La cerveza sin gluten está de moda. Así lo constata el Informe del consumo alimentario en España 2025 del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), que recoge que la compra de este producto en los hogares españoles ha crecido un 21% en comparación con el año anterior. Un dato que choca directamente con el de la cerveza normal, cuyas compras se han reducido un 4,7%.

Dentro de los productos sin gluten, es también el que más crece, ya que en conjunto han aumentado en un 5,4%, muy por debajo del 21% registrado por la cerveza. Hay una primera razón de este crecimiento y no es otra que la médica. Esta es la única cerveza apta para las personas que padecen enfermedad celíaca y, según recoge la Federación de Asociaciones de Celíacos de España (FACE), el número de personas diagnosticadas no ha dejado de crecer en los últimos años gracias a una aplicación cada vez mejor de los protocolos de diagnóstico, alcanzando ya la cifra de 450.000 personas.

La cerveza normal se elabora habitualmente con cebada malteada y, por ello, suele contener gluten, por lo que estas bebidas se preparan con cereales naturalmente libres de esta proteína o mediante procesos destinados a reducirla. Sin embargo, el número de celíacos no puede responder por sí solo a estas cifras y aquí entra una segunda vertiente: consumir cervezas sin gluten pensando que son una opción más sana.

Un estudio llevado a cabo en Estados Unidos en 2021 analizó el consumo de productos sin gluten en personas sin ningún tipo de celiaquía y acabó concluyendo que aquellas que consideraban estos alimentos más sanos tenían un 69% más de probabilidades de incluirlos en sus dietas. Otro estudio llevado a cabo en Portugal llegó a una conclusión parecida al comprobar que los productos con la indicación “sin gluten” se percibían como más saludables, menos calóricos y menos procesados. 

Esto es lo que se conoce como health halo, que se produce cuando una característica real, en este caso, la ausencia de gluten, se convierte mentalmente en una cualidad saludable, aunque no exista una relación demostrada entre ambas. Y es que no existe hasta el momento un estudio científico que sostenga que este tipo de productos mejoran la salud de personas no celíacas.

En 2024, un grupo de investigadores siguió a 27 adultos sanos que durante cuatro semanas consumieron una dieta estrictamente sin gluten. La conclusión fue que, aparte de algunos pequeños efectos antiinflamatorios a corto plazo, el consumo de estos productos no produjo “una mejora cardiovascular global ni una mejora de la calidad de vida”.

Esto significa que un producto sin gluten no aporta por sí mismo ninguna mejora en la salud y, en el caso de la cerveza, no hay que olvidar que mantiene el resto de componentes perjudiciales. La Organización Mundial de la Salud (OMS) es tajante en su posición frente al alcohol y afirma que no existe ninguna bebida alcohólica mejor o peor, ya que el compuesto responsable del riesgo es el etanol, independientemente de si llega al organismo a través de una cerveza con o sin gluten, un vino o cualquier otro tipo de bebida alcohólica.

La OMS recuerda que el alcohol está clasificado como carcinógeno del grupo 1 por la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer y que está relacionado causalmente con al menos siete tipos de cáncer. También señala que no se ha podido establecer un umbral por debajo del cual desaparezca este riesgo. De esta manera, entre dos cervezas con una graduación alcohólica similar, el hecho de que una no contenga gluten no elimina el riesgo sanitario derivado de su contenido en alcohol.

La Universidad del País Vasco publicó en 2025 un estudio que seguía esta misma línea. Los investigadores analizaron 60 muestras correspondientes a tres lotes de diez marcas comerciales, recogidas a lo largo de tres años y compararon cervezas a las que se había retirado el gluten con sus equivalentes que lo conservaban para estudiar dos grupos de compuestos que producen hinchazón y problemas intestinales, sobre todo en personas con problemas previos: los fructanos, pertenecientes a los FODMAP, y los inhibidores de amilasa/tripsina (ATI).

Tras el análisis, no encontraron diferencias significativas en el contenido total de ninguno de los dos componentes entre las bebidas con gluten y aquellas a las que se les había retirado. Los investigadores encontraron, además, que la cantidad de estos compuestos dependía más de otras características de la cerveza y de su elaboración. De esta manera, llegaron a la conclusión de que retirar el gluten no hace desaparecer automáticamente otros componentes de la cerveza que pueden presentar problemas digestivos para determinados grupos, lo que supone un mayor peligro si la sociedad empieza a ver las cervezas sin gluten como una alternativa más sana que la tradicional.

El Ministerio de Consumo ha multado a la empresa de alquiler de coches Avis con un millón de euros por “llevar a cabo prácticas abusivas”. El ministerio que dirige Pablo Bustinduy ha impuesto la sanción máxima a la compañía por cobrar una tasa de entre 33,88 euros y 45 euros en concepto de gastos de gestión de sanción administrativa a la clientela que hubiera sido sancionada con una multa de tráfico en el momento en que tenían uno de sus vehículos en alquiler. La compañía impuso esta tasa por gestionar el pago de la multa y por comunicar a la administración la identidad de la persona infractora, una gestión a la que está obligada por ley, por lo que Consumo considera que está llevando a cabo una práctica abusiva.

La sanción es de carácter “muy grave” y Consumo señala que ha multado a la empresa “en el grado máximo posible”; sin embargo, la empresa tiene la posibilidad de recurrir la decisión en los tribunales. Para el ministerio que dirige Bustinduy, el principal agravante ha sido la persistencia de Avis en llevar a cabo una práctica que ya había sido considerada ilícita por parte de un juzgado. En concreto, por el Juzgado de Primera Instancia número uno de Vitoria-Gasteiz, el cual había declarado esta cláusula como abusiva en una sentencia de 22 de septiembre de 2020 y condenaba a la compañía a eliminarla, dejar de aplicarla en los contratos vigentes y abstenerse de incorporarla en el futuro, según recoge la nota de prensa distribuida por Consumo.

De hecho, el expediente nace tras una denuncia presentada por la Asociación de Personas Consumidoras y Usuarias Vasca EKA/ACUV Euskal Kontsumitzaileen Alkartea (EKA/ACUV) y con esta resolución se agota la vía administrativa, aunque puede recurrirse judicialmente.

La decisión de Consumo se sustenta en el hecho de que la ley obliga al titular del vehículo –en este caso Avis– a identificar al conductor responsable, y recuerda que cobrarle al cliente por algo a lo que se está obligado por ley no es lícito. "En el caso de las empresas de alquiler, esta obligación se cumple facilitando a la Administración la identidad de la persona arrendataria o, en su caso, el contrato de alquiler, por lo que no puede repercutirse a la clientela un coste adicional por realizar un trámite que la ley impone al titular del vehículo", concluyen.

Durante mucho tiempo, comprar un producto de segunda mano era algo que casi hacíamos en voz baja. Parecía que reconocerlo implicaba admitir que no podíamos permitirnos uno nuevo. Existía un cierto prejuicio social, una especie de complejo heredado de una época en la que estrenar era sinónimo de éxito y reutilizar parecía reservado a quien no tenía otra alternativa. Qué rápido cambian las cosas.

Hoy la segunda mano ha dejado de ser una necesidad para convertirse en una elección inteligente. No solo ha desaparecido el estigma, sino que muchas personas muestran con orgullo que han comprado un mueble reacondicionado, una bicicleta restaurada o una prenda que ya tuvo otra vida. Hemos empezado a comprender que el verdadero valor de un producto no está en que salga de una fábrica envuelto en plástico, sino en que siga siendo útil durante el mayor tiempo posible.

Hace unos días tuve la oportunidad de participar, invitado por IKEA, en una jornada de cocreación en la que representantes de distintas organizaciones trabajábamos conjuntamente para identificar los principales mitos que todavía existen alrededor de la segunda mano. La dinámica era sencilla: escuchar, debatir, cuestionar nuestras propias ideas y construir mensajes que ayudaran a seguir normalizando un modelo de consumo mucho más responsable. Fue una mañana especialmente enriquecedora.

Porque cuando uno reúne alrededor de una mesa a personas con trayectorias tan distintas, descubre que, pese a las diferencias, existe un consenso sorprendente: prolongar la vida de los productos tiene sentido económico, ambiental y social.

Recuerdo que, en uno de los grupos, alguien resumió la cuestión con una frase tan sencilla como brillante: «Es de tontos pagar más por lo mismo». Más allá de la provocación, aquella afirmación encerraba una enorme verdad.

Si un producto conserva todas sus prestaciones, ha sido revisado, ofrece garantías y puede seguir prestando exactamente el mismo servicio, ¿qué sentido tiene fabricar otro nuevo consumiendo materias primas, energía y agua? ¿Por qué convertir en residuo algo que todavía puede seguir siendo útil durante años? La economía circular nos invita precisamente a hacernos esas preguntas.

Con frecuencia pensamos que cuidar del planeta consiste únicamente en reciclar. Sin embargo, reciclar debería ser casi el último paso. Antes están la prevención, la reutilización, la reparación y el alargamiento de la vida útil de los objetos. Cada vez que conseguimos que un mueble continúe acompañando a otra familia, que una lámpara ilumine un nuevo hogar o que una estantería siga cumpliendo su función, estamos evitando nuevas extracciones de recursos naturales, reduciendo emisiones y disminuyendo la cantidad de residuos que generamos.

Pero la segunda mano no solo tiene un valor ambiental. También posee una importante dimensión social.

Muchas de las iniciativas vinculadas a la reutilización se desarrollan junto a entidades de economía social o empresas de inserción que generan oportunidades laborales para personas que encuentran mayores dificultades para acceder al mercado de trabajo. La economía circular, cuando está bien planteada, no solo protege el medio ambiente; también ayuda a construir una sociedad más inclusiva.

