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MIGRACIÓN

El Gobierno asume que no hay ‘plan B’ si Feijóo rechaza cambiar la ley para reubicar a menores migrantes

Ángel Víctor Torres en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.

En manos del PP. No hay plan b. El gran pacto para fijar por ley el reparto solidario de menores acompañados entre comunidades sólo puede salir adelante si los populares se avienen a un acuerdo con el PSOE. En el Gobierno asumen que sin el sí de Génova 13 no hay alternativa. Por eso durante estas horas en La Moncloa y en Ferraz se pide de manera pública “altura de miras” a los populares.

El actual sistema de reparto, en base a acuerdos de la conferencia sectorial, no funciona. Es una realidad palmaria que ha llevado a que el Gobierno de Canarias (formado por una coalición de CC y del PP) y el Ejecutivo central del PSOE y Sumar hayan llegado a un acuerdo para tratar de reformar el artículo 35 de la Ley de Extranjería para que se fijen unos criterios que lleven a una distribución entre autonomías. 

Este miércoles se celebra una reunión de la conferencia sectorial (el órgano en el que están representantes el Gobierno central y de todas las autonomías) para tratar esta reforma, sobre la que el PP no ha fijado una posición definitiva. En la reunión no se producirá una votación sobre esa vía para cambiar la ley, pero sí hay un punto del orden del día para “informar” sobre ello. Ahí el Ejecutivo central tratará de atraer a las autonomías para que presionen para que haya un gran pacto en las Cortes Generales.

La reforma está pactada por el momento entre el Ejecutivo central y el Gobierno canario, pero la intención es que eso se traduzca vía parlamentaria. Desde la comunidad autónoma se insiste en la fórmula del real decreto, pero fuentes gubernamentales rechazan esa posibilidad al entender que esto no garantiza que salga luego en el Parlamento y pensando en que podría ser recurrido ante el Tribunal Constitucional, especialmente por Vox, y perder al invadir competencias de las autonomías.

¿Y si el PP no se suma al acuerdo?

La apuesta del Ejecutivo central, según fuentes implicadas en la negociación, es tratar de llegar a ese pacto a través de una proposición de ley que presenten los partidos en el Parlamento. Pero los número sólo salen, como reconocen los interlocutores, si el PP se aviene a votar afirmativamente. En el Palacio de La Moncloa también han asimilado que Junts no apoyará esta reforma y señalan que es inviable acceder a lo que piden los de Carles Puigdemont de la transferencia completa en materia de migración.

En el Gobierno central no se atreven a pronosticar qué hará finalmente el Partido Popular, al que piden que sea solidario y responsable. Reconocen las fuentes del Ejecutivo que no hay plan b si los populares no se suman a esta reforma para distribuir por ley a los menores no acompañados. ¿Y qué pasará entonces? Si los populares rechazan de manera taxativa reformar la ley de extranjería (que requeriría solo mayoría simple en el Congreso), entonces el Gobierno central se reunirá con el canario para ver qué hacen con la propuesta. En estos momentos en el Ejecutivo barajan presentar la proposición de ley, aunque no tenga los números, para retratar en las Cortes el rechazo de las otras fuerzas.

En el Gobierno, indican las fuentes, hay máxima preocupación por la “complicada” situación en la que va a quedarse Canarias si no sale adelante esta reforma legislativa. Reconocen que van a seguir llegando menores no acompañados a las islas y que el Ejecutivo no puede por ley distribuirlos, ya que es una competencia de las autonomías. Seguirá vigente entonces el actual sistema, que falla y en el que no se cumple ni siquiera el reparto que se pacta en las sectoriales.

Además, el Gobierno dice que tampoco sirve que el Partido Popular termine absteniéndose: la ley saldría adelante pero su aplicación se vería comprometida si no hay una implicación total de las autonomías populares. Y es que el cambio legal requiere de la eficiencia y de la puesta en práctica de la distribución de rápida. La idea del pacto que hay sobre la mesa es que los menores sean reubicados quince días después de llegar a las costas. “No sirve que se abstengan si luego sus comunidades no aplican la ley…”, insisten desde el Ejecutivo.

La presión de Vox al PP

Uno de los principales escollos en estos momentos para que el PP se suba al pacto es la pugna interna que vive la derecha y la ultraderecha, donde Vox ha amenazado con romper los gobiernos autonómicos con los populares si aceptan acoger menores migrantes. El partido de Santiago Abascal señala que no va de farol y dentro del Partido Popular también hay división sobre cómo actuar. Intentan remar a favor de ese acuerdo el PP de Canarias y el de Ceuta, las zonas donde tienen que gestionar principalmente la situación, pero muchos barones internamente están haciendo llegar a Génova 13 su oposición.

Muchas autonomías del Partido Popular están poniendo como excusa que ya están sobrepasadas y que no tienen medios para poder acoger a más menores. No obstante, desde el Gobierno central se lucha contra este argumento y la promesa es que se van a aportar más fondos para poder materializar este cambio de la ley. Por lo tanto, esperan que esto no sirva como línea popular para frenar el acuerdo.

Por qué ahora no funciona el reparto de menores: las comunidades incumplieron lo pactado en 2022 y 2023

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Las comunidades autónomas se comprometieron a acoger a 396 menores migrantes el año pasado, pero sólo cuatro autonomías cumplieron con el acuerdo: Andalucía, Aragón, Asturias y Navarra, según datos del Gobierno facilitados a la agencia Efe. Incluso esas regiones no llegaron al total pactado en la conferencia sectorial. Por ejemplo, Madrid y Cataluña no trasladaron a ninguno cuando debían haber estado a la cabeza. La ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, ha reiterado estos días que sólo las autonomías cumplieron en un 15% en su conjunto mientras que el Gobierno sí repartió los fondos comprometidos. 

Por eso en el Ejecutivo central insisten en que hay que plasmar por ley este “reparto solidario obligado”. Pero el PP sigue sin decir claramente qué hará. Borja Sémper (PP) rechazó el órdago de Vox e intentó remarcar que son un “partido de Estado”, pero nadó en la indefinición de que las comunidades populares actuarán “hasta el límite de su capacidad”. Pone como una condición la creación de un “fondo de contingencia”, algo a lo que estaría dispuesto el Ejecutivo central sin problemas. 

El mensaje que dejó Sémper pasó por estas líneas: “La posición del PP se concreta en lo siguiente: solidaridad toda, chantajes ninguno. Es lo que llevará el Partido Popular a la conferencia sectorial que el Gobierno ha convocado a rastras para abordar la situación cada vez más preocupante de la inmigración y de los menores no acompañados”. Todo ello tras unos días en los que Génova 13 subió el tono respecto a la migración, llegando incluso su portavoz en el Congreso, Miguel Tellado, a pedir que se desplieguen las Fuerzas Armadas frente a las costas de donde salen los cayucos.

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