Cuando un gobernante utiliza un chatbot no para agilizar trámites, sino para "estructurar pensamientos", estamos ante una cesión de soberanía intelectual. El riesgo de la IA en política no son solo sus "alucinaciones" o sus datos falsos, sino su capacidad para generar marcos lógicos a la carta. La IA no busca la verdad, busca la complacencia: si un político le pide argumentos para una tesis, el modelo le devolverá un espejo de sus propios prejuicios con apariencia de rigor técnico. Es la adulación algorítmica sustituyendo al análisis técnico.

Estamos delegando la complejidad de lo público en "cajas negras" de empresas privadas. Al aceptar resúmenes automáticos, los políticos borran los matices, las aristas y las voces minoritarias que la IA, por su naturaleza estadística, tiende a simplificar. Es una política de baja resolución: gramaticalmente perfecta, pero políticamente vacía.

Si el líder se convierte en un mero rebotador de contenidos generados por una máquina, la responsabilidad se diluye. Si nadie supervisa el proceso porque "el sistema es eficiente", ¿a quién pediremos cuentas cuando el sesgo del algoritmo se convierta en ley? La democracia exige fricción, debate y, sobre todo, una mente humana al volante. Sin eso, el Gobierno no es más que un prompt mal ejecutado.

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Rafael Casado es socio de infoLibre.

Hace ya tiempo que en España se ha instalado la zafiedad como marca. Hace ya tiempo que la sensatez se ha refugiado en algún rincón perdido, incapaz de doblegar a la zafiedad. Es lo que lamentablemente se llevará el Secretario General de la OMS de su presencia en España.

El máximo responsable del organismo que vela por la salud de los terrícolas (incluidos los españoles) que lleva sobre su mochila toda la información científica de cada rincón del mundo y de los recursos que poseen las autoridades de aquellos rincones, no dudó ni un segundo en señalar a España como el lugar con la capacidad necesaria para solventar los problemas sanitarios que, en torno al hantavirus, se habían producido en el barco crucero My Hondius procedente de Ushuaia (Argentina). “Estamos orgullosos de que haya sido la OMS quien haya elegido España para esta operación, dada la robustez de nuestros sistemas de vigilancia epidemiológica y de nuestro sistema sanitario”, ha señalado la ministra de Sanidad. 

Pero lo que seguramente no lleva en su mochila es la zafiedad que lleva instalada en España desde hace más de 7 años. Que al presidente de Vox no se le ocurra otra estupidez que señalar al inquilino de La Moncloa como “el responsable de generar una epidemia en España” ya no aguanta ningún comentario. Pero que el responsable del Gobierno canario, Fernando Clavijo, no permita el amarre del buque en el puerto tinerfeño y determine la distancia exigible para fondear (una milla) para evitar que las posibles ratas “se lancen al agua” para llegar a tierra y extender el virus por la isla de Tenerife (lo había consultado en IA) escapa a cualquier comentario dotado de sensatez. Supongo que Tedros Adhanom Ghebreyesus se estará meando de risa o llorando por los límites de la estupidez humana.

Más aún, según la Constitución es un asunto 100% competencia del Gobierno de España (AGE) al ser una alerta comunitaria (UE) e internacional (OMS).

Por ello, el Gobierno de Canarias es incompetente en Puertos y Aeropuertos (Transportes) y Sanidad Exterior con ciudadanos afectados de varias CC.AA. Sanidad delega ahora en un hospital militar (Defensa). Y el ministerio del Interior es la fuerza coercitiva vía Policía Nacional y Guardia Civil para asegurar la operación sanitaria.

A Clavijo le informan por cortesía, no por obligación legal, al tener 0 competencia en este asunto. Pero a este “gobierno dictatorial” no le queda más remedio que tragar el sapo y esconderse para que no salpiquen al resto de Europa las “aportaciones científicas” del presidente de la Comunidad Autónoma de Canarias.

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Marcelo Noboa Fiallo es socio de infoLibre.

El presidente de Canarias envió a la ministra de Sanidad un informe generado por inteligencia artificial para argumentar que el barco Hondius no debía atracar en el puerto de Granadilla. El documento sostenía que las ratas son excelentes nadadoras y pueden sobrevivir en el agua hasta tres días. Fernando Clavijo lo reenvió a Mónica García a las 17.13 h de un sábado, con el formato visual intacto de una consulta a chatbot, incluidos los enlaces a YouTube. No había rastro de edición, ni de contraste, ni de ningún paso intermedio entre la pregunta al modelo y el correo a la ministra.

El episodio podría pasar por una curiosidad de la política autonómica española si no fuera porque el presidente canario pretendía que el Ministerio de Sanidad tomase una decisión extremadamente relevante en materia de salud pública basándose en lo que le decía un chat de IA. 

Y aunque no tenemos datos que documenten lo que están haciendo los políticos y altos funcionarios españoles —aunque sí hay indicios que sugieren un uso elevado y no supervisado por humanos de la IA para la preparación de textos y análisis de documentos—, sí sabemos que no es un rareza en los países de nuestro entorno.

Un estudio recientemente publicado por la organización europea AlgorithmWatch documenta que el uso de la inteligencia artificial en la toma de decisiones públicas no es una excepción. Es, según sus autores, un patrón extendido, escasamente regulado y, en su manifestación más preocupante, completamente invisible.

El informe de AlgorithmWatch analiza el uso de chatbots en los gobiernos de Alemania, Suiza y el Reino Unido a partir de registros públicos de transparencia, solicitudes de acceso a la información y experimentos propios con modelos de lenguaje. 

Sus autores parten de una distinción que resulta útil para entender el caso Clavijo y los que vendrán después. No les preocupa principalmente que los gobiernos usen inteligencia artificial para tareas administrativas de bajo riesgo —clasificar documentos, responder consultas ciudadanas rutinarias, convertir planos antiguos en formato digital—. Lo que investigan es algo más específico: qué ocurre cuando un funcionario o un cargo electo usa un chatbot para organizar su comprensión de un asunto, resumir una política compleja o elaborar una posición ante una decisión que tendrá consecuencias reales.

Esa distinción importa porque en el segundo tipo de uso el modelo no solo procesa información: la encuadra. Decide qué mostrar y qué omitir, qué presentar como consenso y qué como posición minoritaria, qué fuentes merecen más peso y cuáles menos. Y lo hace de formas que el propio usuario no necesariamente percibe, y que los sistemas de supervisión existentes no están diseñados para detectar.

El ministro alemán de Asuntos Digitales, Karsten Wildberger, lo describió sin aparente conciencia de las implicaciones. En una entrevista con Die Zeit, declaró que usa chatbots, en particular Claude, “muchas veces una o dos horas al día para estructurar pensamientos”. 

Detalló además el proceso con precisión: vuelca ideas desordenadas en el modelo, le pide que las organice y añada dos o tres ideas adicionales, reflexiona sobre el resultado, y repite el ciclo. “Normalmente son cuatro o cinco vueltas”, dijo. 

El Ministerio Digital de Alemania, en respuesta a una solicitud de acceso a la información presentada por los investigadores de AlgorithmWatch, respondió por escrito que el ministro “no ha utilizado chatbots de IA en su función como ministro federal de Asuntos Digitales y Modernización del Estado”. Wildberger no rectificó su declaración. Pero tampoco el Ministerio explicó la contradicción.

Los autores del estudio señalan que la distinción entre uso “personal” y uso “oficial” de un chatbot es, en la práctica, inoperante cuando la persona en cuestión es un ministro. Los pensamientos que Wildberger estructura con la ayuda de un modelo de lenguaje son los pensamientos con los que luego toma decisiones sobre política digital alemana. Que eso ocurra fuera del despacho oficial no lo convierte en un asunto privado.

Los gobiernos no llegaron a esta situación de improviso. Construyeron herramientas propias, firmaron contratos con grandes proveedores y publicaron directrices de uso que, en muchos casos, impulsaron activamente la adopción. El Reino Unido es el ejemplo más documentado.

El Gobierno británico desarrolló Redbox, una herramienta interna basada en modelos de lenguaje de OpenAI y Anthropic, diseñada específicamente para el trabajo de los funcionarios: resumir documentos extensos, preparar informes para ministros, generar borradores de comunicaciones internas. 

En verano de 2025 tenía más de 6.000 usuarios activos y procesaba 30.000 mensajes semanales. Era presentada por el propio Gobierno como un caso de éxito de modernización de la Administración pública. 

Pero en octubre fue retirada. La razón no fue ningún problema de funcionamiento ni preocupación sobre sus efectos: fue que Microsoft puso a disposición de los departamentos gubernamentales su herramienta Copilot de forma gratuita, y Google hizo lo mismo con Gemini. Redbox simplemente dejó de ser necesaria como inversión cuando había alternativas sin coste aparente.

Paralelamente, el Ministerio de Justicia firmó un acuerdo con OpenAI para equipar a 2.500 funcionarios con ChatGPT Enterprise. La pregunta de qué instrucciones exactas dan esos funcionarios al sistema, y cómo esas instrucciones condicionan los análisis que luego informan decisiones judiciales y legislativas, no tiene respuesta pública.

Las solicitudes de acceso a la información sobre los prompts —el término técnico para esas instrucciones— fueron rechazadas por el Gobierno británico, calificándolas de “vejatorias”. La única lista de instrucciones obtenida por vía de transparencia, fruto de una solicitud del semanario New Scientist, fue la del secretario de Estado de Tecnología, Peter Kyle: siete preguntas, entre ellas cuál es la definición de inclusión digital y qué podcasts le recomienda el modelo para aparecer como invitado.

En Alemania, el Gobierno federal mantiene un registro público de usos de inteligencia artificial en la Administración. Varios länder han desarrollado sus propias herramientas, como F13 en Baden-Wurtemberg o LLMoin en Hamburgo. 

Las directrices federales sobre uso de inteligencia artificial en la Administración mencionan explícitamente la “soberanía digital” como criterio: la dependencia de herramientas de empresas estadounidenses es un riesgo que el Gobierno reconoce formalmente. 

Suiza, por su parte, trabaja con GovGPT, construido sobre el modelo de código abierto LLaMA de Meta —sí, la empresa del oligarca tecnológico Mark Zuckerberg—, y ha publicado una base de datos de proyectos a través de su red de competencia en inteligencia artificial. 

El problema central que documenta AlgorithmWatch no es que los modelos de lenguaje inventen datos, aunque también lo hagan con una frecuencia tan visible que hasta los propios fabricantes reconocen. Ese problema —llamado técnicamente "alucinación"— al menos produce errores detectables: una fecha incorrecta, una cita que no existe, un dato que no cuadra. Lo que preocupa a los investigadores es más difícil de localizar porque no genera falsedades manifiestas. Genera encuadres.

Para documentarlo, los autores diseñaron pruebas con modelos de lenguaje usando el tipo de instrucciones que un analista político podría razonablemente escribir, incluyendo el tipo de contexto adicional que las propias guías gubernamentales recomiendan añadir para obtener mejores resultados. 