Durante la jornada aparecieron, como era lógico, algunas dudas razonables. La principal tenía que ver con la confianza. ¿Podemos fiarnos realmente de un producto de segunda mano? La respuesta: en realidad, depende de quién nos lo ofrece.

No es lo mismo adquirir un artículo revisado por una empresa que se juega su prestigio en cada venta que hacerlo entre particulares sin ninguna referencia previa. La reputación se ha convertido en uno de los grandes activos de la economía circular. Quien pone un producto de nuevo en el mercado sabe que no solo está vendiendo un objeto; también está ofreciendo confianza.

Después del trabajo en grupo visitamos el espacio donde IKEA desarrolla buena parte de esta actividad. Pudimos conocer el recorrido que siguen los muebles devueltos, los que han estado en exposición o aquellos que, por diferentes circunstancias, todavía pueden seguir utilizándose.

Nos enseñaron cómo se clasifican, cómo se inspeccionan, cómo se reparan cuando resulta necesario y cómo vuelven a ponerse a disposición de otros clientes con todas las garantías.

Hubo algo que me llamó especialmente la atención. Miles de pequeñas piezas perfectamente ordenadas para que cualquier persona pueda solicitar gratuitamente un tornillo, una bisagra, un anclaje o cualquier componente necesario para reparar un mueble en lugar de sustituirlo. Puede parecer un detalle sin importancia. No lo es. Representa un cambio profundo de mentalidad.

Durante demasiados años hemos diseñado productos para ser reemplazados. Ahora empezamos, afortunadamente, a diseñar sistemas para que puedan seguir viviendo.

También conocimos un proyecto especialmente interesante desarrollado junto a una empresa de economía social para recuperar colchones y alfombras procedentes de exposiciones o de devoluciones muy recientes. Tras un exigente proceso de higienización y control de calidad vuelven al mercado evitando que uno de los residuos domésticos más complejos termine innecesariamente en una planta de tratamiento.

Sin embargo, el mayor aprendizaje de aquella mañana no estaba en los muebles. Tenía nombre propio. Vini. Así es como le conocen todos sus compañeros.

Era una de las personas del equipo de IKEA que participó con nosotros durante la jornada y quien posteriormente nos acompañó en la visita. No necesitó grandes discursos para transmitir una idea muy sencilla: disfrutaba profundamente de su trabajo.

Explicaba cada proceso con naturalidad. Respondía a las preguntas con paciencia. Se detenía en los detalles sin perder nunca la sonrisa. Mientras recorríamos las instalaciones, compañeros de distintos departamentos se cruzaban con él, le saludaban afectuosamente y seguían su camino con esa complicidad que solo existe cuando el ambiente de trabajo es saludable.

No sé cuánto tiempo lleva en IKEA. Ni cuál es exactamente su puesto. Y, sinceramente, tampoco importa demasiado. Lo verdaderamente importante fue la sensación que transmitía.

Porque quienes nos dedicamos a observar organizaciones sabemos que existen cosas imposibles de fingir. Una empresa puede elaborar excelentes memorias de sostenibilidad, presentar objetivos muy ambiciosos o desarrollar campañas de comunicación impecables. Todo eso está muy bien.

Pero si quienes trabajan dentro no creen en el proyecto, tarde o temprano acaba notándose. Las personas son, probablemente, el mejor indicador de la autenticidad de una organización.

Aquella mañana tuve la impresión de que Vini no estaba simplemente enseñándonos un almacén de muebles de segunda mano. Estaba mostrando con orgullo un trabajo en el que creía. Y eso tiene un enorme valor.

Naturalmente, ninguna empresa es perfecta. Todas tienen margen de mejora.

Y quienes nos dedicamos a la divulgación ambiental tenemos la obligación de señalar aquello que se hace mal cuando corresponde hacerlo. Ser críticos forma parte de nuestro compromiso con la sociedad. Pero existe otra responsabilidad igualmente importante: reconocer las buenas prácticas cuando aparecen. Porque si solo hablamos de los errores, nunca construiremos referentes positivos. Y los necesitamos.

Necesitamos empresas que comprendan que vender no puede ser el final de la relación con un producto, sino el comienzo de una responsabilidad compartida. Necesitamos modelos que faciliten reparar antes que sustituir, reutilizar antes que desechar y alargar la vida útil de las cosas antes de convertirlas en residuos.

Y necesitamos, sobre todo, personas como Vini.

Personas que entienden que la sostenibilidad no es únicamente una palabra escrita en una memoria corporativa, sino una actitud que se transmite cada día, casi sin darse cuenta, en la forma de trabajar, de explicar las cosas y de relacionarse con los demás.

Al marcharme pensé que quizá el mayor éxito de la economía circular no será conseguir que compremos más productos de segunda mano. Será lograr que algún día dejemos de llamarlos así.

Porque, en realidad, las cosas no tienen una primera o una segunda vida. Solo tienen la vida que nosotros decidimos darles.

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Miguel Aguado Arnáez es divulgador ambiental, director de la consultora B LEAF y docente de la Universidad Europea.

El uso de falsos reclamos ecologistas para atraer clientes, una práctica habitual de las grandes compañías energéticas, ha saltado al sector de las telecomunicaciones. En la última década las operadoras de telefonía móvil han comenzado a vender electricidad y gas (que compran a terceros) aprovechando su gran base de clientes de telefonía, y para hacerlo han copiado las técnicas y eslóganes del sector: pintar su web de color verde y prometer replantar bosques para compensar lo que contamina su producto.

La organización de consumidores CECU considera que algunas de estas prácticas se pueden considerar greenwashing, o publicidad ambiental engañosa, y ha denunciado a Jazztel, Yoigo y Pepeenergy (de Pepephone) ante el Ministerio de Consumo para que fuerce a estas empresas –todas del grupo MásOrange– a retirar estos reclamos. También ha pedido que investigue por este mismo motivo a las energéticas TotalEnergies, Naturgy y Audax Renovables.

La denuncia forma parte de una campaña europea más grande en la que CECU y otras 11 organizaciones han pedido a la Comisión Europea que investigue a los gigantes TotalEnergies, Engie, Eni Plenitude y Shell por llevar a cabo campañas de greenwashing a nivel europeo. Básicamente, las ONG acusan a estas compañías de sacar pecho de luchar contra el cambio climático cuando son algunas de las grandes responsables del calentamiento global.

En todo caso, ni la denuncia interpuesta en Bruselas ni la de Madrid serán canalizadas por la vía jurídica, sino que solo pondrán sobre alerta a las autoridades nacionales y europeas para que tomen medidas. "Nosotros lo que hacemos es señalar", aclara Soledad Montero, encargada de energía en CECU. "Ahora son las autoridades las que tienen que investigar y llamar la atención, y si no toman medidas, multar. Si la ley no se cumple es papel mojado", añade.

Las tres 'telecos' españolas denunciadas ante la Dirección General de Consumo comparten una misma campaña en la que aseguran que las emisiones de CO2 de sus clientes de electricidad y gas natural se compensan con la plantación de árboles. Esta práctica es internacionalmente considerada como greenwashing porque numerosos estudios de ONG han certificado que la reforestación es nunca o casi nunca verificable, y sirve para justificar negocios extremadamente contaminantes.

De hecho, la nueva directiva europea de empoderamiento de los consumidores para la transición ecológica, la conocida como directiva contra el greenwashing, aprobada en 2024, prohíbe la publicidad que promete compensar el carbono emitido por el usuario mediante acciones como plantar árboles o instalar tecnología de captura del CO2 del aire, "ya que dan a los consumidores la falsa impresión de que el consumo de ese producto no tiene ningún impacto medioambiental". El problema es que esta directiva no entra en vigor hasta el próximo 27 de septiembre y debe ser además traspuesta a la normativa española para que sea vinculante en este país, de manera que la ley por ahora no impide claramente las prácticas de estas empresas de telefonía.

Tanto la web de Yoigo como de Pepeenergy recogen que las compañías calculan las emisiones de CO2 de sus clientes de gas natural y plantan árboles para compensar esa contaminación. Como ejemplo de éxito ambas citan el mismo proyecto: la repoblación de la Playa de Torimbia, en Llanes (Asturias), una zona que en teoría ha sufrido diferentes incendios en la última década. Sin embargo, no aclaran cuántos ejemplares se han plantado ni su equivalencia en toneladas de CO2. 

Este anuncio, de hecho, podría estar solapándose con otra campaña de publicidad de este mismo grupo empresarial. El informe de sostenibilidad de de 2025 de MásOrange, la matriz, también hace referencia a "un terreno reforestado de Asturias", pero para otra campaña diferente: “Quien tiene un amigo tiene un árbol, con la que se planta un árbol cada vez que el amigo de un cliente se da de alta en Pepephone".

En el caso de las energéticas españolas denunciadas a Consumo, lo que persigue la organización española es retirar diferentes afirmaciones falsas que confunden al ciudadano. Por ejemplo, Audax promociona sus tarifas señalando en la web que el gas natural "tiene un reducido impacto ambiental en comparación con otras fuentes energéticas", cuando en este momento el gas es la fuente más contaminante de entre las principales del sistema eléctrico español. En el caso de Naturgy, piden que retire reclamos como "¿Por qué contratar la luz y el gas con Naturgy? La tranquilidad de cuidar el planeta", pese a que es año tras año una de las empresas en el top cinco más contaminantes de España.

La principal base legal que ha servido para poner sobreaviso a las autoridades es la directiva de prácticas comerciales desleales de 2005, que prohíbe publicitarse con "información falsa o carente de veracidad (...) que pueda "inducir a error o engañe al consumidor medio". El problema es que esta legislación es antigua y no es específica para el greenwashing, de manera que en los últimos años no ha sido suficiente para denunciar a las empresas por promesas falsas ambientales porque está ampliamente abierta a la interpretación del juez.

