El golpe de Estado de julio de 1936 inauguró en España un tiempo sin ley. La obediencia a la ley fue sustituida por el lenguaje de las armas, el desprecio a la vida y el culto a la violencia. Bajo esas circunstancias, sin ley que obedecer, sin miedo al castigo, aparecieron por todas partes bandas de asesinos, amparadas por los militares, por terratenientes y burgueses asustados por la revolución, que organizaban cacerías y ajustes de cuentas. Donde el golpe militar fracasó, sonó la hora de la ansiada revolución y del juicio final a los patronos, ricos y explotadores. Sin reglas ni gobierno, sin mecanismos de coerción obligando a cumplir leyes, la venganza y los odios de clase se extendieron como una fuerza devastadora para aniquilar al viejo orden.

Porque la Guerra Civil española ha pasado a la historia, y al recuerdo que de ella queda, por la deshumanización del contrario, por la espantosa violencia que generó. Simbolizada en las “sacas”, “paseos” y asesinatos masivos, sirvió en los dos bandos en lucha para eliminar a sus respectivos enemigos, naturales o imprevistos.

En esa operación de limpieza, los militares sublevados contaron desde el principio con la inestimable bendición de la Iglesia católica. El clero y las cosas sagradas, por otro lado, constituyeron el primer blanco de las iras populares, de quienes participaron en la derrota de la sublevación y de quienes protagonizaron el “terror popular” emprendido en el verano de 1936. De esa forma, la religión católica y el anticlericalismo se sumaron con ardor a la batalla que sobre temas fundamentales relacionados con la organización de la sociedad y del Estado se estaba librando en territorio español.

Dentro de esa guerra hubo varias y diferentes contiendas. En primer lugar, un conflicto militar, iniciado cuando el golpe de Estado enterró las soluciones políticas y puso en su lugar las armas. Fue también una guerra de clases, entre diferentes concepciones del orden social, una guerra de religión, entre el catolicismo y el anticlericalismo, una guerra en torno a la idea de la patria y de la nación, y una guerra de ideas, de credos que estaban entonces en pugna en el escenario internacional. Una guerra imposible de reducir a un conflicto entre comunismo o fascismo o entre el fascismo y la democracia. En la guerra civil española cristalizaron, en suma, batallas universales entre propietarios y trabajadores, Iglesia y Estado, entre oscurantismo y modernización, dirimidas en un marco internacional desequilibrado por la crisis de las democracias y la irrupción del comunismo y del fascismo.

En julio de 1936, el ejército español carecía de armamento moderno, tenía un cuerpo inflado de jefes y oficiales y exceptuando a los efectivos destinados en África, el grado de organización y preparación de las distintas unidades era bastante deficiente. Era una institución anticuada y todos sus altos mandos eran veteranos del conflicto de Marruecos, donde habían adquirido la experiencia de luchas coloniales contra un enemigo “primitivo”, pero ninguno de ellos había participado en una guerra moderna.

Como consecuencia del triunfo o fracaso de la sublevación militar de julio de 1936, que dejó a España partida en dos zonas con dos contendientes enfrentados, el Gobierno de la República, que disponía en principio de más territorio, recursos económicos y con las ciudades más importantes y pobladas en su poder, se quedó sin fuerzas militares y sin capacidad para organizar de forma disciplinada a las milicias revolucionarias que nacieron en lugar del ejército. Los militares sublevados, por el contrario, contaban con las tropas de África, que pudieron pasar muy pronto a la Península gracias a la ayuda de la Alemania nazi y de la Italia fascista y eran profesionales que sabían las reglas básicas de la técnica militar.

La guerra fue larga, casi tres años, y antes de perderla, la República fue castigada de forma lenta, abandonada a su suerte por las potencias democráticas, con batallas que dejaban a sus tropas diezmadas frente a un ejército, el de Franco, que siempre pudo disponer de la ventaja de la ayuda exterior.

En los tres meses que siguieron a la sublevación de julio de 1936, la guerra fue una lucha entre milicianos armados, que carecían de los elementos básicos que caracterizan a los ejércitos, y un poder militar que concentraba todos los recursos a golpe de autoridad, disciplina, con la declaración del estado de guerra, y que pudo contar casi desde el principio con los efectivos bien adiestrados del ejército de África.

La batalla de Madrid, en noviembre de ese año, inauguró una nueva forma de hacer la guerra y transformó a ese grupo de milicianos en soldados de un nuevo ejército. Tras el fracaso en diferentes intentos de tomar Madrid, desde noviembre de 1936 a marzo de 1937, Franco cambió su estrategia bélica y optó por librar una guerra de desgaste, de ocupación gradual del territorio y de aplastamiento completo del ejército republicano. Su superioridad material y ofensiva le condujo dos años después al triunfo definitivo.

La sublevación militar de julio de 1936 obligó a la República, un régimen democrático y constitucional, a combatir en una guerra que ella no inició. Lo que siguió a ese golpe militar, además, fue el estallido de una revolución social que el Estado republicano, al perder una buena parte de su fuerza y soberanía, tampoco pudo impedir. Un proceso revolucionario iniciado de forma súbita, violenta, dirigido a destruir las posiciones de los grupos privilegiados, de la Iglesia, del ejército, de los ricos, pero también de las autoridades republicanas que querían mantener la legalidad.

