El Gobierno de Canarias mantiene este domingo la alerta por lluvias en las islas occidentales y en Gran Canaria, y rebaja a prealerta la de viento desde el mediodía, debido al paso de la borrasca Therese por el archipiélago.

En las islas de Fuerteventura y Lanzarote continúa la prealerta por lluvia, informa la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias.

Este domingo se aproxima a Canarias el centro de la borrasca, con precipitaciones más desorganizadas que en días anteriores, y núcleos convectivos que pueden producir chubascos dispersos, puntualmente intensos y que podrían estar asociados con actividad eléctrica.

Tienen una distribución e intensidad difíciles de predecir y podrían afectar a cualquier punto de las islas, especialmente por la tarde y noche del domingo y hasta la madrugada del lunes.

En la tarde del domingo se esperan precipitaciones que podrían ser puntualmente intensas, especialmente en las cumbres de El Hierro, La Palma y Tenerife.

Tanto en el nordeste de Tenerife como en las cumbres y el suroeste de Gran Canaria podrán ser más persistentes.

Ya por la noche, los chubascos podrán ser puntualmente intensos y persistentes en el este de La Palma y de La Gomera.

En cuanto al viento, este domingo disminuye la actividad frontal y amaina el soplo del viento asociado con ella.

Todavía puede haber rachas puntualmente importantes, sobre todo en La Palma, en las cumbres y especialmente en el sur de Cumbre Vieja, así como en las cumbres centrales de Tenerife y de Gran Canaria.

Las intensas y persistentes lluvias registradas hasta el momento por el paso de la borrasca Therese por Canarias, han generado numerosas incidencias en varias carreteras de las islas occidentales y Gran Canaria, como caída de piedras de grandes dimensiones, ramas y tierra.

A ello se suma la crecida de barrancos, cuyo desborde ha afectado a algunas carreteras.

La borrasca Therese ha reducido su intensidad durante la madrugada de este domingo, con menores acumulados de lluvia pero con rachas de viento aún fuertes que han alcanzado los 118 kilómetros por hora en Izaña (Tenerife), según datos de las estaciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Las rachas más intensas se han registrado en Izaña, con 118 km/h; seguido del Alto Igualero, en Vallehermoso (La Gomera), con 111 km/h; mientras que en Agüimes (Gran Canaria) se han alcanzado los 85 km/h.

En Vega de San Mateo (Gran Canaria), las rachas llegaron a los 84 km/h, y en Sabinosa (El Hierro) el viento alcanzó los 82 km/h.

En cuanto a precipitaciones acumuladas, se han recogido 18,8 litros por metro cuadrado en Vega de San Mateo (Gran Canaria) hasta las 07:00 horas, 17,6 en Cuevas del Pinar, en San Bartolomé de Tirajana, hasta las 08:00, y 17,6 en Tejeda hasta las 08:10, cifras bastante menores que durante la madrugada del sábado, cuando por ejemplo en la Vega de San Mateo se recogieron 55 litros por metro cuadrado.

También se han registrado 17,0 litros/m² en Las Tirajanas, hasta las 07:00, y 15,6 en el Roque de los Muchachos (La Palma) hasta las 08:10h.

Las temperaturas mínimas han sido unos grados por encima en comparación con jornadas anteriores, con 0,2 ºC en Izaña (Tenerife), 0,6 ºC en las Cañadas del Teide y en el Roque de los Muchachos (La Palma), mientras que en Vega de San Mateo (Gran Canaria) se han registrado 4,1 ºC y en el Alto Igualero (La Gomera), 5,2 ºC.

Por su parte, el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias ha gestionado desde la medianoche y hasta las 08:00 horas menos de una decena de incidentes relacionados con la borrasca, principalmente por caída de ramas y piedras en vías, achiques de viviendas y problemas en el alumbrado público.

Sin embargo, el 112 ha advertido de que, aunque mejore el tiempo, continúa el riesgo de desprendimientos en carreteras del interior de las islas occidentales y Gran Canaria, por lo que recomienda evitar desplazamientos innecesarios y seguir las indicaciones de las autoridades.

El Gobierno de Canarias ha activado este sábado la alerta por riesgo de inundaciones pluviales y por desprendimientos en las islas occidentales y en Gran Canaria, con motivo del paso del frente de la borrasca Therese, que azota el archipiélago desde el pasado miércoles, según recoge EFE.

En el resto de islas, Fuerteventura, la situación respecto al riesgo de inundaciones pluviales será de prealerta.

Así, la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias, en base a la información disponible, ha señalado que en las islas de mayor relieve continúan esperándose intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos en vertientes orientadas al sur y oeste, y con precipitaciones que serán persistentes y ocasionalmente fuertes, especialmente en medianías.

En el resto de las vertientes las precipitaciones serán, en general, menos frecuentes y menos probables, de modo que el riesgo de inundaciones pluviales y fluviales se produce por la persistencia de las precipitaciones en zonas altas y de medianías.

"Existe riesgo de inundaciones locales urbanas, y por crecimiento súbito de barrancos y pequeños cauces que puede llegar a zonas bajas, especialmente en las vertientes sur y oeste. Cabe la posibilidad de que pequeños núcleos y diseminados queden aislados, así como evacuaciones preventivas", ha señalado el Gobierno autonómico.

Respecto a los desprendimientos, el Ejecutivo hace referencia a las importantes cantidades acumuladas de lluvia caída en las islas montañosas, donde se están registrando múltiples desprendimientos que han afectado a la circulación, especialmente en las medianías y zonas de cumbre, con caída de piedras, ramas y árboles, e incluso cortes de carreteras en todas estas islas, lo que ha provocado el aislamiento de algunos barrios y caseríos.

"Por ello, se actualiza la Situación del Plan Territorial de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias (PLATECA), pasando a Alerta para realizar un seguimiento más estrecho de las afectaciones a infraestructuras y viviendas por desprendimientos de tierra, y tanto por las incidencias en curso como por los nuevos incidentes que pudieran registrarse", señala el Gobierno.

Ante el aumento del caudal y la persistencia de las lluvias, en coordinación con el Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Agaete, se ha desalojado de manera preventiva los barrios de Los Pérez y El Hornillo ante la posibilidad de que el embalse empiece a aliviar en las próximas horas.

Las personas desalojadas han sido trasladadas al IES Pepe Dámaso habilitado para su acogida.

Las intensas y persistentes lluvias registradas durante esta madrugada y las primeras horas del día, junto con el acumulado alcanzado por el paso de la borrasca Therese, están generando incidencias por varias carreteras de las islas occidentales y Gran Canaria como caída de piedras de grandes dimensiones, ramas y tierra afectando a la circulación total o parcial de las mismas, destaca el Gobierno.

A esto se suma la crecida de barrancos que, en algunos casos, su desborde está afectando a carreteras de las islas más montañosas.

La Dirección General de Emergencias hace un llamamiento a la población para que evite desplazamientos innecesarios, sobre todo por vías secundarias y del interior.

Desde el comienzo de este episodio de meteorología adversa y hasta las 10:00 horas de hoy, sábado 21 de marzo, el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad CECOES 112 Canarias, ha gestionado 1.105 incidentes por el paso de la borrasca Therese.

Por provincias, Santa Cruz de Tenerife suma el 60,03% con la mayoría de ellas (335) y Las Palmas el 41,5%.

De cara a las próximas horas, se espera que continúen las precipitaciones que pueden ser persistentes y ocasionalmente fuertes, especialmente en las medianías de las islas occidentales y Gran Canaria.

En el resto de las vertientes serán, en general, menos frecuentes y probables.

Por ello, el Gobierno de Canarias mantiene activas las alertas por lluvias, viento y fenómenos costeros en las islas occidentales y Gran Canaria, y la prealerta en el resto. Se mantiene la prealerta por tormentas y la prealerta por nevadas en Tenerife.

El Gobierno exige que las comunidades autónomas cumplan con la reubicación de menores migrantes no acompañados procedentes de Canarias, Ceuta o Melilla y no teme que prosperen los recursos del PP y de Castilla-La Mancha que pretenden frenar esta medida en los tribunales, según informa EFE.

El cruce de declaraciones ha continuado este miércoles, cuando se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el último decreto aprobado para poner en marcha el reubicación obligatoria de estos menores por todo el país, que fija la capacidad ordinaria de acogida de cada comunidad y entra en vigor el jueves.

La meta es derivar a alrededor de tres mil menores y también a los que lleguen a Canarias, Ceuta y Melilla a partir de septiembre. Al margen de este proceso, el Gobierno está comenzando a asumir la atención de otro millar de menores solicitantes de asilo, tal y como le ordenó el Tribunal Supremo.

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y el de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, han advertido de que las comunidades autónomas están obligadas a cumplir con la ley que regula esta derivación y que de no hacerlo habrá consecuencias legales y tendrán que actuar las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. 

"No me cabe en la cabeza que nadie vaya a negarse a acoger en sus territorios y aceptar la tutela", ha asegurado Torres en Televisión Española, donde ha explicado que si alguna lo hiciese, "lógicamente tendrían que intervenir las fuerzas y cuerpos de seguridad y hacer que se cumpla la legislación".

Ambos ministros han defendido que los parámetros no dan ventajas a ninguna comunidad y son objetivos y transparentes: pueden pedir el traslado de menores las autonomías que tripliquen el ratio de acogida de 32,6 menores por cada cien mil habitantes y se aplicarán además parámetros como el esfuerzo previo, la renta, la insularidad o la situación fronteriza. 

Ni el Gobierno ni Canarias ven recorrido a los recursos interpuestos ante el Tribunal Constitucional o el Tribunal Supremo por parte de once autonomías, dos de las cuales pedirán la suspensión cautelar de este sistema.

Al respecto, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha argumentado que tanto el Supremo como el Constitucional han abogado por anteponer la protección de los menores y que además el tribunal de garantías señaló que la cuestión de los menores era una "competencia concurrente de comunidades y Gobierno de España". 

Canarias, que triplica el ratio de migrantes que debería acoger, ha pedido humanidad al resto de comunidades autónomas, con el argumento de que acoger a 4.000 menores no puede ser un problema en un país con 49 millones de habitantes. 

Clavijo ha denunciado además xenofobia y fascismo: "Hay que aprender a gestionar la cuestión migratoria con dignidad y no utilizarla como una herramienta para la política xenófoba y fascista que en muchas ocasiones tiene que ver con el color de piel. Hemos gestionado la llegada de cientos de miles de ucranianos sin esta contestación por parte del populismo de derechas xenófobo y fascista que estamos viendo".

Por su parte, la consejera canaria de Bienestar Social, Candelaria Delgado, ha firmado este miércoles la petición al Ministerio de Infancia y Adolescencia para que declare la contingencia migratoria en Canarias, el último paso legal para activar los traslados de los menores migrantes no acompañados a otras autonomías y aliviar la presión en los territorios de primera acogida.

La contingencia migratoria es una figura recogida en el nuevo decreto ley aprobado ayer por el Consejo de Ministros y que, según ha afirmado la consejera autonómica, con esta medida se hacen efectivos los procedimientos necesarios para poner en marcha los traslados entre comunidades e insiste en la necesidad de que el Estado acelere sus ritmos de trabajo para dar cumplimiento a la Ley.

La titular de Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno regional precisa además en un comunicado que, a partir de la declaración de contingencia migratoria, los menores migrantes no acompañados que lleguen a las islas deberán ser enviados a otras comunidades autónomas en un plazo de quince días.

También ha agregado que los que se encuentran ya en Canarias y superen la cifra asignada deberán ser enviados a otras autonomías antes de mitad de marzo de 2026, que es la fecha señalada en la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería.

En cuanto a los medios necesarios para ejecutar estos inminentes traslados, señala Delgado que "llevamos mucho tiempo trabajando con el Gobierno de España para poner en marcha la distribución de los menores extranjeros no acompañados e imagino que están esforzándose para cumplir con la ley y contar con las infraestructuras necesarias”.

“En Canarias estamos adoptando medidas extraordinarias, que se traducen en la contratación de personal de refuerzo para resolver lo antes posible los expedientes necesarios para proceder, lo antes posible, al traslado de estos menores”, concluye Candelaria Delgado.

Entre tanto, continúan las quejas de otras autonomías. Denuncian imposición y falta de diálogo, mientras que el Gobierno recuerda su plantón en la Conferencia Sectorial de Infancia, de cara a abordar una regulación que, ante la ausencia de acuerdo, permitía al Ejecutivo fijar los parámetros.