La segunda directiva que citan es la antigreenwashing de 2024, que fue precisamente impulsada por la Comisión Europea para aclarar y corregir ese vacío legal de la publicidad verde. En ella se prohíben, entre otras cosas, que las compañías utilicen afirmaciones ambientales genéricas, como usar la etiqueta eco o bio en un producto sin una argumentación científica, o decir que un producto "ayuda al consumidor a cumplir con sus compromisos ambientales", una coletilla que recoge la francesa Engie en su web.

Otro de los cambios que incluirá esta directiva, cuando entre por completo en vigor en tres meses, será el veto de los llamados reclamos 'halo', que suponen engrandecer un pequeño hito ambiental de una empresa para simular que todos sus productos y la compañía, en general, es verde. Por ejemplo, que un fabricante de petróleo se anuncie como una empresa comprometida con el medioambiente solo porque uno de sus combustibles tiene un pequeño contenido de biocarburante, otro ejemplo clásico del sector del transporte.

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha dado a conocer este jueves su informe Vivienda, consumo y desigualdad: un mercado dominado por multiarrendadores, en el que concluye que “el mercado del alquiler en España no está dominado por el pequeño casero con una única vivienda en alquiler, sino por multiarrendadores”.

Este nuevo estudio, elaborado por el departamento de Pablo Bustinduy en colaboración con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) a partir del Panel de Hogares, desgrana que alrededor del 39% de las viviendas alquiladas pertenecen a caseros con un único inmueble en alquiler, mientras que el 61% son propiedad de multiarrendadores: personas jurídicas y entidades públicas con dos o más viviendas alquiladas.

Asimismo, el Panel de Hogares de 2023 recoge que un 4,9% de la población total percibe rentas por alquiler de vivienda habitual (5,7% de la población adulta). Esta cifra cambia si se mide por hogar, elevándose al 9,3%.

En definitiva, menos de cuatro de cada diez viviendas son alquiladas por pequeños caseros, contradiciendo así la versión que ha mantenido el Gobierno en los últimos años. En declaraciones a la Cadena Ser en 2024, la ministra de Vivienda Isabel Rodríguez afirmaba que "España es un país solidario y, en su mayor parte, el parque de vivienda en alquiler pertenece a los pequeños propietarios".

Según el informe, en España más de la mitad del alquiler gestionado por particulares (un 52,8%) se encontraría en manos de multiarrendadores, lo que convierte a estos en la figura predominante por encima del pequeño casero.

Consumo suscribe, además, que en los últimos años “el crecimiento del parque de viviendas en alquiler ha beneficiado más a los multiarrendadores que a los pequeños caseros”. “Los caseros con una única vivienda en alquiler aumentaron su parque en este periodo (entre 2016 y 2023) un 30,4%. En cambio, los multiarrendadores lo incrementaron un 39,9%, casi diez puntos de diferencia”, añade.

“Según los datos disponibles del Banco de España, las empresas y personas jurídicas —incluidos fondos de inversión, sociedades patrimoniales y otros actores que operan el alquiler de forma profesional— alquilan unas 223.552 viviendas en el territorio de régimen fiscal común, lo que representa aproximadamente el 8% del mercado total. Si se incorpora el parque de vivienda pública y social (unas 300.000 viviendas), el conjunto de personas jurídicas y entidades públicas podría alcanzar en torno al 17% del mercado. En total, las viviendas alquiladas propiedad de personas jurídicas y entidades públicas sumarían alrededor de 523.552 viviendas”, agrega.

Tras esta estimación, Consumo establece una distribución aproximada del mercado del alquiler en la que alrededor del 40% de las viviendas pertenecería a caseros particulares con un único inmueble en alquiler y el 60% restante estaría en manos de particulares con dos o más casas en régimen de arriendo, personas jurídicas y entidades públicas.

Desgranando estos datos por ciudades, Las Palmas de Gran Canaria es la capital española que más multiarrendadores concentra: un 64,9%, frente al 35,1% que dispone de un único inmueble en alquiler. También en las Islas Canarias, Santa Cruz de Tenerife cuenta con un 64,6% de multiarrendadores frente a un 35,4% de pequeños caseros.

Palma de Mallorca (con un 63,1% de multiarrendadores, frente al 36,9% que dispone de un único inmueble en alquiler), Barcelona (60,8% frente al 39,2%) y Madrid, (56,4% frente al 43,6%) siguen a las capitales canarias.

“En Valencia y Málaga los multiarrendadores también son mayoría: en Valencia el 55% de los caseros son multiarrendadores, frente al 45% que dispone de un único inmueble en alquiler. Y Málaga, el 51,6% frente al 48,4%. En Sevilla, el 46,8% de los caseros son multiarrendadores, frente al 53,2% que dispone de una sola vivienda en alquiler”, señala el informe.

El estudio finaliza haciendo hincapié en que la figura del pequeño casero con una única vivienda alquilada “no describe adecuadamente la realidad del mercado español”, destacando que el aumento de la oferta no ha supuesto una “democratización” del mercado.

“Ha consolidado una estructura en la que quienes ya tenían varias viviendas son quienes más han crecido y quienes más capacidad tienen para seguir ampliando su presencia en el mercado”, destaca.

Y acaba subrayando la tendencia actual: “el alquiler en España funciona cada vez más bajo una lógica de concentración. El pequeño casero sigue existiendo, pero tiene un papel cada vez menos central. Hoy, el peso decisivo lo tienen los multiarrendadores, y los datos apuntan a una tendencia que seguirá reforzándose en los próximos años”.

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha confirmado este miércoles de forma definitiva la sanción de 3,6 millones de euros a Alquiler Seguro por prácticas abusivas contra inquilinos, tras desestimar el recurso presentado por la empresa y agotarse la vía administrativa.

La resolución ha sido firmada por el ministro Pablo Bustinduy, lo que convierte en firme la multa propuesta en diciembre de 2025 y ratifica las conclusiones del expediente sancionador abierto por la Dirección General de Consumo.

El departamento concluye que la inmobiliaria incurrió en seis infracciones muy graves y una grave al vulnerar derechos de los consumidores y “aprovechar su posición de predominio de mercado” .

Entre las conductas sancionadas figuran la “imposición al arrendatario” de costes que corresponden al propietario, como un servicio de atención al inquilino, la contratación obligatoria de un seguro del hogar o cargos por reclamaciones incluso cuando no eran imputables al arrendatario.

Asimismo, se penaliza la inclusión de cláusulas que permitían incorporar a los arrendatarios a ficheros de morosos sin deudas exigibles y la limitación del derecho de desistimiento en determinados contratos.

La sanción se desglosa en varias multas, entre ellas una de un millón de euros y otra de 990.900 euros, además de tres de 500.000 euros, una de 100.001 euros y otra de 10.001 euros.

La resolución obliga a la compañía a eliminar las cláusulas consideradas abusivas y a corregir los incumplimientos detectados, además de hacer pública la sanción y la identidad de la sociedad responsable.

El expediente se inició en marzo de 2025 tras denuncias de organizaciones como Facua, el Sindicato de Inquilinas y la OCU, y se suma a otra investigación en curso por hechos similares.

En diciembre, Consumo ya había anunciado la sanción por trasladar a los inquilinos gastos de gestión y formalización del contrato, prohibidos por la Ley de Vivienda. La empresa recurrió entonces la decisión, un recurso que ahora ha sido rechazado por el Ministerio, lo que cierra la vía administrativa.

Alquiler Seguro va a recurrir a la vía judicial, con un recurso contencioso administrativo. Sostienen que esta resolución es "injusta y arbitraria" y defiende que todos los servicios prestados son legales y así lo ratifican cuatro sentencias judiciales que les dan la razón sobre los mismos puntos que Consumo les sanciona, según han apuntado a EFE fuentes de la compañía.

El corte del Estrecho de Ormuz, en Irán, suma ya cinco semanas. Apenas una veintena de buques mercantes han cruzado desde entonces este paso marítimo, un punto estratégico para la salida de materias primas desde los países del Golfo hacia el resto del planeta. Aunque el cese de las exportaciones de gas natural y el crudo ha recibido toda la atención, los fertilizantes son otro de los productos clave que atraviesan este punto, lo que ha provocado una subida de alrededor del 30% en su precio.

España depende de manera limitada de los fertilizantes de esta región y los agricultores tienen reservas para esta temporada, pero el sector advierte de que con el paso de los meses –cuando comiencen los futuros aprovisionamientos– el sector primario tendrá que asumir ese sobrecoste y posiblemente trasladarlo a los mercados. El Ministerio de Agricultura ya ha activado un plan de ayudas de 877 millones de euros y ha pedido esta semana a Bruselas un programa para asegurar el abastecimiento de abonos sintéticos durante los próximos meses.

A corto plazo, el maíz es el único cultivo que preocupa, ya que la siembra se realiza entre abril y mayo, según explica Javier Fatás, responsable de fertilizantes de la organización agrícola COAG. "Este año habrá probablemente rendimientos peores en cereal. Habrá gente que se replantee si cultivar el maíz porque la crisis ha pillado en un momento en el que algunos ya tenían sus pedidos de fertilizantes cerrados a buen precio, mientras que otros estaban pendientes de ello, y si quieren recibirlo tendrán que pagar un 30% más", valora el portavoz.

Aunque el abastecimiento de fertilizantes está garantizado a corto y medio plazo en Europa, el cierre de Ormuz sí ha golpeado el mercado interior. Alrededor de un tercio de los fertilizantes que consume el planeta atraviesan ese estrecho y de la noche a la mañana han desaparecido del mercado. La mayoría se vendían a India, Tailandia, Australia o Corea del Sur, pero como el mercado es global, cualquier escasez local de productos químicos afecta al resto del mundo. En concreto, el año pasado atravesó Ormuz el 47% del sulfuro global, el 35% de la urea y el 24% del amoniaco, según la consultora S&P Global.