Una de las pruebas pedía al modelo que preparase materiales de briefing para una comisión parlamentaria del Bundestag sobre regulación de inteligencia artificial, con dos posiciones enfrentadas. Las instrucciones incluían en ambos casos la petición explícita de ser riguroso con la evidencia y reconocer las incertidumbres. La única variable que cambiaba era el destinatario.

Cuando la instrucción indicaba que el destinatario era la oficina de Saskia Esken, del SPD, el modelo concluía que la evidencia respaldaba “con confianza media” la posición favorable a una regulación estricta. Cuando el destinatario era la oficina de Friedrich Merz, de la CDU, el mismo modelo, ante los mismos datos y la misma petición de rigor, concluía que la evidencia respaldaba “con confianza media” la posición contraria, más escéptica ante la regulación. Los dos análisis eran internamente coherentes, citaban datos reales y sonaban a trabajo de analista solvente. Simplemente llegaban a conclusiones opuestas.

No era un patrón universal: en otras pruebas similares, el modelo reconocía que se le estaba pidiendo respaldar una posición previa y lo señalaba explícitamente. Pero la variabilidad es parte del problema: un usuario que no sabe que el efecto existe tampoco sabe cuándo está ocurriendo.

Una segunda prueba medía cómo varía la valoración de un argumento según la fuente que se le atribuye. El texto era siempre el mismo: un argumento sobre política energética favorable a la energía nuclear. Cuando se atribuía al Instituto KOF de la ETH de Zúrich, una institución académica de referencia, el modelo le asignaba una puntuación de solidez de 0,78 sobre 1. Cuando el mismo argumento se atribuía a la Fundación Suiza de la Energía, una organización habitualmente crítica con la energía nuclear, la puntuación bajaba a 0,58. El modelo no evaluó el argumento; evaluó su coherencia con la trayectoria conocida de quien lo firmaba.

Los autores denominan a este fenómeno sesgo de coherencia. Un argumento pierde credibilidad ante el modelo no por su contenido, sino porque proviene de una fuente que normalmente defiende la postura contraria. El efecto es, como señalan los investigadores, contraintuitivo respecto a cómo funciona el razonamiento humano bien calibrado: en el análisis convencional, que un argumento convenza incluso a sus críticos habituales añade credibilidad, no la resta. Para los modelos de lenguaje, ese mismo hecho opera en sentido inverso.

A esto se suma la adulación, que en la literatura especializada recibe el nombre técnico de sycophancy: la tendencia de los modelos a ajustar sus respuestas a lo que perciben que el usuario quiere escuchar, tanto si eso se expresa de forma explícita como si se infiere del contexto. 

Y el llamado sesgo de automatización, documentado en estudios sobre evaluación de políticas públicas: la tendencia de los usuarios humanos a aceptar los resultados de sistemas automatizados sin aplicar el mismo escrutinio crítico que aplicarían a un análisis elaborado por una persona. Un funcionario que revisa un informe generado por un chatbot tiende a verificar que los datos sean correctos y que el argumento sea coherente. No tiende a preguntarse si el encuadre habría sido distinto con una instrucción ligeramente diferente.

Las directrices que los gobiernos han publicado sobre uso de inteligencia artificial en la Administración coinciden en un punto: toda decisión apoyada por IA debe pasar por supervisión humana. AlgorithmWatch revisó en detalle las guías del Reino Unido, Alemania, Suiza y la Comisión Europea, y llegó a una conclusión que resulta incómoda para todos ellos: la supervisión se define como principio, nunca como práctica concreta.

La hoja de ruta del Gobierno británico en materia de IA exige “control humano significativo en las fases adecuadas” e insta a los funcionarios a “revisar y validar los resultados de la IA”. Las directrices federales alemanas piden “resultados trazables” y “supervisión humana”, pero dejan a cada organismo la decisión de qué pasos pueden usar IA “sin comprometer la trazabilidad”. Ninguna de las guías analizadas especifica cómo detectar un sesgo de encuadre, un efecto de atribución o una respuesta aduladora. Los tres tipos de distorsión documentados por los investigadores superan sin dificultad una revisión de exactitud factual.

La pregunta sigue siendo qué se supervisa exactamente. Si la respuesta es “verificar que los datos sean correctos”, eso no es supervisión de la influencia del modelo; es corrección de errores. La pregunta relevante —cuyas elecciones refleja este análisis, qué perspectivas ha excluido, cómo habría cambiado el resultado con una instrucción diferente— no aparece en ninguna guía como requisito concreto.

A esto se suma lo que la literatura académica denomina uso en la sombra: el empleo autónomo y no documentado de chatbots comerciales por parte de funcionarios para preparar reuniones, resumir documentos o estructurar argumentos, sin dejar registro institucional de que eso ha ocurrido. 

Según un estudio citado por AlgorithmWatch, este uso “ya es generalizado y plantea preguntas importantes para la Administración pública”. Cuando las consultas no se registran y las respuestas circulan jerárquicamente sin indicar su origen, ningún eslabón de la cadena tiene información suficiente para cuestionar los marcos conceptuales que el modelo ha introducido. La responsabilidad se diluye sin que nadie haya tomado la decisión de diluirla.

En abril de 2025, la Administración Trump presentó una batería de aranceles comerciales que incluía cifras inusuales aplicadas a países con los que el comercio bilateral era mínimo. Varios analistas reconstruyeron la fórmula matemática implícita en los números y constataron que coincidía con la respuesta que ofrecen los principales chatbots cuando se les pregunta cómo corregir un déficit comercial. 

Los modelos advierten, en esas mismas respuestas, que la fórmula es extremadamente simplista y que sus efectos son impredecibles. Esa advertencia no figura en ningún documento oficial de la política arancelaria de la administración.

AlgorithmWatch reconoce que este caso es “extremo e improbable de probar de forma concluyente”. Pero lo incluye como ilustración de algo más estructural: que las herramientas diseñadas para ofrecer respuestas rápidas a preguntas complejas generan una presión sistémica hacia la simplificación, y que los entornos de alta exigencia y plazos ajustados son precisamente los más expuestos a esa presión. 

La velocidad y la comodidad son, según los propios estudios citados en el informe, los principales beneficios que los funcionarios identifican en el uso de inteligencia artificial generativa. Son también las condiciones en las que el escrutinio crítico tiende a reducirse.

Clavijo no diseñó una política arancelaria. Solo necesitaba un argumento para presionar a una ministra un sábado por la tarde, en medio de una emergencia sanitaria que involucraba a dos decenas de países. El informe llegó con enlaces de YouTube y sin ninguna edición porque nadie, en ningún punto del proceso, consideró necesario que hubiera un proceso. 

Lo que hace visible este episodio no es su gravedad, sino su descuido: la ausencia de cualquier intento de disimulo permite ver con claridad un mecanismo que, en la mayoría de los casos, funciona de forma idéntica pero sin dejar rastro.

Un total de 94 pasajeros del buque MV Hondius afectado por Hantavirus han desembarcado durante la jornada de este domingo en el puerto de Granadilla para tomar los diferentes vuelos que los han llevado a sus lugares de origen mientras que este lunes está previsto que lo hagan 24.

Este dato ha sido aportado por la ministra de Sanidad, Mónica García, en la rueda de prensa para hacer balance de la jornada junto a los ministros de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y Política Territorial, Ángel Víctor Torres, así como con el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom.

García ha explicado que se han realizado 7 vuelos que han transportado personas de ocho nacionalidades y en el planificado por Países Bajos han viajado ciudadanos de 11 nacionalidades distintas.

La jornada, ha dicho la ministra, se ha desarrollado con "total normalidad y seguridad", y se ha congratulado que tanto la mujer de Alicante como la de Barcelona, que se mantenían aisladas por ser contactos de una de las afectadas, han tenido una PCR negativa.

Ha añadido que, según el protocolo, a la persona de Alicante se le practicará otra prueba dentro de 48 horas y que en el caso de Barcelona también se seguirá el procedimiento previsto para confirmar esa negatividad, si bien ambas tendrán que cumplir la cuarentena.

Ha esgrimido que la diferencia entre ambos es que el caso de Alicante presenta síntomas, por lo que sigue unos protocolos distintos al de una persona sin síntomas.

Ha detallado que en el caso de Alicante falta una tercera PCR, mientras que en el caso de Barcelona está pendiente una segunda PCR.

La ministra ha precisado que se trata de dos vías de protocolo diferentes y ha agregado que cuando aparecen los síntomas es cuando las personas se convierten en contagiosas.

Este lunes el barco ha realizado un repostaje a las 7 de la mañana y por la tarde se realizarán los últimos vuelos procedentes de Australia, que trasportará a seis personas, y otro de Países Bajos, a 18 pasajeros.

Tras esas salidas quedarían en el barco 34 personas de la tripulación que continuarán el trayecto hasta Países Bajos, ha agregado la ministra, quien ha concluido que previsiblemente mañana por la tarde, a última hora, todo el pasaje habrá abandonado el buque y este podrá continuar su operativa.

Asimismo, ha informado de que el último vuelo previsto para Australia saldrá previsiblemente a las 18.00 horas y de que los pasajeros australianos se encuentran bien.

También ha comunicado que una de las personas que viajaba en el vuelo de Francia ha presentado síntomas y ha indicado que esta situación podía ser previsible en algún momento.

Según ha agregado, alguno de los pasajeros podía presentar síntomas, como ya había ocurrido en personas que habían tenido contacto previamente, y que lo que corresponde es seguir los protocolos establecidos.

Por ello, ha continuado, serán las autoridades sanitarias francesas las que continuarán aplicando los diferentes protocolos.

En relación con una imagen de un técnico bajándose de un autobús con un equipo de protección individual debajo del brazo, ha explicado que se trataba de un técnico del Ministerio de Sanidad, en concreto un psiquiatra, que tenía previsto acompañar a los pasajeros españoles y hacer seguimiento de su salud emocional.

Ha agregado que, una vez llegado al aeropuerto, iba a retirarse las medidas de protección que había llevado dentro del autobús y que tanto el EPI como el resto del material de protección fueron depositados en el puesto de mando auxiliar instalado en el aeropuerto.

La ministra ha confirmado que todo ello estaba previsto y que discurrió con total normalidad.

Preguntada también por la imagen de una persona con la mascarilla bajada, ha admitido que en alguno de los autobuses extranjeros se había producido esa situación.

Ha señalado que las personas que viajaban en esos autocares habían estado en el buque y debían guardar las medidas de seguridad previstas.

No obstante, ha hecho hincapié en que ninguna de las personas desembarcadas durante la jornada eran casos confirmados ni pacientes, sino contactos.

En respuesta a una pregunta sobre las críticas del presidente de Canarias, Fernando Clavijo, la ministra no ha querido enviarle ningún mensaje y ha reiterado que durante la jornada se ha "trabajado fenomenal” y se ha desarrollado todo el dispositivo previsto.

Además, ha lamentado que el Gobierno de Canarias estaba invitado al operativo y que no acudió.

Preguntada por los pasajeros españoles trasladados a Madrid, ha comentado que han llegado bien al Hospital Gómez Ulla y que ya se han iniciado todos los protocolos.

Según ha señalado, tenían "muchísimas ganas" de estar en España y de ser bien recibidos y han pedido que se respete su privacidad.