Este miércoles, Andalucía ha vuelto a denunciar un trato de favor al País Vasco, que el Gobierno niega, y ha reclamado de nuevo que se le aplique el criterio de frontera, que actualmente solo se aplica a Ceuta y Melilla. 

Castilla-La Mancha, gestionada por el PSOE, ha defendido que es imposible la acogida sin financiación estatal suficiente, mientras que La Rioja ha pedido el dato concreto de cuántos menores debe acoger. 

Además, la presidenta balear, la popular Marga Prohens, ha calificado de "amenaza y matonismo" la advertencia de Torres de que si se incumple la ley actuarán las fuerzas de seguridad del Estado. "¿Me enviarán a qué a las fuerzas de seguridad?", ha cuestionado.

Por el momento, los datos de futuras derivaciones que se conocen son provisionales y se deben recalcular a la baja, restando al millar de solicitantes de asilo que atenderá el Estado. 

Sin esa resta, Andalucía (677 jóvenes), Madrid (647) y Comunidad Valenciana (571) son las comunidades que más menores deben recibir. En la lista seguían Castilla-La Mancha (320), Galicia (317), Aragón (251), La Rioja (205), Castilla y León (197), Extremadura (159), Cantabria (156) Asturias (144) Región de Murcia (133) Navarra (188) e Islas Baleares (49).

Por el esfuerzo de acogida realizado hasta la fecha, ni País Vasco ni Cataluña tendrían que acoger a ningún joven, aunque la Generalitat catalana anunció su intención de atender como mínimo a 31.

La consejera canaria de Bienestar Social, Candelaria Delgado, ha firmado este miércoles la petición al Ministerio de Infancia y Adolescencia para que declare la contingencia migratoria en Canarias, el último paso legal para activar los traslados de los menores migrantes no acompañados a otras autonomías y aliviar la presión en los territorios de primera acogida.

La contingencia migratoria es una figura recogida en el nuevo decreto ley aprobado ayer por el Consejo de Ministros y que, según ha afirmado la consejera autonómica, con esta medida se hacen efectivos los procedimientos necesarios para poner en marcha los traslados entre comunidades e insiste en la necesidad de que el Estado acelere sus ritmos de trabajo para dar cumplimiento a la Ley.

La titular de Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno regional precisa además en un comunicado que, a partir de la declaración de contingencia migratoria, los menores migrantes no acompañados que lleguen a las islas deberán ser enviados a otras comunidades autónomas en un plazo de quince días.

También ha agregado que los que se encuentran ya en Canarias y superen la cifra asignada deberán ser enviados a otras autonomías antes de mitad de marzo de 2026, que es la fecha señalada en la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería.

En cuanto a los medios necesarios para ejecutar estos inminentes traslados, señala Delgado que "llevamos mucho tiempo trabajando con el Gobierno de España para poner en marcha la distribución de los menores extranjeros no acompañados e imagino que están esforzándose para cumplir con la ley y contar con las infraestructuras necesarias”.

“En Canarias estamos adoptando medidas extraordinarias, que se traducen en la contratación de personal de refuerzo para resolver lo antes posible los expedientes necesarios para proceder, lo antes posible, al traslado de estos menores”, concluye Candelaria Delgado.

La ciudad autónoma de Ceuta ha comenzado a preparar la documentación para elevar al Gobierno la solicitud formal de declaración de contingencia migratoria extraordinaria, al igual que ha hecho Canarias.

Según ha informado el Ejecutivo ceutí, la petición se fundamenta en que la ciudad supera en un 629% la capacidad de acogida que le corresponde en virtud de la nueva normativa. El Real Decreto fija que Ceuta debería acoger a 27 menores, mientras que en la actualidad tutela y atiende a más de 510 niños y adolescentes llegados de manera irregular.

La administración local ha adelantado que reclamará al Gobierno central la “máxima celeridad” en la aplicación de la “ley en vigor” para garantizar que a partir de ahora los menores puedan ser redistribuidos de forma equitativa entre las comunidades autónomas, aliviando así la presión que soporta Ceuta desde hace años.

La intención del Ejecutivo presidido por Juan Vivas es tener toda la documentación lista este jueves, coincidiendo con la entrada en vigor del real decreto, para que la solicitud formal pueda ser remitida de inmediato al Gobierno. La declaración de contingencia migratoria extraordinaria permitiría a la ciudad activar mecanismos de apoyo y agilizar la derivación de los menores.

El Ejecutivo de Ceuta ha insistido en que la situación que atraviesa es insostenible, tanto por la saturación de sus recursos de acogida como por las dificultades para atender adecuadamente a los menores y con esta petición, confía en que la normativa aprobada sirva para dar una respuesta eficaz a una problemática que ha venido denunciando de manera reiterada.

La Abogacía de las Islas Baleares estudia la fórmula para solicitar al Gobierno la declaración de contingencia migratoria con el propósito de no recibir a menores migrantes no acompañados procedentes de Canarias, Ceuta o Melilla, y centrarse así en la atención de los cerca de 700 que tiene a día de hoy.

La intención del Govern es presentar esta declaración porque los 'consells insulars', competentes en la atención de menores, soportan una sobreocupación de un 1.000%.

Según el decreto del Gobierno, para poder pedir la contingencia migratoria, la comunidad debe triplicar su capacidad de acogida, que en el caso de Baleares es de 406 menores, según estableció el Ministerio de Juventud e Infancia el pasado 31 de marzo para regular las condiciones del reparto. A Baleares le correspondería acoger a 49 de estos niños, según el decreto.

Fuentes del Ejecutivo autonómico han insistido a EFE que Baleares continuará cuidando de los menores migrantes no acompañados que han llegado en patera a las islas, cuya cifra se incrementa semana tras semana, pero que no cuenta con medios materiales y humanos para ocuparse de los de otras comunidades.

En lo que va de año han llegado de forma irregular a las Islas Baleares 4.819 migrantes (mayores y menores de edad), mientras que la cifra total de 2024 fue de 5.882 migrantes.

El delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, ha afirmado este miércoles que las islas no se encuentran en situación de contingencia migratoria, como ocurre en Canarias y Ceuta, aunque ha considerado que podrían estarlo en el futuro y que dicha categoría podría ser solicitada por el Govern al Estado.

Rodríguez ha señalado que el Ejecutivo balear, con su intención de pedir la contingencia migratoria, plantea soluciones “pensando solo en las Islas Baleares” y no en la dimensión de un problema que debe abordarse a nivel estatal, con una respuesta “coordinada, sensible, digna y humanitaria como país”.

La Radio Televisión Canaria (RTVC) vive en una situación de excepcionalidad crónica. Las leyes que la regulan, en las que está previsto elegir hasta cuatro órganos, se convirtieron durante años en papel mojado ante la imposibilidad de los partidos representados en el Parlamento autonómico de llegar a un acuerdo para decidir su composición.

La situación llegó a un punto en el que el actual Gobierno de la comunidad, presidido por el nacionalista canario Fernando Clavijo y del que forma parte el PP, aprobó, en octubre de 2023, un decreto ley para atajar el problema. En él, a la vista del “fracaso” del modelo de regulación de sus medios públicos y de la “situación crítica” a la que se había llegado, así como de la incapacidad institucional para resolver la situación, decidió dar cobertura legal al nombramiento de un administrador general elegido por mayoría absoluta en el Parlamento de Canarias. La misma mayoría que forma el actual Ejecutivo.

No es de extrañar: la conexión entre la actual administradora y el Ejecutivo de Clavijo no puede ser más evidente. María Méndez Castro fue elegida para el cargo con 36 votos a favor (CC, PP, ASG y AHI) y 28 abstenciones (PSOE, NC y Vox). Méndez, economista de profesión, llegó al puesto directamente desde el Gobierno canario, en el que ocupaba la Dirección General de Relaciones Exteriores adscrita a la Presidencia del Gobierno.

Aquel decreto, presentado como una medida “transitoria y extraordinaria”, justificada por la “situación de absoluto bloqueo y paralización institucional que padece el ente público”, lleva en vigor casi dos años, la mitad de la legislatura en la comunidad.

Según la Ley 13/2014 de Radio y Televisión Públicas de la Comunidad Autónoma de Canarias, aprobada por el Parlamento el 26 de diciembre de 2014, deberían haberse constituido cuatro órganos encargados de garantizar el funcionamiento ordinario del ente público: Junta de Control (equivalente a un consejo de administración), Dirección General, Consejo Asesor y Consejo de Informativos. Pero la falta de acuerdo parlamentario ha imposibilitado su nombramiento.

Entre 2018 y 2023, la dirección de RTVC estuvo en manos de la figura de un administrador único, que a su vez fue concebida como “un remedio extraordinario, interino y transitorio” a la espera de que el Parlamento lograra designar los órganos de gestión. Fueron otros cinco años durante los cuales los grupos parlamentarios han sido incapaces de nombrar director general ni lograron constituir los órganos previstos por ley.

El Gobierno de Clavijo justificó el decreto de 2023 ante esta “situación crítica y de fracaso institucional”, con el fin de garantizar el funcionamiento pleno de un servicio público que considera “esencial” para la comunidad autónoma. En el espíritu de aquella medida supuestamente transitoria, el Ejecutivo anunció su intención de “asumir la iniciativa legislativa” y elevar al Parlamento de Canarias un proyecto de nueva Ley de RTVC que sustituya a la “fracasada” normativa vigente de 2014. De hecho, nada impide, sobre el papel, cumplir la ley original, que sigue vigente, y designar Junta de Control o Dirección General, para lo cual basta con mayoría absoluta en el Parlamento.

El resultado es una normativa que incumple, en todos sus términos, las exigencias del Reglamento Europeo de Libertad de los Medios, aprobado en 2024. Una norma que exige que todos los medios públicos de la Unión cumplan una serie de condiciones para garantizar su sostenibilidad e independencia, y que blinde al mismo tiempo el trabajo de sus profesionales frente a cualquier intento de injerencia política.

La Directiva Europea demanda garantías de independencia editorial, transparencia en los nombramientos y financiación adecuada y previsible para los medios públicos, así como mecanismos claros para proteger la independencia de los profesionales y la pluralidad informativa.

En Canarias, por ejemplo, no existe un Consejo de Redacción, lo que limita la capacidad de la plantilla de RTVC para canalizar denuncias internas sobre injerencias o censura. Esto dificulta cumplir plenamente con los estándares europeos de independencia editorial y protección de los profesionales.

En los últimos años, se han sucedido algunas denuncias públicas de manipulación informativa y quejas de trabajadores por falta de independencia política. En 2018, una periodista de Televisión Canaria denunció públicamente la censura de un reportaje crítico con una iniciativa del Gobierno regional, alegando que la dirección de informativos vetó la pieza por considerarla “tendenciosa y escorada”, y que solo se permitiría su emisión si incluía opiniones favorables a la postura oficial.

La periodista señaló entonces un punto esencial, que es precisamente lo que el Reglamento Europeo de Medios ha venido a poner sobre la mesa: la carencia de un Consejo de Redacción como vía interna para denunciar estas situaciones, una reivindicación respaldada por la plantilla y por los partidos políticos de la izquierda del arco parlamentario, que también han criticado la censura y la manipulación en los informativos de la cadena.

Otro ejemplo, más reciente. En 2024, durante una tertulia en la que se trataba el tema del caso Mascarillas en Canarias y la querella de la Fiscalía contra varios empresarios, la presentadora del programa interrumpió a uno de los contertulios cuando mencionó el asunto: “Órdenes de dirección”, se justificó la presentadora.

Lo ocurrido motivo un pronunciamiento crítico de la Asociación de Periodistas de Tenerife (APT) subrayando que “se hace necesario e indispensable reactivar los órganos de seguimiento y control de la Televisión Pública Canaria creados ex profeso para su equilibrado funcionamiento”.

Los diez primeros menores solicitantes de protección internacional que han sido trasladados desde Canarias hasta la península se encuentran desde esa madrugada en Gijón, han informado a EFE fuentes del Gobierno asturiano. Se trata de nueve malienses y un senegalés, todos ellos mayores de 16 años, que han sido acogidos en las instalaciones que en esta ciudad asturiana tiene la ONG Accem, que han llegado acompañados de varios educadores, según informa EFE.