Todos esos productos son imprescindibles para producir fertilizantes. La urea se puede usar como abono por sí misma, pero también es la base de los fertilizantes nitrogenados, los más comunes en el mundo agrícola. Los abonos nitrogenados complejos, que necesitan también fosfatos, son los más usados en España, pero para obtener estos fosfatos es necesario tratar la roca fosfórica con ácido sulfúrico, escribe Pablo Resco, experto en materias primas de Plataforma Tierra.

En resumen, para obtener fertilizantes son necesarios multitud de minerales y químicos que dependen del fin de la guerra en Irán, por mucho que haya otros grandes vendedores en el mundo, como Argelia, Rusia, Egipto, Marruecos o China. Paloma Pérez, secretaria general de Anffe, la patronal española de fertilizantes, subraya que esta crisis debe servir para proteger todavía más la producción nacional de abonos y considerarlo un sector estratégico. "Depender de terceros países nos hace más vulnerables al suministro exterior. Algunos países están ya limitando sus exportaciones por la guerra, como Rusia, con las de nitrato amónico", señala.

La portavoz de la industria también añade que España –y otros países europeos– han llegado a esta crisis con un gran excedente de fertilizantes en sus almacenes, lo que disminuye el riesgo de escasez. Esto se debe a que la guerra ha coincidido con la entrada en vigor de una nueva normativa europea, el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM, en inglés), un impuesto fronterizo sobre la entrada de fertilizantes extranjeros altamente contaminantes que ha comenzado a operar en 2026. De hecho, en diciembre de 2025, la UE importó un 140% más de abonos nitrogenados que un año antes para aprovechar los precios más bajos.

Al problema de suministro global de fertilizantes se suma la escasez global de gas natural, un componente indispensable en la producción de abonos. Esta crisis también deriva del cierre del Estrecho de Ormuz, por donde pasaba cada día el 20% del gas natural licuado (el que viaja por barco) que consume el mundo, hasta que fue cerrado.

Este combustible es necesario en dos partes de la cadena de producción. Primero, porque para producir amoniaco (la base de la urea) es necesario mezclar el gas natural con nitrógeno mediante el proceso químico Haber-Bosch. Y segundo, porque ese proceso necesita grandes cantidades de calor, que también se obtiene quemando gas natural.

El precio del gas natural se ha encarecido desde que comenzó la guerra un 80% en Europa, hasta los 55 euros/MWh. La urea de Egipto, la que compra España, se ha encarecido un 50%, hasta 720 dólares/tonelada. Mientras que el amoniaco cotiza a unos 600 dólares/tonelada, un 24% más que antes de la crisis. Todo esto, según Javier Fatás, ha llevado a que la tonelada de fertilizante nitrogenado que compra el agricultor medio español haya pasado de 400 euros a 500 euros, o incluso a 580 euros.

No obstante, el Ministerio de Agricultura ha activado ya una serie de ayudas para el campo que deberían aminorar el golpe e impedir una subida de los alimentos. Concretamente, una rebaja de 20 céntimos para el gasóleo agrícola –que se suma a la rebaja del IVA del combustible del 21% al 10%, para todos los consumidores–, así como una subvención para profesionales de 22 euros por hectárea cultivada en secano y 53 euros para regadío.

"Aunque no van dirigidas concretamente a fertilizantes, son la forma correcta de hacerlo", opina Fatás. "Aunque no compensan toda la subida de costes, son ayudas indispensables con un impacto rápido", valora el portavoz de COAG.

La economía española creció el 2,8% en 2025 gracias al mayor consumo de los hogares y al aumento de la inversión empresarial, después de que en el último trimestre del año el crecimiento se acelerase al 0,8%, dos décimas más que el anterior y la mayor tasa trimestral del año.

La demanda nacional (consumo e inversión) aportó 3,6 puntos porcentuales al crecimiento de 2025, mientras que la demanda externa (exportaciones e importaciones) restó 0,7 puntos en el año de la guerra de aranceles iniciada por Estados Unidos, según el Instituto Nacional de Estadística (INE) que ha confirmado este jueves los datos adelantados el pasado 30 de enero.

El valor del PIB a precios corrientes para el conjunto del año se situó en 1.687.152 millones de euros, un 5,8% superior al de 2024.

Aunque 2025 ha sido un año de moderación de crecimiento, puesto que ha quedado 0,7 puntos por debajo del registrado en 2024 (3,5%), el Ministerio de Economía ha destacado que el avance del PIB español ha duplicado al de la zona del euro y sitúa a España "como líder entre las economías avanzadas por segundo año consecutivo y creciendo al doble que la zona del euro".

El crecimiento anual del 2,8% ha quedado finalmente una décima por debajo de lo que preveía el Gobierno y la mayoría de analistas nacionales y organismos internacionales.

La demanda interna es la que ha tirado del crecimiento en 2025, con un incremento del consumo de los hogares del 3,3%, tres décimas más que en 2024, sostenido por la creación de empleo, en tanto que el consumo de las administraciones públicas se moderó cinco décimas, hasta el 2,4%.

La formación bruta de capital fijo (inversión) creció un 5,8%, frente al 3,6% de 2024, con un incremento significativo del 7,4% de la inversión empresarial en maquinaria, bienes de equipo y sistemas de armamento, cuando un año antes avanzaba el 1,9%.

También repuntó la inversión en vivienda, edificación y construcción, un 5,2%, frente al 4% de 2024.

Frente al dinamismo de la demanda interna, el sector exterior fue el responsable de la desaceleración económica en 2025, a pesar de lo cual las exportaciones cerraron el conjunto del año en positivo, con una avance del 3,6%, que fue del 1,1% para las exportaciones de bienes y del 8,4% para las exportaciones de servicios.

Destaca la notable desaceleración del gasto de hogares no residentes en España que ha pasado de crecer el 12,4% en 2024 a hacerlo el 4,4%.

Las importaciones se incrementaron el 6,2%, frente al 2,9% de un año antes, en línea con la fortaleza del consumo y la inversión internos, dado que el mayor aumento ha sido para la compra de bienes en el exterior (6,1%).

El empleo equivalente a tiempo completo se incrementó un 3,1% en 2025, por encima del 2,8% del año anterior, tras sumar 627.800 ocupados en el año, si bien las horas trabajadas crecieron un décima menos que en 2024, el 2,1%.

La construcción fue el sector que más valor añadido generó a la economía en 2025, con un avance del 5,6%, seguido del sector servicios (3,2%), la industria (2,3%) y la agricultura (1,5%).

Medido el PIB en rentas, la remuneración de los asalariados creció el 7,2% (7,3% en 2024), el excedente de explotación bruto/renta mixta bruta subió un 3,6% (5,2% en 2024) y los impuestos menos subvenciones sobre la producción y las importaciones aumentaron un 8,6% (7,9% en 2024).

Los análisis realizados por la Región de Murcia sobre la calidad de sus cultivos alejan las sospechas sobre el riesgo de contaminación por metales pesados de su agricultura. Los datos recopilados por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria (Aesan), dependiente del Ministerio de Consumo, recogen que entre 2021 y 2024 no se detectaron niveles de plomo o cadmio por encima del límite legal en esta comunidad autónoma.

La información se basa en el análisis de 41 muestras tomadas en alimentos frescos a lo largo de estos cuatro años, el equivalente a diez exámenes por temporada. Estas frutas y verduras se recogen aleatoriamente en tiendas o naves industriales de la región. Sin embargo, no hay garantía de que los vegetales estudiados sean cultivados en Murcia, puesto que "no se dispone de información sobre el origen de producción" a la hora de analizar, explica a infoLibre una portavoz de la Aesan. Simplemente, son alimentos que en ese momento se distribuyen en establecimientos de esa comunidad autónoma. Los encargados de hacer esos estudios son los servicios de sanidad vegetal de cada región. Después, la Aesan se encarga de coordinar los muestreos de todas las autonomías.

infoLibre ha realizado esta consulta tras conocerse que en los últimos cinco años el Gobierno de Murcia ha efectuado al menos dos análisis –que mantiene ocultos– sobre los suelos agrícolas de la Región que han dado positivo en metales pesados. Concretamente en el Campo de Cartagena, una zona que se sabe que está profundamente contaminada por los residuos de las balsas de las minas que funcionaron el siglo pasado. Numerosos estudios han demostrado que esos metales pesados se transfieren a las plantas y cultivos, especialmente a las lechugas –el vegetal más exportado de Murcia–, y evaluaciones independientes han encontrado plomo y cadmio en lechugas cultivadas en esa zona.

Sin embargo, hasta ahora no se ha declarado ninguna alerta de consumo ni hay evidencias oficiales de esta transmisión a los cultivos. Según los datos recopilados por la Aesan, entre 2021 y 2024 se realizaron 485 análisis (41 en Murcia) en busca de plomo para frutas y verduras comercializadas en España y ninguno superó el máximo permitido. En este periodo también se analizaron 701 muestras para cadmio (41 en Murcia), que asimismo dieron un resultado negativo. Todavía no hay datos disponibles para 2025.

Tanto el cadmio como el plomo son dos metales considerados como contaminantes alimentarios. Ninguno tiene un umbral de consumo seguro porque siempre dañan la salud –el primero es cancerígeno y el segundo potencialmente cancerígeno–, pero la ley europea sí establece una concentración máxima legal en frutas y verduras. En cadmio es de entre 0,020 y 0,5 mg/kg (en función del cultivo) y en plomo de entre 0,1 y 0,3 mg/kg.

De las muestras estudiadas para plomo en España, el 91% resultó estar por debajo del límite mínimo de cuantificación, y el 9% dio entre 0,0065 mg/kg y 0,3 mg/kg. En plomo, el 80% de los test se encontró por debajo del límite de cuantificación, y 141 muestras (de 701) presentaron valores cuantificados que oscilaron entre 0,001 mg/kg y 0,21 mg/kg.