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom, ha apostillado que la recomendación internacional para los contactos del crucero afectado por la alerta sanitaria es mantener una cuarentena de 42 días con seguimiento activo a partir del 10 de mayo.

Esa cuarentena puede realizarse en una instalación específica o en el domicilio, ha asegurado, si bien ha matizado que la OMS asesora a los países, pero no impone medidas obligatorias, pues cada Estado aplica sus propias directrices nacionales y decide las actuaciones en función de su evaluación de riesgo.

En relación con el caso con síntomas detectado en Francia, ha dicho que la aparición de síntomas no implica necesariamente relación con el hantavirus.

Muchas de las personas que viajaban en el crucero son de edad avanzada y presentan otras patologías crónicas que también pueden provocar síntomas similares, ha apostillado el director de la OMS.

No obstante, ha indicado que cualquier síntoma debe ser comprobado y evaluado por las autoridades sanitarias competentes.

Además ha insistido en que este virus no tiene nada que ver con la COVID ni con el coronavirus y que tiene otras particularidades, siendo los síntomas los que marcan el inicio del posible contagio.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha pedido una reunión urgente con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para pedirle que reconsidere la decisión de desplazar a las islas al crucero afectado por un brote de hantavirus, al no ver garantizadas las condiciones de seguridad.

"Esta decisión no obedece a ningún criterio técnico ni nos han proporcionado información suficiente para mantener un mensaje de calma y garantizar la seguridad de la población en Canarias", ha dicho a EFE Clavijo desde Bruselas, donde hoy tenía programada una reunión con la vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Ribera.

Clavijo ha precisado que está dispuesto a desplazarse a Madrid de inmediato si Pedro Sánchez acepta recibirlo y se pregunta por qué no es posible evacuar a los pasajeros del MV Hondius a sus respectivos países de origen desde el aeropuerto internacional de Praia, la capital de Cabo Verde, donde ahora está fondeado el crucero.

El brote de hantavirus declarado a bordo del MV Hondius días después de que partiera desde el puerto de Ushuaia, la ciudad más meridional de Argentina, afecta por ahora a siete personas, tres de las cuales han muerto, según datos difundidos por la propia OMS.

El Gobierno de Canarias entendía hasta última hora de la tarde del martes que Sanidad compartía su criterio: que el MV Hondius podía navegar hasta Países Bajos (país que le da bandera) tras desembarcar en Cabo Verde a los pasajeros que lo necesitaran sin hacer escala en las islas, salvo que durante la navegación se produjera algún nuevo contagio o incidencia que justificara recurrir a Santa Cruz de Tenerife o Las Palmas de Gran Canaria como puertos más cercanos.

"El cambio de criterio ha sido muy desleal con Canarias y poco profesional", se ha quejado presidente de esta comunidad.

Fernando Clavijo no entiende por qué los pasajeros del crucero no pueden recibir la atención que se estime precisa en Cabo Verde, donde están ahora, sin someterlos a otros tres días de navegación hasta que lleguen a Canarias.

En su comunicado de la noche del martes, el Ministerio de Sanidad defendía que era su obligación "moral y legal" responder a la petición de la OMS de atender al pasaje del crucero y que el lugar más cercano "con las capacidades necesarias" es Canarias.

El presidente de Canarias sostiene, en cambio, que la OMS puede prestar esa atención médica en Cabo Verde "con todas las garantías necesarias" y con apoyo, si hace falta, de España, de Países Bajos o de los países de origen del pasaje del crucero. Y, en ese supuesto, ha subrayado, "Canarias prestaría el auxilio necesario".

"No entendemos que el crucero tenga que navegar hasta Canarias para hacer exactamente lo mismo se puede hacer en Praia", argumenta.

A su juicio, ha habido "un cambio de criterio radical" que no obedece a ninguna información médica o técnica que el Ministerio de Sanidad o la OMS hayan compartido con el Gobierno de Canarias.

Clavijo asegura que la última información directa que ha recibido de este asunto es un mensaje de WhatsApp de la ministra de Sanidad, Mónica García, quien le comunicó casi a medianoche que estaban pensando en evacuar de inmediato a una persona a Tenerife.

En su comunicado público del martes por la noche, el Ministerio de Sanidad precisaba que también había aceptado una petición de ayuda del Gobierno de Países Bajos para "acoger al médico del MV Hondius, que se encuentra en situación grave, y que será transportado a Canarias en un avión hospitalizado".

En principio, ese ciudadano neerlandés será ingresado en el Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria, del Servicio Canario de la Salud, en cuanto llegue a Tenerife.

El Gobierno de Canarias mantiene este domingo la alerta por lluvias en las islas occidentales y en Gran Canaria, y rebaja a prealerta la de viento desde el mediodía, debido al paso de la borrasca Therese por el archipiélago.

En las islas de Fuerteventura y Lanzarote continúa la prealerta por lluvia, informa la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias.

Este domingo se aproxima a Canarias el centro de la borrasca, con precipitaciones más desorganizadas que en días anteriores, y núcleos convectivos que pueden producir chubascos dispersos, puntualmente intensos y que podrían estar asociados con actividad eléctrica.

Tienen una distribución e intensidad difíciles de predecir y podrían afectar a cualquier punto de las islas, especialmente por la tarde y noche del domingo y hasta la madrugada del lunes.

En la tarde del domingo se esperan precipitaciones que podrían ser puntualmente intensas, especialmente en las cumbres de El Hierro, La Palma y Tenerife.

Tanto en el nordeste de Tenerife como en las cumbres y el suroeste de Gran Canaria podrán ser más persistentes.

Ya por la noche, los chubascos podrán ser puntualmente intensos y persistentes en el este de La Palma y de La Gomera.

En cuanto al viento, este domingo disminuye la actividad frontal y amaina el soplo del viento asociado con ella.

Todavía puede haber rachas puntualmente importantes, sobre todo en La Palma, en las cumbres y especialmente en el sur de Cumbre Vieja, así como en las cumbres centrales de Tenerife y de Gran Canaria.

Las intensas y persistentes lluvias registradas hasta el momento por el paso de la borrasca Therese por Canarias, han generado numerosas incidencias en varias carreteras de las islas occidentales y Gran Canaria, como caída de piedras de grandes dimensiones, ramas y tierra.

A ello se suma la crecida de barrancos, cuyo desborde ha afectado a algunas carreteras.

La borrasca Therese ha reducido su intensidad durante la madrugada de este domingo, con menores acumulados de lluvia pero con rachas de viento aún fuertes que han alcanzado los 118 kilómetros por hora en Izaña (Tenerife), según datos de las estaciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Las rachas más intensas se han registrado en Izaña, con 118 km/h; seguido del Alto Igualero, en Vallehermoso (La Gomera), con 111 km/h; mientras que en Agüimes (Gran Canaria) se han alcanzado los 85 km/h.

En Vega de San Mateo (Gran Canaria), las rachas llegaron a los 84 km/h, y en Sabinosa (El Hierro) el viento alcanzó los 82 km/h.

En cuanto a precipitaciones acumuladas, se han recogido 18,8 litros por metro cuadrado en Vega de San Mateo (Gran Canaria) hasta las 07:00 horas, 17,6 en Cuevas del Pinar, en San Bartolomé de Tirajana, hasta las 08:00, y 17,6 en Tejeda hasta las 08:10, cifras bastante menores que durante la madrugada del sábado, cuando por ejemplo en la Vega de San Mateo se recogieron 55 litros por metro cuadrado.

También se han registrado 17,0 litros/m² en Las Tirajanas, hasta las 07:00, y 15,6 en el Roque de los Muchachos (La Palma) hasta las 08:10h.

Las temperaturas mínimas han sido unos grados por encima en comparación con jornadas anteriores, con 0,2 ºC en Izaña (Tenerife), 0,6 ºC en las Cañadas del Teide y en el Roque de los Muchachos (La Palma), mientras que en Vega de San Mateo (Gran Canaria) se han registrado 4,1 ºC y en el Alto Igualero (La Gomera), 5,2 ºC.

Por su parte, el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias ha gestionado desde la medianoche y hasta las 08:00 horas menos de una decena de incidentes relacionados con la borrasca, principalmente por caída de ramas y piedras en vías, achiques de viviendas y problemas en el alumbrado público.

Sin embargo, el 112 ha advertido de que, aunque mejore el tiempo, continúa el riesgo de desprendimientos en carreteras del interior de las islas occidentales y Gran Canaria, por lo que recomienda evitar desplazamientos innecesarios y seguir las indicaciones de las autoridades.

El Gobierno de Canarias ha activado este sábado la alerta por riesgo de inundaciones pluviales y por desprendimientos en las islas occidentales y en Gran Canaria, con motivo del paso del frente de la borrasca Therese, que azota el archipiélago desde el pasado miércoles, según recoge EFE.

En el resto de islas, Fuerteventura, la situación respecto al riesgo de inundaciones pluviales será de prealerta.

Así, la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias, en base a la información disponible, ha señalado que en las islas de mayor relieve continúan esperándose intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos en vertientes orientadas al sur y oeste, y con precipitaciones que serán persistentes y ocasionalmente fuertes, especialmente en medianías.

En el resto de las vertientes las precipitaciones serán, en general, menos frecuentes y menos probables, de modo que el riesgo de inundaciones pluviales y fluviales se produce por la persistencia de las precipitaciones en zonas altas y de medianías.

"Existe riesgo de inundaciones locales urbanas, y por crecimiento súbito de barrancos y pequeños cauces que puede llegar a zonas bajas, especialmente en las vertientes sur y oeste. Cabe la posibilidad de que pequeños núcleos y diseminados queden aislados, así como evacuaciones preventivas", ha señalado el Gobierno autonómico.

Respecto a los desprendimientos, el Ejecutivo hace referencia a las importantes cantidades acumuladas de lluvia caída en las islas montañosas, donde se están registrando múltiples desprendimientos que han afectado a la circulación, especialmente en las medianías y zonas de cumbre, con caída de piedras, ramas y árboles, e incluso cortes de carreteras en todas estas islas, lo que ha provocado el aislamiento de algunos barrios y caseríos.

"Por ello, se actualiza la Situación del Plan Territorial de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias (PLATECA), pasando a Alerta para realizar un seguimiento más estrecho de las afectaciones a infraestructuras y viviendas por desprendimientos de tierra, y tanto por las incidencias en curso como por los nuevos incidentes que pudieran registrarse", señala el Gobierno.

Ante el aumento del caudal y la persistencia de las lluvias, en coordinación con el Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Agaete, se ha desalojado de manera preventiva los barrios de Los Pérez y El Hornillo ante la posibilidad de que el embalse empiece a aliviar en las próximas horas.

Las personas desalojadas han sido trasladadas al IES Pepe Dámaso habilitado para su acogida.

Las intensas y persistentes lluvias registradas durante esta madrugada y las primeras horas del día, junto con el acumulado alcanzado por el paso de la borrasca Therese, están generando incidencias por varias carreteras de las islas occidentales y Gran Canaria como caída de piedras de grandes dimensiones, ramas y tierra afectando a la circulación total o parcial de las mismas, destaca el Gobierno.