Hasta que fue derrotada, el 1 de abril de 1939, la República pasó por tres diferentes etapas, con tres presidentes de Gobierno. La primera, presidida por el republicano José Giral (1879-1962), estuvo marcada por la resistencia a la sublevación militar y la revolución. Como Giral no representaba a los nuevos poderes revolucionarios y sindicales que emergieron en el verano de 1936, tuvo que dimitir y dejar paso al dirigente obrero y socialista Francisco Largo Caballero (1869-1946), quien inició, con la colaboración de todas las fuerzas políticas y sindicales, la reconstrucción del Estado, la creación de un ejército regular y el control de la revolución. Tras los graves sucesos de mayo de 1937, le sustituyó Juan Negrín (1892-1956), diputado socialista y catedrático de Universidad, que se propuso como uno de sus principales objetivos cambiar la política de No Intervención de las potencias democráticas. Los tres presidentes murieron en el exilio: Giral en México y Largo Caballero y Negrín en París.

Quienes se alzaron contra la República tuvieron menos dificultades para encontrar un mando único militar y político. El general Francisco Franco fue desde el 1 de octubre de 1936 “Jefe de Gobierno del Estado Español”. Sus compañeros militares que le encaramaron al poder pensaban que ese cargo era provisional, que la guerra acabaría pronto con la conquista de Madrid y que después sería el momento de pensar en la organización política del nuevo Estado. Tras el fracaso de los diferentes intentos de tomar la capital, sin embargo, Franco se convenció, guiado por su cuñado Ramón Serrano Suñer, de que hacía falta la unificación de todas las fuerzas políticas en un partido único.

“Jefe del Gobierno del Estado Español”, Caudillo, Generalísimo de los Ejércitos, líder indiscutible del “Movimiento”, como se le llamó al partido único, Franco confirmó su dominio absoluto con la creación el 30 de enero de 1938 de su primer Gobierno, en el que distribuyó cuidadosamente los diferentes ministerios entre militares, monárquicos, falangistas y carlistas. La construcción de ese nuevo Estado fue acompañado de la eliminación física del oponente, la destrucción de todos los símbolos y políticas de la República y de la búsqueda de una victoria rotunda e incondicional sin posibilidad de mediación alguna.

En ese camino Franco contó con el apoyo y bendición de la Iglesia católica. Obispos, sacerdotes y religiosos comenzaron a tratar a Franco como un enviado de Dios para poner orden en la “ciudad terrenal” y Franco acabó creyendo que, efectivamente, tenía una relación especial con la divina providencia. Emergió así la Iglesia de Franco, que se identificaba con él, que lo admiraba como Caudillo, como un enviado de Dios para restablecer la consustancialidad de la cultura tradicional española con la fe católica.

Partida España en dos, la Guerra Civil se manifestó en un violento combate político sobre los principios básicos en torno a las cuales debía organizarse la sociedad y el Estado. Pero, pese a lo sangrienta y destructiva que pudo ser, la Guerra Civil española debe medirse también por su impacto internacional, por el interés y la movilización que provocó en otros países.

El apoyo internacional a los dos bandos fue vital para combatir y continuar la guerra en los primeros meses. Conforme avanzaba la guerra, la política de No Intervención, los desequilibrios de las fuerzas materiales, la participación de la Alemania nazi y de la Italia fascista y la retracción, en el mejor de los casos, de las democracias occidentales, fueron, junto con la desunión en la zona republicana y la unión en la franquista, factores decisivos para inclinar la victoria final del lado de los militares sublevados.

Los militares sublevados en julio de 1936 ganaron la guerra, efectivamente, porque tenían las tropas mejor entrenadas del ejército español, al poder económico, estaban más unidos que el bando republicano y los vientos internacionales soplaban a su favor. Después de la Primera Guerra Mundial y del triunfo de la revolución bolchevique en Rusia, ninguna guerra civil podía ser ya sólo “interna”. Cuando empezó la Guerra Civil española, los poderes democráticos estaban intentando “apaciguar” a toda costa a los fascismos, sobre todo a la Alemania nazi, en vez de oponerse a quien realmente amenazaba el equilibrio de poder. La República se encontró, por lo tanto, con la tremenda adversidad de tener que hacer la guerra a unos militares sublevados que se beneficiaron desde el principio de esa situación internacional tan favorable a sus intereses.

A la República no le faltó dinero ni tampoco tuvo escasez de armamento. En realidad, la República gastó una cantidad de dinero similar para perder la guerra a la que Franco utilizó para ganarla, unos setecientos millones de dólares en cada bando, pero el material bélico que adquirió a través de las reservas de oro del Banco de España fue inferior, en cantidad y calidad, al que las potencias fascistas suministraron a los militares rebeldes. Y lo más importante es que Franco recibió siempre esa ayuda de forma constante, mientras que la ayuda soviética dependió, además de otros factores, del entendimiento entre Moscú y las potencias democráticas occidentales.