El sistema de avisos de riesgo alimentario se rige según el programa 11 de control de contaminantes del Plan Nacional de Control de la Cadena Alimentaria (PNCOCA), que establece el número de muestras que tiene que llevar a cabo cada región, y son los Gobiernos autonómicos quienes deciden dónde hacer estos controles: en fábricas, envasadoras, almacenes o minoristas. Aun así, bajo alerta, denuncia o sospecha, se pueden realizar análisis no programados.

Según el informe de la Aesan de 2024, el último publicado, ese año Murcia contó con dos trabajadores para realizar controles de calidad en alimentos y seis más para hacer inspecciones, en una Comunidad que produce cada año más de 3.500 toneladas de verduras y frutas. Las regiones que más especialistas en control tienen son Andalucía (71 personas en total) y Galicia (80), aunque la mayoría cuenta con muchos menos. Madrid tiene seis, Cataluña tiene diez, Aragón tiene dos y Baleares tiene 16, por ejemplo.

Ecologistas en Acción Murcia, que lleva años luchando contra la contaminación minera y agrícola en el Campo de Cartagena y el Mar Menor, reclama desde hace un mes –cuando se destapó el caso– que se proteja a los vecinos de la contaminación por plomo, así como a los consumidores.

"Han negado la existencia de un estudio que advierte de niveles preocupantes, algunos ilegales, de metales pesados en suelos agrícolas y, por si eso fuera poco, lo hacen cuatro años después de conocer una tesis doctoral que demuestra la incorporación de estos metales a partes comestibles de lechugas”, recogió Pedro Luengo, de Ecologistas en Acción Murcia, en un comunicado.

Casi cualquiera que haya alquilado un piso recientemente sabe lo que son los honorarios de agencia. Esta tasa, que se declaró ilegal en mayo de 2023, cuando entró en vigor la ley de vivienda, hacía recaer sobre el inquilino los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato. La nueva regulación entendía que el servicio de la agencia se le prestaba al casero y no al inquilino, por lo que quien debía abonarla era el primero y no los segundos. Sin embargo, asociaciones de consumidores e incluso el propio Ministerio de Consumo han detectado que esta comisión se sigue aplicando de manera ilegal o que ha cambiado de nombre para esquivar la ley.  "Después de tres años seguimos viendo muchos casos de personas a las que se les demandan gastos de agencia", apunta Pablo Pérez, portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid.

"Hay una asimetría y una urgencia en el mercado que hacen que la gente, cuando necesita una casa, muchas veces termine aceptando condiciones abusivas o ilegales para no perderla", señala. "Esta presión es la que hace que se normalice algo que es ilegal y es la baza que juegan las agencias que incumplen la ley", concluye el portavoz.

Este lunes, la asociación de consumidores Facua denunciaba ante la Dirección General de Consumo de Canarias a una inmobiliaria por ejercer, supuestamente, estas prácticas abusivas. La causa: “Obligar a los usuarios interesados en visitar una vivienda en alquiler a cumplimentar y firmar dos documentos donde les pide abonar una comisión en concepto de «servicios de atención al inquilino (búsqueda activa, desplazamiento y otros)» y por el «acceso a información exclusiva y especializada»", señala la asociación. Este servicio que se cobra aparte es, según Facua, una comisión ilegal, pues entienden que no se puede considerar un servicio de búsqueda activa la mera publicación de un anuncio de alquiler y que “no hay ningún servicio extra donde la empresa lleve a cabo una búsqueda personalizada en base a ciertas peticiones o características”, ya que es el interesado el que llama a la inmobiliaria tras ver el anuncio. 

Los inquilinos llevan tiempo denunciando estas situaciones, pero en muchos casos la necesidad de encontrar un techo pesa más y, aunque la tasa sea ilegal, la terminan pagando. Los precios desbocados del mercado y la imposibilidad de muchos salarios de acceder a la compra dejan atrás los presupuestos de las familias, y en este caldo de cultivo las prácticas abusivas son más fáciles de imponer. “No me quería quedar sin el piso”, explicaba meses atrás una afectada a infoLibre. Ella había abonado 200 euros en metálico a la agencia justo antes de firmar el contrato de su nuevo piso, cuando ya no estaban presentes los propietarios de la casa. “Es de estas cosas que sabes que son ilegales, pero no me quería quedar sin el piso”, puntualizaba. 

La persistencia de esta práctica se explica por la vulnerabilidad de quienes alquilan, pero también por la dificultad de demostrar que esta tasa se corresponde con un servicio al casero y no al usuario. Si a esto se suma la ausencia de controles, el margen de impunidad se ensancha. "Lo que hemos visto en nuestras asambleas es que se camuflan estos cobros. En vez de llamarles honorarios, se rebautizan como servicios integrales o de atención al inquilino, como estudios de viabilidad o directamente como servicios. Pero ninguno de ellos es libremente rechazable, por lo que son un rodeo para cobrar lo mismo", protesta el portavoz del Sindicato de Inquilinas.

"Nosotros no hemos tenido constancia de que existan controles de inspección o campañas de oficio por parte de las comunidades autónomas", explica el secretario general de Facua, Rubén Sánchez, quien también apunta que la mayoría de las inspecciones llevadas a cabo han partido de denuncias de usuarios o de asociaciones como la suya. Para Sánchez, el papel de las instituciones regionales debería ser más activo a la hora de perseguir esta práctica. "Las comunidades autónomas son las que pueden actuar contra las inmobiliarias porque la mayoría de ellas tiene ámbitos de funcionamiento local, provincial o autonómico, y hay pocas que funcionen en todo el territorio nacional", concluye.

Desde Facua insisten en que las sanciones deberían ser más amplias. "Hay comunidades que ni nos contestan y de algunas que lo han hecho nos han llegado respuestas en las que el expediente sancionador equivale al importe de un fraude", concluye el secretario general. Es decir, si al inquilino le han defraudado un mes de cuota, por ejemplo mil euros, les obligan a abonar el equivalente a modo de sanción. A nivel gubernamental tampoco se contemplan actuaciones específicas para investigar esta práctica, pero desde el Ministerio de Vivienda señalan que ya existe una prohibición legal al respecto.

"El fraude les sale extraordinariamente barato", protesta Sánchez. Y es que, en general, la gente no denuncia, porque además de arriesgarse a tener que volver a buscar piso, entrar en un proceso judicial no está al alcance de todo el mundo. "Una denuncia pone la carga de la prueba sobre el inquilino, implica recabar pruebas, reclamar en Consumo e incluso ir a juicio, y no todo el mundo puede asumir ese nivel de desgaste", apunta Pérez.

En las asambleas del sindicato han visto muchos casos de este tipo y por eso, apunta, las Administraciones deberían poner en marcha labores de inspección que hiciesen esta carga más compartida. "Desde el sindicato creemos que no basta con que sea ilegal en el BOE, sino que necesitamos una inspección activa, sanciones ejemplarizantes y mecanismos rápidos para recuperar el dinero", concluye.

El caso más sonoro y la multa más alta que se ha puesto hasta la fecha en relación con los abusos en este tipo de tasas la recibió la compañía Alquiler Seguro por parte del Ministerio de Consumo. El departamento que dirige Pablo Bustinduy impuso una sanción de 3,6 millones de euros a la empresa por vulnerar supuestamente los derechos de los consumidores. Contratar un servicio de atención al inquilino obligatorio, obligar a que el arrendatario presente un estudio de solvencia o a contratar seguros de hogar son algunas de las prácticas que Consumo penalizaba en siete multas que, conjuntamente, superaban los seis millones.

Desde el Sindicato de Inquilinas de Madrid, conscientes de la problemática y de la vulnerabilidad de los arrendatarios, han lanzado una guía de recomendaciones para responder a esta situación sin quedarse en la calle. "Como sabemos que se hace difícil negociar cuando queremos alquilar un piso y la inmobiliaria nos recuerda continuamente que hay una gran lista de gente dispuesta a aceptarlo, podemos llegar a plantearnos la posibilidad de firmar y reclamar después", apuntan.

Lo importante en estos casos es lograr pruebas y por eso recomiendan pagar por transferencia poniendo en el concepto que se trata de gastos de gestión. Además, se debe solicitar una factura con IVA y guardar tanto las conversaciones como los pantallazos del portal web para dejar claro que la búsqueda ha corrido a cargo del inquilino, sin asesoramiento de la agencia. Eso cuando pueden recabarse evidencias de estas malas prácticas, algo infrecuente dado que las inmobiliarias son conscientes de a lo que se exponen y buscan subterfugios precisamente para evitarse problemas futuros.

La inflación se ha mantenido en el 2,3% en febrero, la misma tasa que el mes anterior, afectada a la baja por el abaratamiento de la electricidad y al alza por los combustibles y lubricantes, restaurantes y servicios de alojamiento, y alimentos y bebidas no alcohólicas, según informa EFE.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado este viernes el dato adelantado del índice de precios de consumo (IPC) de febrero, que, de confirmarse, rompería la tendencia de tres meses consecutivos de moderación, desde el máximo de octubre (3,1%).

El INE publica por primera vez este mes de febrero datos adelantados de varios grupos especiales relevantes, como alimentos con elaboración, bebidas y tabaco; alimentos sin elaboración; productos energéticos o servicios.

Así, la tasa interanual del grupo especial productos energéticos fue la única en terreno negativo, en el 3,1%, mientras que la de los alimentos sin elaboración se situó en el 6,7%; en el 3,5% la de alimentos, bebidas y tabaco y la de servicios, en el 2,3% la de alimentos con elaboración, bebidas y tabaco y en el 0,9% la de bienes industriales sin productos energéticos.