Las mismas fuentes han señalado que, aunque la tutela sigue siendo del Gobierno canario, el traslado se ha llevado a cabo de forma coordinada y comunicada por parte del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar del Principado.

La consejera asturiana, Marta del Arco, ha incidido en que tienen carácter de refugiados y que por lo tanto es el Ministerio de Inclusión quien gestiona los traslados al estar sujetos al programa de protección internacional, pero que estos menores seguirán estando tutelados por Canarias y acogidos por Accem, que tiene suscritos convenios de colaboración.

Desde el Ayuntamiento de Gijón, que gobierna Foro Asturias en coalición con el PP, han asegurado desconocer la operación y que no se les informó de manera directa de la llegada de este primer grupos de menores. No obstante, el segundo teniente de alcaldesa y portavoz del Gobierno municipal, Jesús Martínez Salvador, ha asegurado que "el Ayuntamiento, con todos sus servicios, estará para colaborar en lo que sea" y que poco más tenía que decir por el momento, pero que siempre es mejor tener información que no tenerla.

Más crítica se ha mostrado la vicealcaldesa y portavoz del PP gijonés, Ángela Pumariega, que ha calificado de "inadmisible" que no se comunicara al Ayuntamiento la llegada de este grupo de menores ni por parte del Gobierno central, ni del que preside en Asturias Adrián Barbón. "Es el colmo de la deslealtad institucional" ha afirmado la vicealcaldesa de Gijón para quien esta forma de actuar "pone de manifiesto, una vez más, el completo caos en que ha tornado la política migratoria nacional".

En su opinión, se están repartiendo menores "sin un plan claro de integración y sin una distribución equitativa entre todas las autonomías" ya que hay "una exclusión deliberada de comunidades como Cataluña o el País Vasco, para no incomodar a los socios independentistas de Pedro Sánchez". Con el trasladado de este primer grupo de jóvenes el ejecutivo avanza en el cumplimiento de la orden del Tribunal Supremo para que el Estado se haga cargo, con sus recursos, de estos solicitantes de asilo.

El alto tribunal ordenó al Gobierno el pasado 25 de marzo que se hiciera cargo de alrededor 1.000 menores migrantes no acompañados que habían solicitado asilo en las islas, en respuesta a unas medidas cautelares solicitadas por Canarias. La mayoría de menores solicitantes de asilo que ha entrado en este proceso presenta un perfil "altamente vulnerable" y muchos de ellos han huido solos de guerras. Casi el 90 % son malienses y entre ellos hay niñas y adolescentes, según fuentes ministeriales.

El Gobierno central y el del archipiélago mantienen una reunión interadministrativa cada martes para trabajar en el traslado de estos menores solicitantes de asilo y lo previsto es que a partir de esta primera derivación haya dos traslados semanales de entre 15 y 20 jóvenes. La intención es priorizar en un primer momento el empleo de recursos pequeños y que con el avance de las semanas se pongan más recursos disponibles encima de la mesa. En el proceso deberá prevalecer siempre la integridad, el bienestar y el interés superior de cada menor, lo que implica un estudio individual de cada caso para decidir el destino final.

Por su parte, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha pedido respeto para los menores solicitantes tras ser retirada, en menos de 24 horas, una pancarta "nazi" en Gijón que pedía su expulsión.

En declaraciones a los periodistas, la ministra ha recalcado que la decisión de su ministerio es no contar públicamente el destino de los niños o niñas solicitantes de asilo que, en cumplimiento de una decisión del Tribunal Supremo, están siendo derivados a recursos de acogida estatales, para "evitar que la persecución de la que huyen se reproduzca" en España.

Sin embargo, pese a esta decisión ha trascendido públicamente que los primeros diez menores trasladados han sido reubicados en Gijón, de donde según fuentes ministeriales han tenido que retirar esta pancarta. Ante este hecho, la ministra ha pedido no poner el foco en los niños y niñas que serán reubicados en centros de titularidad estatal, en cumplimiento de lo ordenado por el Tribunal Supremo, y ha pedido colaboración a todas las administraciones, sin excepciones, al ser preguntada si también se derivará la acogida de estos menores a recursos estatales en Madrid.

El Tribunal Supremo ha ordenado al Gobierno central y al de Canarias que le remitan un informe quincenal sobre la situación de los más de 1.000 menores migrantes solicitantes de asilo que debe acoger el Estado en su red de protección internacional, tal y como ordenó el pasado 25 de marzo. En una providencia recogida por EFE, la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha requerido este miércoles a ambos ejecutivos que, cada 15 días, remitan un informe conjunto sobre los avances producidos en este ámbito, después del acuerdo alcanzado entre ambas partes para que el Estado acoja a estos jóvenes.

El Supremo ordenó al Gobierno el pasado 25 de marzo que se hiciera cargo de alrededor de 1.000 menores migrantes no acompañados que habían solicitado asilo en las islas, en respuesta a unas medidas cautelares solicitadas por las Islas Canarias. Tras una vista en la que comparecieron altos cargos del Ministerio del Interior y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el alto tribunal volvió a ordenar el pasado 5 de junio la urgente adopción de medidas, en este caso bajo advertencia de posibles sanciones para los responsables.

Finalmente, hace una semana, el Gobierno central y el de Canarias anunciaron un acuerdo para cumplir con la orden del Supremo, con un calendario de actuaciones y el foco puesto en "el interés superior del menor", es decir, decidiendo en función de cada caso, según la situación personal de los chicos.

En esta misma reunión, el Ejecutivo se comprometió a que el Ministerio de Migraciones daría de alta "de manera inminente" en el Sistema de Atención Humanitaria y Protección Internacional a 827 de estos jóvenes, alta que se formalizó el pasado lunes.

Además, el martes tuvo lugar una reunión entre ambas partes, en la que el Gobierno central ofreció 400 plazas definitivas en la Comunidad de Madrid para estos chicos, además de las 250 de tránsito ya anunciadas en Las Palmas de Gran Canaria. Para ello, el Gobierno pretende utilizar el Centro de Recepción, Atención y Derivación (Creade) de Pozuelo, una instalación que se habilitó inicialmente para atender a los refugiados de Ucrania.

En el encuentro, Canarias solicitó que, tras las 650 plazas puestas a disposición, se habiliten las demás hasta alcanzar las 1.290 que, según el Gobierno autonómico, corresponden a los todos los menores con solicitud de protección internacional que están en las islas.

El Tribunal Supremo ha ordenado al Gobierno adoptar medidas de manera urgente en relación al millar de menores no acompañados en Canarias que están interesados en pedir asilo y ha advertido de que, en caso de un nuevo incumplimiento de lo ordenado, podrá imponer medidas coercitivas a los responsables.

En un nuevo auto recogido por EFE, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal ha asegurado que en la vista celebrada el pasado 29 de mayo para que el Gobierno explicase las medidas adoptadas hasta ahora, se constató el "claro incumplimiento" de la medida cautelar acordada el 25 de marzo, a petición del Gobierno de Canarias.

El Ejecutivo reconoció que no había evaluado aún a ningún menor en los dos meses transcurridos desde la orden ni había elaborado una relación completa y precisa de los jóvenes afectados, subraya el auto. Los magistrados insisten en que, hasta el momento, "la Administración estatal ni se ha implicado eficazmente en garantizar el acceso de estos menores a las condiciones de acogida que resultan de su competencia ni ha adoptado medidas eficaces para corregir la masificación en la tramitación de solicitudes".

Por ello, vuelve a instar al Ejecutivo a la adopción de una serie de medidas, como que en un máximo de 30 días dote a las oficinas de los medios necesarios para tramitar las solicitudes de asilo en un tiempo razonable, de modo que no puedan transcurrir más de 6 días entre la manifestación de la voluntad de pedir protección internacional y la formalización de la solicitud.

También exige que, en el plazo improrrogable de 15 días, se articule la colaboración necesaria con Canarias para poner a su disposición los medios necesarios para garantizar el acceso de los menores al sistema de acogida estatal para solicitantes de asilo.

Pide identificar a los responsables del cumplimiento de estas medidas de cada Ministerio afectado "presumiéndose, en otro caso, que serán quienes sean titulares del correspondiente Departamento Ministerial". Los Ministerios con competencias en esta materia son el del Interior, dirigido por Fernando Grande-Marlaska, como responsable de tramitar las solicitudes de protección internacional, y el de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, con Elma Saiz al frente, que gestiona el sistema de acogida para solicitantes de asilo.

El Gobierno deberá dar cuenta de todas estas medidas a la Sala cada 15 días "hasta su completo cumplimiento", con la advertencia de que se adoptarán las medidas coercitivas previstas en la ley en caso de no ser atendido este requerimiento. La Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa establece que la Sala puede imponer, en estos casos, multas coercitivas de entre 150 y 1.500 euros a las autoridades, funcionarios o agentes que hayan incumplido con el requerimiento o deducir el testimonio de particulares para exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder.

El auto recuerda que estos niños y adolescentes tienen una serie de derechos, no solo materiales o asistenciales, que deben ser garantizados y que en la actualidad siguen sin ser reconocidos o no lo están siendo en su extensión debida, "a pesar de tratarse de personas en evidente situación de vulnerabilidad y necesidad". La Sala enumera estos derechos, como el de ser documentado como solicitante de protección internacional, lo que lo acredita como autorizado a permanecer en España mientras se tramita su solicitud; tener asistencia jurídica e intérprete o la suspensión de cualquier proceso de devolución, expulsión o extradición.

De todos estos derechos, el auto precisa que son competencia exclusiva del Estado los que se refieren a la tramitación de las solicitudes de asilo y de "competencia compartida" con las comunidades autónomas los que tienen que ver con las condiciones materiales de acogida, que ahora mismo asume solo Canarias. El auto señala, además, que los "evidentes retrasos y deficiencias" en la tramitación de las solicitudes, de hasta un año de espera, están privando a los menores, durante un extenso periodo de tiempo, del acceso a buena parte de estos derechos.

Cuatro mujeres, dos niñas de cinco años y otra de 16 han muerto este miércoles al volcar un cayuco con 152 ocupantes en el puerto de La Restinga (El Hierro), cuando se disponían a desembarcar, según informan fuentes de la Delegación del Gobierno y el 112 de Canarias y recoge EFE.

A lo largo de la mañana los equipos de salvamento y emergencias trabajaban también con la información de que un bebé había desaparecido, si bien la Guardia Civil ha precisado finalmente que se trata de una de las menores de cinco años fallecidas ya contabilizadas, una pequeña a la que no fue posible reanimar.

La cifra de muertos se ha estabilizado por el momento en siete. Dos personas muy jóvenes fueron trasladadas en los primeros minutos en estado muy grave al hospital de la isla, en Valverde, donde falleció la adolescente de 16 años. Además, los efectivos han asistido en el puerto de La Restinga a un niño de tres años y una niña de cinco por un ahogamiento incompleto de carácter grave y los evacuaron en helicóptero a Tenerife, al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria. Otros cuatro menores con disnea fueron trasladados por el Servicio de Urgencias Canarias al Hospital de El Hierro.

En total, en el cayuco viajaban 152 personas, entre ellas 19 niñas y diez niños, según datos proporcionados a EFE por los servicios de emergencia. Además, entre los adultos había 45 mujeres, un número alto para lo que suele ser habitual en este tipo de embarcaciones en los últimos años en la Ruta Canaria.

Las personas que iban a bordo proceden de Mali, Guinea Conakry, Senegal y Mauritania. En los datos que han facilitado a las asistencias humanitarias, han asegurado que partieron hace cinco días desde Nuakchot, la capital de Mauritania.

Sin embargo, la ONG Caminando Fronteras cree que se trata de un cayuco que salió el 18 de mayo desde la costa de Guinea Conakry. Se basa en que no solo coincide los números de ocupantes ("más de 150") y menores (29) con la alerta que había recibido de esa salida, sino también en que le consta que algunos de los supervivientes del accidente han llamado ya por teléfono a las familias, precisamente las mismas que alertaron sobre el cayuco de Guinea.

En declaraciones a los periodistas en el muelle de La Restinga, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, que se encontraba este miércoles en El Hierro, ha explicado que la embarcación "venía como con departamentos" y había gente "en la parte baja del cayuco que no pudo salir".