A esto se suma la crecida de barrancos que, en algunos casos, su desborde está afectando a carreteras de las islas más montañosas.

La Dirección General de Emergencias hace un llamamiento a la población para que evite desplazamientos innecesarios, sobre todo por vías secundarias y del interior.

Desde el comienzo de este episodio de meteorología adversa y hasta las 10:00 horas de hoy, sábado 21 de marzo, el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad CECOES 112 Canarias, ha gestionado 1.105 incidentes por el paso de la borrasca Therese.

Por provincias, Santa Cruz de Tenerife suma el 60,03% con la mayoría de ellas (335) y Las Palmas el 41,5%.

De cara a las próximas horas, se espera que continúen las precipitaciones que pueden ser persistentes y ocasionalmente fuertes, especialmente en las medianías de las islas occidentales y Gran Canaria.

En el resto de las vertientes serán, en general, menos frecuentes y probables.

Por ello, el Gobierno de Canarias mantiene activas las alertas por lluvias, viento y fenómenos costeros en las islas occidentales y Gran Canaria, y la prealerta en el resto. Se mantiene la prealerta por tormentas y la prealerta por nevadas en Tenerife.

El Gobierno exige que las comunidades autónomas cumplan con la reubicación de menores migrantes no acompañados procedentes de Canarias, Ceuta o Melilla y no teme que prosperen los recursos del PP y de Castilla-La Mancha que pretenden frenar esta medida en los tribunales, según informa EFE.

El cruce de declaraciones ha continuado este miércoles, cuando se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el último decreto aprobado para poner en marcha el reubicación obligatoria de estos menores por todo el país, que fija la capacidad ordinaria de acogida de cada comunidad y entra en vigor el jueves.

La meta es derivar a alrededor de tres mil menores y también a los que lleguen a Canarias, Ceuta y Melilla a partir de septiembre. Al margen de este proceso, el Gobierno está comenzando a asumir la atención de otro millar de menores solicitantes de asilo, tal y como le ordenó el Tribunal Supremo.

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y el de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, han advertido de que las comunidades autónomas están obligadas a cumplir con la ley que regula esta derivación y que de no hacerlo habrá consecuencias legales y tendrán que actuar las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. 

"No me cabe en la cabeza que nadie vaya a negarse a acoger en sus territorios y aceptar la tutela", ha asegurado Torres en Televisión Española, donde ha explicado que si alguna lo hiciese, "lógicamente tendrían que intervenir las fuerzas y cuerpos de seguridad y hacer que se cumpla la legislación".

Ambos ministros han defendido que los parámetros no dan ventajas a ninguna comunidad y son objetivos y transparentes: pueden pedir el traslado de menores las autonomías que tripliquen el ratio de acogida de 32,6 menores por cada cien mil habitantes y se aplicarán además parámetros como el esfuerzo previo, la renta, la insularidad o la situación fronteriza. 

Ni el Gobierno ni Canarias ven recorrido a los recursos interpuestos ante el Tribunal Constitucional o el Tribunal Supremo por parte de once autonomías, dos de las cuales pedirán la suspensión cautelar de este sistema.

Al respecto, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha argumentado que tanto el Supremo como el Constitucional han abogado por anteponer la protección de los menores y que además el tribunal de garantías señaló que la cuestión de los menores era una "competencia concurrente de comunidades y Gobierno de España". 

Canarias, que triplica el ratio de migrantes que debería acoger, ha pedido humanidad al resto de comunidades autónomas, con el argumento de que acoger a 4.000 menores no puede ser un problema en un país con 49 millones de habitantes. 

Clavijo ha denunciado además xenofobia y fascismo: "Hay que aprender a gestionar la cuestión migratoria con dignidad y no utilizarla como una herramienta para la política xenófoba y fascista que en muchas ocasiones tiene que ver con el color de piel. Hemos gestionado la llegada de cientos de miles de ucranianos sin esta contestación por parte del populismo de derechas xenófobo y fascista que estamos viendo".

Por su parte, la consejera canaria de Bienestar Social, Candelaria Delgado, ha firmado este miércoles la petición al Ministerio de Infancia y Adolescencia para que declare la contingencia migratoria en Canarias, el último paso legal para activar los traslados de los menores migrantes no acompañados a otras autonomías y aliviar la presión en los territorios de primera acogida.

La contingencia migratoria es una figura recogida en el nuevo decreto ley aprobado ayer por el Consejo de Ministros y que, según ha afirmado la consejera autonómica, con esta medida se hacen efectivos los procedimientos necesarios para poner en marcha los traslados entre comunidades e insiste en la necesidad de que el Estado acelere sus ritmos de trabajo para dar cumplimiento a la Ley.

La titular de Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno regional precisa además en un comunicado que, a partir de la declaración de contingencia migratoria, los menores migrantes no acompañados que lleguen a las islas deberán ser enviados a otras comunidades autónomas en un plazo de quince días.

También ha agregado que los que se encuentran ya en Canarias y superen la cifra asignada deberán ser enviados a otras autonomías antes de mitad de marzo de 2026, que es la fecha señalada en la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería.

En cuanto a los medios necesarios para ejecutar estos inminentes traslados, señala Delgado que "llevamos mucho tiempo trabajando con el Gobierno de España para poner en marcha la distribución de los menores extranjeros no acompañados e imagino que están esforzándose para cumplir con la ley y contar con las infraestructuras necesarias”.

“En Canarias estamos adoptando medidas extraordinarias, que se traducen en la contratación de personal de refuerzo para resolver lo antes posible los expedientes necesarios para proceder, lo antes posible, al traslado de estos menores”, concluye Candelaria Delgado.

Entre tanto, continúan las quejas de otras autonomías. Denuncian imposición y falta de diálogo, mientras que el Gobierno recuerda su plantón en la Conferencia Sectorial de Infancia, de cara a abordar una regulación que, ante la ausencia de acuerdo, permitía al Ejecutivo fijar los parámetros.

Este miércoles, Andalucía ha vuelto a denunciar un trato de favor al País Vasco, que el Gobierno niega, y ha reclamado de nuevo que se le aplique el criterio de frontera, que actualmente solo se aplica a Ceuta y Melilla. 

Castilla-La Mancha, gestionada por el PSOE, ha defendido que es imposible la acogida sin financiación estatal suficiente, mientras que La Rioja ha pedido el dato concreto de cuántos menores debe acoger. 

Además, la presidenta balear, la popular Marga Prohens, ha calificado de "amenaza y matonismo" la advertencia de Torres de que si se incumple la ley actuarán las fuerzas de seguridad del Estado. "¿Me enviarán a qué a las fuerzas de seguridad?", ha cuestionado.

Por el momento, los datos de futuras derivaciones que se conocen son provisionales y se deben recalcular a la baja, restando al millar de solicitantes de asilo que atenderá el Estado. 

Sin esa resta, Andalucía (677 jóvenes), Madrid (647) y Comunidad Valenciana (571) son las comunidades que más menores deben recibir. En la lista seguían Castilla-La Mancha (320), Galicia (317), Aragón (251), La Rioja (205), Castilla y León (197), Extremadura (159), Cantabria (156) Asturias (144) Región de Murcia (133) Navarra (188) e Islas Baleares (49).

Por el esfuerzo de acogida realizado hasta la fecha, ni País Vasco ni Cataluña tendrían que acoger a ningún joven, aunque la Generalitat catalana anunció su intención de atender como mínimo a 31.

La consejera canaria de Bienestar Social, Candelaria Delgado, ha firmado este miércoles la petición al Ministerio de Infancia y Adolescencia para que declare la contingencia migratoria en Canarias, el último paso legal para activar los traslados de los menores migrantes no acompañados a otras autonomías y aliviar la presión en los territorios de primera acogida.

La contingencia migratoria es una figura recogida en el nuevo decreto ley aprobado ayer por el Consejo de Ministros y que, según ha afirmado la consejera autonómica, con esta medida se hacen efectivos los procedimientos necesarios para poner en marcha los traslados entre comunidades e insiste en la necesidad de que el Estado acelere sus ritmos de trabajo para dar cumplimiento a la Ley.

La titular de Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno regional precisa además en un comunicado que, a partir de la declaración de contingencia migratoria, los menores migrantes no acompañados que lleguen a las islas deberán ser enviados a otras comunidades autónomas en un plazo de quince días.

También ha agregado que los que se encuentran ya en Canarias y superen la cifra asignada deberán ser enviados a otras autonomías antes de mitad de marzo de 2026, que es la fecha señalada en la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería.

En cuanto a los medios necesarios para ejecutar estos inminentes traslados, señala Delgado que "llevamos mucho tiempo trabajando con el Gobierno de España para poner en marcha la distribución de los menores extranjeros no acompañados e imagino que están esforzándose para cumplir con la ley y contar con las infraestructuras necesarias”.

“En Canarias estamos adoptando medidas extraordinarias, que se traducen en la contratación de personal de refuerzo para resolver lo antes posible los expedientes necesarios para proceder, lo antes posible, al traslado de estos menores”, concluye Candelaria Delgado.

La ciudad autónoma de Ceuta ha comenzado a preparar la documentación para elevar al Gobierno la solicitud formal de declaración de contingencia migratoria extraordinaria, al igual que ha hecho Canarias.

Según ha informado el Ejecutivo ceutí, la petición se fundamenta en que la ciudad supera en un 629% la capacidad de acogida que le corresponde en virtud de la nueva normativa. El Real Decreto fija que Ceuta debería acoger a 27 menores, mientras que en la actualidad tutela y atiende a más de 510 niños y adolescentes llegados de manera irregular.

La administración local ha adelantado que reclamará al Gobierno central la “máxima celeridad” en la aplicación de la “ley en vigor” para garantizar que a partir de ahora los menores puedan ser redistribuidos de forma equitativa entre las comunidades autónomas, aliviando así la presión que soporta Ceuta desde hace años.

La intención del Ejecutivo presidido por Juan Vivas es tener toda la documentación lista este jueves, coincidiendo con la entrada en vigor del real decreto, para que la solicitud formal pueda ser remitida de inmediato al Gobierno. La declaración de contingencia migratoria extraordinaria permitiría a la ciudad activar mecanismos de apoyo y agilizar la derivación de los menores.

El Ejecutivo de Ceuta ha insistido en que la situación que atraviesa es insostenible, tanto por la saturación de sus recursos de acogida como por las dificultades para atender adecuadamente a los menores y con esta petición, confía en que la normativa aprobada sirva para dar una respuesta eficaz a una problemática que ha venido denunciando de manera reiterada.

La Abogacía de las Islas Baleares estudia la fórmula para solicitar al Gobierno la declaración de contingencia migratoria con el propósito de no recibir a menores migrantes no acompañados procedentes de Canarias, Ceuta o Melilla, y centrarse así en la atención de los cerca de 700 que tiene a día de hoy.

La intención del Govern es presentar esta declaración porque los 'consells insulars', competentes en la atención de menores, soportan una sobreocupación de un 1.000%.

