Datos desfasados y conflicto de intereses en el informe sobre vivienda del que el PP hace bandera
Comprar o alquilar una casa es uno de los principales problemas para los españoles. Lo dice el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) y se ha hecho patente en las sucesivas protestas sociales, en los debates políticos en torno a cuál podría ser la solución y en las conversaciones con cualquiera que recientemente haya tenido que navegar en un portal inmobiliario. Precios altos y poca oferta son las claves del diagnóstico general, pero al entrar en los datos para tratar de ponerle coto, el problema se desdobla en cientos de matices y otras tantas propuestas para solventarlos: prohibir o permitir la vivienda turística, marcar o no zonas tensionadas, acotar los pisos vacíos, compensar o no a los caseros, liberalizar suelo o no hacerlo… y así una lista infinita de medidas y contramedidas que suelen enfrentar a la derecha y la izquierda políticas.
Los datos, que no son inocentes, viajan en uno y otro sentido y los que se ofrecen de manera oficial suelen estar disgregados por comunidades o no se actualizan con regularidad. Algo que dificulta el diagnóstico del problema, porque como advierte Iván Auciello, investigador en Economía en la CY Cergy Paris Université y miembro del think tank Future Policy Lab, “hay lugares donde directamente se cocinan datos”. En la misma línea se pronuncian desde el Observatorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Cataluña (DESCA): “Las asociaciones llevamos tiempo reclamando un registro de datos estandarizados” explica Irene Escorihuela, directora de DESCA.
Los cruces de acusaciones en materia de vivienda suelen cargarse de números según lo que se quiera defender. Uno de los últimos se lo lanzaba la vicesecretaria de Organización Territorial del PP, Carmen Fúnez, al Gobierno. Fúnez mantenía que la Ley de Vivienda de 2023 ha provocado que haya 120.000 viviendas menos en alquiler.
La cifra sale de un informe del Observatorio del Alquiler, un organismo vinculado a la empresa inmobiliaria Alquiler Seguro, que se dedica, precisamente, al arrendamiento de casas y cuyo lema es: “Protección a propietarios, 0% de morosidad”. En la metodología del informe señalan que sus proyecciones se calculan sobre tres fuentes: sus registros, a los que no ofrecen acceso; información de colaboradores, que no se detalla; datos de propietarios particulares, sin especificar, y datos de otros portales, de los cuales tampoco se ofrece información.
El informe al que se refiere el PP afirma en otro punto que muchos propietarios han decidido dejar sus viviendas cerradas antes que alquilarlas. “En la ciudad de Barcelona, el Ayuntamiento realizó un censo de viviendas vacías en 2019 que señaló que suponían el 1,2% del parque total. Sin embargo, los datos más actualizados del Instituto Nacional de Estadística apuntan a que esa cifra se habría elevado ya al 9,3%, un incremento muy elevado de viviendas vacías que coincide con la Ley de Vivienda y la aplicación de las zonas tensionadas”, señalan. Lo que omiten es que tanto el dato del Ayuntamiento como la serie del INE (relativa a 2021) son anteriores a la Ley de Vivienda (2023), por lo que la dinámica nada tendría que ver con la regulación.
Es habitual que los portales inmobiliarios o empresas del sector realicen informes con sus datos. Incluso el Instituto Nacional de Estadística, para estimar el número de viviendas turísticas, rastrea las ofertas de las tres plataformas más utilizadas en España (Booking, Trivago y Airbnb) y las procesa para eliminar repeticiones. Sin embargo, se advierte de la fuente y se hace una distribución territorial. “Sin saber el origen de los datos no podemos saber si son representativos o cuantos hay por cada zona. Además, la Ley de Vivienda —y en concreto la etiqueta de zona tensionada— no se aplica en toda España, por lo que tampoco se puede establecer una causalidad entre la norma y la evolución del número de casas”, explica Iván Auciello.
Datos contradictorios y supuestas prácticas abusivas
El informe del Observatorio del Alquiler, en el que colabora la Universidad Rey Juan Carlos, pivota sobre los supuestos efectos nocivos de la regulación en materia de vivienda, señalando que ésta ha reducido la oferta, lo que ha llevado a un aumento de los precios. Sin embargo, según sus mismos datos (a los que no dan acceso y que, por tanto, son imposibles de verificar), en la ciudad de Málaga sí habría crecido la oferta, lo que no quita para que sea además una de las zonas con mayores problemas para encontrar una casa, con un incremento interanual en los precios de alquiler del 9,2% en abril, último dato que ofrece la serie del portal inmobiliario Idealista de forma abierta.
En el documento tampoco figura ninguna advertencia al lector sobre el posible conflicto de intereses, ya que Alquiler Seguro es una empresa vinculada al sector de la vivienda. Por otra parte, el Ministerio de Consumo abrió en marzo un expediente sancionador a la empresa por supuestas prácticas abusivas en la gestión de los alquileres. Entre las cuestiones que se investigan está la presunta imposición a los inquilinos de contratar seguros y otros servicios adicionales no solicitados, lo que contravendría la Ley por el Derecho a la Vivienda.
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El problema con los datos, explica el investigador, es que “no hay un registro oficial de casas en alquiler a nivel nacional” y esto complica la tarea de analizar la evolución del mercado. Por otro lado, debe considerarse que la etiqueta de zonas tensionadas no se aplica en la mayor parte del territorio español, por lo que para ponderar sus efectos habría que establecer marcadores y hacer análisis por municipios. “No hay datos agregados a nivel nacional. Deberían existir observatorios autonómicos que trabajen sobre la misma metodología para poder obtener datos, pero la realidad es que no existen”, confirma la directora de DESCA.
Hasta la fecha, en el registro del Ministerio de Vivienda solo están catalogados como zonas tensionadas ciertos municipios en País Vasco y Cataluña, aunque el análisis del Observatorio hace proyecciones a nivel nacional. “Separar el efecto de las medidas que se toman de las dinámicas que se vienen dando desde hace años requiere de un estudio académico que establezca relaciones causales”, concluye el experto.
La Ley de Vivienda de 2023 no es ajena a este baile de datos. En el texto de la norma, en concreto en los artículos 32 y 36, se recoge la necesidad de contar con “mayor información por parte de las administraciones”. Además, establece tres disposiciones que ordenan, por un lado, la creación de una base de datos de contratos de arrendamiento de vivienda; la colaboración entre comunidades para uniformar los datos y “establecer un adecuado seguimiento” y la puesta en marcha de un “proceso específico de colaboración entre el Departamento Ministerial competente en materia de vivienda y las comunidades autónomas que hayan desarrollado sistemas de referencia del precio del alquiler”. Sin embargo, por el momento, estos mecanismos aún no se han implantado.“Para los datos a nivel estatal hay que confiar en portales inmobiliarios que muchas veces empujan precios al alza o dan datos incompletos”, concluye Escorihuela.