El cayuco volcó cuando se aproximaba a la Salvamar Diphda de Salvamento Marítimo, ya atracada, para ponerse a su costado. En ese momento, varios de sus ocupantes se pusieron de pie e intentaron saltar a la Salvamar, por lo que el cayuco se volteó.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha calificado de "drama" lo sucedido y ha considerado que este hecho debería conmover a todos. "El drama vivido en El Hierro debería conmovernos a todos. Vidas perdidas en un intento desesperado de encontrar un futuro mejor", ha comentado el jefe del Ejecutivo en un mensaje en las redes sociales. Ante ello, ha pedido "estar a la altura" porque considera que es una cuestión de humanidad.

Clavijo, por su parte, ha declarado que "aquellos que están lejos en los despachos no son capaces" de entender la cuestión migratoria y ha remarcado que hay que estar a pie de muelle y ver "cómo se llevan a una niña intubada para dimensionar el drama que se vive a 80 kilómetros de Canarias y en nuestras costas".

El presidente ha señalado que los equipos que han intervenido en el rescate están "destrozados" por la "impotencia" de no poder salvar a los fallecidos a tan pocos metros de tierra y les ha agradecido su trabajo. "Los profesionales de Salvamento se han tirado al agua sin dudar, entre una mezcla de agua y gasolina, jugándose ellos la vida", ha valorado el presidente autonómico.

Desde Las Palmas de Gran Canaria, el delegado del Gobierno, Anselmo Pestana, ha lamentado la tragedia y ha recordado que el momento de trasbordar a los migrantes es siempre el "más delicado" y que, precisamente, siempre que se puede se hace en el puerto para los minimizar riesgos que implica esa operación en alta mar.

"Es una travesía muy dura, seguramente muchos han llegado agarrotados, con un cansancio tremendo que hace que se hundan muy rápidamente si no es inmediato el rescate, porque no tienen la capacidad que tenemos cualquiera en circunstancias normales", ha apostillado el delegado del Gobierno, que ha señalado que esta tragedia "pone rostro humano a la migración que llega a nuestros puertos".

No es la primera vez que sucede un hecho similar, en septiembre de 2024 se produjo una de las mayores tragedias en aguas canarias, con el vuelco de un cayuco a unas siete millas de la costa de El Hierro, con nueve cadáveres recuperados y un total de 48 desaparecidos. Entonces solo sobrevivieron 27 de los ocupantes de la barca, que también volcó cuando los migrantes estaban siendo trasbordados desde su embarcación a la de Salvamento. En esa ocasión, en el mar.

En febrero, otro vuelco de madrugada en el mismo muelle de La Restinga de un cayuco en el que viajaban 84 personas tuvo mejor final, pues todas las personas fueron puestas a salvo. Al igual que hoy, la barcaza se hundió en la bahía del muelle de La Restinga mientras sus ocupantes se disponían a desembarcar, de forma que muchos de ellos cayeron al agua.

El texto para el reparto puntual de 4.500 menores migrantes desde Canarias y Ceuta en el que trabaja el Gobierno central y Canarias contará con "prácticamente los mismos" criterios acordados con las comunidades en la sectorial de 2022, como la población o la renta per cápita, con algunas correcciones, según informa EFE.

Así lo ha explicado la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, tras reunirse con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, para abordar estos criterios para el reparto único de 4.000 jóvenes desde Canarias y 500 desde Ceuta para aliviar los recursos de estos territorios, que en el caso de las islas atienden a más de 5.800 menores.

Fuentes del Ministerio han precisado que, con el texto en el que se trabaja, todas las comunidades autónomas tendrán que acoger a algunos de los 4.500 niños y adolescentes que se pretende distribuir, en mayor o menor medida.

La ministra no ha precisado exactamente cuáles son los criterios acordados y ha pedido dejar trabajar a los equipos de ambos Gobiernos "un poquito más en lo concreto", pero ha señalado que son prácticamente los mismos que los acordados en 2022 con las autonomías: población, renta per cápita, desempleo, el esfuerzo realizado en la acogida y la dispersión de la población.

Ha explicado que se trata de hacer un análisis "lo más científico posible" de la situación y ha subrayado la importancia de tener en cuenta el esfuerzo realizado hasta ahora por las comunidades autónomas en el sistema de acogida, ya que el actual es "bastante asimétrico a nivel territorial".

A preguntas de los periodistas, Rego ha señalado que también faltan por cerrar "los flecos económicos", pero ha reiterado la intención del Gobierno de dotar financieramente este plan "de manera suficiente".

Por su parte Clavijo, ha pedido no perder de vista que este "no es un problema territorial ni político", sino que es "un drama humanitario" y lo más importante es respetar los derechos del menor. Ha puesto como ejemplo que, más allá de los criterios que se pacten, hay otros factores que serán tenidos en cuenta durante la aplicación de este plan, como que los niños más pequeños no sean trasladados para no someterles a un segundo desarraigo y "otro trauma".

El presidente canario ha coincidido con la ministra en la importancia de tener en cuenta el esfuerzo de acogida previo de las comunidades. "Yo cuando algún compañero de alguna comunidad autónoma habla de que está desbordado y tiene 300 y nosotros tenemos 5.800... es que nosotros esas plazas tampoco las teníamos creadas, las hemos tenido que crear a base de decreto de emergencia", ha explicado.

 El Gobierno de la ciudad autónoma de Ceuta ha apoyado este viernes que se produzca el reparto de los menores marroquíes que permanecen acogidos en Ceuta y Canarias, pero espera la aprobación definitiva por parte del Congreso. Fuentes del Gobierno autonómico han confirmado a EFE que la medida anunciada este jueves va en "consonancia" con lo que opina la autonomía ceutí, sobre todo en la necesidad de aliviar la presión de menores que sufren ambas autonomías.

El Gobierno ceutí ha mostrado "prudencia" tras el anuncio sobre el reparto único de 4.000 jóvenes desde Canarias y 500 desde Ceuta no acompañados y ha asegurado que no ha recibido ninguna comunicación oficial al respecto, por lo que ha apostado por "esperar" a la aprobación definitiva en el Congreso de los Diputados de estas medidas.

Ceuta ha alcanzado ya la presencia en la ciudad de 500 menores, la practica totalidad de ellos marroquíes, como consecuencia de las últimas entradas a nado que se han producido a lo largo de esta semana. Estos menores representan actualmente una sobreocupación de más de un 400%, lo que supone según el Gobierno ceutí 6 menores por cada 1.000 habitantes. Una cifra récord, ya que la ciudad tendría que acoger un total de 88 menores y podría llegar hasta los 132 acogidos como máximo, según se determinó en la última Conferencia Sectorial de la Infancia.

Partido Popular y Vox ya han expresado su rechazo a los criterios para esta distribución de 4.500 menores al entender que deja fuera de ese reparto a Cataluña y el País Vasco.

Fuentes del PP dan por hecho un "posible pacto de reparto de menores sin Cataluña y el País Vasco" que, opinan, sería "asimétrico e injusto" y han anunciado que no contará "en ningún caso" con su apoyo. Según las mismas fuentes, se utilizan en ese reparto criterios políticos "como si País Vasco y Cataluña no fueran España" y solo se busca "dejar sitio para que sigan viniendo".

En la misma línea, la consejera de Economía y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, ha acusado al presidente del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, de desarrollar una política migratoria "miserable" y de utilizar a los "más vulnerables, a los menores migrantes no acompañados para mantenerse un día mas en la Moncloa".

Por su parte, el líder de Vox, Santiago Abascal, en su cuenta de la red social X ha mencionado una información periodística según la cual Canarias y Moncloa habrían pactado un reparto de menores en el que no entrarían Cataluña ni el País Vasco, a lo que reacciona con la frase: "El gobierno de Sánchez es una mafia vomitiva y una chusma corrupta". Y ataca en el mismo mensaje al Partido Popular: "Pero Feijóo sigue manteniendo que era obligatorio. Y prohibió a sus barones regionales oponerse a recibir el reparto de la inseguridad y la ruina. ¡Sánchez debe recibir la oposición que merece! ¡Ya está bien de regalarle el poder para que siga arruinando a España!".

El Gobierno y Canarias se han dado diez días para pactar una fórmula de distribución puntual de menores migrantes no acompañados entre comunidades que, según el Ejecutivo canario, supondría el traslado de unos 4.000 jóvenes desde las islas y de otros 400 desde Ceuta sin cambiar la ley de extranjería.

Así lo ha explicado el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, en declaraciones a los medios tras reunirse con el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, para abordar la viabilidad de la propuesta canaria de acometer este reparto extraordinario mediante un decreto ley.

Según Clavijo, el Gobierno ha encontrado "algunos matices" a su propuesta, por lo que han quedado en que en los próximos diez días los servicios jurídicos de ambas partes "van a tener un texto cerrado", que podrá ser sometido al estudio de la Abogacía del Estado "o incluso al Consejo de Estado".

El presidente autonómico ha celebrado que ambos hayan quedado en "plazos concretos", lo que "siempre da confianza" para conseguir un texto pactado, que luego sea sometido a los informes jurídicos pertinentes y para el que después buscar el apoyo de los grupos políticos del Congreso. "Bien sea para la convalidación de ese decreto ley, que es lo que nosotros deseamos y creemos que es más inmediato, bien sea para la figura jurídica oportuna que se acuerde", ha señalado Clavijo.

Sobre los matices jurídicos que han discutido, ha explicado que están relacionados con una posible invasión de competencias de las comunidades autónomas ya que la iniciativa canaria -que cuenta con el apoyo de País Vasco y de Ceuta- implica la transferencia de la tutela de los menores de una comunidad a otra.

Preguntado por sus expectativas de que esta nueva iniciativa salga adelante, Clavijo ha dicho que "después de tanto tiempo, ser optimista cada vez es más difícil" y, acerca de un posible apoyo del PP, con el que gobierna las islas, ha asegurado que "desearía" que esta fuera la postura de un partido que aspira a gobernar España.

"Nadie puede estar en contra de aliviar una situación de emergencia absoluta que tenemos en Canarias", ha señalado sobre la crisis que vive el archipiélago en este sentido, que tutela actualmente 5.812 menores y acoge a más de 300 jóvenes en recursos aunque, según los expertos, deberían atender a 20.

Por su parte, el ministro Ángel Víctor Torres ha recordado que, como ya fue anunciado, en las próximas semanas la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, convocará una Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia. En ella se trasladará a las comunidades esta última propuesta de Canarias y también la modificación del artículo 35 de la ley de extranjería, que, ha recalcado, "sigue siendo la prioridad para el Gobierno de España".

En cuanto al mecanismo legislativo más adecuado -un decreto ley, una proposición de ley o un proyecto de ley-, Torres ha señalado que serán los servicios jurídicos los que lo determinen. Sobre un posible apoyo de Junts, ha explicado que el Gobierno está negociando con la formación la modificación del artículo 35, entre otros asuntos: "Y vamos a seguir haciéndolo, cuando utilizo el gerundio es que no tenemos acuerdo, pero vamos a seguir trabajando", ha explicado el ministro.

"Ahora tenemos otra propuesta, que también trabajaremos con los distintos grupos políticos, incluso volveremos a sentarnos, si ellos lo consideran, con el Partido Popular", ha señalado Torres sobre el principal partido de la oposición, al que ha acusado de haberse "borrado" de buscar una solución a los menores no acompañados.

En su opinión, en esta cuestión "ha pesado más salvar los presupuestos con Vox" que alcanzar una respuesta estructural de la que podrían beneficiarse en el futuro otros territorios gobernados por el PP: "Están en una postura, creo que miope, corta de vista y poco de Estado", ha opinado Torres.

Sin avances. Así ha finalizado la reunión de este jueves entre el Gobierno central, el canario y el principal partido de la oposición para intentar llegar a un acuerdo dos meses después de que la formación de Alberto Núñez Feijóo rompiera las negociaciones. Una cita a la que el PP llegó exigiendo al Ejecutivo de Pedro Sánchez un "cambio en su política migratoria" , en palabras de su portavoz parlamentario, Miguel Tellado, que insistía en que el PP no se iba a mover de la propuesta lanzada en septiembre por Feijóo y el presidente canario, Fernando Clavijo, que durante esta crisis ha tratado de ejercer de puente entre ambas administraciones y que previamente ratificó otro acuerdo con el Gobierno central.

Al término de la reunión Tellado demandó ese cambio señalando que la política migratoria del Ejecutivo provoca un "efecto llamada" y acusó al Gobierno de no traer "ninguna propuesta". Por su parte, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, lo desmintió y aseguró que el PP no quiso debatir la propuesta que puso sobre la mesa Clavijo, que vincula el reparto de menores a la financiación. Clavijo evitó a su salida a la prensa y el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, reconoció la falta de acuerdo y la necesidad de que la cuestión de los menores extranjeros no acompañados se trate como una política de Estado.