Según el decreto del Gobierno, para poder pedir la contingencia migratoria, la comunidad debe triplicar su capacidad de acogida, que en el caso de Baleares es de 406 menores, según estableció el Ministerio de Juventud e Infancia el pasado 31 de marzo para regular las condiciones del reparto. A Baleares le correspondería acoger a 49 de estos niños, según el decreto.

Fuentes del Ejecutivo autonómico han insistido a EFE que Baleares continuará cuidando de los menores migrantes no acompañados que han llegado en patera a las islas, cuya cifra se incrementa semana tras semana, pero que no cuenta con medios materiales y humanos para ocuparse de los de otras comunidades.

En lo que va de año han llegado de forma irregular a las Islas Baleares 4.819 migrantes (mayores y menores de edad), mientras que la cifra total de 2024 fue de 5.882 migrantes.

El delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, ha afirmado este miércoles que las islas no se encuentran en situación de contingencia migratoria, como ocurre en Canarias y Ceuta, aunque ha considerado que podrían estarlo en el futuro y que dicha categoría podría ser solicitada por el Govern al Estado.

Rodríguez ha señalado que el Ejecutivo balear, con su intención de pedir la contingencia migratoria, plantea soluciones “pensando solo en las Islas Baleares” y no en la dimensión de un problema que debe abordarse a nivel estatal, con una respuesta “coordinada, sensible, digna y humanitaria como país”.

La Radio Televisión Canaria (RTVC) vive en una situación de excepcionalidad crónica. Las leyes que la regulan, en las que está previsto elegir hasta cuatro órganos, se convirtieron durante años en papel mojado ante la imposibilidad de los partidos representados en el Parlamento autonómico de llegar a un acuerdo para decidir su composición.

La situación llegó a un punto en el que el actual Gobierno de la comunidad, presidido por el nacionalista canario Fernando Clavijo y del que forma parte el PP, aprobó, en octubre de 2023, un decreto ley para atajar el problema. En él, a la vista del “fracaso” del modelo de regulación de sus medios públicos y de la “situación crítica” a la que se había llegado, así como de la incapacidad institucional para resolver la situación, decidió dar cobertura legal al nombramiento de un administrador general elegido por mayoría absoluta en el Parlamento de Canarias. La misma mayoría que forma el actual Ejecutivo.

No es de extrañar: la conexión entre la actual administradora y el Ejecutivo de Clavijo no puede ser más evidente. María Méndez Castro fue elegida para el cargo con 36 votos a favor (CC, PP, ASG y AHI) y 28 abstenciones (PSOE, NC y Vox). Méndez, economista de profesión, llegó al puesto directamente desde el Gobierno canario, en el que ocupaba la Dirección General de Relaciones Exteriores adscrita a la Presidencia del Gobierno.

Aquel decreto, presentado como una medida “transitoria y extraordinaria”, justificada por la “situación de absoluto bloqueo y paralización institucional que padece el ente público”, lleva en vigor casi dos años, la mitad de la legislatura en la comunidad.

Según la Ley 13/2014 de Radio y Televisión Públicas de la Comunidad Autónoma de Canarias, aprobada por el Parlamento el 26 de diciembre de 2014, deberían haberse constituido cuatro órganos encargados de garantizar el funcionamiento ordinario del ente público: Junta de Control (equivalente a un consejo de administración), Dirección General, Consejo Asesor y Consejo de Informativos. Pero la falta de acuerdo parlamentario ha imposibilitado su nombramiento.

Entre 2018 y 2023, la dirección de RTVC estuvo en manos de la figura de un administrador único, que a su vez fue concebida como “un remedio extraordinario, interino y transitorio” a la espera de que el Parlamento lograra designar los órganos de gestión. Fueron otros cinco años durante los cuales los grupos parlamentarios han sido incapaces de nombrar director general ni lograron constituir los órganos previstos por ley.

El Gobierno de Clavijo justificó el decreto de 2023 ante esta “situación crítica y de fracaso institucional”, con el fin de garantizar el funcionamiento pleno de un servicio público que considera “esencial” para la comunidad autónoma. En el espíritu de aquella medida supuestamente transitoria, el Ejecutivo anunció su intención de “asumir la iniciativa legislativa” y elevar al Parlamento de Canarias un proyecto de nueva Ley de RTVC que sustituya a la “fracasada” normativa vigente de 2014. De hecho, nada impide, sobre el papel, cumplir la ley original, que sigue vigente, y designar Junta de Control o Dirección General, para lo cual basta con mayoría absoluta en el Parlamento.

El resultado es una normativa que incumple, en todos sus términos, las exigencias del Reglamento Europeo de Libertad de los Medios, aprobado en 2024. Una norma que exige que todos los medios públicos de la Unión cumplan una serie de condiciones para garantizar su sostenibilidad e independencia, y que blinde al mismo tiempo el trabajo de sus profesionales frente a cualquier intento de injerencia política.

La Directiva Europea demanda garantías de independencia editorial, transparencia en los nombramientos y financiación adecuada y previsible para los medios públicos, así como mecanismos claros para proteger la independencia de los profesionales y la pluralidad informativa.

En Canarias, por ejemplo, no existe un Consejo de Redacción, lo que limita la capacidad de la plantilla de RTVC para canalizar denuncias internas sobre injerencias o censura. Esto dificulta cumplir plenamente con los estándares europeos de independencia editorial y protección de los profesionales.

En los últimos años, se han sucedido algunas denuncias públicas de manipulación informativa y quejas de trabajadores por falta de independencia política. En 2018, una periodista de Televisión Canaria denunció públicamente la censura de un reportaje crítico con una iniciativa del Gobierno regional, alegando que la dirección de informativos vetó la pieza por considerarla “tendenciosa y escorada”, y que solo se permitiría su emisión si incluía opiniones favorables a la postura oficial.

La periodista señaló entonces un punto esencial, que es precisamente lo que el Reglamento Europeo de Medios ha venido a poner sobre la mesa: la carencia de un Consejo de Redacción como vía interna para denunciar estas situaciones, una reivindicación respaldada por la plantilla y por los partidos políticos de la izquierda del arco parlamentario, que también han criticado la censura y la manipulación en los informativos de la cadena.

Otro ejemplo, más reciente. En 2024, durante una tertulia en la que se trataba el tema del caso Mascarillas en Canarias y la querella de la Fiscalía contra varios empresarios, la presentadora del programa interrumpió a uno de los contertulios cuando mencionó el asunto: “Órdenes de dirección”, se justificó la presentadora.

Lo ocurrido motivo un pronunciamiento crítico de la Asociación de Periodistas de Tenerife (APT) subrayando que “se hace necesario e indispensable reactivar los órganos de seguimiento y control de la Televisión Pública Canaria creados ex profeso para su equilibrado funcionamiento”.

Los diez primeros menores solicitantes de protección internacional que han sido trasladados desde Canarias hasta la península se encuentran desde esa madrugada en Gijón, han informado a EFE fuentes del Gobierno asturiano. Se trata de nueve malienses y un senegalés, todos ellos mayores de 16 años, que han sido acogidos en las instalaciones que en esta ciudad asturiana tiene la ONG Accem, que han llegado acompañados de varios educadores, según informa EFE.

Las mismas fuentes han señalado que, aunque la tutela sigue siendo del Gobierno canario, el traslado se ha llevado a cabo de forma coordinada y comunicada por parte del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar del Principado.

La consejera asturiana, Marta del Arco, ha incidido en que tienen carácter de refugiados y que por lo tanto es el Ministerio de Inclusión quien gestiona los traslados al estar sujetos al programa de protección internacional, pero que estos menores seguirán estando tutelados por Canarias y acogidos por Accem, que tiene suscritos convenios de colaboración.

Desde el Ayuntamiento de Gijón, que gobierna Foro Asturias en coalición con el PP, han asegurado desconocer la operación y que no se les informó de manera directa de la llegada de este primer grupos de menores. No obstante, el segundo teniente de alcaldesa y portavoz del Gobierno municipal, Jesús Martínez Salvador, ha asegurado que "el Ayuntamiento, con todos sus servicios, estará para colaborar en lo que sea" y que poco más tenía que decir por el momento, pero que siempre es mejor tener información que no tenerla.

Más crítica se ha mostrado la vicealcaldesa y portavoz del PP gijonés, Ángela Pumariega, que ha calificado de "inadmisible" que no se comunicara al Ayuntamiento la llegada de este grupo de menores ni por parte del Gobierno central, ni del que preside en Asturias Adrián Barbón. "Es el colmo de la deslealtad institucional" ha afirmado la vicealcaldesa de Gijón para quien esta forma de actuar "pone de manifiesto, una vez más, el completo caos en que ha tornado la política migratoria nacional".

En su opinión, se están repartiendo menores "sin un plan claro de integración y sin una distribución equitativa entre todas las autonomías" ya que hay "una exclusión deliberada de comunidades como Cataluña o el País Vasco, para no incomodar a los socios independentistas de Pedro Sánchez". Con el trasladado de este primer grupo de jóvenes el ejecutivo avanza en el cumplimiento de la orden del Tribunal Supremo para que el Estado se haga cargo, con sus recursos, de estos solicitantes de asilo.

El alto tribunal ordenó al Gobierno el pasado 25 de marzo que se hiciera cargo de alrededor 1.000 menores migrantes no acompañados que habían solicitado asilo en las islas, en respuesta a unas medidas cautelares solicitadas por Canarias. La mayoría de menores solicitantes de asilo que ha entrado en este proceso presenta un perfil "altamente vulnerable" y muchos de ellos han huido solos de guerras. Casi el 90 % son malienses y entre ellos hay niñas y adolescentes, según fuentes ministeriales.

El Gobierno central y el del archipiélago mantienen una reunión interadministrativa cada martes para trabajar en el traslado de estos menores solicitantes de asilo y lo previsto es que a partir de esta primera derivación haya dos traslados semanales de entre 15 y 20 jóvenes. La intención es priorizar en un primer momento el empleo de recursos pequeños y que con el avance de las semanas se pongan más recursos disponibles encima de la mesa. En el proceso deberá prevalecer siempre la integridad, el bienestar y el interés superior de cada menor, lo que implica un estudio individual de cada caso para decidir el destino final.

Por su parte, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha pedido respeto para los menores solicitantes tras ser retirada, en menos de 24 horas, una pancarta "nazi" en Gijón que pedía su expulsión.

En declaraciones a los periodistas, la ministra ha recalcado que la decisión de su ministerio es no contar públicamente el destino de los niños o niñas solicitantes de asilo que, en cumplimiento de una decisión del Tribunal Supremo, están siendo derivados a recursos de acogida estatales, para "evitar que la persecución de la que huyen se reproduzca" en España.

Sin embargo, pese a esta decisión ha trascendido públicamente que los primeros diez menores trasladados han sido reubicados en Gijón, de donde según fuentes ministeriales han tenido que retirar esta pancarta. Ante este hecho, la ministra ha pedido no poner el foco en los niños y niñas que serán reubicados en centros de titularidad estatal, en cumplimiento de lo ordenado por el Tribunal Supremo, y ha pedido colaboración a todas las administraciones, sin excepciones, al ser preguntada si también se derivará la acogida de estos menores a recursos estatales en Madrid.