Los bandos que se enfrentaron en España eran tan diferentes desde el punto de vista de las ideas, de cómo querían organizar el Estado y la sociedad, y estaban tan comprometidos con los objetivos por los que tomaron las armas, que era difícil alcanzar un acuerdo. Y el panorama internacional, de nuevo, tampoco dejó espacio para las negociaciones. De esa forma, la guerra acabó con la aplastante victoria de un bando sobre otro, una victoria asociada desde ese momento a los asesinatos y atrocidades que se extendían entonces por casi todos los países de Europa.

Atrás había quedado una guerra de casi mil días, que dejó cicatrices duraderas en la sociedad española. El total de víctimas mortales se aproximó a 700.000, de las cuales 100.000 corresponden a la represión desencadenada por los militares sublevados y 55.000 a la violencia en la zona republicana.

El éxodo que emprendió la población vencida dejó también huella. “La retirada”, como se conoció a ese gran exilio de 1939, llevó a Francia a unos 450.000 refugiados en el primer trimestre de ese año, de los cuales 170.000 eran mujeres, niños y ancianos. Unos 200.000 volvieron en los meses siguientes, para continuar su calvario en las cárceles de la dictadura franquista.

Tras el final oficial de la Guerra Civil, el 1 de abril de 1939, la destrucción del vencido se convirtió en prioridad absoluta. Comenzó en ese momento un nuevo período de ejecuciones masivas y de cárcel y tortura para miles de hombres y mujeres. El desmoronamiento del ejército republicano en la primavera de 1939 llevó a varios centenares de miles de soldados vencidos a cárceles e improvisados campos de concentración. A finales de 1939 y durante 1940 las fuentes oficiales daban más de 270.000 reclusos, una cifra que descendió de forma continua en los dos años siguientes debido a las numerosas ejecuciones y a los miles de muertos por enfermedad y desnutrición. Al menos 50.000 personas fueron ejecutadas entre 1939 y 1946.

Las aguas volvieron a su cauce. La victoria del ejército de Franco en la guerra supuso el triunfo absoluto de la España católica. El catolicismo volvía a ser la religión oficial del Estado. Todas las medidas republicanas que la derecha y la Iglesia habían maldecido fueron derogadas. La Iglesia recuperó todos sus privilegios institucionales, algunos de golpe, otros de forma gradual. Y la Iglesia católica vivió una larga época de felicidad plena, con un régimen que la protegió, la colmó de privilegios, defendió sus doctrinas y machacó a sus enemigos.

España vivió a partir de abril de 1939 la paz de Franco, las consecuencias de la guerra y de quienes la causaron. Quedó dividida entre vencedores y vencidos. Las iglesias se llenaron desde antes del final de la guerra de placas conmemorativas de los “caídos por Dios y por la Patria”. Por el contrario, miles de asesinados por la violencia iniciada por los militares sublevados en julio de 1936 nunca fueron inscritos ni recordados con una mísera lápida y sus familiares andan todavía buscando sus restos. El proyecto reformista de la República y todo lo que esa forma de gobierno significaba fue barrido y esparcido por las tumbas de miles de ciudadanos; y el movimiento obrero, sus organizaciones y su cultura, resultaron sistemáticamente eliminados en un proceso más violento y duradero que el sufrido por otros movimientos europeos de resistencia al fascismo.

El discurso del orden, de la patria y de la religión se había impuesto al de la democracia, la República y la revolución. En la larga y cruel dictadura de Franco reside, en definitiva, la gran excepcionalidad de la historia de España del siglo XX, si se compara con la de los otros países capitalistas occidentales. Fue la única dictadura, junto con la de Antonio de Oliveira Salazar en Portugal, creada en la Europa de entreguerras que sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial. Muertos Hitler y Mussolini, Franco siguió treinta años más. El lado más oscuro de esa guerra civil europea, de ese tiempo de odios, que acabó en 1945, tuvo todavía larga vida en España.

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Julián Casanova es catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza, autor de España partida en dos. Breve historia de la guerra civil española (Crítica) 

Según informaron dichas asociaciones, tal petición, de la que se hará entrega en el propio Ayuntamiento a las 12,00 horas de este próximo lunes, también recoge la demanda de que "se reconozca la figura del alcalde de Córdoba" en el momento del golpe militar, el socialista Manuel Sánchez Badajoz.

Se da la circunstancia de que la actual alcaldesa, la también socialista Isabel Ambrosio, reivindicó en su toma de posesión el pasado año la figura de Sánchez Badajoz, el cual, según han recordado las asociaciones de la memoria, "por defender las instituciones democráticas ante los golpistas, fue fusilado el día 8 de agosto de 1936, junto a los concejales Pedro León Fernández, Pedro Ruiz Santaella, Francisco Copado Moyano y el diputado Vicente Martín Romera".

El acto de este próximo lunes ante las puertas del Ayuntamiento está convocado por la Plataforma por la Comisión de la Verdad, CCOO, UGT, Aremehisa, Círculo de la Memoria, Foro por la Memoria, Foro Ciudadano y Germinar.