El Gobierno sigue insistiendo en que la vía es la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería que implicaría repartir de manera obligatoria —y no opcional, como hasta ahora— la acogida de los menores que llegan de forma irregular a España. Una reivindicación de los Ejecutivos de Canarias y de Ceuta —en el primero gobierna Coalición Canaria con el PP y en el segundo los populares en solitario— ante la situación de sus territorios, desbordados a la hora de hacer frente a la crisis migratoria. Aunque el Ejecutivo de Sánchez insiste en que el nuevo mecanismo contará con "financiación suficiente", tanto el PP como Coalición Canaria demandan más concreción. Según Tellado, "no se arregla dándole un dinero a las comunidades" para luego desentenderse.

El acuerdo propuesto por el Gobierno señalaba que el traslado se realizaría en base a criterios como la renta, la dispersión de la población, el desempleo o el número de menores ya acogidos cada vez que Canarias, Ceuta o Melilla superen esa capacidad. Después de que la norma no saliera adelante el pasado mes de julio en el Congreso por la negativa de PP, Vox y Junts, el Ministerio de Infancia y Juventud elaboró un informe para conocer el número de plazas de acogida de menores debía tener cada territorio con base en su población y expuso que debería haber una plaza por cada 2.250 habitantes, lo que debería traducirse en un aumento de plazas en las comunidades más pobladas como Madrid, Cataluña o Andalucía.

Los conservadores se han escudado, además, en las acusaciones del empresario Víctor de Aldama, presunto comisionista de la trama Koldo, para tratar de desacreditar al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. "Lo único que busca en esta reunión es reivindicarse como ministro, como ministro aforado ante todos los casos de corrupción que persiguen a Rudolf”, aseguró Tellado utilizando el supuesto apodo con el que Aldama hablaba de él. Unas acusaciones sin pruebas, desmentidas por Torres en las que el PP basa su estrategia de oposición pese a que en privado fuentes de la dirección reconocen que no le dan credibilidad a todo lo que está contando el empresario.

El Pleno del Tribunal Constitucional ha suspendido este martes por unanimidad varios apartados del protocolo de atención a los niños llegados en pateras y cayucos aprobado por el Gobierno de Canarias, que actualmente ya estaba suspendido por orden del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).

Fuentes de la corte de garantías han informado a EFE de que el Pleno ha tomado esta decisión tras admitir a trámite el recurso del Ejecutivo, que había invocado el artículo 161.2 de la Constitución, que establece la suspensión automática cuando el Gobierno recurre una norma autonómica por un plazo de cinco meses, hasta que la corte de garantías resuelva el fondo del asunto. En opinión del Gobierno, el protocolo del Ejecutivo canario limita las competencias autonómicas sobre menores, modifica el concepto jurídico de desamparo, impone obligaciones a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y regula "cuáles deben ser las actuaciones del Estado en el ejercicio de sus competencias".

En el protocolo, el Gobierno de Fernando Clavijo sostiene que los niños que llegan solos a tierra sin un familiar adulto que cuide de ellos no están desamparados, sino bajo custodia de la Policía o la Guardia Civil, por lo que corresponde al Estado su primera acogida. Y añade que solo se hará cargo de ellos en los centros de la comunidad autónoma con expedientes individualizados, si han sido correctamente identificados y siempre y cuando tenga plazas disponibles.

Al margen de la decisión del TC, dicho protocolo ya estaba suspendido por orden del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, al entender que expone a ese colectivo a un riesgo de desprotección, aunque entiende las quejas del Ejecutivo autonómico.

"No le falta razón al Gobierno de Canarias cuando invoca el grado de saturación de los recursos de que dispone y seguramente también cuando se objeta la forma en que se procede a la entrega de los menores extranjeros, a la vista de la documentación que aporta", señalan los magistrados, que consideran, no obstante, que deben hacer primar el interés superior de los menores. 

Tres embarcaciones y dos helicópteros buscan por tercer día a las 54 personas que desaparecieron en la madrugada del sábado al volcar un cayuco a siete kilómetros de la costa de El Hierro, cada vez con menos esperanzas de hallar algún superviviente más de ese naufragio, según informa EFE.

Este lunes, se han desplegado en la costa este de El Hierro la patrullera Río Tajo, de la Guardia Civil; la Guardamar Calíope, de Salvamento Marítimo; y la lancha neumática LS Hades, de Cruz Roja. Las tres embarcaciones van a recibir apoyo desde el aire de un helicóptero de la Guardia Civil y otro del Gobierno de Canarias, que se relevarán durante el día, según ha informado Salvamento Marítimo.

En la zona donde se produjo el accidente el mar desciende a profundidades de mil metros, por lo que los equipos de emergencia no creen que puedan recuperar ningún cuerpo más hasta que el proceso natural de descomposición haga que los cadáveres emerjan a flote. 

El naufragio de ese cayuco sucedió cuando Salvamento iniciaba la maniobra de rescate. En ese momento, buena parte de los 90 ocupantes de la barca se levantaron y se echaron sobre la misma banda, lo que provocó que el cayuco volcara y todos cayeran al agua.

En esa situación, la tripulación de Salvamento que estaba efectuando el rescate pudo sacar del mar a 27 personas con vida y recuperar nueve cadáveres. Según el último recuento facilitado por la Delegación del Gobierno, hay 54 varones desaparecidos, entre ellos varios menores.

Dos de las cinco personas que fueron trasladadas al hospital tras volcar el cayuco en el que viajaban ya han sido dadas de alta y las otras tres evolucionan favorablemente, según han informado fuentes del Gobierno de Canarias. Las dos personas que salieron del hospital lo hicieron el pasado domingo, pocas horas después de ingresar con hipotermia leve, han detallado las mismas fuentes.

Además, ya se han realizado las autopsias a los cuerpos de los nueve fallecidos que pudieron recuperar del mar los servicios de emergencias la misma noche del vuelco del cayuco. Los ayuntamientos de Frontera y Valverde están pendientes de que el juez autorice las sepulturas, tras recibir el informe del forense en el que certifica las autopsias, para enterrar este lunes o el martes a las víctimas.

Los efectivos de Salvamento Marítimo han rescatado desde la tarde del jueves a 496 personas que estaban a bordo de seis embarcaciones, y las ha trasladado a las islas de El Hierro, La Gomera y Lanzarote, han informado este viernes a EFE fuentes de la sociedad estatal.

Los primeros rescates se llevaron a cabo durante la tarde del jueves, cuando Salvamento Marítimo rescató a 383 migrantes de tres embarcaciones, de los que 327 llegaron a El Hierro y 56 a La Gomera, y durante la madrugada Salvamento Marítimo llevó a Lanzarote a los ocupantes de dos neumáticas de gran tamaño, una ocupada por 56 personas y la otra por 57.

En el caso de El Hierro, la guardamar Caliope llegó al muelle de La Restinga pasada la medianoche, y lo hizo con 327 migrantes rescatados a bordo de dos cayucos por las embarcaciones salvamar Adhara y guardamar Caliope. Ninguna de estas personas necesitó ser trasladada al Hospital Insular Virgen de los Reyes para recibir atención médica.

El primer cayuco fue rescatado a 88 millas al sur de El Hierro desde la guardamar Caliope; mientras que la salvamar Adhara rescataba un segundo cayuco, a 40 millas de la isla. Los ocupantes de ambos cayucos fueron transbordados a la guardamar Caliope para facilitar su traslado a puerto, mientras que los dos cayucos, de procedencia senegalesa y de 22 metros de eslora, fueron abandonados a la deriva en alta mar, según la información recabada de los servicios de emergencia.

Según la información recabada de los servicios sanitarios y de emergencia, se trata de 327 personas de origen subsahariano, entre los que viajaban varias mujeres y menores de edad. Según el relato de migrantes de una de las embarcaciones rescatadas, habrían realizado una travesía de cinco días desde un puerto de Senegal.

A la isla de La Gomera llegó hacia las 00.40 horas del jueves la salvamar Izar con 56 personas que habían sido rescatadas de una embarcación. Por su parte, en las primeras horas de este viernes, la guardamar Urania ha llegado al puerto de Arrecife con los 113 ocupantes de dos neumáticas, han indicado fuentes de Salvamento Marítimo.

Salvamento Marítimo ha rescatado en las últimas horas a 641 inmigrantes que trataban de llegar a Canarias a bordo de once pateras y cayucos, en quince horas sin descanso para sus tripulaciones, en especial para las asignadas a Lanzarote, a donde han llegado 451 personas. El recuento incluye, al menos, a 40 mujeres y 15 menores, cifras que, probablemente, aumentarán, porque en cuatro de los ocho rescates efectuados en Lanzarote no se han facilitado aún datos detallados sobre los ocupantes, según la información recabada por EFE de Salvamento Marítimo y el Consorcio de Emergencias de esa isla.

La primera operación en Lanzarote se realizó sobre las 22.00 horas de este martes, después de que el radar del sistema de vigilancia costera detectara una patera a unos 16 kilómetros al norte de la isla. A bordo iban 40 personas de origen magrebí (30 hombres, ocho mujeres y dos niños), que llegaron a tierra con la Salvamar Al Nair pasada la medianoche.

En paralelo, fue movilizada también desde Lanzarote la Guardamar Talía, de mayor capacidad, porque comenzaron a recibirse más avisos de posibles neumáticas en la zona, hasta cinco, algunos de ellos realizados por teléfono por las personas que iban en ellas. La Talía rescató durante la madrugada a 221 personas en cuatro embarcaciones, en su mayoría subsaharianas: un grupo de 70, otro de 51, un tercero de 50 y un cuarto de 51.

No hay cifras detalladas sobre sus ocupantes, pero EFE ha presenciado en su desembarco en el puerto de Arrecife que iban a bordo de esas neumáticas varias mujeres, dos bebés y, al menos, otros dos menores.

Con las dos embarcaciones de Lanzarote centradas en esas operaciones, Salvamento tuvo que enviar desde Fuerteventura a esa misma zona a la Salvamar Ízar para socorrer a otro grupo más conformado por otras 59 personas, entre ellas ocho mujeres y una niña, que fueron trasladadas al puerto de Gran Tarajal.

En El Hierro, la Salvamar Adhara auxilió pasadas las 21.00 horas a un cayuco localizado a 13 kilómetros de La Restinga, en el que viajaban 74 personas (61 hombres, seis mujeres y cinco menores). Y a La Restinga también ha llegado en la mañana de este miércoles la Guardamar Calíope, tras otro cayuco localizado a 22 kilómetros de El Hierro con 57 personas más, entre ellas tres mujeres y cuatro menores.

La novena embarcación obligó a movilizar de nuevo a la Salvamar Al Nair a primera hora de la mañana, cuando fue detectada por el radar de vigilancia costera a unos 45 kilómetros al norte de Lanzarote. Se trataba de una neumática que llegó por sus propios medios a la playa de La Garita, en Haría, antes de que la encontrara el barco de rescate. A bordo iban 73 personas, entre ellas cuatro mujeres (una de ellas embarazada) y un niño. En la atención en la playa a este grupo de personas han participado -acompañando a la Guardia Civil- dos gendarmes marroquíes que se encuentran estos días en la isla, según ha presenciado EFE.

Posteriormente, sobre el mediodía, la Salvamar Al Nair ha rescatado a 117 migrantes en dos pateras más en Lanzarote: una con 50 personas de origen magrebí (entre ellos tres mujeres y un niño) y otras 67 de procedencia subsahariana (incluidas seis mujeres).

Todos estos rescates coinciden con la presencia en Canarias del vicepresidente de la Comisión Europea, Margaritis Schinas, que se ha desplazado a Tenerife a petición del presidente de la comunidad autónoma, Fernando Clavijo, para conocer la presión migratoria que soportan las islas y cómo se está atendiendo a los menores. 

Además Schinas ha anunciado un plan de acción adicional por el que se asignarán a Canarias 14 millones de euros para mejorar su capacidad de acogida a migrantes y que permitirá el uso excepcional del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) para atender la emergencia migratoria. Este plan también ofrece la posibilidad de "reforzar la salvaguardia de nuestra frontera exterior a través de Canarias" con operaciones conjuntas con la agencia Frontex, y de aumentar la asistencia de la agencia de asilo de la UE para gestionar la asistencia a los menores no acompañados.