El Tribunal Supremo ha ordenado al Gobierno central y al de Canarias que le remitan un informe quincenal sobre la situación de los más de 1.000 menores migrantes solicitantes de asilo que debe acoger el Estado en su red de protección internacional, tal y como ordenó el pasado 25 de marzo. En una providencia recogida por EFE, la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha requerido este miércoles a ambos ejecutivos que, cada 15 días, remitan un informe conjunto sobre los avances producidos en este ámbito, después del acuerdo alcanzado entre ambas partes para que el Estado acoja a estos jóvenes.

El Supremo ordenó al Gobierno el pasado 25 de marzo que se hiciera cargo de alrededor de 1.000 menores migrantes no acompañados que habían solicitado asilo en las islas, en respuesta a unas medidas cautelares solicitadas por las Islas Canarias. Tras una vista en la que comparecieron altos cargos del Ministerio del Interior y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el alto tribunal volvió a ordenar el pasado 5 de junio la urgente adopción de medidas, en este caso bajo advertencia de posibles sanciones para los responsables.

Finalmente, hace una semana, el Gobierno central y el de Canarias anunciaron un acuerdo para cumplir con la orden del Supremo, con un calendario de actuaciones y el foco puesto en "el interés superior del menor", es decir, decidiendo en función de cada caso, según la situación personal de los chicos.

En esta misma reunión, el Ejecutivo se comprometió a que el Ministerio de Migraciones daría de alta "de manera inminente" en el Sistema de Atención Humanitaria y Protección Internacional a 827 de estos jóvenes, alta que se formalizó el pasado lunes.

Además, el martes tuvo lugar una reunión entre ambas partes, en la que el Gobierno central ofreció 400 plazas definitivas en la Comunidad de Madrid para estos chicos, además de las 250 de tránsito ya anunciadas en Las Palmas de Gran Canaria. Para ello, el Gobierno pretende utilizar el Centro de Recepción, Atención y Derivación (Creade) de Pozuelo, una instalación que se habilitó inicialmente para atender a los refugiados de Ucrania.

En el encuentro, Canarias solicitó que, tras las 650 plazas puestas a disposición, se habiliten las demás hasta alcanzar las 1.290 que, según el Gobierno autonómico, corresponden a los todos los menores con solicitud de protección internacional que están en las islas.

El Tribunal Supremo ha ordenado al Gobierno adoptar medidas de manera urgente en relación al millar de menores no acompañados en Canarias que están interesados en pedir asilo y ha advertido de que, en caso de un nuevo incumplimiento de lo ordenado, podrá imponer medidas coercitivas a los responsables.

En un nuevo auto recogido por EFE, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal ha asegurado que en la vista celebrada el pasado 29 de mayo para que el Gobierno explicase las medidas adoptadas hasta ahora, se constató el "claro incumplimiento" de la medida cautelar acordada el 25 de marzo, a petición del Gobierno de Canarias.

El Ejecutivo reconoció que no había evaluado aún a ningún menor en los dos meses transcurridos desde la orden ni había elaborado una relación completa y precisa de los jóvenes afectados, subraya el auto. Los magistrados insisten en que, hasta el momento, "la Administración estatal ni se ha implicado eficazmente en garantizar el acceso de estos menores a las condiciones de acogida que resultan de su competencia ni ha adoptado medidas eficaces para corregir la masificación en la tramitación de solicitudes".

Por ello, vuelve a instar al Ejecutivo a la adopción de una serie de medidas, como que en un máximo de 30 días dote a las oficinas de los medios necesarios para tramitar las solicitudes de asilo en un tiempo razonable, de modo que no puedan transcurrir más de 6 días entre la manifestación de la voluntad de pedir protección internacional y la formalización de la solicitud.

También exige que, en el plazo improrrogable de 15 días, se articule la colaboración necesaria con Canarias para poner a su disposición los medios necesarios para garantizar el acceso de los menores al sistema de acogida estatal para solicitantes de asilo.

Pide identificar a los responsables del cumplimiento de estas medidas de cada Ministerio afectado "presumiéndose, en otro caso, que serán quienes sean titulares del correspondiente Departamento Ministerial". Los Ministerios con competencias en esta materia son el del Interior, dirigido por Fernando Grande-Marlaska, como responsable de tramitar las solicitudes de protección internacional, y el de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, con Elma Saiz al frente, que gestiona el sistema de acogida para solicitantes de asilo.

El Gobierno deberá dar cuenta de todas estas medidas a la Sala cada 15 días "hasta su completo cumplimiento", con la advertencia de que se adoptarán las medidas coercitivas previstas en la ley en caso de no ser atendido este requerimiento. La Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa establece que la Sala puede imponer, en estos casos, multas coercitivas de entre 150 y 1.500 euros a las autoridades, funcionarios o agentes que hayan incumplido con el requerimiento o deducir el testimonio de particulares para exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder.

El auto recuerda que estos niños y adolescentes tienen una serie de derechos, no solo materiales o asistenciales, que deben ser garantizados y que en la actualidad siguen sin ser reconocidos o no lo están siendo en su extensión debida, "a pesar de tratarse de personas en evidente situación de vulnerabilidad y necesidad". La Sala enumera estos derechos, como el de ser documentado como solicitante de protección internacional, lo que lo acredita como autorizado a permanecer en España mientras se tramita su solicitud; tener asistencia jurídica e intérprete o la suspensión de cualquier proceso de devolución, expulsión o extradición.

De todos estos derechos, el auto precisa que son competencia exclusiva del Estado los que se refieren a la tramitación de las solicitudes de asilo y de "competencia compartida" con las comunidades autónomas los que tienen que ver con las condiciones materiales de acogida, que ahora mismo asume solo Canarias. El auto señala, además, que los "evidentes retrasos y deficiencias" en la tramitación de las solicitudes, de hasta un año de espera, están privando a los menores, durante un extenso periodo de tiempo, del acceso a buena parte de estos derechos.

Cuatro mujeres, dos niñas de cinco años y otra de 16 han muerto este miércoles al volcar un cayuco con 152 ocupantes en el puerto de La Restinga (El Hierro), cuando se disponían a desembarcar, según informan fuentes de la Delegación del Gobierno y el 112 de Canarias y recoge EFE.

A lo largo de la mañana los equipos de salvamento y emergencias trabajaban también con la información de que un bebé había desaparecido, si bien la Guardia Civil ha precisado finalmente que se trata de una de las menores de cinco años fallecidas ya contabilizadas, una pequeña a la que no fue posible reanimar.

La cifra de muertos se ha estabilizado por el momento en siete. Dos personas muy jóvenes fueron trasladadas en los primeros minutos en estado muy grave al hospital de la isla, en Valverde, donde falleció la adolescente de 16 años. Además, los efectivos han asistido en el puerto de La Restinga a un niño de tres años y una niña de cinco por un ahogamiento incompleto de carácter grave y los evacuaron en helicóptero a Tenerife, al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria. Otros cuatro menores con disnea fueron trasladados por el Servicio de Urgencias Canarias al Hospital de El Hierro.

En total, en el cayuco viajaban 152 personas, entre ellas 19 niñas y diez niños, según datos proporcionados a EFE por los servicios de emergencia. Además, entre los adultos había 45 mujeres, un número alto para lo que suele ser habitual en este tipo de embarcaciones en los últimos años en la Ruta Canaria.

Las personas que iban a bordo proceden de Mali, Guinea Conakry, Senegal y Mauritania. En los datos que han facilitado a las asistencias humanitarias, han asegurado que partieron hace cinco días desde Nuakchot, la capital de Mauritania.

Sin embargo, la ONG Caminando Fronteras cree que se trata de un cayuco que salió el 18 de mayo desde la costa de Guinea Conakry. Se basa en que no solo coincide los números de ocupantes ("más de 150") y menores (29) con la alerta que había recibido de esa salida, sino también en que le consta que algunos de los supervivientes del accidente han llamado ya por teléfono a las familias, precisamente las mismas que alertaron sobre el cayuco de Guinea.

En declaraciones a los periodistas en el muelle de La Restinga, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, que se encontraba este miércoles en El Hierro, ha explicado que la embarcación "venía como con departamentos" y había gente "en la parte baja del cayuco que no pudo salir".

El cayuco volcó cuando se aproximaba a la Salvamar Diphda de Salvamento Marítimo, ya atracada, para ponerse a su costado. En ese momento, varios de sus ocupantes se pusieron de pie e intentaron saltar a la Salvamar, por lo que el cayuco se volteó.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha calificado de "drama" lo sucedido y ha considerado que este hecho debería conmover a todos. "El drama vivido en El Hierro debería conmovernos a todos. Vidas perdidas en un intento desesperado de encontrar un futuro mejor", ha comentado el jefe del Ejecutivo en un mensaje en las redes sociales. Ante ello, ha pedido "estar a la altura" porque considera que es una cuestión de humanidad.

Clavijo, por su parte, ha declarado que "aquellos que están lejos en los despachos no son capaces" de entender la cuestión migratoria y ha remarcado que hay que estar a pie de muelle y ver "cómo se llevan a una niña intubada para dimensionar el drama que se vive a 80 kilómetros de Canarias y en nuestras costas".

El presidente ha señalado que los equipos que han intervenido en el rescate están "destrozados" por la "impotencia" de no poder salvar a los fallecidos a tan pocos metros de tierra y les ha agradecido su trabajo. "Los profesionales de Salvamento se han tirado al agua sin dudar, entre una mezcla de agua y gasolina, jugándose ellos la vida", ha valorado el presidente autonómico.

Desde Las Palmas de Gran Canaria, el delegado del Gobierno, Anselmo Pestana, ha lamentado la tragedia y ha recordado que el momento de trasbordar a los migrantes es siempre el "más delicado" y que, precisamente, siempre que se puede se hace en el puerto para los minimizar riesgos que implica esa operación en alta mar.

"Es una travesía muy dura, seguramente muchos han llegado agarrotados, con un cansancio tremendo que hace que se hundan muy rápidamente si no es inmediato el rescate, porque no tienen la capacidad que tenemos cualquiera en circunstancias normales", ha apostillado el delegado del Gobierno, que ha señalado que esta tragedia "pone rostro humano a la migración que llega a nuestros puertos".

No es la primera vez que sucede un hecho similar, en septiembre de 2024 se produjo una de las mayores tragedias en aguas canarias, con el vuelco de un cayuco a unas siete millas de la costa de El Hierro, con nueve cadáveres recuperados y un total de 48 desaparecidos. Entonces solo sobrevivieron 27 de los ocupantes de la barca, que también volcó cuando los migrantes estaban siendo trasbordados desde su embarcación a la de Salvamento. En esa ocasión, en el mar.

En febrero, otro vuelco de madrugada en el mismo muelle de La Restinga de un cayuco en el que viajaban 84 personas tuvo mejor final, pues todas las personas fueron puestas a salvo. Al igual que hoy, la barcaza se hundió en la bahía del muelle de La Restinga mientras sus ocupantes se disponían a desembarcar, de forma que muchos de ellos cayeron al agua.