En cuanto a la inflación subyacente (sin alimentos no elaborados ni productos energéticos), la tasa de variación anual estimada aumenta una décima, hasta el 2,7%.

La tasa subyacente ha alcanzado su nivel máximo de los últimos meses y encadena diez meses consecutivos de subidas leves o de mantenerse estable, desde el mínimo de mayo (2,2%).

En tasa mensual, los precios de consumo subieron un 0,4% respecto a enero, la mayor subida desde octubre de 2025, según detalla el INE.

En cuanto a los datos armonizados para la comparación con Europa, la tasa de variación anual del IPCA fue del 2,5%, una décima por encima de la registrada el mes anterior, y la subyacente se situó en el 2,8%, mientras que la variación mensual estimada es del 0,4%.

 El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa señala que España sigue en la senda de control de precios marcada por el objetivo del Banco Central Europeo (BCE) de un crecimiento cercano al 2%.

"Esta moderación favorece que los salarios aumenten por encima de la inflación, permitiendo a las familias ganar poder adquisitivo", indican las mismas fuentes en un comunicado.

Todos los detalles de evolución por componentes y la cifra definitiva de la inflación de febrero se publicarán el próximo 13 de marzo. 

La CNMC ha multado con 20,5 millones a varias empresas del grupo Repsol (Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, Solred y Campsa Estaciones de Servicio) por su política comercial de estrechamiento de márgenes "abusivo" en perjuicio de estaciones de servicio independientes y que son competidoras, según recoge EFE.

Repsol ha rechazado la sanción anunciada este martes por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) al entender que se apoya en un relato "parcial" y "descontextualizado" con errores de "método y de derecho", y ha avanzado que la impugnará.

Según ha indicado Repsol en un comunicado, la CNMC no tiene en cuenta el contexto excepcional de 2022, no acredita posición de dominio, ni efecto de exclusión en el mercado; y defiende que actuó con transparencia y en beneficio de los consumidores "en el peor momento de la crisis inflacionaria".

"Es la primera vez en la historia del derecho de la competencia nacional y comunitaria que la CNMC sanciona a una compañía por aplicar descuentos, en este caso superiores a 450 millones de euros, comunicados públicamente y supervisados por la propia Administración para aliviar la delicada situación de familias y profesionales, todo ello en un contexto excepcional de mercado", ha subrayado Repsol.

Repsol entiende que sancionar una conducta "legal y supervisada" por la propia CNMC desnaturaliza el sentido de la norma, limitará los descuentos futuros de las compañías en numerosos sectores y desincentivará respuestas empresariales ante crisis futuras. Indica que los descuentos minoristas fueron exigidos por el Real Decreto-ley 6/2022, cuya aplicación la propia CNMC supervisó a través de su Dirección de Energía durante todo 2022. 

Así, insiste en que la resolución de la CNMC es arbitraria, ya que no define con rigor el mercado mayorista español de aprovisionamiento de gasóleo A a estaciones independientes, que asegura que es abierto y transparente; e infla artificialmente la cuota de mercado, mezclando productos y clientes. 

Repsol explica que, si se considera el segmento correcto, la cuota de la compañía se situó en torno al 25% en 2022 y que nunca se ha sancionado a una empresa por abuso de posición de dominio con cuotas de mercado por debajo del 30% y menos en un periodo tan corto de tiempo (9 meses) y en condiciones excepcionales. 

Recalca que durante ese periodo no hubo ningún efecto en el mercado ni exclusión de competidores ni dependencia real y considera que la CNMC está más preocupada por los resultados de esos competidores que por los ahorros que los descuentos supusieron para clientes y consumidores. 

Por otra parte, ve sorprendente que esta decisión se dé en un contexto de crecimiento de la cuota de mercado de los operadores de estaciones de servicio independientes, frente a la de los operadores tradicionales. "Repsol hará valer todos estos argumentos en su impugnación de la sanción ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Estamos convencidos de que los tribunales nos darán la razón", insiste.

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha abierto una investigación que busca eliminar los anuncios de pisos en alquiler en zonas declaradas tensionadas que infrinjan la normativa vigente de consumo, según ha anunciado este viernes en un comunicado y recoge EFE.

Los anuncios perseguidos en grandes portales inmobiliarios serán los que ofrezcan pisos en alquiler a precios superiores a los fijados por ley para los grandes tenedores o los que no incluyan cuál era el precio del último contrato de arrendamiento que se ofreció en esta vivienda, para el caso de los particulares.

Estos anuncios, según ha apuntado el Ministerio, podrían ser considerados infracciones de la normativa de consumo como “prácticas desleales por engañosas” y, por tanto, acarrear sanciones.

La Ley de Servicios de Atención a la Clientela, que entró en vigor el pasado 27 de diciembre, obliga a los portales inmobiliarios a publicar en los anuncios de internet de viviendas situadas en zonas tensionadas información que permita al consumidor conocer los parámetros utilizados para justificar la renta ofertada conforme a esa normativa.

Entre ellos se encuentra el precio del último contrato de alquiler que se ofreció en la vivienda o el índice de renta aplicable para los grandes tenedores.

Por ello, el secretario general de Consumo y Juego, Andrés Barragán, informó recientemente por carta a los diferentes portales y asociaciones inmobiliarias de los cambios legislativos aprobados en esta ley y de sus responsabilidades como intermediarios entre arrendador y arrendatario.

El inicio de esta investigación se produce tras haber detectado prácticas que podrían infringir las nuevas reglas y en medio de un debate a nivel nacional sobre las políticas a seguir en materia de vivienda en el que han surgido discrepancias entre el PSOE y Sumar, que posee las competencias de consumo.

A pesar de las habituales subidas de los precios alrededor de la Navidad, parece que la inflación ha dado tregua, al menos ligeramente. Debido fundamentalmente a la bajada de los precios de los carburantes, el índice de precios de consumo (IPC) se situó en diciembre en el 2,9% interanual, una décima menos que en noviembre, según informa EFE.

Según el indicador adelantado publicado este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), junto a los carburantes influyó la menor subida de los precios de ocio y cultura, mientras que tiraron al alza los alimentos y bebidas no alcohólicas, cuyos precios subieron más que en diciembre del año pasado.

Con esta tasa de diciembre, la inflación cierra el año con una media del 2,7%, según destaca el Ministerio de Economía, que añade que esa tasa media es una décima inferior a la del 2024, "permitiendo que las familias sigan recuperando poder adquisitivo".

Los precios empezaron el año con una tasa anual del 2,9% y subieron al 3% en febrero para moderarse los siguientes meses hasta el 2% de mayo, mínimo anual, tras lo que comenzaron a repuntar hasta tocar el 3,1% en octubre, la mayor tasa desde mediados de 2024.

En los últimos dos meses del año, la evolución ha vuelto a moderarse ligeramente hasta ese 2,9%.

En cuanto a la inflación subyacente (sin alimentos no elaborados ni productos energéticos) la tasa se mantuvo en el 2,6%.

"La inflación subyacente media en 2025 baja al 2,3%, frente al 2,9% de 2024, en línea con el objetivo del Banco Central Europeo (BCE)", añade Economía en su valoración de los datos de inflación.

En cuanto a la evolución mensual, los precios de consumo subieron un 0,3% respecto al mes de noviembre.

En cuanto al indicador armonizado, IPCA, en diciembre la tasa de variación anual disminuyó dos décimas al 3%, mientras que la subyacente fue del 2,8% y la variación mensual, del 0,3%.

Los datos definitivos, así como los detalles por grupos, se publicarán el próximo 15 de enero.

El Ministerio de Consumo ha sancionado con 64 millones de euros a la plataforma en línea de alquiler de viviendas turísticas Airbnb por, entre otros motivos, publicar anuncios de alojamientos turísticos sin licencia. El importe de la multa equivale a seis veces el beneficio ilícito obtenido por la plataforma, según informa el Ministerio de Consumo en una nota de prensa.

La resolución deviene firme y agota la vía administrativa después de haberse resuelto el recurso de alzada interpuesto ante el ministro de Consumo, según ha comunicado el ministerio este lunes.

La resolución implica, además, dos sanciones accesorias que obligan a la plataforma a rectificar los incumplimientos identificados, eliminando los contenidos ilícitos publicados, y a hacer pública la multa impuesta.

La estafa en la venta de atún rojo sigue vigente en Europa después de años de denuncias. La ONG Oceana ha analizado el atún rojo que se sirve en numerosos restaurantes en Bruselas y ha detectado que solo el 9% de los platos analizados eran realmente de esa especie, mientras que el resto eran otras variedades de atún e incluso otros pescados más baratos.

El estudio, publicado este lunes, no ha sorprendido a nadie en el sector pesquero. El atún es el pescado más propenso a las estafas y desde hace más de una década se han denunciado redes dedicadas a tintar el atún para que sea aún más rojo o a sustituirlo por variedades más baratas y ganar un buen pellizco.

En este caso, Oceana ha analizado 30 platos de 26 restaurantes de la capital europea y solo el 9% del atún rojo estaba correctamente etiquetado. El resto se trataba en realidad de atún de aleta amarilla (68%) y atún patudo (14%), e incluso de salmón del Atlántico (5%) y pez espada (5%). Los resultados son similares a los de un estudio de Oceana mucho más grande de 2015 en el que analizaron 280 restaurantes en Bruselas, y el 95% de los platos que supuestamente eran atún rojo resultaron ser otras variedades.

El problema radica, según los autores de la investigación, en que los restaurantes no están obligados a aclarar qué están vendiendo, por lo que en la carta pone "atún", y al preguntar al camarero, este dice que es rojo. En la mayoría de los casos, incluso el restaurante cree que vende atún rojo porque la estafa proviene del mercado de abastos. 