La Fiscalía identificará a aquellas "personas de la Dirección General de Protección de la Infancia del Gobierno de Canarias" que se amparen para no acoger en sus centros a niños llegados en cayuco en el nuevo protocolo aprobado por la comunidad autónoma e investigará si han cometido un delito de abandono de menores o de otro tipo, según recoge EFE.

En un decreto difundido este viernes, la fiscal superior de Canarias, María Farnés Martínez, da instrucciones a los fiscales de las islas sobre cómo actuar si cualquier fuerza o cuerpo de seguridad del Estado pone en su conocimiento "la negativa de la Dirección General de Protección de la Infancia" a la acogida de un menor inmigrante en un centro de la comunidad autónoma cuando este haya sido "debidamente reseñado" conforme al protocolo nacional de 2014.

El Gobierno de Fernando Clavijo publicó este jueves en el Boletín Oficial de Canarias un protocolo que detalla cómo pretende actuar a partir de ahora ante el "desorden" que cree que genera el hecho de que la Policía entregue a los niños llegados en patera directamente a los centros sin una identificación detallada y sin cumplir los trámite pautados, poniendo en riesgo sus derechos, a su juicio.

Ese protocolo exige que el menor llegue perfectamente filiado e identificado, que se le haya escuchado y entrevistado para saber si es candidato a refugio o asilo, que el Estado tramite cada expediente de forma individualizada y que la Fiscalía intervenga si hay dudas sobre su edad; y todo ello, antes de trasladarlo a un centro de la comunidad autónoma, siempre y cuando esta confirme que tiene plazas.

"No puede ser que el Estado nos deje a los niños con un albarán de entrega", resumió la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado (CC), responsable de Menores, el pasado 3 de septiembre, al día siguiente de que el presidente Clavijo anunciara que consideraría que los niños recién llegados en cayuco son responsabilidad del Estado, no de la comunidad autónoma, en vista de que no le dan una respuesta a la saturación que soportan los centros en las islas.

Según esta circular de la Fiscalía, el Ministerio Público entiende que el marco de referencia para determinar si el menor ha sido entregado correctamente a la autoridad responsable de su tutela es el protocolo aprobado en 2014, durante el Gobierno de Mariano Rajoy, por los Ministerios de Justicia, Interior, Servicios Sociales y Exteriores, así como por la propia Fiscalía General del Estado.

Si el fiscal de guardia en cada isla recibe el aviso de la Policía de que un centro del Gobierno canario no acepta a un menor llegado a la costa sin compañía de ningún familiar, librará un oficio a la Dirección General de Protección de la Infancia para "interesar que se adopten las medidas necesarias" para que sea acogido "de forma inmediata" en el centro de protección que considere.

En paralelo, dará instrucciones a la Policía para que le proporcione comida y alojamiento "hasta que el mismo sea recogido por la Dirección General, o bien se indique el centro donde deba ser ingresado, o bien, con arreglo al protocolo publicado en el día de hoy, sea entregado a la Policía Autonómica Canaria, en cuyo caso se deberá controlar el tiempo de permanencia de dicho menor en dichas dependencias policiales".

La fiscal superior de Canarias ordena, además, que se pida a la Policía un informe detallado sobre las circunstancias personales de ese menor, sobre su estado de salud y sobre lo ocurrido en su travesía hasta llegar a las islas, con detalles sobre cuántos días estuvo en el mar o sobre si murió alguno de sus compañeros.

Además, el fiscal de guardia "identificara de forma detallada a las personas de la Dirección General de Protección de la Infancia que o bien no responden a las llamadas, o bien les contenten que no tienen capacidad de acogida para dichos menores, o bien que no se van a hacer cargo de los mismos con base en el protocolo publicado el día 12 de septiembre del 2024 en el Boletín Oficial de Canarias".

La finalidad de todo ello, añade la instrucción, es que después los fiscales especializados en Extranjería o Trata de Personas "deberán incoar las correspondientes diligencias preprocesales de investigación ante la posible comisión de un delito de abandono de menores sin perjuicio de cualquier otro delito que pudiera aparecer en el curso de la investigación". 

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo (CC), propondrá este lunes a su Consejo de Gobierno abrir "un debate jurídico" con el Estado por la "dejación de funciones" que cree que practica en materia migratoria y por la falta de respuestas a su petición de compartir la atención de los menores. "En el caso de Canarias, está haciendo dejación de funciones. El Gobierno de España no sé si lo tiene claro o no. Yo sí tengo claro que el Gobierno de España está dejando abandonada a Canarias y eso es algo que hay que transmitir", ha alertado Clavijo, en una entrevista en Canarias Radio, la emisora pública autonómica, que recoge Europa Press.

El líder de Coalición Canaria ha denunciado que algunos "confunden la lealtad, la comprensión y la puesta del interés del menor por encima de todo con debilidad, y están equivocados". Por eso, considera que ha llegado el momento de tomar medidas jurídicas -un paso que, antes del verano, ya había advertido de que estaba dispuesto a dar- y confía en que las decisiones que adopten al respecto cuenten con el respaldo del Pacto Canario por la Migración, un foro que se reúne esta tarde y en el que participan todas las fuerzas parlamentarias de las islas, menos Vox.

El presidente de Canarias se ha referido a las miles de personas que han llegado a las islas en las últimas semanas, cumpliendo algo de lo que habían avisado y que "no era difícil de ver": que previsiblemente en la segunda mitad del año las llegadas se iban a intensificar, como ha ocurrido en los últimos ejercicios.

Y eso significa, ha remarcado, que Canarias va a tener que afrontar de aquí a final de año "una emergencia sobre otra emergencia", con todos sus centros de menores ya "sobresaturados" y varios de ellos "por encima del 200 %" de su capacidad.

Además, ha denunciado que este fin de semana, con las constantes llegadas de cayucos a El Hierro, se han producido situaciones que rechaza. "Este fin de semana ha habido un antes y un después, con presiones y amenazas del Estado a las ONG para que acogiesen a los menores sin poder garantizarles la debida atención. Hoy en el Consejo de Gobierno vamos a debatir sobre este asunto y tomaremos decisiones. Obviamente, si no hay lealtad y compromiso, el Gobierno de Canarias se va a poner en su sitio", ha señalado.

Clavijo opina que "lo que no puede ocurrir es que la emergencia se convierta en lo normal" y recuerda que en el último trimestre de 2023 llegaron a las islas 7.398 menores en pateras y cayucos", lo que superó por completo los recursos de acogida, pese a lo cual "el Gobierno de Canarias actuó como tienen que hacerse las cosas: atendiendo al menor por encima de todo". "Por esa situación fue todo el trabajo que hicimos durante meses de negociaciones para que pasase lo que pasó el 23 de julio (que el Congreso no aceptó tramitar la reforma de la ley de extranjería, porque PP, Vox y Junts se opusieron)", ha añadido.

Fernando Clavijo ha confirmado además que el miércoles viaja a Ceuta, para intentar unificar posiciones con el gobierno del otro territorio español que mayor presión sufre en la acogida de menores migrantes.

Por su parte, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha respondido al presidente de Canarias que quien votó en contra de la Ley de Extranjería en el Congreso fue su socio en el Gobierno autonómico, el PP. Así lo ha indicado el también expresidente canario en una entrevista en RNE recogida por Europa Press, en la que ha criticado a Clavijo por estar "intentando proteger a su socio" mediante ataques al Gobierno, en lugar de salir "en defensa de los intereses de Canarias" pidiendo a los conservadores que apoyen la reforma de la Ley de Extranjería en la Cámara Baja.

"Le recuerdo al presidente Clavijo que quien votó en contra el 23 de julio fue el Partido Popular, por tanto, su socio en Canarias. Yo creo que está intentando proteger a su socio atacando al Gobierno, cuando tendría que ser en defensa de los intereses de Canarias", ha expresado Torres, para después lamentar la decisión del presidente canario, con quien se comunica "permanentemente, casi a diario" por la llegada de migrantes a las islas.

Torres ha admitido que la situación en Canarias es "desesperante", y que requiere de una solución, aunque ha rechazado que el Ejecutivo central haya "dado la espalda" a la comunidad autónoma. "¿Cómo que el Estado ha dejado solo? Si alguien ha dejado solo a Canarias fue el 23 de julio el Partido Popular", ha concluido.

Era domingo. A priori, uno cualquiera de aquel verano de 1994. Nada hacía presagiar que quedaría marcado para siempre en el calendario, pero así fue. Aquel 28 de agosto, Baijea y Bachir, dos jóvenes de 24 y 22 años, llegaron a la isla canaria de Fuerteventura en una barca de pesca guiada, tan sólo, por la luz del faro de La Entellada, en el punto del archipiélago más cercano al continente africano. Nadie lo había hecho antes, pero sí hubo muchos que lo hicieron después. Sin saberlo, y sin pretenderlo, los dos saharauis habían abierto una nueva ruta migratoria que hoy, 30 años después, ya es la más transitada del mundo: en estas tres décadas han llegado por ella 232.000 personas. Pero se ha convertido, también, en la más peligrosa.

Los datos hablan por sí solos. Según los datos que el Ministerio del Interior ha facilitado a infoLibre, 22.646 personas han llegado al archipiélago en lo que llevamos de año. En concreto, hasta el 18 de agosto. Se espera además que en lo que queda de año el número pueda incluso duplicarse. Vienen ahora, dicen quienes trabajan en el terreno y lo conocen bien, los meses más duros en términos de desplazamientos.

Txema Santana, periodista canario especializado en esta materia, se muestra pudoroso a la hora de aventurarse, pero sí que cree que "es probable" que 2024 finalice con el título de año con mayor número de llegadas. "Las proyecciones hablan de que en diciembre el número pueda incrementarse incluso hasta las 45.000 personas", detalla. También según los datos del departamento de Fernando Grande-Marlaska, 2023 era hasta ahora el año con el récord: en esos 12 meses llegaron 39.910 migrantes y refugiados, un 26% más de los que arribaron durante la histórica crisis de los cayucos de 2006.

Pero lo peor es que a estas cifras les corresponde una fatídica correlación, y es que cuantas más personas llegan, más personas mueren. "Es así, lamentablemente", dice Santana. Las cifras, también en esta ocasión, le dan la razón. Las recoge en este caso Caminando Fronteras, que detalló en su informe #DerechoAlaVida2024 que entre enero y mayo de este año han muerto 5.054 personas intentando llegar a las costas españolas, 4.808 tratando de desembarcar en el archipiélago. Dicho de otro modo: el 95% de todas las personas que han muerto en su intento por alcanzar nuestras fronteras ha muerto de camino a Canarias. Son, según señala su portavoz, Helena Maleno, 33 al día. "Es la ruta más letal y peligrosa de todas", sentencia la organización. No obstante, es también, a su vez, "la más transitada". Y tiene una explicación.

No siempre ha sido así. Las características propias de la travesía canaria a través del Atlántico hacen que éste no sea el que naturalmente se escoja. Sin embargo, y como coinciden todas aquellas personas expertas que conocen bien el funcionamiento de las migraciones, las rutas más peligrosas empiezan a ser mucho más transitadas cuando la travesía más sencilla se cierra. En este caso es fácil comprobarlo.

Como la recuerda Caminando Fronteras, entre los años 2007 y 2010 el Gobierno español firmó varios acuerdos para permitir las deportaciones de ciudadanos senegaleses y mauritanos. Además, impulsó el proceso de externalización de fronteras y las fuerzas policiales españolas empezaron a estar presentes en los puertos de Mauritania y Senegal. Tan sólo un año más tarde, en 2011, el entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, señaló que la ruta se había "cerrado". Se basaba en los datos. Según los facilitados por Interior a este periódico, y los que entonces manejaba su departamento, en 2010 tan sólo desembarcaron en el archipiélago 196 personas.

La tónica se mantuvo así —sin superar nunca las 900 llegadas— hasta 2018, cuando las entradas, otra vez, repuntaron. Pasaron entonces a ser 1.323, un 211% más que un año antes. ¿Qué había pasado? Que las rutas del norte —la de Argelia, la del Estrecho y la del mar de Alborán— se habían militarizado y los migrantes y refugiados que intentaban emplearlas sufrían un "alto nivel de violencia", lamenta Caminando Fronteras. En síntesis: se había cerrado esa ruta; se volvió a abrir la de Canarias.