El texto para el reparto puntual de 4.500 menores migrantes desde Canarias y Ceuta en el que trabaja el Gobierno central y Canarias contará con "prácticamente los mismos" criterios acordados con las comunidades en la sectorial de 2022, como la población o la renta per cápita, con algunas correcciones, según informa EFE.

Así lo ha explicado la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, tras reunirse con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, para abordar estos criterios para el reparto único de 4.000 jóvenes desde Canarias y 500 desde Ceuta para aliviar los recursos de estos territorios, que en el caso de las islas atienden a más de 5.800 menores.

Fuentes del Ministerio han precisado que, con el texto en el que se trabaja, todas las comunidades autónomas tendrán que acoger a algunos de los 4.500 niños y adolescentes que se pretende distribuir, en mayor o menor medida.

La ministra no ha precisado exactamente cuáles son los criterios acordados y ha pedido dejar trabajar a los equipos de ambos Gobiernos "un poquito más en lo concreto", pero ha señalado que son prácticamente los mismos que los acordados en 2022 con las autonomías: población, renta per cápita, desempleo, el esfuerzo realizado en la acogida y la dispersión de la población.

Ha explicado que se trata de hacer un análisis "lo más científico posible" de la situación y ha subrayado la importancia de tener en cuenta el esfuerzo realizado hasta ahora por las comunidades autónomas en el sistema de acogida, ya que el actual es "bastante asimétrico a nivel territorial".

A preguntas de los periodistas, Rego ha señalado que también faltan por cerrar "los flecos económicos", pero ha reiterado la intención del Gobierno de dotar financieramente este plan "de manera suficiente".

Por su parte Clavijo, ha pedido no perder de vista que este "no es un problema territorial ni político", sino que es "un drama humanitario" y lo más importante es respetar los derechos del menor. Ha puesto como ejemplo que, más allá de los criterios que se pacten, hay otros factores que serán tenidos en cuenta durante la aplicación de este plan, como que los niños más pequeños no sean trasladados para no someterles a un segundo desarraigo y "otro trauma".

El presidente canario ha coincidido con la ministra en la importancia de tener en cuenta el esfuerzo de acogida previo de las comunidades. "Yo cuando algún compañero de alguna comunidad autónoma habla de que está desbordado y tiene 300 y nosotros tenemos 5.800... es que nosotros esas plazas tampoco las teníamos creadas, las hemos tenido que crear a base de decreto de emergencia", ha explicado.

 El Gobierno de la ciudad autónoma de Ceuta ha apoyado este viernes que se produzca el reparto de los menores marroquíes que permanecen acogidos en Ceuta y Canarias, pero espera la aprobación definitiva por parte del Congreso. Fuentes del Gobierno autonómico han confirmado a EFE que la medida anunciada este jueves va en "consonancia" con lo que opina la autonomía ceutí, sobre todo en la necesidad de aliviar la presión de menores que sufren ambas autonomías.

El Gobierno ceutí ha mostrado "prudencia" tras el anuncio sobre el reparto único de 4.000 jóvenes desde Canarias y 500 desde Ceuta no acompañados y ha asegurado que no ha recibido ninguna comunicación oficial al respecto, por lo que ha apostado por "esperar" a la aprobación definitiva en el Congreso de los Diputados de estas medidas.

Ceuta ha alcanzado ya la presencia en la ciudad de 500 menores, la practica totalidad de ellos marroquíes, como consecuencia de las últimas entradas a nado que se han producido a lo largo de esta semana. Estos menores representan actualmente una sobreocupación de más de un 400%, lo que supone según el Gobierno ceutí 6 menores por cada 1.000 habitantes. Una cifra récord, ya que la ciudad tendría que acoger un total de 88 menores y podría llegar hasta los 132 acogidos como máximo, según se determinó en la última Conferencia Sectorial de la Infancia.

Partido Popular y Vox ya han expresado su rechazo a los criterios para esta distribución de 4.500 menores al entender que deja fuera de ese reparto a Cataluña y el País Vasco.

Fuentes del PP dan por hecho un "posible pacto de reparto de menores sin Cataluña y el País Vasco" que, opinan, sería "asimétrico e injusto" y han anunciado que no contará "en ningún caso" con su apoyo. Según las mismas fuentes, se utilizan en ese reparto criterios políticos "como si País Vasco y Cataluña no fueran España" y solo se busca "dejar sitio para que sigan viniendo".

En la misma línea, la consejera de Economía y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, ha acusado al presidente del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, de desarrollar una política migratoria "miserable" y de utilizar a los "más vulnerables, a los menores migrantes no acompañados para mantenerse un día mas en la Moncloa".

Por su parte, el líder de Vox, Santiago Abascal, en su cuenta de la red social X ha mencionado una información periodística según la cual Canarias y Moncloa habrían pactado un reparto de menores en el que no entrarían Cataluña ni el País Vasco, a lo que reacciona con la frase: "El gobierno de Sánchez es una mafia vomitiva y una chusma corrupta". Y ataca en el mismo mensaje al Partido Popular: "Pero Feijóo sigue manteniendo que era obligatorio. Y prohibió a sus barones regionales oponerse a recibir el reparto de la inseguridad y la ruina. ¡Sánchez debe recibir la oposición que merece! ¡Ya está bien de regalarle el poder para que siga arruinando a España!".

El Gobierno y Canarias se han dado diez días para pactar una fórmula de distribución puntual de menores migrantes no acompañados entre comunidades que, según el Ejecutivo canario, supondría el traslado de unos 4.000 jóvenes desde las islas y de otros 400 desde Ceuta sin cambiar la ley de extranjería.

Así lo ha explicado el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, en declaraciones a los medios tras reunirse con el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, para abordar la viabilidad de la propuesta canaria de acometer este reparto extraordinario mediante un decreto ley.

Según Clavijo, el Gobierno ha encontrado "algunos matices" a su propuesta, por lo que han quedado en que en los próximos diez días los servicios jurídicos de ambas partes "van a tener un texto cerrado", que podrá ser sometido al estudio de la Abogacía del Estado "o incluso al Consejo de Estado".

El presidente autonómico ha celebrado que ambos hayan quedado en "plazos concretos", lo que "siempre da confianza" para conseguir un texto pactado, que luego sea sometido a los informes jurídicos pertinentes y para el que después buscar el apoyo de los grupos políticos del Congreso. "Bien sea para la convalidación de ese decreto ley, que es lo que nosotros deseamos y creemos que es más inmediato, bien sea para la figura jurídica oportuna que se acuerde", ha señalado Clavijo.

Sobre los matices jurídicos que han discutido, ha explicado que están relacionados con una posible invasión de competencias de las comunidades autónomas ya que la iniciativa canaria -que cuenta con el apoyo de País Vasco y de Ceuta- implica la transferencia de la tutela de los menores de una comunidad a otra.

Preguntado por sus expectativas de que esta nueva iniciativa salga adelante, Clavijo ha dicho que "después de tanto tiempo, ser optimista cada vez es más difícil" y, acerca de un posible apoyo del PP, con el que gobierna las islas, ha asegurado que "desearía" que esta fuera la postura de un partido que aspira a gobernar España.

"Nadie puede estar en contra de aliviar una situación de emergencia absoluta que tenemos en Canarias", ha señalado sobre la crisis que vive el archipiélago en este sentido, que tutela actualmente 5.812 menores y acoge a más de 300 jóvenes en recursos aunque, según los expertos, deberían atender a 20.

Por su parte, el ministro Ángel Víctor Torres ha recordado que, como ya fue anunciado, en las próximas semanas la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, convocará una Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia. En ella se trasladará a las comunidades esta última propuesta de Canarias y también la modificación del artículo 35 de la ley de extranjería, que, ha recalcado, "sigue siendo la prioridad para el Gobierno de España".

En cuanto al mecanismo legislativo más adecuado -un decreto ley, una proposición de ley o un proyecto de ley-, Torres ha señalado que serán los servicios jurídicos los que lo determinen. Sobre un posible apoyo de Junts, ha explicado que el Gobierno está negociando con la formación la modificación del artículo 35, entre otros asuntos: "Y vamos a seguir haciéndolo, cuando utilizo el gerundio es que no tenemos acuerdo, pero vamos a seguir trabajando", ha explicado el ministro.

"Ahora tenemos otra propuesta, que también trabajaremos con los distintos grupos políticos, incluso volveremos a sentarnos, si ellos lo consideran, con el Partido Popular", ha señalado Torres sobre el principal partido de la oposición, al que ha acusado de haberse "borrado" de buscar una solución a los menores no acompañados.

En su opinión, en esta cuestión "ha pesado más salvar los presupuestos con Vox" que alcanzar una respuesta estructural de la que podrían beneficiarse en el futuro otros territorios gobernados por el PP: "Están en una postura, creo que miope, corta de vista y poco de Estado", ha opinado Torres.

Sin avances. Así ha finalizado la reunión de este jueves entre el Gobierno central, el canario y el principal partido de la oposición para intentar llegar a un acuerdo dos meses después de que la formación de Alberto Núñez Feijóo rompiera las negociaciones. Una cita a la que el PP llegó exigiendo al Ejecutivo de Pedro Sánchez un "cambio en su política migratoria" , en palabras de su portavoz parlamentario, Miguel Tellado, que insistía en que el PP no se iba a mover de la propuesta lanzada en septiembre por Feijóo y el presidente canario, Fernando Clavijo, que durante esta crisis ha tratado de ejercer de puente entre ambas administraciones y que previamente ratificó otro acuerdo con el Gobierno central.

Al término de la reunión Tellado demandó ese cambio señalando que la política migratoria del Ejecutivo provoca un "efecto llamada" y acusó al Gobierno de no traer "ninguna propuesta". Por su parte, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, lo desmintió y aseguró que el PP no quiso debatir la propuesta que puso sobre la mesa Clavijo, que vincula el reparto de menores a la financiación. Clavijo evitó a su salida a la prensa y el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, reconoció la falta de acuerdo y la necesidad de que la cuestión de los menores extranjeros no acompañados se trate como una política de Estado.

El Gobierno sigue insistiendo en que la vía es la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería que implicaría repartir de manera obligatoria —y no opcional, como hasta ahora— la acogida de los menores que llegan de forma irregular a España. Una reivindicación de los Ejecutivos de Canarias y de Ceuta —en el primero gobierna Coalición Canaria con el PP y en el segundo los populares en solitario— ante la situación de sus territorios, desbordados a la hora de hacer frente a la crisis migratoria. Aunque el Ejecutivo de Sánchez insiste en que el nuevo mecanismo contará con "financiación suficiente", tanto el PP como Coalición Canaria demandan más concreción. Según Tellado, "no se arregla dándole un dinero a las comunidades" para luego desentenderse.

El acuerdo propuesto por el Gobierno señalaba que el traslado se realizaría en base a criterios como la renta, la dispersión de la población, el desempleo o el número de menores ya acogidos cada vez que Canarias, Ceuta o Melilla superen esa capacidad. Después de que la norma no saliera adelante el pasado mes de julio en el Congreso por la negativa de PP, Vox y Junts, el Ministerio de Infancia y Juventud elaboró un informe para conocer el número de plazas de acogida de menores debía tener cada territorio con base en su población y expuso que debería haber una plaza por cada 2.250 habitantes, lo que debería traducirse en un aumento de plazas en las comunidades más pobladas como Madrid, Cataluña o Andalucía.