"Se dan las dos situaciones", aclara Marine Cusa, investigadora de Oceana. "Unas veces hay un fraude a propósito, pero la mayoría es un genuino desconocimiento del restaurante. Ni siquiera le sacan beneficio porque te venden el falso atún rojo a un precio más barato, pero te dicen que es rojo porque no saben qué decirte lo que es en realidad". La inmensa mayoría de los platos que pagaron para la investigación costaron alrededor de 15 euros, un precio inferior a lo que costaría cenar atún rojo en la capital europea.

Aunque el estudio se haya realizado en Bruselas, hay evidencias de que esta estafa está presente en todo el mercado europeo, incluida España. El Centro de Estudios Avanzados de Blanes (CEAB-CSIC) analizó en 2017 el tráfico de atún en Cataluña, desde el mercado de abastos hasta el consumidor final, y concluyó que el 58% del atún rojo de pescaderías y el 62% en restaurantes, es sustituido por otros atunes más baratos.

Ana Gordoa, la ecóloga que lideró la investigación, subraya que el 40% de ese producto es falseado en el mercado mayorista –estudiaron Mercabarna, Mercamadrid y Mercamálaga– , por lo que aquel estudio describía el problema como un efecto dominó que se va amplificando a lo largo de la cadena. 

El estudio español analizó también la estructura de costes del atún y detectó que el fraude es muy rentable. "El origen del fraude está en los mercas y la razón es evidentemente económica. Si haces pasar por atún rojo un atún patudo, puedes ganarle 10 u 11 euros por kilo, y algo menos si lo sustituyen por aleta amarilla", afirma. "De todas formas, si la estafa sucede es porque el etiquetado en España es malo o directamente inexistente", añade.

En principio, opina Gordoa, este cambio no supone un problema de salud pública porque todos los atunes se tienen que congelar en barco, y las otras especies de atún no son peores. "Todos los atunes son rojos, y sinceramente, ni yo soy capaz de diferenciar un atún u otro si los cocino", reconoce. "La única particularidad del atún rojo de cercanía tiene una cadena de frío perfecta para su conservación y características adaptadas a nuestro paladar, como el porcentaje de grasa", comenta la experta.

Tanto Marine Cusa como Ana Gordoa señalan que esta estafa –o malentendido, en algunos casos– está permitida en la Unión Europea por la laxitud que tiene la ley de información al consumidor.

Los restaurantes no están obligados a detallar el origen ni el nombre completo del animal, lo que abre la puerta al engaño. En el caso del pescado (o la carne) envasado, sí tiene que aparecer el nombre comercial y científico del animal, el área de captura y la técnica de pesca. Si se compra fresco en un supermercado, esta información debe estar visible en carteles o etiquetas, pero es un requisito que rara vez se cumple.

Sustituir un atún por otro no supone un riesgo para la salud, pero en los últimos años sí se han detectado estafas peligrosas en las que el atún es tratado químicamente o con aditivos naturales para intensificar el color de la pieza y dar una apariencia de mayor frescura. Gordoa afirma que en las 375 muestras de atún que analizaron no encontraron este problema, pero son muchos los casos denunciados en Europa.

Roberto Sáez y María Luisa Cervera, investigadores de la Universitat de València, publicaron un artículo sobre ello a raíz de la incautación de 80 toneladas de atún en Bélgica procedente de Asia, de los que una parte habían sido tratados con monóxido de carbono para aumentar la rojez y ocultar el deterioro de la carne.

"Al descongelar y filetear el atún, la mioglobina queda expuesta al aire. Esto provoca una transformación del color desde el rojo intenso inicial (debido a la oxihemoglobina) a un marrón rojizo mucho menos atractivo para el cliente", explicaron los expertos. Hay tres maneras de adulteración: añadir sales de nitrato y nitrito, tratar con monóxido de carbono o añadir extractos vegetales.

Las tres técnicas son ilegales en Europa, aunque solo el nitrito es realmente peligroso, porque "es capaz de generar reacciones de formación de nitrosaminas, compuestos relacionados con la aparición de distintos tipos de cánceres", añaden.

La organización Oceana también publicó un estudio similar hace un mes sobre cómo la industria del calamar aprovecha el agujero legal del etiquetado para vender mayoritariamente productos capturados en lugares donde abundan las flotas de pesca ilegal o barcos con trabajadores prácticamente esclavizados.

A través de análisis de ADN a productos de calamar comprados en restaurantes y tiendas de Bruselas y Milán, descubrieron que más del 90% se importaba de las lejanas aguas de los océanos Índico, Pacífico y Atlántico Suroccidental.

"Además, el análisis de ADN reveló que alrededor del 71% de las muestras cuyo lugar de captura geográfico declarado era el océano Atlántico nororiental o el mar Mediterráneo, pertenecían en realidad a especies originarias del océano Pacífico o del océano Atlántico sudoccidental, lo que indica casos de etiquetado erróneo o deliberadamente incorrecto", concluye el informe.

En el caso del atún, sin embargo, es extremadamente difícil averiguar si las variedades que se venden en Europa proceden de mares lejanos o de flotas pesqueras chinas o indonesias, donde es habitual encontrar casos de pesca ilegal. Según detalla Marine Cusa, la pesca del atún es global y una misma especie está presente en diferentes océanos, de manera que solo se puede averiguar su origen si lo etiqueta el pescador. Mientras que en las especies de calamar están muy acotadas geográficamente, un análisis de ADN permite averiguar con alta precisión el lugar de la captura.

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha resuelto sancionar a Alquiler Seguro con 3.600.902 euros por cobros a inquilinos y otras irregularidades, según ha apuntado la organización de consumidores Facua, una de las denunciantes, y han confirmado a EFE desde la compañía.

Fue a finales de octubre cuando el Ministerio que dirige Pablo Bustinduy trasladó a la empresa Alquiler Seguro esta propuesta de sanción al entender que había vulnerado los derechos de los consumidores. Entonces, el ministro ya advirtió de que los abusos en el mercado de la vivienda se iban a pagar "muy caros".

Contra esta sanción, la empresa puede presentar un recurso de alzada ante el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, antes de agotar la vía administrativa. 

En la resolución, que Consumo ha comunicado ahora a Facua como parte personada en el procedimiento, se desestiman las trece alegaciones presentadas por Alquiler Seguro, según apunta en un comunicado la asociación de consumidores. 

Entre las prácticas fraudulentas detectadas, se hace referencia a un servicio de atención al inquilino que, según Facua, "disfraza" el cobro a los arrendatarios de gastos que debe soportar el propietario, la obligación de contratar un seguro del hogar o un estudio de solvencia económica. También se menciona el limitar el derecho de desistimiento del contrato o imponer a inquilinos gastos derivados de reclamaciones judiciales o extrajudiciales.

La resolución sancionadora concluye que la compañía de servicios inmobiliarios ha cometido seis infracciones calificadas como muy graves y una como grave. Todas ellas han derivado en una multa de un millón de euros, otra de 990.900 euros, tres de 500.000 euros y otra de 100.001 euros. La infracción grave se sanciona con 10.001 euros. 

Alquiler Seguro ya anunció en octubre que iba a presentar alegaciones frente a la propuesta de sanción del Ministerio de Consumo con el objetivo de defender la legalidad de sus servicios y agregó que el importe de la sanción era "abusivo" y "desproporcionado". 

Facua denunció a Alquiler Seguro en noviembre de 2023 al considerar que estaba obligando a los inquilinos a abonarles el equivalente a un mes de renta más el 21% de IVA, así como por el cobro de un servicio de atención al inquilino que incluía, entre otros, un asesoramiento para gestiones de cambio de titularidad de suministros energéticos, asesoramiento jurídico sobre el contrato de alquiler o resolución de siniestros e incidencias, gestiones que en muchos casos corresponde al arrendador.

El índice de precios de consumo (IPC) se moderó una décima en noviembre, hasta el 3% interanual, por el abaratamiento de la electricidad, mientras que la inflación de los alimentos aumentó cuatro décimas, hasta el 2,8%, por el encarecimiento de aceites y grasas, leche, queso y huevos, según informa EFE.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha confirmado este viernes los datos adelantados hace dos semanas, con la inflación subyacente (sin energía y alimentos frescos) en el 2,6%, una décima más que en el mes anterior.

La moderación del IPC se debe, principalmente, al grupo de la vivienda, cuya tasa anual disminuyó 1,8 puntos, hasta el 5,7%, debido a la bajada de los precios de la electricidad, frente a la subida en noviembre de 2024.

Entre los grupos con influencia positiva destacó el del ocio y cultura, cuya tasa anual se situó en el 1,2%, más de un punto por encima de la del mes anterior, por la menor bajada de los precios de los paquetes turísticos respecto a noviembre del año pasado.

También tiró al alza el grupo de los alimentos y bebidas no alcohólicas, cuya tasa anual aumentó cuatro décimas, hasta el 2,8%, debido principalmente al incremento de los precios de los aceites y grasas, que bajaron en noviembre de 2024, y a la mayor subida de los precios de la leche, el queso y los huevos.

La tasa general ha cambiado la tendencia y deja atrás cinco meses consecutivos de subidas (a excepción de agosto que se mantuvo estable), desde el mínimo de mayo (2%), mientras que la subyacente lleva cinco meses consecutivos al alza (a excepción de septiembre que no varió).

Los huevos son el elemento de la cesta de la compra que más subió en noviembre en tasa interanual, un 30%, seguidos de la carne de vacuno (18%), del café (17,3%), otros aceites comestibles (17%), del chocolate (14,5%) y del cacao y chocolate en polvo (12,4%).

También destacan las subidas de los despojos comestibles, un 8,3%; del pescado fresco o refrigerado, un 7,8%; de las frutas frescas, un 7,1%; de los frutos secos, un 6,8%; y de la carne de ovino y caprino, un 6,5%.