Basándonos en esa lógica, ¿podría ahora también explicarse el incremento sin parangón de las llegadas de los últimos cuatro años por el cierre previo de otra ruta migratoria? Sí, pero sólo en parte. Así lo indican desde la oficina de Acnur en España, que destacan que los movimientos migratorios no pueden explicarse sólo desde una óptica. "Es un factor que efectivamente influye, pero no es el único", explican sus fuentes.

En cualquier caso, para analizar ese factor y su influencia en los números actuales hay que mirar a los otros dos países que son puerta de entrada al continente: Grecia e Italia. En el primero, donde ahora gobierna el conservador Kyriakos Mitsotakis, se ha construido un muro con Turquía. Y en el segundo, liderado por la ultra Giorgia Meloni, se ha aprobado una batería legislativa que facilita, por ejemplo, la expulsión de menores no acompañados. O que permite que estos sean internados en centros para adultos. El "enfoque caritativo", dijo la neofascista, no estaba funcionando.

Pero es que además la Unión Europea, en bloque, sigue endureciendo las políticas fronterizas mediante un sistema de externalización de fronteras criticado por las organizaciones y utilizado, también, en España. El nuevo Pacto Europeo sobre Migración y Asilo es el mejor ejemplo.

Pero Acnur insiste: hay más razones que explican el incremento actual del tránisto por la ruta canaria. Carlos Escaño, portavoz de Amnistía Internacional, señala por ejemplo el recrudecimiento de los conflictos. Y el expolio de recursos naturales que impide la vida de muchas personas en sus países. Y la crisis climática.

Sobre todo esto también hay cifras. Por ejemplo, según los datos de la ONU, aproximadamente entre 3.300 y 3.600 millones de personas viven en "entornos expuestos a perturbaciones climáticas" y alrededor de 216 millones podrían desplazarse hasta 2050 por este motivo, según estimaciones del Banco Mundial. En cuanto a los conflictos, el último Índice de Paz Global publicado por el Institute for Economics & Peace el pasado mes de junio señala que actualmente hay 56 enfrentamientos activos en todo el mundo, la mayor cantidad desde la Segunda Guerra Mundial. "La situación a día de hoy es más preocupante que la de hace 30 años, pero no por la realidad migratoria, sino por las causas estructurales que llevan a las personas a abandonar sus territorios", completa Escaño. 

Esta variabilidad e incremento de las razones para migrar tiene una consecuencia directa y muy clara que también se ha visto en estas tres décadas: el perfil de los migrantes y refugiados ha cambiado. Según la oficina de Acnur en España, durante los años 2000 los motivos eran puramente económicos y movían, fundamentalmente, a senegaleses y mauritanos. Ahora, sin embargo, la nacionalidad con más presencia entre las personas que llegan a las islas es la maliense. Según los datos del organismo, a 30 de junio suponían el 43% del total, seguidos de senegaleses (el 20%), marroquíes (9%) y mauritanos (8%).

Además, cada vez hay más mujeres. Y muchas de ellas, solas. Santana, en este sentido, recalca que han pasado de suponer el 5% de las personas llegadas al 15%. "Hay un nuevo ecosistema social a bordo de las pateras. También hemos visto a hombres solos con niños. Incluso a niñas solas. Eso antes no ocurría", señala el periodista.

Pero tampoco es lo único que ha cambiado. Acnur destaca también la evolución palpable de las embarcaciones. "Las primeras que empezaron a llegar a Canarias eran precarias y llegaban a los puntos más cercanos al continente africano. A partir de 2006, cuando se produjo la crisis de los cayucos, empezaron a verse pateras con mucha más capacidad", señalan desde el organismo, que detalla que actualmente las más habituales parten desde Mauritania con una capacidad para unas 70 u 80 personas. Muchas llegan ya, además, a la isla de El Hierro, la más occidental. Y otras muchas ya no son de madera, sino neumáticas, explica la portavoz de Caminando Fronteras.

El resumen, señalan todos los expertos consultados, es que la migración que llega a Canarias es cada vez más compleja. Sin embargo, denuncian, no hay políticas dedicadas a atenderla. Más bien, dicen todas las fuentes, todas ellas parecen destinadas a cumplir con ese objetivo de "Europa fortaleza", lamenta Escaño. Y ese no es el camino.

"En estos últimos 30 años hemos aprendido muy poco, porque seguimos viviendo en la emergencia constante", critica Juan Carlos Lorenzo, coordinador territorial de CEAR en Canarias. Se refiere a que no hay una visión global de las islas como frontera española y europea. Las soluciones, por tanto, se plantean ad hoc. Y no son duraderas. "Creamos cosas, las desmantelamos y luego las volvemos a crear", lamenta. Por eso exige un tratamiento "poliédrico" de la migración. Y que, sobre todo, abogue por las "vías legales y seguras".

"Hay que apostar por eso. Por asegurar condiciones de vida dignas a quienes llegan, por facilitar el acceso al asilo y, también, por luchar contra la criminalización y los discursos xenófobos", que imperan y se extienden cada vez más rápido por Europa, dice Escaño. Si no se ha hecho hasta ahora, critica Maleno, es porque existe "un negocio alrededor de la muerte" de miles de personas. "La mayoría de las personas que entran en España no lo hacen por estas vías, pero se pone el foco en ellas porque hay un sector que así alimenta el racismo y otro que se lucra con la externalización y la militarización de fronteras. La deshumanización es cada vez más potente", lamenta Maleno, que habla, sin tapujos, de una necrofrontera.

Fue en junio, a las puertas del verano. El debate migratorio volvía a ocupar titulares y minutos de radio y televisión porque Canarias había expresado que su sistema de acogida ya no daba más de sí. Las negociaciones para buscar una solución fueron la oportunidad perfecta para que la extrema derecha recordase y azuzase sus mensajes de odio xenófobo. Y así lo volvieron a hacer la semana pasada, aprovechando el crimen de Mocejón (Toledo) para esparcir bulos a través de las redes sociales que vinculasen —otra vez— inmigración y delincuencia. Pasó también en Reino Unido. Y todo, poco después de que la Unión Europea aprobase un nuevo Pacto Europeo sobre Migración y Asilo aplaudido por los ultras.

Javier de Lucas (Murcia, 1952), catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política en el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de València, lleva más de 30 años trabajando en torno a la migración y asegura a infoLibre que no comparte los términos en los que se debate sobre ello. Ni por parte de la extrema derecha —a la que cada vez cree con más poder de influencia—, ni de la derecha del PP ni, tampoco, de la izquierda. A punto de que comience el nuevo curso, y con una nueva gira africana del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a punto de empezar, responde a las preguntas de este periódico y pide, sobre todo, recuperar lo más básico: hablar de migración no puede desligarse, nunca, de hablar de derechos humanos.

Este martes el presidente del Gobierno inicia una gira por Mauritania, Senegal y Gambia en el marco de la crisis migratoria que vive Canarias. ¿Le daría algún consejo?

Por la experiencia que acumulo, no quiero jugar al profeta en el desierto. En todo caso, mis propuestas están lejos de las propuestas de política migratoria que conduce sobre todo el ministro Marlaska con esos países. Por lo demás, son tres países diferentes y es muy distinta la presencia de sus nacionales o de personas de terceros países en tránsito en viajes migratorios a España. En el caso de Mauritania y Gambia, pediría que pusiera como condición de cualquier acuerdo el respeto de los derechos de sus propios nacionales y de las personas que transiten por su país, algo inútil, pues sus gobernantes no están por la labor. En Senegal, un país más cercano a los parámetros democráticos, pediría diálogo con los agentes de la sociedad civil para seguir el modelo de las propuestas de codesarrollo e inmigración ideadas por Sami Naïr y que no se han puesto en práctica.

España y la UE han destinado ingentes fondos a estos países con el objetivo, entre otras cosas, de controlar la migración. En concreto, en febrero se anunciaron 210 millones para Mauritania por parte de la Unión Europea y 180 por parte de España para Senegal. ¿Cree que este tipo de políticas son solución a esta crisis humanitaria?

No. La experiencia demuestra abrumadoramente que se trata de comprar “polis malos” a cambio de un dinero que esos gobernantes no harán llegar a sus poblaciones, que no mejorará los derechos de sus ciudadanos y menos aún de los inmigrantes o demandantes de asilo que transiten por esos países. ¿Cree usted que al régimen dictatorial mauritano le importan los derechos de sus habitantes? Pues menos aún los de los inmigrantes.

¿Qué sentido tienen entonces estas propuestas? ¿Cómo se justifican?

La justificación de ese modelo de acuerdos bilaterales es puramente de control policial: externalizar esos controles para que no lleguen los inmigrantes que no nos interesan y también para echar a los sobrantes. Los derechos no existen en esos acuerdos: nos desentendemos por completo de lo que hagan con esas personas.

Muchas organizaciones denuncian la falta de transparencia de esos fondos. ¿Cree que se destinan a lo que se dice que se destinan?

Funcionan como los habituales mecanismos de corrupción de los que disfrutan las élites. Es fácil comprobar que no hay cláusula de condicionamiento de esas ayudas a resultados constatables y objetivos de progresos en los indicadores de desarrollo humano de sus poblaciones. Lo que cuentan son las estadísticas de objetivos policiales.

Entonces, ¿cuáles son, a su juicio, las medidas realmente efectivas para abordar este problema?

Si algo se aprende estudiando las políticas migratorias es que no hay soluciones fáciles. La gestión de la movilidad migratoria y de su asentamiento es muy compleja, pero hay propuestas que se pueden ensayar. Con todos los matices, para evitar los tropismos coloniales, serían efectivas las medidas de codesarrollo vinculadas a políticas migratorias que he mencionado, que someten las ayudas, como le he dicho, a controles objetivos de avance en derechos humanos, democracia y desarrollo para sus poblaciones. Me refiero a un sistema descentralizado, en el que los agentes y destinatarios de la gestión de ayudas no deben ser tanto los gobiernos, sino las organizaciones de las sociedades civiles (universidades, asociaciones, sindicatos, etc.) de los países de origen y de llegada de los inmigrantes. Y también ellos mismos, que son los que conocen las necesidades reales y la prioridad de destino de las ayudas.

Los dos grandes partidos no fueron capaces de ponerse de acuerdo en junio para dar una solución urgente a la reubicación de menores no acompañados. ¿Cree que los términos en que se desarrolló el debate, básicamente basadas en dinero y cifras de personas, fue el correcto?

Obviamente, no. Fue un ejemplo más de cómo servirse de la inmigración en la confrontación partidista: no es un ejemplo de política de inmigración, sino de hacer política partidista con la inmigración. Electoralista, simplista y maniquea, a base de manejar tópicos simplistas sobre la inmigración. Antes que inmigrantes, esos menores son niños, cuyos derechos están reconocidos y garantizados por la Convención de los Derechos del Niño y la Ley Orgánica de Protección del Menor, que son derecho vigente que obliga a todos los poderes públicos. Lo primero es cumplir con la garantía de esos derechos, y eso no parece que fuera la condición previa aceptada en un debate que, en el mejor de los casos, se deslizó por la más paternalista y condescendiente perspectiva soi dissant humanitaria. Los derechos no son limosnas piadosas.

¿Qué opina del fondo del debate? ¿Necesitamos hacer obligatoria la reubicación de los migrantes? ¿Por qué?

Es muy sencillo: hablamos de derechos de niños, de menores, que estamos obligados a garantizar y que el Gobierno de Canarias no puede asumir en solitario. Las posiciones del gobierno de la Generalitat de Cataluña y de los gobiernos del PP de diferentes comunidades autónomas que se opusieron a la distribución obligatoria suponen desconocer esas obligaciones jurídicas primarias. No hay discusión posible al respecto. Otra cosa es cómo distribuir solidariamente el cumplimiento de esas obligaciones, cómo financiar solidariamente la garantía eficaz y adecuada de esos derechos. Algo que, por cierto, el Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración (PECI), que disponía partidas millonarias para ayuntamientos y comunidades autónomas para las políticas de acogida, facilitaba.

¿Cómo se puede combatir el discurso de la extrema derecha, que ha convertido a los menores migrantes en una auténtica y estupenda excusa para lanzar sus mensajes xenófobos?