Los conservadores se han escudado, además, en las acusaciones del empresario Víctor de Aldama, presunto comisionista de la trama Koldo, para tratar de desacreditar al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. "Lo único que busca en esta reunión es reivindicarse como ministro, como ministro aforado ante todos los casos de corrupción que persiguen a Rudolf”, aseguró Tellado utilizando el supuesto apodo con el que Aldama hablaba de él. Unas acusaciones sin pruebas, desmentidas por Torres en las que el PP basa su estrategia de oposición pese a que en privado fuentes de la dirección reconocen que no le dan credibilidad a todo lo que está contando el empresario.

El Pleno del Tribunal Constitucional ha suspendido este martes por unanimidad varios apartados del protocolo de atención a los niños llegados en pateras y cayucos aprobado por el Gobierno de Canarias, que actualmente ya estaba suspendido por orden del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).

Fuentes de la corte de garantías han informado a EFE de que el Pleno ha tomado esta decisión tras admitir a trámite el recurso del Ejecutivo, que había invocado el artículo 161.2 de la Constitución, que establece la suspensión automática cuando el Gobierno recurre una norma autonómica por un plazo de cinco meses, hasta que la corte de garantías resuelva el fondo del asunto. En opinión del Gobierno, el protocolo del Ejecutivo canario limita las competencias autonómicas sobre menores, modifica el concepto jurídico de desamparo, impone obligaciones a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y regula "cuáles deben ser las actuaciones del Estado en el ejercicio de sus competencias".

En el protocolo, el Gobierno de Fernando Clavijo sostiene que los niños que llegan solos a tierra sin un familiar adulto que cuide de ellos no están desamparados, sino bajo custodia de la Policía o la Guardia Civil, por lo que corresponde al Estado su primera acogida. Y añade que solo se hará cargo de ellos en los centros de la comunidad autónoma con expedientes individualizados, si han sido correctamente identificados y siempre y cuando tenga plazas disponibles.

Al margen de la decisión del TC, dicho protocolo ya estaba suspendido por orden del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, al entender que expone a ese colectivo a un riesgo de desprotección, aunque entiende las quejas del Ejecutivo autonómico.

"No le falta razón al Gobierno de Canarias cuando invoca el grado de saturación de los recursos de que dispone y seguramente también cuando se objeta la forma en que se procede a la entrega de los menores extranjeros, a la vista de la documentación que aporta", señalan los magistrados, que consideran, no obstante, que deben hacer primar el interés superior de los menores. 

Tres embarcaciones y dos helicópteros buscan por tercer día a las 54 personas que desaparecieron en la madrugada del sábado al volcar un cayuco a siete kilómetros de la costa de El Hierro, cada vez con menos esperanzas de hallar algún superviviente más de ese naufragio, según informa EFE.

Este lunes, se han desplegado en la costa este de El Hierro la patrullera Río Tajo, de la Guardia Civil; la Guardamar Calíope, de Salvamento Marítimo; y la lancha neumática LS Hades, de Cruz Roja. Las tres embarcaciones van a recibir apoyo desde el aire de un helicóptero de la Guardia Civil y otro del Gobierno de Canarias, que se relevarán durante el día, según ha informado Salvamento Marítimo.

En la zona donde se produjo el accidente el mar desciende a profundidades de mil metros, por lo que los equipos de emergencia no creen que puedan recuperar ningún cuerpo más hasta que el proceso natural de descomposición haga que los cadáveres emerjan a flote. 

El naufragio de ese cayuco sucedió cuando Salvamento iniciaba la maniobra de rescate. En ese momento, buena parte de los 90 ocupantes de la barca se levantaron y se echaron sobre la misma banda, lo que provocó que el cayuco volcara y todos cayeran al agua.

En esa situación, la tripulación de Salvamento que estaba efectuando el rescate pudo sacar del mar a 27 personas con vida y recuperar nueve cadáveres. Según el último recuento facilitado por la Delegación del Gobierno, hay 54 varones desaparecidos, entre ellos varios menores.

Dos de las cinco personas que fueron trasladadas al hospital tras volcar el cayuco en el que viajaban ya han sido dadas de alta y las otras tres evolucionan favorablemente, según han informado fuentes del Gobierno de Canarias. Las dos personas que salieron del hospital lo hicieron el pasado domingo, pocas horas después de ingresar con hipotermia leve, han detallado las mismas fuentes.

Además, ya se han realizado las autopsias a los cuerpos de los nueve fallecidos que pudieron recuperar del mar los servicios de emergencias la misma noche del vuelco del cayuco. Los ayuntamientos de Frontera y Valverde están pendientes de que el juez autorice las sepulturas, tras recibir el informe del forense en el que certifica las autopsias, para enterrar este lunes o el martes a las víctimas.

Los efectivos de Salvamento Marítimo han rescatado desde la tarde del jueves a 496 personas que estaban a bordo de seis embarcaciones, y las ha trasladado a las islas de El Hierro, La Gomera y Lanzarote, han informado este viernes a EFE fuentes de la sociedad estatal.

Los primeros rescates se llevaron a cabo durante la tarde del jueves, cuando Salvamento Marítimo rescató a 383 migrantes de tres embarcaciones, de los que 327 llegaron a El Hierro y 56 a La Gomera, y durante la madrugada Salvamento Marítimo llevó a Lanzarote a los ocupantes de dos neumáticas de gran tamaño, una ocupada por 56 personas y la otra por 57.

En el caso de El Hierro, la guardamar Caliope llegó al muelle de La Restinga pasada la medianoche, y lo hizo con 327 migrantes rescatados a bordo de dos cayucos por las embarcaciones salvamar Adhara y guardamar Caliope. Ninguna de estas personas necesitó ser trasladada al Hospital Insular Virgen de los Reyes para recibir atención médica.

El primer cayuco fue rescatado a 88 millas al sur de El Hierro desde la guardamar Caliope; mientras que la salvamar Adhara rescataba un segundo cayuco, a 40 millas de la isla. Los ocupantes de ambos cayucos fueron transbordados a la guardamar Caliope para facilitar su traslado a puerto, mientras que los dos cayucos, de procedencia senegalesa y de 22 metros de eslora, fueron abandonados a la deriva en alta mar, según la información recabada de los servicios de emergencia.

Según la información recabada de los servicios sanitarios y de emergencia, se trata de 327 personas de origen subsahariano, entre los que viajaban varias mujeres y menores de edad. Según el relato de migrantes de una de las embarcaciones rescatadas, habrían realizado una travesía de cinco días desde un puerto de Senegal.

A la isla de La Gomera llegó hacia las 00.40 horas del jueves la salvamar Izar con 56 personas que habían sido rescatadas de una embarcación. Por su parte, en las primeras horas de este viernes, la guardamar Urania ha llegado al puerto de Arrecife con los 113 ocupantes de dos neumáticas, han indicado fuentes de Salvamento Marítimo.

Salvamento Marítimo ha rescatado en las últimas horas a 641 inmigrantes que trataban de llegar a Canarias a bordo de once pateras y cayucos, en quince horas sin descanso para sus tripulaciones, en especial para las asignadas a Lanzarote, a donde han llegado 451 personas. El recuento incluye, al menos, a 40 mujeres y 15 menores, cifras que, probablemente, aumentarán, porque en cuatro de los ocho rescates efectuados en Lanzarote no se han facilitado aún datos detallados sobre los ocupantes, según la información recabada por EFE de Salvamento Marítimo y el Consorcio de Emergencias de esa isla.

La primera operación en Lanzarote se realizó sobre las 22.00 horas de este martes, después de que el radar del sistema de vigilancia costera detectara una patera a unos 16 kilómetros al norte de la isla. A bordo iban 40 personas de origen magrebí (30 hombres, ocho mujeres y dos niños), que llegaron a tierra con la Salvamar Al Nair pasada la medianoche.

En paralelo, fue movilizada también desde Lanzarote la Guardamar Talía, de mayor capacidad, porque comenzaron a recibirse más avisos de posibles neumáticas en la zona, hasta cinco, algunos de ellos realizados por teléfono por las personas que iban en ellas. La Talía rescató durante la madrugada a 221 personas en cuatro embarcaciones, en su mayoría subsaharianas: un grupo de 70, otro de 51, un tercero de 50 y un cuarto de 51.

No hay cifras detalladas sobre sus ocupantes, pero EFE ha presenciado en su desembarco en el puerto de Arrecife que iban a bordo de esas neumáticas varias mujeres, dos bebés y, al menos, otros dos menores.

Con las dos embarcaciones de Lanzarote centradas en esas operaciones, Salvamento tuvo que enviar desde Fuerteventura a esa misma zona a la Salvamar Ízar para socorrer a otro grupo más conformado por otras 59 personas, entre ellas ocho mujeres y una niña, que fueron trasladadas al puerto de Gran Tarajal.

En El Hierro, la Salvamar Adhara auxilió pasadas las 21.00 horas a un cayuco localizado a 13 kilómetros de La Restinga, en el que viajaban 74 personas (61 hombres, seis mujeres y cinco menores). Y a La Restinga también ha llegado en la mañana de este miércoles la Guardamar Calíope, tras otro cayuco localizado a 22 kilómetros de El Hierro con 57 personas más, entre ellas tres mujeres y cuatro menores.

La novena embarcación obligó a movilizar de nuevo a la Salvamar Al Nair a primera hora de la mañana, cuando fue detectada por el radar de vigilancia costera a unos 45 kilómetros al norte de Lanzarote. Se trataba de una neumática que llegó por sus propios medios a la playa de La Garita, en Haría, antes de que la encontrara el barco de rescate. A bordo iban 73 personas, entre ellas cuatro mujeres (una de ellas embarazada) y un niño. En la atención en la playa a este grupo de personas han participado -acompañando a la Guardia Civil- dos gendarmes marroquíes que se encuentran estos días en la isla, según ha presenciado EFE.

Posteriormente, sobre el mediodía, la Salvamar Al Nair ha rescatado a 117 migrantes en dos pateras más en Lanzarote: una con 50 personas de origen magrebí (entre ellos tres mujeres y un niño) y otras 67 de procedencia subsahariana (incluidas seis mujeres).

Todos estos rescates coinciden con la presencia en Canarias del vicepresidente de la Comisión Europea, Margaritis Schinas, que se ha desplazado a Tenerife a petición del presidente de la comunidad autónoma, Fernando Clavijo, para conocer la presión migratoria que soportan las islas y cómo se está atendiendo a los menores. 

Además Schinas ha anunciado un plan de acción adicional por el que se asignarán a Canarias 14 millones de euros para mejorar su capacidad de acogida a migrantes y que permitirá el uso excepcional del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) para atender la emergencia migratoria. Este plan también ofrece la posibilidad de "reforzar la salvaguardia de nuestra frontera exterior a través de Canarias" con operaciones conjuntas con la agencia Frontex, y de aumentar la asistencia de la agencia de asilo de la UE para gestionar la asistencia a los menores no acompañados.