Por contra, el aceite de oliva fue el producto que más redujo su precio, un 38,1% en el último año, aunque desde enero de 2021 acumula un aumento del 57,7% y en tasa mensual ha subido por segundo mes consecutivo, un 2,6%, detalla el INE.

También bajaron en tasa interanual el azúcar, un 7,5%; las patatas, un 3%; y la pizza y la quiche, un 1,7%.

Dejando a un lado el ámbito alimentario, lo que más se encareció respecto a un año antes fue la recogida de basura (30,3%), la joyería y bisutería (29,6%), el transporte combinado de pasajeros (26,7%) y la electricidad (11,9%).

En el extremo contrario, las mayores bajadas en noviembre las registraron los equipos audiovisuales, un 6,2%; los vuelos internacionales, un 5,3%; las cocinas, un 4,3%; y los juegos y aficiones, un 4%.

En comparación mensual, los precios de consumo en noviembre subieron un 0,2% respecto a octubre. Lo que más subió fueron los huevos (6,8%) y el transporte de pasajeros por mar (5,5%) y lo que más bajó, los hoteles, hostales, pensiones y alojamientos similares, un 10,6 %.

Los grupos con mayor repercusión mensual positiva fueron el del vestido y calzado, por el inicio de la temporada de invierno; el del transporte, debido al encarecimiento de los carburantes y lubricantes para vehículos personales; y el de alimentos y bebidas no alcohólicas, por la subida de la leche, queso y huevos, y de la carne.

Por su parte, entre los grupos con repercusión mensual negativa destacó el de hoteles, cafés y restaurantes, como consecuencia del descenso de los precios de los servicios de alojamiento.

El IPC registró tasas anuales positivas en todas las comunidades autónomas en noviembre: las más elevadas en Madrid (3,7%) y Comunidad Valenciana (3,4%), y las más bajas, en Canarias (2,3%) y La Rioja (2,4%).

En noviembre, la tasa de variación anual del IPCA se situó en el 3,2%, la misma que la registrada en el mes anterior, y no hubo variación mensual.

El Gobierno prevé una reducción del 25% del consumo energético de las viviendas para 2030 y de un 33% para 2035, lo que supera los objetivos de reducción del 16% y del 20% para esos años fijados por la directiva europea, según ha apuntado el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana en un comunicado que recoge EFE.

Para lograr estos objetivos, el Ministerio ha sacado este viernes a audiencia pública el Plan Nacional de Renovación de Edificios (PNRE), que junto con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) guiarán esta transformación del parque edificatorio español, tanto público como privado, para lograr la neutralidad climática en 2050.

Entre los años 2020 y 2023 el consumo energético de las viviendas se redujo en un 10%, con una media de 540.000 rehabilitaciones al año en ese periodo, según datos del INE.

La reducción del consumo y las emisiones previstas por el Plan Nacional de Renovación de Edificios entre 2020 y 2030 equivalen a la rehabilitación integral de 1.567.986 viviendas, superando la previsión del PNIEC (1.377.000 viviendas).

Para alcanzar esos objetivos previstos, el plan de renovación edificatoria propone el despliegue de siete políticas con más de 200 actuaciones agrupadas en 57 medidas orientadas a la rehabilitación energética de edificios, la lucha contra la pobreza energética, la regeneración urbana y los barrios sostenibles, el impulso a la energía renovable o la innovación e industrialización.

Con la actualización de la Directiva de Eficiencia Energética, la Unión Europea solicita a los países miembros un plan de acción para cumplir los objetivos europeos de descarbonización para 2030 y contribuir a alcanzar un parque edificado de cero emisiones en 2050.

El Ministerio de Consumo ha vuelto a poner sobre la mesa la necesidad de regular las cajas botín o loot boxes en los videojuegos debido a los riesgos que generan en torno a la ludopatía para los menores. La cartera de Pablo Bustinduy ha lanzado esta semana una campaña institucional —"Menos loot boxes, más real gamers"— en la que alerta de que el 30% de los españoles entre 11 y 30 años que juegan a videojuegos ha comprado al menos una caja botín en el último año. Estas opciones, presentes en títulos tan populares como Fortnite o FIFA, consisten en que el usuario obtiene una caja virtual, jugando o comprándola con dinero real, y su contenido es un misterio hasta que se abre. Por tanto, podría contener un objeto muy común o algo extremadamente valioso para el videojuego.

El mecanismo es muy similar a los juegos de azar, ya que puede generar un fuerte incentivo para seguir comprando cajas hasta obtener el objeto deseado. Por tanto, no debe confundirse con otro de los sistemas que muchos videojuegos utilizan para generar ingresos como los micropagos. Estas son pequeñas transacciones de dinero que los jugadores realizan para conseguir un contenido concreto. A diferencia de estos, muchos expertos comparan el deseo de recompensa inmediata y la emoción del azar de las loot boxes con las apuestas o el juego.

El propio Ministerio de Consumo alerta de estas consecuencias en su campaña, apoyándose en un informe de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) que indica que los usuarios que han comprado cajas botín tienen 4,5 veces más probabilidades de acabar desarrollando problemas con las apuestas. Ante esta problemática, el Consejo de Ministros aprobó en junio de 2024 un anteproyecto de ley orgánica para la protección de los menores en los entornos digitales, que incluye la prohibición de los mecanismos aleatorios de recompensa en videojuegos para los usuarios menores de 18 años.

Los intentos por legislar los riesgos que estos mecanismos suponen para los menores se remontan a la etapa de Alberto Garzón al frente de Consumo, cuando el ministerio trató de "ser el primer país en tener una ley específica para regular las loot boxes". En julio de 2022, el ministerio publicó un anteproyecto que proponía medidas similares, como prohibir el acceso de los menores a estos sistemas y considerar las loot boxes una forma de juego de azar por su aleatoriedad y coste. Sin embargo, la iniciativa no contó con los apoyos suficientes en el Congreso y no pudo aprobarse antes de finalizar la legislatura.

El psicólogo especializado en adicciones y psicoterapeuta del Instituto de Psicología e Investigación Controla, Bruno Cortés, valora que el nuevo anteproyecto supone "un avance" respecto al intento que lideró Garzón. "A diferencia del texto anterior, que solo pretendía regular las cajas botín con valor económico real, el nuevo anteproyecto amplía el marco a todos los tipos de cajas existentes". explica. "Esto supone un salto cualitativo, porque reconoce que todas ellas, incluso las que no implican dinero, reproducen patrones de azar propios del juego de apuestas y pueden fomentar conductas adictivas".

El especialista destaca que el nuevo texto "se acerca mucho más a la realidad clínica y a lo que llevamos años reclamando los profesionales". No obstante, advierte de que el éxito dependerá de que el Gobierno "tenga la voluntad política de enfrentarse a la industria del videojuego". No obstante, fuentes del Ministerio de Consumo trasladan a infoLibre que se centraran en impulsar medidas como las campañas de información o la colaboración con investigaciones académicas mientras se busca aprobar la ley.

Frente al intento español por ser pionero en la regulación de estos mecanismos, otros países europeos han tomado medidas en base a su legislación vigente. Poco después de que Países Bajos prohibiera ciertos tipos de cajas botín, Bélgica fue más allá al declararlas una forma de juego ilegal y prohibirlas en el país. Al analizar varios títulos, como FIFA y Overwatch, determinó que el sistema aleatorio de recompensa inherente a las cajas botín equivale a un juego de azar.

Cortés señala que el modelo belga demuestra que la industria puede adaptarse sin perder mercado. "En Bélgica los videojuegos han eliminado las loot boxes y siguen vendiéndose; eso significa que, si hubiera una ley firme, aquí también podrían hacerlo. Lo que falta es decisión política".

A esta falta de convicción se suma, según los expertos, la presión que ejerce la industria del videojuego. La patronal tecnológica AMETIC, que agrupa a las principales compañías tecnológicas y de contenidos digitales, ha remitido a los grupos parlamentarios un amplio documento con enmiendas al proyecto impulsado por el Gobierno. En ellas, la asociación pide revisar la prohibición de acceso de los menores a las cajas botín, alegando que la relación entre los juegos de azar y los comportamientos problemáticos "no está acreditada".

Bayta Díaz, psicóloga especializada en adolescentes y adicciones, denuncia que existe una "resistencia significativa" por parte del sector del videojuego frente a cualquier intento de regulación. "La industria ha sabido proteger su negocio amparándose en una zona gris legal y en la dificultad de definir qué es juego de azar en otros sectores que no sean las apuestas", apunta.

Ante la falta de apoyos parlamentarios, los expertos recuerdan que España "tiene medios de sobra para aplicar medidas efectivas", desde la vía legislativa hasta fórmulas fiscales. "Podrían, por ejemplo, gravar los videojuegos que incluyan cajas botín o prohibir la publicidad de aquellos títulos que exploten este mecanismo, como se hizo con los productos azucarados. Pero en lugar de actuar, se limitan a lanzar campañas que apenas ven los jóvenes".

Cortés insiste en que las loot boxes son la "antesala del juego", y buena parte de los jóvenes que las consumen acaban desarrollando conductas de riesgo o pasando a las apuestas en línea. "Ningún videojuego puede considerarse saludable si las contiene", añade. El psicólogo recalca que "el Gobierno ya sabe que hay un problema y ahora lo que hace falta no es otra campaña, sino una ley clara que proteja a los menores de una exposición al azar para la que no están preparados".

Por su parte, Bayta Díaz alerta de que el fenómeno se ha expandido a otros ámbitos del ocio digital ante la falta de legislación. "Las plataformas de compra como Temu o Shein también incluyen pequeños juegos de ruleta o sorteos con luces y explosiones de colores que prometen descuentos o regalos", detalla.