Ya he dejado claro que no se puede abdicar de una línea roja: con los derechos de los menores, de los niños, no se negocia, se cumple con ellos. Hay que poner pie en pared en este tema. No cabe admitir un planteamiento que obvie esa premisa. No lo haríamos con nuestros niños. No podemos permitirnos el disparate jurídico de negar derechos a niños por su origen. Es renunciar a principios jurídicos elementales, eso es barbarie.

¿Cree que ha aumentado el número de personas que creen firmemente en el contenido de los mensajes que lanza la ultraderecha en torno a este tema? ¿Por qué cree que consiguen calar?

Sí, es un continuo in crescendo. Las razones son complejas, pero diré que es más fácil creer (insisto, creer) en explicaciones simples, fáciles, sobre las que tomar partido. Me refiero a términos que categorizan entre bueno y malo, es decir, los que corresponden a mis intereses y refuercen mis sentimientos, necesidades o prejuicios, y los que no. Quiero subrayar el papel negativo de buena parte de los medios de comunicación que, con raras excepciones, prefieren ese mensaje simplista y sensacionalista, porque es el que vende. Porque no sólo hay políticos que buscan su rédito electoral, sino también muchos medios, tertulianos y periodistas empeñados en contarnos, por ejemplo, que el hecho de que lleguen 30.000 personas en patera a un país como España es un problema de seguridad nacional, de cohesión social y de supervivencia de nuestra cultura.

¿Hasta qué punto es tóxico el discurso ambiguo del PP sobre migración —aquel que señala que valen los venezolanos y ucranianos, no valen los senegaleses ni marroquíes. ¿Cree que se ha contagiado por la extrema derecha o que los conservadores ya defendían esas ideas antes de su irrupción en la esfera pública?

Niego la mayor. No es el PP sólo, ni sólo Orban, o Salvini. Son todos los gobiernos de la Unión Europea y la propia Unión Europea quienes practican ese doble rasero. Son esos gobiernos los que están restringiendo el asilo y externalizando unas políticas migratorias obsesionadas con el control policial de fronteras y con una inmigración entendida sobre todo como fondo de reserva de mano de obra en condiciones de explotación, y de la que se puede prescindir cuando nos beneficie hacerlo.

Déjeme que insista en un asunto crucial: la explotación de los inmigrantes de países pobres como mano de obra de reserva para el mercado ya la explicó Marx en el XIX, aunque alguna filósofa experta en márketing pretenda haber descubierto hoy el vínculo entre inmigración y pobreza, que en realidad es entre inmigración y desigualdad. Bauman lo clavó: nuestras políticas migratorias se basan en una "industria del desecho humano". Por eso no hay políticas serias para promover que los inmigrantes se puedan convertir en ciudadanos de pleno derecho. En lugar de un nuevo contrato social, sólo les ofrecemos la disyuntiva nefasta entre ser víctimas del racismo u objeto pasivo de un condescendiente “humanitarismo”.

El PSOE ha pasado de dar una lección con el Aquarius a defender en la UE la externalización de las fronteras. ¿Cómo valora ese cambio de estrategia? ¿A qué cree que se ha debido?

Como puede suponer, me duele profundamente. Recordaré, ante todo, que el Gobierno de coalición no ha actuado igual que lo hizo el Gobierno Rajoy, que suprimió el PECI y aprobó el malhadado Decreto 16/2012, que dejó sin acceso a la sanidad a casi 900.000 personas residentes en España. Sin embargo, este Gobierno cedió pronto al modelo de cerrazón securitaria y a la hipocresía de la ideología neoliberal de mercado que domina la política migratoria y de asilo europea, de Dinamarca, Bélgica y los Países Bajos, a Austria; de Polonia y Hungría a Francia e Italia… En España existieron los dos PECI (2007-2010 y el interruptus 2010-2014). Hoy, la ministra del ramo parece no saber de qué va eso.

¿Cree que la ultraderecha está deseando replicar en España la estrategia violenta que desplegó en Gran Bretaña con el asesinato de tres niñas?

No creo que sea un objetivo expresa y perversamente planificado. Creo que, simplemente, la extrema derecha se vale de cualquier oportunidad para propagar los bulos y fobotipos sobre la inmigración. Y cuanto más simplistas y más dolorosos sean los sucesos a manipular, saben que más fácil prende la mecha. Ninguna novedad. Algunos parecen haber olvidado que el terrible episodio del pogromo en El Ejido que duró toda la primera semana de febrero del año 2000, en el que centenares de inmigrantes fueron perseguidos y maltratados masivamente, fue consecuencia de cómo se manipularon los asesinatos cometidos por dos marroquíes.

El pasado mes de abril la UE aprobó su nuevo Pacto de Migración y Asilo, un documento muy criticado por las organizaciones de derechos humanos. ¿Considera que fue un triunfo de la extrema derecha de la UE?

Sobre eso he escrito en infoLibre y en otros medios. Es un caso claro de lo que podríamos decir “el mal de la tibieza” que describe San Juan en el Apocalipsis. “Porque no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca” (Apoc, 3, 15-17). El pacto me parece sobre todo la demostración de la claudicación de Von Der Leyen y los gobiernos europeos, por el miedo a enfrentarse en serio con el mensaje xenófobo y simplista: sus spindoctors han acuñado el dogma de que defender los derechos de los inmigrantes y demandantes de asilo, en lugar del mensaje de mano dura, es una sangría de votos. Y no se dan cuenta de que en realidad esa política de tibios, que apela como mucho a la lástima y a la coartada humanitaria, para no mencionar la exigencia de los derechos, les hace perder más votos, porque los votantes de derecha prefieren el original al sucedáneo, y quienes exigimos el respeto a los derechos como condición no podemos apoyar a quienes venden esos derechos. La mayor parte de la izquierda ha abandonado la prioridad de los derechos en la política migratoria. Parece que sólo el papa Francisco toma en serio esa exigencia.

Ni sí ni no ni todo lo contrario. El Partido Popular no se moja sobre la reforma pactada entre el Gobierno central y el de Canarias —en el que los conservadores gobiernan en coalición— el pasado mes de abril para cambiar la ley de extranjería y obligar por norma desde el Estado al reparto entre las comunidades autónomas. Un reparto que actualmente es voluntario y que así seguirá tras la decisión de las autonomías del PP de "estudiar a fondo" la propuesta que se ha presentado en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia celebrada en Tenerife. "Los Gobiernos del Partido Popular, salvo Ceuta que ha dicho que esto es una oportunidad para tener una solución definitiva, nos han dicho que no se pronuncian, que quieren estudiarlo y leerlo", confirmó tras la reunión el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que compareció pasadas las 22 horas junto a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego.

La falta de respuesta evita así el choque entre los territorios gobernados por el PP, cuyos intereses son contrapuestos. Mientras que Canarias y Ceuta demandan que esta reforma llegue para aliviar así la carga asistencial, otras autonomías se niegan a que el reparto se haga de forma obligatoria. Según fuentes presentes en la reunión, las autonomías populares alegado que "no son competentes" para "abordar el texto" pese a que fue el grupo parlamentario del PP en el Congreso el que pidió que las autonomías estuvieran informadas. "Nos ha sorprendido que los consejeros nos hayan dicho que son incompetentes porque se tiene que llevar al Congreso", admitió Torres. El ministro y expresidente de Canarias aseguró a su vez que el resto de comunidades gobernadas por el PSOE, así como Euskadi y Cataluña "han valorado positivamente la iniciativa", aunque han manifestado su intención de añadir cambios en el proceso parlamentario.

El PP solo se compromete al reparto ya acordado de los 400 menores — 347 a la Península, 40 en Canarias y 13 en Ceuta— para este año, por lo que la reubicación de los menores migrantes desde una comunidad a otra seguirá como hasta ahora pese a la situación de Canarias, que sufre desde hace tiempo un colapso —su sistema puede sostener a 2.000 personas, pero actualmente lo hace con 6.000, como recordó Torres—al que no se pondrá fin si el resto de autonomías no quieren aceptar que esos menores se trasladen. El acuerdo que el Ejecutivo de Sánchez y el de Canarias llegó a petición expresa de su presidente, Fernando Clavijo (Coalición Canaria) y beneficiaría sobre todo a las islas, Ceuta y Melilla al ser los territorios que más migrantes reciben.

Desde el PP han reprochado al Gobierno de Canarias "la lentitud en los convenios en el envío de menores" y han justificado que, por ese motivo, "no han acogido más", pero lo cierto es que ni en 2022 ni en 2023 cumplieron con lo pactado. El año pasado el Gobierno y las autonomías acordaron que tendrían que acoger a 373 menores migrantes procedentes de Canarias y de Ceuta. Sin embargo, sólo tres comunidades aceptaron los traslados. Fueron Andalucía, Aragón y Asturias. Un año antes la situación dejó mejores datos, pero tampoco un cumplimiento completo de los compromisos adoptados.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, aseguraba este mismo miércoles que su formación iba a cumplir con "sus obligaciones", es decir, con la reubicación de 347 menores que corresponden a 2024, y prometía "solidaridad", pero sus propios barones añadían que siempre que esta no fuera obligatoria. Aunque son las autonomías las que tienen las competencias en la materia, el conservador situaba toda la responsabilidad en el Gobierno de Sánchez, al que demandaba que "asuma su responsabilidad" pese a que la propuesta de reforma de la ley de extranjería busca tratar de atajar la saturación de unos territorios frente a otros.

Además de la oposición de la mayoría de barones del PP al reparto obligatorio, otro de los obstáculos de la formación está a su derecha. Desde que la migración ha vuelto al centro del debate político Vox lo está aprovechando para marcar perfil frente al PP. La extrema derecha insiste una y otra vez en el mismo falso mantra: los menores que llegan a España son jóvenes peligrosos a los que el Estado trata mejor que "a los de aquí", que tienen más ayudas, más facilidades y más privilegios. Ahora amaga con romper los Ejecutivos regionales de los que forma parte si los conservadores acuerdan con el Gobierno de Sánchez el reparto.

En una nota de prensa difundida este miércoles noche, Vox ha dado por rotos los pactos con la formación de Feijóo y ha anunciado la celebración extraordinaria del Comité Ejecutivo Nacional para acordar "los próximos pasos": "Tras entregar el CGPJ, RTVE, la Junta Electoral Central o aliarse en Europa contra los intereses de los españoles, el PP llega a un nuevo acuerdo con el PSOE y confirma dónde y con quién quiere estar", señala la formación ultra.

Feijóo insistió este miércoles en que el PP va a cumplir con lo acordado, aunque sin comprometerse a que el reparto se haga de manera obligatoria como sí le demandan Canarias y Ceuta. "No sé qué va a hacer Vox, nosotros estamos cumpliendo los compromisos de un partido de estado y los acuerdos de estabilidad", señaló, recalcando que en las autonomías donde gobiernan conjuntamente ya han acogidos migrantes. "Esto es la realidad y entiendo que no se puede amenazar a nadie por cumplir con su deber", zanjó.

El Gobierno confiaba en llegar a un acuerdo con los conservadores, ya que no tiene otro plan B. La medida necesita el voto en el Congreso del PP después de que Junts haya cerrado la puerta a aceptarla. En los últimos días tanto desde Ferraz como desde el Gobierno demandaban "altura de miras" a los populares, sin embargo ya se mostraban escépticos después del giro ultra de la formación de Feijóo, que la semana pasada, a través de su portavoz en el Congreso, Miguel Tellado, llegó incluso a reclamar que la Armada bloqueara a los cayucos en origen, al igual que demanda Vox.

El siguiente paso del Gobierno es reunirse de nuevo con el Ejecutivo canario para ver qué hacen con la propuesta y por el momento no descartan presentar la proposición de ley, aunque no tenga los números, para retratar en las Cortes el rechazo de las otras fuerzas. En el Gobierno, indican las fuentes consultadas, hay máxima preocupación por la “complicada” situación en la que va a quedarse Canarias si esta reforma legislativa no sale adelante. La ministra Rego aseguró que la intención del Ejecutivo es "seguir trabajando las aportaciones" y que van a registrar la iniciativa próximamente.

En el Gobierno central reconocen que van a seguir llegando menores no acompañados a las islas y que el Gobierno central no puede por ley distribuirlos, ya que es una competencia de las autonomías. "El mecanismo voluntario está funcionando relativamente", lamentó la ministra de Juventud e Infancia. Seguirá vigente entonces el actual sistema, que falla y en el que no se cumple ni siquiera el reparto que se pacta en las sectoriales.